Programa 11, fase de instrucción, segunda parte.
Contenido, función, principios informadores
y clasificación.
El proceso penal se divide, sin perjuicio de la fase intermedia,
en otras dos fases muy claramente diferenciadas.
La fase de investigación o de instrucción,
que recibe tan distintas denominaciones
cuantas son las funciones del tipo de proceso al que nos refiramos.
Así, diligencias previas en el proceso abreviado
y sumario en el ordinario.
En segundo lugar, la fase de juicio oral,
enjuiciamiento o plenario.
La instrucción es la fase iniciática del proceso penal,
liderada por el Tribunal de Instancia,
sección de instrucción
y destinada específicamente bien a la preparación del juicio oral,
mediante la celebración de toda suerte
de actos de investigación y de prueba anticipada
o preconstituida, con paralela adopción
en su caso de las medidas cautelares civiles o penales,
bien a su conclusión provisional o definitiva.
Las funciones de la fase de investigación o instrucción
se encuentran perfectamente concretadas en el artículo 299
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispone,
que constituye en el objeto del sumario las actuaciones
encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar
y hacer constar la perpetración de los delitos
con todas sus circunstancias,
todas las que puedan influir en su calificación
y la culpabilidad de los delincuentes asegurando sus personas
y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.
Cuatro son, por tanto,
las funciones nucleares de esta fase de investigación,
todas ellas orientadas a una finalidad común,
preparar el juicio oral.
Primero, la averiguación del hecho delictivo con relevancia penal,
así como las circunstancias moduladoras de su calificación.
Segundo, determinación e identificación,
así como en su caso localización y llamamiento
del presunto autor de ese hecho.
Tercero, aseguramiento de las personas.
Y cuarto, aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.
El cauce previsto para lograr los dos primeros propósitos,
la constatación del hecho y la determinación de su autor
en este itinerario de la fase de investigación,
pasa por la celebración de dos tipos de actos.
Primero los actos de investigación, tendentes precisamente
a lograr la averiguación de tales elementos objetivo 1,
los hechos con apariencia delictiva, y subjetivo el otro,
la averiguación delictiva.
Del delincuente, del presunto autor de tales hechos.
En segundo lugar, los actos de prueba anticipada
y o prueba preconstituida
que no puedan esperar a la fase de enjuiciamiento,
resultando en todo caso precisos para desvirtuar en su día
la presunción de inocencia.
El mecanismo procesal idóneo para alcanzar
las siguientes finalidades que son la adopción de medidas cautelares
penales para el denominado aseguramiento de personas
y de las medidas cautelares civiles el correlativo aseguramiento
de responsabilidades patrimoniales.
El comienzo de la instrucción produce los siguientes efectos.
En primer lugar, el surgimiento del derecho de defensa,
que se asocia dentro del marco cronológico al exacto momento
en el que se comunica al investigado la atribución delictiva.
En segundo lugar, el comienzo de la dispendencia penal,
El artículo 114.1 de la Ley de Juiciamiento Criminal
establece que promovido el juicio criminal en averiguación
de un delito,
no podrá seguirse pleito o proceso sobre el mismo hecho,
suspendiéndosele si le hubiese en el estado en el que se hallare
hasta que recaiga sentencia firme por causa criminal.
Por tanto, comienza la litispendencia penal
que conlleva la imposibilidad de que se inicie un segundo proceso
penal frente al mismo investigado o investigados por idénticos hechos.
En tercer lugar, la prejudicialidad.
A los solos efectos prejudiciales,
cada orden jurisdiccional podrá conocer
de asuntos que no le estén atribuidos privativamente.
No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal
de la que no pueda prescindirse para la debida decisión
o condicione directamente el contenido de esta,
determinará la suspensión del procedimiento
mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales
a los que corresponda, salvo las excepciones
legalmente previstas.
En cuarto lugar, la prescripción del delito.
La prescripción de los delitos se interrumpe
y así lo establece nuestro Código Penal, quedando sin efecto
el tiempo transcurrido cuando el procedimiento se dirija
contra la persona inicialmente responsable del delito,
comenzando a correr de nuevo desde que se paralice este
mismo procedimiento o termine sin condena.
La Ley de Juzgamiento Criminal establece un plazo de 12 meses
para el desarrollo de esta investigación judicial,
que será susceptible de tantas prórrogas
cuantas el Tribunal estime necesarias, siempre,
eso sí, previa resolución motivada.
La investigación judicial se desarrollará, por tanto,
en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa.
Si con anterioridad a la finalización del plazo
se constata que no será posible finalizar esta investigación,
el Tribunal, de oficio o a instancia de parte,
oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas
por periodos iguales o inferiores a estos seis meses.
Las prórrogas a las que se refiere este precepto,
concretamente el artículo 324, se adoptarán mediante auto,
donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar
a tiempo esa investigación en el plazo previsto,
así como las concretas diligencias que es necesario
practicar de futuro y su relevancia respecto de la investigación.
En su caso, la denegación de la prórroga
también podrá acordarse mediante resolución motivada.
Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad
al transcurso de plazo de sus prórrogas serán válidas
aunque se reciban tras la expiración del mismo.
Ahora bien, las diligencias acordadas a partir del momento
en el que ha finalizado el plazo o alguna de sus prórrogas
sin que el instructor hubiera dictado resolución motivada mediante auto
donde se expongan razonadamente las causas que han impedido finalizar
esa investigación en el plazo legalmente establecido
así como las concretas diligencias que es necesario practicar
y la relevancia respecto a la investigación entonces
o cuando esta resolución fuese revocada por vía de recurso
entonces en todos estos casos ya no serán válidas.
Los principios informadores de la instrucción
son los siguientes.
Primero, la jurisdiccionalidad.
La fase de investigación de nuestro vigente proceso penal
se encomienda al tribunal de instancia,
sección de instrucción.
La formación del sumario, ya en pieza de oficio,
ya en instancia de parte.
Corresponderá a los tribunales de instancia,
sección de instrucción,
por los delitos que se cometan dentro de su partido
o demarcación respectiva
y en su defecto a los demás de la misma ciudad o población
cuando en ella hubiere más de uno.
De esta regla general.
Esta regla general como digo de instrucción judicial
de todas las causas criminales tan sólo cabe exceptuar
en el proceso penal de menores regulado en la ley orgánica 5 barra
2000 de 12 de enero reguladora como se sabe de la responsabilidad penal
de menores que encomienda esta relevante fase procesal
la de la investigación o instrucción al Ministerio Fiscal,
quien afronta, en este caso, en el proceso de menores,
la práctica totalidad de actos de investigación,
quedando reservada al Tribunal de Instancia,
sección de instrucción,
la exclusiva competencia para adoptar medidas limitativas o privativas
de derechos fundamentales.
El segundo principio informador de la instrucción
es el principio de oficialidad.
La fase de instrucción del proceso penal está inspirada
con algunas limitaciones por el principio de oficialidad.
Ello implica al menos tres tipos de consideraciones.
Primero, la dirección del proceso penal
en general y dentro de él, de su fase de instrucción en particular,
debe encomendarse a un órgano del Estado y no dejarse
en manos de instituciones privadas.
En segundo lugar, la amplitud de funciones
que deben derivarse dentro de un marco
de estricta legalidad al órgano encargado,
sea cual sea, si el Tribunal de Instancia
y la Sección de Instrucción en nuestro proceso penal vigente
o el fiscal en nuestro proceso penal de menores
de la investigación penal.
Y, en tercer lugar, la relativamente amplia libertad enjuiciadora
del Tribunal de Instancias, Sección de Instrucción,
durante esta fase iniciática del proceso penal,
donde no se ve condicionada en su investigación por actuaciones
de las partes comprometidas en este proceso, sean públicas,
Ministerio Fiscal y Policía Judicial , sean particulares.
El tercer principio informador o estructurador
o nucleador de la instrucción penal es la celeridad.
La fase de instrucción tiene por finalidad esencial,
incluso prácticamente exclusiva, la preparación del juicio oral,
con manifiesta invasión de no pocos derechos fundamentales
de los investigados, razón por la que debiera caracterizarse por su máxima
economía, brevedad, sumariedad, por contraerse al plenario
donde ya se practica la prueba con plena garantía
ya otro horizonte procesal asentado en esos gloriosos principios
de inmediación, contradicción, concentración y publicidad
por tanto debiera estrecharse la fase de instrucción
y ensancharse la fase de plenario la realidad demuestra cotidianamente
lo contrario pero ese sería el ideal y el principio.
El siguiente principio es el principio de secreto
de las actuaciones.
La fase de instrucción del proceso penal se asienta
sobre el principio general de reserva o más claramente sobre el secreto
de la investigación.
Las diligencias del sumario serán reservadas
y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral.
Con las excepciones determinadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El abogado procurador de cualquiera de las partes
que revele indebidamente el contenido del sumario
será corregido con una multa.
En la misma multa incurrirá cualquier otra persona
que no siendo funcionario público cometa la misma falta.
El funcionario público en los casos anteriores
incurrirá en responsabilidad penal
que reseñale el Código Penal al efecto.
Pero esta reserva general lo es respecto de la sociedad
en su conjunto, no de las partes procesales,
quienes con las excepciones que se verán tienen derecho lógicamente
a conocer cuáles son las actuaciones que se están desarrollando
en la investigación.
Por tanto, las partes personadas podrán tomar conocimiento
de las actuaciones e intervenir en todas las actuaciones
del procedimiento, el proceso penal en su fase de investigación,
está regido con carácter general por la denominada
publicidad relativa.
La instrucción será pública,
única y exclusivamente para las partes procesables
implicadas en ese concreto proceso penal y no está informado,
sin embargo, por la publicidad absoluta
que sería una publicidad para toda la sociedad.
El siguiente principio es el de la escritura.
El principio de oralidad
cede en esta primera fase procesal de la instrucción penal
en favor fundamentalmente del principio de la escritura,
muy a pesar del mandato constitucional
por todos conocidos del artículo 120,
donde se establece que el procedimiento
será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
Pero tanto los escritos iniciáticos del proceso,
principalmente la denuncia y la querella,
como los conclusivos de la instrucción,
autos de imputación, ganan en permanencia,
en fijeza y al término en seguridad jurídica
cuando se realizan de forma escrita.
Pasamos a analizar la clasificación de la instrucción.
La instrucción es idéntica, en verdad, en su concepto,
contenido, funciones y efectos para todos los procesos penales,
pero puede ser objeto de una metódica clasificación
en función de dos criterios.
Primero, cuál sea el procedimiento adecuado
en función del concreto objeto litigioso.
Y subjetivo, el otro, quien sea el órgano de persecución penal,
si el juez, policía, ministerio fiscal o policía judicial,
que desarrolle la investigación en cada momento.
La primera clasificación de la fase instructora del proceso penal,
efectuada en función de cuál sea el procedimiento adecuado
por razón de su objeto, responde a las siguientes disquisiciones.
En primer lugar, la fase de instrucción del proceso ordinario
se denomina sumario.
Comienza cuando surge la primera sospecha,
formalizada de cualquier modo,
por denuncia, querella, iniciación de oficio
ante alguno de nuestros órganos de persecución penal,
tribunal de instancia, sección de instrucción,
ministerio fiscal o policía judicial.
Y ello de la comisión de una actuación delictiva grave,
de las que llevan asociada en el Código Penal una pena privativa
de libertad superior a nueve años.
La fase de instrucción del procedimiento abreviado
se denomina diligencias previas.
También comienza cuando surge la primera sospecha,
formalizada también de cualquier modo, denuncia, querella
e iniciación de oficio ante un órgano de persecución penal,
tribunal de instancias, sección de instrucción,
ministerio fiscal o policía judicial de la comisión de una actuación
delictiva de las que llevan asociada por el Código Penal,
esta vez una pena privativa de libertad que no exceda
de nueve años.
La fase de instrucción de los juicios rápidos
se denomina diligencias urgentes
y se destina al esclarecimiento de los delitos flagrantes
contenidos en el artículo 795 de la Ley de Justicia Criminal
castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años
o con cualesquiera otras penas,
bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cuya duración no exceda diez años, cualquiera que sea su cuantía,
siempre que el proceso penal.
Bien, la fase de instrucción del denominado procedimiento
para el juicio sobre delitos leves
carece de denominación singular y propia,
pero la ley de enjuiciamiento criminal
establece o expone muy brevemente en su precepto 762.1
los avatares de este tránsito procedimental.
Así, cuando la policía judicial tenga noticia
de un hecho que presenta los caracteres de delito leve,
de lesiones, o de maltrato de obra,
de hurto, flagrante, de amenazas, de coacciones, de injurias,
cuyo enjuiciamiento corresponda al tribunal de instancia,
sección de instrucción, al que se debe entregar atestado
o a otro del mismo partido judicial, procederá de forma inmediata
a citar ante el tribunal de guardia a los ofendidos
y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos
que puedan dar razón de los hechos.
Al comparecer ante el Tribunal de Guardia,
asimismo se le apercibirá de que podrá celebrarse
el juicio de forma inmediata ante este mismo Tribunal de Guardia,
incluso aunque no comparezcan y de que han de comparecer
con los medios de prueba de que intenten valerse.
La fase de instrucción del procedimiento
ante el Tribunal del Jurado se denomina, finalmente,
instrucción complementaria de la Ley del Jurado
y se destina, como todas las anteriores,
a la concreción de algunos de los hechos delictivos
contemplados ahora en el artículo 1
de la Ley Orgánica 5.995 del Tribunal del Jurado,
así como a la determinación de su autor
con el consiguiente aseguramiento de su persona y bienes.
Bien, la segunda disquisición
de la fase instructora del proceso penal,
efectuada esta vez en función de quién sea el concreto órgano
de persecución penal encargado de asumir esta labor investigada,
responde a la siguiente clasificación.
1º Diligencias informativas del Ministerio Fiscal.
2º Diligencias judiciales de prevención o primeras diligencias.
3º Diligencias policiales de prevención.
4º Diligencias del Ministerio Fiscal en el proceso penal de menores.
5º Diligencias de investigación practicadas por jueces delegados
y comisionados.
Las diligencias informativas del Ministerio Fiscal son los actos
de investigación realizados en defecto de proceso judicial
pendiente bajo la dirección del Ministerio Fiscal ante la sospecha
de la comisión de un hecho de apariencia delictiva
del que ha tomado conocimiento, directa o indirectamente,
por medio de denuncia o atestado,
orientadas a concluir en un plazo máximo de seis meses,
bien el archivo de las actuaciones,
bien la incoación del correspondiente proceso penal.
Las diligencias informativas del Ministerio Fiscal
también se encuentran reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y, asimismo, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que cuando el Ministerio Fiscal
tenga conocimiento de un hecho aparentemente delictivo,
bien directamente o por ser le presentada una denuncia o atestado,
informará a la víctima de los derechos
recogidos en la legislación vigente,
efectuará la evaluación y resolución provisionales
de las necesidades de la víctima de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente
y practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial
que practique las diligencias
que estime pertinentes para la comprobación del hecho
y la responsabilidad, en su caso, de los partícipes del mismo.
Ante la recepción directa o indirecta de esta información delictiva,
el Ministerio Fiscal podrá optar de forma responsable
por la elección de alguna de estas tres vías.
Primero por el archivo.
Segundo por la remisión al tribunal de instancia,
tercero por la incoación de una investigación propia.
Primero, el archivo.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece expresamente
que el fiscal decretará el archivo de las actuaciones
cuando el hecho no revista los caracteres de delito,
comunicándolo con expresión de esta circunstancia
a quien hubiera alegado ser perjudicado u ofendido
a fin de que pueda reiterar su denuncia
ante el tribunal de instancia, sección de instrucción.
El fiscal podrá recibir denuncias enviándolas a la autoridad judicial
o decretando su archivo cuando no encuentre fundamentos
para ejercitar acción alguna, notificando este último caso
la decisión al denunciante.
El segundo escenario ante el que se puede encontrar
el Ministerio Fiscal es la remisión al Tribunal de Instancia
a sección correspondiente.
En otro caso, distinto del archivo al que me acabo de referir,
instará al Tribunal de Instancia a sección
de instrucción la incoacción del procedimiento que corresponda
con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido,
si lo hubiere, y los efectos del delito.
Y el tercer escenario es la incoación de una investigación propia.
La tercera de las posibles soluciones,
iniciación de una investigación propia,
será finalmente la prioritaria para el Ministerio Fiscal
cuando en ese incipiente momento y tras unas primeras averiguaciones
no pueda.
Atestiguar la afectiva apariencia delictiva del hecho,
ni en su caso la determinación e identificación de su autor,
pero la información recepcionada hasta ese momento
sea lo suficientemente ilustrativa de la posible actuación delictiva
como para que estime oportuno con toda responsabilidad
proseguir por sí misma la investigación que le lleve
a alcanzar al término una más afianzada conclusión,
sea positiva, sea negativa,
sobre la conveniencia o inconveniencia
de incoar el proceso penal.
El Ministerio Fiscal tan solo puede afrontar la dirección
de estas diligencias informativas
cuando no se hubiera incoado el proceso penal.
Cesará el Fiscal, por tanto, en sus diligencias
tan pronto como tenga conocimiento de la existencia
de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.
El Ministerio Fiscal podrá, además, durante el desarrollo
de las diligencias informativas practicadas bajo su dirección,
adoptar por sí mismo toda suerte de actos de investigación,
con la excepción de aquellos donde de un lado
se vean manifiestamente expuestos los derechos fundamentales
de la persona investigada o de otro que supongan un juicio
jurisdiccional.
Para el esclarecimiento de los hechos denunciados
o que aparezcan en los atestados de los que conozca,
el Ministerio Fiscal se entiende puede llevar a cabo
u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado
según la ley de juiciamiento criminal,
las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares
o limitativas de derechos fundamentales.
No obstante, podrá ordenar el fiscal la detención preventiva.
El Ministerio Fiscal,
conforme también indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
podrá hacer comparecer entre sí a cualquier persona en los términos
establecidos en la Ley para la citación judicial
a fin de recibirle declaración en la cual se observarán
las mismas garantías señaladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
respecto del juez, jueza o tribunal.
El Ministerio Fiscal habrá de amparar todas y cada una de las decisiones
que vaya adoptando en el marco de esta investigación informativa
prejudicial en los sólidos principios de contradicción,
proporcionalidad y defensa.
Asimismo, todas las diligencias
que el Ministerio Fiscal practique o se lleven a cabo bajo su dirección
gozarán de presunción de autenticidad.
La duración de estas diligencias habrá de ser proporcionada
a la naturaleza del hecho investigado sin que pueda exceder de seis meses,
salvo prórroga acordada mediante decreto motivado
por el Fiscal General del Estado.
No obstante, las diligencias de investigación en relación
con los delitos de especial trascendencia,
concretados estos en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal y fundamentalmente relacionados con la corrupción
y la delincuencia organizada,
tendrán una duración máxima de 12 meses.
Salvo prórroga acordada de nuevo mediante decreto
motivado del Fiscal General del Estado.
El Ministerio Fiscal habrá de adoptar,
al cabo de la celebración de sus diligencias informativas,
en todo caso y al término del plazo legalmente habilitado
para su práctica, alguna de estas dos soluciones.
Primera, el archivo ante la conclusión de investigadora
infructuosa de la investigación.
O en segundo lugar, en caso contrario,
la derivación al tribunal de instancias,
sección de instrucción
que corresponda para la incoación del oportuno proceso penal.
Y es que una vez transcurrido el plazo,
si la investigación hubiera evidenciado hechos
de significación penal y sea cual sea el estado de las diligencias,
el fiscal procederá a su judicialización,
formulando al efecto la oportuna denuncia
o querella a menos que resultara procedente su archivo.
Las diligencias informativas del Ministerio Fiscal gozarán
al término, tal y como refiere su propio estatuto orgánico,
del valor de denuncia o querella, actos de iniciación,
como se sabe, del proceso penal.
Pasamos a las diligencias judiciales de prevención, que son los actos
de investigación que pueden realizar con carácter urgente
y durante un plazo máximo de tres días
los jueces y juezas incompetentes ante la puesta en conocimiento
de un hecho con apariencia delictiva.
Por incompetentes se entiende con falta de competencia objetiva,
funcional o territorial.
Se considera este efecto
como primeras diligencias las contenidas en el artículo 13
de la Ley de Juzgamiento Criminal, la de consignar las pruebas
del delito que puedan llegar a desaparecer,
la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación
y a la identificación del delincuente, la de detener en su caso
a los presuntos responsables del delito,
la de proteger a los ofendidos o perjudicados por él mismo,
a sus familiares o a otras personas.
Pasamos a las diligencias policiales de prevención.
Las diligencias policiales de prevención son realizadas
por la policía judicial a su propia instancia
cuando ante el repentino conocimiento de un hecho delictivo concreto
sus funcionarios deban desplazarse en tiempo real
al lugar de los hechos con el firme propósito
de alcanzar tres objetivos que son los siguientes.
Primero, la averiguación del hecho delictivo.
Segundo, el descubrimiento y aseguramiento del delincuente.
Y tercero, la protección de la víctima.
La propia Constitución española establece en su artículo 126
el régimen de dependencia de la Policía Judicial
en la investigación penal y le atribuye
las dos primeras funciones recién enunciadas.
La Policía Judicial depende de los jueces y juezas
de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones
de averiguación del delito y descubrimiento
y aseguramiento del delincuente en los términos que la ley
establezca.
A estas dos funciones esenciales, constitucionalmente encomendadas,
como se ha visto en la Policía Judicial,
se adiciona una tercera, la de la protección de la víctima.
La Policía Judicial tiene por objeto,
y será obligación de todos los que la componen
o integran, la averiguación de los delitos públicos
y de los semipúblicos.
En este segundo caso, el de los perseguibles a instancia
de parte, cuando así se les requiera,
y que se cometiesen en su territorio o demarcación.
Este es su primer cometido, su primer objeto.
El segundo, la práctica, según sus atribuciones,
de las diligencias necesarias para comprobarlos,
descubrir a los delincuentes, recoger todos los efectos,
instrumentos y pruebas del delito de cuya desaparición
hubiere peligro, poniéndolos a disposición
de la autoridad judicial, conviene respecto de esta segunda práctica,
facultad, puntualizar que la ausencia de denuncia no impedirá la práctica
de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento
de los delitos relativos a la propiedad intelectual
e industrial.
Y en tercer lugar, el cumplimiento de los deberes de información
que prevé la legislación vigente respecto de las víctimas
cuando éstas entren en contacto con la Policía Judicial.
Asimismo, llevarán a cabo.
La valoración de las circunstancias particulares
de las víctimas para determinar provisionalmente
qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles
una protección adecuada, sin perjuicio a la decisión final
que corresponderá en todo caso al tribunal.
Y con esto damos por terminada esta segunda parte de análisis
de la fase relevantísima,
fase de instrucción del proceso penal.
Muchas gracias por su atención.