Programa 10.
Fase de instrucción primera parte, el inicio del proceso penal,
actos de iniciación, de imputación y de defensa.
El proceso penal puede instaurarse de distintas formas,
iniciación de oficio, denuncia o querella.
Las primeras actuaciones urgentes no dependen necesariamente
de su interposición ante el tribunal con jurisdicción
y competencia para conocer de ese concreto proceso penal.
Puesto que por razones de urgencia pueden imponer
cuando se descubre el delito ante la posible pérdida
o manipulación de las fuentes de prueba así como el peligro de fuga
o incluso de reiteración delictiva que comiencen sin demora
unas primeras actuaciones que permitan comprender
que el proceso penal ya se ha iniciado.
La denuncia es una declaración de conocimiento, oral o escrita,
que de forma obligatoria
debe efectuarse ante cualquier órgano judicial,
fiscal o policial por parte de la persona víctima,
perjudicada o tercero que ha percibido por sus sentidos
la perpetración de un delito público,
provocando con ello la incoación de un proceso penal.
La denuncia
es una exclusiva declaración de conocimiento y no de voluntad,
por cuanto se circunscribe a la somera narración
de unos hechos, tal cual han sido conocidos,
sin complementaria obligación de acreditar su existencia,
mediante la práctica de prueba alguna,
ni mucho menos de constituir se en parte mediante la presentación
de una querella.
El que por cualquier medio, nos dice la ley de enjuiciamiento criminal,
tuviera conocimiento de la perpetración de algún delito
de los que deben perseguirse de oficio,
deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal,
al Tribunal Competente o al funcionario de la Policía
sin que se entienda por ello obligado a aprobar los hechos denunciados
ni, por supuesto, a formular querella.
La denuncia es además una obligación para quien hubiera percibido
por sus sentidos, de manera directa,
la comisión del hecho delictivo perseguible de oficio.
El que presencia la perpetración de cualquier tipo de delito público
está obligado a ponerlo en conocimiento del tribunal
o del funcionario fiscal más próximo al sitio
en el que se encuentre.
Están exentos, sin embargo, de este deber
de denunciar los delitos públicos dos conjuntos de personas.
Primero, por razón de su vulnerabilidad,
los menores de edad
y quienes hubieran sido provistos judicialmente de apoyos
por razón de su discapacidad.
Y, por razón de la protección estatal
de las relaciones familiares y afectivas,
las personas que mantengan respecto al presunto delincuente
alguno de los siguientes vínculos o lazos,
el cónyuge no separado legalmente o de hecho,
la persona que conviva con él en análogo
a la relación de afectividad, los ascendientes,
descendientes y sus parientes colaterales hasta el segundo grado
inclusive.
Ahora bien, esta disposición de la ley de enjuiciamiento criminal
no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida,
de un delito de homicidio, de un delito de lesiones,
de un delito de maltrato habitual, de un delito contra la libertad o
contra la libertad e indignidad sexual
o de un delito de trata de seres humanos indignos,
y la víctima del delito sea una persona menor de edad
o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
Cabe exceptuar del deber de denunciar,
de nuevo, dos tipos de colectivos,
por razón en esta ocasión de su secreto profesional.
Primero, los abogados y procuradores respecto a las instrucciones
o explicaciones que reciban de sus clientes y, en segundo lugar,
los eclesiásticos y ministros de culto disidentes.
Respecto de las noticias que se les hubieran revelado en el ejercicio
de las funciones de su magisterio.
La denuncia podría ser formulada ante cualquier órgano o autoridad,
sea judicial, fiscal o policial, no resultando imprescindible
que sea ante el juez o jueza con jurisdicción competente
para conocer de ese concreto proceso
tal y como acontece en otro caso con la querella.
Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra,
personalmente o por medio de mandatario con poder especial.
La denuncia contendrá,
eso sí, la identificación de la persona denunciante
y la narración circunstanciada del hecho.
En caso de persona jurídica o ente sin personalidad jurídica,
deberá identificarse también la persona física
que formula la denuncia en su nombre,
indicando su relación con la persona jurídica
o el ente sin personalidad denunciante.
Igualmente, si fueran conocidos,
contendrá la identificación de las personas que lo hayan cometido
y quienes lo hayan presenciado o tengan información sobre él.
También indicará la existencia de cualquier fuente de conocimiento
de la que el denunciante tenga noticia que pueda servir
para esclarecer el hecho denunciado.
La denuncia se hará además por escrito, deberá, quiero decir,
puede ser oral o escrita,
pero la que se realiza por escrito deberá estar firmada
por el denunciante de forma autógrafa o manuscrita,
si es presencial y si no pudiera hacerlo por otra persona a su ruego
o si se interpone por vía telemática,
confirma en todo caso electrónica.
No se podrán, sin embargo, denunciar por vía telemática aquellos hechos
que se hayan producido con violencia o intimidación,
ni si tienen autor conocido, ni si existen testigos,
ni si el denunciante es menor de edad,
ni tampoco si se ha cometido un delito fragrante,
ni aquellos hechos de naturaleza violenta o sexual.
En estos casos no cabe denuncia telemática.
El tribunal, con autoridad de funcionario
que recibiera una denuncia verbal o escrita,
habrá de constar por cédula personal o por otros medios que resulten
suficientes la identidad de la persona del denunciador.
Si éste lo exigiere, le dará el resguardo
de haber formalizado esa denuncia.
Una vez formalizada la denuncia, se procederá
o mandará proceder inmediatamente por el juez o funcionario
a quien se cierre la comprobación del hecho denunciado,
salvo que éste no revista los caracteres de delito
o que la denuncia sea manifestamente falsa.
En cualquiera de estos casos, el tribunal o funcionario
se abstendrá de todo conocimiento, sin perjuicio de la responsabilidad
en que incurran si desestimasen aquella indebidamente.
Y con esto pasamos a la querella.
La querella es una declaración también de conocimiento,
pero también de voluntad.
De conocimiento y voluntad siempre escrita
a la comisión de un hecho delictivo efectuado por el Ministerio Fiscal
o por una persona víctima, perjudicado o tercero,
formulado ante el Tribunal con jurisdicción y competencia
con la manifiesta intención de constituirse en parte
en el proceso penal que se instaurará tras su oportuna admisión.
Por tanto, en primer lugar, la querella
es una declaración de conocimiento y también de voluntad,
por cuanto no solo se ciñe a la narración de los hechos,
sino también a la manifiesta postulación
de constituirse en parte acusadora
del proceso penal que de admitirse esta querella llega a instaurarse.
La querella podrá ser interpuesta por el Ministerio Fiscal
o por cualquiera de las siguientes personas.
Primero, por la víctima o el perjudicado por el delito,
sea español o extranjero.
En segundo lugar, por cualquier ciudadano español
haya sido o no ofendido por delito público,
ejercitando en todo caso la acción popular,
si no es el directamente ofendido o perjudicado por el delito.
Los querellantes extranjeros habrán de prestar fianza
de la clase y cuantía que fije el tribunal,
salvo que un tratado internacional disponga para este caso concreto
lo contrario o le exima por razón del principio de reciprocidad.
También habrán de prestar fianza los ciudadanos españoles
quedando tan solo exentos de esta obligación
los que establece el artículo 281 que son los siguientes,
primero el ofendido
y sus herederos o representantes legales,
segundo los delitos de asesinato,
domicilio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él
por análoga relación de afectividad, ascendientes, descendientes
y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive,
los herederos de la víctima y los padres,
madres e hijos del delincuente.
Tampoco deberán prestar fianza a las asociaciones de víctimas
y las personas jurídicas a las que la ley
le reconoce expresamente legitimación para defender los derechos
de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal
hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima.
La querella habrá de ser formulada en todo caso
ante el tribunal competente.
Si el querellado estuviese sometido por disposición especial
a la ley de un determinado tribunal,
ante éste se interpondrá la querella.
Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito
o por dos o más delitos conexos
y alguno de aquellos estuviera sometido excepcionalmente
a un tribunal que no fuere llamado al conocer con carácter general
del delito.
Ahora bien, cuando se trata de un delito cometido infraganti.
O de los que dejan señales permanentes de su perpetración
o en que fuere de temer fundadamente
la ocultación o fuga del presunto culpable,
el particular que intentare querellarse del delito
podrá acudir desde luego al tribunal más próximo
o a cualquier funcionario de la policía
a fin de que practiquen unas primeras diligencias urgentes y necesarias
para hacer constar la verdad, la realidad de los hechos
y para detener al delincuente en defensa de los perjudicados.
A la querella, la querella será siempre escrita,
a diferencia de la denuncia que, como recordamos,
podría ser oral o escrita.
En este caso, la querella será siempre escrita
y su autor deberá acreditar en todo caso
la debida capacidad de postulación.
Esto es, habrá de ser presentada por medio de procurador
con poder bastante y suscrita por letrado.
Se extenderá en papel de oficio
y en ella se expresarán los siguientes datos
que contiene el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Primero, el juez jueza o tribunal
ante el que se presenta, nombre, apellidos y vecindad
del querellante, nombre, apellidos y vecindad del querellado.
En el caso de ignorarse estas circunstancias,
se deberá hacer designación del querellado por las señas que mejor
puedan darle a conocer.
La relación circunstanciada del hecho,
con expresión de lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó,
si se supiere.
Expresión de las diligencias que se deben practicar
para la comprobación del hecho.
La petición de que se admita la querella.
En esta misma petición
se practicarán las diligencias indicadas en el número anterior,
se procede a la detención y prisión del presunto culpable
o se exija fianza de la libertad provisional
y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria
en los casos en los que así proceda.
La firma del querellante o la de la otra persona
que a su ruego lo hiciese si no pudiera por sí mismo
firmar cuando el procurador no tuviera poder especial
para formular la querella y la admisión de la querella
por el tribunal mediante auto conllevará la consecuencia práctica
de las diligencias que en ellas se hubieran propuesto
salvo que las que considere contrarias a las leyes
o innecesarias o perjudiciales para el objeto
de la querella que habrá de denegar mediante resolución motivada.
Cuando los hechos en que se funde no constituyan delitos
o cuando no se considere competente ese tribunal
para instruir ese sumario.
El ofrecimiento de acciones constituye, en tercer lugar,
un mecanismo procesal de llamamiento a los ofendidos
o perjudicados por el hecho delictivo para su voluntaria incorporación
al proceso penal ya iniciado,
como partes plenamente independientes o autónomas en paridad de armas
con el Ministerio Fiscal,
tanto para el sostenimiento de su pretensión punitiva.
Como resarcitoria las personas llamadas al proceso penal
por el cauce del ofrecimiento de acciones
serán tanto el ofendido víctima directa del delito
como titular de la pretensión penal
como el perjudicado persona afectada en su esfera patrimonial o moral
por el delito como titular de la pretensión civil.
Sin perjuicio de otros elementos procesales,
en que se efectúen comunicaciones informativas
al ofendido, al perjudicado, sobre su derecho
a comparecer en el proceso penal, el momento inicial oportuno
para efectuar este ofrecimiento de acciones es la primera declaración
ante el tribunal, sección de instrucción,
y el momento final es el trámite de calificación del delito.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el ofrecimiento
de la pretensión penal en su artículo 109 al establecer que en el acto
de recibirse declaración por el juez o jueza
a la persona ofendida o perjudicada, el letrado o letrada
de la Administración de Justicia le instruirá del derecho
que le asiste para mostrarse parte en el proceso
y renunciar o no a la restitución de la cosa,
reparación del daño e indemnización del perjuicio
causado por el hecho punible.
Asimismo, le informará de los derechos
recogidos en la legislación vigente,
pudiendo delegar esta función al personal autorizado
para la asistencia a las víctimas.
De la pretensión civil.
Como hemos visto,
la ley regula el ofrecimiento primero de la pretensión penal,
arregló enseguida en el artículo 110 la de la pretensión civil,
al establecer que las personas perjudicadas por un delito
que no hubieran renunciado a su derecho podrán mostrarse parte
en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito
y ejercitar las acciones civiles que procedan según le conviniere,
sin que ello retroceda el curso de las actuaciones.
Si se personan una vez transcurrido el término para formular
el descrito de acusación podrán ejercitar la acción penal
hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose
al descrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal
o el resto de actuaciones personadas.
Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa
no por esto se entiende que renuncian a su derecho
a la restitución, reparación o indemnización que a su favor
pueda acordarse en sentencia firme siendo necesario
que la renuncia a ese derecho
como se ha visto en la unidad anterior.
Se haga en su caso de una manera clara y determinante.
Otros periodos procesales donde también se comunica a los interesados
su derecho a incorporarse activamente en el proceso son los siguientes.
Primero, en el tiempo imprescindible y en todo caso durante el tiempo
de la detención.
Si la hubiere, la policía practicará las siguientes diligencias.
Cumplirá con los deberes de información a las víctimas
que prevé la legislación vigente.
En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito.
De forma escrita de los derechos que le asisten
de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110.
Se instruirá al ofendido de su derecho
a mostrarse parte de la causa sin necesidad de formular querella
y tanto al ofendido como al perjudicado de su derecho
a nombrar abogado
o instar el nombramiento de abogado de oficio en caso de ser titulares
del derecho a la asistencia jurídica gratuita,
de su derecho.
A. Una vez personados en la causa,
tomar conocimiento de lo actuado sin perjuicio de lo dispuesto
legalmente e instar lo que a su derecho convenga.
Si mismo se le informará de no personarse en la causa
y no hacer renuncia ni reserva a las acciones civiles,
el Ministerio Fiscal por defecto las ejercitará si le corresponden.
En la fase intermedia,
ante la petición de sobreseguimiento efectuada por el Ministerio Fiscal
que provocase de no incorporarse otra parte acusadora
a la inmediata conclusión de la causa,
pues también se ofertarán las acciones.
Así, si el Ministerio Fiscal solicita el sobreseguimiento de la causa
y no se hubiera personado en la misma acusador particular
dispuesto a sostener esa acusación,
antes de acordar ese sobreseguimiento,
el Tribunal de Instancias, Sección de Instrucción podrá acordar
que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los directamente
ofendidos o perjudicados conocidos no personados para,
dentro de un plazo máximo de 15 días,
que comparezcan, si lo desean, a defender su pretensión,
claro está, siempre que lo consideren oportuno.
El ofrecimiento de acciones a ser aceptado comporta
una suerte de entrada espontánea a la causa,
sin necesidad de formular querella.
Por tanto, el letrado de la Administración de Justicia
instruirá al ofendido perjudicado por el delito
de los derechos que les asisten, pudiendo mostrarse parte
en la causa, como he dicho,
sin necesidad de formular querella.
El atestado, por su parte,
es el acto escrito, excepcionalmente oral,
de la policía judicial con valor de denuncia donde constan
todas y cada una de las diligencias urgentes de prevención
efectuadas por sus funcionarios una vez han tenido conocimiento
de la perpetración de un delito público.
Estas diligencias de prevención se orientan tanto
a la averiguación del hecho y, de resultar preciso,
al aseguramiento del cuerpo del delito,
como a la localización y, en su caso,
a la detención de su presunto autor.
El atestado es un acto, por tanto, escrito,
tan solo excepcionalmente oral, de la Policía Judicial
en la que han de constar con todo rigor
las diligencias practicadas por sus funcionarios tras la denuncia
efectuada entre ellos de un delito público.
Los funcionarios de la Policía Judicial extenderán,
bien en papel sellado, bien en papel común,
un atestado de las diligencias que practican,
en el cual especificarán con la mayor exactitud
los hechos por ellos averiguados,
insertando las declaraciones e informes recibidos
y anotando todas las circunstancias que hubieran observado
y pudieran ser prueba o indicio de delito.
La Policía Judicial remitirá con el atestado
un informe dando cuenta de las detenciones anteriores
y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y búsqueda
cuando así conste en las bases de datos.
El atestado habrá de ser firmado por el que lo haya extendido
y si usar el sello lo estampará con su rúbrica en todas sus hojas,
así como por las personas presentes, testigos,
peritos que hubieran intervenido en esas diligencias.
Si no lo hicieran, se expresará la razón.
De modo absolutamente excepcional,
la Ley de Enjuiciamiento Criminal admite la posibilidad
de que el atestado se realice verbalmente.
Así, el funcionario a quien corresponda redactar
el atestado, no pudiendo hacerlo,
se sustituirá por una relación verbal circunstanciada
que reducirá a escrito de un modo fehaciente
el funcionario del Ministerio Fiscal,
el Tribunal de Instancias,
Sección de Instrucción o a quien deba presentarse ese atestado
manifestándose el motivo por el que no se ha redactado
de la forma ordinaria que sería en la forma escrita.
Los funcionarios de la Policía Judicial
están obligados a trasladar
el atestado al Tribunal de Instancia de Sección de
Instrucción o al Ministerio Fiscal en un plazo muy breve,
en el exiguo plazo de 24 horas, salvo supuestos de fuerza mayor
sin cesar en las diligencias que estuvieran practicando.
No obstante, la Policía Judicial podrá conservar el atestado
en su poder
cuando no exista autor conocido del delito,
salvo que el Tribunal de Instancias, Sección de Instrucción
o el Ministerio Fiscal se lo soliciten expresamente
o concurra a alguna de las circunstancias relacionadas
en la ley de juiciamiento criminal, que son las siguientes,
que se trate de delitos contra la vida,
contra la seguridad física, contra libertad e indemnidad sexuales
o de delitos relacionados con la corrupción.
Que se practique cualquier diligencia
después de transcurridas las 72 horas desde la apertura del atestado
y éstas hayan tenido algún resultado.
El atestado tiene el valor de denuncia.
La ley de enjuiciamiento criminal lo expresa en su precepto 297.
Los atestados que redactaren y las manifestaciones
que hicieran los funcionarios de la policía judicial
a consecuencia de las averiguaciones que hubieran practicado
se considerarán.
Denuncias a todos los efectos legales.
Ello comporta que ese contenido,
por muy esclarecedor, riguroso y luminoso
que llegue a ser, tanto respecto de la averiguación
del hecho punible del delito público
como de la efectiva participación en él de su presunto autor,
no podrá erigirse en una prueba de cargo suficiente
para desvirtuar la presunción de inocencia.
El valor del atestado se equipara aún al de la denuncia.
Por tanto, podrá transmutarse, eso sí, en otro probatorio,
si estos funcionarios responsables de su confección al tiempo
de la realización de las diligencias prestan posteriormente declaración ya
como testigos en la fase del juicio oral.
La iniciación de oficio.
Además de las anteriores fórmulas de iniciación del proceso penal,
todas ellas, como hemos visto en instancia de parte,
primero la denuncia, después la querella,
la incorporación a la causa fruto del ofrecimiento de acciones
y el atestado policial que tiene el valor de denuncia,
como se acaba de indicar, el tribunal de instancia,
sección de instrucción,
también puede incoar de oficio este proceso
cuando tenga conocimiento personal directo e inmediato
de un hecho con apariencia delictiva.
Así, inmediatamente que los tribunales de instancia,
sección de instrucción o incluso los jueces y juezas de paz,
en su caso, tuvieran conocimiento de la perpetración de un delito,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia,
lo podrán conocimiento del fiscal de la respectiva audiencia
y dar además al presidente de esta la formación del sumario.
Una relación sucinta,
suficientemente expresiva del hecho de sus circunstancias de su autor,
todo dentro de los dos días siguientes
a aquel en que hubieran principiado o comenzado a instruirse.
Los jueces de paz y juezas darán cuenta de la prevención
de las diligencias al de instrucción al que corresponda.
A la sección de instrucción se entiende del tribunal de instancia
que corresponda.
Inicio del proceso penal.
Actos de imputación.
Los actos de imputación son las actuaciones procesales
efectuadas tanto por la parte acusadora,
pública, popular o particular,
como por el juez o jueza y su personal colaborador,
ministro fiscal y policía judicial,
e incluso por terceros al mismo inicio de la instrucción
y durante todo su desarrollo tendentes a la fijación
de un lado del objeto litigioso y a la determinación,
así como de otro y de ser posible,
a la identificación de su presunto autor.
Los actos de imputación de la parte acusadora
son la denuncia y la querella, los hemos visto.
Los actos de imputación de los terceros
son la declaración de un testigo
o de un co-investigado que gozan de distinto valor.
Entre tanto, la declaración de un testigo que está obligado
a comparecer y a decir la verdad.
Podrá erigirse en su día
en una prueba de cargo suficientemente demostrativa
de la desvirtuación de la presunción de inocencia
en una sentencia condenatoria.
Sin embargo, la declaración de un co-investigado
no será apta para desvirtuar en la sentencia
la presunción de inocencia, puesto que este sujeto,
como parte acusada que es, goza de todos los derechos
proyectados bajo el común paraguas del derecho de defensa,
Entre otros, el derecho a guardar silencio,
a no prestar declaración si no desea hacerlo,
a no contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formulen,
a no declarar contra sí mismo y, por supuesto,
a no confesarse culpable.
Por tanto, es altamente probable que bajo este manto jurídico protector
de su intimidad pueda ocultar sus expectativas de exculpación
o de ventaja frente al otro co-investigado.
Los actos de imputación del personal colaborador,
policía judicial y ministerio fiscal
efectuados tras la primera toma de declaración en las dependencias
de uno u otro órgano serán las diligencias policiales
de un lado, sin perjuicio al atestado recién analizado,
y de las informativas del Ministerio Fiscal de otro.
Los actos de imputación judicial, finalmente,
son los realizados por el tribunal de instancia,
sección de instrucción, tras haber tomado conocimiento
generalmente de instancia de parte del hecho delictivo,
al mismo comienzo de la instrucción o a lo largo de todo su desarrollo.
Los actos de imputación judicial
provocan primero la interrupción de la prescripción,
segundo el surgimiento del derecho de defensa
con todo ese amplio despliegue de proyecciones que le son propias
a aquel catálogo de derechos mínimos tantas veces analizado.
Toda persona a quien se atribuye un hecho punible
podrá ejercitar el derecho de defensa interviniendo en las actuaciones
desde que se le comunique su existencia,
haya sido objeto de detención o no,
o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento.
El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones
que las expresamente previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
desde la misma atribución del hecho punible
investigado hasta la extinción de la pena.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal se pronuncia de forma diáfana
a la hora de impulsar al juez o jueza
a trasladar al investigado esa imputación delictiva
tan pronto como sea posible.
La admisión de la denuncia.
O querella y cualquier actuación procesal
de la que resulte la imputación de un delito contra persona
o personas determinadas serán puestas inmediatamente en conocimiento
de los presuntamente responsables.
Esta imputación judicial podría efectuarse
tanto a través de comunicaciones explícitas, manifiestas, directas,
el traslado de la denuncia, querella o iniciación de oficio,
como de otras implícitas, tácitas, derivadas,
como la de la adopción judicial de medidas cautelares penales,
detención, prisión, libertad provisional o civiles,
todas ellas relacionadas lógicamente con la presunta actuación delictiva.
También podrá efectuarse, como es lógico,
a través de la primera comparecencia del investigado,
mediante la citación para ser oído,
así como mediante las típicas resoluciones de imputación judicial,
auto de procesamiento del proceso ordinario
o de incoación del procedimiento penal
abreviado.
Vamos a ver los efectos de los autos de imputación judicial.
Primero, el cambio de denominación del sujeto pasivo del proceso penal
pasa de ser investigado a ser encausado.
En segundo lugar, la perfecta fijación
del objeto y sujeto a lo largo de la fase de instrucción
y, en todo caso, con antelación a su conclusión,
como antesala, que es de la fase intermedia,
donde ya se concretará con la adecuada correlación respecto
al contenido de estos autos la acusación que corresponde frente
al sujeto y por los hechos concretamente determinados
en esos mismos autos.
El auto de procesamiento del proceso penal ordinario es
la resolución judicial de imputación dictada
durante la instrucción del proceso penal ordinario
donde se comunica formalmente a una persona física o jurídica
determinada la atribución de un hecho delictivo
o varios hechos delictivos concretos.
Desde que resulte del sumario algún indicio racional
de criminalidad contra persona determinada,
se dictará auto declarándola procesada.
El contenido mínimo de este auto de procesamiento
habrá de estar integrado, al menos por los siguientes datos.
Primero, por la más perfecta concreción,
fijación y determinación del objeto,
cuáles sean los hechos empíricos con relevancia penal y del sujeto,
esto es, la identificación de su presunto autor.
En segundo lugar,
una mínima correlación entre uno y otro,
entre la detección temprana con una incipiente acreditación
de la participación de aquel presunto autor
en la perpetración de este hecho delictivo.
A expensas, claro está, de su ulterior demostración
en el juicio oral o plenario mediante la celebración
de la práctica de la prueba bajo los principios de inmediación,
contradicción, oralidad y publicidad.
El auto de transformación del proceso penal
abreviado es el acto judicial de imputación formal
del investigado en el proceso penal abreviado.
Que será, recuérdese, el destinado,
porque así lo dispone el artículo 757
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa
de libertad no superior a nueve años o bien cualesquiera otras penas
de distinta naturaleza,
bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cualquiera que sea ya en este último caso
su cuantía o duración.
La Ley de Juzgamiento Criminal
exige, como requisito previo de inexorable cumplimiento
de este auto de transformación del proceso penal abreviado,
la previa declaración de una toma de declaración por parte
del Tribunal de Instancias, Sección de Instrucción,
al presunto autor del hecho delictivo
con la evidenciable finalidad de ilustrarle
de la imputación delictiva y evitar cualquier tipo de defensión derivada
del posible desconocimiento de la atribución a su persona
de la más concreta y precisa concreción delictiva.
Así, tras la celebración de esta preceptiva declaración
de la persona investigada, física o jurídica,
con asistencia en este último caso
del representante designado al efecto por la entidad investigada,
que viene impuesto por la propia ley de enjuiciamiento criminal,
entonces el Tribunal de Instancias,
sección de instrucción, dictará por fin
ese auto de transformación del proceso penal abreviado,
donde deben constar al menos los siguientes datos.
Primero, el elemento objetivo del proceso penal
abreviado.
La determinación de los hechos punibles con relevancia penal,
sin que sea preciso formular en ese momento
la calificación jurídica.
En segundo lugar, el elemento subjetivo,
la identificación de la persona
a la que se le imputan esos hechos delictivos.
Sin que puedan las partes acusadoras en un momento ulterior
modificar ni mucho menos ampliar ninguno de estos elementos
suscrito a acusación habrá de constreñirse por tanto
a los hechos específicos
y a los concretos investigados incorporados en este momento
en este auto de transformación.
De decantarse.
Por la continuación del proceso, la entrega de las actuaciones
a la acusación pública, Ministerio Fiscal,
así como al resto de acusaciones
que se hubieran personado al objeto de conocer cuál sea su respectiva
posición en el marco del proceso de mantenimiento
o no de la pretensión penal de cara al devenir inmediato
de este procedimiento penal abreviado.
Si el tribunal de instancia, sección de instrucción,
acordase que debe seguirse el trámite establecido
en la ley de enjuiciamiento criminal para la preparación del juicio oral,
entonces en la misma resolución,
en ese auto de transformación se entiende,
ordenará que se dé traslado de las diligencias previas,
originales o mediatorias.
Ante copia al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas
para que en un plazo común de 10 días
soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación
o en otro caso el sobreseguimiento de la causa,
excepcionalmente también pudiera ser en la práctica
de diligencias complementarias.
Pasamos al momento del inicio del juicio oral
con los actos ahora de defensa.
El derecho de defensa es el derecho de todo investigado,
como se sabe,
a incorporarse en el proceso penal desde el mismo momento
de la atribución del hecho delictivo,
así como a mantenerse en el mismo durante todo su recorrido
hasta la sentencia, con plena disposición
de todas las manifestaciones de alegación, prueba e impugnación
que lo conforman conjuntamente al resto de sus derechos
bajo el su amparo y que se proyectan para hacer valer
su pretensión exculpatoria y la libertad amenazada.
El surgimiento del derecho de defensa se asocia cronológicamente
y, ya se ha dicho, al exacto momento en el que se produce
la primera atribución delictiva.
Concluye con la resolución final.
Con la resolución judicial firme de conclusión del proceso penal.
Esta atribución delictiva,
como se ha visto, también puede ser del juez o jueza,
admisión y traslado de la denuncia o querella,
iniciación de oficio,
adopción de medidas cautelares civiles y penales o penales,
auto de imputación del Ministerio Fiscal,
diligencias informativas o de la Policía Judicial,
detención preventiva.
La Constitución Española es muy clara a la hora
de garantizar en su artículo 17.3 la asistencia de abogado
al detenido en las diligencias policiales y judiciales.
La asistencia letrada es, como se ha visto,
una obligación constitucional que, además,
debido a su capital relevancia en el proceso penal,
se reitera de forma constante a lo largo
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Para actuar en el proceso,
las personas investigadas deberán ser representadas por procurador
y defendidas por abogado, designándoseles de oficio
cuando no lo hubieren nombrado por sí mismas
y lo solicitaren, y en todo caso cuando no tuvieren aptitud legal
para hacerlo.
El detenido designará libremente abogado
y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio.
Desde la detención o desde que de las actuaciones
resulta en la imputación de un delito contra persona determinada,
será desde ese mismo momento necesaria
la presencia y asistencia letrada.
La capacidad de postulación,
obligatoria asistencia técnica de abogado y representación
por procurado, se erige un presupuesto de tal relevancia
que su incumplimiento por parte del investigado provocará nada menos
que la misma designación de oficio y así también lo constata o establece
la Ley de Juzgamiento Criminal.
Si no hubieren designado a procurador o abogado,
se les requerirá para que lo hagan o se les nombre de oficio,
si requeridos no los nombrasen,
cuando la causa llegue a estado en que se necesite
el consejo de aquellos o haya de intentar algún recurso
que se hiciera indispensable para su actuación.
Ahora bien, un solo profesional, el abogado,
podrá asumir durante toda la instrucción tanto
las funciones propias de su profesión,
asistencia jurídica, como de procurador, representación,
porque la ley de juzgamiento criminal así lo permite y autoriza.
El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal
para la representación de su defendido,
no siendo necesaria la intervención del procurador
hasta el trámite de apertura del juicio oral.
Hasta entonces, cumplirá el abogado
el deber de señalamiento de domicilio,
efectos de notificaciones y traslado de documentos.
Las conversaciones, comunicaciones entre el investigador encausado
y su abogado tendrán, como es lógico,
carácter confidencial.
De tal suerte que si hubieran sido captadas
o intervenidas durante la ejecución de algunas diligencias,
el juez o jueza ordenará en ese mismo momento
la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario
de la correspondencia detenida,
dejando constancia de esta circunstancia
en las actuaciones este derecho a la confidencialidad.
De las comunicaciones entre el abogado y su defendido
o patrocinado, tan solo tiene una excepción expresamente prevista
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la que ya nos hemos hecho eco,
y es cuando se constate la existencia de indicios objetivos
de la participación del propio abogado en el hecho delictivo
o de su implicación junto con el investigador
causado en la comisión de cualquier otra infracción penal.
La fase de instrucción
puede discurrir en ausencia del investigado.
De hecho, esta fase se orienta en algunas ocasiones precisamente
a la determinación,
identificación y localización del presunto autor del hecho delictivo.
Pero una vez llegado a término este período procedimental destinado
a la fijación del objeto y del sujeto pasivo del proceso penal,
éste ya no podrá continuar en ausencia del encausado.
La presencia del acusado deviene imprescindible
en la fase de enjuiciamiento.
El proceso penal, a diferencia del civil,
no podrá celebrarse en ausencia del acusado,
con una sola excepción, que es la establecida para el procedimiento
abreviado por delito asociado con una pena privativa
de libertad inferior a dos años.
Así, la ausencia injustificada de la persona acusada,
que hubiera sido citada personalmente,
o en el domicilio, o en la propia persona,
no será causa de suspensión del juicio oral
si el juez, la jueza o el tribunal,
a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte
acusada y oída a la defensa,
estima que existen elementos racionales suficientes
para el enjuiciamiento cuando concurren
los siguientes requisitos.
Que la pena más grave solicitada no exceda
de esos dos años de privación de libertad,
que no exceda de seis si se trata de pena
de distinta naturaleza o que se trate de pena
de multa cualquiera que sea su cuantía o duración.
Y que en todo caso, tratándose de penas privativas
de libertad, la suma total
de las penas solicitadas no exceda de cinco años.
La declaración en rebeldía será, en otro caso,
la ineludible consecuencia de haber se efectuado infructuosamente
por parte del órgano judicial una requisitoria frente al causado.
Si la recusatoria, orden de localización y llamamiento
será el instrumento a través del cual será llamado
y buscado ese investigado.
El procesado, que al ir
a notificársele cualquier resolución y no fuese hallado en su domicilio
por haberse ausentado si se ignora su paradero
y en el que no tuviera domicilio conocido.
También será la fórmula para llamamiento
del que se hubiera fugado del establecimiento
en el que se hallase detenido o preso.
Y también, por último, será la fórmula de llamamiento
y de búsqueda del que hallándose en libertad provisional
deja de concurrir a la presencia judicial
el día que se le señale o cuando se ha llamado.
Muchas gracias por su atención.