Programa 9.
El objeto procesal penal.
La pretensión penal y civil, derecho de acción y de defensa,
cuestiones prejudiciales.
El artículo 100 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que de todo delito nace la acción penal
para el castigo del culpable y puede nacer también la acción civil
para la restitución de la cosa,
la reparación del daño y la indemnización
de los perjuicios causados precisamente por el hecho punible.
El objeto del proceso penal ha de identificarse por tanto
con la pretensión penal sancionadora frente a la conducta delictiva
y también con la pretensión civil resarcitoria por el daño ocasionado.
El objeto del proceso penal, por tanto,
se encuentra integrado primero por el acusador,
segundo por la petición,
pero no necesariamente por el investigado
a quien en ocasiones todavía no se conoce.
La función de determinación del investigado se asume una vez
avanzado el proceso a través del auto de procesamiento
en el proceso común para delitos graves
o del auto de transformación del proceso penal
abreviado en el proceso abreviado.
Recordemos que nadie puede ser acusado sin haber
sido con anterioridad declarado judicialmente investigado
y haber sido previamente oído por el Tribunal de Instancia Sección
de Instrucción.
La pretensión penal incorpora, pues, primero la fundamentación fáctica
o atribución del hecho punible.
Se trata de un hecho natural, pasado, desconocido, controvertido
y tipificado en el Código Penal.
De no quedar determinado perfectamente se ha
de practicar una sumaria instrucción complementaria.
Este hecho quedará, una vez enjuiciado,
cubierto por los efectos de la acosa juzgada o no vis in idem.
La calificación jurídica
de este hecho no es una condición de procedibilidad.
En el proceso penal, al igual que en el civil,
rige la máxima iura novit curia, el juez conoce el derecho,
Y lo aplica siempre, eso sí, siempre que sea respetuoso
con la mismidad, con la homogeneidad del bien jurídico
protegido por el hecho delictivo.
La sentencia no podrá condenar, por tanto, por delito distinto
cuando éste conlleve una diversidad del bien jurídico protegido.
La congruencia penal se traduce en esto.
El tribunal no podrá modificar la calificación jurídica
cuando la nueva calificación se asemeje
o se ampare en preceptos reguladores de bienes jurídicos homogéneos
respecto de los inicialmente calificados.
Por tanto,
podrá acometer una calificación amparada en tipos delictivos
que protejan bienes jurídicos similares o idénticos
a los que ya han formado parte del debate contradictorio,
pero no amparada en tipos delictivos
que tutelan bienes jurídicos completamente distintos.
Respecto a la fundamentación jurídica,
cabe establecer que el escrito de calificación
se limitará a determinar en conclusiones precisas
y numeradas los hechos punibles que resulten del sumario,
la calificación legal de estos hechos,
determinando el delito que constituyan,
la participación que en ellos hubieren tenido,
el procesado o procesado,
si fueran varios, los hechos que resulten del sumario
y que constituyan circunstancias atenuantes o agravantes del delito,
eximentes de la responsabilidad criminal,
las penas en que hayan incurrido, el procesado o procesado,
si fueran varios, por razón de su respectiva
participación en el delito, Y además, el acusador privado,
en su caso, y el Ministerio Fiscal,
cuando sostenga la acción civil,
expresarán también los siguientes puntos.
La cantidad en que aparecen los daños y perjuicios
causados por el delito o la cosa que haya de ser restituida.
La persona o personas que aparezcan como responsables
de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa
y el hecho en virtud del cual hubieren contraído precisamente
esta responsabilidad.
Y, por último, nos encontramos frente al petitum.
El petitum,
la petición de la pena por parte de la acusación,
es un requisito imprescindible del proceso penal.
No se podrá, además, imponer pena más grave
de la solicitada por las acusaciones.
El proceso penal se inicia, como se sabe,
con la denuncia, querella o iniciación de oficio.
Y esta pretensión inicial, que da comienzo a la instrucción,
luego se refleja en el escrito de acusación y finaliza
en el de conclusiones definitivas.
La fase instructora está conformada por las siguientes actividades.
Lo dice el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
al que nos hemos referido en diversas ocasiones.
Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas
a preparar el juicio y a hacer constar la perpetración
de los delitos con todas las circunstancias
que puedan influir en su calificación
y la culpabilidad de los delincuentes.
Por tanto,
la determinación del objeto del proceso y de la prueba de ese objeto
se integra en los propios escritos de acusación,
en el proceso penal abreviado,
en el propio escrito de acusación y en el proceso penal ordinario,
en el denominado escrito de calificación provisional.
En este momento se formaliza la pretensión
y es que el escrito de acusación necesariamente ha de contener
la descripción del hecho punible y la determinación del acusado,
así como la calificación legal de los hechos
y la pena que se solicita.
Queda fijado el objeto del proceso en los escritos de conclusiones.
Practicadas las diligencias de prueba,
ya avanzado el proceso penal,
las partes podrán modificar aquellas conclusiones provisionales,
las de los escritos de calificación.
En este caso, formularán por escrito unas nuevas conclusiones
y las entregarán al presidente del tribunal.
Las conclusiones podrán formularse en forma alternativa.
Y comienza la litispendencia con todos sus efectos.
De las tres identidades clásicas de la acosa juzgada
y de la litispendencia del artículo 222
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que eran identidad subjetiva, objetiva y causa de pedir,
en el proceso penal tan solo rigen dos,
la identidad del acusado, no la del acusador y la del hecho punible.
La litispendencia surte efectos, por tanto,
desde el momento de admisión a trámite de la noticia criminis,
auto de incoación del sumario o de las diligencias.
El efecto procesal positivo es la perpetuatio iurisdictionis.
Está prohibido el non-liquid, que significaría algo
así como no está claro, el juez está indeciso.
Un tribunal, por tanto, no puede dejar de emitir un fallo
sobre un caso debido a la falta de pruebas
o a la ausencia de una norma aplicable.
El tribunal debe emitir siempre y en todo caso una resolución,
sea condenatoria o absolutoria,
en todas las instancias y las circunstancias acaecidas
después de iniciar el proceso ya no modifican la jurisdicción.
La jurisdicción siempre se mantiene a partir del momento
en el que queda incoado el proceso penal.
El efecto negativo es el no vising y dengo imposibilidad
de entablar un segundo proceso entre las mismas partes
y frente al mismo acusado.
El efecto sustantivo es la interrupción de la prescripción.
La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo
transcurrido cuando el procedimiento se dirija contra persona
indiciariamente responsable del delito o comenzando a correr de nuevo
desde que se paralice el procedimiento
o termine sin condena.
Y pasamos a la pretensión civil que, como recordarán,
también formaba parte del objeto del proceso penal de forma conjunta
con la pretensión penal.
Recordemos que aquel artículo 100
establecía que de todo delito nacía la pretensión penal,
pero también podía nacer la acción civil
para la restitución de la cosa,
la reparación del daño y la indemnización
de los perjuicios causados por el hecho punible.
Por razones de economía procesal y sustantiva,
así como de evitación de resoluciones incoherentes
y de retardos innecesarios,
se permite la acumulación de la pretensión civil a la penal.
Las acciones que nacen de un delito, por tanto,
podrán ejercitarse junta o separadamente.
Pero mientras estuviera pendiente la acción penal,
no se ejercitará la acción civil con separación
hasta que aquella haya sido resuelta en sentencia firme.
La pretensión civil no depende necesariamente
para su procedibilidad de la responsabilidad penal,
pero sí ha de esperar a la completa conclusión
del proceso penal.
Puede suceder, y por ello digo
que la pretensión civil no depende necesariamente
para su procedibilidad de la responsabilidad penal,
puede suceder que éste quede extinguida,
o sea, que esta responsabilidad penal
quede extinguida por alguna de las causas establecidas
en el Código Penal, pero persiste la civil.
Así la acción penal se extingue por la muerte del culpable
pero en este caso subsiste
como digo la pretensión civil contra sus herederos
y causavientes que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción
y por la vía de lo civil la extinción de la acción penal
no conlleva por tanto consigo la de la acción civil
a no ser que la extinción proceda de haberse declarado
por sentencia firme que el hecho delictivo
nunca existió.
Y por tanto, al no haber existido, no pudo generar daño.
En los demás casos, la persona a quien corresponda la acción civil
podrá ejercitarla ante la jurisdicción
y por la vía civil que proceda,
contra quien estuviera obligado a la restitución de la cosa,
a la reparación del daño y a la indemnización del perjuicio
sufrido.
La pretensión penal tampoco depende para su procedibilidad
de la responsabilidad civil.
La extinción de la acción civil tampoco lleva consigo
la de la penal que nazca del mismo delito.
La sentencia firme y absolutoria
dictada en el proceso promovido por el ejercicio de la acción civil
no será obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente.
Pasamos a hablar de la pretensión civil
y de su petitum que se rige por el principio dispositivo propio
de nuestra jurisdicción civil.
El artículo 110 de la ley de juiciamiento criminal
establece en este caso que las personas perjudicadas
por un delito que no hubieran renunciado a su derecho
podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite
de la calificación del delito.
Y ejercitar las acciones civiles que procedan según les conviniere
sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.
Si se personasen una vez transcurrido el término para formular
el escrito de acusación,
podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral
adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal
o del resto de acusaciones personadas.
Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa,
no por esto se entiende que renuncian al derecho a la restitución,
a la reparación o a la indemnización que a su favor
pueda corresponder en sentencia firme,
siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en todo caso
de manera clara, expresa y terminante.
Respecto de la congruencia penal y civil,
debemos observar que en la sentencia se resolverán
todas las cuestiones que hayan sido objeto de juicio, todas,
condenando o absolviendo a los procesados.
También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes
a la responsabilidad civil que hayan sido objeto del juicio.
Y comenzamos con el ejercicio de la pretensión civil
acumulada a la penal.
La acción civil ha de entablarse juntamente
con la penal por el Ministerio Fiscal,
haya o no el proceso acusador particular.
Pero si el ofendido renunciase expresamente a su derecho
a la restitución, reparación o indemnización,
entonces el Ministerio Fiscal se limitará a pedir en exclusiva
el castigo de los culpables.
En el acto de recibirse declaración por el juez o jueza,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
instruirá a la persona ofendida
o perjudicada del derecho que le asiste para mostrarse
parte del proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa,
a la reparación del daño y a la indemnización del perjuicio
causado por el hecho punible.
Asimismo, le informará de todos los derechos
recogidos en la legislación vigente,
pudiendo delegar esta función en el personal especializado
para la asistencia a las víctimas.
Si fuese menor,
se practicará igual de diligencia pero con su representante legal
y en los procesos en los que participan personas con discapacidad
se realizarán las adaptaciones y los ajustes
que sean necesarios.
Estas adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación,
a la comprensión y a la interacción con el entorno.
Las víctimas del delito que no hubieran renunciado
a su derecho podrán ejercer la acción penal
en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito,
si bien ello no permitirá, como ya he anticipado,
retrotraer ni reiterar actuaciones que ya se han practicado
antes de su personación y sin su personación,
puesto que acuden ahora por primera vez.
Si se personan una vez transcurrido el término para formular
el escrito de acusación,
podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral
adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal
o del resto de las actuaciones personadas.
Vamos a ver qué opciones tiene el ofendido
o perjudicado por el delito.
Primero, puede renunciar a la pretensión civil,
en cuyo caso obtendrá una resolución con fuerza de cosa juzgada.
Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa,
no por eso se entiende que renuncien al derecho a la restitución,
reparación o indemnización,
que a su favor puede acordarse en sentencia firme,
siendo necesario que la renuncia de este derecho
se realice de manera.
Clara, expresa y terminante,
en cuyo caso comportará una resolución judicial
con fuerza de cosa juzgada que impedirá reproducir
la pretensión civil en un momento posterior.
Segunda opción, reserva expresa de la pretensión civil,
lo cual dará lugar a una resolución sin fuerza de causa
juzgada que permitirá que una vez concluido completamente
el proceso penal,
la persona que ha sufrido el daño, ofensa,
perjuicio por el hecho delictivo
pueda acudir al proceso civil posterior.
Así las acciones que nacen de un delito
podrán ejercitarse junta o separadamente,
pero mientras estuviera pendiente.
La acción penal no se ejercitará a la civil con separación de ésta
hasta que aquella haya sido resuelta en sentencia firme.
Tercera opción, acumulación expresa de la pretensión civil,
en cuyo caso se procede a la resolución conjunta
de la pretensión penal y civil,
naturalmente ambas con fuerza de cosa juzgada.
Y por último, acumulación tácita de la pretensión civil.
La tácita se infiere de libre actuar de las partes.
Por defecto, siempre será tácita.
El artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece en este sentido que ejercitada sólo la acción penal,
se entenderá utilizada también la civil,
a no ser que el dañado
o perjudicadola renunciase o la reservase expresamente
para ejercitarla después, determinado el juicio criminal,
si a ello hubiere lugar.
No obstante, aun cuando se hubiera previamente renunciado
a la acción civil,
si las consecuencias del delito son más graves
de las que se preveían en el momento de la renuncia o si la renuncia pudo
estar condicionada por la relación de la víctima con alguna
de las personas responsables del delito,
se podrá revocar esa renuncia al ejercicio de la acción civil
por resolución judicial a solicitud de la persona dañada o perjudicada
y oídas las partes,
siempre y cuando se formule antes del trámite de calificación
del delito.
Si se ejercitase solo la civil, que nace de un delito,
de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular,
es decir, injurias y calumnias,
se considerará extinguida desde luego la acción penal.
Derecho de acción y de defensa.
El derecho de acción es el derecho fundamental
que corresponde a cualquier persona con independencia
de la afectación directa o indirecta del resultado delictivo
en su persona y bienes a postularse ante el Tribunal de Instancia,
sección de instrucción, para poner en su conocimiento
la existencia de unos hechos.
De apariencia delictiva, así como en su caso la identificación
y de conocerla también la localización de su presunto autor
con vistas a obtener una resolución jurídica, razonada, motivada,
congruente en un primer momento sobre la iniciación
o no del proceso penal.
El derecho de defensa cabría conceptuarlo, por tanto,
como el derecho fundamental que asiste a todo investigado
o encausado, también en el marco del proceso penal
orientado a preparar esa pretensión exculpatoria ahora, en su caso,
para dar o omitir alguna respuesta a la pretensión punitiva
con plena libertad, con plena información,
asistencia técnica y lingüística, bajo los principios de legalidad,
contradicción, audiencia bilateral e igualdad de armas.
El precepto 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
acomete una relación de derechos mínimos, básicos,
elementales que corresponden a toda persona
a quien se le atribuye un hecho punible.
Esta persona podrá ejercitar en ese momento su derecho de defensa
interviniendo en las actuaciones
desde que se le comunique lógicamente su existencia,
haya sido objeto de detención o no y también haya sido acreedora
de cualquier medida cautelar o se haya acordado su procesamiento.
El derecho de defensa de los menores de edad está expresamente regulado
en una directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo Relativo a las Garantías Procesales de los
Menores Sospechosos o Acusados en los Procesos Penales.
Estos menores sospechosos o acusados en un proceso penal
deben ser informados con prontitud,
tan pronto como se conozca la presunta comisión
de ese hecho delictivo, acerca de su condición
y de los siguientes derechos.
Que el titular de la patria potestad sea informado,
a la asistencia letrada, a la protección de su vida privada,
a estar acompañado por el titular de la patria potestad
durante determinadas fases del proceso que no sean las vistas
y a la asistencia jurídica gratuita.
Asimismo, en la fase inicial del proceso,
en que ello resulte adecuado serán también informados de su derecho
a una evaluación inicial un reconocimiento médico
incluido el derecho a la asistencia médica
la limitación de la privación de libertad y el uso de medidas
alternativas incluido el derecho a la revisión periódica
de la detención a estar acompañados en todo momento
por el titular de la patria potestad durante las vistas a estar presentes
en el juicio y a las vías de recursos efectivas.
El contenido del derecho de defensa es el siguiente.
En primer lugar, el elemental derecho de información.
El derecho de información,
presupuesto esencial del derecho de defensa,
se encuentra expresamente previsto en el catálogo
de derechos constitucionales de naturaleza fundamental
del artículo 24.2 de la Constitución Española.
Todos tienen derecho a ser informados de la acusación
formulada contra ellos.
El derecho de información,
cuyo fundamento reside en los principios de igualdad
y de contradicción, es, desde un punto de vista cronológico,
iniciático respecto del resto de derechos,
toda vez que su ejercicio efectivo posibilita el derecho a la tutela
y, en su reverso, el derecho de defensa
con todas sus proyecciones.
El artículo 118.1a de nuestra Ley de Enjuciamiento Criminal
reconoce en este sentido que el derecho de toda persona
a quien se atribuye un hecho a ser informado
de los hechos que se le atribuyen, así como de cualquier cambio
relevante en el objeto de la investigación
y de los hechos imputados.
Esta información, además,
será facilitada con el grado de detalle suficiente
para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
La información,
por tanto, se facilitará en un lenguaje comprensible
y que resulte accesible.
A estos efectos se adaptará la información a la edad
del destinatario y a su grado de madurez,
de su discapacidad en su caso, a cualquier otra circunstancia
personal de la que se pueda derivar una modificación de su situación
respecto de la posible provisión de apoyos por causa de discapacidad.
La omisión de la debida ilustración del contenido de la acusación
y de todo este catálogo de derechos
que asisten al investigado puede ocasionarle,
en función del perjuicio sufrido y de su concreta repercusión
en el procedimiento, una indefensión real y efectiva.
Ahora bien, la indefensión material.
Provendrá, como parece razonable,
de la acreditación de una privación de las facultades de alegación,
prueba e impugnación motivadas precisamente por el desconocimiento
de la información omitida que supongan a su vez
una desventaja, un desequilibrio, un perjuicio,
una desigualdad o en su caso una lesión muy relevante en el inicio
o a lo largo del itinerario del procedimiento.
El segundo derecho fundamental
es el integrado entre el desplegable de derechos correspondientes
a las manifestaciones del derecho de defensa.
Es el derecho a examinar las actuaciones con la debida
antelación para salvaguardar el derecho de defensa
y, en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
Este derecho a examinar las actuaciones con la debida
antelación para salvaguardar el derecho de defensa
y, en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración,
está contenido también en el artículo 118.1.b
de la ley de enjuiciamiento criminal y parece,
a todas luces, un afianzamiento o, más bien,
un reforzamiento del derecho de defensa
en su protección del derecho a la información
establecido en el párrafo anterior al que me acabo de referir,
porque viene a garantizar no sólo que ese derecho
de información sobre el contenido de la acusación
y derechos procesales mínimos se haya en efecto ejercido,
sino que además lo haya sido con una antelación temporal
suficiente para no comprometer la futura declaración
del investigado.
En adecuado cumplimiento del principio de contradicción
y de igualdad de armas, así como con el objetivo
de que pueda comenzar la tensión o debate dialéctico
entre la pretensión y la resistencia sin menoscabo de garantías procesales
como digo básicas o elementales resulta imprescindible
que la acusación siempre siempre preceda la defensa
y además que lo haga con un tiempo de antelación suficiente
para preparar adecuada y eficazmente esta defensa
tras conocer estudiar analizar comprender de manera crítica
además en la mayoría de los casos y tras el necesario asesoramiento
técnico y jurídico en su caso lingüístico
el contenido de la imputación.
Este relevante derecho de información presupuesto necesario
de los restantes derechos fundamentales de naturaleza procesal
no es patrimonio exclusivo de la instancia,
debe predicarse también de los recursos.
Tercer derecho esencial,
el derecho a actuar en el proceso penal
para ejercer su derecho de defensa de acuerdo
a lo dispuesto en esta ley, en la ley de juzgamiento criminal
se entiende.
Bien, pues este derecho viene referido al derecho de acceso
al proceso en su vertiente de derecho de defensa
que despliega una triple proyección.
Primero, derecho de acceso
con la adquisición del estatus de parte procesal
y el surgimiento del derecho de defensa con despliegue
de todos los derechos que a su vez le son propios.
Segundo, el derecho a realizar alegaciones fácticas y jurídicas,
a presentar actos de investigación,
a proponer pruebas y a intervenir en su práctica,
así como a los demás actos para los que la ley le faculta
o al menos no excluye de manera expresa
gracias a los principios de igualdad de armas,
contradicción y audiencia bilateral.
En tercer lugar, el derecho de impugnación
de las resoluciones desfavorables.
Pasamos a analizar el primero, el derecho de acceso
en su vertiente de defensa, que surge cronológicamente en el momento
en el que el investigado tiene
un primer conocimiento gracias al derecho de información
de esta imputación.
El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones
que las expresamente previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
por tanto, desde la atribución del hecho punible
investigado hasta la extinción de la pena.
La admisión de la denuncia o querella y cualquier actuación
de la que resulte la imputación de un delito contra persona
o personas determinadas serán puestas inmediatamente en conocimiento
de los presuntamente responsables.
Una vez adquirido por parte del investigado este estatus
de parte procesal, tendrá ya la carga procesal
de la comparecencia, asistido por abogado,
representado por procurador, y esto si no desea verse expuesto,
en el mejor de los casos, a los efectos desfavorables
contenidos en el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que establece que la ausencia injustificada de la persona acusada
que hubiera sido citada personalmente o en el domicilio
o en la propia persona no será causa de suspensión del juicio oral
si el juez, la jueza o el tribunal,
a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte
acusadora y oída a la defensa,
estima que existen elementos de juicio suficientes
para el enjuiciamiento cuando concurren
los siguientes requisitos, que son.
Que ese delito, ese tipo delictivo que se le atribuya,
no sea superior a dos años de privación de libertad.
En el peor de los casos,
se verá expuesto a la suspensión del proceso y expedición contra él,
bien de una orden de detención, bien en España,
bien de una orden de detención en Europa,
la denominada Euroorden,
orden europea de detención y entrega,
bien a una requisitoria de búsqueda y captura
a través de un proceso de extradición.
Pasamos a los derechos de alegación
y prueba como segunda de las proyecciones
de ese particular derecho a actuar en el proceso penal
para ejercer el derecho de defensa, al identificarse con el derecho
a la realización de actos de alegación y prueba
que permitan encauzar,
sostener y, en la medida de lo posible,
evidenciar una pretensión exculpatoria.
Este elemental derecho de alegación y prueba,
que presupone a su vez el exhaustivo y cabal conocimiento
de las fundamentaciones fácticas y jurídicas
mantenidas en la imputación, entronca de manera directa
con los principios de igualdad de armas,
contradicción y audiencia bilateral,
toda vez que el escrupuloso cumplimiento de aquellos derechos
básicos de recepción de toda la información relevante
para la defensa primero, mediante una adecuada práctica
de las comunicaciones, y de alegación y prueba, después,
permitirá o enseguro que ese debate contradictorio, que se inicia ahora,
se mantenga a lo largo
de todo el proceso penal ajeno a cualesquiera desequilibrios
que pudieran ocasionar una auténtica indefensión.
De las resoluciones desfavorables tercera y última proyección
de ese derecho
a actuar en el proceso penal para ejercer el derecho de defensa
concebido como el derecho ahora a promover
la acción de la justicia a través del proceso judicial que no es otro
que el derecho a los recursos en el ámbito penal
que adquiere además ahora una irrelevancia constitucional.
El cuarto de los derechos de nuestro desplegable del 118
es el derecho a la asistencia letrada.
Conforme a un orden cronológico y lógico,
tras el derecho de información y de acceso,
o incluso de manera coetánea,
surge el derecho a la asistencia letrada.
El derecho de defensa despliega una doble proyección,
el de la defensa privada o autodefensa
y el de la defensa pública a través de la designación
de un abogado de confianza o de cumplirse los requisitos
legalmente establecidos de un abogado de la justicia gratuita.
En ambos casos,
este derecho de asistencia técnica habrá de ser no sólo eficaz,
sino también, como es lógico, efectivo.
El derecho de defensa pública comprende,
según establece la ley de juiciamiento criminal,
la asistencia letrada a un abogado de libre designación
o en su defecto de un abogado de oficio,
con el que podrá comunicarse y entrevistarse,
en todo caso reservadamente, incluso antes de que se le reciba.
Declaración por parte de la policía, el fiscal o la autoridad judicial
y todo ello estando siempre presente en sus declaraciones este abogado,
como digo, así como las diligencias de reconocimiento,
careos y reconstrucción de los hechos.
Este denominado derecho
a estar presente en todas las declaraciones,
así como en las diligencias de reconocimiento,
careos y reconstrucción
que corresponde al investigado respecto de su abogado,
no se presupone en sentido estricto su sola personación o presencia,
como es lógico, sino también su participación activa
mediante la emisión, en su caso,
de observaciones, puntualizaciones, conexiones,
explicaciones que puedan contribuir en beneficio siempre de su defendido
a negar, a contradecir,
minimizar o neutralizar la pretensión condenatoria,
porque en otro caso se trataría de un mero acompañamiento físico,
de eficacia psicológica, no cabe duda,
pero de escasa o nula relevancia jurídica.
La primera proyección del derecho a la asistencia letrada
es la necesaria sintonía entre el defensor y el defendido.
El debido cumplimiento de esta proyección del derecho
a la asistencia letrada,
a la que hemos calificado de coincidencia o sintonía,
sincronía entre el defensor y el defendido,
habrá de intensificarse, como es lógico
en los casos de asistencia jurídica gratuita.
La segunda proyección del derecho a la asistencia letrada
es la privacidad de las comunicaciones
entre el abogado y el investigado
y es que todas las comunicaciones entre estos sujetos han
de tener un carácter confidencial.
El carácter confidencial
de las conversaciones de manera conjunta a la imposición
a cargo de aquel profesional del secreto profesional
redunda no sólo en beneficio de su patrocinado,
que podrá confiar plenamente en su defensor,
con una narración de los hechos cierta,
espontánea y completa, sabedor de que la emisión de su testimonio
no le va a perjudicar, pero como diga Hugo,
no solo redunda en favor de su propio patrocinado,
sino también del interés general,
en la medida en que contribuye al esclarecimiento real de los hechos
delictivos y la conclusión exitosa de nuestros procesos penales.
Si estas conversaciones o comunicaciones
hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución
de alguna de las diligencias reguladas en la ley
de enjuiciamiento criminal,
entonces el juez jueza ordenará la eliminación
de la grabación y la entrega al destinatario de la correspondencia
detenida, dejando constancia de estas circunstancias
en las actuaciones.
Esto que acabo de indicar no será de aplicación
cuando se constate la insistencia de indicios objetivos
de la participación del propio abogado en el hecho delictivo
investigado o de su implicación junto con el investigado
o encausado en la comisión de otra infracción penal
sin perjuicio de lo dispuesto al efecto
en la ley general penitenciaria.
Las garantías se extreman, por tanto,
cuando la persona investigada se encuentra detenida
o presa por encontrarse en estos supuestos en una situación
de extrema vulnerabilidad.
Tal es la vulnerabilidad que puede sentirse
de cualquier modo presionada,
debilitada, formada, inducida incluso a mantener declaraciones,
emitir juicios, sostener pretensiones
o realizar actuaciones que puedan de alguna manera
comprometer su derecho de defensa.
Toda persona detenida, lo establece la Constitución española,
debe ser informada de forma inmediata
y de modo que le sea comprensible de sus derechos
y las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar
en ningún caso.
Se garantiza la asistencia de abogado
al detenido en las diligencias policiales y judiciales
en los términos que establezca la ley.
La tercera proyección de la asistencia letrada
es la designación de un abogado de oficio.
El presupuesto procesal
de la capacidad de postulación no se cumple únicamente
con la asistencia técnica de letrado,
siendo necesaria, a su vez, la representación de procurador,
tal y como impone el artículo 118.3 de la ley de enjuiciamiento
criminal.
Así lo establece.
Para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán
estar representadas por procurador y defendidas por abogado.
Y, en todo caso, cuando no tuvieran actitud criminal.
Cuando no hubiesen nombrado a estos profesionales por sí mismos
y lo solicitasen, y en todo caso, aún no solicitándolo
cuando hubiesen de necesitarlo porque da comienzo el proceso penal.
Si no hubieren designado por tanto abogado o procurador,
se les requerirá para que lo hagan o se les nombrará incluso
uno de oficio si requeridos
no los nombrasen cuando la causa llegue a estado
en el que sea necesario el consejo de aquellos o hayan de intervenir
en algún recurso que se hiciese indispensable para su actuación.
Derecho a la traducción e interpretación gratuitas.
El artículo 118.1, ya por la letra F,
reconoce el derecho a la traducción e interpretación gratuitas
dentro del proceso penal.
El derecho a la traducción ha de referirse a los textos escritos,
documentos y habrá de desempeñarse con suficientes conocimientos
técnicos del sistema jurídico-procesal penal,
en este caso, vigente en cada tiempo y momento.
El derecho a la interpretación
ha de enfocarse más bien a las comunicaciones verbales,
que incluyen no sólo el mensaje oral auditivo,
sino también los gestos, guiños, señas, posturas, ubicaciones, etc.
Los imputados o acusados que no hablen o entiendan
el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolla la actuación,
como establece el artículo 123 de la Ley de Juzgamiento Criminal,
tendrán los siguientes derechos.
Primero, derecho a ser asistidos por un intérprete
que utilice la lengua que comprenda durante todas las actuaciones
en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial
o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales.
Segundo, derecho a servirse de intérprete
en las conversaciones que mantenga con su abogado
y que tengan relación directa con su posterior interrogatorio
o toma de declaración
o que resulten necesarias para la presentación de un recurso
o para otras solicitudes procesales.
Tercero, derecho a la interpretación de todas las actuaciones
en el juicio oral.
El derecho a la interpretación de todas las actuaciones
en el juicio oral conlleva, como es lógico,
que el sujeto pasivo del proceso penal,
además de entender perfectamente el idioma de sus comunicaciones
con los sujetos más relevantes de esta fase procesal,
abogado, fiscal, magistrado, comprenda, asimismo,
durante toda la práctica de la prueba de cargo que permita desvirtuar,
nada menos que su presunción de inocencia,
todos los actos que se llevan a cabo.
Y es que tan solo podrá defenderse adecuadamente si ha comprendido,
gracias a una interpretación eficaz, veraz, completa, exhaustiva,
los relevantísimos actos que se van sustanciando a lo largo
del juicio oral,
así entre otros las declaraciones de los testigos y peritos,
las calificaciones, los informes finales, etcétera.
En el caso de que no pueda disponerse de un servicio de interpretación
simultánea la interpretación de las actuaciones del juicio oral
se realizará mediante una interpretación consecutiva
de modo que se garantice suficientemente la defensa de ese
investigado acusado la divergencia entre la interpretación simultánea
y la consecutiva es la siguiente la simultánea
consiste en la traducción oral ipso facto en tiempo real superpuesta
al discurso y efectuada al término
de cada fase, idea o pronunciamiento verbal
emitidos.
Sin embargo, la consecutiva es la traducción oral,
también ipso facto, también en tiempo real,
si bien realizada al final de cada bloque
de pronunciamientos verbales o comunicaciones globales.
Bien, pues esta divergencia no ha de conllevar en línea
de principio ninguna desventaja o perjuicio para el sujeto pasivo
de un proceso.
De suerte que el legislador reconoce la viabilidad
de ambos tipos de interpretaciones y ya será el juez o jueza,
en función de los recursos técnicos y humanos,
de que disponga este efecto en su propio tribunal,
quien determine cuál sea el tipo de interpretación que va a realizar
en cada caso.
Cuarto, derecho a la traducción escrita
de los documentos que resulten esenciales para garantizar
el derecho de defensa.
Deberán ser traducidos, en todo caso, como es lógico,
todas las resoluciones que acuerden la prisión del investigado,
el escrito de acusación y la propia sentencia.
Derecho a presentar una solicitud
motivada en la que se considere esencial un documento.
Este derecho a presentar una solicitud motivada
para que se considere un documento esencial pertenece,
o mejor aún, puede ejercitarse de manera exclusiva
por el investigado o por el interesado,
sujeto pasivo en todo caso del proceso penal,
en principio sin necesidad de asistencia técnica
alguna, aun cuando también puede hacerlo,
como es lógico, asistido por su abogado.
Los gastos de traducción e interpretación derivados
del ejercicio de los derechos recién analizados serán sufragados
por la Administración con independencia
de cuál sea el resultado del proceso.
Derecho a guardar silencio,
a no prestar declaración si no desea hacerlo,
a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulan.
Este derecho al silencio ha de referirse
a las cuestiones relacionadas con la investigación penal
y no con otros extremos de imprescindible conocimiento
como puedan ser la identificación de la persona
o la averiguación sobre su capacidad.
El silencio de identificarse en todo caso
con la omisión de respuesta alguna, sin que esto deba ser valorado,
interpretado, ni mucho menos enjuiciado
como una admisión tácita o interna de los hechos delictivos,
sino pura y sencillamente como una opción silente
que ha sido identificada por los especialistas
con la constante emisión del vocablo "soy inocente".
El derecho a no declarar contra sí mismo
y a no confesarse culpable son derechos fundamentales
que constituyen además, a su vez,
manifestaciones elementales del genérico derecho de defensa
y vienen a potenciar la libertad de elección del ejercicio
de la autodefensa en la medida en que otorgan absoluta libertad
al investigado o al causado para mantener
pretensiones exculpatorias o, en otro caso,
para limitarse a no declarar en sentido alguno.
La doctrina ha venido equiparando este derecho incluso con el derecho
del investigado o un causado de mantener una pretensión defensiva
ajena a la realidad histórica y por tanto incluso
a la propia veracidad empírica merced a una especie de derecho a la mentira
o a la ocultación mediante la creación de una especie
de coartada alternativa a la pretensión condenatoria
sin que el descubrimiento o esclarecimiento judicial
de esta falsedad deba por lo demás ser interpretado
como un indicio ni mucho menos como una prueba de culpabilidad
de quien se ha servido de este instrumento de defensa.
Otros derechos básicos del investigado
son el derecho a la última palabra, a la dignidad,
a la presunción de inocencia y a la congruencia penal.
A la última palabra será respetado
cuando, habida cuenta del desequilibrio existente
entre las partes, investigado en causado,
tenga la posibilidad de ser oído en último lugar,
sin perjuicio institucional.
De la relevancia
de priorizar su intervención en este momento cronológico final,
resulta de toda evidencia que no debe conferirse este elemental derecho
a la palabra tan solo en el último momento posible,
sino que debe reforzarse y en este sentido facilitarse
cuando menos durante el relevante momento
de la celebración de la prueba y ello naturalmente con los límites
que el juez o jueza establezca en cada caso.
A esto cabe añadir que este derecho a la última palabra
no es sólo reclamable al término del juicio oral,
sino en todas y cada una de las instancias
en que el Tribunal Azcuén decide agravar la condena.
El derecho a la dignidad conlleva, lógicamente,
que el investigado o un causado, al igual que las víctimas
y restantes personas que participan en el proceso penal,
se ha tratado con todo respeto en sentido amplio
de su honor, dignidad e integridad.
El derecho a la presunción de inocencia
presupone de manera sistemática y en síntesis lo siguiente.
Primero, que el investigado
o causado será considerado inocente durante todo el proceso penal,
esto es, desde la primera atribución delictiva hasta la sentencia
o resolución judicial firme.
En segundo lugar,
que esta presunción de inocencia tan sólo podrá ser desvirtuada
conforme a la prueba de cargo practicada durante el juicio oral,
excepción hecha a claro estado de la anticipada
o preconstituida, con absoluto respeto
a los principios de oralidad y mediación y libre valoración,
así como en la medida de lo posible con publicidad y concentración.
En tercer lugar, Significa este derecho
a la presunción de inocencia que en ausencia de prueba de cargo relevante
para desvirtuar los elementos constitutivos del delito
se resolverá la absolución.
El derecho a la congruencia penal constituye una
de las garantías esenciales del proceso penal habiéndose
advertido de manera unívoca y constante
que ningún acusado podrá ser condenado por hechos distintos
a los integrantes del objeto penal integrado en el juicio oral.
El refuerzo de las garantías procesales
en los supuestos de detención y prisión provisional
se regula en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que establece unos parámetros específicos para los detenidos
o presos.
La detención y la prisión provisional deberán practicarse
en la forma que menos perjudique al detenido preso en su persona,
reputación y patrimonio.
Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla,
así como de los traslados ulteriores,
velarán por los derechos constitucionales al honor,
intimidad e imagen de aquellos con respeto al derecho fundamental
a la libertad de información.
La detención preventiva no podrá durar más
que el tiempo estrictamente necesario para la realización
de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos
dentro de los plazos establecidos en esta ley de enjuiciamiento
criminal y en todo caso en el plazo de 72 horas
el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición
de la autoridad judicial.
En el atestado deberá reflejarse el lugar y hora de la detención
y de la puesta a disposición de la autoridad judicial
o en su caso de la puesta en libertad.
Los derechos que asisten al investigado en estas condiciones
de detención o privación de libertad son los siguientes.
Toda persona detenida o presa
será informada por escrito en un lenguaje sencillo y accesible,
una lengua que comprenda y de forma inmediata
los derechos que se le atribuyen
y las razones motivadas de su privación de libertad,
así como de los derechos que le asisten
y especialmente de los siguientes.
Derecho a guardar silencio.
No declarando, si no quiere,
a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen,
a manifestar que sólo declarará ante el juez o jueza derecho
a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable,
derecho a designar abogado y a ser asistido por él
sin demora injustificada
en caso de que, debido a la lejanía geográfica,
no sea posible de inmediato la asistencia de letrado,
se facilitará al detenido comunicación telefónica
o por videoconferencia con aquel,
salvo que dicha comunicación resulte de todo punto imposible.
Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones
que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención
o la privación de libertad.
Derecho
a que se ponga en conocimiento el familiar o persona
que desee sin demora injustificada su privación de libertad,
el lugar de custodia en que se halle en cada momento.
Los extranjeros tendrán además derecho a que en tales circunstancias
se comuniquen a la oficina consular de su país.
Derecho a comunicarse telefónicamente sin demora injustificada
con un tercero de su elección.
Derecho a ser visitado por las autoridades consulares
de su país a comunicarse y mantener correspondencia
con ellas, derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete
cuando se trate de extranjero que no comprenda
o hable el castellano o la lengua oficial,
de la actuación de que se trate o de personas sordas
con discapacidad auditiva,
así como de personas con dificultades de lenguaje,
derecho a ser reconocido por el médico forense
o su sustituto legal y en su defecto por la institución jurídica.
En que se encuentre
por cualquier otro perteneciente al Estado o administraciones públicas
derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita,
procedimiento para hacerlo, condiciones para obtenerla.
Asimismo, se le informará del plazo legal de duración de la detención
hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial
y del procedimiento por medio del cual puede impugnar
la legalidad de su detención.
Esta información se le facilitará además en un lenguaje comprensible
que resulte accesible al destinatario.
A estos efectos se adaptará la información a su edad,
grado de madurez, discapacidad, cualquier otra circunstancia
que pueda derivar una limitación para entender el alcance
de esa información.
Y pasamos por último a las cuestiones prejudiciales,
que son cuestiones fácticas incorporadas al tipo penal
que requieren un enjuiciamiento propio,
previo e independiente respecto al objeto procesal principal,
que en este caso es el penal,
para dar respuesta completa al petitum del proceso.
Pueden ser homogéneas
cuando corresponden al mismo orden jurisdiccional,
en este caso al penal.
Serán heterogéneas
cuando son distintas de distinto orden jurisdiccional,
en este caso civil, administrativo o laboral.
Serán no devolutivas cuando de ellas conoce el mismo tribunal tribunal
de lo penal en este caso como regla general
las cuestiones perjudiciales son siempre no devolutivas
por regla general la competencia de los tribunales
encargados de la justicia penal se extiende a resolver.
Para sólo el efecto represión las cuestiones civiles
y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos
perseguidos cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas
al hecho punible que sea racionalmente imposible
su separación.
Las devolutivas son aquellas de las que conoce,
como he dicho, un tribunal distinto al penal.
Pero hay excepciones.
La primera excepción, suspensión a la espera de la resolución
en otro orden jurisdiccional.
Y es que el artículo 4 de la ley de juiciamiento criminal
establece que si la cuestión prejuicial
fuese determinante de la culpabilidad o inocencia,
el tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento
hasta la resolución de aquella por quien corresponda,
pero puede fijar un plazo que no exceda de dos meses
para que las partes acudan al juez o tribunal civil o contencioso
administrativo competente.
Pasado ese plazo
sin que el interesado acredite haber lo utilizado,
entonces el letrado de la Administración de Justicia
mediante diligencia
alzará la suspensión y continuará el procedimiento.
En estos juicios será siempre parte del Ministerio Fiscal.
El artículo 5, a su vez,
establece que, no obstante lo anterior,
las cuestiones civiles prejudiciales referentes a la validez
de un matrimonio o a la suspensión de estado civil
se deferirán siempre al tribunal que deba entender
de las mismas y su decisión servirá de base al tribunal de lo criminal.
El artículo 6
establece que si la cuestión civil prejudicial
se refiere al derecho de propiedad sobre un inmueble
o a cualquier otro derecho real,
el Tribunal de lo Criminal podrá resolver
acerca de aquella cuando tales derechos aparezcan fundados
en un título auténtico o en actos indubitados de posesión.
Y por último, el artículo 7
establece que el Tribunal de lo Criminal
se atemperará respectivamente a las reglas de derecho civil
o administrativo en las cuestiones prejudiciales que, en todo caso,
deba resolver.
Y con esto damos por terminado este largo tema
sobre el objeto procesal penal y sus cuestiones prejudiciales.
Muchas gracias.