Programa 8.
Las partes 3.
Partes acusadoras, acusación pública,
ministerio fiscal, acusación popular,
acusación particular, acusación privada,
acción civil.
Partes acusadas, personas físicas,
personas jurídicas y responsabilidad civil.
Comenzamos con un concepto de parte.
Todo proceso penal
habrá de estar conformado al menos por dos partes.
Una parte acusadora,
que pretende, pide, procura la tutela penal,
en el entendimiento de que el ius puniendi,
o derecho al castigo, tan solo corresponde al Estado.
Y una parte acusada,
que se defiende, se resiste,
frente a esa petición en pro delicto.
De su absolución.
Estas partes, por tanto, como su nombre indica,
son parciales en tanto en cuanto cada una de ellas
defenderá desde su posición jurídica la condena, la parte acusadora,
o la absolución, la parte acusada,
con la única salvedad del Ministerio Fiscal
que asume su posición de parte.
Ello no obstante, con plena imparcialidad
al permitírsele desde el mismo inicio
del proceso la libre apreciación de circunstancias tanto favorables
como adversas al acusado de cara a seleccionar la posición activa
o pasiva que ocupará en el contexto de cada concreto proceso penal.
Dentro de este amplio concepto de partes procesales,
cabe distinguir según cuál sea la posición activa o pasiva,
como acabo de indicar, entre partes acusadoras
o acusadas y, además, cabe enumerar en la categoría de partes acusadoras
las siguientes.
Primero, el Ministerio Fiscal, por razón de su profesión,
en procesos por delitos públicos y semipúblicos,
en este último caso, previa instancia del ofendido.
En segundo lugar, el acusador popular,
ni ofendido ni perjudicado por el delito, cualquiera,
en procesos por delitos públicos.
En tercer lugar, el acusador particular, que es el ofendido
o perjudicado por el delito en un proceso público o semipúblico.
Y en cuarto lugar,
el acusador privado ofendido o perjudicado por el único delito
privado que tenemos contemplado en nuestro Código Penal,
injurias y calumnias.
Finalmente, el actor civil, que es el perjudicado por el delito.
Sin embargo, serán partes acusadas el investigado
o encausado, que es el presunto autor del hecho delictivo,
y el responsable civil,
que es la persona que debe responder de los años y perjuicios
ocasionados por la comisión del delito.
Generalmente es el presunto autor, pero puede suceder,
como veremos, que sea otra persona.
Comenzamos con las partes acusadoras.
Ministerio Fiscal.
El Ministerio Público o Ministerio Fiscal
es una institución autónoma del Estado que tiene por misión,
de un lado, vigilar, inspeccionar, controlar o, si se prefiere,
velar por el correcto funcionamiento de los tribunales
y de las restantes instituciones del Estado,
así como de otro, promover la acción de la justicia
y de las restantes instituciones del Estado.
Así en defensa de la legalidad de los derechos
de los ciudadanos con especial intensidad
respecto de los colectivos más vulnerables,
desfavorecidos o débiles de la sociedad
en interés y del interés público tutelado por la ley.
Por tanto, son funciones concretamente encomendadas
al Ministerio Fiscal.
En el marco del proceso penal, las siguientes.
Primero,
ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes del delito,
sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía Europea
para ejercer la acción penal y solicitar la apertura del juicio
por los delitos contra intereses financieros de la Unión Europea
que asuma de acuerdo con su normativa u oponerse a las ejercitadas
por otros cuando proceda.
También es función encomendada al Ministerio Fiscal en el marco
del proceso penal solicitar intervenir en este proceso
instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares
que procedan, la práctica de las diligencias
encaminadas al esclarecimiento de los hechos
o instruyendo directamente el procedimiento en el marco
de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores,
pudiendo ordenar en este proceso penal
de menores a la Policía Judicial todas las diligencias
que considero oportunas.
Esta actuación del Ministerio Fiscal,
concretada en el ejercicio de la acción penal
y eventualmente de la civil o en otro caso de su resistencia,
es obligatoria a diferencia de lo que cabe predicar
del resto de acusadores
que son por el contrario intervenciones voluntarias.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en este sentido
que los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán obligación
de ejercitar con arregladas disposiciones de la ley
todas las acciones penales que consideren procedentes,
haya o no acusador particular en las causas,
menos aquellas que el Código Penal reserve exclusivamente
para la querella privada.
El Ministerio Fiscal tiene asimismo
encomendada en el proceso penal con carácter general
y, salvo renuncia expresa o reserva para un proceso posterior,
la acumulación de la pretensión civil correspondiente.
Por tanto, la acción civil ha de entablarse conjuntamente
con la penal por el Ministerio Fiscal,
haya o no en el proceso acusador particular.
Pero si el ofendido renuncia expresamente a su derecho
a la restitución, reparación o indemnización,
entonces el Ministerio Fiscal, en este caso de renuncia expresa,
se limita a pedir el castigo de los culpables.
La forma de intervención técnica del Ministerio Fiscal en el proceso penal
es personal y directa,
esto es, sin intervención del abogado ni procurador,
como es lógico, así como a través de querella.
Los funcionarios del Ministerio Fiscal
ejercitarán en forma de querella las acciones penales
en los casos en los que estuvieran obligados.
Son funciones en esta fase inicial
del proceso penal del Ministerio Fiscal.
La siguiente es el fiscal podrá recibir denuncias enviándolas
a la autoridad judicial o decretando su archivo
cuando no encuentre fundamentos suficientes para ejercitar la acción
notificando en este último caso la decisión al denunciante.
Igualmente y para el esclarecimiento de los hechos denunciados
o que aparezcan en los atestados de los que conozca,
puede llevar a cabo u ordenar esas diligencias
para las que está legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
las cuales no podrán suponer en ningún caso
adopción de medidas cautelares o limitación de derechos.
No obstante, el fiscal podrá ordenar la detención preventiva.
Todas las diligencias que el fiscal practique
o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán
de una presunción de autenticidad.
Los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa
inspiran la práctica de las diligencias practicadas
por el Ministerio Fiscal.
A tal fin, el fiscal recibirá declaración del sospechoso,
quien habrá de estar asistido por letrado
y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias
practicadas.
Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación
hubiere evidenciado hechos de significación penal
y según cuál fuese el estado de las diligencias,
el fiscal procederá a su judicialización
formulando al efecto la oportuna denuncia o querella,
a menos que resultara procedente su archivo.
También podrá el fiscal incoar diligencias preprocesales
encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás funciones
que el ordenamiento jurídico le atribuya.
Son funciones del Ministerio Fiscal a lo largo
de la tramitación del proceso penal las siguientes.
La inspección directa por parte del fiscal del tribunal competente
de los sumarios de delitos públicos formados por jueces de instrucción.
La proposición al tribunal de instancia
que instruya el sumario de la práctica de las diligencias
que considera oportunas.
La solicitud de la prisión provisional del investigado
o un causado o su libertad provisional confianza.
La petición al tribunal de instancia,
sección de instrucción, de conclusión de la investigación y remisión
de lo actuado al tribunal competente cuando no haya acusador privado
y el Ministerio Fiscal considere que el sumario ya ha reunido
los suficientes elementos para hacer la calificación de los hechos
y poder entrar en los trámites del juicio oral
y, por último, la solicitud del sobreseguimiento de la causa
o, en otro caso, la apertura del juicio oral
y formulación de la acusación.
Comenzamos ahora a realizar una analítica de la acusación popular
como segunda posible parte acusadora del proceso penal.
La acusación popular se identifica con las personas no ofendidas,
tampoco perjudicadas por el delito de manera directa
en su propia esfera vital.
Por delitos perseguibles además de oficio que instan,
ello no obstante, ante los tribunales y que dan comienzo al proceso penal.
Esta figura existe por un especial compromiso
con la sociedad que se traduce en el ejercicio responsable
de la pretensión penal.
Orientado a la restauración de la paz social,
de la seguridad ciudadana y del orden público,
mediante la petición de condena de los autores por los más graves
ilícitos penales.
La Constitución española recoge esta acusación popular
en su artículo 125,
cuando prescribe que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular
y participar en la administración de justicia mediante la institución
del jurado, en la forma y con respeto a aquellos procesos penales
que la ley determine.
La acusación popular corresponde, por tanto,
a cualquier persona física o jurídica.
Todos los ciudadanos españoles,
hayan sido o no ofendidos por el delito,
pueden querellarse ejercitando la acción popular.
Quienes hablan de formular,
querellan y al propio tiempo prestar fianza proporcionada,
graduada y adecuada.
No podrá, sin embargo, exigirse fianza por su inadecuación
cuando impida el ejercicio de la acusación popular,
en cuyo caso será gratuita.
No podrá ejercitar la acción penal por imposición del artículo 102
de la ley de juiciamiento criminal los siguientes sujetos.
El que no goce de la plenitud de derechos civiles.
En segundo lugar,
el que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme
como reo del delito de denuncia o querella calumniosa.
Y en tercer lugar, el juez, jueza, magistrado o magistrada.
Los sujetos recién mencionados sí podrán, sin embargo,
ejercitar acción penal por delito contra su persona y bienes
o contra la persona y bienes de su cónyuge, ascendientes,
descendientes, hermanos, consanguíneos, uterinos, afines.
Asimismo,
tanto el que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme,
como el reo de delito de denuncia o querella caluniosa,
como el juez o magistrado,
podrán también ejercitar la acción penal
por los delitos cometidos contra las personas o bienes
que estuviesen bajo su guarda legal.
Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí los cónyuges,
a no ser por delito cometido por el uno contra el otro,
contra la persona del otro, o contra la de sus hijos,
o por el delito de bigamia.
Tampoco podrán ejercer acciones penales entre sí los ascendientes,
descendientes y hermanos por naturaleza,
por adopción o por afinidad, a no ser por delito
cometidos los unos contra las personas de los otros.
Pasamos a las partes acusadoras 3, a la acusación particular.
La acusación particular se distingue de la popular por la afectación,
directa o no, del resultado lesivo de la comisión delictiva
en la persona que precisamente lidera la pretensión acusadora.
Así, entre tanto, la acusación popular
se relacionaba, como acabamos de ver,
con los ciudadanos que no se han visto directamente
relacionados con el despliegue de efectos del delito,
que no eran los perjudicados directos en su propia esfera vital
por la actuación delictiva.
Sin embargo, la acusación popular particular.
Acusación particular se identifica con la persona
concretamente lesionada,
dañada o de cualquier modo afectada por la comisión delictiva
y ello en su consideración, bien sea ofendida,
bien de perjudicada según cada caso.
La existencia de la acusación particular.
Además de la popular, que corresponde a cualquiera,
y de la pública,
que corresponde al Ministerio Público o Ministerio Fiscal,
como se ha visto, encuentra su fundamento natural
ahora en razones de justicia material.
Porque las personas directamente ofendidas o perjudicadas
por los delitos tendrán, como es lógico, un interés directo,
un interés legítimo y cierto en la realización
de un proceso judicial frente a quien, en hipótesis,
le ha causado esa lesión en su persona o patrimonio.
Y parece razonable que la instancia y ulterior mantenimiento
hasta el término de este procedimiento
en los procesos por delitos públicos no dependa exclusivamente
de la acusación popular
o de la acusación pública, que sería el Ministerio Fiscal,
sino también de los directamente afectados por la comisión delictiva,
quienes serán, en cierto modo, los más interesados en la obtención
de una sentencia.
Dentro de la acusación particular
cabe distinguir la acusación particular por delito público,
de la acusación particular por delito semipúblico
y de la acusación particular por delito privado.
La acusación particular por delito público
corresponde a la persona ofendida o perjudicada por un delito público.
Persona perjudicada o ofendida de manera directa
y en su propia esfera por los delitos perseguibles ex oficio,
es decir, aquellos que serán objeto de enjuiciamiento a instancia
tanto de la propia persona perjudicada o ofendida
como de cualquier otra que no guarde relación directa con este ilícito.
La acusación particular por delito semipúblico
corresponde a la persona ofendida o perjudicada
por un delito semipúblico.
Se trata del ofendido o perjudicado por delitos perseguibles
tan solo a instancia de parte.
Y por último, la acusación particular privada corresponde a la persona
ofendida o perjudicada por un delito privado.
Es el ofendido o perjudicado por un delito perseguible
exclusivamente a instancia de parte,
que es el delito de injurias y calumnias.
Vamos con el acusador particular por delito público.
Este acusador por delito público es la persona ofendida
o perjudicada de manera directa y en su propia esfera
por los delitos perseguibles ex oficio,
es decir,
por aquellos que serán objeto de enjuiciamiento a instancia,
tanto de esta propia persona
como de cualquier otra que no guarde la más mínima relación directa
con el objeto del ilícito.
La diferencia entre ofendido
y perjudicado reside en la afectación directa
en la propia persona o colateral en una persona muy próxima
de los daños ocasionados por el delito.
Así, entre tanto,
el ofendido es el único titular del bien jurídico lesionado por el delito
y, al identificarse en puridad de manera
exclusiva con la víctima, el perjudicado, sin embargo,
se equipara con sus familiares más próximos, con sus herederos,
cuando esta víctima ya no pudiese, lamentablemente,
operar por sí misma por razón del resultado lesivo del delito.
Piénsese, por ejemplo, en un asesinato.
El acusador particular es, en todo caso,
el titular o dueño del bien jurídico lesionado por el delito,
pero puede erigirse a su vez, sin embargo,
en titular del derecho subjetivo a la sanción,
penalización o castigo de su presunto autor,
puesto que, como es sabido,
el ius puniendi tan solo corresponde al Estado.
El derecho al castigo nunca corresponde a los particulares
y sí solo al Estado.
El acusador particular puede ser lo cualquier persona,
física o jurídica, nacional o extranjera.
También pueden querellarse, insisto, los ciudadanos extranjeros
por delitos cometidos contra su persona o bienes
o contra la persona o bienes de sus representados.
El particular querellante prestará fianza de la clase y cuantía
que fije el tribunal para responder de las resultas del juicio.
Ahora bien, quedan exentos de cumplir lo dispuesto en este precepto
y por tanto quedan eximidos de prestar fianza
los siguientes sujetos.
Primero, el ofendido
y sus herederos o representantes legales.
Estos no tienen obligación de prestar fianza.
En los delitos de asesinato o de homicidio,
el cónyuge del difunto o persona vinculada a él
por análoga relación de afectividad, los ascendientes, descendientes
y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive,
los herederos de la víctima, padres, madre e hijos del delincuente.
Tampoco están obligados a prestar fianza las asociaciones de víctimas
y las personas jurídicas a las que la ley le reconoce
legitimación para defender los derechos de las víctimas,
siempre que el ejercicio de la acción penal
hubiere sido expresamente autorizado por la propia víctima.
La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros
si no les corresponde en virtud de los tratados internacionales
o por el principio de reciprocidad.
Los acusadores particulares podrán asimismo intervenir
en el proceso de manera ordinaria, personal y directa,
es decir, por sí mismos en primera persona
o de manera extraordinaria
y en consecuencia a través de asociaciones o de personas jurídicas
que les representen.
La acción penal, por tanto,
también podrá ser ejercitada por las acciones,
por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas
a las que la ley le reconoce legitimación
para defender los derechos de las víctimas siempre
que ello fuese autorizado por la propia víctima del delito.
El acusador particular también podrá iniciar el proceso
mediante la interposición de la querella
o bien mediante ulterior escrito de personación.
Así, la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece respecto de los procesos ordinario y abreviado,
respectivamente, que el letrado de la Administración de Justicia
instruirá al ofendido o al perjudicado por el delito
de los derechos que le asisten pudiendo mostrarse parte en la causa
sin necesidad de formular querella.
En el procedimiento abreviado,
la propia Policía Judicial durante la detención,
si la hubiere, ilustrará lo ofendido o perjudicado de sus derechos
y, muy en particular, del relativo a mostrarse parte de la causa
sin necesidad de formular querella.
Este letrado de la Administración de Justicia
hará lo propio durante las diligencias previas,
cuando previamente no lo hubiese hecho ya
la Policía Judicial.
Asimismo, si el Ministerio Fiscal
solicita el sobreseguimiento de la causa,
y no se hubiera personado en la misma la acusación particular,
entonces el tribunal podrá acordar que se haga saber esta circunstancia
a los ofendidos o perjudicados conocidos y no personados
para que comparezcan a defender su acción
si es que lo consideran oportuno.
Acusador particular gozará,
una vez incorporado al proceso, de plenos,
derechos de información, alegación, petición de medidas cautelares,
diligencias de investigación, solicitud de apertura del juicio oral
o sobreseguimiento, formulación de acusación y, al fin,
de participación en la práctica de la prueba.
Pudiendo apartarse de la querella, esto es, abandonar el proceso
mediante un desistimiento de su pretensión condenatoria,
en cualquier momento, sin mayor reproche
que el de quedar sujeto a posibles responsabilidades
que pudieran resultar de sus actos anteriores.
Pasamos al acusador particular por delito semipúblico,
que es la persona perjudicada u ofendida de manera directa
y en su propia esfera
por los delitos perseguibles tan solo a instancia de parte,
es decir, esos que serán objeto de enjuiciamiento tan solo
a su propia instancia al ser la única que en realidad
guarda relación con el objeto del ilícito,
relación directa.
De ahí que, aun siendo aplicables a esta acusación las normas generales
que acabamos de detallar para el acusador particular
por delito público, difiera, sin embargo,
en aspectos tan relevantes como, de un lado,
la necesaria denuncia por parte de la persona concreta
y directamente afectada por el delito o la posibilidad de extinción
del proceso ante la manifestación del perdón de la víctima.
Y pasamos a la última de las partes acusadoras,
que es la acusación privada.
El acusado privado es la persona ofendida de manera directa
y en su propia esfera por el único delito
privado existente en España en la actualidad, que es el delito,
como hemos dicho, de injurias y calumnias,
perseguible tan solo a instancia de parte, en concreto,
a través de la parte directamente afectada por este ilícito.
Esta peculiar y unidimensional acusación
privada existente en nuestra legislación vigente
se caracteriza en esencia por las siguientes reglas.
Primero, no cabe la iniciación ex oficio,
sino tan solo la instancia del ofendido,
mediante escrito que habrá de revestir además
la forma de querella.
Nadie será penado, dice el Código Penal,
por calumnia o injuria,
sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito
o de su representante legal.
Se procederá de oficio
cuando la ofensa se dirija contra un funcionario público,
autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes
al ejercicio de su cargo.
En segundo lugar,
resulta preceptivo el intento previo de conciliación,
porque lo impone así como requisito de procedibilidad
la ley de enjuiciamiento criminal,
al advertir que no se admitirá querella por injuria o calumnia
inferidas a particulares si no se presenta certificación
de haber celebrado el querellante el acto de conciliación
con el querellado o al menos de haber lo intentado sin efecto.
En tercer lugar, resulta preceptiva
la licencia del tribunal cuando esa hipotética calumnia o injuria
se hubiera invertido en su presencia en juicio,
porque el Código Penal
establece que nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria
advertidas en juicio sin previa licencia
del tribunal que de él conociese hubiere conocido.
Y, en último lugar, el perdón del ofendido
o de su representante legal extingue la acción penal
y le pone término para siempre.
Pasamos a las partes acusadoras,
a la última de las partes acusadoras,
pero ya sólo para el restablecimiento de los daños y perjuicios
ocasionados como consecuencia del delito, que es la acusación,
más bien la acción civil.
El actor civil es la persona perjudicada
en su propia esfera y bienes por el hecho delictivo
cuando limita su actuación en el marco penal
a sostener exclusivamente esta pretensión civil,
dejando en su caso que ya sea el acusador público,
recuerde ese ministerio fiscal, quien formule y mantenga
hasta el término la coherente y coetánea pretensión penal.
El actor civil se regirá en su actuación
por las normas generales del proceso civil
y el consiguiente despliegue de los efectos característicos
del principio dispositivo.
El artículo 100 de nuestra Ley de Juzgamiento Criminal
establece que de todo delito nace la acción penal
para el castigo del culpable y puede nacer también la acción civil
para la restitución de la cosa,
la reparación del daño y la indemnización de perjuicios
ocasionados por ese hecho punible.
Estas pretensiones, penal y civil,
podrán ejercitarse conjunta o separadamente en función
de la voluntad del perjudicado por el delito.
Por tanto, caben las siguientes opciones.
La primera opción es la renuncia a la pretensión civil.
Sería por voluntad expresa de perjudicado que producirá
cosa juzgada y en consecuencia la imposibilidad
de instar un siguiente proceso civil.
Esta renuncia ha de ser clara, inequívoca, contundente y expresa.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en este sentido que,
aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa,
no por esto se entiende que renuncian al derecho a la restitución,
reparación o indemnización
que a su favor puede acordarse en la sentencia firme,
siendo necesario que la renuncia a este derecho
se haga de manera clara y terminante.
El segundo escenario es la reserva de la pretensión civil
por voluntad también expresa del perjudicado que habrá de esperar
en este caso a la completa conclusión del proceso penal para luego instar
ante la jurisdicción civil el proceso civil correspondiente.
La reserva por tanto no conlleva fuerza de cosa juzgada
sino que supone un aplazamiento del momento en el que el particular
afectado por el delito en su esfera civil
pues prefiere opta por solicitar esa indemnización
en un momento posterior.
La Ley de Juzgamiento Criminal establece que las acciones que nacen
de un delito podrán ejercitarse juntas o separadamente,
pero mientras estuviera pendiente la acción penal
no se ejercitará la civil con separación
hasta que aquella haya sido resuelta en sentencia firme.
Sin perjuicio de la imprescindible conclusión del proceso penal
antes de instar el civil correspondiente,
conviene advertir que la absolución penal no conlleva
la automática absolución civil,
con la sola excepción de la inexistencia del hecho.
Si el hecho no ha existido, lógicamente no hay sanción penal
y tampoco hay sanción civil.
Pero en otros casos puede perfectamente suceder
que el condenado en vía civil lo sea,
muy a pesar de no haber obtenido previamente un reproche penal.
Asimismo, la acción porque, aunque la actuación
que ha llevado a cabo no llega a ser tipificada
como delito, pero ha generado una serie de daños
que merecen un reproche civil aunque no tenga reproche penal.
La acción penal se extingue por la muerte del culpable,
pero en este caso subsiste la acción civil contra sus herederos
o causavientes que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción
y por la vía de lo civil.
Bien, la extinción de la acción penal,
como he dicho, no conlleva la de la acción civil,
a no ser que la extinción proceda de haberse declarado
por sentencia firme que ese hecho nunca existió
y, por tanto, no tiene reproche ni penal ni civil.
En los demás casos, la persona a quien corresponda la acción civil
podrá ejercitarla ante la jurisdicción
y por la vía de lo civil que proceda contra quien estuviera obligado
a la restitución de la cosa con reparación
del daño o indemnización del perjuicio sufrido.
Cabe en tercer lugar un ejercicio, estábamos
en los distintos escenarios, primero reserva de acción civil,
luego, no, perdón, primero renuncia de la acción civil,
segundo reserva de la acción civil y en tercer lugar
ejercicio simultáneo de la pretensión penal y civil.
Esta es la tercera opción y puede gestarse sin instancia previa
o por petición expresa de la parte.
El ejercicio simultáneo sin instancia previa responde
a los siguientes parámetros.
Si nada se indica al respecto por parte del ofendido o perjudicado
y en ausencia de renuncia o reserva, el Ministerio Fiscal
sostendrá ambas pretensiones.
Por tanto, con carácter general,
el Ministerio Fiscal sostiene la pretensión penal
y la pretensión civil.
La acción civil ha de entablarse, como se ha dicho antes,
juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal,
haya o no en el proceso acusado particular,
pero si el ofendido renuncia expresamente a su derecho a
la restitución, reparación o indemnización,
entonces el Ministerio Fiscal
se limita a pedir el castigo de los culpables.
Ejercitada solo la acción penal, se entenderá utilizada también
la civil, a no ser que el dañado o perjudicado
la renuncie expresamente o la reserve también expresamente
para ejercitarla en este último caso después,
una vez terminado el juicio criminal,
si a ello hubiere lugar.
No obstante, aun cuando se hubiera previamente renunciado
a la acción civil,
si las consecuencias del delito son más graves
que las que se preveían en el momento de la renuncia o si la renuncia
pudo estar condicionada por la relación de la víctima
con algunas personas responsables del delito,
entonces se podrá revocar, como es lógico,
esta renuncia de la víctima con alguna de las personas,
esta renuncia al ejercicio de la acción civil
por resolución judicial a solicitud de la persona dañada o perjudicada
y oída a las partes siempre y cuando se formule antes.
Antes del trámite de calificación del delito.
Segundo escenario dentro del ejercicio simultáneo
de la pretensión penal y civil
cuando se realiza por petición expresa.
El sujeto pasivo del delito puede sostener la pretensión civil
sin verse al tiempo obligado a sostener la penal
y por tanto con independencia de esta última que será
mantenida en todo caso por el Ministerio Fiscal.
Así, la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que las personas perjudicadas por un delito
que no hubieran renunciado a su derecho,
podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieren antes
del trámite de calificación del delito y ejercitar
las acciones civiles que procedan según le convenga,
sin que por ello se retrotraiga el curso de las actuaciones.
Si se personan una vez transcurrido el término para formular
el escrito de acusación,
podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral,
adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal
o del resto de acusadores personados.
Si se ejercita sólo la acción civil
que nace de un delito de los que pueden perseguirse
de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular
se considerará extinguida desde luego la acción penal.
Y pasamos por fin a las partes acusadas.
La parte acusada o acaso de ser varias las partes
acusadas en el proceso penal son las personas físicas o jurídicas
que cometieron en hipótesis el hecho delictivo.
El proceso se destina precisamente a convertir esta hipótesis
en una condena o en una absolución.
Respecto de ese hecho delictivo que se enjuicia en ese procedimiento.
Antes de entrar en el desarrollo
de quienes sean exactamente estas partes,
ha de advertirse que el proceso penal se instaura en algunas ocasiones
sin conocer la identidad de las partes acusadas.
En ese momento iniciático tan solo se tiene una primera certeza,
la comisión de unos hechos con apariencia delictiva,
que obviamente han sido cometidos por una persona física o jurídica,
pero se desconoce quién sea esa concreta persona.
El proceso penal, por tanto, a diferencia del civil,
puede instarse sin tener cabal conocimiento
desde el mismo inicio de quién cometió los hechos típicos.
En tal caso, esta primera fase, la instrucción,
se destina precisamente, además de otros cometidos,
a la averiguación de quién sea el responsable
de la comisión de este hecho delictivo.
Ahora bien,
el proceso no podrá proseguir a partir de un determinado momento
si no se logra identificar perfectamente a la persona o personas
a las que se asocia supuestamente,
porque recuérdese que el principio de presunción de inocencia
recorre todo el proceso penal de principio a fin
y tan solo la inocencia queda desvirtuada en sentencia firme
de condena, bueno, pues como digo, el proceso no podrá,
a partir de un determinado momento,
si no se logra identificar a la persona susceptible
de ser enjuiciada.
De ahí que si al término de la instrucción
no se hubiera logrado alcanzar.
La más perfecta identidad del supuesto autor
de la actuación típica,
entonces el proceso habría de archivarse provisionalmente
a la espera del surgimiento, en su caso del conocimiento,
de acontecimientos que permitiesen establecer una conexión entre uno
o varios sujetos que ya estuviesen perfectamente
identificados para con los hechos delictivos.
Comenzamos con las partes acusadas como personas físicas.
La parte acusada ha sido acreedora
a lo largo del tiempo de un sinfín de muy variadas nomenclaturas.
Sospechoso, investigado, denunciado, inculpado, imputado, acusado,
encausado, procesado, presunto autor del hecho delictivo,
reo y al término del proceso, condenado o absuelto.
El concreto momento de la imputación o atribución delictiva
se conecta cronológicamente con el exacto instante
del surgimiento del relevante derecho de defensa
y de todas las proyecciones que le son propias.
En este momento de la imputación delictiva,
este es el momento que permite además atribuir a su destinatario
ese estatus procesal de parte con todas las manifestaciones
del derecho de defensa expresamente enunciadas
y que hemos visto en los primeros programas
de esta serie en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que contiene, como se ha visto,
un estatuto básico, elemental, una declaración de mínimos elaborada
en la línea de nuestros homólogos comunitarios.
En el mismo momento de la atribución o imputación delictiva
surge el derecho de defensa con todas las proyecciones
o ramificaciones que hemos analizado.
La expresión investigado se refiere a dos situaciones bien distintas.
De un lado al sujeto respecto del que no existen indicios para que
se le atribuya todavía judicial
y formalmente la comisión de un hecho delictivo
y de otro a la persona ya sometida a la investigación en relación
con un determinado delito.
El encausado, por su parte,
será aquel a quien la autoridad judicial,
una vez concluida la instrucción de la causa,
imputa formalmente haber participado en la comisión de un hecho delictivo
concreto.
La expresión acusado
se refiere sencillamente a aquel contra el que se dirija
la acusación, sea pública por el Ministerio Fiscal,
particular o privada o popular.
Las partes acusadoras, que son personas jurídicas,
tienen algunas peculiaridades.
En primer lugar,
la responsabilidad penal ha sido tradicionalmente atribuida solo
a las personas físicas.
Recuérdese aquel axioma clásico
que decía "societas delinquere non potest".
Bueno, pues esto se ha revertido radicalmente
porque la Ley Orgánica 5-2010, por la que se modifica
la Ley Orgánica 10.995 del Código Penal,
operó una relevante reforma en este código sustantivo
e incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Y es que no podía consentirse que en un avanzado estado de derecho
como el nuestro, bajo la ficción, apariencia,
bajo el subterfugio o bajo el velo de una personalidad jurídica,
se cometiesen atropellos, nada menos que penales,
con absoluta impunidad.
Por tanto, el nuevo artículo, bueno, ya no tan nuevo,
puesto que, como digo, es del año 2010,
pero el artículo 31 bis del Código Penal establece
que las personas jurídicas serán penalmente responsables
de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas
y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales
o por aquellos que, actuando individualmente
o como integrantes de un órgano de la persona jurídica,
están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona
jurídica o ostentan facultades de organización y control
dentro de la misma.
También de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales
y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas,
por quienes estando sometidas a la autoridad
de las personas físicas recién mencionadas,
han podido realizar los hechos por haberse incumplido
gravemente por aquellos los deberes de supervisión,
vigilancia y control de su actividad
atendidas las circunstancias concretas del caso.
La Ley 1.015, por la que se modifica la legislación correspondiente
al Código Penal, también introduce una relevante novedad
en el apartado cuarto del artículo 31 bis del Código Penal, nada menos
que la exención o minoración de la responsabilidad penal
ante la acreditación de la adopción y ejecución
de un programa de cumplimiento.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad
si antes de la comisión del delito ha adoptado
y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión
que resulte adecuado para prevenir el delito
de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa
el riesgo de su comisión.
Los programas de cumplimiento cooperativo
constituyen novedosos modelos, planes y estrategias de prevención,
cuando menos de minoración del riesgo de materialización
de potenciales irregularidades o ilícitos atribuibles
a las personas jurídicas.
Estos programas de cumplimiento se encuentran en esencia integrados
por un conjunto de normas, principios, valores,
tanto éticos como jurídicos,
destinados a instaurar y a mantener una constante relación
de cooperación entre la empresa y la Administración de Justicia.
Basada en elementales principios de transparencia,
de confianza, de lealtad, que doten de seguridad jurídica
la actividad desarrollada en el seno cooperativo
por sus directivos, empresarios, trabajadores y clientes.
El fundamento esencial de estos programas de cumplimiento
reside en la instauración, en el fomento,
en la consolidación de un movimiento jurídico, ético y cultural nuevo,
el de la autorregulación, la cooperación y el cumplimiento,
cuyos principios vertebradores esenciales son la reciprocidad,
la transparencia, la colaboración, la confianza,
la lealtad, la proporcionalidad,
la buena fe y la búsqueda del entendimiento mutuo.
Los fines esenciales de estos programas de cumplimiento
han de identificarse con la estabilidad,
con la seguridad, con la predictibilidad
o previsibilidad de relaciones de los miembros de la empresa,
así como de otros, y con la evitación y minoración,
como es lógico, de la litigiosidad gracias a la exención o graduación
a la baja de la condena.
La implementación
y ulterior mantenimiento del programa de cumplimiento
corre a cargo de un oficial de cumplimiento,
de un responsable de cumplimiento,
que es una figura peculiar, paradigmática, nueva,
mitad de camino entre la vinculación privada y la empresa,
elegido mediante una especie de concurso interno
y su compromiso público con el Estado es el de observador,
vigilante, controlador, en apariencia imparcial,
de los riesgos supuestamente y de irregularidades o ilicitudes
que se puedan cometer en la empresa.
Este nombramiento, relación laboral,
estatuto jurídico, funciones, límites y responsabilidades
todavía no están bien perfilados, pero comienzan a perfilarse.
A la hora de delimitar el contenido sustantivo
del cumplimiento debe advertirse cuáles han sido
los consabidos delitos de ámbito nacional,
los principales riesgos o mejor aún,
las vías de incumplimiento a las que se enfrentan fundamentalmente
las empresas multinacionales.
Y pasamos, como última parte acusada, al responsable civil.
El responsable civil es la persona
frente a la que se dirige la pretensión civil
y que está puesta a la penal para la reclamación del daño,
restitución, en lo posible, de lo sustraído e indemnización,
en todo caso, del perjuicio ocasionado como consecuencia
de la comisión del hecho delictivo.
La responsabilidad civil será directa
cuando pueda dirigirse contra los autores
o, en su caso, contra los cómplices de hecho delictivo.
Se refiere a ella el artículo 116.1 del Código Penal
cuando determina que toda persona criminalmente responsable
de un delito lo es también civilmente.
Si del hecho se derivasen daños y perjuicios.
Son dos o más los responsables de un delito.
Si son dos o más, los jueces o tribunales
señalarán la cuota que deba corresponder a cada uno.
Esta responsabilidad civil directa también corresponde
a las compañías aseguradoras.
Así, el propio Código Penal
establece que los aseguradores que hubieran asumido
el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso
o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad,
cuando como consecuencia de un hecho previsto en este código
se produzca el evento que determina ese riesgo asegurado,
serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización
legalmente establecida o convencionalmente pactada,
sin perjuicio del derecho luego de repetición
que tengan contra quien corresponda.
La exención de la responsabilidad penal,
ya lo hemos dicho, no comporta la automática y paralela exención
de la responsabilidad civil, sino el desplazamiento
de esta última responsabilidad a un tercero que variará en función
de cuál sea la concreta causa de exención que concurra
en cada caso.
Las reglas del desplazamiento de la responsabilidad civil
son las siguientes.
En los casos de anomalía o alteración psíquica,
que no pueda comprender la ilicitud del hecho
o actuar conforme a esa comprensión y alteraciones en la percepción
desde el mismo nacimiento o desde la infancia,
cuando el presunto autor
tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad,
son también responsables por los hechos positivos.
Que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal
quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho,
siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte
y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa
que pudiera corresponder a los inimputables.
Los tribunales graduarán de forma equitativa la medida
en que deba responder con sus bienes cada uno de estos sujetos.
Son igualmente responsables, en vía civil se entiende,
el ebrio y el intoxicado, estado de intoxicación plena
por el consumo de bebidas alcohólicas, de drogas tóxicas,
de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas
u otras que produzcan efectos análogos,
siempre que no haya sido buscado con el propósito
de cometerla o no se hubiera previsto
o debido prever su comisión o se halle bajo la influencia
de un síndrome de abstinencia a causa de su dependencia
de tales sustancias que le impida comprender la ilícita del hecho
o actuar conforme a esa comprensión.
En el caso, en tercer lugar, de estado de necesidad
para evitar un mal propio o ajeno que lesione un bien jurídico
de otra persona o infrinja un deber,
serán civilmente responsables, serán responsables civiles directos
las personas en cuyo favor se haya precavido
el mal en proporción al perjuicio que se les haya evitado
si fuere estimable con otro caso en la que el tribunal establezca
según su prudente arbitrio.
En el caso del que obre impulsado por un miedo insuperable,
responderán principalmente los que hayan causado el miedo
y, en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho.
Finalmente, en el caso de error invencible
sobre un hecho constitutivo de la infracción penal que excluye
la responsabilidad penal, si el error,
atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor,
fuere invencible,
la infracción será castigada en su caso como imprudente.
Pero en todo caso, si el error atendido,
en todo caso serán responsables civilmente los autores del hecho.
También serán civilmente responsables en defecto de los que lo
sean criminalmente, según el Código Penal,
los curadores con facultad de representación plena
que convivan con la persona a quien prestan apoyo,
siempre que haya por su parte culpa o negligencia.
En segundo lugar, las personas naturales o jurídicas,
titulares de editoriales,
periódicos, revistas, estaciones de radio,
televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita,
hablada o visual por los medios cometidos utilizando
los medios de los que sean titulares.
También son responsables civilmente las personas naturales o jurídicas
en los casos de delitos
cometidos en los establecimientos de los que sean titulares,
cuando por parte de los que los dirijan o administran
o de sus dependientes o empleados se hayan infringido
los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad
que estén relacionadas con el hecho punible cometido
de modo que éste no se hubiese producido sin dicha infracción.
En cuarto lugar,
son responsables civilmente las personas naturales o jurídicas
dedicadas a cualquier género de industria o comercio
por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes,
representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones
o servicios.
Y, por último, las personas naturales o jurídicas titulares
de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros
o por los delitos cometidos en la utilización de aquellos
por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.
Muchas gracias por su atención.