Programa 7, las partes, el juez, competencia, las partes 2,
el juez, competencia objetiva, funcional y territorial.
Recordemos, se entiende por competencia
la concreción del exacto órgano jurisdiccional que está llamado
a conocer del conflicto dentro de cada orden jurisdiccional,
en este caso penal o militar,
y ello ahora por razón del objeto y los sujetos, competencia objetiva,
de la función, competencia funcional,
o del territorio, competencia territorial.
La atribución de la competencia se realiza, por tanto,
en función de tres criterios.
Por razón del objeto y, en su caso, del sujeto sometido a juicio,
como acabo de indicar, competencia objetiva.
Por razón de la función que está llamado
a desempeñar el juez o tribunal en cada fase del procedimiento,
competencia funcional.
Y, al fin, por razón del territorio en el que se suscita el conflicto
y debe ventilarse el proceso, competencia territorial.
El criterio de atribución referido a la competencia objetiva
evidencia la necesidad de examinar prioritariamente el sujeto demandado
y, a continuación, el objeto litigioso.
Para averiguar cuál sea exactamente, caso por caso,
el juez o jueza o tribunal competente.
Así,
si el sujeto demandado es una persona protegida por razón del cargo público
desempeñado en el momento del conflicto,
esto es, si se trata de un aforado,
y además ese concreto conflicto puede relacionarse
o conectarse precisamente con el ejercicio de ese cargo,
entonces la competencia corresponderá a tribunales superiores en grado,
en jerarquía o en rango.
El objeto habrá de ser examinado una vez descartado el aforamiento.
Recuérdese que el sujeto siempre es preferente frente
al objeto en la atribución de la competencia objetiva.
Entonces, si un determinado conflicto tuviera expresamente
atribuida la competencia por razón de la materia
a determinadas secciones de concretos tribunales,
por ejemplo, sección de violencia sobre la mujer,
sección de violencia contra la infancia y adolescencia,
sección de lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria.
Entonces, si tuviese prioritariamente atribuida la competencia
por razón de la materia, como digo, a estas secciones
de nuestros tribunales, entonces, en buena lógica,
tan solo a ellos corresponderá conocer del referido conflicto.
Otro tanto sucederá con las secciones de los tribunales
que asumen el conocimiento de determinadas clases de asuntos.
Previo acuerdo del Consejo General del Poder Judicial
en esas circunscripciones
donde existen más de un tribunal de la misma clase
a quienes corresponde, por razón de su especialización,
la resolución de este tipo de conflictos.
Comenzamos con la competencia objetiva.
Fuera de los casos,
expresa, ilimitadamente, atribuye en la Constitución
y en las leyes a jueces y tribunales determinados,
serán competentes.
Primero, para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve,
recuérdese que son infracciones penales
que la ley castiga con penas leves, como multas,
trabajos en beneficio de la comunidad o penas de prisión muy cortas.
Bien, pues serán competentes
para el conocimiento y fallo de estos delitos leves
la sección de instrucción de los tribunales de instancia,
salvo que corresponda a las secciones con competencia
en materia de violencia sobre la mujer
o de violencia contra la infancia y la adolescencia.
En segundo lugar, para la instrucción de las causas penales,
procesos penales ordinarios y especiales.
Será competente, como digo, para la instrucción,
la sección de instrucción del tribunal de instancia del partido
en el que el delito se hubiera cometido
o las secciones del tribunal de instancia con competencia
en materia de violencia sobre la mujer
o de violencia contra la infancia y la adolescencia
o, en su caso, el juez central de instrucción
respecto de los delitos que la ley determine.
En tercer lugar,
para el conocimiento y fallo de las causas por delitos
a los que la ley señala pena privativa
de libertad de duración no superior a cinco años o pena
de multa cualquiera que sea su cuantía o cualesquiera
otras de distinta naturaleza bien sean únicas,
conjuntas o alternativas siempre que la duración de éstas
no exceda de diez años así como por delitos leves
sean o no incidentales imputables a los autores de estos delitos
o a otras personas cuando la comisión del delito leve.
O su prueba estuvieran relacionados
con aquellos a las que corresponderá el conocimiento y fallo
como digo a la sección de lo penal del tribunal de instancia
de la circunscripción donde el delito fue cometido
o a las secciones con competencia para el conocimiento
en materia de violencia sobre la mujer
o de violencia contra la infancia y la adolescencia
o en su caso el juez central de lo penal
en el ámbito que les propio sin perjuicio de la competencia
de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia con competencia
en materia de guardia, de lugar,
de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad
o de las secciones con competencia en la instrucción
en materia de violencia sobre la mujer
o de violencia contra la infancia y la adolescencia competentes,
así como de las secciones de instrucción de los delitos
de instancia competentes para dictar sentencia.
Bien, para el conocimiento y fallo
de las causas en el resto de casos es competente la audiencia provincial
de la circunscripción donde el delito haya sido cometido
o la audiencia provincial correspondiente a la circunscripción
del Tribunal de Violencia sobre la Mujer
o en su caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
No obstante, en los supuestos de competencia
de la audiencia provincial,
si el delito fuese de los atribuidos al tribunal
del jurado, el conocimiento y fallo corresponderá,
como ya se ha analizado en programas anteriores,
a este.
Las secciones de los tribunales de instancia en materia de violencia
sobre la mujer tendrán competencia específica para conocer
de los siguientes asuntos.
Primero, de la instrucción de los procesos
para exigir responsabilidad penal por los delitos
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio,
aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad,
delitos contra la integridad moral,
contra la libertad de indemnidad sexual,
contra la intimidad y el derecho a la propia imagen contra el honor
o cualquiera otro delitos cometidos con violencia o intimidación siempre
que se hubieran cometido contra quien sea
o haya sido su esposa o mujer que está o haya estado ligada
al autor por análoga relación de afectividad
aún sin convivencia así como los cometidos
sobre sus descendientes propios o de la esposa o conviviente
o sobre los menores o personas con discapacidad que con él convivan
o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela,
acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente
cuando también se hayan producido actos de violencia de género.
En segundo lugar,
de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal
por cualquier delito contra las relaciones familiares
cuando la víctima sea alguna de las personas
a las que me acabo de referir.
De la adopción de las correspondientes órdenes
de protección a las víctimas sin perjuicio de las competencias
atribuidas al juez o jueza de guardia.
Del conocimiento y fallo de los delitos leves
que se les atribuya cuando la víctima sea alguna de las personas
a las que me he referido.
También para dictar sentencia de conformidad con la acusación
en los casos establecidos en la ley.
Y de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal
por el delito de quebrantamiento de condena
cuando la persona ofendida por el delito cuya condena,
medida cautelar o medida de seguridad
se hayan quebrantado sean precisamente la esposa o mujer
que esté o haya estado ligada al autor por análogo a relación
de afectividad aún sin convivencia,
así como los descendientes propios o de la persona conviviente
o sobre menores o personas con discapacidad o con medidas
de apoyo que con él convivan o que se hayan sujetos
a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho
de la esposa o conviviente,
así como cuando la persona ofendida lo sea por alguno de los delitos
expresamente señalados.
De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal
por los delitos contra la libertad sexual expresamente previstos
en el Código Penal, los delitos de mutilación genital femenina,
matrimonio forzado, acoso con connotación sexual,
trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida
por el delito sea una mujer.
Las secciones de violencia contra la infancia
y la adolescencia conocerán, en el orden penal,
de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos
previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal
por los delitos recogidos expresamente,
como es lógico en el Código Penal,
y relativos a las siguientes acciones.
Primero, homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto
cometidas contra niños, niñas y adolescentes.
Delitos contra la libertad, delito de torturas
y contra la integridad moral, delitos contra la intimidad,
el derecho a la imagen, a la inviolabilidad,
el domicilio, delito contra la libertad,
delito contra el honor, delitos contra las relaciones familiares
y cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación
cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.
Delito de trata de seres humanos cuando al menos una de las víctimas
sea niño, niña o adolescente.
Y también de la instrucción de los procesos
para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento
cuando la persona ofendida por el delito,
cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad,
se haya quebrantado, sea niño, niña o adolescente.
Las secciones de violencia contra la infancia
y la adolescencia serán igualmente competentes
para la adopción de medidas cautelares legalmente previstas
que aseguren la protección de las víctimas menores de edad
sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia.
También para el conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuye
la ley cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.
También para dictar sentencia de conformidad
con la acusación en los casos en los que la ley lo establezca
y para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
que la ley les atribuya.
Hay un criterio preferencial.
En caso de que los hechos objeto de instrucción
por la sección de violencia contra la infancia y adolescencia
también pudieran ser conocidos por la sección de violencia
sobre la mujer, la competencia corresponderá en todo caso
a esta segunda sección.
Con carácter general, en los tribunales de instancia
las secciones de instrucción o las secciones únicas
extenderán su jurisdicción a un partido judicial.
Y estas secciones, estas secciones de instrucción o secciones únicas,
conocerán en el orden penal de las siguientes funciones.
Primero, de la instrucción de las causas por delito
cuyo enjuiciamiento corresponda a las audiencias provinciales
y a las secciones de lo penal de los tribunales de instancia.
Excepto de la instrucción de aquellas causas
que sean de la competencia de las secciones de violencia
sobre la mujer o de la sección de violencia contra la infancia
y de la adolescencia a las que me acabo de referir.
Segundo, les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad
con la acusación en los casos legalmente establecidos
y en los procesos por aceptación de decreto.
En tercer lugar, conocimiento y fallo de los juicios por delito leve,
salvo que lo sean con competencia de jueces, juezas de paz,
secciones de violencia sobre la mujer o sección de violencia
contra la infancia y la adolescencia.
En cuarto lugar, del procedimiento de habeas corpus.
En quinto,
de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas
por los jueces y juezas de paz y las cuestiones de competencia,
entre otros.
También de la adopción, de la orden de protección
a las víctimas de violencia sobre la mujer.
Infancia adolescencia cuando éste desarrollando funciones de guardia
siempre que no pueda ser adoptada
por el juez jueza magistrado magistrada de la sección de violencia
sobre la mujer o de la sección correspondiente
que asuma después inmediatamente el conocimiento de estos asuntos
también de la misión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales de la unión europea
que la ley les atribuya del procedimiento de comiso autónomo
por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes
y asimismo las secciones de instrucción y las secciones únicas
conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros
en los centros de internamiento así como del control de la estancia
de estos en los mismos y las salas de inadmisión de fronteras
y también conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos
cuando afecten a sus derechos fundamentales.
En la Villa de Madrid
y con jurisdicción en todo el territorio nacional existirá
un Tribunal Central de Instancia que contará en materia penal
con las siguientes secciones.
Primero, sección de instrucción.
Que instruirá las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso,
a la Sección de lo Penal del propio Tribunal Central de Instancia
y tramitará los expedientes de ejecución de las órdenes europeas
de detención y entrega,
también los procedimientos de extradición pasiva,
los relativos a la emisión y ejecución de otros instrumentos
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales
en la Unión Europea que les atribuye a la ley,
así como las solicitudes de información entre los servicios
de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea
cuando requieran autorización judicial en los términos
legalmente previstos.
En la sección de Instrucción, los jueces y juezas de Garantías
conocerán de las peticiones de la Fiscalía Europea relativas
a la adopción de medidas cautelares personales, la autorización de actos
que supongan limitación de derechos fundamentales,
cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial
y demás supuestos que expresamente se determinen en la ley.
Igualmente conocerán de las impugnaciones que establezca
la ley contra los decretos de los fiscales europeos
delegados.
Contará además
este Tribunal Central de Instancia en materia penal
con una sección de lo penal que conocerá en los casos
en los que así lo establezcan las leyes procesales
de las causas por los delitos a los que se refiere el artículo 65,
que son precisamente los atribuidos a la Audiencia Nacional
y los demás asuntos que se señalen en las leyes.
Corresponde asimismo a esta sección de lo penal
la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave
o menos grave por la sección de instrucción.
Del propio Tribunal Central de Instancia
y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos
para cuyo conocimiento sean competentes.
En tercer lugar, contará el Tribunal Central de Instancia
con una sección de menores que conocerá de las causas
que se le atribuyan por la parte de la legislación reguladora
de la responsabilidad penal de los menores,
así como la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
que igualmente le estén atribuidos por ley.
En cuarto lugar, la sección de vigilancia penitenciaria,
que tendrá funciones jurisdiccionales
previstas precisamente en la Ley General Penitenciaria,
descritas además en su artículo 92.
También la competencia para la emisión y ejecución
de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales
en la Unión Europea,
que les atribuye a la ley y demás funciones
legalmente estipuladas en relación con los delitos de la competencia
de la Audiencia Nacional.
En todo caso, la competencia de esta sección será preferente y excluyente
cuando el penado cumpla también con otras condenas
que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional
conocerá del enjuiciamiento,
salvo que corresponda en primera instancia
a la sección de lo penal del Tribunal Central de Distancia,
de las causas por los siguientes delitos.
Delito contra el titular de la corona,
su consorte, su sucesor o sucesora,
altos organismos de la nación y forma de gobierno.
Falsificación de moneda, fabricación de tarjetas de crédito
y débito falsas, cheques de viajero falsos
o cualquier otro instrumento de pago distinto al efectivo siempre
que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales defraudaciones
y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan
o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil
en la economía nacional o perjuicio patrimonial
en una generalidad de personas con el territorio de más
de una audiencia.
En cuarto lugar, tráfico de drogas o estupefacientes,
fraudes alimenticios o alimentarios,
de sustancias farmacéuticas o medicinales,
siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan
efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias.
Delitos cometidos fuera del territorio nacional,
conforme a las leyes o los tratados que corresponda a su enjuiciamiento,
como es lógico a los tribunales españoles,
delitos atribuidos a la Fiscalía Europea,
cuando aquella hubiese decidido ejercer su competencia,
y delitos de contrabando de material de defensa,
de otros materiales y de productos de tecnología
de doble uso.
En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
extenderá su competencia al conocimiento
de los delitos conexos con los que acabo de señalar.
También de los delitos penales iniciados en el extranjero,
de la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros
o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros
cuando, en virtud de un tratado internacional, corresponda a España
la continuación de un procedimiento penal incoado en el extranjero,
la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento
de una pena o medida de seguridad privativa de libertad,
salvo en aquellos casos en que la ley de enjuiciamiento criminal.
La Ley Orgánica del Poder Judicial
atribuye algunas de estas competencias a otro órgano
de la jurisdicción penal.
De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal
derivadas del cumplimiento de tratados internacionales
en los que España sea parte,
de los recursos respecto de los instrumentos
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales
en la Unión Europea que les atribuye a la ley,
y la resolución de procedimientos judiciales de extradición pasiva,
según cuál sea el lugar de residencia en que hubiera tenido lugar
la detención del afectado por este procedimiento.
También de los recursos establecidos en la ley contra sentencias
y otras resoluciones de la sección de lo penal,
de la sección de instrucción, incluidas sus funciones
como jueces de garantías en los delitos
de los que conozca la Fiscalía Europea
y de la sección de menores y del Tribunal Central de Instancia.
También de los recursos contra resoluciones dictadas
por la sección de vigilancia penitenciaria
del Tribunal Central de Instancia de conformidad con lo dispuesto
en su disposición adicional quinta
de los procedimientos de decomiso autónomo
por delitos para cuyo conocimiento sean competentes
y también de cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
El Tribunal del Jurado,
como institución para la participación
de los ciudadanos en la Administración de Justicia,
tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos
atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra ley
respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas.
Primero, delitos contra las personas.
Segundo, delitos cometidos por funcionarios públicos
en el ejercicio de sus cargos.
Tercero, delitos contra el honor.
Cuarto, delitos contra la libertad y la seguridad.
Dentro del ámbito de enjuiciamiento
previsto en este apartado al que me acabo de referir,
el tribunal del jurado será competente
para el conocimiento y fallo de los siguientes delitos.
Homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro,
allanamiento de morada e infidelidad en la custodia de documentos,
cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos,
fraudes y exacciones ilegales,
negociaciones prohibidas a funcionarios,
infidelidad en la custodia de presos.
El tribunal del jurado se celebrará solo
en el ámbito de la audiencia provincial
y, en su caso, de los tribunales que correspondan
por razón del aforamiento del acusado.
En todo caso, quedan excluidos de la competencia del jurado
los delitos cuyo enjuiciamiento venga expresamente atribuido
a la audiencia nacional y a aquellos cuya competencia
haya sido asumida por la Fiscalía Europea.
Las audiencias provinciales conocerán en el orden penal
de las causas por delito a excepción de los que la ley
atribuya al conocimiento de las secciones de lo penal
de los tribunales de instancia o de otros tribunales
previstos en la legislación de los recursos que establezca
la ley contra resoluciones dictadas por las secciones de instrucción
y de lo penal de los tribunales de instancia
de la provincia para el conocimiento de los recursos contra resoluciones
de las secciones de instrucción de los tribunales de instancia
en juicio por delitos leves la audiencia se constituirá
con un solo magistrado o magistrada mediante un turno de reparto
el que corresponda de los recursos que establezca la ley
contra las resoluciones en materia penal
dictadas por las secciones de violencia sobre la mujer
o por las secciones de violencia contra la infancia
y la adolescencia.
A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos
y atendiendo al número de asuntos existentes,
deberán especializarse una o varias secciones de conformidad
con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta especialización se extenderá a esos supuestos
en que corresponda a la Audiencia Provincial
el enjuiciamiento judicial.
En primera instancia de asuntos instruidos
por las secciones de violencia sobre la mujer,
por las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia
y por las secciones de instrucción de los tribunales de instancia
de la provincia o en los procedimientos
en los que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes
o víctimas de violencia sobre la mujer.
Las audiencias provinciales también conocerán de los recursos
contra las resoluciones de la sección
de menores de los tribunales de instancia con sede en la provincia
y de las cuestiones de competencia entre los mismos.
También de los recursos que establezca la ley
contra las resoluciones de las secciones de vigilancia penitenciaria
de los tribunales de instancia cuando la competencia
no corresponda a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional
y de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos
para cuyo conocimiento sean competentes.
La Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá como Sala
de lo Penal del conocimiento de las causas penales
que los Estatutos de Autonomía reserven al conocimiento de estos
Tribunales Superiores de Justicia.
También de la instrucción y fallo de las causas penales contra jueces,
magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos
cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma,
siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones
dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales,
así como el de todos esos que están previstos en las leyes.
Y la decisión de las cuestiones de competencia
entre órganos jurisdiccionales del orden penal
con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.
También de los procedimientos de decomiso autónomo por delitos
para cuyo conocimiento sean competentes.
Por fin, la Sala de lo Penal,
Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo,
conocerá, primero, de los recursos de casación,
revisión y otros extraordinarios en materia penal,
de la instrucción y enjuiciamiento de las causas
contra el presidente del Gobierno.
Los presidentes del Congreso y del Senado.
El presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial.
El presidente del Tribunal Constitucional.
Miembros del Gobierno.
Diputados y senadores.
Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Magistrados del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo.
Presidente de la Audiencia Nacional.
Y de cualesquiera de sus salas,
de los Tribunales Superiores de Justicia,
Fiscal General del Estado,
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo , Fiscal Europeo,
Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas,
Presidente y Consejeros del Consejo de Estado
y Defensor del Pueblo, así como de las causas en su caso
que se determinen en los Estatutos de Autonomía.
También conocerá la Sala II del Tribunal Supremo,
Sala de lo Penal,
de la Instrucción y Enjuiciamiento de las Causas
contra
Magistrados de la Audiencia Nacional , de un Tribunal Superior de Justicia
o de los Fiscales Europeos Delegados.
Conocerá también
de los demás asuntos que la Ley Orgánica del Poder Judicial
le atribuye y de los procedimientos de decomiso autónomo por delitos
para cuyo conocimiento sea competente.
Una sala especial,
formada por el presidente del Tribunal Supremo,
los presidentes de sala y el magistrado más antiguo
y el más moderno de cada una de ellas,
conocerá además en el orden penal de la instrucción y enjuiciamiento
de las causas contra los presidentes de sala
o contra los magistrados de una sala cuando sean juzgados
todos o la mayor parte de los que la constituyen.
Y con esto hemos concluido, por fin,
la competencia objetiva y pasamos a la competencia funcional.
El criterio de atribución referido a la competencia funcional
evidencia la posibilidad de reconocer,
a lo largo de la sustanciación del procedimiento,
el juez o jueza, magistrado o magistrada,
competente para asumir cada una de las relevantes decisiones parciales
que integran el recorrido hasta la resolución final.
Así, el examen, la admisión o denegación,
en su caso la decisión,
entre otros extremos, sobre pruebas anticipadas,
actos de investigación, medidas cautelares,
cuestiones prejudiciales, pruebas principales,
recursos y la misma ejecución.
La ley de enjuiciamiento civil, en este caso,
fija un criterio de atribución general muy simple al juez competente
para conocer de la cuestión principal.
El tema residente en un proceso determinado
le corresponde de forma coetánea y coherente la competencia
para conocer también de todos sus incidentes.
Se lo establece en su artículo 61
cuando dice que, salvo disposición legal en contrario,
el tribunal que tenga competencia para conocer de un proceso
la tendrá también para resolver sobre todos sus incidentes,
para llevar a efecto sus providencias y autos que dictase
y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones
que aprobare.
Naturalmente, esta premisa legal no se encuentra exenta
de excepciones, tal y como sucede, por ejemplo,
con la resolución de los recursos devolutivos
a cargo de un tribunal superior, distinto, siguiente,
si se prefiere de más elevado grado,
al que dictó la resolución objeto de impugnación.
El artículo 9 de la línea de acusamiento criminal
establece en este sentido que los jueces y tribunales
que tengan competencia para conocer de una causa determinada
la tendrán también para conocer de todas sus incidencias,
llevar a efecto todas sus providencias de tramitación
y para la ejecución de las sentencias
sin perjuicio de lo que legalmente se establezca
como alguna excepcionalidad a este principio general.
Los criterios de atribución son los siguientes.
Primero, por fases procedimentales.
En este sentido, corresponden a las siguientes secciones
del Tribunal de Instancia la fase de instrucción.
Fase de instrucción,
sección de instrucción de los Tribunales de Instancia,
sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia
sección de violencia sobre la mujer,
sección de violencia contra la infancia y la adolescencia
y en el proceso penal de menores la fase de instrucción, recuérdese,
no corresponde a la jurisdicción sino al Ministerio Fiscal.
La fase intermedia.
En la fase intermedia dependemos de cuál sea el procedimiento
en el que nos encontremos incursos.
En el procedimiento abreviado, en el procedimiento ante el tribunal
del jurado y en los juicios rápidos corresponde la competencia funcional
para conocer de la fase intermedia al mismo tribunal que ha conocido
de la fase de instrucción.
Sin embargo, en el proceso penal ordinario
por delitos graves corresponderá conocer de esta fase intermedia
a la audiencia provincial y en el proceso penal
de menores corresponderá conocer de esta fase intermedia
la sección de menores del tribunal de instancia.
La fase de enjuiciamiento o juicional corresponde
a los siguientes tribunales.
Sección de instrucción de los tribunales de instancia,
sección de violencia sobre la mujer,
sección de violencia sobre la infancia y la adolescencia,
sección de menores de los tribunales de instancia,
recuérdese, son competentes para el conocimiento o el juicio oral
por los delitos cometidos por mayores de 14 años, menores de 18,
salvo que se trate de delitos de terrorismo,
en cuyo caso será competente la sección de menores del tribunal
central de instancia.
También la sección penal de los tribunales de instancia,
que será competente para conocer de los delitos con pena privativa
de libertad inferior a 5 años o pena de multa,
cualquiera que sea su cuantía o cualesquiera
otras de distinta naturaleza,
siempre que, en este último caso, la duración no exceda de 10.
La audiencia provincial en los demás casos,
la audiencia provincial o tribunales
que sean competentes por razón del aforamiento del investigado
para el conocimiento del juicio oral en determinados tipos de delitos
que se constituyen ante el tribunal del jurado,
la sección de lo penal del tribunal central
de instancia con las materias que tiene expresamente atribuidas
y que ya hemos visto y por último la audiencia nacional
con las materias que expresamente tiene atribuidas.
Pasamos, por último,
dentro de los criterios de atribución de la competencia funcional,
a la fase de impugnación.
La audiencia provincial tiene competencia funcional
para el conocimiento de los recursos de apelación y queja
contra las resoluciones dictadas por las secciones de instrucción,
por las secciones de violencia sobre la mujer
y la sección de violencia sobre la infancia y adolescencia,
secciones de lo penal, sección de menores,
sección de vigilancia penitenciaria de los tribunales de instancia
de la provincia.
Los Tribunales Superiores de Justicia,
en su sala de lo civil y penal, tienen competencia funcional
para el conocimiento del recurso de apelación contra los autos
que supongan finalización del proceso por falta de jurisdicción
o sobreseguimiento libre y contra las sentencias dictadas
por las audiencias provinciales en primera instancia.
También para el conocimiento del recurso de apelación
contra las sentencias dictadas en el ámbito de la audiencia.
Provincial y en primera instancia por el magistrado presidente
del Tribunal del Jurado y contra los autos dictados
por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado resolutorios
de los artículos de previo pronunciamiento.
La Audiencia Nacional, en su sala de lo penal,
tiene competencia funcional para el conocimiento
de los recursos de apelación y queja contra las resoluciones de la sección
de lo penal de la sección de instrucción,
incluidas sus funciones como jueces de garantía
en los delitos de los que conozca la Fiscalía Europea,
de la sección de menores y de la sección
de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia.
La Audiencia Nacional, en su sala de apelación,
tiene competencia funcional
para el conocimiento del recurso de apelación contra los autos
que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción
o sobreseguimiento libre
y las sentencias dictadas por las salas de lo penal
de la Audiencia Nacional.
Por último, el Tribunal Supremo,
en su sala segunda, sala de lo penal,
tiene competencia funcional
para el conocimiento del recurso extraordinario de casación
contra las sentencias dictadas en única instancia
o en apelación por la sala de lo civil y penal
de los Tribunales Superiores de Justicia
y contra las sentencias dictadas por la sala de apelación
de la Audiencia Nacional.
En su fase de ejecución corresponde a las secciones de lo penal
de los tribunales de instancia la ejecución de las sentencias
dictadas en causas por delito grave o menos grave
por las secciones de instrucción, en las causas por delito grave
o menos grave por las secciones de violencia
sobre la mujer y secciones de violencia contra la infancia
y la adolescencia, también el reconocimiento y ejecución
de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.
Transmitidas por las autoridades competentes
de otros Estados miembros de la Unión Europea
cuando las mismas deban cumplir se en territorio español
y los procedimientos de decomiso autónomo por delitos
para cuyo conocimiento sean competentes.
También para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
que la ley les atribuya.
Corresponde, sin embargo,
a la sección de lo penal del Tribunal Central de Instancia
la ejecución de las sentencias dictadas en causa por delito grave
o menos grave
por la sección de instrucción del propio Tribunal Central de Instancia
y los procedimientos de decomiso autónomo por delitos
para cuyo conocimiento sean competentes.
Corresponde a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional
la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros
o el cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros
cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España
la continuación de un procedimiento penal incoado en el extranjero,
la ejecución de una sentencia penal extranjera
o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa
de libertad en aquellos casos
en que esta ley atribuya alguna de esas competencias
a otro órgano jurisdiccional penal.
Pasamos, por fin, a la competencia territorial.
¿Qué es el último criterio de atribución de la competencia?
El criterio de atribución referido a la competencia territorial,
como puede desprenderse de su primer enunciado,
se residencia en la circunscripción, en la demarcación,
en el territorio.
Ese es el elemento distintivo entre unos tribunales y otros,
todos ellos igualmente competentes por razón del objeto
y también por razón de la función, a expensas ya tan solo,
de quedar determinados por razón del lugar donde se deba ventilar
el conflicto.
Recuérdese cuál es nuestra pirámide en la jurisdicción penal.
En el ámbito estatal, primero está el Tribunal Supremo,
a continuación Audiencia Nacional, Tribunal Central de Instancia.
De ámbito autonómico, los Tribunales Superiores de Justicia.
De ámbito provincial,
Audiencias Provinciales y los Tribunales de Instancia
con sus secciones de lo penal, de menores
y de vigilancia penitenciaria.
Dentro del ámbito del Partido Judicial.
El Partido Judicial,
como todos sabemos, es una zona geográfica
que agrupa dos o más municipios limítrofes pertenecientes todos ellos
a una misma provincia.
Dentro de este ámbito del Partido Judicial,
tribunales de instancia, secciones de instrucción de violencia
sobre la mujer, de violencia contra la infancia
y la adolescencia.
Y ya dentro del ámbito municipal, jueces y juezas de paz.
Vamos con los fueros territoriales.
El fuero principal es el denominado Forum Comissi Delicti o lugar
de comisión del hecho delictivo.
Para la instrucción de las causas será competente
la sección de instrucción del Tribunal de Instancia del partido
en el que el delito se hubiera cometido.
En su defecto.
Cuando no conste el lugar en el que se ha cometido ese delito,
serán jueces y tribunales competentes,
en su caso para conocer de la causa o juicio,
el del término municipal partido
circunscripción en que se hayan descubierto las pruebas materiales
del delito.
El del término municipal, partido circunscripción
en que el presunto reo haya sido aprehendido.
En tercer lugar,
el de la residencia del presunto reo.
En cuarto lugar, cualquier lugar en el que se hubiese tenido noticia
del delito.
Si se suscita competencia entre estos jueces o tribunales,
se decidirá dando preferencia por el orden
con el que están expresados en los números que preceden.
Tan pronto como conste el lugar en el que se hubiese cometido
el delito, el juez o tribunal que estuviera conociendo
de la causa acordará inhibición en favor del competente,
poniendo en su caso a los detenidos a disposición del mismo
y acordando remitir en la misma resolución
las diligencias y los efectos ocupados.
En el caso de que se trate de alguno de los delitos
cuya instrucción o conocimiento corresponda al juez de violencia
sobre una mujer, la competencia territorial
vendrá determinada por el lugar de domicilio de la víctima,
sin perjuicio de la adopción de la orden de protección
o de medidas urgentes que pudiera adoptar con carácter,
como digo, muy urgente el juez correspondiente
al lugar de la comisión de los hechos.
Bien,
vamos a ver ahora la competencia en el caso de delitos conexos.
La jurisdicción ordinaria
será la competente para juzgar los reos de los delitos conexos
siempre que alguno esté sujeto a ella,
aun cuando los demás sean aforados.
Esto se entiende sin perjuicio de las excepciones expresamente consignadas
en el Código Penal, en leyes especiales,
singularmente en las leyes penales de guerra y marina
respecto de determinados delitos.
Cada delito da lugar a la formación de una única causa.
No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados
en la misma causa
cuando la investigación y la prueba en su conjunto
de los hechos resulten convenientes precisamente para el esclarecimiento
y la determinación, esclarecimiento de los hechos y determinación
de las responsabilidades procedentes,
salvo que supongan una excesiva complejidad
o una gran dilación para este proceso.
A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución
de la competencia se consideran delitos conexos
los siguientes.
Primero, los cometidos por dos o más personas reunidas.
Segundo, los cometidos por dos
o más personas en distintos lugares y tiempos
si hubiere precedido un concierto para ello.
En tercer lugar, los cometidos como medio para perpetrar otros
o para facilitar su ejecución.
En cuarto lugar, los cometidos para procurar la inmunidad
de otros delitos.
En quinto lugar, los delitos de favorecimiento real y personal
y blanqueo de capitales respecto al delito antecedente.
Los cometidos por diversas personas
cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos.
Los delitos que no sean conexos,
pero hayan sido cometidos por la misma persona
y tengan analogía o relación entre sí,
cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial,
podrán también ser enjuiciados en la misma causa,
a instancia del Ministro Fiscal, si la investigación
y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes
para su esclarecimiento
y para la determinación de las responsabilidades procedentes,
salvo que de nuevo puedan suponer una excesiva complejidad
o dilación del proceso.
La competencia de los tribunales de instancia,
sección de violencia sobre la mujer,
se extenderá a la instrucción y conocimiento
de los delitos conexos.
Por último, vamos a analizar la falta de jurisdicción o competencia.
El artículo 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
recordemos, nos dice que la jurisdicción criminal
es improbable.
Por tanto, los actos procesales serán nulos de pleno derecho
en los casos siguientes.
Primero, cuando se produzcan por o ante tribunal con falta
de jurisdicción o con falta de competencia objetiva o funcional.
En segundo lugar,
cuando se realicen bajo violencia o intimidación.
En tercer lugar,
cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento siempre
que por esa causa se haya podido producir o se haya producido,
de hecho, más bien, una indefensión.
Cuando se realice sin intervención de abogado
en los casos en los que la ley considere que imponga
su preceptiva intervención.
Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención
del letrado o letrada de la Administración de Justicia
y también en los demás casos en los que las leyes procesales
así lo establezcan.
Vamos a ver las cuestiones de competencia penal.
Las cuestiones de competencia entre tribunales
de un mismo orden jurisdiccional se resolverán
por el órgano inmediato superior común conforme a las normas
establecidas en las leyes procesales.
En la resolución en la que se declare la falta de competencia
se expresará el órgano judicial competente
al que corresponda entonces la competencia.
Las cuestiones de competencia
que se promuevan entre tribunales de la jurisdicción ordinaria
se sustanciarán conforme a las reglas que procedo a detallar.
Los órganos inferiores acatan.
Por tanto, cuando un tribunal rehúsa el conocimiento de una causa
o reclama para sí el conocimiento de la que otro tuviere y haya duda
acerca de cuál de ellos es el competente,
es decir, cuando hay una cuestión de competencia negativa o positiva,
entonces si no resulta.
Acuerdo a la primera comunicación que con tal motivo se dirigen,
pondrán el hecho, sin dilación,
en conocimiento de su superior jerárquico
por medio de una exposición razonada para que este superior jerárquico,
tras oír al Ministerio Fiscal y a las partes personadas,
en comparecencia que se celebrará en las 24 horas siguientes,
decida en el acto lo que estime oportuno sin ulterior recurso.
Bien, cuando la cuestión surja en la fase de instrucción,
cada uno de los tribunales continuará practicando en todo caso,
hasta tanto se dirima definitivamente la controversia,
las diligencias conducentes a la comprobación del delito,
a la averiguación e identificación de los posibles culpables,
a la protección de los ofendidos o perjudicados por el mismo,
debiendo remitirse recíprocamente a ambos tribunales testimonio
de lo actuado y comunicarse cuantas diligencias
vayan practicando.
El segundo escenario es que el juez superior
ordena.
Ningún juez de las secciones de instrucción,
de lo penal, central de instrucción o de lo penal,
podrá promover cuestiones de competencia
a las audiencias respectivas, sino exponerles,
oído el Ministerio Fiscal por plazo de un día,
las razones que tenga para creer que le corresponde el conocimiento
del asunto.
El letrado de la Administración de Justicia
o letrado a la vista de la exposición y antecedentes al Ministerio Fiscal
y a las partes personadas por plazo de dos días
y luego de oídos todos el tribunal, sin más trámite,
resolverá dentro del tercer día lo que estime procedente
comunicando esta resolución al juez que le haya expuesto
para su conocimiento.
Bien, cuando algún juez de las secciones de instrucción,
de lo penal o central de instrucción o de lo penal viniera entendiendo
de causa atribuida la competencia de las audiencias respectivas,
se limitarán éstas a ordenar a aquel,
oído al Ministerio Fiscal y a las partes
personadas por plazo de dos días,
que se abstenga de conocer y le remita inmediatamente
las actuaciones.
Terminado el sumario, toda cuestión de competencia
que se promueva suspenderá los procedimientos hasta la decisión
de la misma.
El artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece en este sentido que no podrán suscitarse cuestiones
de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí.
El Tribunal Superior siempre fijará en todo caso,
sin ulterior recurso, su propia competencia
oídas las partes del Ministerio Fiscal por plazo común
de diez días.
Acordado lo procedente, recabarán las actuaciones
del Tribunal Inferior o le remitirán las que se hayase conociendo.
Vamos a ver ahora, por último, y muy rápidamente,
la falta de competencia.
Si durante el sumario
o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal
el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes
entendieran que el Tribunal de Instancias,
Sección de Instrucción, no tiene competencia para actuar en la causa,
podrán reclamar ante el Tribunal Superior
a quien corresponda,
el cual, previo a los informes que estimen necesarios,
resolverá de plano y sin ulterior recurso.
Puede reclamar para sí la competencia.
El tribunal que se considera competente deberá promover
la competencia,
pero puede rechazar o rehusar para sí esa competencia.
El tribunal que se considere incompetente acordará la inhibición
en favor del tribunal competente
cuando considere que el conocimiento de la causa no le corresponde,
aunque sobre ello no haya precedido reclamación de los interesados
ni del Ministerio Fiscal.
Entretanto, no recaiga decisión judicial firme
resolviendo definitivamente la cuestión promovida
o aceptando la competencia,
el tribunal de instancia, sección de instrucción
que acuerde la inhibición en favor de otro de la misma clase,
seguirá practicando todas las diligencias necesarias
para comprobar el delito, averiguar e identificar
a los posibles culpables, proteger a los ofendidos
o perjudicados por el mismo.
Y a este efecto, la resolución que inicialmente
acuerde la inhibición expresará esta circunstancia
y a ella acompañará únicamente el testimonio de las actuaciones.
Una vez dirimida la cuestión
o aceptada la competencia por resolución firme,
el letrado de la Administración de Justicia
remitirá los autos originales y las piezas de convicción
al tribunal que finalmente resulte competente.
El Ministerio Fiscal
y las partes promoverán la competencia por inhibitoria
o por declinatoria.
El uso de uno de estos medios excluye el del otro,
así durante la sustanciación de la competencia
como una vez que ésta se haya terminada.
La inhibitoria se propondrá ante el tribunal que se repute
positivamente competente.
La declinatoria, sin embargo,
se propondrá ante el tribunal que, sin embargo,
se repute incompetente.
Muchas gracias por su atención.
Damos por finalizado este programa.