6.
Profesionales colaboradores de la jurisdicción,
letrados y letradas
de la Administración de Justicia, Policía Judicial,
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia,
abogados, abogadas, procuradores, procuradoras, graduados
y graduadas sociales, Ministerio Fiscal.
Los letrados de la Administración de Justicia
son funcionarios públicos que constituyen un cuerpo superior
jurídico único de carácter nacional al servicio
de la Administración de Justicia dependiente
del Ministerio de Justicia
y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad,
ostentando la dirección de la Oficina Judicial.
Los funcionarios del cuerpo de letrados
de la Administración de Justicia
serán seleccionados mediante convocatoria
del Ministerio de Justicia a través de los sistemas
de oposición, que será el sistema ordinario de ingreso
o de concurso oposición libre, que tendrá carácter excepcional
y en el que las pruebas de conocimiento
tendrán un contenido análogo al de la oposición libre.
Ambos procedimientos deberán garantizar en todo caso
los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de publicidad.
Los funcionarios de la Administración de Justicia
desempeñarán sus funciones
con sujeción al principio de legalidad
e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia
en el ejercicio de la fe pública judicial,
así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica
en todas las demás que se les encomienden en esta ley
y en las normas de procedimiento respectivo,
así como en su reglamento orgánico.
De ahí que estén sujetos a similar régimen retributivo
que puede analizarse en los artículos 447 y 448
de la Ley Orgánica del Poder Judicial e idénticas causas de abstención
y recusación a las previstas para los jueces y magistrados.
Los letrados de la Administración de Justicia,
por tanto, deberán abstenerse
en los casos establecidos para los jueces y magistrados,
si no lo hicieren podrían ser recusados,
así como también tendrán un régimen disciplinario propio.
Los detrados de la Administración de Justicia,
en garantía de estos principios de legalidad e imparcialidad,
estarán sujetos a las mismas incapacidades,
incompatibilidades y prohibiciones de los jueces y magistrados,
con la sola excepción de la referida a pertenecer
a partidos políticos o sindicatos o tener empleo a su servicio,
así como la de concurrir a cualesquiera actos
o reuniones públicos que no tengan carácter judicial.
Los letrados de la Administración de Justicia
asumen funciones muy variadas,
tanto de dirección de la oficina judicial
como de dación de la fe pública judicial,
certificación, impulso, ordenación, tramitación, procesal,
archivo, depósito, gestión de tributos
e incluso estadística judicial.
La actividad de la Oficina Judicial
se realizará a través de los servicios comunes,
que comprenderán los servicios comunes de tramitación
y, en su caso, aquellos otros servicios comunes que se determinen
donde se integran los puestos de trabajo
vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos.
Los servicios comunes podrán estructurarse en áreas
a las que se dotará de los correspondientes
puestos de trabajo y, si el servicio lo requiere, en equipos.
La dirección de cada servicio común
corresponde a un letrado o letrada de la Administración de Justicia,
de quien dependerá funcionalmente el resto de los letrados y letradas
de la Administración de Justicia
y el personal destinado en los puestos de trabajo en aquel
que se ordene y que, en otro caso, deberá ser suficiente
y adecuado a las funciones que se les encomiende.
Los servicios comunes asistirán a jueces y juezas para el ejercicio
de las funciones que les son propias,
realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento
de cuantas resoluciones se dicten.
Los jueces y juezas podrán requerir en todo momento a la Oficina Judicial
cuanta información consideren necesaria sobre los procedimientos
cuyo contenido tengan atribuido.
Se entiende por servicio común de tramitación
aquella unidad de la oficina judicial que realiza todas las funciones
requeridas para la ordenación del procedimiento para el cumplimiento
de estas funciones el tribunal supremo la audiencia nacional
cada tribunal superior de justicia cada audiencia provincial
cada tribunal de instancia así como cada tribunal central
de instancia serán asistidos por un servicio común de tramitación
de la correspondiente oficina judicial.
Las oficinas judiciales
en los municipios son unidades que, sin estar integradas exactamente
en la estructura de la oficina judicial,
se constituyen en el ámbito de la organización
de la Administración de Justicia para la prestación de servicios
a la ciudadanía de los respectivos municipios.
En cada municipio donde no tenga su sede un tribunal de instancia,
existirá una oficina de justicia que prestará servicios
en la localidad donde se encuentre ubicada.
En ella, el juez o jueza de paz dispondrá de recursos
y espacios suficientes y adecuadamente señalizados.
En las oficinas de justicia de los municipios se prestarán,
entre otros, los siguientes servicios.
Primero, la asistencia al juez o jueza de paz del municipio
en el ejercicio de las funciones que tenga atribuidas legalmente.
Segundo, la práctica de actos de comunicación procesal
con quienes residan en ese municipio o municipios
para los que prestan sus servicios siempre que los mismos
no se hayan podido practicar por medios electrónicos.
Y, en tercer lugar, los que, en calidad de oficinas colaboradoras
con el registro civil,
se establezcan en la ley o por vía reglamentaria.
Los letrados de la Administración de Justicia
asumen con exclusividad
y plenitud el ejercicio de la fe pública judicial,
que se concretará de un lado en la acreditación,
mediante actas y diligencias,
de todos los actos y hechos con trascendencia procesal,
tanto físicos como electrónicos,
así como de otro, en la habilitación de las partes para comparecer
en juicio mediante su apoderamiento apus acta.
Los letrados de la Administración de Justicia,
en el ejercicio de la función de dación de fe,
dejarán constancia fehaciente de la realización
de los actos procesales en el tribunal o ante éste,
y también de la producción de hechos con trascendencia procesal
mediante oportunas actas y diligencias.
Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o de reproducción,
las vistas se podrán desarrollar sin la intervención del letrado
de la Administración de Justicia en los términos previstos en la ley,
pero en todo caso el letrado de la Administración de Justicia
garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado
y reproducido.
Asimismo, los letrados de la Administración de Justicia,
en el ejercicio de su función de dación de fe,
autorizarán y documentarán
el otorgamiento de poderes para pleitos en los términos
establecidos en las leyes procesales.
Los letrados de la Administración de Justicia
asumirán funciones también de certificación,
de impulso y de ordenación procesal.
Los letrados de la Administración de Justicia
expedirán, por tanto, certificaciones o testimonios
de las actuaciones judiciales no declaradas secretas
ni reservadas a las partes como expresión de su destinatario
y el fin para el que se solicitan.
Estos letrados de la Administración de Justicia
dictarán, asimismo, en las distintas fases
del procedimiento, diligencias, decretos y acuerdos
según cuál sea la función que tengan encomendada de impulso
o de ordenación.
Los letrados de la Administración de Justicia,
cuando así lo prevean las leyes procesales,
tendrán competencias en las siguientes materias.
Ejecución, salvo aquellas competencias que se excetúen
por las leyes procesales por estar específicamente reservadas
para jueces y magistrados.
En segundo lugar, jurisdicción voluntaria,
asumiendo su tramitación y su resolución
sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.
En tercer lugar, la conciliación,
llevando a cabo una labor mediadora que le resulta propia.
En cuarto lugar, tramitación
y, en su caso, resolución de los procedimientos monitorios.
En quinto, mediación.
Y en sexto, cualesquiera otras funciones
que las leyes prevean específicamente.
Finalmente, los letrados de la Administración de Justicia
asumirán funciones tan variadas
como el archivo judicial de gestión y libros de registro,
el depósito de los bienes y objetos afectos a expedientes judiciales,
así como el de las piezas de convicción en las causas penales.
En tercer lugar, la gestión de los tributos que les
sea encomendada en la normativa específica
y, por último, la estadística judicial.
Pasamos a analizar ahora la figura de los profesionales colaboradores
de la jurisdicción correspondiente a la Policía Judicial.
El artículo 126 de la Constitución española establece
que la Policía Judicial depende de los jueces de los tribunales
y también del Ministerio Fiscal en sus funciones
de averiguación del delito y descubrimiento
y aseguramiento del delincuente en los términos que la ley
establezca.
La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los tribunales
y al Ministerio Fiscal, como he dicho,
en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento
y aseguramiento del delincuente o de los delincuentes.
Esta función competirá cuando fueren requeridos
para prestarla a todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado, tanto si dependen del Gobierno central
como de las comunidades autónomas o incluso de los entes locales
dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
establece este régimen orgánico y funcional de la Policía Judicial.
Así, los funcionarios adscritos a unidades de Policía Judicial
en el cumplimiento de sus funciones
dependerán orgánicamente del Ministerio del Interior
y funcionalmente de los jueces, tribunales o Ministerio Fiscal
que estén conociendo de un asunto objeto de investigación.
Pasamos ahora a analizar los profesionales colaboradores
de la jurisdicción funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia.
La ley orgánica del Poder Judicial dentro de los cuerpos de funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia
distingue entre cuerpos generales y cuerpos especiales.
Los denominados cuerpos generales son aquellos cuyo cometido
consiste esencialmente en tareas de contenido procesal,
sin perjuicio de la realización de algunas funciones administrativas,
y son los siguientes.
Primero, el cuerpo de gestión procesal y administrativo.
La titulación exigida para acceso a este cuerpo
es la de diplomado universitario, ingeniero, técnico,
arquitecto técnico o equivalente.
El cuerpo de tramitación procesal y administrativa
para el acceso a este cuerpo
se exigirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente.
El cuerpo de auxilio judicial
para cuyo ingreso se exigirá estar en posesión del título de graduado
en ESO o equivalente.
Los denominados cuerpos especiales son, sin embargo, aquellos
cuyo cometido supone esencialmente el desempeño de funciones objeto
de una profesión o titulación específica
y pueden concretarse en los siguientes.
Primero, el cuerpo de médicos forenses.
Para el acceso al cuerpo de médicos forenses
se exige estar en posesión de los títulos oficiales
de licenciado o graduado en medicina y especialista
concretamente en medicina forense.
El cuerpo de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses.
Para el ingreso en este cuerpo se deberá ser licenciado o egresado
en una carrera universitaria o grado en Ciencias Experimentales
y de la Salud.
El cuerpo de técnicos especialistas
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Para acceso a este cuerpo se exigirá estar
en posesión del título de técnico superior en formación profesional
o equivalente de las familias profesionales que se determinen
en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos
de conformidad con el contenido de los puestos de trabajo
que se ofrezcan.
En cuarto lugar, el cuerpo de ayudantes
del laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses.
Para el acceso a este cuerpo se exigirá estar
en posesión del título de técnico de formación profesional
o equivalente de las familias profesionales que se determinen
en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos
de conformidad con el contenido de los puestos de trabajo
que se oferten.
Pasamos a los profesionales colaboradores de la jurisdicción,
los abogados.
Corresponden exclusiva la denominación y función de abogado
según la ley orgánica del Poder Judicial al licenciado,
ahora graduado o egresado en Derecho,
que ejerza profesionalmente la dirección y defensa
de las partes en toda clase de procesos
o el asesoramiento y consejo jurídico.
La relevancia de la asistencia letrada en la práctica totalidad
de procesos de todos los órdenes jurisdiccionales,
elevada además a la categoría de derecho fundamental,
todos tienen derecho a la asistencia letrada,
por tratarse además de una razonable proyección
del derecho a la tutela judicial efectiva
y en su reverso del derecho de defensa,
pues se encuentra su fundamento esencial
en razones de especialización,
de conocimiento científico y técnico,
así como de pericia en todas y cada una de las fases,
tanto previas al proceso como las propiamente procesales.
Desde el inicial asesoramiento jurídico respecto a la conveniencia
de iniciar o no un proceso judicial hasta la posterior selección
de los hechos relevantes realmente pertinentes y relevantes
con preparación oportuna de su prueba puntual acomodo
en el ordenamiento jurídico
pasando por la preparación de las distintas fases procedimentales
con todas sus finalidades
todas ellas orientadas a lograr a veces el complejo convencimiento
del juez o jueza respecto de esa concreta asunción fáctica
e interpretación jurídica, siempre en beneficio
de los legítimos intereses de sus clientes
o patrocinados.
Esta preceptiva asistencia letrada resulta fundamental a su vez
para dotar de agilidad, de seriedad, de rigor, de tecnicismo,
de profundidad y de imprescindible contenido jurídico,
legal, jurisprudencial y doctrinal a los procesos judiciales
sustanciados con una noble aspiración a alcanzar la igualdad procesal
de todos los contendientes en un proceso,
sea contencioso, sea voluntario, pero todos ellos celebrados ante
nuestra Administración de Justicia.
La Ley Orgánica 5-2024,
de 11 de noviembre, de Derecho de Defensa,
establece determinadas normas tanto reguladoras
de la profesión de la abogacía como de sus garantías esenciales
para que su ejercicio profesional suponga una efectiva caución
de la defensa de las personas.
El acceso a las profesiones de abogado y procurador
requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos.
Primero, estar en posesión del título universitario oficial
de licenciatura o grado en Derecho.
Segundo, acreditar la superación del curso de formación
especializada comprensivo del conjunto de competencias necesarias
para el ejercicio de la abogacía y la procura.
Tercero, superar la prueba de evaluación final acreditativa
de la capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía
y la procura.
La relación que conecta o vincula al abogado con su cliente es,
como se verá con mayor detalle en los programas correspondientes
al proceso civil,
es de un contrato de arrendamiento de servicios.
Cuando la elección privada de este profesional
sea la de su expresa confianza,
esto es, sea una designación personal libre y directa.
Ahora bien, la insuficiencia de recursos económicos para litigar,
o en otro caso, la no designación de abogado
en los procesos donde su intervención resulte preceptiva,
en los penales, por ejemplo, requiere o confiere a sus beneficiarios
o desertores un derecho o deber respectivamente a ser
en todo caso defendido por un abogado de oficio.
La defensa de un interés público, sea del Estado,
sea de una comunidad autónoma, también conlleva,
como es lógico,
que sea un abogado del Estado o un abogado
de esa respectiva comunidad autónoma
quien deba asumir la defensa de los derechos e intereses generales
concretamente comprometidos
en ese proceso.
Una vez establecida esta clasificación,
nos vamos a centrar ahora en el Estatuto Jurídico de la Abogacía.
Al Real Decreto 135-2021,
por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española,
en este Real Decreto se regulan en esencia los derechos,
deberes, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidad
disciplinaria de los abogados.
Como derechos más relevantes de los profesionales de la abogacía,
entre tantos otros, por poner tan solo dos ilustrativos ejemplos
relativos a la imperiosa necesidad de recabar.
Del cliente manteniendo la confidencialidad necesaria
cuanta información y documentación
resulte relevante para el ejercicio de su función
o el derecho a realizar libremente publicidad de sus servicios,
con pleno respeto a la legislación sobre publicidad,
defensa de la competencia y competencia desleal,
han de destacarse de un lado los referentes
a su libertad e independencia y de otro a la lógica percepción
de unos honorarios.
Bien como una proyección lógica de esta libertad
e independencia al profesional de la abogacía tendrá plena libertad
para aceptar o rechazar la dirección de cualquier asunto que le sea
encomendado pudiendo cesar en su intervención profesional
cuando surjan discrepancias con su cliente
y deberá hacerlo en todo caso cuando concurran circunstancias
que puedan afectar a su independencia y libertad en la defensa
o al deber de secreto profesional.
Los abogados tienen derecho, como es lógico,
a una contraprestación económica por los servicios prestados,
así como el reintegro de los gastos ocasionados en el proceso.
La cuantía de los honorarios será libremente convenida
entre el cliente y el profesional con respecto a las normas
deontológicas y sobre defensa de la competencia y competencia desleal.
Los profesionales de la Abogacía, en su condición de garantes
de la efectividad de los derechos constitucionales
de acción, derecho a la tutela judicial efectiva
y de defensa, están obligados a participar,
a colaborar y a cooperar con la Administración de Justicia
asesorando, conciliando y defendiendo en derecho
los intereses que les sean confiados.
En su intervención ante los órganos jurisdiccionales,
estos profesionales de la abogacía
deberán además abstenerse en su conducta por imperativo,
además de este estatuto, a la buena fe,
a la prudencia y a la lealtad.
La forma de su intervención deberá guardar
el debido respeto a estos órganos
y a los restantes profesionales de la abogacía defensores
de las demás partes,
con quienes además deben mantener en todo caso una recíproca lealtad
y un respeto mutuo.
La confianza y confidencialidad en las relaciones con sus clientes
imponen finalmente al profesional de la abogacía,
de conformidad con lo establecido en su propia ley orgánica,
el deber y derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos
o noticias de que conozcan de cualquier modalidad
por razón de su profesión, no pudiendo ser obligados
a declarar sobre ellos.
El profesional de la abogacía está obligado,
además, a no defender intereses en conflicto con aquellos
cuyo asesoramiento o defensa le haya sido encomendada
o con los suyos propios y a no defraudar, desde luego,
la confianza de su cliente.
El ejercicio de la abogacía,
según establece el Estatuto de la Abogacía,
es incompatible con el desempeño en cualquier concepto de cargos,
funciones o empleos al servicio del Poder Judicial,
de la Administración estatal, autonómica o local,
de las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas
cuya normativa reguladora así lo imponga.
También es incompatible con la actividad de auditoría de cuentas
en los términos legalmente previstos y con cualesquiera
otras actividades que se declaren expresamente incompatibles por norma
con rango de ley.
Los abogados están sujetos en el ejercicio de su profesión
a responsabilidad civil, penal y disciplinaria según proceda.
Pasamos a hablar de los procuradores.
Cuando un ciudadano acude ante los tribunales
para resolver su conflicto, necesita, por regla general,
de la intervención de dos profesionales.
El abogado que le defiende, nos hemos referido a él hace unos minutos,
y el procurador que le representa.
Corresponde exclusivamente a los procuradores
la representación de las partes en todo tipo de procesos,
salvo cuando la ley autorice otra cosa.
Dentro de las limitaciones que las leyes dispongan,
los procuradores y procuradoras podrán realizar actos de comunicación
a las partes, así como actos de cooperación,
auxilio y colaboración con la Administración de Justicia.
Por delegación del juez, jueza o tribunal,
podrán también realizar actuaciones materiales propias
del proceso de ejecución,
en los términos establecidos legalmente,
que en todo caso excluirán las ejecuciones hipotecarias
de vivienda habitual,
así como las derivadas de procesos en materia de familia,
las de desahucio por impago de rentas o cantidades
debidas en viviendas habituales
y los lanzamientos de ocupantes de finca con posterioridad
a la subasta de la misma, si esta era la vivienda habitual.
Los procuradores son los profesionales del derecho
especializados en derecho procesal, concretamente en el procedimiento
y tramitación procedimental de los procesos judiciales,
y a ellos incumbe la representación de las personas físicas o jurídicas,
sea en una posición activa o pasiva,
así como la correcta transmisión de las comunicaciones
de las partes entre sí, así como de éstas con el tribunal.
La relevancia de este profesional
en cuanto a la tramitación procesal o procedimental
de los procesos es tal al igual que acontece
por los demás con sus homólogos respecto de la tramitación sustantiva
que son los abogados que su intervención resulta preceptiva
en la práctica totalidad de conflictos jurídicos
canalizados a través de nuestros tribunales de justicia.
La profesión de procurador podrá ejercerse
cuando, una vez superado el grado en Derecho,
realice una formación especializada, el máster de la Abogacía y Procura,
supere una prueba de acceso a la profesión convocada
por el Ministerio de Justicia
y se incorpore a su colegio profesional.
Al igual que los abogados,
los procuradores desarrollarán su actividad con libertad
e independencia,
pero con estricta sujeción a las normas deontológicas
que disciplinan el ejercicio de su profesión
y a lo ordenado en la ley, en el Estatuto General,
en los estatutos de los consejos de colegios
de cada comunidad autónoma, particulares de cada colegio
y en las demás normas que resulten aplicables.
La profesión de procurador finalmente es incompatible
con el ejercicio de la función judicial o fiscal,
cualquiera que sea su denominación o grado,
con el desempeño del secretariado de los tribunales
y con todo empleo o función auxiliar
o subalterna en el órgano jurisdiccional.
También es incompatible con el ejercicio de la abogacía,
con el desempeño de cargos, funciones o empleos públicos
de la Administración de Justicia y con cualquier otro empleo
remunerado en los colegios de procuradores y abogados.
Pasamos a hablar de los graduados sociales.
En los procedimientos laborales y de la seguridad social,
la representación técnica podrá ser ostentada
por un graduado social o graduada social debidamente
colegiado al que le serán de aplicación
las obligaciones inherentes a su función
de acuerdo con lo dispuesto en su propio ordenamiento jurídico
y en la ley orgánica del Poder Judicial.
Y finalizamos este tema
con una analítica del Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal o Ministerio Público
es una institución autónoma del Estado que tiene por misión,
de un lado, vigilar, inspeccionar, controlar o, si se prefiere,
velar por el correcto funcionamiento de los tribunales
y de las restantes instituciones del Estado,
así como, de otro, promover la acción de la justicia en defensa
de la legalidad.
De los derechos de los ciudadanos con especial intensidad
además de los más vulnerables o desfavorecidos,
de las personas más débiles de la sociedad
y también del interés público tutelado por la ley.
La Constitución Española inserta al Ministerio Fiscal
en el título correspondiente al Poder Judicial al advertir
que el Ministerio Fiscal
ejerce sus funciones por medio de órganos propios
y queda insertado como dídogo en ese título sexto
del Poder Judicial.
Y esto lo hace en coherencia con la ubicación sistemática
y el dictado constitucional que luego señala que el Ministerio Fiscal
es un órgano de relevancia constitucional
con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional
en el poder judicial
y ejerce su misión por medio de órganos propios
conforme a los principios de unidad, de actuación y dependencia jerárquica
y con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad.
Como vemos, existen una serie de interferencias
entre el Ministerio Fiscal y el Poder Ejecutivo,
y es que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey
a propuesta del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial.
Además, eligiéndose entre juristas españoles
de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional.
El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta
del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial,
como digo, eligiéndose entre juristas españoles
de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo
de su profesión.
Pero no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años
anteriores haya sido nombrado titular de un ministerio,
de una secretaría de Estado o de una consejería de gobierno autonómico,
ni quien haya sido elegido titular de la presidencia
de una corporación local
o haya tenido la condición de diputado,
de senador o miembro del Parlamento Europeo
o de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma.
Como segunda interferencia, podemos destacar que el Gobierno
podrá interesar del Fiscal General del Estado
que promueva entre los Tribunales las actuaciones pertinentes
en orden a la defensa del interés público.
Y, por último,
el Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados
las órdenes e instrucciones convenientes al servicio
y al ejercicio de las funciones tanto de carácter general
como las referidas a asuntos específicos.
Cuando dichas funciones se refieran a asuntos que afecten directamente
a cualquier miembro del Gobierno, el Fiscal General del Estado
deberá oír con carácter previo a la Junta de Fiscales de Sala.
Para ser nombrado miembro del Ministerio Fiscal se requerirá
ser español, mayor de 18 años, doctor
o licenciado, ahora graduado o egresado en Derecho
y no hallarse comprendido en ninguna de las causas
legalmente establecidas.
El ingreso en la carrera fiscal se hará por oposición libre
entre quienes reúnan las condiciones de capacidad
exigidas en la ley que se realizará conjuntamente,
como he dicho antes, con la del ingreso en la carrera judicial
en los mismos términos previstos en la ley orgánica del Poder Judicial
y a los que nos hemos referido en el programa anterior.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal enumera los órganos
del Ministerio Fiscal y son concretamente los siguientes.
El Fiscal General del Estado,
Consejo Fiscal, Junta de Fiscales de Sala,
Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas,
la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía del Tribunal Constitucional
, la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
las Fiscalías Especiales, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas,
que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
de este Tribunal, la Fiscalía Jurídico-Militar,
las Fiscalías de las Comunidades
Autónomas, las Fiscalías Provinciales,
las Fiscalías de Área y la Unidad de Protección de Datos
del Ministerio Fiscal.
El nuevo artículo 439-SEXI es de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
incorpora a la Oficina Fiscal,
que es una organización nueva de carácter instrumental
que sirve de soporte y apoyo a la actividad fiscal.
Bien, el Estatuto Orgánico del Poder Judicial
, perdón, del Ministerio Fiscal,
enumera taxativamente a modo de números apertos
y, por tanto, sin perjuicio de las demás funciones
que el ordenamiento jurídico estatal le llegue a atribuir,
las funciones del Ministerio Fiscal
que podrían clasificar se para un estudio sistemático
y ordenado en dos grandes bloques susceptibles,
además de una segunda división por razones
de su divergente temática.
El primer bloque es el relativo a su función
constitucionalmente encomendada de velar por la independencia
de los tribunales
y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
En el marco de la actuación general de los jueces y tribunales
integrados en el Poder Judicial, corresponde, por tanto,
al Ministerio Fiscal, primero, velar porque la función jurisdiccional
se ejerza eficazmente conforme a las leyes
y en los plazos, en los términos señalados,
ejercitando en su caso las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
En segundo lugar, ejercer cuantas funciones le atribuya
la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
En tercer lugar, mantener la integridad
de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales,
promoviendo los conflictos de jurisdicción,
en su caso, las cuestiones de competencia
que resulten procedentes e intervenir en las promovidas
por los otros.
Cuarto lugar,
velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales
que afecten al interés público o social.
Y en quinto lugar,
promover o en su caso prestar auxilio judicial internacional,
el que esté previsto en las leyes, tratados y convenios
internacionales.
Además, en el marco de actuación específica
de los tribunales enmarcados fuera del Poder Judicial,
corresponde al Ministerio Fiscal, en primer lugar,
intervenir en los procesos judiciales de amparo,
así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos
y.
Previstos y en la forma previsto por la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
En segundo lugar, interponer el recurso de amparo constitucional,
así como intervenir en los procesos de que conoce
el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad
en la forma que las leyes establezcan.
En tercer lugar, intervenir en los supuestos
y en la forma prevista en las leyes y en los procedimientos
ante el Tribunal de Cuentas.
Y en cuarto lugar,
velar por el respeto de las instituciones constitucionales,
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
con cuantas actuaciones exija su defensa.
Pasamos con esto al segundo bloque relativo
a la función constitucionalmente encomendada de promover la acción
de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos
de los ciudadanos y del interés público
tutelado por la ley que corresponde al Ministerio Fiscal.
Y para ello vamos a subdividirlo en órdenes jurisdiccionales.
En el orden penal, son funciones del Ministerio Fiscal las siguientes.
En primer lugar,
ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de los delitos,
sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía Europea
para ejercer la acción penal y solicitar la apertura
del juicio oral por los delitos contra los intereses financieros
de la Unión Europea que asuma de acuerdo con su normativa
u oponerse a las ejercitadas por otros cuando proceda.
En segundo lugar, es función del Ministerio Fiscal en el proceso penal
intervenir en este proceso penal
instando de la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares
que procedan, la práctica de diligencias
de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos
o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito
de lo dispuesto por la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores pudiendo ordenar
a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime
oportunas.
En tercer lugar, ejercer en materia de responsabilidad penal
de menores las funciones que le conviene la legislación específica,
debiendo orientar su actuación a la satisfacción
del interés superior del menor.
Y en cuarto lugar,
velar por la protección procesal de las víctimas
y también por la protección de testigos y peritos,
promoviendo los mecanismos previstos para que reciban ayudas
y asistencia efectivas.
Es sin embargo misión del Ministerio Fiscal,
ya en el orden jurisdiccional civil,
tomar parte en defensa de la legalidad
y del interés público social
en los procesos relativos al Estado civil y en los demás procesos
que establezca la ley.
También intervenir en los procesos civiles
que la ley determine cuando esté comprometido el interés social.
O cuando puede afectar a personas menores
o con discapacidad en tanto se les provee,
precisamente en el proceso judicial,
de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica
en condiciones de igualdad,
para interactuar en condiciones de igualdad con los demás.
En el orden contencioso administrativo y laboral
es misión del Ministerio Fiscal defender igualmente la legalidad
de los procesos contenciosos administrativos y laborales
que prevean su intervención.
La propia Constitución española, en su artículo 124,
predica del Ministerio Fiscal su actuación
conforme a los principios de unidad de actuación
y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso
a los principios de legalidad e imparcialidad.
Dentro de esta declaración general hemos de distinguir de un lado
los principios de organización estructural interna u orgánicos
referidos a su organización adintra,
así como a la posición que debe ocupar cada uno de los miembros
dentro de esta jerarquizada estructura, principios de unidad
y dependencia jerárquica
y todos ellos.
Respecto, distinguirlos, como digo,
respecto de aquellos otros principios referidos, sin embargo,
a una actuación adestra o a atributos que debe caracterizar
al Ministerio Fiscal e incluso presidir su actuación
en el exterior,
como son los de legalidad e imparcialidad.
El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado.
Esta unidad de actuación, precisada para ser efectiva y eficaz
en sus objetivos de una estricta dependencia orgánica,
conlleva la actuación coordinada compaginada,
metódica, sistemática de todos los fiscales españoles,
sin que por tanto puedan incurrir entre ellos
en incompatibilidades, dispersiones, ni mucho menos en contradicciones
respecto de los mismos temas o de similares temas.
El principio de unidad de actuación ha de orientarse y cristalizar,
en esencia, en la difícil, dificilísima conquista jurídica
de lograr una interpretación unívoca del ordenamiento jurídico
que habrá de ser compartida, en esta homogeneidad,
por la totalidad de fiscales que integran el Ministerio Público.
Para lograr este noble objetivo de actuación única,
armónica, conjunta, coordinada, resulta preciso establecer
un segundo e ineludible principio de organización interna,
que es el de dependencia jerárquica,
cuya manifestación esencial reside en la coherente obligación
impuesta a todos los fiscales inferiores de acatamiento
de las instrucciones y decisiones de sus superiores.
La actuación única y coordinada del Ministerio Fiscal
habrá de ajustarse, como es lógico,
de forma estricta al principio de legalidad.
Así lo dispone también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Por el principio de legalidad, el Ministerio Fiscal
actuará con sujeción a la Constitución,
a las leyes y demás normas que integran
el ordenamiento jurídico vigente,
dictaminando, informando y ejercitando, en su caso,
las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente
actuadas en la medida y en la forma en que las leyes lo establezcan.
El Ministerio Fiscal está sometido al principio de legalidad
por cuanto su actuación encontrará asiento siempre y en todo caso
en el ordenamiento jurídico.
Si bien este relevante principio de legalidad
ha venido complementándose con otro principio,
el denominado principio de oportunidad.
La primera proyección legal vigente de este segundo principio
de oportunidad se ha manifestado en el proceso penal
de menores, donde precisamente el Ministerio Fiscal
asume la instrucción o dirección de la investigación.
Si bien la Ley Orgánica 5.2000,
reguladora de la responsabilidad penal de menores,
no inserta un criterio de oportunidad.
Puro, absoluto, incondicional, sino otro reglado,
insertado en la ley.
Quiero esto decir que queda condicionado
a que la ley previamente permita llevar a cabo esas actuaciones
al Ministerio Fiscal.
Y se concreta en las siguientes acciones.
El desistimiento del expediente por corrección
en el ámbito educativo familiar.
Por tanto, el Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación
de un expediente atendiendo a la gravedad y circunstancias
de los hechos y del menor, de modo particular
a la falta de violencia o intimidación graves
en la comisión, de los hechos y a la circunstancia
de que además el menor se haya ya conciliado con la víctima
o haya asumido el compromiso de reparar el daño a la víctima
o al perjudicado por el delito o se haya comprometido
a cumplir la actividad educativa propuesta para él
por el equipo técnico en su informe.
Asimismo, el Ministerio Fiscal, en difícil
pero no imposible concierto con la dependencia jerárquica.
Como con la propia y curiosa parte imparcial,
que en verdad es una parte objetiva,
costenta en un buen número de procesos,
actuará conforme al más elemental principio
de imparcialidad, objetividad y neutralidad,
puesto que su propio estatuto orgánico también establece
que por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará
con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses
que le están encomendados.
Por último, los miembros del Ministerio Fiscal.
Hemos de reseñar que no podrán ser recusados.
Y ello precisamente por la anomalía, o si se prefiere,
por la paradoja que supondría recusar a una parte.
El Fiscal General del Estado
y los demás miembros del Ministerio Fiscal
se abstendrán, eso sí, de intervenir en los procesos o causas
cuando les afecten algunas causas de abstención establecidas
para los jueces y magistrados en la ley orgánica
del Poder Judicial en cuanto les sean de aplicación.
Las partes intervinientes en los referidos procesos o causas
también podrán acudir al superior jerárquico del fiscal.
De qué se trate, interesando que en esos casos
se ordene su no intervención en el proceso.
Y con esto damos por concluida esta unidad,
este programa referido a los órganos colaboradores
de la jurisdicción.
Muchas gracias por su atención.