Programa 4.
Jurisdicción 3.
Extensión y límites.
Vamos a hablar de la competencia judicial internacional.
Bajo este título se engloban,
se estudian los supuestos de atribución de la jurisdicción
a los distintos tribunales, en nuestro caso a los españoles,
para conocer de esos asuntos conflictivos
donde se encuentra comprometido algún elemento extranjero,
sea personal, sea territorial o sea institucional.
La extensión y límites de la jurisdicción española
o si se prefiere la competencia judicial internacional
de nuestros tribunales se encuentra regulada en reglamentos europeos
y convenios internacionales de los que España
es parte.
Y también en nuestra legislación interna, artículos 36 a 39
de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y 22 a 22 nonies de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
siendo prioritaria siempre la normativa internacional
y en su defecto la interna.
El Reglamento de la Unión Europea.
1215-2012, conocido como Reglamento Bruselas I bis,
es el instrumento más relevante para fijar estos criterios
de atribución o de distribución legal de la jurisdicción
a los distintos estados de la Unión Europea en aplicación
del artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
donde se establece lo siguiente.
La Unión Europea desarrollará una cooperación judicial
en asuntos civiles con repercusión transfronteriza
basada en el principio de reconocimiento multilateral mutuo
de las resoluciones judiciales y extrajudiciales.
Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas
de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias
de los distintos Estados miembros.
Los criterios de atribución de la competencia, denominados fueros
o, si se prefiere, foros, regulados en este Reglamento Bruselas bis 1,
son esencialmente cuatro.
Primero, los fueros legales imperativos o exclusivos.
Segundo, los fueros de sumisión voluntaria, expresa o tácita,
a los que también se conoce como de prórroga de competencia,
por permitir un cambio de la competencia
legalmente establecida que quedará extinguida
ante esa nueva, voluntaria y distinta institución.
Elección preprocesal o procesal según dicha modulación competencial
haya sido adoptada antes del surgimiento del conflicto
o al propio tiempo de canalizarse su resolución
por los tribunales.
El tercer criterio de atribución es el fuero del domicilio del domandado
y el cuarto los fueros específicos por razón de la materia.
El orden de prioridad es exactamente este al que me acabo de referir.
Comenzamos con los fueros legales imperativos o exclusivos.
Los fueros de competencia exclusiva, legales, imperativos, exclusivos,
como digo, Se encuentran regulados en el artículo 24
de este Reglamento Bruselas 1bis y son, con total independencia
del domicilio de las partes, los siguientes.
Son números clausos.
En materia de derechos reales inmobiliarios
y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles,
son los órganos judiciales del Estado miembro donde ese inmueble
se encuentra ubicado.
En materia de validez, nulidad o disolución de sociedades,
de personas jurídicas,
así como en materia de validez de decisiones de sus órganos,
los órganos jurisdiccionales que deben conocer
son los del Estado miembro en el que la sociedad o persona jurídica
está domiciliada.
En materia de validez de las inscripciones
en los registros públicos los órganos jurisdiccionales
lo serán los del Estado miembro en el que se encuentre
el registro.
En materia de inscripciones o validez de patentes,
marcas, diseños o dibujos y modelos,
así como otros derechos análogos sometidos a depósito o registro,
los órganos jurisdiccionales del Estado
en los que se haya solicitado,
efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro
en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión
o en algún convenio internacional.
En quinto lugar,
en materia de ejecución de las resoluciones judiciales,
los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar donde deban
ser ejecutados.
Y pasamos con ello
a los fueros de sumisión voluntaria, expresa o tácita,
a los que se conoce, como he dicho,
de prórroga de competencia.
En defecto de esos fueros legales
imperativos a los que me acabo de referir,
el Reglamento Bruselas bis 1 permite la sumisión expresa o tácita
de los litigantes.
Bajo el título prórroga de competencia
reconoce primero la sumisión expresa
al advertir que si las partes con independencia
de su domicilio han acordado que un órgano jurisdiccional
o los órganos jurisdiccionales de un estado
miembro en concreto sean competentes para conocer
de cualquier litigio que haya surgido
o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica
tal órgano jurisdiccional
o tales órganos jurisdiccionales serán competentes
a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho
en cuanto a su validez material según el derecho
de ese Estado miembro.
Esta competencia será exclusiva salva pacto en contrario entre las partes.
En defecto de esta sumisión expresa también cabe la tácita,
entendiendo por tácita la inferida de la libre actuación
y voluntaria actuación de las partes,
que se estimará cumplida para el demandante por el mero
hecho de interponer la demanda y por parte del demandado
por su sola comparecencia cuando ésta no se refiera precisamente a oponerse
a esa atribución de la jurisdicción o por impugnarla.
Así, el propio reglamento
Bruselas bis 1 también establece que con independencia de los casos
en los que su competencia resulte de otras disposiciones
de este reglamento, será competente el órgano jurisdiccional
de un Estado miembro ante el que comparezca el demandado.
Esta regla no será de aplicación
si la competencia tiene por objeto impugnar la competencia
o si existe otra jurisdicción exclusivamente competente.
Como decíamos, los fueros legales e imperativos son los primeros,
en su defecto los voluntarios, primero la sumisión expresa,
luego la tácita.
En tercer lugar, el fuero del domicilio del demandado.
En defecto de todos los anteriores, tanto los exclusivos
como los de sumisión expresa o tácita,
el reglamento también establece de modo alternativo
otros dos fueros, el del domicilio del demandado.
Las personas domiciliadas a un Estado miembro estarán sometidas,
sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales
de dicho Estado.
Y los fueros especiales por razón de la materia,
referidas a la posibilidad de demandar a una persona
un Estado miembro distinto a aquel en el que estuviera domiciliada,
entre los que cabe destacar los siguientes,
que son los fueros ya específicos por razón de la materia.
En materia concursal,
ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido
o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda.
En materia extra contractual,
ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido
o pueda producirse el hecho dañoso.
Si se trata de acciones por daños y perjuicios
o de acciones de restitución fundadas en un acto que da lugar
a un proceso penal, ante el órgano jurisdiccional
que deba conocer de ese proceso en la medida
en que dé conformidad con su ley, ese órgano jurisdiccional
también puede conocer de la acción civil resarcitoria.
La falta de jurisdicción de nuestros tribunales
puede ser apreciada tanto de oficio.
Con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal,
tan pronto como sea advertida, como a instancia de parte,
a través de ese instrumento del que ya nos hemos ocupado,
que se denomina declinatoria.
Pasamos a analizar la extensión y límites
de la jurisdicción española.
El título 1 del libro
I de la Ley Orgánica del Poder Judicial diseña precisamente
bajo el título de la extensión y límites de la jurisdicción
el verdadero alcance internacional de nuestros jueces y tribunales
en todos los órdenes jurisdiccionales.
Esta ley orgánica se ocupa, en los artículos 21 a 25,
de ir delimitando los criterios de distribución de la jurisdicción
por razón de la persona, por razón de la materia,
también por razón del territorio.
Y lo hace con un criterio muy similar al reglamento
Bruselas bis 1 al establecer primero fueros exclusivos,
después fueros de sumisión expresa o tácita
y el domicilio del demandado, por último los fueros especiales.
El punto de partida recoge un criterio universal
de conocimiento por nuestros órganos jurisdiccionales
de la totalidad de conflictos sustantivos que se puedan suscitar
sin que en su lógica consecuencia quede fuera del poder judicial
por razón de la materia absolutamente ningún asunto.
El artículo 21
de la Ley Orgánica del Poder Judicial así lo establece.
Los tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones
que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido
en los tratados y convenios internacionales de los que España
sea parte en las normas de la Unión Europea
y en las leyes españolas.
Sin perjuicio de esta declaración general positiva,
la propia Ley Orgánica del Poder Judicial
también establece en su apartado segundo, sin embargo,
que no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos
o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción
y de ejecución de conformidad con la legislación española
y las normas de derecho internacional público.
Una vez establecido este principio general
de la universalidad de la atribución por razón de la materia,
con la sola excepción de los casos de inmunidad
también existentes a nivel interno, por ejemplo,
la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
Esto lo establece la Constitución española.
Durante el periodo de su mandato,
los diputados gozarán a sí mismos de inmunidad
y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
No podrán ser inculpados ni procesados
sin la previa autorización del Congreso.
Esto lo establece el reglamento del Congreso de los Diputados.
Durante el periodo de su mandato,
los senadores asimismo también gozarán de la inmunidad
y no podrán ser retenidos o detenidos salvo en caso de flagrante delito.
La retención o detención
será comunicada inmediatamente a la Presidencia del Senado.
Esto lo establece el reglamento del Senado.
Por tanto, con la excepción de estos criterios de inmunidad,
la propia ley establece otros criterios positivos
de atribución de la jurisdicción.
Los criterios positivos de atribución de la competencia denominados fueros
son reglas, fórmulas y, si se prefiere,
son criterios legales que permiten conferir a la jurisdicción
de un determinado país, en nuestro caso España,
de la jurisdicción española,
el conocimiento de determinados asuntos por razón
precisamente de la vinculación, de la conexión
o de la aproximación de alguno de sus elementos esenciales,
sea el propio conflicto, por tanto elementos objetivos,
sean los litigantes elementos subjetivos
o sea incluso la ubicuidad física, nuestros confines territoriales
y estos son criterios de atribución.
La propia Ley Orgánica de Poder Judicial
también regula el modo de proceder
cuando los tribunales españoles carezcan,
probablemente por ausencia de este nexo, de este vínculo,
de esta conexión a la que me estoy refiriendo,
de jurisdicción para conocer determinados asuntos,
debiendo identificarse el criterio negativo
sencillamente con la ausencia de precepto alguno que remite
o atribuye esta jurisdicción.
El artículo 22-Octis de la Ley Orgánica del Poder Judicial
lo establece.
No serán competentes los tribunales españoles en aquellos casos
en que los fueros de competencia previstos en las leyes españolas
no contemplen expresamente esta competencia.
El momento de determinación
de la jurisdicción, que será apreciada tanto de oficio
como de instancia de parte por nuestros propios tribunales,
es el primero, es el iniciático,
identificado con el de la interposición de la demanda
en el proceso civil,
y no podrá ser alterado ulteriormente,
porque rige en nuestra jurisdicción
el principio de la perpetuatio iurisdictionis,
consistente en que cualquier modificación posterior
al inicio de la determinación de la jurisdicción
no provocará un cambio de esta jurisdicción.
Por tanto, los tribunales españoles apreciarán,
como he dicho, tanto de oficio
como en instancia de parte, su propia competencia de conformidad
con las normas vigentes y circunstancias concurrentes
en el momento de presentación de la demanda
y el proceso se sustanciará conforme a ese criterio,
así hasta su conclusión, aunque estas normas o circunstancias
hayan sido modificadas o hayan cambiado con posterioridad,
salvo que expresamente se determine lo contrario en una ley.
Frente a esta premisa legal de apreciación de oficio
de la ausencia de jurisdicción de nuestros tribunales,
los tribunales españoles se declararán incompetentes
si su competencia no está fundada en disposiciones
de las leyes españolas de conformidad con lo previsto
en las leyes procesales.
Pero, como digo, frente a esta premisa general
se establecen unas razonables excepciones con la legítima finalidad
de que ningún conflicto conectado o vinculado con España siquiera
sea remotamente quede fuera del ámbito de actuación y de conocimiento
de nuestro Poder Judicial.
Por tanto, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial
establece que los tribunales españoles no podrán abstenerse
o declinar su competencia
cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España
y los tribunales de los distintos estados
conectados con el supuesto hayan declinado su competencia.
Tampoco lo podrán hacer cuando se trata
del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales,
de decisiones también arbitrales y de acuerdos de mediación
o cualesquiera otros más que debiéramos añadir dictados
por tribunales extranjeros.
Finalmente, ha de advertirse que las excepciones de litispendencia
y de conexidad internacional
se alegarán y tramitarán con arreglo a las normas generales
que regulan las leyes procesales.
La falta de jurisdicción de nuestros tribunales, insisto,
puede ser apreciada tanto de oficio,
con ausencia de las partes y del Ministerio Fiscal,
tan pronto como sea advertida como a instancia de parte
a través de esa figura de la que ya hemos hablado que se denomina
declinatoria criterios de atribución de la jurisdicción en todos
los órdenes jurisdiccionales en el orden jurisdiccional civil
el criterio esencial de atribución legal
de la jurisdicción en el orden civil es exclusivo y excluyente
quedando formulado en el artículo 22 de la ley orgánica del poder judicial
de la siguiente manera.
Con carácter exclusivo,
los tribunales españoles serán competentes en todo caso
y con preferencia frente a cualquier otro para conocer
de las pretensiones relativas a las siguientes materias.
Primero, derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles
que se hallen en España.
Segundo, constitución, validez y nulidad
o disolución de sociedades o personas jurídicas
que tengan su domicilio en territorio español.
Tercero, validez o nulidad de las inscripciones practicadas
en un registro español.
Cuarto, inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños,
dibujos, modelos u otros derechos sometidos a depósito o registro
cuando se hubiere solicitado o efectuado en España
el depósito o el registro.
Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias
y demás resoluciones judiciales,
decisiones arbitrales o acuerdos de mediación.
Tenemos que añadir también otros mecanismos adecuados
de resolución de controversias en el extranjero.
Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial
diseña un segundo criterio de atribución de la jurisdicción
en el orden civil
en función de la voluntaria sumisión expresa o tácita.
Expresa sería un pacto escrito o verbal,
pero con confirmación escrita, efectuado por un medio electrónico
que consta en registro duradero,
por las que las partes deciden atribuir a los tribunales españoles
el conocimiento de determinadas controversias.
Esto sería la sumisión expresa, como hemos visto,
se determina de forma expresa.
La tácita se infiere, sin embargo, de libre actuar de las partes,
de la simple y mera comparecencia de éstas,
siempre que ello no obste, como es lógico,
a un criterio imperativo interno o internacional que,
como ya hemos visto, tiene preferencia.
Finalmente, en defecto de fuero legal o de sumisión convencional,
la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el domicilio
o residencia habitual del demandado como el siguiente fuero.
En defecto de los anteriores,
por tanto, establece la Ley Orgánica del Poder Judicial
una serie de fueros especiales
que atribuyen jurisdicción a nuestros tribunales españoles,
entre otros supuestos en los siguientes,
y estos serían los fueros especiales
que van en defecto, primero, de los fueros imperativos,
después de la sumisión tácita o expresa
y después del domicilio o residencia habitual del demandado.
En materia de declaración de ausencia o fallecimiento,
cuando el desaparecido hubiera tenido su último domicilio
en territorio español o tuviera nacionalidad española.
Bien, en materia relacionada con la capacidad de las personas
y medidas de protección de los mayores de edad
o de sus bienes cuando tuvieran su residencia habitual en España.
En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges,
nulidad matrimonial, separación, divorcio
y todas sus modificaciones siempre
que ningún otro tribunal extranjero tenga competencia,
cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España
al tiempo de la interposición de la demanda
o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual
y uno de ellos reside allí o cuando España
sea la residencia habitual del demandado.
En materia de filiación, de relaciones paterno-filiales,
de protección de menores, de responsabilidad parental,
cuando el hijo menor tenga su residencia habitual
en España al tiempo de interposición de la demanda,
o el demandante sea español o resida habitualmente en España,
o en todo caso, al menos desde seis meses antes de presentación
de la demanda.
En materia de adopción,
en los supuestos de adopción internacional.
En materia de alimentos, cuando el acreedor
o demandado de los mismos tenga su residencia habitual en España.
En materia de sucesiones, cuando el causante hubiere tenido
su última residencia habitual en España
o cuando los bienes se encuentren en España
y el causante fuera español en el momento del fallecimiento.
Bien, pasamos al orden jurisdiccional penal.
El criterio de atribución
de la jurisdicción en el orden jurisdiccional penal
cristaliza en primer término en dos fueros principales o esenciales.
Primero, el de la territorialidad,
el fuero del lugar de comisión del hecho delictivo.
Y, en segundo lugar, el de la personalidad pasiva,
el fuero del lugar de la nacionalidad del acusado.
El artículo 23
de la Ley Orgánica del Poder Judicial así lo establece.
En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española
el conocimiento de las causas por delitos
cometidos en territorio español
o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas
sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales
de los que España sea parte.
También conocerá la jurisdicción española
de los delitos que se hayan cometido fuera del territorio nacional,
siempre que los criminalmente responsables fueran españoles
o extranjeros que hubieran adquirido nacionalidad española
con posterioridad a la comisión del hecho delictivo
y concurriesen los siguientes requisitos.
Primero, que el hecho sea punible en el lugar de ejecución,
salvo que en virtud de un tratado internacional o un acto normativo
de la organización internacional de la que España
sea parte, no resulte necesario este requisito.
Que el agraviado o el Ministerio Fiscal
interpongan querella ante los tribunales españoles
y, en tercer lugar,
que el delincuente no haya sido absuelto,
indultado o penado en el extranjero o, en este último caso,
que no haya cumplido condena.
Si solo la hubiere cumplido en parte,
se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente
la parte que ya ha cumplido y tan solo
someterle a la que le corresponda.
Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en aplicación de una suerte de fuero de interés estatal,
atribuye jurisdicción a los tribunales españoles
para la persecución de delitos cuyo bien jurídico protegido
es esencialmente español.
Por tanto, conocerá la jurisdicción española
de los hechos cometidos por españoles o extranjeros
fuera del territorio nacional, según el artículo 23.3 de esta ley,
cuando sean susceptibles de tipificarse según la ley española
conforme a alguno de los siguientes delitos.
Primero, de traición y contra la paz o independencia del Estado.
Segundo, contra el titular de la corona, su consorte,
su sucesor o el regente.
Tercero, de rebelión y sedición.
Cuarto, de falsificación de la firma o estampillas reales,
sello del Estado, firmas de los ministros
o sellos públicos u oficiales.
Quinto, falsificación de moneda española
y su expedición.
Sexto, cualquier otra falsificación que perjudique directamente
al crédito o intereses del Estado e introducción o expedición
de lo falsificado.
Séptimo, atentado contra las autoridades
o funcionarios públicos españoles.
Octavo, los perpetrados en el ejercicio de sus funciones
por los funcionarios públicos españoles.
Y noveno, los relativos al control de cambios.
Finalmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial
atribuye a la jurisdicción, a nuestros tribunales españoles,
para conocer de los delitos considerados más graves,
los más repugnantes y deleznables
antes perseguidos por la denominada jurisdicción universal.
Se trata de delitos de genocidio,
de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada,
piratería, terrorismo, trata de seres humanos,
tráfico ilegal de drogas y terrorismo,
entre otros.
Y ya no de manera ilimitada e incondicionada,
sino bajo cumplimiento
de determinados requisitos de vinculación personal, territorial
o de interés institucional estatal con España.
En el orden contencioso administrativo,
la jurisdicción española
actuará cuando, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial,
la pretensión que se deduzca
se refiera a disposiciones de carácter general
o a actos de las administraciones públicas españolas.
Asimismo, nuestra jurisdicción contencioso
administrativa también conocerá de las pretensiones que se deduzcan
en relación con actos de los poderes públicos españoles
de acuerdo con lo que dispongan las leyes.
En el orden jurisdiccional social los jueces y juezas
así como los tribunales españoles serán competentes para conocer
de las siguientes materias según el artículo 25
de la ley orgánica del poder judicial en materia de derechos y obligaciones
derivadas del contrato de trabajo
cuando los servicios se hayan prestado en España
o el contrato se haya celebrado en territorio español
cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español
o una agencia sucursal delegación
o cualquier otra representación en España.
Cuando el trabajador o la trabajadora
y el empresario o empresaria tengan nacionalidad española,
cualquiera que sea el lugar de la prestación de los servicios
o celebración del contrato, y además en el caso de contrato de embarque,
si el contrato fue precedido de oferta
recibida en España por trabajador español.
En materia de control de legalidad de los convenios colectivos
de trabajo celebrados en España y de pretensiones derivadas
de los conflictos colectivos de trabajo
promovidos en territorio español.
En materia de pretensiones de seguridad social
frente a entidades españolas
o que tengan domicilio, agencia de delegación
o cualquier otra representación en España.
Pasamos a los conflictos de jurisdicción y conflictos
de competencia.
Bajo la nomenclatura conflictos de jurisdicción,
contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se integran los siguientes conflictos.
Conflictos entre la jurisdicción y la Administración,
conflictos entre la jurisdicción ordinaria
y la única jurisdicción especial
reconocida en nuestra legislación española, que es la militar.
Con distinta denominación titulada conflictos de competencia,
regula la ley orgánica del Poder Judicial los conflictos
suscitados entre los distintos órdenes jurisdiccionales
a los que nos hemos referido en algún programa anterior,
conflictos que se suscitan entre la jurisdicción civil,
penal, y laboral de nuestra jurisdicción ordinaria.
Comenzamos con los conflictos de jurisdicción.
En el marco de los conflictos de jurisdicción,
hemos de analizar, por un lado, las contiendas suscitadas
entre la administración y la jurisdicción
y, de otro, las suscitadas entre la jurisdicción ordinaria
y la jurisdicción militar.
Los conflictos entre la jurisdicción y la administración, los tres poderes
del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial,
tienen atribuidas, como se sabe,
funciones nítidamente diferenciadas.
En síntesis y de manera muy simplificada,
gestionar la política del Estado.
Corresponde al Ejecutivo, elaborar las leyes corresponde al Legislativo
y solventar los conflictos jurídicos a través del aparato coactivo
del Estado a través del Poder Judicial corresponde,
como digo, al Poder Judicial.
Pese a ello, en algunas ocasiones se producen de manera inconveniente
interferencias, fisuras
o incluso controversias entre dos poderes del Estado.
Generalmente entre el Ejecutivo y el Judicial,
entre la Administración y la Jurisdicción.
Por considerar ambos que deben asumir positivamente
una determinada materia, en este caso se trataría
de un conflicto positivo.
O bien por rehusar ambos la asunción del conocimiento
de una determinada cuestión,
en este caso se trataría de un conflicto negativo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial
establece que los conflictos de jurisdicción entre tribunales
y la Administración serán resueltos por un órgano
colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo,
que lo presidirá, y cinco vocales,
de los que dos serán magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo,
designados por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial y otros tres serán consejeros permanentes
de Estado, actuando como secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.
También establece que el presidente tendrá siempre voto de calidad
en caso de empate.
El procedimiento se encuentra regulado en la Ley Orgánica de
Conflictos Jurisdiccionales.
Pasamos ahora a analizar los conflictos
entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar.
El concreto ámbito de actuación sustantiva y procesal
de la jurisdicción ordinaria y de la única jurisdicción especial
admitida en nuestro ordenamiento jurídico, que es la militar,
se encuentra en principio también explícitamente diferenciada.
Sin embargo, en ocasiones, algunos de los elementos estructurales
que definen la naturaleza ordinaria o militar de un determinado conflicto
bien sea por razón de su objeto, de sus sujetos
o del territorio, precisan una complementaria interpretación,
porque ambas modalidades de nuestra única jurisdicción,
ordinaria y militar, reclaman para sí conflicto positivo
o rehusan respecto de sí conflicto negativo
su conocimiento.
En tales casos, la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece que los conflictos de jurisdicción entre los tribunales
de cualquier orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria
y los órganos jurisdiccionales militares
serán resueltos por la sala de conflictos de jurisdicción
compuesta por el presidente del Tribunal Supremo que la presidirá.
Dos magistrados de la Sala del Tribunal Supremo del Orden
Jurisdiccional en conflicto y dos magistrados
de la Sala ahora de lo militar, todos ellos designados por el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial.
Actuará como secretario de esta sala el de Gobierno del Tribunal Supremo
y el presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate.
Pasamos a analizar los conflictos de competencia o conflictos
entre los distintos órdenes jurisdiccionales.
La jurisdicción,
como se ha visto, puede clasificarse en cuatro órdenes jurisdiccionales.
Civil, para la resolución de las controversias privadas,
que pueden ser dispositivas o indisponibles,
pero en todo caso controversias
que afectan al orden jurisdiccional civil y mercantil.
Dentro de su seno nos encontramos, como he dicho,
conflictos dispositivos o situaciones indisponibles,
controvertidas o no,
precisadas de intervención judicial que afectan a personas vulnerables
o que, como pueden ser lo los menores o personas con discapacidad,
en cuyo caso son conflictos no dispositivos
pero que también se integran en el ecosistema civil.
Penal para el enjuiciamiento de los delitos.
Contencioso administrativo para ventilar los conflictos
ante o con la administración pública.
Social o laboral
para solucionar las disputas entre trabajadores y empresarios,
así como de todos ellos
con la seguridad social.
Bien, todos estos órdenes jurisdiccionales, estos
cuatro órdenes jurisdiccionales, no son compartimentos estancos,
porque en algunas ocasiones se entremezclan elementos de dos
o más órdenes jurisdiccionales.
Con la única excepción del orden jurisdiccional
penal que siempre será preferente,
de manera que si aparece un elemento penal siempre conocerá
la jurisdicción penal.
Pero en el resto de casos habrá que determinar
cuál es la naturaleza prioritaria del conflicto
para dotar a ese orden jurisdiccional de una prioridad
o preeminencia frente al resto.
Al igual que acontece con los conflictos jurisdiccionales,
estas dudas, controversias o diferencias
pueden ser positivas o negativas en función de si los dos órdenes
jurisdiccionales quieren para sí, reclaman para sí o rehusan
respecto de sí el conocimiento de una determinada cuestión conflictiva.
En todo caso, la Sala Especial de Conflictos del Tribunal
Supremo está llamada a conocer,
establece el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que los conflictos de competencia que puedan producirse,
entre tribunales de distinto orden jurisdiccional,
integrados en el Poder Judicial,
se resolverán por una sala especial del Tribunal Supremo,
presidida por el presidente y compuesta por dos magistrados,
uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán designados
anualmente por la sala de gobierno.
Actuará como secretario
de esta sala especial el de gobierno del Tribunal Supremo.
Y pasamos, por último, a la cooperación judicial internacional
e instrumentos de cooperación de la Unión Europea.
Además de nuestra jurisdicción interna e internacional,
disponemos de los siguientes tribunales internacionales.
Primero, el Tribunal o Corte Internacional de Justicia,
ubicado en La Haya,
Países Bajos, que es el órgano judicial por excelencia
de las Naciones Unidas.
La mayor organización internacional existente
y tiene por función esencial resolver controversias jurídicas
entre los distintos estados parte y emitir decisiones
u opiniones consultivas para naciones unidas y sus distintas organizaciones
este tribunal o corte penal internacional es
un tribunal de justicia internacional de carácter estable y permanente
con personalidad jurídica internacional
cuya función o misión esencial
se residencia en el enjuiciamiento de los acusados
por los execrables delitos de genocidio,
guerra, agresión y lesa humanidad.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
, ubicado en Estrasburgo, Francia, es el tribunal destinado a enjuiciar
bajo determinadas circunstancias las posibles violaciones
de los derechos contenidos en el Convenio Europeo de Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas
y en sus protocolos por los Estados parte de este convenio.
Está compuesto tanto por jueces, cuantos
Estados miembros integran al Consejo de Europa,
elegidos por la Asamblea Parlamentaria
de dicho Consejo por un periodo de nueve años.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
coloquialmente denominado como TEJUE con sus siglas,
ubicado en Luxemburgo, tiene una doble función.
Primero, garantizar que los países miembros y las instituciones europeas
cumplan la legislación de la Unión Europea
y, en segundo lugar,
garantizar que esta legislación se interprete y aplique
de la misma forma en todos y cada uno de los Estados miembros.
Este ETHUE consta de dos órganos.
Primero, el Tribunal de Justicia,
compuesto por 27 jueces designados de común acuerdo por los gobiernos
de los distintos Estados miembros y 11 abogados generales
que resuelven las cuestiones prejudiciales planteadas
por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación
y recursos de casación.
En segundo lugar, el Tribunal General,
compuesto ahora por 54 jueces, uno al menos por cada Estado
nombrado, de común acuerdo con sus respectivos gobiernos,
que resuelve los recursos de anulación que interponen
los particulares, las empresas y, en algunos casos,
los gobiernos nacionales.
Esto significa que en la práctica el tribunal se ocupa fundamentalmente
de la legislación sobre competencia, ayudas estatales,
comercio, agricultura y marcas comerciales.
Con esto damos por terminado este programa
que espero haya sido clarificador a pesar de la cantidad de datos
que incorporaba respecto de todas las normas de atribución
de la jurisdicción interna e internacional
de nuestros tribunales.
Gracias.