Programa 2.
Jurisdicción barra 1.
Concepto, funciones, fundamento, competencia, criterios de atribución
y tratamiento.
La jurisdicción,
integrada en exclusiva por jueces y tribunales,
tiene como misión solucionar los conflictos
mediante la aplicación del derecho material,
civil, penal, laboral, penal, contencioso administrativo.
Al caso concreto,
este derecho se debe aplicar a cada caso.
La jurisdicción se equipara en una de sus acepciones
con el poder judicial,
jueces y juezas que integran los tribunales,
a los que se encomienda la resolución de las controversias,
tanto intersubjetivas como sociales.
Existen otras fórmulas de resolución de controversias.
Por ejemplo, la autotutela.
Sería la imposición de la solución por parte del poderoso al débil.
Un ojo por ojo, diente por diente.
Esta fórmula es inconcebible en un sistema democrático de derecho
como el nuestro.
Otra fórmula de resolución de controversias
es la autocomposición.
Las propias partes solucionan por sí mismas
los conflictos intersubjetivos a través del acuerdo de voluntades,
pacta sum servanda.
Los pactos deben ser cumplidos a través de medios adecuados
de resolución de controversias.
Las partes por sí mismas, autocomposición,
mediante métodos autocompositivos, llegan a adoptar acuerdos.
Es perfectamente factible y tenemos insertados
en nuestro sistema procesal de justicia un buen número de medios
adecuados de resolución de controversias que se analizarán.
Tercera fórmula de resolución de controversias,
la heterocomposición.
El sistema heterocompositivo supone que un tercero situado suprapartes
resuelve los conflictos de los particulares que se someten
a su conocimiento son dos principalmente las fórmulas
la primera el arbitraje un árbitro resuelve
a través de un laudo arbitral
mediante bien la aplicación del derecho si el laudo es jurídico o de
cualesquiera otras ramas del ordenamiento científico
si es un arbitraje especializado en otra materia
y el proceso judicial.
El proceso judicial es lo que vamos a estudiar,
vamos a analizar precisamente en esta disciplina.
El juez situado suprapartes impone una resolución a los particulares,
una solución a través de un procedimiento
garantista, legal, jurídico,
ordenado, pautado, regulado, conforme a principios nucleares
y aplicando las leyes tanto sustantivas como procesales.
La legitimación de la jurisdicción.
Su legitimación viene instaurada gracias a sus atributos principales,
atributos de independencia, inamovilidad,
responsabilidad exclusiva,
sumisión a la ley y al derecho como garantía inequívoca
precisamente de la imparcialidad del juicio.
El artículo 117 de la Constitución
establece que la justicia emana del pueblo
y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes
del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables
y tan sólo sometidos al imperio de la ley.
La función general de la jurisdicción es ésta,
la resolución de los conflictos intersubjetivos y sociales
mediante la aplicación del derecho al caso concreto,
del derecho objetivo, civil, penal, administrativo o laboral,
como ya he dicho.
Las funciones específicas de la jurisdicción son, primero,
la protección de los derechos subjetivos.
El artículo 24.1
de la Constitución establece que todas las personas tienen,
tenemos derecho a obtener la tutela judicial
de los jueces y magistrados y tribunales
en el ejercicio de nuestros derechos e intereses legítimos.
Asimismo, tiene como función la jurisdicción
el control judicial normativo.
El artículo 106 de la Constitución
establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria
y la legalidad de la actuación administrativa,
así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
También tiene como función
la complementación del ordenamiento jurídico.
Hemos dicho en el programa anterior que la jurisprudencia
no es una fuente primaria del derecho procesal,
pero complementa al ordenamiento jurídico.
Bien, pues el artículo 1.6 del Código Civil
establece esto mismo,
que la jurisprudencia complementará al ordenamiento jurídico
con la doctrina que, de modo reiterado,
establezca el Tribunal Supremo al interpretar
y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales
del derecho.
Vamos a analizar ahora el concepto de jurisdicción.
La jurisdicción es un concepto global,
como poder, como potestad, como función comprensivo
de una multiplicidad de manifestaciones o proyecciones,
todas ellas interrelacionadas
y orientadas a cargo de nuestros jueces y magistrados,
conforme a un procedimiento además legal, garantista, público y eficaz
a los siguientes objetivos.
Primero, a la resolución definitiva de los conflictos jurídicos públicos
o privados, así como a su posterior ejecución.
En segundo lugar, a la de la homologación,
supervisión o amparo de situaciones o relaciones jurídicas
precisadas de intervención judicial en garantía de derechos
legalmente reconocidos.
La jurisdicción se identifica con los siguientes conceptos
esto es con las siguientes acepciones dentro de su único concepto
con el poder judicial por tratarse en efecto del tercer poder del estado
como ya he dicho del más alto porque fiscaliza al resto
es un poder autónomo ajeno a cualesquiera interferencias
de los otros poderes ejecutivo y legislativo el título sexto
de la constitución española del poder judicial.
Dedica 11 preceptos, del 117 al 127, a la jurisdicción,
donde se entremezclan las funciones, los principios informadores
y los atributos de los miembros que integran tan alto poder
del Estado.
La Ley Orgánica 1.981 de 1 de julio
del Poder Judicial determina la constitución,
funcionamiento y gobierno de nuestros tribunales,
así como el estatuto jurídico de nuestros jueces
y magistrados de carrera, que conforman,
todos ellos y todas ellas, un cuerpo único
y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Además de identificarse
la jurisdicción con el Poder Judicial,
también se identifica con la potestad jurisdiccional.
A los jueces y magistrados corresponde,
en régimen de exclusividad, la potestad de juzgar
y hacer ejecutar lo juzgado.
Asimismo, la jurisdicción ha de identificarse
con la propia función jurisdiccional,
atribuida en exclusiva a los jueces y magistrados
y ejercida a través del único instrumento legalmente
habilitado para la resolución estatal de los conflictos,
el proceso judicial de esta tercera concepción
de la jurisdicción que es la más humilde acaso la más modesta
pero también la más cercana hace referencia a su efectiva
finalidad la finalidad de la tutela de los derechos subjetivos
e intereses legítimos la del control normativo
y la de creación jurisprudencial del derecho.
Esta función debe conectarse con una vertiente,
con una proyección o manifestación de servicio público,
porque no cabe ninguna duda al respecto de la relevantísima
prestación estatal que nuestros jueces y juezas,
magistrados y magistradas,
todos ellos integrados en tribunales,
ofrecen a los ciudadanos
cuando otorgan una fundada respuesta jurídica motivada,
razonada y estable de sus conflictos a través de los procesos judiciales
en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales.
El fundamento de la jurisdicción reside esencialmente
en la realización de un valor superior del ordenamiento jurídico,
que es la justicia.
Y la justicia se alcanza gracias al reconocimiento
de los derechos subjetivos y del control de las normas jurídicas.
Pero también su fundamento ha de encontrarse en elementales razones
de seguridad jurídica y también en el imprescindible sustento
del orden público y mantenimiento de la paz social.
Los criterios de atribución son los siguientes.
Cabe hablar en sentido amplio
de jurisdicción para referirnos a la jurisdicción propiamente dicha,
por contraste, primero, a cualesquiera otras fórmulas
complementarias o alternativas de resolución de controversias.
Me refiero al arbitraje y a otros medios adecuados
de resolución de controversias a los que se denomina MASC.
Estos no se identifican con la emisión de una respuesta judicial
de un órgano del Estado tras un procedimiento público
legalmente articulado,
sino que en estos casos se alcanza una respuesta a través de otro tipo
de procedimientos que también se analizarán en otro programa
de esta misma serie.
La proyección positiva de la jurisdicción,
de la jurisdicción propiamente dicha,
aquella que consiste en esa única fórmula estatal
de un procedimiento reglado,
del que conoce e instrumentalizado a través de nuestros jueces
y magistrados para otorgar fundada respuesta jurídica motivada,
razonada y estable a los ciudadanos
cuando tienen una controversia civil, penal, laboral o militar,
pues tiene una proyección positiva.
En primer lugar, la recogida en el artículo 117.3
de la Constitución, el ejercicio de la potestad jurisdiccional
en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los tribunales determinados
por las leyes según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan.
Pero también tiene una proyección negativa,
porque los tribunales,
como establece el apartado cuarto de este mismo precepto,
no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior
y las que expresamente le vengan atribuidas por ley en garantía
de cualquier derecho.
Bien, vamos a establecer la jurisdicción ahora ordinaria
por contraste a la militar.
La jurisdicción es única para todo el territorio español.
El artículo 115 de la Constitución así lo establece
en su apartado, perdón, 117 en su apartado quinto,
así lo establece en su primer párrafo.
El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización
y funcionamiento de los tribunales.
Esta unidad jurisdiccional comporta en consecuencia que no cabe
la creación de jurisdicciones especiales en función de la persona,
de la materia, del territorio ni de ningún
otro posible criterio de atribución ad hoc salvo la jurisdicción militar
que mantiene su vigencia por reconocimiento expreso
de este mismo precepto en su párrafo segundo
en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio
de acuerdo con los principios de la Constitución.
Vamos a establecer un tercer criterio de atribución
de la jurisdicción por razón a un determinado orden jurisdiccional.
Y es que corresponde
a un determinado jurisdiccional cuando ese asunto
no se encuentra prioritariamente comprometido en otro,
salvo el penal, que es siempre preferente.
Vamos a verlo.
La jurisdicción civil.
Corresponde,
conforme establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
los jueces y juezas, así como los tribunales,
ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos
en que venga atribuida por esta u otra ley.
Ello comporta que los jueces y juezas,
así como los tribunales del orden civil, conocerán,
además de las materias que les son propias,
de todas aquellas que no estén expresamente atribuidas
a otro orden jurisdiccional.
De esto ya hemos hablado.
En la jurisdicción civil
se resuelven las controversias civiles y mercantiles
y también todas aquellas otras que con su visa atractiva no tengan
una regulación expresa
o cuya regulación sea confusa.
Además, a la jurisdicción penal ordinaria
corresponde el conocimiento de todos los delitos
integrados en la Ley Orgánica 10.1995 del Código Penal
y en la jurisdicción penal especial,
la única que es la militar.
El de los delitos integrados en su propia legislación sustantiva.
La legislación militar está integrada en el Código Penal Militar.
El artículo 9.3
de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece precisamente
que los del orden jurisdiccional penal
tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales,
con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
La jurisdicción corresponderá a esta jurisdicción el conocimiento
de todos los conflictos en los que se vea comprometida
de cualquier modo la Administración Pública.
Y por último, la jurisdicción social o laboral.
Corresponderá a esta jurisdicción el conocimiento de los conflictos
suscitados entre trabajadores y empresarios,
así como con la Seguridad Social.
El propio artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece a este respecto
que los del orden jurisdiccional social
conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social
del derecho, tanto en conflictos individuales
como colectivos,
así como las reclamaciones en materia de seguridad social
o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad
la legislación laboral.
Y este es el criterio de atribución por razón
del orden jurisdiccional civil.
Penal contencioso administrativo laboral o social y militar
el cuarto criterio de atribución es la jurisdicción civil contenciosa
por relación a la voluntaria cuando no debe.
Ventilarse una determinada controversia o situación pacífica
precisada de intervención judicial
a través de la jurisdicción voluntaria.
Si bien en muchos casos existe una alternatividad,
de manera que esto no es imperativo,
un mismo justiciable puede acudir a la jurisdicción civil contenciosa
o a la jurisdicción civil voluntaria.
La jurisdicción civil contenciosa se identifica en exclusiva
con la potestad jurisdiccional del enjuiciamiento y la ejecución,
a la que se refiere el artículo 117.3 de la Constitución,
al que nos hemos referido en muchas ocasiones.
Recuérdese, el ejercicio de la potestad jurisdiccional
en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales
determinados en las leyes,
según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan.
En el ámbito civil y mercantil
se producen múltiples manifestaciones de controversias.
Algunas son de baja entidad
porque tienen una escasa relevancia social, una mitigada intensidad,
por su prácticamente nulo nivel de conflictividad
y en ellas los jueces y tribunales ostentan una relevante función
jurisdiccional fuera del marco de la jurisdicción contenciosa
propiamente dicha, fuera del marco de la ley de enjuiciamiento
civil que es la que regula la jurisdicción contenciosa.
Y se adentran dentro de otro marco, es el de la jurisdicción voluntaria,
regulada en la Ley 15-2015 de Jurisdicción Voluntaria.
Bien, esta jurisdicción voluntaria integra expedientes muy sencillos,
caracterizados por las notas de simplificación,
eficacia, rapidez, economía, flexibilidad y humanidad,
sin pérdida de garantías procesales.
Por tanto, cabe distinguir,
como hemos visto, jurisdicción voluntaria
y jurisdicción contenciosa.
El quinto criterio de atribución es la jurisdicción internacional
por relación a la jurisdicción interna.
La jurisdicción internacional ha de identificarse
con la atribuida a nuestros jueces y tribunales españoles
ante la presencia de algún elemento internacional,
por ejemplo, el objeto,
los sujetos, el territorio o bien las instituciones estatales.
Se regulan los convenios y tratados internacionales en los que España
sea parte y estos serán de aplicación prioritaria, incluso
frente a nuestra propia normativa.
La jurisdicción interna ha de relacionarse, sin embargo,
con la atribuida a nuestros jueces y tribunales españoles
en nuestra propia Ley Orgánica del Poder Judicial
y ello se conforma de acuerdo a los siguientes parámetros.
Primero, para determinar nuestra jurisdicción territorial.
La personalidad activa o pasiva del presunto autor del hecho delictivo
o de la víctima.
El principio de territorialidad,
el lugar donde se ha cometido el delito.
Bueno, me estoy refiriendo a la jurisdicción penal,
pero también tiene otros criterios de atribución en los distintos
órdenes jurisdiccionales a los que después me referiré.
La institucionalidad, es decir, que haya instituciones españolas
comprometidas para conocer del ámbito de actuación ordinario o militar
de la jurisdicción, la naturaleza del conflicto,
esto es, nos encontramos en territorio militar,
entre militares y en tiempo militar o no,
esto determinará el que acudamos a la jurisdicción militar
o a la jurisdicción penal.
Y al fin para determinar el orden jurisdiccional
en función de la naturaleza de la materia sustantiva
controvertida.
Si estamos ante un conflicto civil acudiremos a la jurisdicción civil,
ante un conflicto de naturaleza penal a la jurisdicción penal
y así sucesivamente.
Vamos a analizar ahora la competencia,
concepto y criterios de atribución.
La concesión o concreción del exacto órgano jurisdiccional
que está llamado a conocer de un conflicto determinado
dentro de cada orden jurisdiccional.
Se hará por razón bien del objeto, bien de los objetos,
bien de la función o bien del territorio.
Y por ello tenemos tres criterios de atribución.
La competencia objetiva, funcional y territorial.
La atribución de la competencia, por tanto,
se realiza en función de estos tres criterios.
La que se refiere al objeto y a los sujetos
sometidos a juicio se integran dentro de la competencia objetiva.
La que se refiere al papel o al rol que el juez está llamado a desempeñar
en cada fase del procedimiento se denomina competencia funcional,
por razón de la función.
Y por último, en función o por razón del territorio
en el que se ha suscitado el conflicto,
entonces acudiremos a la denominada competencia territorial.
Comenzamos con la competencia objetiva.
El criterio de atribución referido a la competencia objetiva
evidencia la necesidad de examinar prioritariamente
el sujeto demandado, a continuación el objeto litigioso
para averiguar cuál sea exactamente el juez o tribunal competente.
El objeto ha de ser examinado una vez descartado el aforamiento.
Por tanto, el sujeto es preferente frente
al objeto en la atribución de la competencia objetiva,
y ello desde una doble perspectiva, por razón de la materia
y por razón de la cuantía.
Si un determinado conflicto
tuviese expresamente atribuida competencia por razón de la materia
a determinadas secciones de concretos tribunales,
por ejemplo, de sección de familia, infancia y capacidad,
sección de lo mercantil, sección de violencia sobre la mujer,
sección de violencia contra la infancia
y la adolescencia, sección de lo penal,
sección de menores, sección de vigilancia penitenciaria,
sección de lo contencioso administrativo o sección
de lo social,
entonces a ellos corresponderá, por razón de su especialidad,
conocer del referido conflicto.
En detrimento de la posibilidad de atribución
a un determinado órgano jurisdiccional de competencia
por razón de la materia, ni su demandado es un aforado,
ni la naturaleza del objeto controvertido precisa
una singular reconducción
a una sección especializada en un determinado tribunal,
entonces cabe aplicar otro criterio general,
como digo, en su defecto es una segunda distinción
estadísticamente residual o marginal por razón de la cuantía.
Establece el artículo 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que corresponderá a los tribunales
de instancia el conocimiento en primera instancia
de todos los asuntos que por disposición legal expresa
no se hayan atribuido a otros tribunales.
Dentro de estos asuntos
y siempre en el marco del juicio verbal,
así como en defecto de atribución legal expresa,
a la competencia con arreglo a la materia,
a los jueces y juezas de paz,
corresponde el conocimiento en primera instancia
de los asuntos civiles de cuantía no superior a 150 euros
que no estén comprendidos en ninguno de los asuntos reseñados
por razón de la materia.
Por tanto, jueces y juezas de paz conocerán de los asuntos civiles
cuya cuantía no no ascienda más de 150 euros
y al resto de tribunales de instancia de sección
de lo civil correspondiente el resto de asuntos.
Competencia funcional.
El criterio de atribución referido a la competencia funcional
funcional evidencia, como he dicho,
la posibilidad de reconocer a lo largo de la sustanciación
o recorrido procedimental cuál sea el juez competente
para asumir cada una de las relevantes decisiones parciales
que van integrando el recorrido hasta la resolución final.
La misma admisión o denegación de la demanda, la decisión,
entre otros extremos, de pruebas relevantes,
pruebas anticipadas, diligencias preliminares,
medidas cautelares, cuestiones prejudiciales,
pruebas principales, recursos, ejecución, en fin,
de todo esto nos ocuparemos a lo largo
de todos estos programas.
Si bien hemos de saber desde este momento tan embrionario
de aprendizaje de la disciplina que los jueces van tomando decisiones
a lo largo de la tramitación de los procedimientos
y la competencia funcional es la que determina
por razón de la función que va ostentando el juez
en cada periodo procedimental cuál es el competente.
La ley de juiciamiento civil fija un razonable criterio
de atribución general al juez competente
para conocer de la cuestión principal el tema decidente
y esto es aquello que se le pide en un determinado proceso
de coetanea y coherente competencia
para conocer también de todos sus incidentes por tanto.
El artículo 61
establece que, salvo disposición legal en contrario,
el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito,
dice la ley, de un proceso,
la tendrá también para resolver de todas sus incidencias
para llevar a efecto las providencias y autos que dictare
y para la ejecución de la sentencia o convenios o transacciones
que llegase a aprobar.
Naturalmente, esta premisa general no se encuentra exenta
de alguna excepción, tal y como acontece, por ejemplo,
con la resolución de los recursos devolutivos, que serán
a cargo de un tribunal distinto y generalmente superior
en grado al que dictó la resolución objeto de impugnación,
pero de esto también nos ocuparemos más adelante.
La competencia territorial,
este criterio de atribución relativo a la competencia territorial,
residencia, la circunscripción, la demarcación o el territorio,
el elemento de distinción entre unos tribunales u otros,
todos ellos igualmente competentes por razón del objeto y la función,
a expensas ya tan solo de quedar determinado
cuál sea por razón del territorio en el que se deba ventilar
el proceso atendiente a un determinado conflicto,
la selección de cuál sea el tribunal competente.
Pasamos a analizar muy brevemente qué es una cuestión prejudicial.
Cuando la resolución de un conflicto precisa, a su vez,
no sólo da respuesta al objeto de ese concreto conflicto,
sino a una cuestión previa con antelación en el tiempo
y, además, del sentido judicial positivo o negativo
de esa respuesta judicial previa ha de partirse
por una especie de fuerza prejudicial positiva en la siguiente resolución
también judicial,
entonces nos encontramos ante una cuestión prejudicial.
Esta cuestión prejudicial puede ser homogénea o heterogénea.
Es homogénea cuando esa cuestión prejudicial
respecto de la principal corresponde al mismo orden jurisdiccional.
Esto es, la cuestión prejudicial y la principal,
ambas son por ejemplo civiles.
Sin embargo, sería heterogénea cuando la cuestión prejudicial
y la principal corresponden a órdenes jurisdiccionales distintos.
Esto acontecería cuando la cuestión prejudicial, por ejemplo, es civil,
pero la cuestión principal es penal.
A su vez, estas cuestiones prejudiciales
pueden ser devolutivas o no devolutivas.
Son devolutivas cuando corresponde la resolución
a órdenes jurisdiccionales distintos.
Por ejemplo, si la cuestión prejudicial es penal
y la principal es civil, entonces el proceso civil
debe suspenderse a expensas de que la jurisdicción penal
conozca la cuestión prejudicial penal y luego el juez civil
se ampare en esa cuestión prejudicial ya resuelta por el juez de lo penal
para partir del sentido de la respuesta judicial.
Aportada por el juez de lo penal en su solución civil,
en su resolución civil.
Porque, como muy bien dice el Tribunal Supremo,
unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir
para los distintos órdenes jurisdiccionales.
Luego, por razones de cooperación y coordinación entre tribunales,
Si un objeto litigioso se encuentra integrado por una cuestión principal
y otra prejudicial concernientes a dos órdenes jurisdiccionales,
siendo por tanto una cuestión prejudicial heterogénea,
debe conocer de la primera el orden jurisdiccional concernido,
siendo el penal es preferente,
antes de que el orden jurisdiccional civil
y anclándose o amparando su respuesta
en la que previamente ha resuelto el orden jurisdiccional penal,
de esta manera se logra esa coordinación.
Sin embargo,
son no devolutivas cuando ambas cuestiones, prejudicial y principal,
de ellas puedan ser resueltas por el mismo órgano jurisdiccional,
puesto que el orden jurisdiccional penal,
por ejemplo, puede conocer de una cuestión principal penal
y de una cuestión prejudicial concerniente a otro orden
jurisdiccional por razones de unidad de procedimiento
en el mismo proceso.
Bien, con esto pasamos a las cuestiones de competencia.
Son cuestiones de competencia
reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
concretamente los artículos 51 y 52, esos conflictos o contrastes
que se suscitan entre los distintos jueces
y tribunales de un mismo orden jurisdiccional.
Entonces, ambos pueden en principio tener competencia,
creen que tienen competencia para conocer cuál de los dos
debe conocer,
siendo ambos del mismo orden jurisdiccional.
Así, la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece un criterio de priorización de la competencia
cuando ésta se hubiere cuestionado muy simple
y advierte que las cuestiones de competencia entre tribunales
de un mismo orden jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato
superior común conforme a las normas establecidas
en las leyes procesales.
También establece que en la resolución
en que se declare la falta de competencia
se expresará el órgano al que se considere competente.
Por tanto, cuando dos órganos jurisdiccionales del mismo
orden jurisdiccional consideran que tienen competencia positivamente
o rehúsan negativamente la competencia,
será el superior jerárquico quien decida a cuál de los dos
corresponde en efecto la competencia,
siendo ambos, insisto, del mismo orden jurisdiccional,
por ejemplo, civil o penal.
Finalmente,
establece una imposibilidad general de planteamiento
esta Ley Orgánica del Poder Judicial de competencia
cuando los órganos en conflicto son de diferente rango,
porque entonces, claro, el de rango superior
tendrá una prioridad frente al de rango inferior.
Así lo establece al determinar que no podrán suscitarse cuestiones
de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí.
El juez o tribunal superior fijará, en todo caso y sin ulterior recurso,
su propia competencia oídas las partes y el Ministerio Fiscal
por plazo común de diez días.
Acordado lo procedente,
recabarán las actuaciones del juez o tribunal inferior
o le remitirán aquellas de las que se encontrase conociendo.
Pasamos al reparto de asuntos.
Tras la exacta determinación de la jurisdicción y competencia
de los jueces y tribunales,
concretamente llamados a conocer de cada conflicto jurídico,
presupuestos procesales,
como he dicho, de extrema relevancia,
todavía queda por establecer en esas circunscripciones
en las que hay más de un juez o tribunal
del mismo grado, que son bastantes, siendo todos ellos
además competentes por razón del objeto, por razón del sujeto,
por razón de la función y también por razón del territorio,
a cuál de ellos corresponde conocer.
Para ello ya habrá de acudirse a las normas de reparto,
puesto que todos ellos son competentes,
como digo, tanto por razón del objeto como de la función
como del territorio.
Conviene en tal caso precisar que la finalidad de la aprobación
de estas normas de reparto, que son de naturaleza administrativa,
es la de ordenar,
la de compensar, organizar, sopesar, si se prefiere la de distribuir
y acometer una razonable o equilibrada equitativa carga
o volumen de trabajo entre nuestros distintos jueces
y juezas integrantes de nuestros tribunales.
En los tribunales de instancia,
los asuntos, por tanto, se distribuirán entre los jueces
y juezas por razón de las plazas en que se integran,
conforme a estas normas de reparto preestablecidas,
que además son públicas.
Las normas de reparto se aprobarán por las salas de gobierno
del Tribunal Superior de Justicia a propuesta de la Junta de Jueces
y Juezas de la respectiva sección del Tribunal de Instancia.
En el caso del Tribunal Central de Instancia,
las normas de reparto se aprobarán por la sala de gobierno
de la Audiencia Nacional a propuesta de la Junta de Jueces y Jueces
y Juezas de la respectiva sección.
Por último, el tratamiento procesal de la jurisdicción y competencia.
La competencia constituye, al igual que la jurisdicción,
un presupuesto procesal, examinable de oficio por el propio juez.
El propio juez puede detectar su falta de competencia
y también a instancia de parte demandada mediante una figura
que se denomina declinatoria.
La parte demandada es aquella que.
Generalmente pide al juez que está conociendo,
cuando considera que carece de competencia,
que decline en su conocimiento,
que deje de conocer y remita las actuaciones,
y lo hace a través de esta declinatoria,
a aquel otro que esta parte demandada considera
que sí es el competente para conocer de su asunto.
La declinatoria consiste, por tanto,
en peticionar al órgano que está conociendo de un determinado asunto
que se abstenga de proseguir en el conocimiento de ese asunto
por no cumplir alguno de los criterios de atribución,
bien de la jurisdicción, bien de la competencia,
todos ellos han sido analizados ya en este programa,
y por tanto que decline.
Su competencia en favor de otro tribunal
que sí cumple esos parámetros o esos criterios de atribución,
bien sea de la jurisdicción o bien de la competencia.
Y con esto damos por concluido el programa 2 de esta serie.
Muchas gracias.