Programa 1 de UNED Ciencia Abierta Derecho Procesal
con Sonia Calaza en su primera serie
Introducción al Derecho Procesal.
Concepto de Derecho Procesal, Acción, Jurisdicción y Proceso.
Comenzamos.
El derecho procesal es la rama del ordenamiento jurídico público
destinada al estudio de tres conceptos nucleares.
Primero, de la jurisdicción, nuestros jueces y tribunales.
Segundo,
de los derechos fundamentales de naturaleza procesal,
derecho de acción o derecho a la tutela judicial efectiva
y derecho de defensa, con sus respectivas proyecciones
que analizaremos en estos programas.
Del proceso como instrumento de la jurisdicción para la resolución
de los conflictos que se suscitan entre los ciudadanos.
Las notas esenciales de este concepto de derecho procesal
son las siguientes.
Primero, el derecho procesal es una rama del ordenamiento jurídico
que corresponde al derecho público
porque los particulares enfrentados por la controversia
acuden a la jurisdicción, el poder judicial,
precisamente porque no han podido solventar ese conflicto
en su seno más íntimo y de manera privada.
El derecho procesal pivota, como he dicho,
sobre un trípode conceptual, sobre la jurisdicción,
la acción y el proceso.
La jurisdicción se identifica con los siguientes conceptos.
Primero, con el poder judicial.
Por tratarse del tercer poder del Estado, considerado el más alto
porque fiscaliza al resto,
entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
el Poder Judicial es el tercer y más alto poder
porque tiene la potestad de enjuiciar al Ejecutivo y al Legislativo.
Bien, además, este poder es autónomo y ajeno a cualesquiera
otras interferencias entre los otros dos poderes.
Se identifica la jurisdicción también con la potestad jurisdiccional,
porque a los jueces y magistrados que la integran
les corresponde en régimen de exclusividad,
además, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Se identifica también la jurisdicción con la propia función jurisdiccional
atribuida de nuevo en exclusiva a los jueces y magistrados
y ejercida a través del único instrumento
legalmente establecido para la resolución de controversias,
que es el proceso para la resolución de controversias
en el seno jurisdiccional.
La forma de acceder a la jurisdicción
y de postularse ante los jueces y magistrados
para presentar una controversia.
E implorar que sea resuelta por ellos,
no es lógicamente espontánea o azarosa,
sino reglada.
Esto es, está regulada en normas jurídicas
y se denomina proceso.
El derecho procesal.
Contiene muchos derechos fundamentales.
Los más relevantes,
porque sobre ellos pivota el ordenamiento jurídico procesal,
son el derecho de acción y el derecho de defensa.
El derecho de acción está contemplado en el artículo 24.1
de la Constitución Española
y corresponde a la parte activa o actora de la relación procesal.
Esta es la que entabla ante el juez su pretensión para que sea resuelta.
Esta parte es un actor o demandante en el proceso civil,
un querellante o denunciante en el proceso penal,
un recurrente en el proceso contencioso administrativo.
Frente a la acción aparece la reacción,
la defensa, el derecho de defensa,
por tanto corresponde a la parte pasiva
de la relación jurídica.
Demandado en el proceso civil,
denunciado o querellado en el proceso penal,
recurrido en el contencioso administrativo.
Tanto el derecho de acción como el de defensa se regulan
o se incorporan entre los derechos fundamentales
de la Constitución Española,
concretamente en el artículo 24.1 y 2, respectivamente.
Estos derechos de acción y defensa gozan
además de múltiples proyecciones o manifestaciones.
Algunas están expresamente recogidas
en la propia Constitución española con idéntica fuerza normativa,
es decir, con esa misma naturaleza de derechos fundamentales
de naturaleza procesal.
Otras, sin embargo, son de naturaleza ordinaria
y se desarrollan en nuestras leyes de procedimiento.
Entre los primeros, entre los derechos fundamentales
de naturaleza procesal contenidos en la propia Constitución,
cabe destacar los incorporados en el artículo 24.2,
que son los siguientes.
El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley,
la asistencia de letrado, el derecho a ser informados de la acusación
formulada contra ellos, el derecho a un proceso público
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías
el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes
para la defensa, el derecho a no declarar contra sí mismos,
el derecho a no confesarse culpables,
el derecho a la presunción de inocencia.
Sirvan todos estos derechos fundamentales de naturaleza procesal
como un explícito ejemplo de derechos que deben concurrir
siempre y en todo caso en los procesos judiciales
sino a riesgo de tachar a un proceso.
De antidemocrático o de defectuosamente constituido
en nuestro sistema procesal democrático de justicia.
El resto de derechos procesales de naturaleza ordinaria,
como digo, se contienen en las leyes de procedimiento
y son derechos de configuración legal,
por ejemplo, el derecho a los recursos.
No hay un derecho a los recursos constitucionalmente reconocido,
sino que el legislador en cada tiempo y lugar
irá regulando unos recursos u otros en función de las necesidades
de los picos de litigiosidad, de la complejidad de las materias
a tratar, etc. Bien, el instrumento a través
del cual el particular afectado por un determinado conflicto,
conflicto que por cierto puede ser público o privado,
canaliza su pretensión ante los jueces y magistrados,
es el proceso.
Ese instrumento es el proceso.
El proceso se encuentra, como he dicho antes,
perfectamente reglado en las distintas leyes procesales.
La elección de una u otra ley procesal
diferirá en función de la naturaleza del conflicto.
Por tanto, si el conflicto es intersubjetivo
y privado, de naturaleza civil o mercantil,
el particular habrá de canalizar su controversia
a través de la jurisdicción civil.
Si el conflicto es social y público,
de contenido criminal, esto se refiere a un delito,
entonces el particular habrá de canalizar su conflicto
a través de la jurisdicción penal.
Si el conflicto se suscita entre trabajadores y empresarios
o, en todo caso, entre cualesquiera de ellos
para con la seguridad social, entonces el conflicto ha
de canalizarse ante la jurisdicción social o laboral.
Por último,
si el conflicto se mantiene con la administración pública,
el particular debe acudir a la jurisdicción Y
pasamos a analizar los caracteres esenciales del derecho procesal.
El primero es su dimensión pública.
El derecho procesal es una vertiente del derecho público,
por cuanto es el tercer poder del Estado, en concreto el poder judicial
integrado por funcionarios públicos, jueces y magistrados,
al que se encomienda la resolución de los conflictos jurídicos
suscitados entre los ciudadanos.
Estos conflictos, como se ha visto,
como he indicado, pueden ser públicos o privados,
pero el poder encargado de dar una respuesta jurídica
motivada a poder ser estable a todos estos conflictos,
con independencia de cuál sea la naturaleza pública
o privada de los conflictos, el poder que está llamado
a dar respuesta a estos conflictos es siempre el poder judicial.
El ámbito del derecho procesal es estatal.
La Constitución española, en el artículo 149.1.6,
establece que el Estado tiene competencia exclusiva
en materia de legislación procesal.
La naturaleza es fundamentalmente imperativa.
Y digo fundamentalmente porque no siempre
y en todo caso lo es.
Hay determinadas fases
del procedimiento donde existen determinadas posibilidades
de tomar decisiones a cargo de los justiciables.
Vamos a verlo.
El derecho procesal, como digo,
es fundamentalmente imperativo.
Esto significa que la práctica totalidad
de sus normas son obligatorias, son implorables,
son normas de just cogens, dejando muy escaso margen
para la autonomía de la voluntad privada.
Sin embargo, de esta regla general, esto es,
la de que el derecho procesal es esencialmente imperativo,
cabe extraer algunas relevantes excepciones.
Por ejemplo, la propia capacidad de decisión de entrar
o no al proceso dispositivo.
Esto es voluntario.
Nemo iudex sine actore en el proceso civil.
En no hay ningún proceso donde no existe un actor,
donde alguien no le pone comienzo,
donde un primer justiciable no interpone una demanda,
significa exactamente esto, que no hay proceso donde no hay un actor
y ello constituye un primer ejercicio de libertad para el justiciable
que podrá hacer uso de su proceso judicial
o no en función de su particular preferencia.
En segundo lugar, una vez dispuesto a hacerlo,
esto es una vez que el particular se decide a interponer una demanda
ante la jurisdicción, las normas que regulan
la competencia territorial, esto es, esas normas que nos indican
cuál es el juez competente por razón del territorio,
que se analizarán en el programa correspondiente,
Son dispositivas, por tanto, no es exigido litigar
un determinado lugar,
salvo que haya fueros imperativos legalmente establecidos
que así lo establezcan.
Pero, en principio, son dispositivas.
En tercer lugar,
y esto es donde la capacidad de transformación
de la controversia preexistente alcanza su máximo exponente,
gracias a la libre voluntad de los particulares
en el proceso judicial,
es en el ámbito de los denominados actos de disposición
de la pretensión que se analizarán con detalle.
De forma sintética voy a determinar aquí
que mediante la renuncia, la figura de la renuncia,
el actor o demandante del proceso civil
podrá.
Una vez iniciado el proceso, renunciar al objeto procesal
que pedía, renunciarlo, por ejemplo, pedía, como digo en el ejemplo,
una casa, un cuadro, una cantidad de dinero
y, por lo que fuere,
prefiere renunciar y ello comporta que el juez
dictará una resolución con fuerza de cosa juzgada.
Quiere esto decir que ese actor,
una vez que ha renunciado a esa casa,
a ese cuadro o a esa cantidad de dinero,
no podrá en el futuro, por la fuerza de cosa
juzgada predicable de la resolución que pone término a ese proceso,
no podrá volver a peticionarla.
Esa es la primera figura de los actos de disposición
del objeto del proceso que permite un cierto margen de voluntad
dentro del proceso.
La segunda es el desistimiento.
Mediante el desistimiento, el actor podrá,
una vez iniciado el proceso, desistir en ese determinado momento.
De lo que ha pedido sin perjuicio de que,
como este proceso concluiría con una resolución sin fuerza de cosa
juzgada, entonces ese mismo actor podrá en el futuro
volver a interponer esa misma demanda
siempre y cuando no hubiese caducado prescrito por los mismos
hechos frente al mismo demandado.
Por ejemplo, una persona en un determinado momento
ha solicitado una división judicial de la herencia
o una petición de separación o divorcio frente a su cónyuge,
pero se arrepiente, en ese momento prefiere no hacerlo,
puede paralizarlo, ello no significa,
no comporta que no pueda volver a realizarlo en el futuro.
Naturalmente, si al cabo de un tiempo pretende de nuevo
solicitar al juez la separación o divorcio,
así podrá hacerlo porque tan sólo ha desistido
de la pretensión en un determinado momento,
pero esto supone que reserva esa acción para un momento futuro
si lo considera oportuno.
El tercer acto de disposición de la pretensión es el allanamiento.
Mediante el allanamiento, el demandado podrá allanarse total
o parcialmente a la pretensión interpuesta por el actor.
Al objeto del proceso,
de manera que sería algo así como reconocerla
y manifestar su disposición favorable
a otorgar inmediato cumplimiento a lo que el actor le está pidiendo.
Lógicamente, si el allanamiento es total,
el proceso concluye, si el allanamiento es parcial,
tan solo concluye la parte allanada y prosigue en la no allanada,
pero si el allanamiento es total,
ese proceso concluye con una resolución que también tiene
fuerza de cosa juzgada y por tanto no podrá reproducirse en el futuro.
Finalmente actor y demandado
pueden alcanzar en el seno del proceso de nuevo
gracias a la voluntad de las partes procesales
esto es de actor y demandado un acuerdo una transacción
un pacto un medio adecuado de resolución de controversias en fin
pueden llegar a un acuerdo.
Que, gracias a un recíproco sacrificio
y concesión de voluntades,
permita zanjar de una vez por todas el proceso
con una resolución judicial con fuerza de cosa juzgada.
Y todos estos actos son actos en los que la autonomía
de la voluntad de los justiciables tiene un peso muy decisivo,
de manera que no podemos decir que la naturaleza
del derecho procesal sea siempre y en todo caso imperativa
sino que lo es de manera prioritaria y esencialmente y fundamentalmente
es imperativa pero con estas excepciones.
El derecho procesal tiene una relativa autonomía respecto
del derecho sustantivo y decimos que tiene una relativa autonomía
porque entre tanto el derecho procesal en su parte concerniente
al proceso se ocupa de regular la sucesión de actos procesales
desde la demanda, denuncia, querella o recurso contencioso administrativo
según cual sea el proceso que entablemos hasta la sentencia
que se realiza ante el juez para otorgar fundado conocimiento
de los hechos y que el juez resuelva en derecho lo que corresponda
pero sin embargo el derecho sustantivo
aporta tanto a las partes como al juez las normas legales
objetivas previas escritas y públicas no necesitadas ni de alegación
ni de prueba deben aplicarse sencillamente al objeto litigioso
planteado para resolverlo por tanto el derecho objetivo
no es susceptible de ser probado el derecho sustantivo
lo aplica al juez lo selecciona lo aplica a veces a instancia
de las partes.
A veces, como se estudiará,
puesto que el juez conoce el derecho,
el que él directamente aporta,
pero en todo caso no precisa ser alegado ni probado.
Sin embargo, el derecho procesal,
que va canalizando la sucesión de actos procesales
que componen el trayecto procedimental,
integra como una parte o periodo nuclear de este proceso.
La práctica de la prueba,
puesto que los hechos que se incorporan al proceso,
eso sí, cuando son contradictorios entre las partes,
precisan ser probados.
Derecho procesal y derecho sustantivo conforman por tanto
una perfecta simbiosis en el marco de los procesos en los que los jueces
y magistrados deben resolver los conflictos jurídicos,
deben restablecer los derechos e intereses lesionados o amenazados
y deben por supuesto restaurar la paz social perdida
ante el surgimiento de controversias o de conflictos en la sociedad.
Por último, el derecho procesal es instrumental.
Fruto de esta relativa autonomía del derecho procesal
es precisamente su consabida instrumentalidad,
porque el proceso, tercera parte
de la concreta parcela del ordenamiento jurídico procesal,
es un instrumento al servicio de los ciudadanos
para implorar ante el juez una respuesta jurídica motivada,
estable y eficaz al conflicto suscitado.
Los jueces y magistrados tan solo podrán canalizar las controversias
presentadas ante ellos por los ciudadanos
a través de un proceso que esté perfectamente regulado,
normalmente en las leyes procesales, aunque también, como veremos,
hay algunas otras leyes no reguladas,
específicamente procesales que regulan partes o procedimientos
completos, pero que en todo caso a través de este proceso se permitirá
a las partes alcanzar o validar la veracidad de unos hechos
generalmente controvertidos a los que podrá en el marco
siempre de este proceso aplicarse el derecho sustantivo por parte
de nuestros jueces y tribunales y otorgar una respuesta,
como digo, jurídica, fundada, motivada, razonada
y a poder ser estable.
Pasamos a las fuentes del derecho procesal.
El emblemático artículo 1 del Código Civil establece
que las fuentes del ordenamiento jurídico español
son la ley, la costumbre y los principios generales
del derecho.
Apliquemos esto ahora al derecho procesal
y veamos cuáles son realmente fuentes del derecho procesal.
La ley es una fuente por excelencia del derecho procesal,
como lo es en general de todo el derecho público
por imperativas razones de predictibilidad,
de previsibilidad, de fijeza y de seguridad jurídica.
La justicia,
nos dice la Constitución Española en su artículo 117.1,
la justicia emana del pueblo y se administra en nombre
del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial,
independientes, inamovibles, responsables y tan solo
sometidos al imperio de la ley.
Bien, este mismo artículo,
en su apartado cuarto, establece que los tribunales
no ejercerán más funciones que las señaladas
en el apartado anterior y a las que me acabo de referir,
así como las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía
de cualquier derecho.
Además, en su apartado tercero, este mismo artículo
de la Constitución establece que el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los tribunales determinados
por las leyes según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan.
Por tanto, ya hemos dicho
que la ley es una fuente primera del derecho procesal.
Pasamos a analizar la costumbre.
La costumbre, en principio,
es una fuente secundaria del derecho.
El propio artículo 3 del Código Civil así lo establece.
Pero establece también que regirán defecto de ley aplicable
siempre que no sea contraria a la moral al orden público
y que además resulte probada.
Sin embargo, la costumbre,
a diferencia de lo que acontece con el derecho en general,
no debe ser considerada una fuente del derecho procesal.
Algo distinto a la costumbre,
pero íntimamente relacionado con ella, son los hábitos,
las inercias, los usos forenses propios de cada tribunal.
Pero son formas de proceder con habitualidad
ante determinadas circunstancias de las sucesivas fases procesales,
pero estos hábitos, estas inercias,
estos usos forenses no pueden en realidad equipararse
con una costumbre.
Porque carecen de un compromiso, vinculación y aceptación por parte
de todos los protagonistas implicados en los procesos judiciales,
que son las partes y el juez.
Por tanto,
la costumbre no ha de considerarse una fuente del derecho procesal.
En tercer lugar,
los principios generales del derecho.
Los principios generales del derecho en los que se asienta
toda la estructura orgánica y procedimental
de nuestra disciplina sí son, desde luego,
una relevante fuente del derecho procesal.
Muchos de estos principios vertebradores del derecho procesal
se encuentran recogidos en las distintas leyes sustantivas
y procesales pasando a integrarse, por razón de su evidenciable
inclusión en la ley, en el más genérico principio
de legalidad, fuente primera del derecho,
sin perder su propia individualidad.
Además de este primer principio general del derecho procesal,
elevado además a la categoría de máxima universal
de todos nuestros procesos, el principio de legalidad,
Insisto, además de éste se vislumbran de manera implícita o explícita
muchos otros principios procesales tanto en nuestra legislación procesal
como en nuestra legislación sustantiva.
Me voy a referir tan sólo
a algunos de ellos dentro de la legislación procesal.
Principio de justicia roada, principio dispositivo,
principio acusatorio,
principio de investigación, principio de inmediación,
Principio de dualidad de partes, principio de contradicción,
principio de proporcionalidad, principio de concentración,
principio de oportunidad.
Son principios sustantivos, sin embargo,
el principio de justicia, el principio de igualdad,
el principio de publicidad, el principio de seguridad jurídica
o el principio de buena fe.
Bien, y por último, la jurisprudencia.
La jurisprudencia es una fuente del derecho,
un complemento más bien de las fuentes.
Vamos a verlo, la determinación de la jurisprudencia
como una fuente del derecho procesal no es clara,
porque la legislación sustantiva civil general.
No le otorga esta trascendente consideración,
la de fuente del derecho,
sino sólo la de mero complemento del ordenamiento jurídico.
Entonces, el artículo 1 del Código Civil establece
que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico
con la doctrina que, de modo reiterado,
establezca el Tribunal Supremo al interpretar
y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales
del derecho.
En su consecuencia, la jurisprudencia es un complemento,
no es exactamente una fuente primaria del derecho,
sino que es un complemento del ordenamiento jurídico
que sirve de apoyo a nuestros jueces y tribunales
para conformar el sentido de sus decisiones.
Pasamos a la regulación del derecho procesal.
Los jueces y tribunales, conforme indica el séptimo apartado
del artículo primero del Código Civil,
tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos
de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
La Constitución española establece además en su artículo 122.1
que la Ley Orgánica 6-1985 de 1 de julio de Poder Judicial
determinará la constitución, funcionamiento y gobierno
de los tribunales así como el estatuto jurídico
de los jueces y magistrados de carrera
que conformarán un cuerpo único y del personal al servicio
de la Administración de Justicia.
En materia procesal coexisten distintas leyes orgánicas.
Primero la Ley Orgánica.
2.979 del Tribunal Constitucional,
que se analizará en el programa correspondiente.
Las leyes de procedimiento
de los distintos órdenes jurisdiccionales, sin embargo,
son de naturaleza ordinaria.
Voy a proceder a detallarlas.
En el orden civil tenemos la Ley 1-2000 de Enjuiciamiento Civil
de 7 de enero para la regulación de todos nuestros procesos civiles
contenciosos.
Además, tenemos la Ley 15-2015 de Jurisdicción Voluntaria
de 2 de julio para la regulación
de todos nuestros expedientes civiles y mercantiles,
como indica la denominación de la ley, voluntarios.
Resulta muy relevante advertir desde este primer momento
que la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Es supletoria para todo el ordenamiento procesal civil
pero también para el resto de órdenes jurisdiccionales
en todo aquello que no estuviese explícitamente regulado
o que no resultase claro en su regulación.
Así lo establece la propia Ley de Enjuiciamiento Civil
en el artículo 4.
Es una visa atractiva del resto de órdenes jurisdiccionales
y del propio orden jurisdiccional civil respecto.
En los asuntos que estén regulados
en otras leyes que no sean nuestra ley de enjuiciamiento civil,
es decir, lo que está regulado, por ejemplo,
en la ley de jurisdicción voluntaria,
si no resulta claro o hay algunos vacíos en la regulación,
entonces se aplicará supletoriamente la ley de enjuiciamiento civil.
Bien, por tanto, como digo,
el artículo 4 de la ley de enjuiciamiento civil establece
que en defecto de disposiciones en las leyes que regulan
los procesos penales,
contencios administrativos, laborales y militares
serán de aplicación a todos ellos los preceptos incorporados
en la presente ley que es la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En el ámbito del proceso penal ha de destacarse
a su vez dos relevantes leyes de procedimiento.
En primer lugar
la Ley de Enjuiciamiento Criminal que es nada menos que de 1882
y también la Ley Orgánica 5-2000 de 12 de enero reguladora
de la responsabilidad penal del menor para la regulación
de los procesos penales incoados frente a los mayores de 14
y menores de 18.
Como vemos, en la Ley de Juzgamiento Criminal
se regulan los procesos penales concernientes a los mayores,
esto es, a las personas que han,
a los presuntos autores de hechos delictivos
cuya edad está comprendida entre los 18 años
y hasta donde alcance
y sin embargo la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor
regula los procesos penales frente a personas
cuya edad está comprendida entre los 14 y los 18 años.
Bien, en el proceso contencioso administrativo
ha de destacarse la Ley 29.1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa
para la regulación de los procesos incoados
frente a la Administración pública y también la Ley 39.2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común frente a las Administraciones públicas.
En el orden social o laboral,
finalmente, ha de reseñarse la Ley 36.2011, 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social.
Y estos son nuestros órdenes jurisdiccionales,
estas son las leyes que regulan los procesos,
como he dicho, civil, penal,
contencioso administrativo y laboral.
Por último, la eficacia del derecho procesal en el tiempo
y en el espacio.
En el tiempo, las leyes entran en vigor,
lo dice el artículo 2 del Código Civil, a los 20 días
de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado,
si en ellas no se dispone otra cosa.
Esta premisa general establece, sin perjuicio de su claridad,
Una prioridad relativa
a que 20 son los días con carácter general,
pero puede establecerse un periodo distinto
por razón de la dificultad de aprendizaje
y de asunción del contenido de una norma especialmente compleja.
Por tanto, pues hay alguna regulación
que precisa un tiempo más largo para su entrada en vigor,
pero lo general son 20 días.
El artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
establece que los asuntos que correspondan a los tribunales civiles
se sustanciarán siempre por estos con arreglo
a las normas procesales vigentes que nunca, nunca serán retroactivas.
Esto comporta que la correcta elección
de la ley procesal conforme a un factor temporal
ha de contraerse a la que se encuentra vigente
en el exacto momento en el que comienza el proceso
y no a aquel otro en el que se suscitó el conflicto que luego
originaría ese proceso.
La Constitución española reconoce además, en el artículo 9.3,
el principio de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Esto significa, en derecho procesal,
que si la norma aprobada durante la pendencia
de un proceso puede acarrear un perjuicio por razón.
Bien sea de su nuevo diseño procedimental, más lesivo,
en su totalidad o en alguna parte,
entonces el juez podrá arbitrar alguna de estas tres soluciones.
Primero, podrá continuar aplicando la ley derogada hasta el término,
en estricta aplicación del principio constitucional.
En segundo lugar, podrá continuar aplicando la ley
derogada hasta la conclusión de una de las fases procesales,
por ejemplo, hasta la conclusión de la instancia
y reconduce la siguiente fase, por ejemplo, la de recursos,
a la nueva ley que acaba de aplicarse y es más favorable.
En tercer lugar, podrá aplicar esa nueva ley
desde el mismo momento de su entrada en vigor por estimar
que su regulación no comporta restricción de derechos ni perjuicio
alguno para ninguna de las partes procesales, sino todo lo contrario,
que es más beneficiosa.
Cualesquiera de estos tres escenarios son posibles y factibles
y el juez o jueza decidirá cuál será el prioritario en el caso concreto.
Bien, respecto a la eficacia del derecho procesal
en el espacio, ha de destacarse que el derecho procesal
es siempre de ámbito nacional,
como ya se ha dicho, porque razones de unidad,
coherencia y seguridad jurídica, además de igualdad,
imponen que los procesos celebrados en España,
como digo, sean iguales, exactamente iguales,
en su tramitación para los distintos justiciables,
con independencia del lugar donde nos encontremos
respecto a toda nuestra geografía española.
Entonces, los procesos civiles que se sigan
en el territorio nacional se regirán,
y así lo establece el artículo 3 de la ley de juiciamiento civil,
únicamente por las normas procesales españolas,
sin perjuicio de lo establecido en los tratados
y convenios internacionales al efecto.
Para un estudio más detallado respecto a la eficacia
de las normas procesales en el espacio de nuestros distintos
procesos judiciales, tanto civiles como penales,
contencios administrativos, sociales y militares,
nos remitimos a la unidad en la que se explica,
dentro de este mismo programa, la extensión y límites
de la jurisdicción.
Y con esto damos por concluido el primer programa.
De nuestra serie Introducción al Derecho Procesal,
esperando que haya sido suficientemente clara
y que desde luego les haya comprometido
y vinculado a continuar con esta apasionante disciplina.
Muchas gracias.