Programa 1.
Derecho procesal penal con Sonia Calaza,
concepto, naturaleza, función, finalidad, fuentes,
derechos fundamentales.
El proceso penal es el instrumento público
de la jurisdicción, integrada por jueces y magistrados,
independientes, inamovibles, responsables y tan solo
sometidos al imperio de la ley,
regulado en nuestra vigente legislación procesal,
en este caso en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal,
y puesta al servicio tanto de ciertas instituciones públicas,
así el Ministerio Fiscal,
como.
De los particulares para otorgar puntual respuesta jurídica motivada,
congruente y estable a los conflictos sociales,
en esencia los delitos regulados en el Código Penal,
mediante el ejercicio del ius poniendi que tan solo
corresponde al Estado, y todo ello con una triple finalidad.
Primero, el restablecimiento de la libertad
amenazada del inocente, su absolución o, en caso contrario,
el castigo del culpable a través de una sentencia
de condena.
En segundo lugar, la reparación en lo humanamente posible
de la víctima y, en tercer lugar, la reeducación,
reinserción o resocialización del autor de ese hecho delictivo.
De este breve concepto del derecho del proceso penal,
cabe extraer, en primer lugar, cuál sea su naturaleza.
Evidentemente, es una naturaleza pública.
Su triple finalidad, que es la recién expresada
y sobre la que después volveré.
Y su función.
En esencia, su función es de pacificación social.
En un sistema, además de justicia criminal,
como el español, en el que el ius puniendi,
o derecho al castigo, como he dicho,
tan solo corresponde al Estado y nunca a los ciudadanos.
Y corresponde a través,
precisamente, del tercer poder del Estado, del poder judicial
integrado por jueces y magistrados,
quienes habrán de dar respuesta a cuantos conflictos sociales,
los delitos regulados en nuestra legislación penal,
en nuestro código penal,
se les planteen siempre por el cauce del proceso penal.
Inserto, como digo,
en un consolidado sistema de justicia penal fruto
de muchas conquistas sociales, políticas, culturales e intelectuales
y considerado con incuestionable acierto
como el termómetro que mide con mayor precisión
la temperatura democrática de cada país.
El proceso penal, respecto de su naturaleza,
al igual en este punto, por cierto,
que el resto de procesos que están integrados
en nuestra legislación procesal,
del resto de órdenes de nuestra única jurisdicción, tanto civil,
contencioso, administrativo, social o laboral, Bien,
pues el proceso penal es un instrumento público del Estado
y por tanto es a su naturaleza pública
y esto resulta evidente si se repara en qué público
es el prestigioso órgano del Estado al que se comienda siempre
y en todo caso la acusación penal,
el Ministerio Fiscal, Públicos o a lo sumo semipúblicos
son los delitos regulados en el Código Penal
por los que se ejercita la acción criminal,
con excepción del único delito, ciertamente un delito sui generis,
considerado un delito privado de nuestra legislación sustantiva,
que es el de injurias y calumnias.
En tercer lugar, público también es el poder del Estado
al que se encomienda el ejercicio del ius puniendi,
Es el tercer y más alto poder del Estado, el poder judicial integrado,
como se ha dicho, por jueces y magistrados que son,
a su vez, funcionarios públicos.
En cuarto lugar, público es el garantista procedimiento
que sirve de trayecto o cronograma procedimental legal,
ordenado, pautado,
desde la misma acusación por denuncia o querella,
como se verá,
ante la primera sospecha del hecho delictivo
hasta la sentencia que pone término al proceso penal.
La función del proceso penal es sobre todo preventiva y protectora
ex ante, así como retributiva, represiva y resocializadora ex post.
La función retributiva, reparadora y resocializadora
se orienta a provocar en un sentido positivo
primero la restauración del orden público,
segundo el mantenimiento de la paz social y tercero la salvaguarda
de la seguridad ciudadana.
El proceso penal tiene una triple finalidad,
ya me he referido a ella.
Recordemos, primero reparadora o sancionadora,
el restablecimiento de la libertad amenazada del inocente
cuando llega a su absolución o el castigo del culpable
cuando, sin embargo, llega a su condena.
Es restauradora de la víctima, la reparación, la restauración,
la recuperación en lo posible e indemnización de la víctima
o en su caso de las personas perjudicadas es la segunda finalidad
del proceso penal.
Y la tercera, la resocialización del autor del hecho delictivo
o victimario, la reeducación,
reinserción y resocialización de este autor del hecho delictivo.
Comencemos con la primera de las finalidades,
la finalidad reparadora o sancionadora.
La finalidad del proceso penal es, en primer término,
sancionadora.
Puesto que de quedar efectivamente acreditada la condena,
gracias a una prueba de cargo suficientemente demostrativa
de la desvirtuación de la presunción de inocencia,
entonces tan solo el Estado, de nuevo a través de su tercer poder,
el.
El Poder Judicial,
integrado, recuérdese, por jueces y magistrados,
podrá tanto dictar la sentencia penal,
respuesta final del Estado emitida a través de estos jueces
y magistrados frente a los conflictos sociales
planteados tanto por el Ministerio Fiscal
como por los acusadores personados, que pueden ser,
como se verá, populares, particulares o privados,
en el marco de los procesos judiciales,
como ejecutar esa sentencia penal condenatoria.
La actuación del ius puniendi del Estado encomendada a los máximos
responsables de la jurisdicción, los jueces y magistrados,
frente a la sensata y siempre justificada actuación
del Ministerio Fiscal, en conjunción o no con la acusación particular,
y o popular habrá de canalizarse siempre a través del proceso penal,
inspirado en los principios que vamos a estudiar precisamente
en este programa,
bajo la atenta dirección primero del tribunal de instancia,
sección de instrucción a quien se encomienda
la investigación, y después del tribunal que corresponda
el enjuiciamiento, con escrupuloso respeto
a los derechos procesales de las partes,
tanto acusadora como acusada, en el marco de un trayecto
perfectamente reglado, organizado, ordenado y pautado,
conforme a la arquitectura procedimental diseñada
para cada tipo de objeto y sujeto por nuestra ley procesal penal,
que es nuestra ley de enjuiciamiento criminal.
La respuesta condenatoria o absolutoria ofrecida por el Estado
en forma de sentencia frente al conflicto penal
habrá de encontrarse amparada en una prueba,
o mejor aún, en un conjunto de pruebas
de cargo suficientemente ilustrativa o ilustrativas de la desvirtuación
de la presunción de inocencia,
cuya celebración, obtención y custodia
habrá de haberse materializado con todas las garantías,
que también estudiaremos ahora, de legalidad, licitud, pertinencia
y utilidad en cumplimiento
de los consagrados principios de jurisdiccionalidad y mediación,
libre valoración probatoria, tasada tan sólo
en los casos de documental pública y privada no cuestionada,
como veremos, contradicción, publicidad y concentración.
Bien, la finalidad restauradora de la víctima.
La víctima, en tanto en cuanto es la única titular directa
en su propia persona del bien jurídico
protegido por el delito, ha de estar en el centro
de todo el sistema de justicia penal.
El tratamiento que se ha venido otorgando a las víctimas
de los distintos procesos penales en la reciente
y no tan reciente historia de España no es desafortunadamente positiva.
En este sentido se ha venido advirtiendo,
o más bien denunciando, su escaso protagonismo,
su práctico silenciamiento en el marco del procedimiento
bajo la excusa de su posible ánimo revanchista frente al delito.
Cuando el ius puniendi,
como he dicho, tan solo corresponde al Estado y debe
ser ejercido con un máximo de respeto e imparcialidad.
Su tratamiento, además, antes como un objeto de prueba
que como un verdadero sujeto capaz de generar por sí mismo
y con su cualificado testimonio otras fuentes de prueba.
La víctima de los delitos públicos no está obligada a instaurar
ni a mantener el proceso penal
para que éste se inicie y llegue a término,
porque el Estado ya se vale por sí mismo
con el fiel sostenimiento de esa pretensión por parte
del Ministerio Fiscal que asume la acusación pública del Estado.
Para celebrar el proceso penal sin la necesaria y activa intervención
de otras partes acusadoras.
Particular sería el ofendido perjudicado por el delito
o popular que sería, como se verá,
cualquier ciudadano conocedor de la existencia de ese delito.
Ahora bien, nuestro vigente sistema de justicia penal
integra en su articulado
una herramienta procedimental o procesal esencial,
que es el denominado ofrecimiento de acciones.
Se ofrecerá tanto al ofendido, que es la propia víctima,
titular del bien jurídico protegido por el delito,
como al perjudicado.
El perjudicado es una persona, como se verá,
que no siendo la víctima, es decir,
no siendo el titular directo del bien jurídico concretamente protegido
por el delito, sin embargo merece ser indemnizada por el resultado dañoso
que ese delito ha generado en su persona
o en sus bienes.
Y este ofrecimiento de acciones se ofrece, valga la redundancia,
en varios momentos del procedimiento,
al objeto principalmente de concederles a estas personas
el protagonismo que merecen,
pero también para evitar que ese proceso pueda,
ante un sobrevenido desinterés del Ministerio Fiscal,
llegar a truncarse.
El vigente proceso penal tiene una relevante finalidad reparadora,
terapéutica o protectora,
por cuanto primero permite su instauración ex oficio
y ulterior mantenimiento por parte del Ministerio Fiscal,
incluso contra la voluntad de la víctima.
Luego, este sector vulnerable de nuestra sociedad,
las víctimas y los perjudicados por los hechos delictivos,
estará siempre protegida con independencia
de cuál sea su papel activo, escaso o nulo en el proceso.
En segundo lugar,
se le invitará a lo largo del procedimiento,
como he dicho, en distintas ocasiones,
a incorporarse al mismo a través de este instrumento
del ofrecimiento de acciones.
En tercer lugar, como norma,
y salvo que renuncie o se reserve la acción civil indemnizatoria
para un momento posterior,
se le acumula esta pretensión civil resarcitoria
también de oficio a la pretensión penal.
Esa otra pretensión civil para la reparación al menos económica
del daño personal, moral o patrimonial
soportado como consecuencia del delito,
genera en el juez la obligación de dar una respuesta
en esa misma sentencia a todas las peticiones.
Por tanto, ha de responder tanto
a la pretensión penal o pretensiones penales,
la sanción por la comisión del hecho delictivo
o, en otro caso, la absolución por la no comisión de ese hecho
delictivo y civiles de reparación económica
por los daños ocasionados como consecuencia de ese delito.
La finalidad resocializadora del autor del hecho delictivo
o victimario es la siguiente función del proceso penal
y se erige en un auténtico mandato constitucional.
En este sentido, el artículo 25 de la Constitución española
establece con toda contundencia que las penas privativas de libertad
y las medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y reinserción social.
Y no podrán consistir en trabajos forzados el condenado a pena
de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará
de los derechos fundamentales de este capítulo
todos los derechos fundamentales a excepción de los que se vean
expresamente limitados por el contenido
del fallo condenatorio.
El sentido de la pena y la ley penitenciaria.
En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado
y a los beneficios correspondientes de la seguridad social,
así como al acceso a la cultura
y al desarrollo integral de su personalidad.
Esta función,
absolutamente esencial del proceso penal,
es sin embargo la de mayor complejidad práctica,
por motivos que son muy variados.
En primer lugar, la rehabilitación depende en buena medida
de la íntima voluntad del propio delincuente.
Quien ante una condena larga puede perder la esperanza
de un posterior renacimiento vital en libertad y en lenguaje coloquial
puede tirar la toalla o abandonarse a su azarosa buena
o mala suerte dentro de prisión.
En segundo lugar, la verdadera resocialización
no resultará sencilla en algunas prisiones,
debido a la convivencia con otros delincuentes,
a caso de considerable malignidad, con los que se enfrenta
a un inevitable contagio criminógeno.
En tercer lugar la restauración personal
sentimental moral del autor del hecho delictivo
precisa una respuesta sin duda más terapéutica pedagógica
educadora y psicológica que la que se le puede ofrecer
en una prisión.
Sin que nuestro sistema de justicia penal se pueda permitir,
tanto por falta de medios económicos y humanos,
como por la rigidez de una ley penal que apenas permite la entrada
de una mínima proyección del principio de oportunidad,
como se verá, ofrecer respuestas dispares
a modelos de personas distintos.
Algo así como un traje a la medida de cada concreto delincuente
para ofrecerle una reeducación personalizada
y adaptada a su caso concreto.
Esto no existe en España
y por tanto toda persona que comete un hecho delictivo de cierta gravedad
ingresa en prisión en condiciones de igualdad con las demás.
Con todo y a pesar de las dificultades
que acabo de describir, nuestra justicia penal,
de la que son titulares nuestros jueces y magistrados,
ha de estar orientada siempre a través del proceso penal.
Recuérdese, primero, a la realización del ius puniendi,
tanto para la condena del culpable
como para la absolución del inocente,
a la protección y reparación de la víctima,
así como del perjudicado,
que normalmente coincidirán en la misma persona,
pero pudieran no coincidir, y a la rehabilitación penal.
O reinserción del delincuente.
Vamos por fin con las fuentes.
Las fuentes del derecho procesal penal,
al igual que las de las restantes ramas
del derecho procesal,
vienen integradas por la Constitución,
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos,
la Ley de Enjuiciamiento,
en este caso la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
y las leyes especiales.
La constitución está en la cúspide de nuestro sistema normativo
y en su marco deben distinguirse los derechos ordinarios
y los derechos fundamentales los derechos ordinarios
están dirigidos esencialmente al legislador
de cada tiempo quien regulará por ejemplo la extensión y límites
de la justicia gratuita o los recursos
que caben frente a determinadas resoluciones judiciales
son derechos de configuración legal
cuyo mandato primero se encuentra la constitución
y luego el legislador en función de la sensibilidad.
Reinante en cada tiempo,
en cada momento de nuestra democracia,
irá fortaleciendo o devaluando el ejercicio
de estos derechos en función de necesidades concretas.
Los derechos fundamentales.
Afectan en los que afectan al proceso
los que a nosotros nos interesan son los de naturaleza procesal
se encuentran contenidos en el artículo 24
de la constitución española y los analizaremos a continuación
pero tanto estos los de naturaleza procesal
como los de naturaleza material que también se ven fuertemente impactados
en el proceso penal.
La libertad, la intimidad, el honor, la imagen, el domicilio,
todos ellos se ven muy impactados.
De todos ellos vamos a hablar cuando abordemos la analítica
de las distintas medidas de investigación.
Su infracción, la infracción de unos u otros,
ocasiona la nulidad de todo lo actuado.
Los tratados internacionales de incidencia procesal penal son
los siguientes.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
o Pacto de Nueva York, el Convenio para la Protección de Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales de Roma con
sus protocolos, Y el artículo 10.2, en este sentido de la Constitución,
establece que las normas relativas a derechos fundamentales y a libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
A continuación tenemos la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que es nada menos que de 14 de septiembre de 1882.
Es nuestro Código Procesal Penal de base.
De conformidad con lo dispuesto en su primer artículo,
no se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles
cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria,
sino de conformidad con las disposiciones
del presente Código o de las leyes especiales
y en virtud de sentencia dictada por juez competente.
Esta es la ley que vamos a analizar a lo largo de todos estos programas.
Las leyes especiales también contienen mandatos dirigidos
a los aplicadores del derecho procesal penal
y también serán analizadas en los próximos programas.
Pasamos a los derechos fundamentales y primero analizaremos
los derechos fundamentales de derecho judicial orgánico.
El derecho a la participación en el jurado.
Este derecho aparece expresamente recogido en el artículo 125
de la Constitución Española.
Los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia
mediante la institución del jurado, en la forma
y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determina.
En España, la Ley del Jurado se regula en Ley Orgánica 5.1995.
En segundo lugar, el derecho al juez legal, natural
o predeterminado por la ley.
Este derecho se encuentra recogido en el artículo 24
de la Constitución Española y consagra positivamente
que todos tenemos derecho al juez ordinario
predeterminado por la ley.
Y expresa negativamente en el artículo 117.6
la prohibición de los tribunales de excepción.
El juez natural, juez legal
predeterminado por la ley, es un derecho fundamental
que asiste a todas las personas a ser juzgadas por un órgano jurisdiccional
que cumpla con los siguientes requisitos.
Primero que sea creado por una ley orgánica,
principio de legalidad y reserva de ley orgánica.
La ley orgánica del Poder Judicial, precisamente,
determinará la constitución de nuestros tribunales.
En segundo lugar, perteneciente a la jurisdicción penal ordinaria,
principio de unidad.
La unidad, la única jurisdicción especial
que constitucionalmente se reconoce, la única especial,
es la militar, en el artículo 117.5
de la Constitución Española.
El resto de órganos jurisdiccionales integran una única jurisdicción,
que es la jurisdicción ordinaria.
En tercer lugar, constituido con arreglo
a las normas comunes de competencia previamente establecidas en la ley,
las normas de la competencia.
El juez legal no solo ha de ser ordinario,
sino que ha de estar predeterminado por la ley con arreglo a normas
de la competencia objetiva, funcional y territorial,
que son normas imperativas o de just cohenx,
Están reguladas su mandato, su imperatividad en el artículo 8
de la ley de enjuiciamiento criminal cuando prescribe
que la jurisdicción criminal es siempre improrrogable.
Su actividad ha de ser además respetuosa
con los principios constitucionales de igualdad,
independencia e imparcialidad,
así como de sumisión expresa a la ley.
Principios constitucionales estos, tanto la independencia,
inamovilidad, responsabilidad y sumisión a la ley,
que están recogidos en el artículo 117.1 y 2
de la Constitución Española.
Cuando prescribe que la justicia humana del pueblo
se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes
del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables
y únicamente sometidos al imperio de la ley.
Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos,
trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas
y con las garantías establecidas en la ley.
Se entiende infringido este derecho al juez legal,
ordinario, natural, predeterminado por la ley,
cuando se provoca precisamente una alteración de estas reglas
con la finalidad de obtener un privilegio
o un trato diferenciado en el ejercicio del enjuiciamiento.
Los derechos fundamentales de naturaleza sustantiva
son los siguientes.
En primer lugar, el principio de legalidad.
Ninguna acción legal ni reacción defensiva,
procesales ambas, es espontánea, azarosa o improvisada,
sino todo lo contrario, tanto el trayecto procedimental
por el que discurren esas pretensiones acusadoras
y defensivas,
equiparada desde antiguo con las vías del tren,
como el destino final del proceso penal,
identificado por contraste con el mismo tren,
y es la sentencia, han de ampararse en la exigente aplicación de la ley,
de la que nuestros jueces y magistrados no podrán apartarse
en ningún momento,
ni en el trayecto procedimental, vías del tren,
ni en el destino final de ese tren, que es el proceso,
la sentencia con el juicio favorable o adverso.
Y ello por ser una razonable exigencia constitucional.
El artículo 117.1 de la Constitución
lo reclama la justicia humana del pueblo y se administra a nombre
del rey por jueces y magistrados independientes,
inamovibles, responsables y, recuérdese,
tan sólo sometidos al imperio de la ley.
¿Cuáles son las proyecciones de este principio de legalidad?
Primero, principio nullum crimen nulla pena
sine lege.
El artículo 25.1 de la Constitución Española
lo establece.
Nadie puede ser condenado
o sancionado por acciones o omisiones que en el momento
de producirse no constituyan delito o infracción administrativa
según la legislación vigente en ese momento.
Por tanto, se precisa una ley escrita,
previa y cierta.
En segundo lugar, principio de prohibición
de la irretroactividad de la ley penal desfavorable.
Tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos
en su artículo 7.1 lo prescribe como la Constitución Española
en su artículo 9.3.
Recordemos, 7.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
establece que no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable
en el momento en el que la infracción haya sido cometida.
La Constitución Española, por su parte,
garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales.
En tercer lugar, el principio de la predeterminación normativa
o certeza.
Esta exigencia material de certeza de la norma penal,
existencia de una predeterminación normativa suficientemente clara
que pueda, tanto la norma penal como su sanción,
ser conocida de forma clara y previa por sus destinatarios,
es inherente al principio de legalidad
y provoca la prohibición de la analogía penal.
El principio novus in idem es el siguiente
de los principios recogidos entre los derechos fundamentales
de naturaleza sustantiva
y es la imposibilidad de enjuiciar a una misma persona,
que puede ser física o jurídica,
en más de una ocasión por unos mismos hechos.
Existe una preferencia de la jurisdicción penal frente
al resto.
Especialmente la administrativa,
que es con la que suele colisionar más.
Esto obliga a que la administración pública
deba suspender sus actuaciones hasta tanto recaiga sentencia penal
firme cuando el hecho sea objeto de un procedimiento penal
y, a su vez, se haya iniciado o se haya sospechado
que hay alguna irregularidad administrativa.
Bien, los derechos fundamentales con incidencia procesal
son los siguientes.
Derecho de acción y defensa.
El derecho de acción penal es el derecho fundamental
que corresponde a cualquier persona con independencia,
como se verá, de la afectación directa
o indirecta del resultado delictivo en su propia persona y bienes.
Apostularse es un derecho a postularse
ante el tribunal de instancia, sección de instrucción,
para poner en su conocimiento, primero,
la existencia de unos hechos de apariencia delictiva.
Segundo, y en su caso, la identificación de su autor.
En tercer lugar, caso de conocerse,
también la localización donde se encuentra ese autor.
Y todo ello con vistas a obtener una resolución jurídica,
razonada, motivada.
Congruente y a poder ser estable,
en un primer momento será sobre la iniciación
o no de ese proceso penal.
Luego, avanzado el juicio,
se irán tomando otras resoluciones hasta la sentencia final.
El derecho de acción
y el derecho de defensa son en verdad dos caras de una misma moneda.
Respecto de cuya recíproca interconexión,
cabe reconocer la existencia de una auténtica ecuación axiomática
que nuestra Ley Orgánica de Defensa describe de la siguiente forma.
Sin tutela judicial efectiva no es posible una defensa real
y sin una defensa efectiva es inviable el ejercicio
de una real tutela judicial efectiva.
El derecho de defensa cabría conceptuarlo
como el derecho fundamental que asiste a todo investigado
o encausado en el marco del proceso penal
orientado a preparar su pretensión exculpatoria
o en su caso a dar o omitir respuesta a la pretensión punitiva
con plena libertad, información, asistencia técnica y lingüística
bajo los principios de legalidad, contradicción, audiencia bilateral
y desde luego igualdad de armas.
El relevante artículo 118 de la Ley de Juiciamiento Criminal,
que se estudiará con todo detalle, acomete una relación de esos derechos
considerados mínimos, básicos, esenciales,
que corresponden a toda persona a la que se le atribuye la comisión
de un hecho punible.
Quien podrá ejercer este derecho de defensa
interviniendo en las actuaciones desde que se le comunique
la misma existencia de ese posible hecho delictivo,
haya sido objeto de detención o no,
y también haya sido objeto de ser sometido a cualquier medida cautelar
o se haya acordado su procesamiento.
El presunto autor de los hechos delictivos o constitutivos
de delito será, por tanto, instruido sin demora injustificada,
porque así lo impone el artículo 118 del Adjudicamiento Criminal,
de los derechos generales siguientes.
Primero, del derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen,
así como de cualquier cambio relevante en el objeto
de la investigación y de los hechos imputados.
Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente
para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
En segundo lugar,
el derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación
para salvaguardar el derecho de defensa y, en todo caso,
con anterioridad a que se le tome la primera declaración.
En tercer lugar, el derecho a actuar en el proceso penal
para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo establecido
en la ley.
En cuarto lugar, el derecho a designar libremente su abogado.
En quinto lugar, derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita,
procedimiento para hacerlo, condiciones para obtenerla.
En sexto lugar, el derecho a la traducción
e interpretación gratuitas.
En séptimo lugar, el derecho a guardar silencio,
a no declarar contra sí mismo
delito.
A no prestar declaración si no desea hacerlo,
a no contestar a una o alguna de las preguntas que se le formulen
y, por último, en octavo lugar, a no declarar,
ya me había referido antes, contra sí mismo,
lo cual es algo similar a no confesarse culpable.
El derecho de información es el derecho iniciático
porque, tantas veces se ha dicho, sin información no hay nada.
Por tanto, este derecho de información
es presupuesto esencial del derecho de defensa.
Se encuentra expresamente previsto en el catálogo
de derechos constitucionales de naturaleza fundamental
del artículo 24.
Todos tienen derecho a ser informados de la acusación
formulada contra ellos.
El derecho de información,
cuyo fundamento reside en los principios de igualdad
y de contradicción,
es desde un punto de vista cronológico prioritario frente
al resto de derechos, porque su efectivo ejercicio
posibilita el posterior derecho a la tutela y en su reverso
el consiguiente derecho de defensa con todas sus proyecciones.
El artículo 118.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
reconoce el derecho de toda persona a quien se atribuye un hecho punible
a ser informado de los hechos que se le atribuyen,
así como de cualquier cambio relevante en el objeto
de la investigación y de los hechos imputados.
Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente
para permitir el ejercicio efectivo de ese derecho de defensa.
El derecho de información viene referido,
como es lógico,
no sólo a la ilustración de ese bloque mínimo de derechos
que asisten al investigado y al que me acabo de referir,
con especial incidencia de la narración de los hechos,
del material probatorio que sustentan su imputación
y su más aproximada fundamentación jurídica,
sino también a las sucesivas modificaciones
del contenido de esa acusación
y, como es lógico, al contenido de las resoluciones
que le deban ser notificadas.
La atribución o imputación delictiva,
además de ser emitida en un lenguaje claro, conocido,
sencillo, comprensible, preciso, habrá de ser completa y exhaustiva
porque la omisión de elementos fácticos
o incluso de elementos jurídicos relevantes para la causa
puede conllevar.
Ante la ignorancia o desconocimiento del investigado,
no sólo su desorientación, su incertidumbre, que son
inconciliables con el refuerzo del derecho de información,
sino lo que es más grave,
pueden conllevar una auténtica quiebra
del derecho de defensa y de principios tan elementales
como la contradicción y la igualdad de armas.
En la legislación se incide de manera expresa en la imperiosa necesidad
de que la información sea además transmitida
en un lenguaje claro, preciso, inequívoco, sencillo,
exacto, expreso, concreto y, sobre todo,
adecuado o ajustado a los receptores de esa información.
La información, por tanto, habrá de ser,
como digo, clara, sencilla, precisa, expresa, inequívoca.
También habrá de ser muy detallada, exhaustiva, completa.
Veraz, actual y adaptada al lenguaje de comprensión,
formación y capacidad de cada concreto destinatario.
Y ello sin perjuicio, claro, está de la publicidad activa o deber
que corresponde a la Administración, en nuestro caso
a la Administración de Justicia, de publicar una información general
sobre el Estatuto Básico de Derechos Mínimos
de todo investigador causado en garantía de la transparencia
que le resulta exigible tanto en las sedes electrónicas
como en las páginas web de la propia Administración de Justicia.
Este derecho a ser informado tiene, razonable reconocerlo,
un contenido gradual en las distintas fases del proceso.
Pero su cumplimiento, con arreglo a las características que se acaban
de indicar, debe acreditarse desde el mismo inicio del proceso
para dotar de ese real ejercicio del derecho de defensa
durante toda la cronología del procedimiento.
La omisión de la debida ilustración del contenido de la acusación
o del catálogo de derechos
que asisten al investigado puede ocasionarle,
en función del perjuicio sufrido y de su concreta repercusión
en el procedimiento, una indefensión real y efectiva.
Ahora bien, una indefensión material provendrá,
y esto parece razonable expresarlo con toda contundencia,
de la acreditación de una privación de las facultades de alegación,
prueba e impugnación,
motivadas precisamente por el desconocimiento
de la información omitida, que supongan una desventaja,
un perjuicio, que supongan un desequilibrio,
una desigualdad o, en su caso, una lesión relevante
en el inicio o a lo largo del itinerario del procedimiento.
Pasamos al derecho a examinar las actuaciones con la debida
antelación para salvaguardar el derecho de defensa
y, en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
Este derecho parece, a todas luces, un afianzamiento,
un reforzamiento del derecho de defensa,
de nuevo en su proyección del derecho a la información,
porque viene a garantizar no sólo que el derecho de información
sobre el contenido de la acusación y derechos procesales mínimos
se haya ejercido efectivamente,
sino también que además se haya ejercido
con un tiempo de antelación o con una antelación temporal
suficiente para no comprometer la ulterior declaración
del investigado.
Esta información habrá de ser trasladada por lo demás
al investigado tan pronto como exista la más mínima probabilidad,
verosimilitud o posibilidad de inicial apreciación
e inminente atribución de la comisión de la actividad delictiva.
Y concreta, con base en unos indicios sólidos,
razonables, firmes, elocuentes, actuales y estables
desde tiempo atrás, los procesalistas nos hemos venido planteando
si el momento procesal en el que surge el derecho de defensa
lo es el propio de la imputación judicial,
es decir, el de la admisión formal de la denuncia o querella,
o en su caso el de la adopción de cualquier medida cautelar
frente a un sujeto determinado de la que se pueda inferir
que ese sujeto está siendo investigado,
o a retrotraerse incluso a un momento anterior en el tiempo,
concretándose ya en el periodo en el que el juez,
con antelación a la emisión de ese primer acto formal
de constitución del sospechoso o investigado en parte procesal,
ya analiza, estudia, valora, aprecia o enjuicia la verosidad,
la autenticidad,
la credibilidad de esos hechos empíricos que se le han evidenciado
en la denuncia o querella de manera conjunta,
en su caso, al presunto autor conocido y a la comprobación,
a la averiguación, detección de su identidad.
Dentro, claro, está de unos márgenes por el momento
dado lo iniciático o lo embrionario de ese momento,
de probabilidad, de posibilidad, de verosimilitud, por razón de,
como digo, del incipiente momento o periodo procesal
en el que todavía se encuentra.
Conviene señalar que el transcurso
del tiempo que media desde el exacto momento
en el que se produce la admisión de la denuncia o querella
y aquel otro en el que el investigado tiene
cabal conocimiento de los hechos que se le imputan,
de los derechos que le asistan, con eventual celebración
en su caso de diligencias que resultan imprescindibles
por razón de su urgencia, ese tiempo discurre de espaldas al investigado.
Y genera actos irrepetibles sin contar con su intervención,
con su participación.
Por tanto,
esa situación provoca una inevitable pero evidenciable desprotección
que puede infligirle incluso indefensión
y conculcar su derecho de defensa.
Es por ello por lo que la doctrina procesal
ha insistido hasta la saciedad en la relevancia de conectar
o asociar el exacto momento de la imputación
con el surgimiento del derecho de defensa.
Momento que por lo demás no ha de sufrir ninguna demora,
retardo ni retraso, bajo el aparente pretexto
de no lesionar el honor del investigado,
porque en otro caso quedaría burlado un derecho judicial.
Fundamental, muy relevante,
que es precisamente el derecho de defensa
al no haberse podido ejercitar las relevantes diligencias sumariales
que eventualmente se hubieran practicado
durante el tiempo que medía entre la mera sospecha delictiva
y la primera imputación formal.
En este sentido, resulta de todo punto imprescindible
no sólo que la acusación preceda la defensa,
sino también que lo haga con un tiempo de antelación
suficiente para preparar adecuadamente y eficazmente
esa defensa.
Tras conocer y comprender en la mayoría de los casos y también
tras el necesario asesoramiento técnico y jurídico
en su caso lingüístico el contenido de la imputación
y ello en adecuado cumplimiento del principio de contradicción
de igualdad de armas
así como de que pueda comenzar esa tensión o debate dialéctico
que se provoca en todo proceso penal entre la pretensión
y la resistencia sin menoscabo de las garantías procesales básicas
o elementales.
Es por ello por lo que no debe bastar con una ilustración genérica,
mecánica o automática del listado elenco de derechos básicos
del investigado, así como del contenido
de la imputación con una antelación temporal,
razonable o prudencial respecto de esa primera declaración,
sino que dicha traslación de información debe efectuarse
conforme a lo que debiéramos entender por una buena praxis informativa,
incidiendo en tanto los efectos desfavorables que puedan desprenderse
de la inutilización o inobservancia de los derechos,
integrantes de dicho elenco básico del artículo 118
de la Ley de Juzgamiento Criminal.
El derecho de defensa, en su proyección de derecho
a la información, en todo caso no sólo se vulnera cuando se infringe
la necesaria secuencia temporal lógica y cronológica consistente
en que la ilustración.
De la imputación
y de los derechos elementales del investigado preceda
a su primera declaración con un lapso de tiempo razonable,
sino también y de una forma especialmente intensa
cuando se toma declaración a investigado como testigo,
previa ocultación de los cargos existentes contra él.
El investigado tiene un estatus diferente,
un estatus procesal diferente al del testigo.
Por tanto, en estos supuestos,
y dado que el testigo tiene la obligación
primero de comparecer después de prestar declaración
y al término de decir la verdad.
Tres obligaciones, comparecer, prestar declaración
y decir la verdad.
En el caso de recibir declaración del investigado como testigo,
se violentaría el más elemental derecho al silencio
y al término se le coaccionaría,
pues podría ser apercibido ilegítimamente con penas de delito
de falso testimonio una persona que está siendo investigada.
El relevante derecho de investigación,
presupuesto necesario, como ya se ha visto,
de los restantes derechos fundamentales
de naturaleza procesal,
no es patrimonio exclusivo de la primera instancia,
sino que debe predicarse de todo el procedimiento,
esto es, de las siguientes instancias,
de todos sus recursos.
Siguiente derecho, derecho a actuar en el proceso penal
para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto
en la ley.
Viene referido al derecho de acceso al proceso
en su vertiente de derecho de defensa que despliega a su vez
una triple proyección ampliamente secundada
por la jurisprudencia.
En primer lugar, la adquisición del estatus de parte
con surgimiento del derecho de defensa y despliegue
de todos los derechos que le son propios.
En segundo lugar,
el derecho a realizar alegaciones tanto fácticas como jurídicas,
a presentar actos de investigación, a proponer pruebas
y, por supuesto, a practicar en su práctica,
así como a los demás actos que la ley le faculta o al menos que no excluya
de manera expresa merced a principios tales
como la igualdad de armas, contradicción, audiencia bilateral
y, al fin, también, en tercer lugar,
el derecho a la impugnación de las resoluciones desfavorables.
Vamos a ver cada uno de ellos.
El derecho de acceso en su vertiente de defensa surge cronológicamente
como ya se ha dicho en el momento en el que el investigado tiene
puntual conocimiento de la acusación por primera vez
gracias a este derecho de información conoce su propia imputación de ahí
que se ocupe.
De ahí que este derecho ocupe el relevante segundo puesto
del catálogo de derechos procesales.
Los momentos inicial y final del periodo tramo procesal
del despliegue de efectos del derecho de defensa
y en consecuencia de todas sus proyecciones quedan concretadas
en el artículo 118 de la Ley de Injuiciamiento Criminal,
que prescribe que el derecho de defensa se ejercerá sin más
límites o limitaciones que las expresamente previstas en la ley,
desde la atribución del hecho punible del investigado
hasta la extinción de la pena.
Una vez despejados estos momentos inicial
y final del despliegue de efectos del relevante derecho de defensa,
se incide en la propia norma de manera expresa
en la necesaria celeridad, urgencia e inmediatez
de las comunicaciones al advertir en el apartado segundo
de este artículo 118 que la admisión de la denuncia o querella
y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación
de un delito contra persona o personas
determinadas serán puestas inmediatamente en conocimiento
de los presuntamente responsables.
Este derecho de acceso
como manifestación del derecho de defensa,
por razón de su posición pasiva del sujeto sometido a juicio,
conlleva la entrada de este sujeto al proceso penal
con la siguiente adquisición del relevante estatus de parte.
Es por ello por lo que resulta imprescindible que esa comunicación
sea además de clara y precisa, como se ha dicho antes,
lo más rápida, ágil y eficaz posible.
Resultando válido cualquier medio siempre
que la persona notificada, citada o emplazada
se dé por enterada de la existencia de esa investigación
y del juicio.
El contenido del derecho de defensa en esa manifestación de derecho
de acceso al proceso de la parte pasiva
ha de consistir básicamente en oponerse frontalmente
a la imputación a través de la solicitud y obtención
de la práctica de los actos de investigación
y la realización de los de alegación,
prueba e impugnación.
Que estimen necesarios para acreditar su exculpación.
Esta exculpación puede orientarse bien
a la inexistencia del hecho delictivo,
bien a la ausencia de tipicidad de ese hecho que en tal caso
ya no sería delictivo, bien a la falta de participación
en ese hecho delictivo del investigado,
bien a la ausencia de responsabilidad penal de ese presunto autor
o bien a la concurrencia de circunstancias atenuantes
de la culpabilidad.
Se analizarán todas ellas a lo largo de los distintos programas.
Será a partir de este momento cuando, una vez adquirido
por el investigado el estatus de parte procesal,
tendrá la carga procesal de la comparecencia,
asistido por abogado, representado por procurador,
si no desea haber se expuesto.
En el mejor de los casos a los efectos desfavorables
de una condena en ausencia en los procesos por delito con pena
privativa de libertad inferior a dos años o en el peor de los casos
a la suspensión del proceso y expedición en su contra
viendo una orden de detención puede ser española una orden europea
de detención y entrega si es en Europa
o incluso una petición de extradición fuera de Europa
o viendo una requisitoria de búsqueda y captura.
Bien, los derechos de alegación y prueba,
la segunda de las proyecciones de ese particular derecho
a actuar en el proceso penal para ejercer el derecho de defensa,
hay de identificarse, como digo,
con el derecho a la realización de los actos de alegación y prueba
que permitan encauzar,
sostener y, en la medida de lo posible,
evidenciar una pretensión exculpatoria.
Este elemental derecho de alegación y prueba
se presupone, a su vez, el exhaustivo y cabal conocimiento
de las fundamentaciones fácticas, los hechos y jurídicas,
el derecho aplicable, mantenidas en la imputación,
bien pues entronca de manera directa
con los principios de igualdad de armas,
de contradicción y de audiencia bilateral.
Toda vez que el escrupuloso cumplimiento
de aquellos derechos básicos, de recepción de toda la información
relevante para defensa primero, mediante una adecuada práctica
de las comunicaciones, y de alegación y prueba después,
permitirá o enseguro que ese debate contradictorio
se mantenga a lo largo del proceso penal ajeno
a desequilibrios generadores de indefensión.
A diferencia del derecho de alegación,
conviene eso sí advertirlo, el derecho a la práctica de la prueba
es limitado y queda condicionado al cumplimiento de tres requisitos
ampliamente debatidos y asumidos por nuestra doctrina
y jurisprudencia.
En primer lugar, su solicitud
o propuesta en tiempo y forma de la prueba,
me refiero.
En segundo lugar, su pertinencia y utilidad.
En tercer lugar, su su relevancia para con la adopción de una respuesta
resultado del proceso.
Entretanto, el cumplimiento del primer requisito,
solicitud en tiempo y forma, depende lógicamente de la pericia,
de la diligencia, de la buena praxis de la parte procesal,
sobre todo de su defensor.
El reconocimiento de los restantes requisitos,
pertinencia, utilidad y relevancia, ya corresponde al juez.
Una vez cumplidos,
eso sí, estos requisitos o presupuestos previos
de diligente solicitud o instancia procesal,
así como de reconocida pertinencia, utilidad y relevancia material,
la práctica de la prueba sobre hechos
controvertidos en condiciones de dignidad,
de previsibilidad y de igualdad, deviene imprescindible
para desvirtuar la presunción de inocencia,
porque no resulta concebible la finalización de un proceso penal,
en especial mediante condena,
sin el ejercicio de este relevantísimo derecho fundamental,
el derecho a la práctica de la prueba.
En tercer lugar,
el derecho de impugnación de las resoluciones desfavorables,
que es la última proyección de ese derecho
a actuar en el proceso penal para ejercer el derecho de defensa,
se concibe como el derecho a promover la acción de la justicia a través
del proceso judicial y no es otro que el derecho a los recursos,
que en el ámbito penal además adquiere relevancia constitucional
por encontrarse en juego derechos fundamentales
de tanta envergadura como, entre otros,
la misma libertad.
Pasamos al derecho a la asistencia letrada.
Conforme al orden cronológico y lógico diseñado para el proceso,
tras el derecho a la información y de acceso,
o incluso de manera coetánea,
surge el derecho a la asistencia o defensa letrada.
Tanto este derecho a la asistencia letrada
como su predecesor, el derecho de publicidad,
han sido configurados como derechos distintos e instrumentales respecto
del derecho de defensa propiamente dicho.
El proceso penal viene hablándose desde tiempo inmemorial
de una defensa dual, complementaria, técnica o pública,
del abogado defensor,
de un lado, y autodefensa o defensa privada,
del propio patrocinado, de otro.
En nuestro sistema procesal penal se conceden al investigado,
de manera exclusiva y directa, un buen número de facultades,
de oportunidades o de posibilidades procesales,
entre otras, el derecho a no declarar contra sí mismo,
el derecho a no confesarse culpable, el derecho a la última palabra
o la posibilidad de declarar cuantas veces quiera.
Sin embargo, será el propio abogado defensor
y no el defendido quien articule, quien encauce o dirija,
en definitiva, la estrategia de la defensa.
El derecho a defensa despliega una doble proyección,
el derecho a la defensa privada o autodefensa
y el derecho a la defensa pública a través de la designación,
bien de un abogado de confianza o de cumplirse los requisitos
legalmente establecidos, un abogado de la justicia gratuita.
En ambos casos,
este derecho de asistencia técnica habrá de ser no sólo eficaz,
sino como es lógico efectivo.
Y este derecho a la asistencia letrada ha sido a su vez
configurado como un derecho deber de carácter
o naturaleza irrenunciable,
en la medida en que la negativa del investigado al nombramiento
de un abogado de confianza provocará de manera inmediata
la designación de uno de oficio y ello
en cualquier fase del procedimiento.
En consecuencia,
una vez que la persona a la que se le atribuye la comisión
del hecho punible toma conocimiento de la imputación,
habrá de dar cumplimiento a la exigencia constitucional
de la asistencia técnica o pública del abogado defensor
al objeto de preparar esa pretensión exculpatoria
o, en su caso, incorporar hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad penal,
así como solicitar y obtener los medios de prueba
que estime pertinentes y útiles para su defensa.
El derecho de defensa pública comprende la asistencia
de un letrado de libre designación o en su defecto un abogado de oficio
de la justicia gratuita con el que podrá comunicarse
y entrevistarse reservadamente,
incluso antes de que se le reciba declaración por la policía,
por el fiscal o por la misma autoridad judicial.
Que estará presente además en todas sus declaraciones,
al abogado me refiero,
así como en las diligencias de reconocimiento,
careos y reconstrucción de los hechos.
Este denominado derecho
a estar presente en todas las declaraciones,
así como en las diligencias de reconocimiento,
careos y reconstrucción
de los hechos que corresponde al investigado respecto de su abogado,
no presupone en sentido estricto su sola personación o presencia,
sino también, como es lógico, su participación proactiva,
mediante la emisión de observaciones,
de puntualizaciones, conexiones, explicaciones todo aquello que pueda
contribuir en beneficio de su defendido a negar,
a contradecir, a minimizar,
a neutralizar la pretensión condenatoria
porque en otro caso se trataría de un mero acompañamiento físico,
de una gran eficacia psicológica, no cabe duda,
pero de escasa o nula relevancia práctica jurídica.
El derecho a la traducción e interpretación gratuitas.
La regulación conjunta de estos derechos a la traducción
e interpretación parece atinada porque son derechos complementarios,
es verdad, si bien ha de concretarse
que, entre tanto, el derecho a la traducción
ha de realizarse respecto de textos, escritos o documentos
y habrá de desempeñarse con suficientes conocimientos
técnicos del sistema jurídico procesal vigente
en cada momento y en cada lugar,
El derecho a la interpretación, sin embargo,
ha de enfocarse más hacia las comunicaciones verbales,
que incluyen no sólo el mensaje oral auditivo,
sino también los gestos, los signos, las señas, las señales,
las posturas.
El derecho a la interpretación es irrenunciable,
de donde se infiere su relevancia capital
con el derecho a la asistencia letrada,
que también es irrenunciable, como la manifestación
o proyección máxima del derecho de defensa.
Este derecho a la traducción e interpretación gratuitas es
el cuarto por orden cronológico del catálogo de derechos del investigado
pero lo cierto es que constituye de nuevo un presupuesto indispensable
para el ejercicio de los restantes derechos
si se toma en consideración
que ninguna información ninguna asistencia letrada
garantías esenciales ni siquiera derechos fundamentales
se pueden ejercer si no se comprende la lengua
en la que se le comunican estos derechos al investigado.
En consecuencia de no conocer y por tanto no dominar,
acaso ni siquiera comprender la lengua en que se le comunica
todo ese haz de derechos básicos al investigado, de manera conjunta
a los hechos que se investigan, entonces se producirá,
no cabe duda, una quiebra radical de todo el sistema de garantías
establecido con grave afección del derecho a la igualdad de armas,
del derecho de defensa,
así como incluso del derecho a la tutela judicial efectiva.
Derecho a guardar silencio,
a no prestar declaración si no desea hacerlo
y a no contestar a alguna o alguna de las preguntas que se le formulan.
El derecho a guardar silencio ha de referirse, en buena lógica,
a las cuestiones relacionadas con la investigación penal,
pero no desde luego a otros extremos
que devienen imprescindibles para el conocimiento del juez,
como pueden ser la identificación de la persona,
la averiguación sobre su capacidad, su posible provisión judicial
de apoyos, etc. La información al investigado,
desde un momento incipiente del proceso de ese derecho
a guardar silencio, se convierte también
en un presupuesto esencial para su ejercicio,
porque tan solo podrá adoptar este comportamiento
quien tiene puntual conocimiento de que ese derecho le asiste.
El derecho a guardar silencio corresponde a su beneficiario tanto
respecto de la totalidad de interrogatorios planteados,
no prestando declaración alguna, como en su parcialidad,
decidiendo él mismo, tras el debido consejo
y asesoramiento técnico, cuáles sean en el interrogatorio
al que decide someterse las preguntas a las que desea responder
y cuáles aquellas otras a las que no desea responder.
Bien, el silencio de identificarse con la omisión de respuesta.
Sin que ello deba ser valorado, interpretado,
ni mucho menos enjuiciado como una admisión tácita o interna
de los hechos delictivos,
sino puramente y sencillamente como una opción silente
que ha sido identificado por los especialistas
con la constante emisión del vocablo soy inocente, soy inocente,
soy inocente.
El derecho a no declarar contra sí mismo
y a no confesarse culpable.
Estos dos derechos fundamentales,
que a su vez constituyen manifestaciones elementales
del genérico derecho de defensa,
vienen a potenciar la libertad de elección
del ejercicio de autodefensa en la medida
en la que otorga libertad al investigado o encausado para mantener
pretensiones exculpatorias o, en otro caso,
para limitarse a no declarar en sentido alguno.
La doctrina ha venido equiparando este derecho,
incluso con el derecho del investigador causado,
a mantener una pretensión defensiva ajena a la realidad histórica
y, por tanto, desconectada,
incluso con una especie de derecho a la mentira o a la ocultación,
sin que el descubrimiento.
Este derecho a la mentira,
supuesto derecho a la mentira o ocultación,
consistiría en la creación de una especie
de coartada alternativa a la pretensión condenatoria
sin que el descubrimiento o esclarecimiento judicial
de esta falsedad deba ser interpretado como un indicio
ni como una prueba tampoco de culpabilidad
de quien se ha servido de un instrumento poco honroso,
pero de un instrumento al término defensivo.
Otros derechos básicos del investigado
son el derecho a la última palabra, a la dignidad,
a la presunción de inocencia y a la congruencia penal.
Sin perjuicio del encomiable fortalecimiento
del derecho de defensa, merced a la regulación expresa
de una serie de estatuto básico, mínimo o elemental,
que podrá ser reforzado, pero nunca debilitado,
minimizado o restringido,
del investigado al que se le han de comunicar,
como se ha dicho con carácter previo a cualquier actuación,
la atribución delictiva de manera conjunta a la totalidad
de derechos que le asisten y a los que me acabo de referir,
conviene apuntar que en este listado del artículo 118
no se integran todos los que son.
Sí son todos los que están, pero no están todos los que son,
faltan algunos, faltan estos cuatro.
En este sentido, conviene destacar
que faltan el derecho a la práctica de la prueba,
el derecho a la dignidad del investigado encausado,
el derecho a la presunción de inocencia,
entre tanto no recaiga una sentencia de condena amparada
en una prueba válida conforme al principio de libre valoración,
el derecho a la última palabra
y, al fin, el derecho a la congruencia penal.
El derecho a la última palabra recogido en el artículo 739
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
e incomprensiblemente obviado en este listado de la ley
será respetado cuando, habida cuenta del desequilibrio
que existe entre las partes, el investigado o causado, en efecto,
tenga la posibilidad de ser oído en último lugar.
Sin perjuicio de la relevancia de priorizar su intervención
en este momento cronológico final, resulta también evidente
que no debe conferirse dicho elemental derecho
a la palabra tan solo en el último momento,
sino que debe reforzarse y en ese sentido
facilitársele cuando menos durante el relevante momento
de celebración de la prueba y ello naturalmente con los límites
que el juez establezca en cada caso.
A ello cabe añadir que este derecho a la última palabra
no sólo reclamable al término del juicio oral,
sino también en todas y cada una de las instancias en el tribunal,
en que el tribunal de Azcuén pueda llegar a agravar la condena.
El derecho a la dignidad conlleva, como es lógico,
que el investigado encausado al igual que la víctima y restantes personas
que participan en el proceso penal, sea tratado con todo respeto,
en sentido amplio, a su honor, a su dignidad
y, por supuesto, a su integridad.
El derecho a la presunción de inocencia
presupone de manera sistemática y en síntesis lo siguiente.
Primero, que el investigado encausado será considerado inocente
durante todo el proceso penal, es decir,
desde la primera atribución delictiva hasta la sentencia
o resolución judicial firme.
En segundo lugar, que esa presunción de inocencia tan solo
podrá ser desvirtuada conforme a una prueba de cargo
practicada en el juicio oral, excepción hecha,
claro está, de la prueba anticipada o preconstituida
que se analizará próximamente,
y ello con absoluto respeto a los principios de oralidad,
inmediación, libre valoración y en la medida
de lo posible publicidad y concentración.
Y, por supuesto, en tercer lugar,
que en ausencia de prueba de cargo relevante
para desvirtuar los elementos constitutivos del delito,
en ese caso se resolverá la absolución.
El derecho a congruencia penal, por último,
constituye una de las garantías esenciales del proceso penal,
habiéndose advertido de manera unívoca y constante
que ningún acusado podrá ser condenado por hechos distintos
a los integrantes del objeto del juicio oral.
Y con esto ponemos término al primer programa
de la Derecho Procesal Penal.
Conmigo, Sonia Calaza, encantada de comenzar
este trayecto ilusionante de Derecho Procesal Penal.
Muchas gracias.