Programa 3.
Procesos ordinarios, procesos penales ordinarios.
Proceso ordinario, proceso abreviado,
proceso por delitos leves.
El proceso penal ordinario por delitos graves,
con aplicación supletoria
o desatractiva sobre el resto de procesos penales ordinarios,
se caracteriza por las siguientes notas.
Es el adecuado para el enjuiciamiento de las causas por delito
que tengan señalada por ley una pena privativa
de libertad superior a nueve años, con dos excepciones.
Primero,
los delitos que deban enjuiciarse por el tribunal del jurado,
principalmente los relacionados con las personas,
funcionarios públicos, honor, libertad, seguridad,
homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro,
allanamiento de morada, delitos de funcionarios
como el cohecho, la malversación, entre otros.
Segunda excepción a esta premisa,
los delitos cometidos por personas mayores de 14 años
y menores de 18.
En este caso, la Ley Orgánica 5-2000 de 12 de enero
ha regulado un proceso específico de responsabilidad penal
de los menores.
En el resto de supuestos, insisto, el proceso penal ordinario es
el adecuado para el enjuiciamiento de las causas por delito
que tengan señalada pena privativa de libertad superior a nueve años.
Este proceso penal ordinario tiene tres fases.
Una primera fase de instrucción o sumario ordinario
ante el tribunal de instancia, sección de instrucción.
Tras el conocimiento de una noticia criminal
como consecuencia de una denuncia, de una querella
o de una iniciación de oficio, comienza esta fase de instrucción.
Dice el artículo 299 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal
que constituye en el sumario las actuaciones encaminadas
a preparar el juicio y practicadas para averiguar
y hacer constar la perpetración de los delitos
con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación
y la culpabilidad de los delincuentes,
asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias
de los mismos.
La segunda fase es la fase intermedia ante la audiencia provincial,
para la determinación del archivo o prosecución del procedimiento.
Y la tercera fase es ya la fase de enjuiciamiento
ante la audiencia provincial o la audiencia nacional
según quien sea competente por razón del tipo de delito
perseguido que se analizará en el programa correspondiente.
Esta fase de enjuiciamiento está destinada a la práctica
de la prueba y al enjuiciamiento para la condena
o absolución del presunto autor del hecho delictivo.
El proceso penal abreviado es el adecuado
para el enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa
de libertad no superior a nueve años,
o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza,
bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cualquiera que sea su cuantía o duración,
pero insisto, que no sean privativas de libertad en este último caso.
Bien, cuatro son las fases del proceso penal
abreviado.
Fase de instrucción o diligencias previas,
del que corresponde conocer al tribunal de instancia sección
de la instrucción,
tras el conocimiento de una noticia criminal
como consecuencia, de nuevo, de una denuncia,
de una querella o de una iniciación de oficio.
El artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
dispone que en la primera comparecencia el juez o jueza
informará al investigado en la forma más comprensible
de los hechos que se le imputan.
Previamente, el letrado de la Administración de Justicia
le informará de sus derechos,
en particular de los enunciados en el artículo 118,
al que nos hemos referido ampliamente en los programas anteriores,
y le requerirá para que designe un domicilio en España,
en el que se le harán las notificaciones.
Tanto antes como después de prestar declaración,
se le permitirá entrevistarse reservadamente con su abogado.
La segunda fase es la fase intermedia,
que discurre ante el tribunal de instancia a sección de instrucción,
para la determinación del archivo o de la prosecución
del procedimiento, bien sea por otro cauce
procedimental, reenvío al sumario ordinario,
al proceso penal de menores,
al proceso ante el tribunal del jurado, etc.
o bien por este mismo proceso.
Auto de transformación del proceso penal abroviado,
es lo que corresponde en este periodo.
Bien, el artículo 779.14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que si el hecho constituyera delito
comprendido en el artículo 757,
y vamos a recordar que ese era el ámbito objetivo
del proceso penal abreviado, que era el adecuado
para el enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa
de libertad no superior a nueve años,
o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza,
bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cualquiera que sea su cuantía o duración,
bien, pues si el hecho constituyese alguno de los delitos
a los que me acabo de referir, seguirá el procedimiento.
Esta decisión,
que contendrá la determinación de los hechos punibles
y la identificación.
De la persona a la que se le imputan,
no podrá adoptarse sin haber tomado primero declaración
a esa persona en los términos legalmente establecidos.
La tercera fase es la fase de audiencia preliminar,
que discurre ya ante el Tribunal del Enjuiciamiento.
El artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que en cuanto a las actuaciones se encuentren
a disposición del órgano competente para el enjuiciamiento,
el juez, jueza o tribunal convocará al fiscal
y a las partes a una audiencia preliminar,
en la que podrán exponer
lo que estimen oportuno acerca de la posibilidad de conformidad
del acusado a acusados, la competencia del órgano judicial,
la vulneración de algún derecho fundamental,
la existencia de artículos de previo pronunciamiento,
las causas de suspensión del juicio oral,
la nulidad de actuaciones,
así como sobre el contenido, finalidad o nulidad
de las pruebas propuestas.
Podrán igualmente proponer la incorporación de informes,
de certificaciones o de otros documentos.
También podrán proponer la práctica de pruebas
de las que las partes no hubieran tenido conocimiento
en el momento de formular los escritos de acusación o defensa.
La celebración de esta audiencia preliminar
requiere la preceptiva asistencia del acusado y de su abogado defensor.
La celebración de esta audiencia preliminar
no se suspenderá por la inasistencia injustificada
de la persona acusada que haya sido debidamente citada,
ni tampoco por la incomparecencia injustificada
de las demás partes citadas en debida forma.
Se celebrará a los efectos de sustanciar las cuestiones
que se puedan resolver en su ausencia.
En la citación se informará además al acusado
y a las partes de que su injustificada incomparecencia
no va a suspender esta audiencia preliminar.
El juez, la jueza o el tribunal examinará las pruebas propuestas
y resolverá, admitiendo las que considere pertinentes
y rechazando como es lógico las demás.
También prevendrá lo necesario para la práctica de la prueba
anticipada y resolverá sobre el resto de las cuestiones
a las que antes me he referido de forma oral.
Salvo que por la complejidad de las cuestiones planteadas,
debiera hacerlo de forma escrita,
en cuyo caso el auto habrá de ser dictado
en el plazo de los siguientes 10 días.
La cuarta fase es ya la fase de enjuiciamiento.
Discurre también ante el Tribunal del Enjuiciamiento
y tiene por finalidad la práctica de la prueba
y el enjuiciamiento para condena o absolución del presunto autor
del hecho delictivo.
La competencia corresponderá a los siguientes tribunales.
Al Tribunal de Instancia, sección ya de lo penal,
para los delitos de menos de cinco años de pena privativa de libertad.
Sin embargo,
corresponderá a la audiencia provincial para los delitos,
para la condena o absolución, en su caso,
por los delitos cuya cuantificación en términos penológicos
lo sea de más de cinco años de pena privativa de libertad.
Por tanto, si la fase de instrucción correspondió
a la sección de instrucción del tribunal de instancia, como vemos,
se bifurca la fase del enjuiciamiento en una doble competencia en función
de la mayor o menor pena de privación de libertad para delitos.
Que tienen asimilada una pena privativa
de libertad menor a cinco años, conocerá de esta fase
de enjuiciamiento el Tribunal de Instancias,
Sección de lo Penal, para delitos que tienen asociada
una pena privativa de libertad superior a cinco años,
conocerá la Audiencia Provincial.
La celebración del juicio oral
requiere preceptivamente la asistencia de la persona acusada
y del abogado o abogada defensor o defensora.
No obstante, si hubiera varias personas acusadas
y alguna de ellas deja de comparecer sin motivo
alguno, apreciado por el juez, la jueza o el tribunal,
podrá este acordar, oidas las partes,
la continuación del juicio para con los restantes,
para con los que sí están presentes.
La ausencia injustificada de la persona acusada
que hubiera sido citada no será causa de suspensión del juicio oral
si el juez, la jueza o el tribunal a solicitud
del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora y oída a la defensa estima
que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento
cuando concurran los siguientes requisitos.
Primero, que la pena más grave solicitada no exceda
de dos años de privación de libertad.
Que no exceda de 6 años
si se trata de pena de distinta naturaleza
o que se trate de pena
de multa cualquiera que sea su cuantía o duración.
Y en segundo lugar, que en todo caso,
tratándose de penas privativas de libertad, la suma total
de las penas solicitadas no exceda de 5 años.
Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa,
de conformidad con el acusado presente,
podrá pedir al juez,
jueza o tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad.
Con una conformidad respecto del escrito de acusación que contenga
la pena de mayor gravedad o con el que se presenta
en este acto que no podrá referirse a hecho distinto,
como es lógico, ni contener calificación más grave
que la del escrito de acusación anterior.
El Ministerio Fiscal oirá previamente a la víctima o perjudicado,
aunque no estén personados en la causa,
siempre que hubiera sido posible y se estime necesario
para ponderar correctamente los efectos
y el alcance de esta conformidad.
Y en todo caso, cuando la gravedad o trascendencia del hecho
o la cuantía sean especialmente significativos,
así como en todos los supuestos en que las víctimas o perjudicados
se encuentren en situación de una especial vulnerabilidad.
Si a partir de la descripción de los hechos,
aceptada por todas las partes, el juez, la jueza o el tribunal
entiende que la calificación aceptada es correcta
y que la pena es procedente según dicha calificación,
dictará una sentencia de conformidad.
El juez, la jueza o el tribunal habrá oído en todo caso al acusado
acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente
y con total conocimiento de todas sus consecuencias.
Pasamos al último de los procesos ordinarios penales,
el proceso penal por delitos leves, lesiones o maltrato de obra,
hurto flagrante, amenazas, coacciones o injurias.
Cuando la policía judicial tenga noticia
de un hecho que presente los caracteres
de alguno de los delitos a los que me acabo de referir,
cuyo enjuiciamiento corresponda al tribunal de instancia,
sección de instrucción, de violencia sobre la mujer
o de violencia contra la infancia
y la adolescencia al que se debe entregar el atestado
o a otro del mismo partido judicial procederá de forma inmediata
a citar ante el tribunal de guardia a los ofendidos
y perjudicados también al denunciante al denunciado
y a los testigos que puedan dar razón de los hechos.
Al hacer esta citación,
se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias
de no comparecer ante el Tribunal de Guardia.
Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse
el juicio de forma inmediata en el Tribunal de Guardia,
incluso aunque no comparezcan.
Y que han de comparecer con los medios de prueba
de que intenten valerse.
En el momento de la aceptación, se les solicitará que designen,
si disponen de ello, una dirección de correo electrónico,
un número de teléfono, a los que serán remitidas
las siguientes comunicaciones y notificaciones,
las que deban realizarse.
Si no lo pudieran facilitar o no lo solicitaran expresamente,
las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario
al domicilio que designen.
A la persona denunciada
se le informará sucintamente de los hechos
en que consista la denuncia y del derecho que le asiste de comparecer
con su abogado.
Esta información se practicará en todo caso y también por escrito.
En estos casos, la Policía Judicial hará entrega
del atestado al Tribunal de Guardia
en el que constan las diligencias y citaciones practicadas
y, en su caso, la denuncia del ofendido.
Las fases son las siguientes.
La fase inicial.
Dos fases.
Fase inicial, una vez recibido el atestado,
si el juez o jueza adoptará alguna de las siguientes
resoluciones.
Primero, acordará el sobreseguimiento del procedimiento
o el archivo de las diligencias cuando lo solicite
el Ministerio Fiscal a la vista de las siguientes circunstancias.
Téngase en cuenta que estamos aquí ante una manifestación
del principio de oportunidad.
El delito leve denunciado resulta de muy escasa
gravedad a la vista de la naturaleza del hecho,
sus circunstancias y las personales del autor,
o bien no existe un interés relevante en la persecución del hecho.
En los delitos leves patrimoniales se entenderá
que no existe interés público relevante en su persecución
cuando se hubiera procedido ya a la reparación del daño
o no exista denuncia del perjudicado.
En este caso,
comunicaré inmediatamente a la suspensión del juicio
a todos aquellos que hubieran sido citados.
El sobreseguimiento del procedimiento será notificado,
como es lógico, a los ofendidos por el delito.
Bien, esta es la primera de las resoluciones que podrá adoptar
el juez o jueza.
Insisto, el sobreseguimiento del procedimiento y archivo
de las diligencias cuando lo solicita
el Ministerio Fiscal a la vista,
como vemos, de la levedad o de la levedad
de la escasa gravedad del delito, del hecho delictivo o de la inexistencia
de un interés público relevante.
Pero también podrá este juez o jueza adoptar la siguiente resolución,
acordar la inmediata celebración del juicio en el caso
de que hayan comparecido las personas citadas
o de que, aún no habiendo comparecido,
el tribunal repute innecesaria su presencia.
Asimismo, para acordar la inmediata celebración del juicio,
el Tribunal de Guardia tendrá en cuenta si ha de resultar
imposible la práctica de algún medio probatorio
de esos que se consideran imprescindibles.
Para acordar la celebración inmediata del juicio,
será necesario que el asunto le corresponda al Tribunal de Guardia
en virtud de las normas de competencia y reparto
legalmente establecidas.
Por último, tenemos la segunda y última fase,
que es la de enjuiciamiento.
El juicio será público,
dando principio por la lectura de la querella
o, en su caso, de la denuncia, si las hubiese,
siguiendo a esto el examen de los testigos convocados
y practicándose las demás pruebas que propongan el querellante,
el denunciante y el fiscal, si asistiere,
siempre que el juez o jueza las considere admisibles.
Seguidamente, se oirá al acusado,
se examinarán a los testigos que presente en su descargo
y se practicarán las demás pruebas.
Pruebas que ofrezca y fueren pertinentes.
Acto continuo,
se expondrán de palabra por las partes
lo que crean conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones,
hablando primero el fiscal,
si asistiere, después el creyente particular
o el denunciante y por último, siempre derecho
a la última palabra, el acusado.
El fiscal asistirá a los juicios por delito leve siempre
que sea citado.
Sin embargo, el fiscal general del Estado impartirá instrucciones
sobre supuestos en los que, en atención al interés público,
los fiscales podrían dejar de asistir al juicio
y de emitir informes correspondientes cuando la persecución del delito leve
exija la denuncia del ofendido o perjudicado.
En estos casos, la declaración del denunciante en el juicio,
afirmando los hechos denunciados, tendrá valor de acusación,
aunque no los califique ni señale pena.
El juez o jueza, en el acto de finalizar el juicio,
y a ser posible dentro de los tres días siguientes,
dictará, es decir, de no ser posible dentro de los tres días siguientes,
pero prioritariamente en el acto del juicio,
dictará sentencia apreciando,
según su conciencia, las pruebas practicadas,
las razones expuestas por el fiscal y por las demás partes
o sus defensores y lo manifestado por los propios acusadores.
La sentencia se notificará a los ofendidos
y perjudicados por delito leve,
aunque no se haya mostrado parte en el procedimiento.
En la notificación se hará constar los recursos procedentes
contra la resolución comunicada,
así como el plazo para su presentación
y el órgano judicial ante el que deban interponerse.
Y con esto damos término al programa correspondiente
a los procesos penales ordinarios.
Muchas gracias por su atención.