Programa 2.
Principios informadores de la jurisdicción penal,
principios vertebradores de la jurisdicción penal
y estructura del proceso penal.
Los principios informadores de la jurisdicción penal
son en esencia los seis siguientes.
Principio de exclusividad, principio de unidad,
principio acusatorio, principio de oficialidad,
principio de investigación de oficio y principio de proporcionalidad.
El principio de exclusividad de la jurisdicción penal comporta
en un sentido positivo,
también denominado de reserva jurisdiccional,
tal y como previene el artículo 117.3 de la Constitución Española,
que el ejercicio de la potestad jurisdiccional
en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los tribunales determinados
por las leyes según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan.
Y en un sentido negativo,
conforme indica este mismo precepto en su apartado IV,
que los Tribunales no ejercerán más funciones
que las señaladas en el apartado anterior, recuérdese,
se acaba de decir, el ejercicio de la potestad jurisdiccional
que consistía en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
y las que expresamente además le sean atribuidas
por cualquier ley en garantía de derechos.
El principio de unidad jurisdiccional,
tal y como establece el artículo 117, ahora 5 de la Constitución,
es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales.
Esto comporta que la jurisdicción penal ordinaria es única,
siendo ejercida, como tantas veces se ha dicho, por jueces y magistrados
de lo penal, integrantes del poder judicial,
sin perjuicio de la potestad jurisdiccional atribuida
por este mismo artículo 117, quinto de la Constitución,
su último párrafo, de forma razonable pero excepcional,
a la jurisdicción militar en el ámbito
estrictamente castrense, en los supuestos de estado de sitio,
de acuerdo con los principios de la Constitución.
El principio acusatorio despliega tres relevantes proyecciones
en el proceso penal,
tanto en la fase de instrucción como inmediatamente después
y al término.
En la fase de instrucción, con la distribución
de las funciones de acusación e instrucción a dos altos órganos
del Estado distintos, acusación e instrucción.
La acusación corresponde al Ministerio Fiscal,
la instrucción o investigación a la sección de instrucción
de los tribunales de instancia.
Y esta es la primera de las manifestaciones.
La segunda se corresponde en un momento cronológico posterior
con la atribución de dos fases de la instrucción y enjuiciamiento
dentro del procedimiento a dos juzgadores distintos.
Instrucción e enjuiciamiento
corresponden ambas al Poder Judicial,
pero a dos juzgadores distintos.
La investigación o instrucción corresponde
a la sección de instrucción de los tribunales de instancia.
El enjuiciamiento al tribunal que corresponda con arreglo
a las normas de la jurisdicción y competencia que se analizarán
en el programa correspondiente.
En la fase final del proceso penal debe dictarse sentencia.
Que habrá de ser congruente.
La congruencia penal
tiene que ver con la homogeneidad del bien jurídico protegido.
Por tanto, la sentencia contendrá un bien jurídico protegido idéntico
o al menos será condenatoria
por un delito que protege un bien jurídico protegido idéntico
al que fue objeto del debate contradictorio
o debate dialéctico ante el proceso penal
o al menos homogéneo respecto de éste.
Se volverá sobre ello.
El principio de oficialidad.
La jurisdicción penal está inspirada en el principio de oficialidad.
Ello implica al menos tres tipos de consideraciones.
La primera referida a la dirección del proceso penal
en general y dentro de él, en su fase de investigación en particular,
debe encomendarse a un órgano del Estado
y no dejarse en manos de instituciones privadas.
La segunda referida a la amplitud de funciones
que deben derivarse dentro de un marco
de estricta legalidad al órgano encargado de la investigación,
a la sección de instrucción del tribunal de instancia
en nuestro proceso penal vigente,
con toda responsabilidad.
Por tanto, esta sección de instrucción responsable
de la investigación penal tiene unas relativamente amplias funciones
de investigación que también vamos a analizar.
Y en tercer lugar, la relativamente amplia
libertad enjuiciadora del Tribunal de Instancia
durante esta fase iniciática del proceso penal,
porque en este periodo no se ve constreñido,
mediatizado ni mínimamente condicionado en su investigación
por las actuaciones de las partes comprometidas en este proceso,
sean públicas, Ministerio Fiscal, Policía Judicial, sean particulares.
El principio de investigación de oficio,
íntimamente conectado con el anterior principio,
el principio de oficialidad,
compromete los siguientes puntos rectores de la jurisdicción penal.
En primer lugar, el juez puede iniciar de oficio
la investigación enmarcada en el proceso penal
por delito público.
Si bien en estos casos el letrado de la Administración de Justicia
lo pondré inmediatamente en conocimiento del fiscal,
para que sea éste, el fiscal, quien, de estimar lo oportuno,
asuma el imprescindible sostenimiento de la pretensión punitiva.
Recuérdese, nemo iudex sine accusatore.
En segundo lugar, el tribunal de instancia,
sección de instrucción, también puede adoptar
toda suerte de actos de investigación o de prueba,
tanto anticipada como preconstituida por razón del periodo cronológico
en el que se realizan
y del momento procesal que es la fase de instrucción,
para la averiguación del hecho o, en su caso,
de los hechos delictivos orientados a la preparación
del juicio oral.
Ahora bien, ni aquel principio de oficialidad
ni este principio de investigación de oficio son absolutos,
sino que en determinados momentos ambos tipos de principios
se verán restringidos o condicionados por la previa instancia de parte.
Veamos algunos de los límites que están perfectamente diseñados
en la construcción procesal penal de este principio acusatorio.
En primer lugar,
el tribunal de instancia sección de instrucción.
Tan sólo puede iniciar el proceso penal
por delito perseguible a instancia de parte,
así los delitos semipúblicos y privados,
cuando la parte lo solicite mediante la correspondiente denuncia
o querella.
Por tanto, no resulta posible en estos casos
la iniciación de oficio.
En segundo lugar, el tribunal de instancia,
sección de instrucción, tan sólo podrá adoptar
medidas cautelares, sean personales o reales,
a instancia de la parte acusadora.
En tercer lugar, el tribunal de instancia,
sección de instrucción, tan solo podrá mantener abierto
el proceso una vez clausurada la fase de investigación
o de instrucción como antesala necesaria
de la apertura del juicio oral si una parte acusadora,
al menos una parte acusadora,
sostiene la acusación también en ese nuevo periodo procesal
que será el periodo correspondiente al plenario o juicio oral.
El principio de proporcionalidad de origen penal, trasladable
a nuestro ordenamiento procesal, viene a explicar que las penas
contenidas en el código penal han de ser necesarias
y proporcionadas a la gravedad del delito.
Esta razonable máxima, una vez trasladada,
como digo, a la jurisdicción penal,
viene a significar que las respuestas judiciales
ofrecidas a todo tipo de situaciones o pretensiones procesales,
así tanto las referentes a los actos de investigación
y de prueba como las correspondientes a las medidas cautelares,
personales o reales
e incluso las contenidas en las sentencias penales,
deben ser no sólo necesarias, es decir,
imprescindibles para alcanzar el objetivo ideado,
sino también proporcionales, en el sentido de ponderadas,
adecuadas al resultado que se procura alcanzar.
Esto quiere decir que el juez o jueza nunca adoptará una medida cautelar
más gravosa, por ejemplo una prisión provisional,
cuando puede elegir otra menos invasiva, Por ejemplo,
una libertad provisional sin riesgo de fuga
ni de manipulación de fuentes de prueba.
Si determinados elementos o determinadas posibilidades imponen
que debe adoptarse otra medida más gravosa, entonces sí,
pero en igualdad de condiciones debe adoptarse la menos gravosa.
El artículo 588-VISA
de la Ley de Juzgamiento Criminal lo establece con claridad
porque nos dice que durante la instrucción
de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación
reguladas en el presente capítulo,
siempre que media autorización judicial dictada con plena sujeción
a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad
y proporcionalidad de la medida.
El principio de especialidad exige que una medida esté relacionada
con la investigación del delito concreto,
que se especializara en esa investigación.
El principio de idoneidad
servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo,
así como la duración de la medida en virtud de su utilidad.
En aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad,
No sólo podrá acordarse la medida cuando no estén a disposición
de la investigación en atención a sus características,
otras menos gravosas para los derechos fundamentales
del investigado o encausado e igualmente útiles
para el esclarecimiento de los hechos.
Como decíamos, en igualdad de condiciones,
la menos gravosa.
O, en segundo lugar, cuando el descubrimiento
o la comprobación del hecho investigado,
la determinación de su presunto autor o autores,
la averiguación de su paradero
o la localización de los efectos del delito,
se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida.
Las medidas de investigación sólo se reputarán proporcionadas,
principio de proporcionalidad,
cuando tomadas en consideración todas las circunstancias del caso,
el sacrificio de los derechos e intereses afectados
no sea superior al beneficio que de su adopción
resulte para el interés público y de terceros.
Para la ponderación de los intereses en conflicto,
la valoración del interés público se basará en la gravedad del hecho,
pero también en su trascendencia social
o en el ámbito tecnológico de su producción,
la intensidad de los indicios existentes
y la relevancia del resultado perseguido
con la restricción del derecho.
El incumplimiento de los principios a los que me acabo
de referir comporta la nulidad de todo lo actuado,
generalmente la nulidad de la prueba,
por incurrir en un supuesto de prueba prohibida.
Principios vertebradores de la jurisdicción penal.
El proceso penal, encomendado al poder judicial,
legal, público, garantista, al tiempo que escrupulosamente respetuoso
con los derechos fundamentales y libertades públicas
de las personas físicas y jurídicas que se someten a él,
es una de las grandes conquistas democráticas de la historia
de la humanidad.
La génesis,
desarrollo y consolidación de nuestra moderna justicia penal
asienta sus raíces más profundas en consagrados principios,
entre otros, legalidad, compatible con la oportunidad,
igualdad de armas procesales o idéntico tratamiento
de ambas partes, acusadora y acusada,
como se verá, imparcialidad, asociada a la independencia, publicidad,
conectada con la oralidad, inmediación relacionada
con la imprescindible presencia judicial, libre valoración
de la prueba referida a la práctica totalidad de mecanismos
de averiguación de la única realidad de los hechos,
presunción de inocencia o imposibilidad
de condenar sin una mínima prueba de cargo suficientemente acreditativa
de la culpabilidad, doble instancia o control dual
de las resoluciones judiciales ante la inevitable falibilidad humana
y no vis in idem o imposibilidad de enjuiciar
a una misma persona física o jurídica en más de una ocasión
por los mismos hechos.
Estos principios son tan vertebradores, nucleares
y si se quiere estructurales, de nuestra jurisdicción penal,
que si llegan a faltar o a fallar, incluso a devaluarse,
a desdibujarse, a diluirse,
a desmerecerse, entonces ni tan siquiera
podría sostenerse que estamos ante un proceso penal democrático.
El principio de legalidad
es el eje de rotación de toda la justicia española
en todos y cada uno de sus órdenes jurisdiccionales,
civil, penal, administrativo, social y militar.
Y ello es así porque el ejercicio de la acción,
tutela judicial efectiva,
y en su reverso el ejercicio de la defensa,
la reacción frente a la acción en el proceso penal,
frente a la acusación,
encomendado a un alto organismo del Estado, la Acusación Pública,
Ministerio Fiscal, y ofrecido además en pie de igualdad a los ciudadanos,
acusación popular, particular o privada,
se orienta a la resolución a cargo del tercer poder del Estado,
el poder judicial, del conflicto,
precisamente mediante la aplicación de la ley.
Aplicación de la ley sustantiva, código penal,
tras la celebración de un proceso con todas sus fases procedimentales,
rigurosamente informado,
es decir, regulado, ahora por la ley procesal,
la ley de enjuiciamiento criminal.
Pero el principio de legalidad,
que es el eje de rotación de toda la justicia en general
y de la penal en particular, como acabo de indicar,
ha de convivir y hasta complementarse con el principio de oportunidad,
consistente, este último, el principio de oportunidad,
por utilizar esta misma elocuente expresión,
en la oportunidad de operar dentro de ese marco legal
con cierta flexibilidad.
En ocasiones, la aplicación rígida,
encorsetada y ciega de la norma penal puede colisionar precisamente
con la finalidad sancionadora, restauradora y resocializadora
a la que aspira el proceso judicial.
De ahí que en determinados supuestos resulte conveniente,
por superiores razones de oportunidad,
flexibilizar la política procesal criminal
del Estado mediante acciones tales como las siguientes.
Primero, la posibilidad ofrecida al Ministerio Fiscal
de retirar la acusación ante el bajo impacto lesivo
del resultado por contraste con la mayor viabilidad
de restauración de la relación intersubjetiva o social
entre la víctima y el victimario.
En segundo lugar, la oportunidad brindada al autor del hecho delictivo
de alcanzar conformidades premiadas la asunción de la pena más alta
a cambio de la reducción de la condena.
Lo analizaremos.
En tercer lugar, la conmutación de una sanción más gravosa
con otra menos dramática pero igualmente eficaz
cuando se prevea en esta hoja de ruta procesal
una mejor y más rápida recuperación del estado tanto físico
como psicológico, incluso económico de la víctima
y una mayor probabilidad de rehabilitación o reinserción
del delincuente.
El principio de igualdad,
el denominado principio de igualdad de armas,
constituye en verdad una proyección procesal,
por proclamarse aquí ahora
en el marco del proceso judicial penal,
del principio general de igualdad consagrado en el famoso artículo 14
de la Constitución española.
Recuérdese, los españoles somos iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Así, este principio constitucional general admite tantas vertientes,
variables, particulares, cuantos sean los ámbitos sociales, jurídicos,
procesales en que debe proyectarse.
En nuestro caso, el principio de igualdad de armas
implica una igualitaria equiparación de armas procesales,
de derechos, posibilidades y oportunidades procesales,
de donde se infiere en un sentido positivo
que las dos partes de todo proceso penal,
parte acusadora y parte acusada,
tendrán exactamente los mismos derechos esenciales.
Derecho a la tutela judicial efectiva
o derecho de acción en coherente correlación
con el derecho de defensa.
Esas dos caras de la misma moneda de las que habla nuestra ley orgánica
de defensa.
Esa ecuación axiomática consistente
en que sin una tutela judicial efectiva
no es posible una defensa real
y sin una defensa efectiva es inviable el ejercicio
de una real tutela judicial efectiva.
En segundo lugar,
en las idénticas posibilidades de libre ejercicio
de los restantes derechos procesales originarios
contenidos en el artículo 24 de la Constitución.
Por tanto, ambas partes, acusadora y acusada,
tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley,
el derecho a la asistencia del letrado,
el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas
y con todas las garantías, el derecho a utilizar los medios de prueba
pertinentes.
También, tanto parte acusadora como parte
acusada tendrán exactamente las mismas oportunidades de ejercicio
de las proyecciones o derechos derivados de los anteriores derechos
constitucionales procesales de naturaleza fundamental,
entre otros, el derecho de información,
el derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación,
el derecho a la interpretación y traducción gratuitas,
el derecho a actuar en el proceso penal
de acuerdo con lo dispuesto en la ley que se concreta en un idéntico
para ambas derecho de alegación, prueba, derecho a la motivación,
a la congruencia de las resoluciones judiciales
y, por supuesto, derecho a la impugnación
de las resoluciones judiciales que le resultasen perjudiciales.
Todos estos derechos, como mínimo,
corresponden a ambas partes en pie de igualdad,
sin que una de ellas, la parte acusadora, por ejemplo,
pueda disfrutar de más derechos, oportunidades o posibilidades
que la otra, por ejemplo, la parte acusada,
porque ello comportaría un injusto predominio
de una de las partes frente a la otra, inadmisible,
de todo punto inadmisible, en un Estado democrático de derecho.
El principio de imparcialidad está íntimamente conectado
con el imprescindible atributo de la independencia predicable,
siempre y en todo caso de nuestros jueces y magistrados.
Implica que el juzgador no debe mantener,
ni haber mantenido en un espacio de tiempo reciente,
la más mínima y estrecha relación ni con el objeto litigioso,
en este caso con los delitos o el delito enjuiciado,
ni con él o los sujetos concretamente enjuiciados.
Por cuanto en tales casos su actuación
podría verse comprometida por la falta
de una imprescindible objetividad, neutralidad, distancia, desapego.
Para evitar esta intolerable conexión emocional del juzgador con el objeto
o con los sujetos enjuiciados, Y con ello,
minorar el riesgo de esa posible falta de imparcialidad,
se han regulado una serie de radicales inhibidores
de esa previsible frecuencia emocional,
como son las causas de abstención y recusación de jueces
y magistrados.
Las causas de abstención son propias
porque la detecta el propio juez o magistrado en su propia persona
y las de recusación son ajenas porque se denuncian por las partes
a las que pueden perjudicar estas conexiones del juez
o magistrado con el objeto o sujetos comprometidos en ese proceso.
En el caso de prosperar esas causas de abstención o recusación de jueces
y magistrados,
esos jueces quedan inhabilitados para conocer de la causa penal
con la que su imprescindible imparcialidad
pueda llegar a estar en riesgo.
Pero no solo la especial relación del juez o magistrado con el objeto
o los sujetos enjuiciados puede poner en riesgo la imparcialidad
de los juzgadores en el proceso penal.
También han de vigilarse atentamente dos premisas esenciales
que vuelven a ser inhibidores de un riesgo de parcialidad.
Primero, quien acusa no instruye.
Esto es, las funciones de acusación e investigación en el proceso penal
han de corresponder a dos sujetos completamente distintos.
En España, entre tanto la acusación corresponde
y sin perjuicio de la acusación popular, particular
o privada que se analizará, pero la acusación pública
corresponde al Ministerio Fiscal.
La investigación, sin embargo,
corresponde al Tribunal de Instancias,
Sección de Instrucción,
sin que sea posible de ninguna manera un trasvase de estas funciones
entre ambos altos órganos del Estado.
Por tanto, al Ministerio Fiscal le corresponde la acusación
y al Poder Judicial le corresponde la investigación,
después también el enjuiciamiento.
Bien, el segundo de los inhibidores del riesgo de parcialidad
responde a la máxima de que quien instruye no falla.
Es decir,
el tribunal de la primera fase del proceso penal,
la denominada investigación o instrucción,
ha de ser siempre y en todo caso distinto
al tribunal de la segunda fase del mismo proceso penal,
la fase denominada juicio oral, plenario o enjuiciamiento,
por cuanto la función de la instrucción en esencia
la búsqueda de elementos de juicio suficientes
para dar paso al enjuiciamiento, puede comprometer ese juicio al punto
de desvirtuar en la mente del juzgador,
incluso de forma inconsciente y sin suficiente fundamento objetivo,
por una suerte de inercia tendente a la condena,
la presunción de inocencia.
Principio de publicidad.
Este principio supone que los procesos
en general y los penales en particular,
por razón de su mayor injerencia social en particular,
serán prioritariamente públicos.
La Constitución Española establece esta publicidad en forma
de derecho fundamental, nada menos.
El artículo 24
reconoce explícitamente el derecho a un proceso público
sin dilaciones indebidas.
Pero este derecho a un proceso público,
cuyo fundamento ha de sentarse en la deseable transparencia
de la actuación judicial, no es ni puede ser absoluto
por cuanto colisiona con otros derechos esenciales.
De ahí que el mismo texto legal,
la Constitución Española, otorgue a la publicidad procesal
naturaleza de derecho, incluso fundamental,
nada menos que viene a reconocer.
Que las actuaciones judiciales serán públicas
con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
Esto lo establece en su artículo 121
y a continuación de la preferencia por la oralidad,
casi siempre conectada con la publicidad,
establece que el procedimiento,
eso sí, será prioritaria o predominantemente oral,
sobre todo en materia criminal.
Bien, la publicidad del proceso penal
supone que las partes, publicidad relativa,
o la sociedad en general, publicidad absoluta,
puedan conocer las actuaciones
integradas a lo largo y ancho de todo el procedimiento.
Si bien este principio general, la publicidad,
como se ha dicho, no es ni puede ser ilimitado,
debiendo exceptuarse cuando superiores razones
así lo aconsejen.
Por ejemplo, y sin ningún ánimo exhaustivo,
las siguientes.
Durante la primera fase de investigación o instrucción,
conocida como sumario en el proceso penal ordinario,
conocido como diligencias previas en el ordinario,
debe mantenerse como norma el secreto de las actuaciones,
precisamente para optimizar las posibilidades de acercamiento
a o descubrimiento de la única realidad de los hechos
de apariencia delictiva.
De nada serviría, por tanto, acordar una entrada de registro,
una intervención de las comunicaciones,
si antes de realizar alguno de estos actos de investigación
se informa puntual y oportunamente con antelación al futuro
investigado de la materialización de esta actividad investigadora.
Bien, un segundo ejemplo de excepción al principio de la publicidad
es el siguiente.
Durante las declaraciones de las víctimas de ciertos delitos
especialmente deleznables, máximes y son menores o personas
con discapacidad, en tales casos, elevadas razones de dignidad,
de privacidad, de intimidad, de imagen y hasta de humanidad
aconsejan que estas declaraciones se realicen sin la curiosa,
a veces morbosa y muy atenta mirada de la sociedad.
Sirvan dos elocuentes ejemplos como válidos indicadores
de la conveniencia de abogar por un principio
de publicidad mitigado, principio por lo demás,
que debe caracterizar la práctica totalidad de fases orales
del proceso judicial, no así de las escritas,
como es lógico, porque ya se sabe respecto de las fases tan necesidadas
de fijeza, como los escritos de acusación,
la misma sentencia, que el papel permanece,
es fijo, verbabola, ante scripta manent, por tanto,
por una razón elemental de fijeza, determinadas fases procedimentales
deben estar integradas por escritos procesales,
bien físicos, bien electrónicos,
pero en todo caso escritos procesales.
La publicidad se identifica en todo caso con la transparencia,
no cabe duda, y ofrece a la ciudadanía una fe,
una confianza en la justicia muy positiva,
un Estado democrático de derecho que propugna precisamente esta justicia
como uno de los valores esenciales de su ordenamiento jurídico.
El principio de inmediación
impone pura y simplemente que en cualquier proceso judicial,
naturalmente también en el penal, el juez o magistrado
llamado a dictar la sentencia ha de ser el mismo,
exactamente el mismo,
que el que debe presenciar con la debida inmediación,
esto es, ante su persona, de forma directa,
de forma inmediata,
sin intermediación alguna, la práctica de la prueba de cargo
considerada suficiente, de forma individual
o en su conjunto, para desvirtuar la presunción de inocencia.
Y la razón de ser no es sólo lo que afecta a la finalidad última
de la prueba, la de desvirtuar o no la presunción de inocencia
con la debida interacción directa e inmediata,
sino también a la de todo su trayecto probatorio.
Puesto que antes de llegar a tan trascendente conclusión,
la de la condena o la de la absolución, ese mismo juez
habrá de verificar un triple test de legalidad, pertinencia
y y utilidad de la prueba en un marco además de licitud,
de contradicción y de concentración.
Así pues, el juez o magistrado con jurisdicción y competencia
para conocer de una determinada causa penal es el único,
por razón del cumplimiento de este principio de inmediación,
que puede a su vez autorizar o no la práctica de esa prueba
con base en tres elementos.
Primero, legalidad y licitud.
La prueba practicada ha de estar regulada en la ley
y ha de haber se obtenido sin vulneración
de derechos fundamentales.
Segundo, la prueba propuesta ha de ser a su vez pertinente,
es decir,
ha de guardar relación con los hechos de apariencia delictiva
que pretende verificar.
Y en tercer lugar, la prueba propuesta además ha de ser útil,
es decir, ha de ampliar información acerca de la verosimilitud o realidad
de los hechos que pretenden aclararse.
Bien, pero además este principio de inmediación
repercute en que el juez o jueza debe supervisar con aceptación
o no la cadena de custodia de esa prueba o aseguramiento
de su mismidad, entendiendo por tal la certeza de la prueba custodiada.
Es decir, ha de garantizar que la prueba que ha custodiado
es la misma, exactamente la misma,
sin la más mínima manipulación.
Ni edulcoración de la que posteriormente será objeto
la de la valoración judicial.
Y además, ese juzgador o juzgadora
habrá de dictar sentencia de condena o absolución con base
precisamente en esa prueba que se ha practicado ante su persona.
El principio de libre valoración probatoria
implica que el juez o magistrado autorizado para valorar la prueba.
En el proceso penal podrá hacerlo
conforme a una total libertad interpretativa, sin verse,
pero ni mínimamente constreñido por los designios marcados
por una ley que de existir le obligase a valorarla
en un determinado sentido.
La práctica totalidad de pruebas penales
se rigen por este principio, el principio de libre valoración
de la prueba, que no de prueba arbitraria,
que no de valoración arbitraria de la prueba,
de libre valoración de la prueba.
Ello comporta que el juez ofrecerá un razonamiento probatorio,
amparado en las denominadas reglas de la sana crítica,
en su buen saber y entender, en las máximas de la experiencia.
Sin embargo, la prueba documental,
como única excepción al conjunto de pruebas legalmente reguladas,
se rige por su contrario, se rige por la prueba tasada,
consistente en que los documentos públicos,
es decir, los firmados por fedatario público,
letrados de la Administración de Justicia,
notarios y los documentos privados, los firmados entre particulares,
cuando no sean impugnados, en este último caso,
a diferencia del resto de pruebas que integran
nuestro ecosistema procesal penal, estas.
Insisto, la documental pública
y la privada no cuestionada, causan prueba plena
y por tanto no podrán ser desautorizadas,
negadas, ninguneadas por ningún juez que en estos casos
sí están constreñidos por el dictado de una norma que le impone dar
por bueno el contenido de esos mecanismos probatorios.
Volveremos sobre esto en el capítulo dedicado a la prueba.
El principio de presunción de inocencia,
y tantas veces se ha dicho, es la piedra angular
de todo nuestro sistema de justicia penal,
por cuanto la prueba de la inocencia resulta poco menos que imposible.
La inocencia no se prueba, sólo se prueba la culpabilidad.
Así las pruebas han de orientarse a desvirtuar
la presunción de inocencia.
Principio este que informa el proceso penal,
desde su momento más incipiente, desde la misma existencia
de una primera sospecha de actuación delictiva
hasta la sentencia última.
Este principio de presunción de inocencia
ha venido siendo considerado por un buen número de procesalistas
como un contrapeso frente a la siempre compleja
y pesada maquinaria del sistema de justicia penal,
acaso excesiva concentración del poder del Estado en la búsqueda,
persecución y sanción criminal.
Solo una parte acusada ha de tenerse en cuenta,
solo una parte acusada, con su abogado de oficio
de confianza, ha de soportar,
primero ante un tribunal de instancia,
sección de instrucción, más tarde ante otro u otros tribunales
de enjuiciamiento, todo tipo de imprescindibles invasiones constantes
en sus derechos fundamentales más elementales.
Libertad, intimidad, domicilio, comunicaciones, honor.
Y hacer frente, insisto, una misma y sola parte,
no solo, en su caso,
a una acusación particular o popular,
sino también a otra pública, al Ministerio Fiscal,
especialmente cualificada.
Y frente a todo este arsenal procesal del Estado,
juez y acusador público,
en ocasiones reforzado además por otra acusación particular o popular,
se encuentra la parte acusada que, como es lógico,
no debe probar su inocencia.
Ni tan siquiera debe colaborar con la justicia,
recuérdese en este punto que no está obligado a declarar contra sí mismo
ni a confesarse culpable, pudiendo perfectamente mantenerse
en silencio.
Sino a lo sumo a esperar que todo ese aparato coactivo
del Estado, en el marco de un proceso penal garantista y respetuoso
con los derechos fundamentales,
logre desvirtuar su presunción de inocencia.
El principio de doble instancia implica que las resoluciones penales
dictadas en primera instancia, sean de condena,
sean de absolución, merecen una segunda revisión judicial
de su contenido a cargo de un tribunal distinto
y superior al que ha dictado esa primera sentencia.
Por cuanto a esta posibilidad,
la de que un tribunal vuelva a conocer, Del mismo asunto,
reduce las posibilidades de posible error judicial,
no se olvide que los jueces y magistrados son humanos,
por tanto falibles, y al tiempo esa misma proporción probabilística
maximiza las posibilidades de acierto de la justicia
en la segunda resolución.
El principio de la doble instancia garantiza, por tanto,
que toda sentencia penal dictada en primera instancia
gozará de una revisión a través del denominado recurso de apelación.
Ya en su segunda instancia, de ahí el término doble instancia.
Y ello como una proyección natural del derecho de acción
y en su reverso del derecho de defensa.
Porque el conocimiento de una misma causa criminal,
insisto, por dos órganos jurisdiccionales distintos,
ofrece una mayor garantía de acierto indispensable
en nuestro sistema de justicia penal democrático.
El principio no vis in idem supone que una vez
dictada una primera resolución judicial,
sea de condena, sea de absolución,
frente a una persona determinada, física o jurídica,
por unos hechos delictivos, entonces no podrá volver a encobarse
un segundo proceso penal frente a esa misma persona
por esos mismos hechos.
El principio no vis in idem es una manifestación negativa
de la denominada fuerza de cosa juzgada,
de las sentencias definitivas que ponen fin a la instancia.
Ha de observarse que estas sentencias pueden ser objeto,
si así lo desean quienes se sienten agraviados
por su contenido, de un doble enjuiciamiento penal
a cargo de dos órganos jurisdiccionales distintos,
pero no de un nuevo enjuiciamiento,
sino de una revisión por la vía de los recursos.
Por tanto, en síntesis y ante la resolución judicial penal,
cabe adoptar alguna de estas posturas.
Primero,
interponer un recurso de apelación en la denominada segunda instancia
frente a una sentencia penal desfavorable.
En este caso, hemos de hablar de fuerza de cosa
juzgada formal.
Quiere esto decir que la sentencia podrá revertirse por esta vía,
la del recurso,
pero no por la de un nuevo y distinto proceso judicial.
Porque, como puede comprenderse,
esa primera instancia ya está agotada,
ya tiene fuerza de cosa juzgada formal.
Y la única posibilidad de rebatir el contenido de lo allí
expuesto en esa primera sentencia será a través del recurso,
pero no a través de una imposible reiteración de la primera instancia.
En segundo lugar,
podrá aceptarse la resolución tal cual ha sido dictada
y dejar pasar inútilmente el plazo para interponer recursos
sin llegar a interponerlo.
O encontrarse ante una resolución
por lo avanzado del sistema ya es recurrible,
porque la legislación no arbitra respecto de ese tipo de resoluciones
ya recurso alguno.
En ambos casos ha de advertirse la fuerza de cosa
juzgada material, consistente en la más radical imposibilidad
de revertir el contenido de esa resolución,
ni por vía de un nuevo proceso penal,
porque ya existe una primera sentencia con fuerza de cosa
juzgada formal, que es el antecedente cronológico necesario
de la material, ni tampoco por la vía del recurso,
porque como se ve, ha concluido el plazo para ello
y por tanto es irrecurrible.
En consecuencia, al principio, nevis in idem,
o efecto negativo de la cosa juzgada,
introduce en nuestro sistema de justicia penal dos imbricaciones.
Primero, la imposibilidad de entablar un segundo proceso penal
frente a una misma persona, sea física o jurídica,
por unos hechos idénticos a los ya enjuiciados.
Fuerza de cosa juzgada formal.
Pero también la imposibilidad de interponer recursos
frente a la sentencia penal
y, por tanto, revertir su contenido,
bien porque el plazo para interponerla ha concluido,
bien porque la legislación ya no prevé recurso alguno
para ese tipo de resolución.
Fuerza de cosa juzgada material.
Vamos a concluir con la estructura del proceso penal,
sus fases.
La fase de investigación, intermedia y fase de juicio oral.
El proceso penal se divide,
conviene dejarlo claro desde este incipiente momento,
aunque se volverá una y otra vez sobre ello,
en dos fases muy claramente diferenciadas,
en principio en dos fases.
La primera de estas fases, la investigación o instrucción,
recibe distintas denominaciones en función del tipo de proceso
en el que nos encontremos.
Diligencias previas,
se denomina la instrucción en el proceso abreviado.
Sumario, se le denomina a la instrucción
en el proceso ordinario.
Y la segunda fase,
distinta a la investigación o instrucción,
es la fase de juicio oral.
Fase de enjuiciamiento o fase de plenario.
Y en este caso, por suerte, ese trípode de nomenclaturas
sirve para denominar indistintamente a la fase de todos estos procesos,
sea de los ordinarios y luego también de los especiales.
La razón de ser de esta estructuración y sistemática
procedimental no sólo responde a la imprescindible ordenación formal
de las fases procedimentales que componen cada proceso,
sino también otras razones ahora de índole material
tan trascendentes como las siguientes.
Primero, la necesaria separación de dos fases,
instrucción y juicio oral,
con contenidos completamente distintos.
Segundo, la imprescindible adjudicación
de cada una de estas fases a dos órganos judiciales diferentes.
Y esta bifurcación de la competencia erigida
en un auténtico principio esencial de nuestro asentado proceso penal.
Democrático, el que instruye no falla,
responde a la firme convicción de que el juez o jueza encargado,
encargada de la investigación, de la instrucción,
como se prefiera, se encuentra tan sumamente condicionado,
puede encontrarse tan sumamente condicionado
por las actuaciones que ha venido liderando en la instrucción,
integrada, como se verá, por actos de investigación,
actos de prueba anticipada y preconstituida,
medidas cautelares, personales y reales,
que podría, consciente o inconscientemente,
dejar de ser lo suficientemente imparcial,
objetivo, neutral, distante,
desapegado respecto del objeto litigioso,
como para enjuiciarlo sin el menor prejuzgamiento previo
respecto de la inocencia o fundamentalmente
respecto de la culpabilidad del investigado.
Cuatro son, por tanto,
las funciones nucleares de la fase de investigación,
todas ellas orientadas a un fin común,
la preparación del juicio oral.
Primera de las funciones,
la averiguación del hecho delictivo con relevancia penal,
así como de las circunstancias modulares de su calificación.
Segundo, la determinación e identificación,
así como en su caso,
la localización y llamamiento del presunto autor de ese hecho.
Tercero, el aseguramiento de las personas,
medidas cautelares personales.
Y cuarto, el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias,
las medidas cautelares reales.
La fase intermedia, dinámico muelle procesal
entre las dos estructuras nodulares del proceso penal,
tiene como finalidad bien ofrecer una resolución judicial favorable
a la apertura del juicio oral, Bien,
otra que descarte la continuidad a través de ese juicio oral,
también denominado plenario o fase de enjuiciamiento,
como se ha visto, como consecuencia, por el contrario,
de un sobreseguimiento,
de una paralización del proceso que puede
ser provisional o definitiva.
Si reparamos en que toda la instrucción
se destinó, con mejor o peor fortuna,
pero se destinó a la preparación bajo la atenta dirección
del Tribunal de Instancias,
sección de instrucción de este periodo de enjuiciamiento,
y que los actos de investigación.
Realizados en esa fase de instrucción tan sólo estuvieron orientados
a poner término al proceso mediante un archivo
o según lo fructífero de los resultados
en otro caso a abrir este nuevo período procesal,
entonces podemos afirmar que el proceso penal en propiedad
comienza en este momento porque es ahora cuando el tribunal competente
para dictar la sentencia toma por fin las riendas del proceso.
Se presentan con plena igualdad de armas
las pretensiones condenatorias frente a la defensa,
que velará por la presunción de inocencia,
en su caso por la aminoración en lo posible de la condena.
Se instaura el debate dialéctico,
se celebra la prueba en toda su plenitud con oralidad,
inmediación, contradicción, concentración y publicidad.
Se presentan las calificaciones definitivas y por fin
se dicta la sentencia, que puede ser de condena o de absolución.
El juicio oral,
también denominado fase de enjuiciamiento o plenario,
es la última fase procesal del proceso penal,
que discurre en el momento en el que una vez descartado el
sobreseguimiento libre,
es decir, un sobreseguimiento definitivo o provisional,
esto es, temporal de la causa,
dicta el auto de apertura del juicio oral
por parte del tribunal competente.
El contenido de esta fase procesal es amplio, es complejo y es diverso.
Comienza con el sostenimiento de la acusación penal,
conforme a los datos de los que disponga el acusador
o, en su caso, los acusadores.
Recuérdese que hasta el momento tan solo
se han ensayado actos de investigación,
acaso algunos aislados actos de prueba anticipada
o preconstituida.
Pero todavía no se han practicado los principales actos de prueba
que permiten desvirtuar la presunción de inocencia.
Por tanto,
comienza con el sostenimiento de la acusación penal,
prosigue con la celebración del juicio,
que permitirá, ahora sí, tras la práctica de la prueba
celebrada en esta fase de enjuiciamiento,
dejar perfectamente fijado tanto el objeto procesal penal.
Como los destinatarios,
los todavía presuntos autores del hecho delictivo
que mantendrán dicha presunción de inocencia hasta el momento final
en el que se dicta la sentencia de condena o absolución,
y antes de que el tribunal proceda como último e acto
del proceso penal a dictar sentencia, que será
como es lógico susceptible de ser impugnada,
si así lo estiman oportuno los agraviados por su contenido,
conforme al sistema general de recursos
y por los cauces legalmente establecidos.
La finalidad del primer periodo del proceso penal e instructorio,
recuérdese, era preparar la fase de enjuiciamiento
mediante la celebración de actos de investigación,
de actos de prueba personal anticipada y material preconstituida
y los actos de aseguramiento personal, es decir,
medidas cautelares personales o real,
medidas preconstituidas.
Cautelares civiles de aseguramiento de personas,
los primeros, de aseguramiento de las cosas,
los segundos.
Si a la vista de todos estos actos,
principalmente los de averiguación del hecho delictivo
y de su presunto autor, los actos de investigación
y de prueba anticipada o preconstituida,
parece inferirse que existe suficiente material incriminatorio
frente a una persona determinada,
entonces el proceso penal proseguirá para sus restantes fines,
que son los del enjuiciamiento.
De otra forma, concluirá aprovisionado definitivamente
según cuál sea la causa que impide la prosecución.
Así, la insuficiencia de material inculpatorio suficiente para mantener
la acusación o la ausencia del investigado en el primer caso,
la total irrelevancia penal del hecho pretendidamente delictivo
en el segundo,
de todo ello nos ocuparemos en sucesivos programas.
La finalidad de este.
Último periodo procesal penal, el juicio oral,
por contraste al recién evocado en el precedente recordatorio
respecto al instructorio, es otra bien distinta.
Es el puntual sostenimiento de una pretensión acusatoria
que permita la celebración de un juicio informado
por los principios de oralidad,
inmediación, concentración, contradicción y publicidad
donde se practique con plena igualdad de armas
la prueba de cargo suficiente
para lograr la convicción del juzgador o juzgadora
sobre la única realidad de los hechos para la cabal aplicación del derecho
en la sentencia condenatoria o absolutoria
que culmine ese proceso penal.
Y con esto damos término al segundo programa
de nuestro derecho procesal penal.
Muchas gracias.