Comenzamos con esta primera mesa que se dedica a los límites orgánicos
y transparencia.
Está compuesta, como ya ha comentado mi compañero Luis,
por tres ponencias y cada una está dedicada a un libro colectivo
derivado del país.
La primera interviniente es Miriam Cueto Pérez,
candidata a la dirección administrativa de gobierno,
que va a esforzar algunas ideas críticas
sobre el volumen de los límites orgánicos internos.
A la autonomía de las universidades públicas.
Sin más pausa, Miriam, cuando sea oportuno.
Pues muchas gracias, Javier.
Buenos días.
¿Se me escucha bien?
Espero.
Bien.
Bueno, en primer lugar,
pues agradeceros que hayáis querido contar conmigo para esta jornada
de cierre de vuestro proyecto sobre los límites.
De la autonomía universitaria en las universidades públicas,
En segundo lugar, quiero felicitaros por el formato.
Me ha parecido un formato innovador
que al principio no entendía muy bien,
pero que me parece que es un formato estupendo para un cierre de proyecto
porque visibiliza toda la producción científica que habéis tenido
a lo largo del desarrollo del mismo y mi satisfacción también
por compartir con colegas muy queridos esta primera mesa.
La obra de la que yo me voy a ocupar lleva por título
Los límites orgánicos internos a la autonomía universitaria,
publicada en el año 2023 por la Fundación Jiménez Díaz,
dirigida por el profesor Luis Delgado del Rincón.
Y lo importante, pues lo primero que tengo que decir
es que es una obra solvente, bien armada,
que hace un recorrido, yo diría, exhaustivo
por todo el entramado organizativo de las universidades para discernir
o analizar si realmente existen esas posibilidades
de limitar desde el marco interno.
Las distintas competencias que dan lugar a esa autonomía universitaria
y que yo creo que es una obra de referencia,
de obligado a consulta,
para todo aquel que quiera acercarse a la materia.
Apuntaré también que tiene una pequeña dificultad esta obra,
y es que se elabora.
Con el proyecto de la LOSU,
que no sabíamos muy bien lo que iba a ocurrir.
Hubo momentos que parecía que no iba a salir,
otros ya que sí.
Y al final la obra se publica casi con la entrada en vigor
y los autores solamente han podido manejar el proyecto cosa
que a los puristas bueno pues nos pasa con frecuencia
o con cierta frecuencia y que para nada para nada
limita el valor científico de la obra colectiva
porque todos los trabajos están muy bien fundados
desde el punto de vista teórico.
Yo voy a seguir un poco casi el esquema de la obra
y me voy a ir al primer trabajo de la profesora Paloma Viglino
sobre gobierno universitario y voy a coincidir con ella
en una conclusión rotunda que tiene en su trabajo,
y es que desde el marco organizativo.
No existen instrumentos suficientes para fiscalizar,
para limitar de alguna manera ese poder que ella considera onímodo
del órgano unipersonal por excelencia, que es el rector
dentro de las universidades.
Concluyo con ella con la misma visión.
Más allá de los controles que nos ofrecen los tribunales en virtud
o al amparo del derecho a la tutela judicial efectiva
y del control judicial al que se tienen que someter
todas las Administraciones públicas, pues yo creo
que nuestras universidades tienen defectos de gobernanza
que se ponen con frecuencia.
A la vista y que realmente los controles
no funcionan o no están diseñados de una manera adecuada
para poder establecer contrapesos a ese poder omnímodo.
Sí quiero,
y casi es en lo que voy a centrar esta breve intervención,
destacar un órgano que es un tanto diferente
y que creo que, si se quiere.
Sí puede tener poderes de control
y este órgano no es otro que el Consejo Social.
Un Consejo Social
o unos consejos sociales ajenos
a la tradición universitaria española,
que se incorporan con la LRU en 1983
y que yo creo que no sabemos muy bien todavía
qué hacer con ellos en la universidad pública española.
Pública española.
Creo que no han tenido el desarrollo esperado y que podrían tener
o jugar un papel más importante del que juegan.
Es el órgano que da entrada, es el órgano importante,
porque da entrada a la sociedad.
En el seno de la universidad, de hecho, su composición,
la mayor parte de sus miembros son ajenos
a la universidad.
Es el órgano de control económico, pero ese control
para ejercerlo exige medios.
Para ejercerlo de forma adecuada.
Y es el órgano también de enlace,
y en algunas leyes autonómicas así se dice,
con los gobiernos autonómicos.
No olvidemos que el presidente o la presidenta
del Consejo Social se nombra desde la comunidad autónoma.
Que el Consejo Social no se regula en los estatutos
de la universidad, aparecerá, dice la LOZU,
sino que se regula en una ley autonómica,
y aunque con la LOZU ha habido una regresión,
lo que se hace es precisamente dejar en manos de esos gobiernos
autonómicos la posibilidad de hacer diseños más potentes
de los consejos sociales, tal como acaba de hacer, por cierto,
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Acaba de aprobar una ley de consejos sociales
con bastante ruido de fondo por los controles que entrega
al Consejo Social sobre las dos universidades públicas canarias.
En la obra hay dos trabajos sobre el Consejo Social,
uno más en plano, yo diría, de reflexión teórica,
y otro precisamente del profesor Delgado,
que aborda la naturaleza jurídica y las funciones del Consejo Social.
Y en este último trabajo se apunta a una cuestión clave.
Una cuestión clave que tenemos medio
resuelto en dos comunidades autónomas que yo conozca, en Asturias
y precisamente en Canarias, que es que los órganos de control interno
dependan del Consejo Social.
Esto es algo que de forma unánime en la doctrina se viene defendiendo,
que lo ha defendido también.
El Tribunal de Cuentas,
pero que el legislador estatal, sin embargo,
no se ha atrevido.
Deja al legislador autonómico esa opción.
Añado que, junto con la dependencia de el.
Este órgano del control interno
o de intervención, que es el órgano clásico
en las administraciones públicas de control económico,
del Consejo Social debe depender el nombramiento.
Si el nombramiento lo hace el rector del interventor o la interventora,
pues estamos prácticamente igual, como bien sabemos algunos.
Ahora, lo único que ha dicho aclarado
es que no puede depender de un órgano unipersonal,
no puede depender del gerente, no puede depender del rector.
Nos queda el claustro y el Consejo de Gobierno.
Creo que siendo estos órganos colegiados.
Gobierno, claramente, de la universidad,
cuya actividad se tiene que fiscalizar, creo que, de nuevo,
si queremos hacer las cosas medianamente bien,
deberíamos ir a una dependencia del Consejo Social.
En la obra tal vez se echa un poco en falta que no se hubiera ido más allá
en las alternativas de gobernanza que ofrecen los consejos sociales.
¿Por qué digo esto?
Bueno, porque todos sabemos que cada poco aparece
algún informe de expertos, informes en la universidad,
llevamos unos cuantos.
Luego, bueno, las ideas más bien el legislador no les hace caso
o en gran medida no hace caso a los expertos.
Esto ocurre.
Con muchas cuestiones y creo que la Universidad Española
no está preparada para esos cambios drásticos que a veces se apuntan,
un único gobierno, bueno.
Y en cambio sí que creo que el Consejo Social
podría dar un cambio significativo si las comunidades autónomas
se atreven a darle las competencias debidas,
a darle los medios.
Adecuados, porque nada más fácil para un rector que dejar
el Consejo Social sin medios
y luego decir que no hace nada, que no sirve para nada,
dar la rueda de prensa cuando el Consejo de Gobierno
aprueba la propuesta del presupuesto,
cuando realmente hasta que no pasa por el Consejo Social
el presupuesto no está aprobado Y este tipo de cosas que conocemos.
¿Qué hace que la comunidad universitaria
no sienta especial querencia por los consejos sociales?
Parece que es un órgano que está ahí
y que realmente solo aprueba lo que ya se ha dicho antes
por los órganos universitarios.
Evidentemente, esta visión lo que sirve es para retrasar la toma
de acuerdos.
Y termino, porque ya sé que el tiempo es limitado.
Echando en falta la parte cuarta del trabajo dedicado
a los servicios universitarios,
precisamente la inspección de servicios.
Ya sé que bajo la vigencia de la LOU este órgano no era obligatorio
en las universidades, cosa que como administrativista me sorprende,
porque en cualquier administración pública debe haber
una inspección de servicios que funcione de forma adecuada.
Pero ahora en la LOSU sí que es una unidad básica.
Debería configurarse con esa independencia y autonomía
que señala la ley.
Y los profesores de Derecho estamos muy contentos
de que se establezcan por fin inspecciones de servicio
a ver si nos dejan de encargar gratuitamente la tramitación
de disciplinarios,
porque es una función añadida que hemos tenido algunos a lo largo
de los años.
Y, por último,
en relación con la parte quinta, que se dedica.
A los órganos universitarios en defensa de derechos,
pues yo tengo que decir que he echado en falta
las unidades de igualdad, que son obligatorias desde el año 2007
y que están llamadas a jugar un papel importante
en esos avances que no acaban de llegar en la igualdad
entre mujeres y hombres en el seno de la institución universitaria,
las que llevábamos ya varios años.
En la universidad creemos que esos avances son muy lentos,
sigue habiendo muchos techos de cristal,
sigue pesando mucho más en la carrera universitaria
de las mujeres esa intensidad y dedicación
que exige nuestro trabajo.
No nos sonroja que el cuerpo de catedráticos
siga en torno al 25% de mujeres y, por lo tanto,
creo que las unidades de igualdad, los planes de igualdad.
Pues deben cumplir con su cometido.
Muchas gracias.