Bien, pues esta primera mesa, como sabéis,
es sobre las perspectivas italiana y portuguesa,
que son muy interesantes,
y tenemos la gran fortuna de contar con dos jóvenes investigadores.
Además, esa juventud hace que estén muy al día,
que tengan los temas muy estudiados y muy trabajados,
pero a pesar de su juventud,
la verdad que son dos, pues ya me atrevería a decir,
jóvenes consagrados en el ámbito del derecho penal,
tanto en Italia como en Portugal.
De un lado me acompaña el.
José Menezes Añudo, que está acabando la tesis sobre la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en Portugal.
Él es becario de la Fundación Portuguesa para la Ciencia
y la Tecnología.
Es también abogado
y ya va a ser dentro de nada profesor de Derecho
en la Universidad de Oporto.
Y a mi izquierda me acompaña Manuel Ebirriteri,
que es profesor asistente titular
de Derecho Penal en la Universidad de Roma La Sapienza,
en la Telemática La Sapienza.
Sacó el doctorado en la Universidad Luis,
una prestigiosa universidad privada romana,
y sus principales líneas de investigación, por supuesto,
los delitos alimentarios, responsabilidad penal corporativa,
lucha contra la corrupción,
ha estado de profesor visitante en Glasgow, en Noruega,
y es un placer contar contigo, Emanuele.
José hablará en español y Emanuele hablará en italiano,
pero ha tenido la gentileza de preparar unas diapositivas
en castellano para que podáis seguir la intervención.
Bien, pues vamos a comenzar esta primera mesa
y voy a lanzarle una pregunta a José Meneses para que, por favor,
si nos puedes explicar cuáles son las características
o los rasgos definitorios del modelo portugués.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación y gracias.
Felicito, una felicitación a Jordi Jimeno y Alfredo Leñán
por la organización de este seminario y muchas gracias por la invitación.
Yo pido disculpas de antemano por mi español, que es muy malo,
pero espero que me entiendan.
Por tanto.
En el anterior Código Penal portugués del siglo XIX
no se admitía la responsabilidad de personas jurídicas.
Ha sido sólo con el Código Penal de 1982 que se ha abierto
la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas.
Primero, esto ha sido hecho en la legislación especial,
por ejemplo, sobre delitos fiscales,
delitos de terrorismo y ciberdelincuencia.
Y después, en 2017, se ha alargado la responsabilidad
de personas jurídicas al código penal,
al llamado derecho penal clásico.
Ahora bien, según el código penal, todos los tipos de personas jurídicas
pueden ser responsabilizados penalmente,
con la excepción del Estado, de las personas jurídicas
en ejercicio de poderes de autoridad pública
y organizaciones internacionales.
Asimismo,
entidades que no son personas jurídicas en sentido estricto
también pueden ser responsables, por ejemplo,
sociedades civiles y asociaciones de hecho.
La lista de delitos por los cuales las personas jurídicas
pueden ser responsabilizadas ha sido ampliada largamente desde 2007.
La lista incluye, por ejemplo, delitos contra la integridad física,
la libertad personal, delitos sexuales,
delitos contra la propiedad, falsificación,
delitos medioambientales blanqueo de activos y corrupción.
Este catálogo de delitos ha sido criticado por un lado
por incluir algunos delitos por los cuales tal vez
las personas jurídicas no deberían ser responsabilizadas
y por otro lado por no incluir algunos delitos
por los cuales deberían ser responsables, por ejemplo,
el homicidio.
El sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas
en el Código Penal portugués es un sistema de heteroresponsabilidad,
ya que las personas jurídicas no son responsables
de un delito propio, de una culpabilidad propia,
pero sí de actos de individuos que actúan en su nombre.
Por lo que se refiere a los criterios,
los presupuestos de la imputación de delitos a las personas jurídicas,
el Código Penal exige que la infracción haya sido cometida
de una de dos formas.
En primer lugar, por una persona física
que tenga un cargo directivo y que actúe en nombre
y en beneficio de la persona jurídica.
O, por otro lado, por un individuo subordinado
que actúe bajo la autoridad de una persona que ostente un cargo
directivo.
Y en este caso se exige que el delito haya sido cometido
por el subordinado en virtud de una violación de deberes
de vigilancia o control por parte del superior jerárquico.
El código penal portugués contiene una norma muy particular
que determina que la responsabilidad de persona jurídica
queda excluida cuando el individuo subordinado haya actuado
en contra de órdenes o instrucciones del superior jerárquico.
Esta normativa también ha sido muy criticada,
no solo en Portugal, pero también por organizaciones internacionales,
porque es posible que permita una exclusión de responsabilidad
mediante una mera instrucción que no es efectiva,
que no es verdadera.
Puede simplemente decirse no hagas esto y la persona jurídica
deja de ser responsable.
Es un poco.
Es una especie de fraude.
Por último.
En el Código Penal portugués, la responsabilidad de personas jurídicas
no excluye la responsabilidad individual ni depende de ella.
Esto significa que el individuo que ha cometido el delito.
El responsabilizado cumulativamente con la persona jurídica
y esto también significa que mismo en los casos
en que el individuo no pueda ser punido.
Por ejemplo, por haber fallecido
o por haber prescripción de la acción penal,
la persona jurídica puede ser punida a pesar de eso.
Gracias, José.
Y ahora le lanzamos la pregunta a Italia.
¿Cómo funciona el modelo italiano, Manuel?
Por favor, si puede hablar en piano.
Gracias, innanzitutto.
Sí, sí.
Gracias, Chemile, por la respuesta y por la que ha hecho.
Volvemos otra vez con Portugal, José.
La siguiente pregunta ya la centramos en el compliance
y queríamos saber qué papel juega el compliance,
los programas de compliance en Portugal
y qué incidencia pueden tener para las empresas españolas
que operan allí.
Antes de 2021 no existía ninguna norma
en el código penal portugués sobre los efectos de los programas
de compliance en la responsabilidad de persona jurídica.
Ha sido solo en 2021 que se han creado estas normas.
Es importante decir que en la llamada estrategia anticorrupción de 2020,
que ha dado origen a los cambios legislativos de 2021,
se afirmaba que sin alterar lo dispuesto en el Código Penal
con relación a.
El modelo de imputación de delito a la persona jurídica
se pretendía atribuir efectos jurídicos
a los programas de cumplimiento.
Pero esto solo podría suceder al nivel de la imposición
de las penas en sentido amplio, es decir,
en el ámbito de la determinación del tipo y del cuánto de las penas.
Como el modelo de imputación en el Código Penal portugués
es de heteroresponsabilidad, los programas de cumplimiento
no podrían, en la perspectiva del legislador,
excluir la responsabilidad penal de la persona jurídica
porque.
Si esta no se basa en una culpabilidad propia,
entonces la existencia de un programa de cumplimiento
no puede excluir una culpabilidad organizativa
y, por lo tanto, no puede haber la exclusión de la responsabilidad
de la persona jurídica.
Con base en programas de cumplimiento.
Los efectos que los programas de cumplimiento pueden tener
en el código penal portugués se producen, por tanto,
en el dominio de la determinación de las sanciones.
Por ejemplo, Si la persona jurídica ha adoptado
e implementado antes del delito un programa
de cumplimiento adecuado, puede haber una atenuación especial
de la pena.
También es posible al tribunal
ordenar la imposición de penas accesorias,
considerando.
La circunstancia de la persona jurídica
no tener un programa de cumplimiento adecuado.
Puede también existir, puede ordenarse la sustitución
de la pena de multa por una pena alternativa,
siempre que la persona jurídica haya adoptado un programa
que se considere adecuado a prevenir delitos.
Y esto, por ventura, es lo más importante.
Con relación a la pena de multa, que es la pena más frecuente,
más aplicada en el derecho portugués,
el Código Penal ordena que el quantum de la multa.
Sea determinado considerando la circunstancia
de que la persona jurídica haya adoptado e implementado,
con posterioridad al delito, un programa de cumplimiento
que el tribunal considere adecuado para prevenir delitos
de la misma naturaleza.
De los que están en causa en el proceso.
Y, finalmente, el Código Penal portugués
permite también la imposición a la persona jurídica
como una pena de la obligación de adoptar
un programa de compliance.
Por tanto, Resumiendo, en el derecho portugués
los programas de compliance no pueden tener efectos excluyentes
de responsabilidad, pueden tener otros efectos.
Muy interesante, José, sobre todo esto último que has apuntado.
Ahora, retornamos a Italia.
Vamos a ver la valoración de compliance en el proceso penal.
¿Cómo se valora el compliance en el proceso penal?
Y también queríamos saber
la relevancia que puede tener a efectos judiciales
que los modelos se encuentren certificados
o autorizados, por ejemplo, con lo que pasa con Confindustria.
Gracias, Emile.
Muy interesante estos cambios de paradigma,
el caso Impregilo.
Y volvemos otra vez con Portugal
y ahora ya vamos a mirar hacia el futuro.
Y queríamos conocer, José, ¿hacia dónde avanza?
¿Cuáles son las principales tendencias en materia de compliance
y responsabilidad penal de la empresa en tu país?
En Portugal en materia de compliance criminal
hay un problema, una preocupación muy importante.
Que es el código penal no define en general cuáles son
cuáles son las características de un programa de cumplimiento idóneo
o adecuado pues los fiscales y jueces deberán.
Evaluar la adecuación de los programas de compliance
caso por caso esto produce una gran incertidumbre
en la aplicación de la ley y podrá también.
Llevar a situaciones en las que las empresas
pueden presentar al juez un programa de cumplimiento
que aparentemente es eficaz,
pero que en realidad no tiene ningún efecto en las prácticas
y en las actividades de la empresa, un programa de compliance cosmético.
Sin embargo, los avances más importantes
que se han producido en Portugal han sido en el ámbito del compliance
con relación a la corrupción.
Es particularmente relevante el decreto ley 109 de 2021,
lo cual creó un mecanismo nacional anticorrupción, el MENAC,
y ha instaurado también un régimen general de prevención
de la corrupción.
En este.
En el ámbito de esta ley,
las personas jurídicas que tengan domicilio o sucursales en Portugal
y que tengan más de 50 trabajadores son obligadas a tener programas
de compliance específicamente direccionados para corrupción.
Y en esta ley sí se definen cuáles son las características
que han de tener estos programas de compliance.
En primer lugar,
un plan de prevención de riesgos de corrupción,
un código de conducta, un canal de denuncias interno,
instrumentos de formación interna a trabajadores y directivos
y un responsable de cumplimiento.
El incumplimiento de esta obligación de tener un programa de compliance
puede conllevar a la imposición de multas a las personas jurídicas
que incumplen estos deberes.
La ley que ha instituido este régimen de prevención de corrupción
hace una descripción bastante detallada
de los requisitos que deben cumplir estos programas.
Además, el MENAC, el Mecanismo de Anticorrupción,
también ha emitido algunas orientaciones y directivas.
Es de especial importancia la guía número 1, que es de 2023,
Y que aclara y explica con más detalle cómo deben cumplirse
en la práctica la implementación de estos,
del plan de prevención, del código de conducta,
del canal de denuncias.
Por supuesto, hay aquí algunas cuestiones controvertidas.
Por ejemplo, esta guía del mecanismo anticorrupción
describe con un detalle tal vez excesivo estos requisitos.
Por ejemplo, exige que un porcentaje exacto
de la formación debe dedicarse a.
Cuestiones comportamentales, 25%.
Normativas, 25%.
Y a la realización de dinámicas de grupo, 50%.
Con esto puede estarse imponiendo un deber que puede ser adecuado
para algunas organizaciones,
pero que puede ser absolutamente dispensable para otras.
Esto también crea un cierto grado de una gran confusión
porque la ley dice que los programas deben cumplir determinados
presupuestos.
Y las guías del mecanismo anticorrupción
describen con un detalle excesivo estos presupuestos.
Esto puede llevarnos a concluir que.
Parece que el mecanismo anticorrupción ya no se limita
a facilitar la aplicación de la ley
aclarando lo que son las exigencias de la ley,
pero está con sus guías y orientaciones creando derecho
y así sustituyendo al legislador.
Esto.
Aparentemente podría considerarse que esta actuación del mecanismo
de anticorrupción podría traer una mayor seguridad y certeza
en la aplicación de.
Gracias, señor presidente.
No está pudiendo cumplir plenamente sus funciones debido, sobre todo,
a limitaciones presupuestarias.
Por ejemplo, en su informe de actividades de 2024,
el mecanismo anticorrupción
se da cuenta de que una marcada falta de recursos humanos
le impedía llevar a cabo actividades sancionatorias.
Entonces, hay también un déficit de aplicación
de la ley en este ámbito.
Interesante, evidentemente, el papel del AMENAC
como autoridad anticorrupción.
Ahora, una oquiata al futuro de la Italia.
Nos consta, como comento al principio,
que se está planteando una reforma de este decreto legislativo.
No sé qué información tendrá Emanuele,
pero si nos puedes ilustrar, te lo agradecemos mucho.
Muchas gracias a los dos.
Pues la verdad que hemos sacado conclusiones muy interesantes,
por supuesto, de Italia, ¿no?
El antes y el después que supone el caso Impregilo
y ahora las claves que nos has dado realmente valiosas,
sobre todo la posibilidad
de que la empresa salga en instrucción
si presenta esa propuesta de reorganización.
Yo creo que en España podríamos mirar un poquito
también hacia lo que está sucediendo en Italia.
Y luego de Portugal,
pues evidentemente un modelo marcado por la heteroresponsabilidad.
También me ha llamado la atención la posibilidad
de que puedan imponer el compliance como sanción.
Y luego también quizás ese excesivo protagonismo
que pueda estar teniendo el MENAC.
No sé, ahora es el turno de todos vosotros.
Si queréis realizar alguna pregunta, este es el momento.
Tenemos un micro por ahí, ¿verdad?
Muchas gracias.
Juan, cuando quieras.
Bueno, buenos días.
Lo primero de todo agradecer al profesor Meneses
y al profesor Birretelli.
Mi pregunta es respecto al sistema portugués.
Nos ha contado que hay una cierta inseguridad jurídica
que viene de que el caso por caso
o la casuística marca el compliance respecto de cada empresa.
Entonces, mi pregunta es doble, pero en el mismo sentido.
Lo primero de todo, si esa,
sobre todo en el caso de reducción de multas, esa resolución,
resolución judicial que determina que el sistema
de compliance o la modificación del sistema es válida
y, por tanto, supone una reducción,
se puede utilizar como una suerte de certificación
de cara a un proceso judicial posterior
frente a la persona jurídica y también si se puede esperar
que haya una unificación de criterios como en la sentencia italiana
que nos han comentado.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta.
Yo creo que actualmente, ahora no es todavía posible
llegar en la jurisprudencia a una resolución que determine.
De una forma, de una manera uniformizada,
cuáles son los requisitos de un programa de compliance
que deba considerarse idóneo o adecuado.
Y yo creo, por otro lado, que.
Por causa de la indeterminación de la ley,
particularmente de las normas del Código Penal, que no definen,
no dicen nada respecto de qué es un programa
de compliance adecuado.
Yo creo que en la jurisprudencia
vamos a tener resoluciones contradictorias
y en unos casos se va a considerar que un.
Que un determinado programa es adecuado
y, en otro caso, el mismo programa o similar puede ser considerado
como inadecuado.
Yo creo que en el derecho portugués en este momento
no hay ninguna posibilidad de una aplicación uniforme
del derecho con respecto a los programas de compliance.
Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, María.
El micro.
Bien, buenos días.
Ha sido un placer escuchar a los ponentes.
Yo tengo una duda, una consulta dirigida,
si puede ser, a los dos.
Que es qué papel si tiene alguno,
tanto en el modelo portugués como en el italiano,
a la hora de exigir responsabilidad penal a una persona jurídica,
que esta entidad haya colaborado en la investigación del delito
e incluso haya revelado por sí mismo
la comisión del ilícito de la persona física
antes de que las autoridades hayan actuado.
Suele ser un tema bastante controvertido
y me imagino que luego lo haremos esto,
pero me gustaría saber.
Si existe algún papel y si se discute sobre ello,
porque aquí parece que es un tema de bastante actualidad.
Muchas gracias.
Actualmente, en el decreto sobre la colaboración procesal
no hay nada de explícito, porque los artículos 17 y 12
genericamente relacionan la reparación
de las consecuencias peligrosas del reato.
En Portugal, la colaboración de la persona jurídica
con la fiscalía o con el tribunal puede tener algunos efectos.
Por ejemplo, en el código de proceso penal
se prevé que en esos casos de colaboración y.
Cuando haya algún acuerdo entre la persona jurídica
y la fiscalía, puede haber una suspensión del proceso.
Esto significa que el proceso se queda.
Y hasta que la persona jurídica vuelva a cometer algún delito,
ahí se inicia nuevamente.
Pero esto puede significar que la persona jurídica
va a ser exenta de responsabilidad,
porque si ocurre esta suspensión y no vuelve a cometer ningún delito,
Por algunos años el proceso se extingue
y la responsabilidad también.
Además, la colaboración de la persona jurídica
puede ser considerada en la determinación del quantum
de la pena de multa.
Puede imponerse una pena más baja con atención a esa circunstancia.
Muy bien, muchas gracias.
Pues vamos a proceder.
Tenemos una pausa café, ahí fuera nos han puesto un desayuno.
O sea que luego sobre las 11 y cuarto, 11 y 20,
volvemos.
Gracias, muchas gracias a los dos.