En primer lugar,
quiero dar las gracias a la Universidad Nacional de Educación
y Amnistía y en su nombre a Pedro Herrera,
al que, como hemos recordado hace un momento,
ya conozco desde hace mucho tiempo, quizás demasiado, demasiado,
todo el tiempo pasado.
Y que con el que he seguido manteniendo contacto
casi quincenalmente, ¿verdad?
, en nuestras reuniones de la Academia de Cuestra.
Entonces, para mí es un placer estar en este foro
y poder hablar de un tema tan interesante.
También quiero resaltar que para mí también es una enorme satisfacción
y placer compartir esta mesa en primer lugar con Joaquín Güellín,
al que conozco también desde hace muchos años,
sobre todo cuando estaba en el tiempo en que coincidimos,
cuando estaba de magistrado en el Tribunal Supremo,
en el que tuve oportunidad de.
De aprender mucho de su sapiencia en temas jurídicos
en general y en temas tributarios en particular.
Por lo que para mí es un lujo poder compartir, repito,
esta mesa con él.
Y por último, también, a Miguel Cruz,
al que conozco también de hace muchos años, que fue el que ya hace
unos meses me habló de la posibilidad de formar parte de esta mesa y poder
intervenir.
Patrimonial.
Entonces, a Miguel también le conozco desde hace muchos años
y para mí también, repito, es un auténtico placer poder
estar aquí y haber aceptado la invitación
que me hizo para participar en este seminario.
Bueno, pues ya sin más preámbulos,
vamos al reparto que hemos hecho, un poco de la materia,
porque el tema de responsabilidad patrimonial
del Estado legislador tiene dos vertientes.
Por inconstitucionalidad de la norma,
o por infracción del derecho de la Unión Europea,
voy a hablar especialmente de la responsabilidad del legislador
por vulneración e infracción del derecho de la Unión Europea.
Aunque en un momento determinado se va a ir mezclando,
porque los pronunciamientos del Tribunal Supremo a los que voy
a hacer especial referencia, por razones obvias,
porque estaba y sigo estando allí y hemos tenido oportunidad
de intervenir en todos los recursos,
que aquí no es cuestión de decir que.
Estado en este tipo de procesos corresponde
a los gobiernos de estado, por lo que, por consiguiente,
estamos en una posición en el sentido privilegiada,
porque hemos sido partícipes, de cierto modo,
de las decisiones de las ALE.
Por ello, conocemos bastante bien cómo ha ido evolucionando
la jurisprudencia del Tribunal Supremo a lo largo
de estos años,
especialmente a raíz de la sentencia que ha comentado.
Pedro, de la sentencia de 22 de junio del 22 del TJUE,
en la que tuve la oportunidad de analizar el cumplimiento
de la normativa española de la norma comunitaria,
como el grado de cumplimiento de esa normativa interna
del derecho a la Unión Europea.
Bueno, de hecho,
esto voy a ponerse de vídeo en varios bloques.
En primer lugar,
una referencia general al marco normativo.
Luego voy a referir.
A los principios básicos de la responsabilidad patrimonial
del Estado legislador por infracción del derecho a la Unión Europea.
Luego, la doctrina del Tribunal Supremo,
antes de la aprobación de la Ley 40-2005,
que por primera vez fija los requisitos necesarios
para la exigencia de esa responsabilidad
en nuestro derecho.
Luego, al análisis detallado de la sentencia del Tejúez,
de ese hecho de mención de junio del 22.
Y luego, retomando el título de la ponencia,
y donde se ha planteado realmente la problemática mayor,
voy a analizar el tema del principio de efectividad
y lo voy a hacer analizando ese principio de efectividad
de la doctrina del Tribunal Supremo
antes de la Ley 40.015 y la aplicación de esa doctrina
después de la Ley 40.015 y luego incluso después
del pronunciamiento, que es muy importante,
cómo ha asumido el Tribunal Supremo la doctrina del TJUE,
especialmente lo dicho en la sentencia de 22 de junio del 22.
Luego, voy a analizar también las vías
para hacer efectivas el principio de efectividad, las autoliquidaciones
y los procedimientos revisorios.
Y, por último, voy a referir al tema
de determinar a quién corresponde apreciar realmente
la infracción en nuestro derecho de derecho a la Unión Europea.
Y, por último,
dado que ha sido el requisito que ha planteado más problemas,
Para hacer efectiva esa responsabilidad,
me voy a referir brevemente
a cuando se puede entender cumplir un requisito de administración
suficientemente caracterizada, que es uno de los requisitos necesarios
para la exigencia de la responsabilidad principal
del Estado legislador por la inflación de derecho
a la Unión Europea.
Pues bien, en primer lugar,
el principio de responsabilidad del Estado legislador por la inflación
de derecho a la Unión Europea.
Se trunca claramente en el artículo 9.3
de la Constitución, que garantiza,
como saben todos ustedes, la responsabilidad de los poderes.
Ahí es, en ese artículo es constante todas las sentencias
del Tribunal Supremo.
Y en cuanto ya a la primera referencia,
a la responsabilidad patrimonial de este legislador en general,
la encontramos en el artículo 139 de la Ley 30 barra 92.
En común, que decía que las administraciones públicas
indemnizarán a los particulares por la aplicación
de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos
y que estos no tienen el deber jurídico
de soportar cuando así se establezca en los propios sectores
legislativos.
Ya veremos el juego que dio esta previsión tan estricta,
porque viene a exigir que esté prevista la propia ley,
como interpretó el Tribunal Supremo desde el primer momento.
Previsión.
Así ya saltamos a la ley 40-2015,
que todos conocidos, la vigente del 15 de octubre,
que en el preámbulo de la misma se dice que entre las propiedades
más destacables en este ámbito de responsabilidad
se dice que merecen especialmente los cambios introducidos, dice,
en la regulación de la denominaria de responsabilidad patrimonial
de su alquilador por lesiones que sufran particulares,
bien por.
Aplicación de leyes declaradas inconstitucionales o con leyes
que sean consideradas a derecho de la Unión Europea,
dice, concretándose las condiciones que deben darse
para que pueda proceder, en su caso,
a la iniciación que corresponda.
Pues bien, se lee en el artículo 32,
después de decir, por supuesto, en el apartado 3,
que hay un derecho al reconocimiento de responsabilidad,
pues así se establezca en la propia ley,
en el propio legislativo, y ya dice que también.
En la margen ya de que se reconozca o no,
se pueda reconocer esa responsabilidad
cuando concurran determinados los requisitos previstos
en su apartado anterior.
Y cuando se refiere ya al de que la lesión
es consecuencia de la aplicación de una norma
declarada contra el derecho de la Unión Europea,
dice que procederá a su indemnización
cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia.
La actuación administrativa que ocasiona el daño,
siempre que se hubiera legado la infracción del derecho
de la Unión Europea posteriormente declarada,
y de ella asimismo deberán cumplirse todos los siguientes requisitos.
La norma de tener por objeto
que ofrecen los derechos a los particulares,
el incumplimiento debe estar suficientemente caracterizado
y, en tercer lugar, debe existir una relación de causalidad directa
entre el incumplimiento de la obligación
de la administración responsable por el derecho de la Unión
y el daño sufrido por las particulares.
Además, La sentencia dice que hay que arreglar la norma
contra la derecha europea,
producirá efectos desde la fecha de su publicación
en el boletín oficial del Estado, perdón,
en el diario de oficio de la Unión Europea.
Ya no sé qué es esta vez otra cosa.
Y además añade
que esto también ha sido estigmatizado de forma importante
por la sentencia de 22 de junio de 2022,
que serán indemnizables desde el artículo 34
los daños producidos en el plazo de los cinco años
anteriores a la fecha de publicación.
De la sentencia que declare el carácter de la norma contraria
al derecho de la Unión Europea,
salvo que la sentencia disponga otra cosa.
Y en el artículo, la ley 39.2005,
ya de procedimiento administrativo común,
en el aspecto estrictamente procedimental,
dice ya en el artículo 67 que prescribirá,
en los casos de respuesta patrimonial,
el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación
en el boletín oficial del Diario de la Unión Europea,
según el caso de la sentencia que declare la norma,
su carácter contrario al derecho a la norma.
Este es el marco normativo que tenemos.
¿Cuáles son los principios bajo la exposición patrimonial?
Bueno, pues el Tribunal de Justicia Europea
se ha cansado de decirlos, casi como una especie de marco
de todas las sentencias en las que ha dictado,
que ha tenido oportunidad de analizar de una forma
u otra el tema de la exposición patrimonial.
Lo primero que ha dicho,
en que es inherente el principio de responsabilidad
del Estado por los daños causados por infracción del derecho
de un miembro, es inherente al sistema de los tratados
en que ésta se junta.
Y cita, no quiero cansarles,
por ser una sentencia que se refería a un caso español,
la sentencia de 21 de enero de 2010 de Transportes Urbanos
y Sentidos Generales.
Este principio añade es válido para cualquier supuesto de infracción
del derecho de un miembro,
independientemente de cuál sea el órgano del Estado miembro,
a cuya opción o omisión
se deba la infracción, incluido el registrado de abonación,
y de cuál sea la autoridad pública que deba, en principio,
asumir la carga de reparación de los daños causados.
Entonces, luego, ahí analizo los requisitos,
los que ha plasmado el artículo 132.5.
Ha declarado de forma real que los particulares perjudicados
tienen derecho a indemnización, cuando se cumplan tres requisitos,
que es la norma de la infinita del derecho de la Unión Europea,
por lo que se confiere en derechos particulares,
que la inflación sea definitivamente caracterizada
y que exista una relación de causalidad entre la inflación
y el perpetuo sufrimiento.
Y, pues, termino diciendo que eso, sin excluir,
no obstante, que con el arreglo del derecho nacional,
el Estado puede incluir una responsabilidad
en virtud de requisitos menos restrictivos.
El derecho nacional quiere establecer los requisitos.
Es válido y hay que saber que está.
Aquí en el caso español no ha sido así,
sino que se ha tenido, por lo menos, estrictamente,
se ha tenido en cuenta los requisitos estrictos
establecidos en la adopción del tejón.
El hecho de que hasta el año 2015, octubre de 2015,
no se incorporase al ordenamiento nacional internacional,
Quiere decir que, por supuesto,
que antes de esa fecha no se puede irse a reconocer
la responsabilidad patrimonial del Estado por infracción
de la Unión Europea.
Tengo aquí, por ejemplo,
una sentencia del 2 de octubre de 2012, tres años
antes de que traiga en vigor la norma,
en la que el Tribunal Supremo reconoce la responsabilidad
patrimonial del Estado alquilado por infracción de la Unión Europea,
citando la famosa sentencia de Brasserie y de Pichet,
en la que se reconoce, por supuesto,
la responsabilidad patrimonial de nuestro legislador
y la línea que ya estaba reconocida de forma embetida por el Cintiq-UE
y le hace decir que, por supuesto, analiza los requisitos
que estaba recogida en esa jurisprudencia mucho antes,
repito, de su incorporación a la normativa interna
y sobre esa base, sin ningún tipo de problema,
viene a reconocer que existe ese derecho de indemnización
cuando se cumplan los requisitos a los que he hecho referencia.
Que no.
El hecho de que no estuviera regulada
o incorporada si se concretasen los requisitos,
no quiere decir que antes el Tribunal Supremo
no pudiera aplicar sin ningún tipo de problemas
esa jurisprudencia y pudiera reconocer,
llegado el caso, la responsabilidad del patrón electrónico.
A continuación,
vamos a pasar a la análisis de la sentencia del TJUE.
Una vez ya vigente esta ley de 1 de octubre de 2015,
bueno, pues la Comisión Europea planteó un recurso
de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia Europea,
una vez que, por supuesto, el dictamen previo, ¿sí?
Y porque entendía que la regulación
a la que he hecho mención anteriormente,
que contiene el artículo 32.5, eh.
Podía entenderse que vulneraba esa doctrina de la normativa comunitaria
en materia de indemnización de daños en dos cuestiones de alto interés,
como es el principio de equivalencia y el principio de efectividad.
La Comisión entendía que los requisitos establecidos
por la legislación nacional en materia de indemnización,
dice, no pueden ser menos favorables que los que se aplican
a reclamaciones semejantes en la traducción interna.
Estaba pensando, lógicamente, en los.
De la supuesta responsabilidad de este legislador
por inconstitucionalidad de la norma.
Y en segundo lugar, no pueden articularse,
y esta es la clave, uno de los aspectos básicos
que a los que voy a referir después, no pueden articularse, dicen,
de manera que es la práctica imposible o excesivamente difícil
obtener la indemnización, que es lo que es definitiva la programación
del principio de efectividad.
Pues bien, la comisión sostenía en su demanda
que los tratamientos.
32.5 de la ley, toma desigualdamente su conjunto,
dice, la entrada que hace en la práctica imposible
o excesivamente difícil obtener una identificación.
El primero que se fija, el primero no lo veas, no lo entiendes.
Tan claro como lo miraron ellos, pero bueno,
porque no lo dice el artículo 32.5.
Dice que para que un particular pueda ser identificado por el perjuicio,
el discurso unado a la ley de la legislación nacional,
dice que en nuestra legislación dicha infracción tiene que haber sido
declarada previamente por el Tribunal de Justicia de la Nación.
Y bueno, el Tribunal de Justicia de la Nación
dice no, no.
Es que no es necesario
que en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Nación.
Para el patrimonio de nuestro legislador.
Y en este sentido, si la ley española
da a entender, creo que la ley española
da a entender, no lo dice expresamente,
que para que se reconociera esa responsabilidad
era necesaria la sentencia, nosotros decimos que no.
Y tiene que corregirse, por tanto,
la normativa interna española en este sentido,
es decir, que no solo en los casos de que exista una sentencia ante el juez
que ha declarado previamente en esa infracción es posible
reconocer a nuestro legislador.
Después, dice que, por supuesto, que admite que ese 30 años
debe ser individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
Eso no pone ninguna objeción a la comisión.
Y tampoco niega que el ejercicio de la ciencia
tiene que someterse a un plazo de transición que es compatible
con el principio de flexibilidad.
Si se siente que sea un plazo razonable,
el plazo del año fijado en la norma española,
desde que se publica la sentencia de mercantil oficial,
es un plazo que se dedica a la otra.
Donde se ha planteado el problema, avanzamos,
es que el en cuanto al requisito expresamente recogido
en la normativa española de que el particular perjudicado
haya obtenido en cualquier instancia una asistencia firme es estimatorio
de un recurso contra la actuación administrativa por presión
en el daño.
Y aquí el Tribunal de Justicia dice que es doctrina del mismo.
Que ha reconocido que el Tribunal Nacional puede comprobar
si el perjudicado ha actuado con una diligencia razonable,
dice, para evitar el perjuicio o reducir su magnitud.
Y, en particular, se ha ejercido en tiempo futuro
todas las acciones que el derecho de la persona perjudicada, dice,
debe dar pruebas de que adoptó una diligencia razonable
para limitar la magnitud del perjuicio si no quiere correr
el riesgo de tener que soportar el daño ella sola.
En cambio, dice, sería contraria al principio de efectividad,
obligar a los perjudicados
a ejercitar sistemáticamente todas las acciones
y que dispongan,
aunque ellos les ofrecen dificultades excesivas,
o puede ser que sea racionalmente que las ejerciten.
Entonces, lo que viene a entender es que,
conforme a la normativa comunitaria, la necesidad,
la exigencia en particular de que ejercite.
Las acciones oportunas, el tiempo oportuno,
las actuaciones pertinentes para evitar
o para no tener que soportar el riesgo derivado del daño.
Y además, eso sí dice la sentencia de tal disposición,
no es que el particular haya agotado todos los recursos disponibles,
sino simplemente que se haya obtenido una sentencia firme
contra esa actuación en cualquier instancia,
lo que puede facilitar el cumplimiento de este requisito.
Ahora bien, hace un inciso muy importante
que puede haber ocasiones en las que.
Aquí está partiendo de la base
de que existe un acto de aplicación de la norma,
que sea impugnable en la vía administrativa
y concedida al Ministerio.
Pero puede haber casos en los que.
No exista un acto de aplicación.
Entonces, en este caso,
cuando el daño deriva directamente de la aplicación de la norma,
no puede exigirse en este caso que se agote la vía oportuna
porque dice, en consecuencia, el artículo 32,
que no prevé una excepción para los supuestos
en el ejercicio de la acción que hecha disposición
impone ocasiones y dificultades excesivas.
No puede exigirse, racionalmente,
a la persona profesional lo que ocurriría cuando el daño
derive de un acto o omisión del legislador contrario
sin que exista una actuación administrativa.
Es decir,
en ese sentido también se considera la normativa española contraria
porque, repito, puede existir casos en que el daño derive directamente
de la norma y no requiere un acto de aplicación,
que es lo que determinaría la entrada en juego de la requisito
de que se haya votado todas las instancias
y que hay una instancia.
Entonces, aquí en este ente
debe de modificarse la normativa española.
Se le consta.
Que están en ello, pero han pasado tres años,
hay un grupo de trabajo que está analizando
a nivel del Estado cuáles son las modificaciones que hay
que introducir para dar cumplimiento a la Asistencia Anticorrupción
y Justicia,
y este sería uno de los aspectos que me queda de cumplimiento,
pero aún no acaban de rematar la faena y han pasado tres años,
prácticamente van a cumplir tres años y todavía la norma española,
la ley 40-2015, no sé.
En cuanto al requisito
de que el particular haya legado la inflación, que es el marco
de un recurso, que es lo más discutible,
lo más cuestionable, también la ley dice que aquí, bueno,
la Comisión dijo que este requisito puede ser cuestionable
cuando nos encontramos con normas que no tengan efecto directo.
Aunque no tenga efecto directo la norma,
también es posible que artes vinculantes
de las disposiciones de la derecha de la Unión,
aunque no tengan efecto directo,
suponen para los órganos constitucionales la obligación
de interpretar el derecho nacional y conjugarme a los mismos.
Y además, si es una disposición sin efecto directo,
puede ser alegado,
incluso en cualquier proceso, Por consiguiente, en ese sentido,
le dice a la comisión, no es necesario
que se trate de, para que se aplique la previsión del artículo 305
de que haya una norma con efecto directo,
sino que también en aquellas normas que no tengan efecto directo,
también se puede traer un cúmplice.
Entonces, lo último que dice, esto es interesante,
dice, debe señalarse a todos los efectos ya,
que el hecho de exigir que el particular perjudique.
Que ocasionó el daño
y que tiene por objeto evitar dicho daño
limitar o la infracción del derecho a la Unión,
su pena de no poder obtener la indemnización,
puede suponer, entre comillas, una complicación procesal excesiva,
contrario al principio de efectividad.
En efecto, termina en esa fase,
puede resultar excesivamente difícil e imposible prever
que la infracción del derecho a la Unión Europea
declarara finalmente el término.
Que adecue finalmente el Tribunal de Justicia.
Entonces, en esto volveremos y veremos a ver cómo la verdad,
vamos hablando de diligencia razonable,
complicación procesal excesiva, cómo el Tribunal Supremo,
después de la sentencia,
pero lo importante es analizar qué ha dicho la sección quinta
del Tribunal Supremo, que es la única que va a opinar sobre este tema,
porque es la sección que reconoce de todo supuesto
la responsabilidad patrimonial del Estado legislado, que tiene
que haber sucedido siempre
de acuerdo con el Consejo de Ministros.
Muy bien.
Vamos a ver cómo ha interpretado la sección quinta
de la sala de contenidos.
Después de esta sentencia, esta sentencia,
lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Supremo en cuanto a que
lo que se entiende por diligencia razonable
y complicación procesal excesiva.
Y lo que dice también, hemos visto que también dice
que limita los plazos, el artículo 34,
de la ley limita los daños indemnizables
a los producidos en el plazo de cinco años anteriores
a la fecha de dicha publicación.
Pues bien, el tribunal de JUE
dice que esa limitación en el plazo de cinco años
no es razonable y se inclina por tener en cuenta
el principio conocido en materia de responsabilidad
de perjuicio efectivo.
Si han pasado más años, lo que tiene usted que analizar
es el perjuicio efectivo.
Entonces, sobre este particular, Me limito a leer que dice
que el Tribunal de Justicia ha declarado en numerosas ocasiones
que la reparación de los denios causados a particulares
por inflexión del derecho de unión debe ser adecuada
al perjuicio de sufrimiento,
en el sentido de que debe, en su caso,
compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos.
Esa limitación temporal puede,
en determinados casos, ser contraria a esta doctrina,
de necesidad de compensar el perjuicio,
íntegramente el perjuicio sufrido.
Y, por tanto, también había que modificar,
en este caso, la ley 39.215,
para adaptarla al contenido de esta asociación.
En cuanto al principio de equivalencia,
aquí la comisión alegó que el Reino de España,
dice, había incumplido las obligaciones en virtud
del principio de equivalencia de establecer.
Que en el artículo 325
dice como requisito la de conferir derechos a particulares
y que no están recogidos esos dos requisitos
cuando se trata del supuesto de la responsabilidad patrimonial
del Estado por vulneración de la Constitución.
Bueno, pero en este sentido, el tribunal es muy claro,
dice que aquí no juega el principio de equivalencia
y que en este sentido no tiene, por lo contrario,
que el tribunal.
El legislador español ha adaptado los requisitos.
Los requisitos de la normativa interna
cuando se trata de normas inconstitucionales
y, por consiguiente, dice que el principio de equivalencia
no puede interpretarse en el sentido de que obliga a un Estado miembro
a extender su régimen interno más favorable a todos los recursos
interpuestos en un ámbito interno.
Por consiguiente, en el sentido no hay ningún inconveniente.
Para que haya dos normativas y el Tribunal Supremo
a lo largo de estos años.
Teniendo presente la distinta naturaleza
del derecho a la Unión Europea,
el distinto efecto que producen las sentencias del derecho
a la Unión Europea,
de diferenciar claramente ambos planos.
Y cuando ha analizado, incluso después de esta sentencia,
recursos de responsabilidad patrimonial
del establecedor por vulneración de la Constitución,
ha dicho que una cosa es.
Por estos casos de inconstitucionalidad
y otra muy distinta,
la que se refiere a la remuneración de hechos en Europa.
Podemos tener en cuenta y analizar previamente sobre todo el requisito
de la efectividad, porque es el mismo,
pero ahí llega un momento en que el Tribunal Supremo
se separa en ambas vías.
Hay puntos que pueden coincidir,
sobre todo en relación con el requisito de la efectividad,
pero además no.
Además, tenemos que tener en cuenta
siempre los requisitos para la exigencia de responsabilidad
en cada uno de los ámbitos de la Constitución General
y de la Organización Pechuelana.
Vamos ya al cuarto, al quinto punto,
que tiene mucho interés, que es el tema de la efectividad.
En concreto, el tema de la exigencia
de que se hayan agotado todas las instancias
y que se haya obtenido una sentencia.
La sentencia en la que se ha analizado la cuestión
de la posible vulnerabilidad de derechos de la PSOE,
invocado por el particular esa circunstancia.
Lo primero que vamos a hacer es ver cómo estaba el tema antes de la ley
40 de 2015,
en la que no se establecía esa exigencia.
En ese sentido, es muy importante
una sentencia del Tribunal Supremo de el 17 de septiembre de 2010,
caída en el recurso 153-2007, en la que se analiza
con todo lujo de detalles todo el tema
de la responsabilidad patrimonial de la Unión Europea, antes, repito,
de que la ley de 2015 establece ese requisito
que hace difícil la aplicación del principio de efectivo.
Entonces, lo primero que decía es que, efectivamente,
en esta sentencia el Tribunal Supremo dice que en lo que atañe
a la responsabilidad en general, derivada del acto legislativo,
la jurisprudencia del Tribunal fue reticente a reconocerla
hasta la famosa sentencia que ha dicho
Pedro de 21 de febrero de 2000.
En relación a las leyes declaradas inconstitucionales,
dijo que se enfrentó con el problema de lo que decía el artículo 179,
solo cuando venga a reconocer el derecho a indemnización
en la ley, se podría reconocer.
Bueno, pues el Tribunal Supremo, yo creo que con buen criterio,
dijo que se ha mantenido
que si la ley no declara nada sobre dicha responsabilidad,
es que los tribunales pueden indagar la voluntad táctil del legislador
para poder así definir si procede a declarar la obligación
de identificar.
Es decir, que no es necesario ya que lo diga,
sino que puede, el tribunal dice que se puede el tribunal indagar
cuál es la voluntad del legislador,
la ratiolegis y si indagando esa voluntad entiende que sí que.
A pesar de que no diga que hay derecho a reconocer,
sí se puede reconocer.
Y después, añade, todo ello como consecuencia, dice,
de la vinculación más fuerte de la Constitución,
el mandato de reparar los daños y perjudicios concretos
que su aplicación puede haber originado,
lo cual no podía ser establecido a priori en su texto.
Existe, en efecto,
una notable tendencia en la doctrina y el derecho comparado
a admitir que declarada inconstitucional una ley,
puede generar un pronunciamiento del reconocimiento
de la responsabilidad patrimonial cuando aquello ocasione privación
o lesión de bienes o derechos.
Por consiguiente, ya vemos que a partir del año 2000,
esa matización del Tribunal Supremo es fundamental.
No es necesario
para que se pueda reconocer esa responsabilidad patrimonial,
que la ley expresamente,
sino que puede indagarse la voluntad de la legislación del legislador
y si realmente se entiende
que después de la declaración de incursión en la ley,
ahí de hecho en la legislación se cumple.
Se puedan.
Pero vamos al tema de la efectividad.
En una sentencia posterior del 13 de junio de 2000,
es muy importante las fechas, insistió en algo que ya había dicho,
que la acción ejercitada era ajena al ámbito de la cosa
juzgada derivada de la sentencia y que incluso para su existencia
no era preciso que el acto administrativo de aplicación de ley
declarada en justicia no hubiera sido judicialmente impugnado.
Muy importante.
Es decir, En contra de lo que después dijo el año 2015,
el Tribunal Supremo del año 2015
dijo, mire, no, estamos hablando de un título distinto
y para que pueda exigirse la responsabilidad
no es necesario incluso que se hayan votado,
que el acta en este tipo de aplicación
haya sido judicialmente impugnado.
No es necesario ni que se hubiera impugnado.
Yo no digo que se hubiera impugnado y que se hubiera firmado.
El acto y se hubiera dicho que aquello era,
sino que ni siquiera se hubiera impuesto.
Y vino a decir en esta sentencia, además era un tema de IVA,
aunque los datos administrativos sean firmes,
en este caso son las liquidaciones tributarias relativas,
ello no impide el ejercicio de la responsabilidad.
Además, el Consejo de Ministros se resistió a esta aplicación
de esta doctrina.
Y acogiéndose a lo que había dicho,
porque no ha habido unanimidad, lo sabemos aquí,
porque fue el año 2004, el año 2004 y el año 2005,
vine a entender que precisamente en los casos
de responsabilidad del Estado declarado por el FNU
era necesario haber abatido las vías.
Bueno, pues el Tribunal Supremo,
a la vista de estas dos sentencias del Supremo,
ya planteó una cuestión perjudicial en el año 2008-2008.
Al Tribunal de Justicia para ver si.
Solo se exigía ese agotamiento
cuando se hablaba de vulneración de la Constitución europea,
pero no cuando se trataba de vulneración de la Constitución.
Y planteó ahí, sin consenso,
la vulneración del principio de equivalencia.
Y el Tribunal de Justicia Europea, en la sentencia,
en la sentencia de abuso del transporte, del 26 de enero de 2010,
dijo que efectivamente se estaba vulnerando el principio
de equivalencia y eso dio pie a que ya el Tribunal Supremo,
que vino a decir.
Que debía aplicarse el principio de equivalencia
y, en estos casos, repito, no constituye obstáculo, finalmente,
para el ejercicio de la acción de responsabilidad
por parte del recurrente, transportes urbanos,
el hecho de que no impunan las liquidaciones tributarias
relativas al IVA, en la que se le ha aplicado la regla.
Esto es cómo estaba el tema, repito, en 2010.
Bien.
Vamos a ver lo que pasa a partir de la sentencia del TEO.
A ver cómo.
El Tribunal Supremo,
la sección quinta del Tribunal Supremo,
ha interpretado las menciones importantes
que hace al principio de efectividad a la sentencia que ocurre
el 22 de junio.
Y así nos encontramos, en primer lugar,
con una sentencia, que es un tema tributario,
que aunque se refiere a la inconstitucionalidad
del régimen de pagos fraccionados,
pero hace al mismo tiempo consideraciones en relación
con el tema del efecto de efectividad por los derechos de los derechos.
Se trata de la sentencia de 25 de octubre de 2023.
Lo primero que dice, lo primero que he comentado
de intentar referir a los dos planos, que dice el Supremo
en esta asistencia de 25 de octubre de 2013,
la doctrina del TJUE solo resulta de aplicación en relación
con derecho a reconocimiento por el derecho de unión,
pero no como a que ocurre cuando se trata de derechos institucionales
regidos por el derecho interno.
Así pues, dice la invocación por la actora de los principios
de efectividad e equivalencia propios del derecho comunitario,
que son los abordados en el hecho de pronunciamiento,
resulta aquí improcedente,
pues nos encontramos extravudos del derecho europeo.
¿Y qué dice?
Bueno, dice testamento de la sentencia.
A diferencia de los que tienen la demanda,
en esta sentencia de juicio no se ponen reparos, dice,
desde la perspectiva del principio de efectividad
al requisito consistente en haber obtenido una sentencia firme
de ese estimatorio de recurso contra la zona administrativa.
Ocasionalmente.
Y dice,
añade que efectivamente entiende que eso no supone dificultades excesivas
o supone una exigencia irrazonable.
Y ninguna de estas objeciones concurre, dice,
en el caso que nos ocupa,
en el que la empresa tenía a su alcance
la posibilidad de accionar fácilmente frente a las autoliquidaciones,
porque había las autoliquidaciones previas,
pidiendo la rectificación de las mismas.
La actora, dice, no reaccionó frente a las autoliquidaciones
presentadas y tampoco no accionó y por lo que.
También se refiere a la vía de la devolución de ingresos indebidos.
La lega, no obstante, actuará que si la Administración
entendía que la vía adecuada para reclamar los ingresos indebidos
era la vía del artículo 221, la vía directa de devolución,
dice, debió ella misma recalificar su escrito,
aplicando lo previsto en el artículo 115.2
de la ley de procedimiento administrativo.
O le dice, pues no.
La invocación del artículo 112, que permite.
La Administración recalificar los escritos erróneos
de los interesados en vía de recurso,
es sólo aplicable en la vía de recurso,
no siendo el procedimiento de rectificación
de las liquidaciones.
Tampoco la potestad revocatoria contenida en el artículo 219
puede ser invocada a estos efectos,
porque las liquidaciones practicadas en un acto administrativo
y por lo siguiente no pueden ser revocadas directamente
porque son una potestad discreta de la Administración.
Y por último, Saben todos ustedes
que el Tribunal Supremo, de forma constante,
hace invocación al principio de buena administración.
Y se ha convertido en el principio básico
para impulsar la actuación de la administración.
Bueno, pues también aquí el contribuyente,
para intentar que se reconociera su derecho a la administración,
hizo referencia al principio de buena administración.
Y además de confianza legítima, no pueden llevar hasta el punto
de alterar la acción misma ejercitada de forma expresa por el particular,
sustituyendo una por otra con presupuesto de requisitos
de iniciativa un régimen político sustancialmente distinto
ni a suplir el incumplimiento de las cargas no razonables
que la ley le impone.
En otra sentencia, el 17 de abril del 24,
viene a buscar el mismo, ¿eh?
, El obligado que el tributario dice que ha aceptado una autoliquidación
a través de un sencillo procedimiento puede inducir a la Administración
a pronunciarse sobre la misma y, en su caso,
a acordar la evolución de ingresos individuos.
Por ello, dice que es suficiente acudir al mecanismo de rectificación
de autoliquidaciones aplicable tanto a las autoliquidaciones ordinarias
como a las complementarias.
Es indudable
que las autoliquidaciones no son actos administrativos
y, para ello, Lo que tiene que hacer el contribuyente es provocar
el acto administrativo pidiendo la rectificación de las mismas.
Pues bien,
si se solicita la rectificación, el contribuyente pretende,
entre otras cuestiones, la devolución de aquellas cantidades
por entender que la norma no es contraria al derecho,
en este caso a la Unión Europea.
Y si no lo ha hecho, evidentemente, pues le viene a reconocer
que la aplicación del principio de efectividad le impide.
De julio del 22, 18 de julio, en la misma línea.
Voy a hacer mención a una sentencia en honor
de defender al Estado, precisamente,
en la que se plantea esta problemática, que es la sentencia,
dos sentencias, de 28 de febrero del año 2023,
en la que se analizaba el tema de la aplicación
de la doctrina sentada por el Tribunal de Cuestión Europea
en la sentencia famosa Cristal Unión,
sentencia de 7 de marzo del 18, la exención aplicable de.
En la Ley de Impuestos Especiales a la Adquisición de Gas Natural para
la Progeneración de Electricidad y Calor por Independencia,
de que yo al final postulé también que esa doctrina de sentencia
no era aplicable al caso español.
Bueno, pero aquí lo importante y la cuestión previa que planteé
y que analizó y que tuvo que analizar la sala
es si se había agotado en la aplicación del artículo 32.5,
si se había agotado por.
En la empresa las vías procedentes
y se había obtenido una sentencia favorable
en la que al menos se hubiera desestimado
su cuestión.
Bueno, pues aquí es importante, por lo que voy a decir después,
de que en esta sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia es,
repito, de 28 de febrero del 23, el recurso es 246.20.
En esta sentencia es importante la cita que hace de otra sentencia
del 21 de septiembre de 2020, en la que dice que,
aunque se refiere al caso de la responsabilidad
establecida por infracción de.
De norma constitucional,
es aplicable también al ámbito de la Unión Europea,
viene a reconocer la posibilidad de adoptar esa vía,
no a través de la vía ordinaria de la reclamación económica
administrativa, recursos contentos,
sino que también caben otras posibles vías revisorias,
como la revisión de oficina.
Aunque dice, y esto es muy importante,
con la precisión, dice la propia sentencia,
de que el procedimiento de revisión de oficio ha
de instarse antes de la declaración de inconstitucionalidad o ponderación
de honor.
Es decir, caben otras vías,
no la vía ordinaria del recurso, que todos conocemos,
reclamación, recurso administrativo, reclamación, recurso colectivo,
sino que también puede existir la vía de la revisión de oficio,
aunque con la importante matización de que tienes que haberla iniciado
esa vía antes de la declaración de oficio.
Bueno, pues esta sentencia, para no cansarles más,
que tiene.
De septiembre del 24, recurso 129 del 2024, la dice que la actora,
en este caso se trataba.
El periodo reclamado era de enero de 2013 a marzo de 2015.
La sentencia de Cristal 1 era de 2018.
Le dice el Supremo
que la actora no reaccionó frente a las autoliquidaciones.
En 2015,
cuya aporte ahora reclama por la vía de responsabilidad patrimonial,
a pesar de tener a su alcance un procedimiento administrativo
específico para ello, procedimiento de ratificación de autoliquidaciones
de los individuos que le habéis aportado para obtener
una sentencia desestimatoria,
a la que se refiere el artículo 32.5.
De la ley por entrada de 2015.
Y esta sentencia, el 21 de septiembre de 2020,
en la que se dice que se abren otros vías revisorias,
aunque con ese matiz importante
de que tiene que haberse iniciado antes de la declaración
de incertidumbre o de la exención de la sentencia que ha declarado
contra el derecho de la Unión Europea a la normativa nacional,
ha tenido continuidad en otras sentencias,
como la de.
El 31 de marzo del 22,
7 de octubre de 2020, 19 de octubre de 2020,
anteriores a la sentencia del 22 y estas del 23 y 24,
posteriores a la misma.
Entonces, de momento, la postura del Tribunal Supremo, si yo comprendo,
desde este punto, yo comprendo que se hace excesivamente duro,
o incluso podemos hablar de complicación productiva excesiva,
que para poder después reclamar esa responsabilidad patrimonial
tengas que haber agotado
desde el primer momento las existencias pertinentes,
bien sea la vía de ratificación de los títulos de liquidación,
la vía revisoria.
Y que eso determina que prácticamente tengas
que recorrer sistemáticamente todas.
Porque la actuación tributaria, cuando intuyas, en ese momento solo
se puede intuir que esa normativa puede resultar contra el derecho
de la Unión Europea.
Lo entiendo.
Lo entiendo,
pero de momento me atengo a lo que dice el Tribunal Supremo
en estas sentencias que, repito, son posteriores.
En este caso, esta sentencia que digo última,
se trata de autoliquidaciones presentadas en el año 2013,
en la que la condición de responsabilidad
se hace ya con posterioridad a la sentencia
y aplica sin problema la previsión de los cinco
obligando al contribuyente a.
A iniciar esas vías revisoras y entender, por tanto,
que es una diligencia razonable.
Tienes que hacer algo, en definitiva.
Tienes que hacer algo.
No puedes quedarte quieto, aunque, repito, solo en aquel momento
puedas intuir que esa normativa puede ser cuestionada
por las vías procedentes,
bien sea el recurso por incumplimiento.
Pero tienes que intuir, tienes que hacer algo.
Porque si no haces algo, de momento,
si no haces algo, pues.
Cualquier intento en este caso de conseguir de hacer efectivo
te vas a encontrar con un estáculo insuperable del 32.5
interpretado como hemos hecho por la sala
de un insuperable que es la única que lo va a poder interpretar
y ya por ahí termina tampoco quiero cansarles
más me he propuesto hablar unos 40-45 minutos ya llevo
35 y poco más dos cuestiones más.
¿A quién corresponde apreciar prima facie
la infracción del derecho europeo?
Bueno, pues, tengo aquí una sentencia, 18 de marzo del 23,
en la que reconoce que tiene el Tribunal Supremo
y así ha ocurrido en la práctica.
Todas las sentencias, normalmente en práctica,
en el 80% de las sentencias que se han dictado,
han tenido que ver con responsabilidad por parte
de nuestro legislador y está a juego la normativa tributaria.
Es decir, que la normativa tributaria ha dado mucho juego en este sentido.
Pues en esta sentencia se reconoce que el Tribunal Supremo,
por la hacienda Rango, dentro de la jurisdicción ordinaria,
se le corresponde efectuar la declaración de vulneración
del derecho a la Unión Europea
para que pueda surgir la hacienda responsable.
Y a los primeros efectos de esta declaración,
dice que está reservado al Tribunal Supremo un monopolio
que se justifica en el elemento de las relaciones de sesión.
Ya saben todos ustedes, bueno, que puede un tribunal,
desde el punto de vista prejudicial, un tribunal de instancia,
puede plantear una cuestión prejudicial
y, de hecho, lo han planteado.
Pero al que el asunto obligatorio
siempre plantea la cuestión, ¿verdad?
, es al Tribunal Supremo
que sea el órgano de última instancia.
También, uno de los supuestos de interés casacional,
objetivo del artículo que muy bien conoce Joaquín,
precisamente se puede impundar una sentencia de.
Que puede servir de base a la resolución de ese recurso
contra una sentencia de un tribunal superior de justicia,
es que la resolución interprete y aplique el derecho
de la Unión Europea en contradicción aparente
con la jurisprudencia del TQI.
O en supuestos, dice, que pueda ser exigible
la intervención de ese tribunal ante el prejudicial.
Entonces, así se ha hecho, se ha promovido
y entonces el Tribunal Supremo, al final,
o sea, por la vía del recurso de casación,
ha tenido oportunidad.
O bien de analizar la conformidad de esa norma climática
con el hecho comunitario,
intentar si ha habido un acto claro o aclarado, incluso ya directamente,
si entiende que hay que plantear ya de forma obligatoria
la cuestión perjudicial.
Y así lo ha hecho.
Y ya, por último.
El requisito que ha dado más problemas,
una vez ya reconocida la responsabilidad patrimonial
del alquilador, hemos visto que el artículo 32.5
exige el cumplimiento de los requisitos.
Recuerda que la norma de atención
por el objeto confiere derechos a los particulares,
que en principio no plantea problemas.
Se puede apreciar más fácil si ha conferido los derechos
a los particulares, incluso una norma tributaria,
no reconoce que tenga una esencia.
Parece muy obvio.
Esa norma de reconoción de derecho a partidos.
El segundo, el incumplimiento de Estado,
suficientemente caracterizado.
Y el tercero, la relación de causalidad directa
entre el incumplimiento de la obligación
y el impuesto de la administración y el daño sufrido,
que también se puede.
Aunque hay siempre supuesto una posible ruptura
de ese principio, de ese nexo causal,
pero en principio no se han planteado más problemas ya
una vez que ya.
Bueno, pues aquí lo que ha hecho el Tribunal de Constitución Europea
y el Tribunal Supremo,
que no ha tenido la oportunidad de enfrentarse con este problema,
lo primero que ha dicho, en línea con lo que hemos comentado,
que la declaración de inconstitucionalidad
en una ley implica, salvo casos verdaderamente excepcionales,
su invalidación como efecto estunco,
sin otro límite que la fuerza de la cosa enfocada
que recoge el artículo 40 de la Ley 1.
Así,
los actos administrativos dictados en virtud de una ley que luego
es declarada inconstitucional quedan sobrevenidamente viciados,
a no ser que la propia ley, y lo ha hecho, por ocasiones,
limite los efectos.
En cambio, esto es importante decirlo,
la sentencia del Tejúe, que estima un recurso por incumplimiento,
tiene en cambio un carácter meramente declarativo.
Es decir, se limita a constatar que el Estado miembro.
Ha infligido el derecho europeo.
Pero es claro que la estimación de un recurso por incumplimiento
de derecho no determina por sí sola, a diferencia del caso anterior,
la invalidez de la extumbre de la ley nacional afectada
en los sectores administrativos dictados en la Cámara de Diputados.
Esto es importante saber, es decir, un cuadro de manifiesto.
Y ya, para terminar, en esta sentencia que he recogido,
una sentencia, lo dicen muchas, una sentencia del 2019,
pero lo dicen todas, que se acogen
y recogen la jurisprudencia del Tribunal.
¿Cuál es el criterio decisivo
para considerar que una violación del derecho comunitario
es suficientemente caracterizada?
Bueno, pues leo lo que dice el artículo.
Bueno, repito también.
Entre los elementos
que un órgano jurisdiccional competente
puede tener que considerar, debe señalarse el grado de claridad
y precisión de la norma vulnerada, La amplitud del margen de apreciación
que la norma infligida deja a las autoridades nacionales
o comunitarias.
El carácter intencional o involuntario
de la infracción cometida o del perjuicio causado.
El carácter excusable o inexcusable de un eventual error de derecho.
La circunstancia de que las actitudes adoptadas
por una institución comunitaria han podido contribuir a la omisión.
La adopción o el mantenimiento de medidas
o de prácticas nacionales contrarias al derecho comunitario.
En cualquier caso, termina.
Una obligación del derecho comunitario
es manifiestamente caracterizada cuando ha perdurado,
a pesar de haberse dictado una sentencia
en la que se declara la existencia de incumplimiento reprochado,
entre paréntesis, la sentencia del séptimo sanitario,
de una sentencia perjudicial o de una jurisprudencia
reiterada del Tribunal de Justicia en la materia
de las que resulte el carácter de infracción del comportamiento
contra la justicia.
Yo creo que.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da unos criterios
suficientemente claros, precisos y extensos
que permiten siempre, lógicamente en el caso concreto,
permiten discernir si la inflación del derecho de la Unión Europea
ha sido suficientemente caracterizada o no.
Si ahora ya el legislador.
Pero la Administración Nacional,
primero y luego después, en su caso, el tribunal correspondiente,
el tribunal, en su caso, el Tribunal Superior,
que decida si efectivamente la apreciación que ha hecho
el tribunal en la Administración acerca del carácter de la infracción
es caracterizada o no.
Y con eso termino.
Muchas gracias a todos ustedes
y espero que les haya sido útil y ya me repito lo que podamos contar
en el coloquio posterior.
Muchas gracias.