Buenos días,
bienvenidos a este seminario que dentro de la serie de seminarios
permanentes de Derecho Financiero y Tributario de la UNED
dedicamos al estudio de la responsabilidad patrimonial
del Estado legislador en materia tributaria.
Querría comentar que estos seminarios que venimos desarrollando
en la UNED ya desde hace.
Años bajo la dirección del profesor Tejerizo
y actualmente bajo mi dirección.
Tienen su antecedente en los seminarios de profesores
que organizaba el profesor Carlos Palau, primer catedrático
en esta universidad de Derecho Financiero y Tributario,
primer catedrático de Derecho Financiero
y Tributario de la UNED.
Pues recuerdo cómo organizaba en el antiguo edificio al lado
de la carretera La Coruña.
Un seminario de profesores realmente interesante.
Quiero agradecer también al profesor Rafael Sanz,
que no ha podido venir porque está a punto de ser padre,
pero ha trabajado en la logística y organización de la sesión,
que tiene su complejidad.
También a nuestra secretaria administrativa, Graciela,
y desde luego a Miguel Cruz, profesor colaborador honorífico,
que ha impulsado en concreto este seminario.
Bien, el tema que vamos a tratar creo que tiene un gran interés.
La responsabilidad patrimonial del Estado legislador
nace hacia el año 2000 con varias sentencias
del Tribunal Supremo que intentan garantizar por razones de justicia
la devolución de ingresos tributarios como consecuencia.
De leyes declaradas inconstitucionales.
Después se refleja en la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público y también un artículo de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común en el año 2015.
En realidad, esta norma,
más que asumir la jurisprudencia del Supremo,
parece que quiere poner unos límites
porque establece unos requisitos muy estrictos.
Y precisamente por el carácter tan limitativo de estos requisitos,
en una importante sentencia del año 2022,
que nos analizará con todo detalle Ricardo,
se considera que algunos aspectos de la responsabilidad.
Por patrimonial del legislador, en este caso,
por incumplimiento de la normativa comunitaria,
resultan contrarios al ordenamiento de la Unión.
Eso fue en el 2022.
No ha habido reforma legislativa desde entonces.
El Tribunal Supremo ha venido aplicando la responsabilidad
en casos de inconstitucionalidad y de leyes tributarias,
en algunos casos derivado de la.
Plusvalía municipal,
de la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal.
Algunos requisitos de la ley los ha, como pone de manifiesto en un trabajo
el profesor Carlos Palau,
pues algunos requisitos los ha interpretado de forma
muy flexible, pero otros, en cambio,
de forma extraordinariamente rigurosa.
Bueno, pues para analizar este tema,
contamos con tres personas con una valía excepcional.
Por orden de intervención, don Ricardo Huesca Boadilla,
es abogado del Estado que ejerce ante el Tribunal Supremo.
Tiene una gran vocación universitaria,
además del desarrollo de su función pública,
porque desde el año 1987 es doctor en Derecho por
la Universidad de Valladolid, con una tesis sobre el derecho transitorio
en materia tributaria.
Ha colaborado también.
Con las universidades,
ha sido profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid,
tuve la fortuna de conocerle allí.
Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación y además miembro y ponente habitual
de la sección de Derecho Financiero y Tributario de esta academia.
Y, bueno, no puedo, tengo que limitarme,
pero quisiera destacar también que es profesor del máster.
De Asesoría Fiscal de Empresas en el Instituto de Empresa.
Don Joaquín Welling Martínez de Velasco ha sido magistrado
del Tribunal Supremo, es actualmente socio del despacho
Cuatro Casas.
He olvidado antes decir que don Ricardo ha tenido
una intervención precisamente en algunos de estos asuntos
que han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y don Joaquín también ha intervenido ante el Tribunal Supremo,
por lo menos ha asesorado determinados procesos
que han dado lugar a estas sentencias de responsabilidad
del Estado legislador.
Don Joaquín también ha sido profesor
asociado de la Universidad Complutense de Madrid,
es co-director del máster de alta especialización
en asesoría fiscal de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad
Complutense y académico.
Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Y en cuanto a don Miguel Cruz Amorós,
hemos tenido la suerte de que haya sido durante muchos años profesor
asociado de esta universidad de Derecho Financiero y Tributario,
ha sido inspector de Hacienda del Estado,
director general de Tributos,
socio de PricewaterhouseCoopers y.
Y actualmente sigue colaborando en parte y ejerciendo como abogado,
además de toda la ayuda que nos presta
como profesor colaborador honorífico.
Muchas gracias a los ponentes y al moderador de la sesión
por estar aquí, gracias a los que habéis acudido
presencialmente y gracias también a los que estáis conectados.
Después de las intervenciones tendremos un periodo para debatir
y discutir sobre estas cuestiones.
Pues Ricardo, tienes la palabra.
Muchas gracias.