Programa 11.
Recursos extraordinarios, casación y queja,
medios de rescisión de la cosa juzgada,
nulidad de actuaciones, audiencia al rebelde y revisión.
Comenzamos los recursos extraordinarios.
Son esos recursos caracterizados en esencia
por los siguientes atributos.
Primero, de ellos siempre ha de conocer un órgano judicial
distinto y superior al que ha emitido la resolución impugnada.
Por tanto, son siempre devolutivos.
Segundo, caben en exclusiva contra resoluciones
legalmente estipuladas.
Son limitados.
Y tercero, tan solo pueden interponerse con expectativa de éxito
por causas tasadas.
Como recursos extraordinarios empezamos con el análisis
de la casación.
La casación tiene tres retos, desafíos o funciones elementales
que es conveniente conocer y equilibrar para luego
comprender su tramitación.
La primera es la función nomofiláctica
o nomofilaxis de la casación.
Ha de identificarse con la exclusiva protección
de la norma jurídica, al extremo de que tan sólo podrá,
en apariencia, revisarse en ese estadio procesal
el denominado juicio jurídico, pero no el juicio fáctico,
debiendo los hechos, en consecuencia,
permanecer desde su mismo inicio
y durante todo su recorrido procedimental fijos,
inalterables, incólumes, incuestionables.
En segundo lugar, La función tuitiva,
que constituye el punto de partida de todo acceso
a la casación de forma necesaria,
pues la legítima expectativa particular de satisfacción jurídica
de los derechos e intereses particulares,
se erige casi siempre en la mecha que prende
la llama del recurso extraordinario.
Si alguien no se siente perjudicado y necesita una tutela judicial,
no acudirá a la casación.
Y por último, la función uniformadora, integradora,
creación, consolidación, motivada por la modificación
de la jurisprudencia.
En esta ardua tarea de interpretación del derecho se producen en ocasiones
una verdadera creación, recreación.
Del derecho, creación judicial del derecho,
que trae por toda consecuencia una coexistencia,
que a veces no resulta pacífica, entre el derecho legislado,
el procedente del poder legislativo, y el derecho judicial,
que es en este caso el procedente del poder judicial.
Este derecho judicial,
o si se prefiere, derecho jurisprudencial,
complementa, como nos dice el Código Civil,
el ordenamiento jurídico.
El Código Civil establece en efecto en su artículo 1.6
que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico
con la doctrina que, de modo reiterado,
establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley,
la costumbre jurídica.
Y los principios generales del derecho.
Por tanto, no es una fuente directa
del derecho, no es una fuente directa,
pero sí complementa el ordenamiento jurídico.
Los motivos de casación son los siguientes.
Serán recurribles en casación, en primer lugar,
las sentencias que pongan fin a la segunda instancia dictadas
por las audiencias provinciales cuando, conforme a la ley,
deban actuar como órgano colegiado.
También los autos y sentencias dictadas en apelación,
en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras
en materia civil y mercantil al amparo de los tratados
y convenios internacionales,
así como de los reglamentos de la Unión Europea
u otras normas internacionales cuando la facultad de recurrir
se reconozca en el correspondiente instrumento
y, por último, las sentencias dictadas por las audiencias
provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan
la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial
por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El recurso de casación
habrá de fundarse en la infracción de norma procesal
o sustantiva siempre que concurra interés casacional
o interés notorio.
Podrán interponerse en todo caso recursos de casación
contra sentencias dictadas para la tutela judicial civil
de derechos fundamentales suscetibles del recurso de amparo,
aunque no concurra interés casacional.
Por tanto, aunque el motivo en principio
es único, que es la infracción de norma sustantiva o procesal
cuando concurra interés casacional, debemos también tener
en consideración que cabe casación cuando.
Haya interés notorio,
luego explicaremos en qué consiste el interés notorio,
o cuando se pretenda recurrir sentencias dictadas
para tutela judicial civil
de derechos fundamentales sustentibles del recurso de amparo,
aunque no presente, insisto, interés casacional.
El recurso de casación presenta interés casacional
en los tres supuestos siguientes.
Primero, cuando hay una jurisprudencia consolidada
y ha sido contrariada.
Cuando la resolución recurrida
se oponga a una doctrina jurisprudencial constante,
consolidada.
Pacífica del Tribunal Supremo.
Si de pronto una sentencia contraría,
contraviene una jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo,
ese caso presenta interés casacional.
En segundo lugar,
cuando hay una jurisprudencia convulsa, poco pacífica,
esto es, cuando la resolución recurrida resuelve puntos
o cuestiones sobre los que la jurisprudencia es contradictoria
en las distintas audiencias provinciales
y no hay una jurisprudencia concreta.
Pacífica, mayoritaria, consolidada,
segura por parte del Tribunal Supremo.
Luego, cuando la jurisprudencia es poco pacífica, es convulsa,
ese caso también presenta interés casacional.
En tercer lugar, cuando no hay jurisprudencia,
jurisprudencia inexistente, ausencia de jurisprudencia,
cuando la resolución recurrida aplique normas
sobre las que todavía, probablemente por su modernidad,
o tal vez porque hasta el momento no presentaba por cualquiera
de las anteriores causas interés casacional,
pero en todo caso,
cuando la resolución recurrida aplica normas sobre las que no existe
ninguna jurisprudencia del Tribunal Supremo
y por tanto debe pronunciarse el Tribunal Supremo por primera vez
sobre ese asunto, ese caso también presenta interés casacional.
Bien, el asunto presentaría interés notorio,
y también cabe el recurso de casación,
como he dicho antes, por interés notorio,
en el cuarto supuesto siguiente,
cuando la resolución impugnada se haya dictado en un proceso
en el que la cuestión litigiosa sea de interés general
para la interpretación uniforme de la ley estatal.
Se entenderá que existe interés general,
según la LEC,
cuando la cuestión afecte, potencial o efectivamente,
a un gran número de situaciones, bien en sí mismas
o bien por trascender del caso objeto del proceso.
Por tanto,
cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer.
El Tribunal Superior de Justicia,
se entenderá que, porque antes de lanzarnos a esto,
recordemos que la casación puede ser estatal o autonómica.
De la estatal conoce el Tribunal Supremo,
de la autonómica el Tribunal Superior de Justicia
correspondiente a la comunidad autónoma,
donde toca techo esa legislación civil,
foral o especial propia de la comunidad autónoma
que ha generado la infracción procesal o sustantiva
generadora de interés casacional o interés general.
En este caso, cuando se trata de recursos
de casación de los que debe conocer el Tribunal Superior de Justicia,
se entiende que existe interés casacional
ahora autonómico en los mismos supuestos,
pero los vamos a reiterar.
Para verlos con toda claridad.
Primero, jurisprudencia autonómica consolidada y contrariada, es decir,
cuando la sentencia recurrida se oponga
a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia ahora
sobre normas de derecho especial de esa comunidad autónoma.
En segundo lugar,
cuando la jurisprudencia autonómica es convulsa, es poco pacífica,
esto es, cuando la sentencia recurrida en casación resuelve puntos
o cuestiones sobre los que exista una jurisprudencia contradictoria
entre las distintas audiencias provinciales
que afecta a normas de derecho especial
de la comunidad autónoma correspondiente.
En tercer lugar,
cuando la jurisprudencia autonómica es inexistente,
cuando hay ausencia de jurisprudencia autonómica,
cuando no existe doctrina por parte del Tribunal Superior de Justicia
sobre esas normas de derecho foral especial de la comunidad autónoma
correspondiente.
Y finalmente, el recurso de casación autonómico
presenta un interés notorio también autonómico
en el cuarto supuesto siguiente cuando la resolución
impugnada que se haya dictado en un proceso
en el que la cuestión litigiosa sea de interés general
para la interpretación uniforme ahora de la ley autonómica.
Se entenderá, por tanto,
que existe interés general en ese caso
cuando la cuestión afecte potencial o efectivamente a un gran número
de situaciones, bien en sí misma o,
como decíamos antes, por trascender del caso concreto,
en este caso circunscrito a la comunidad autónoma.
Tres son los límites que afectan a la casación.
El primero es la imposibilidad de valoración
de la prueba y fijación de hechos en la casación,
a excepción de la verificación de un error patente.
Así, la valoración de la prueba y la fijación de los hechos
no podrán ser objeto de recurso de casación,
salvo error de hecho patente e inmediatamente verificable
a partir de las propias actuaciones.
En segundo lugar, la denuncia en primera y segunda instancia
de la infracción procesal soportada y nuevamente alegada en casación.
Es decir, la infracción procesal
ha debido intentar repararse en las instancias anteriores.
Cuando el recurso se funda en una infracción
de normas procesales, será por tanto imprescindible
acreditar que de haber sido posible.
Previamente al recurso de casación
la infracción se ha denunciado en la instancia
y que de haberse producido en la primera denuncia
además se ha reproducido en la segunda instancia,
pero no se ha reparado
ni en la primera ni en la segunda y por eso ahora acudimos
a la casación.
Tercero, petición sin éxito de subsanación
en primera y segunda instancia de la infracción procesal
alegada en casación.
En consecuencia, si la infracción procesal
hubiera producido falta o defecto subsanable,
deberá haberse pedido la subsanación en la instancia
o instancias oportunas.
Nos anticipábamos antes a la competencia
de para el conocimiento del recurso de casación.
Corresponde a la sala primera, la sala de lo civil
del Tribunal Supremo, el conocimiento de la casación estatal,
de la casación nacional.
No obstante, corresponderá a las salas
de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia
conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones
de los tribunales civiles con sede en la comunidad autónoma
siempre que el recurso se funde exclusivamente
o junto a otros motivos en la infracción de normas
de derecho civil, foral o especial,
propio de la comunidad autónoma y cuando el correspondiente estatuto
de autonomía haya previsto esta atribución.
Sin perjuicio de esta regla general, conviene dejar claro dos opciones,
sin llegar a catalogarse como excepciones,
son dos singularidades.
Primero, se prioriza la competencia de los Tribunales de Justicia,
como ya se ha visto,
en los casos de simultaneidad a cargo de idéntico recurrente
en dos recursos de casación estatal o autonómica
frente a una misma sentencia.
Esto es, si el recurrente presenta en su misma casación
motivos de casación estatal con otros autonómicos,
se prioriza y conocerán de ello los Tribunales Superiores de Justicia.
Sin embargo, la priorización de la competencia
será a favor del Tribunal Supremo para conocer de las casaciones
amparadas en la infracción de derechos fundamentales.
Esto es,
cuando se presenta la infracción de derechos fundamentales,
conocerá prioritariamente el Tribunal Supremo.
Respecto al procedimiento,
el recurso de casación se interpone ante el tribunal que ha dictado
la resolución que se impugna dentro del plazo de 20 días,
contados a partir del siguiente a la notificación
de aquella.
Si la resolución impugnada es susceptible de recurso,
se encuentra formulada dentro del plazo
y, tratándose de un recurso fundado en infracción de normas procesales,
se acredita, como he dicho,
que de haber sido posible se ha denunciado previamente
la infracción.
Y se ha intentado de hecho la subsanación en la instancia
y en instancias procedentes,
pues entonces en el plazo de tres días el letrado o letrada
de la Administración de Justicia tendrá por interpuesto el recurso.
En caso contrario,
lo pondrá en conocimiento del tribunal
para que se pronuncie sobre la admisión o no del recurso.
Si el tribunal entiende
que se cumplen los requisitos de admisión,
dicta providencia teniendo por interpuesto el recurso
en el plazo de 10 días.
En caso contrario, en el mismo plazo,
dicta auto declarando su inadmisión.
Contra este auto solo cabe recurso de queja.
Contra la providencia por la que se tenga
por interpuesto el recurso, no cabe recurso,
pero la parte recurrida puede oponerse a la admisión al comparecer
ante el Tribunal de Casación.
Se dará tramitación preferente a los recursos de casación
legalmente previstos contra las sentencias
dictadas en la tramitación de los procedimientos testigo.
Bien, vamos a ver las condiciones del escrito de interposición
del recurso,
puesto que habrá de contener al menos los siguientes extremos.
Primero, identificación del cauce de acceso a la casación
de entre los siguientes.
Primero, infracción de la norma sustantiva o procesal,
siempre que presente interés casacional.
Segundo, infracción de la norma sustantiva o procesal siempre
que presente interés notorio.
Y tercero, la tutela judicial civil
de los derechos fundamentales sustentibles de recursos de amparo,
esto es, los motivos de casación a los que me he referido al comenzar
el programa.
De identificarse como cause de acceso a alguno de los siguientes,
el interés casacional, se identifica, por tanto,
la modalidad que se invoca.
Es decir, si yo presento interés casacional,
¿cuál es la modalidad?
Jurisprudencia consolidada y contrariada o bien jurisprudencia.
Convulsa por poco pacífica o bien jurisprudencia inexistente
y en ese caso justificación con necesaria claridad
de la concurrencia del interés casacional
invocado.
También ha de expresarse la norma procesal sustantiva
infringida precisando en las peticiones
la doctrina jurisprudencial que se interesa de la sala en su caso
y los pronunciamientos correspondientes sobre el objeto
del proceso.
También se podrá pedir la celebración de la vista,
pero esta sólo tendrá lugar,
eso sí, si el tribunal lo considera oportuno.
El recurso de casación se articula a su vez en motivos.
Las normas formales son muy importantes
porque pueden dar lugar a que no prospere este recurso.
Son las siguientes.
Primero, un motivo por infracción.
El escrito habrá de contener tantos motivos como infracciones
se presenten.
Por tanto, no podrán acumularse en un solo,
en un mismo motivo, varias infracciones diferentes.
Segundo, la proporcionalidad.
Las infracciones que, a pesar de haberse producido,
no condicionan un cambio del resultado del juicio,
esto es un fallo distinto, carecen de interés,
o mejor aún, de impacto en el enjuiciamiento.
En consecuencia, no gozan de trascendencia suficiente.
Por tanto, sólo podrán denunciarse las infracciones que realmente
sean relevantes para el fallo.
Tercero, denuncia previa.
Las infracciones sustantivas o procesales alegadas en casación.
Habrán de ser las mismas que han venido
siendo desatendidas en las instancias anteriores,
primera instancia y apelación.
Por tanto, sólo podrán denunciarse las infracciones que hubieran
sido invocadas oportunamente en el proceso
y consideradas en su momento por la Audiencia Provincial.
Encabezamiento de cada motivo con cita exacta
de la norma infringida.
Cada motivo se iniciará con un encabezamiento
que contendrá la cita precisa de la norma infringida.
Quinto, encabezamiento de cada motivo con explícito resumen
de la infracción sustantiva procesal cometida.
Por tanto, cada motivo se iniciará con resumen
de la infracción cometida.
Sexto, desarrollo de cada motivo con diáfana y detallada exposición
de la infracción concretamente alegada en el encabezamiento.
De modo que, en el desarrollo de cada motivo,
se expondrán los fundamentos del mismo
sin apartarse del contenido esencial del encabezamiento
con claridad expositiva necesaria
para permitir la identificación del problema jurídico
concretamente planteado.
Séptimo, acompañamiento de los escritos exigidos,
la sentencia impugnada, las sentencias que sirvan
de fundamento a la modalidad del interés casacional
invocado dentro de las tres opciones indicadas, legalmente previstas,
la jurisprudencia consolidada y contrariada,
la jurisprudencia convulsa y poco pacífica.
Respecto a la inexistencia de jurisprudencia,
lógicamente no se puede alegar nada más que decir
que no hay jurisprudencia impugnada.
Por tanto, respecto de estas anteriores,
al escrito de interposición se acompañarán copia
de la sentencia impugnada, si contuviera la firma electrónica,
código de verificación que la identifique,
certificación en otro caso
y, cuando sea procedente, texto de la sentencia que se aduzca
como fundamento del interés casacional.
Octavo, acompañamiento de razonamiento expresivo
de la ausencia de jurisprudencia
cuando la modalidad de interés casacional
invocada sea la tercera a la que me acabo de referir,
jurisprudencia inexistente.
Por tanto, el escrito de interposición,
además de fundamentarse el recurso de casación,
se habrá de manifestar razonadamente cuando se refiera a la inexistencia
de doctrina jurisprudencial relativa a la norma que se estime infringida.
El letrado de la Administración de Justicia
remitirá todos los autos originales al Tribunal competente para conocer
del recurso de causación que ya sabemos es el Tribunal Supremo
o el Tribunal Superior de Justicia dentro de los cinco días siguientes
a la resolución que lo tenga por interpuesto con emplazamiento
de las partes por término de 30 días.
Si el recurrente en esta casación estatal o autonómica
no comparece dentro de ese plazo de 30 días, el letrado o letrada
de la Administración de Justicia declarará de cierto el recurso
y, por tanto, la resolución recurrida quedará firme.
Si el recurrente no hubiera podido obtener
la certificación de la sentencia, se efectuará,
no obstante, la remisión de los autos.
La negativa resistencia a expedir la certificación
será corregida disciplinariamente y, si fuera necesario,
la sala de casación la reclamará del letrado o letrada
de la Administración de Justicia que deba expedirla.
Una vez transcurrido el término del emplazamiento, 30 días,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
habrá de comprobar los siguientes extremos.
Primero, que el recurso de casación se ha interpuesto en tiempo y forma.
Segundo, en el caso de infracción procesal,
que se ha incluido la denuncia previa en la instancia de haber
sido posible.
Tercero, que se ha realizado la debida constitución de depósito
para recurrir 50 euros.
Cuarto, que se han cumplido los requisitos esenciales
del artículo 449.
Recuérdese, los hemos visto en el programa anterior,
en los procesos que llevan aparejado el lanzamiento,
la satisfacción de las rentas
vencidas y las que con arreglo al contrato deban pagar adelantadas,
en los procesos en los que se pretenda la condena
de indemnizar daños y perjuicios
derivados de la circulación de vehículos a motor,
la constitución de depósito del importe de la condena
más los intereses y recargos exigibles
en el establecimiento destinado al efecto,
y en los procesos en los que se pretenda la condena
al pago de las cantidades debidas por un propietario
de la comunidad de vecinos, la satisfacción o consignación
de la cantidad líquida
a la que se contrae la sentencia condenatoria.
De concurrir todos y cada uno de estos requisitos,
los que acabo de mencionar, entonces el letrado o letrada
de la Administración de Justicia elevará las actuaciones
a la sección de admisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo
o a la Sala de los Civiles y Penal del Tribunal Superior de Justicia
para que por fin se pronuncie sobre la admisión del recurso.
Sin embargo,
de no haberse cumplido uno o algunos de los anteriores presupuestos,
todos ellos habilitantes de la admisión del recurso,
entonces el letrado o letrada de la Administración de Justicia
procederá a declarar la inadmisión mediante decreto.
Una vez elevadas las actuaciones,
por este letrado o letrada de la Administración de Justicia,
la sección de admisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo
o Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia todavía cabe su admisión o inadmisión,
pero ahora ya por estos tribunales ad cuen.
El recurso de casación se inadmitirá por providencia
sucintamente motivada, que declarará en su caso
la firmeza de la resolución recurrida y se admitirá por auto
que exprese las razones por las que la Sala Primera del Tribunal Supremo
o la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de que se crea te, deba pronunciarse
sobre la cuestión o cuestiones planteadas en el recurso.
Una vez admitido el recurso de casación,
el letrado o letrada dará traslado del escrito de interposición
con los documentos adjuntos a la parte o partes recurridas
y personadas para que formalicen su oposición en el plazo de 20 días
y manifiesten si consideran necesaria o no la práctica de la vista.
Una vez transcurrido ese plazo al que me acabo de referir de 20 días
y con independencia
de que hayan presentado o no escritos de oposición,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
señalará día y hora para la celebración de la vista
cuando el Tribunal hubiera resuelto mediante providencia,
por considerar lo conveniente para la mejor impartición de justicia,
la celebración de este acto.
En caso contrario,
la sala señalará día y hora ya para la deliberación,
votación y fallo del recurso de casación.
En el caso de celebración de vista, comenzará con el informe recurrente
para después proceder al de la parte recurrida.
Si fuesen varias las partes recurrentes,
estará al orden de interposición de los recursos
y siendo varias las partes recurridas al orden de las comparecencias.
La sala podrá indicar a los abogados de las partes
y en su caso al Ministerio Fiscal el tiempo
del que disponen para sus informes
y las cuestiones que consideren de especial interés.
Bien,
el recurso de casación se decidirá como es lógico mediante sentencia,
salvo que habiendo ya doctrina jurisprudencial sobre la cuestión
o cuestiones planteadas,
la cuestión impugnada se oponga a dicha doctrina,
en cuyo caso el recurso podrá decidirse mediante auto que,
casando la resolución recurrida,
devuelva el asunto al tribunal de su procedencia,
para que dicte una nueva resolución
que ahora sí sea acorde a esa doctrina jurisprudencial
que de alguna manera ha quebrantado, ha incumplido,
puesto que había una jurisprudencia pacífica, mayoritaria
y aceptada que no se cumplió.
Cuando el escrito de interposición se denuncia
en distintas infracciones, procesales y sustantivas,
La Sala procederá, en primer lugar, al motivo o motivos
cuya eventual extrimación
determine una reposición de las actuaciones.
Contra la sentencia auto que resuelva el recurso de casación,
ya no cabrá recurso alguno en los pronunciamientos
de la sentencia que se dicte en casación,
en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas
creadas por las sentencias distintas de la impugnada
que se hubieren invocado.
Pasamos al segundo recurso extraordinario que es la queja.
Muy brevemente se trata de un recurso con las siguientes características.
Es extraordinario
porque cabe contra resoluciones tasadas por motivos concretos,
es devolutivo porque el tribunal competente será siempre superior
jerárquico a aquel que dictó la resolución recurrida
y además es independiente dado que este recurso
podrá interponerse directamente contra los autos denegatorios
de la tramitación de un recurso de casación
sin que el recurrente ocurra.
O, caso de ser varios los recurrentes,
deban acreditar el cumplimiento de ningún requisito previo.
El recurso de queja ha sido diseñado para no dejar a disposición
de un único órgano judicial, precisamente, además,
el mismo que dictó la resolución que ahora se pretende impugnar,
la admisión o inadmisión del recurso de casación.
La ley que establece una excepción para este recurso de queja
y es la siguiente, no procederá al recurso de queja
en los procesos de desahucios de finca urbana y rústica
cuando la sentencia que procediera a dictar en su caso
no tuviera la consideración de cosa juzgada.
Bien, se interpondrá, como digo,
el recurso de queja ante el órgano al que corresponda resolver el recurso
no tramitado en el plazo de 10 días desde la notificación
de la resolución que deniega la tramitación del recurso
de casación.
Con el recurso deberá acompañarse copia de la resolución recurrida.
Una vez presentado en este plazo de 10 días el recurso de queja
con dicha copia de la resolución recurrida,
el tribunal resolverá sobre él en el plazo de 5 días.
Del Tribunal Azcuem puede ser, como es lógico,
esta resolución puede ser favorable o adversa.
En caso de que sea favorable al recurrente en queja,
esto es, si estima mal denegada la casación,
ordenará de hecho tribunal que continúe con la tramitación.
En el caso de que sea adversa al recurrente en queja,
esto es, si considera bien denegada
la tramitación del recurso de casación,
entonces mandará ponerlo en conocimiento
del tribunal correspondiente para que consten los autos.
Por tanto, tanto en un caso
como en el otro, sea favorable o adversa
contra el auto que resuelva la queja,
eso sí, ya no cabrá recurso alguno.
Pasamos por fin a los medios de rescisión
de la cosa juzgada.
El primero es la nulidad.
La nulidad de actuaciones, al que la ley
denomina incidente excepcional de nulidad de actuaciones,
constituye, como su nombre sugiere, un incidente de carácter excepcional
que ha de ser interpuesto en el marco del propio proceso,
una vez concluso ante el mismo órgano judicial
que dictó la resolución judicial firme,
suscetible de ser anulada por las causas
legalmente estipuladas.
De este concepto se infieren las siguientes características.
Primero, se trata de un incidente del que conoce el propio juez acúo
inserto en el propio proceso cuya anulidad se procura.
Segundo, su configuración como incidente intraprocesal
conlleva que su tramitación y resolución en piezas separadas
se efectuarán en el marco del propio proceso principal,
cuya solución última, resolución firme,
viene a atacar precisamente ante el mismo órgano judicial
que la ha alcanzado.
Pero se trata, además, de un incidente excepcional.
Tan solo cabe contra resoluciones definitivas y firmes,
esto es, contra las resoluciones con fuerza de costa,
por eso es un medio de rescisión de la cosa juzgada, tan sólo cabe
cuando no se haya podido denunciar esta gravísima infracción,
que se contraiga la vulneración de derechos fundamentales
y libertades públicas antes de recaer resolución que ponga fin al proceso,
de modo tal que si el justiciable,
agraviado por la sentencia firme, contraventora, en apariencia,
de esos relevantísimos derechos fundamentales y libertades públicas,
hubiera podido denunciarlos en la instancia
en la que se encontraba,
Entonces no prosperará este excepcionalísimo expediente
de nulidad de actuaciones.
Tan solo cabe además por motivos tasados de extrema gravedad,
en concreto los siguientes, la vulneración de las libertades
y de los derechos reconocidos en el artículo 14,
derecho a la igualdad,
Los españoles somos iguales ante la ley,
ya se sabe,
sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia en personal o social
y también por los integrados en la sección primera del capítulo
segundo de la Constitución española, es decir,
todos los derechos fundamentales y las libertades públicas.
El órgano judicial competente para conocer de este incidente
es el mismo tribunal, como ya se ha dicho, que ha conocido
de la resolución que ya ha adquirido firmeza.
El procedimiento comienza mediante una solicitud
escrita dirigida al mismo tribunal que ha dictado
la resolución que ha ganado firmeza dentro del plazo legalmente
establecido con exposición sucinta de al menos los siguientes extremos.
La resolución que se pretende revertir.
El motivo o motivos de nulidad, los documentos o principios de prueba
en que se apoya la concreta pretensión de nulidad.
La admisión a trámite del escrito en el que se pide la nulidad
fundada en los vicios que ya se han advertido,
vulneración de libertades públicas de derechos fundamentales,
no conlleva la suspensión de la ejecución
ni de la eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles,
salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para evitar
que el incidente pueda perder su finalidad.
De este escrito se dará traslado, junto con la copia
de los documentos que se acompañen en su caso,
para acreditar el vicio o defecto de nulidad
en que la petición se funde.
En un plazo común de cinco días
a las demás partes quienes podrán formular por escrito sus alegaciones
a las que también acompañarán los documentos que se estimen
pertinentes.
La admisión de la nulidad por el tribunal del proceso
en el que se haya producido la vulneración supondrá
que se repongan las actuaciones
al Estado inmediatamente anterior al defecto que las ha originado
y seguirá el procedimiento legalmente establecido.
La desestimación de la nulidad conllevará,
sin embargo, Además de la negativa a la propuesta de nulidad,
la condena por medio de auto al solicitante
en todas las costas del incidente,
así como la imposición de una multa de 90-600 euros
en caso de que el tribunal entienda que se promovió con temeridad.
Contra la resolución que resuelva este incidente
tampoco cabe recurso alguno.
Vamos al segundo medio de rescisión de la acosa juzgada,
que es la audiencia al rebelde.
La rebeldía consiste, recordemos, en la incomparecencia del demandado
ante el tribunal al tiempo de su primer requerimiento.
El artículo 496.1 de la Ley de Juzgamiento Civil
señala que el letrado de la Administración de Justicia.
Declarará en rebeldía al demandado que no comparezca en forma
en la fecha o el plazo señalado en la citación o emplazamiento,
excepto en los supuestos previstos en esta ley
en que la declaración en rebeldía corresponda al tribunal.
La audiencia al rebelde constituye, por tanto, un procedimiento autónomo
en virtud del cual un demandado rebelde involuntario,
insisto, solicita del tribunal, al tiempo de acreditar este último
extremo, la involuntariedad de su rebeldía.
Solicita al tribunal un nuevo enjuiciamiento
del conflicto que le llevó a la sentencia firme perjudicial
en buena medida por no haber tenido la oportunidad procesal
de defenderse.
Por tanto, de este concepto se infieren las siguientes notas.
Primero.
La audiencia al rebelde constituye un procedimiento autónomo.
Segundo, la audiencia al rebelde tan solo
cabe contra sentencias firmes.
Tercero, la audiencia al rebelde tan solo
podrá ser instada con probabilidad de éxito
por los demandados rebeldes involuntarios ante el propio tribunal
que dictó la sentencia perjudicial.
Estos rebeldes involuntarios son los demandando
dos que han permanecido constantemente en rebeldía,
como es lógico, no los que tuvieron conocimiento del proceso y ellos
no obstante no comparecieron, porque esos no pueden demostrar
que han sido rebeldes de forma involuntaria.
Por tanto, son demandados rebeldes aquellos
que en ningún momento de todo el tiempo que duró
el proceso, desde su inicio hasta la firmeza de la resolución,
han podido incorporarse al proceso porque en todo ese tiempo,
muy probablemente, no tuvieron conocimiento
de la existencia de ese proceso.
La audiencia al rebelde tan solo podrá pretenderse,
por tanto, en casos tasados, que son los siguientes.
Primero, de fuerza mayor ininterrumpida,
que impidió al rebelde comparecer en todo momento
y aunque hubiese tenido conocimiento del proceso,
por haber sido citado y emplazado en forma,
pero le impidió, por causa de fuerza mayor ininterrumpida,
comparecer.
Segundo, de desconocimiento de la demanda y del proceso
cuando la citación o emplazamiento se hubieran practicado por cédula,
pero ésta no hubiera llegado al poder del demandado rebelde
por una causa que no le sea imputable.
Tercero, de desconocimiento de la demanda y del proceso
cuando el demandado rebelde ha sido citado o emplazado por edictos
y ha estado ausente del lugar en el que se ha seguido el proceso
o de cualquier otro lugar del Estado o de la comunidad autónoma
en cuyos boletines oficiales se hubiesen publicado aquellos.
La rescisión de la sentencia firme
en instancia del demandado rebelde solo
procederá si se solicita dentro de una serie de plazos
que establece la ley.
Primero, de 20 días a partir de la notificación de la sentencia firme,
si dicha notificación se ha practicado personalmente.
Segundo, de cuatro meses a partir de la publicación
del edicto de notificación de la sentencia firme,
si ésta no se notificó personalmente.
Estos plazos podrán prolongarse si subsiste la fuerza mayor
que hubiera impedido al rebelde la comparecencia,
pero sin que en ningún caso se quepa ejercitar la acción de restricción,
una vez transcurridos en total 16 meses
desde la notificación de la sentencia.
El procedimiento de audiencia al rebelde consta de dos fases
o periodos nucleares.
Primero, el primero se tramita por el cauce del proceso ordinario
y discurre ante el tribunal de primera instancia.
Segunda, incluso de casación que hubiera dictado la sentencia firme
tras un proceso celebrado en rebeldía y servirá para determinar
si se concede o no audiencia al rebelde.
El segundo, al que sólo se llegará si prospera el primero,
conllevará una retroacción de las actuaciones al órgano judicial
en momento procesal en que se decretó esa involuntaria rebeldía,
esto es, a la primera instancia.
El procedimiento de audiencia al rebelde comienza,
por tanto, con una demanda ordinaria,
formulada por quien ha sido parte en el proceso,
en la que habrá de acreditar al menos los siguientes extremos.
Primero, la sentencia firme.
Segundo, alguna de las causas que justifican la involuntariedad
de la rebeldía decretada con los documentos, en su caso,
en que se base.
En ese momento comienza el segundo periodo al que me acabo de referir,
con remisión de la certificación de la referida sentencia estimatoria
de la rescisión al tribunal que hubiera conocido anteriormente.
Del asunto en primera instancia
y ante él se proceda conforme a las reglas siguientes.
Primero, se entregarán los autos por 10 días al demandado
para que pueda exponer y pedir lo que a su derecho
convenga en la forma prevenida para la contestación a la demanda.
De lo que se expusiera y pidiera se conferirá traslado
por otros 10 días a la parte contraria entregándole
las copias de los escritos y los documentos.
Si el demandado no formula alegaciones y peticiones
en este trámite,
se entiende que renuncia a ser oído y se dicta una nueva sentencia
en los mismos términos que la rescindida,
pero contra esta sentencia, lógicamente,
ya no cabrá recurso alguno.
Si el demandado formula.
Alegaciones, que es lo esperable,
entonces se seguirán los trámites del juicio declarativo
que corresponda hasta dictar la sentencia que proceda
contra la que podrán interponerse los recursos establecidos
por la ley.
Y por fin llegamos al tercer y último medio de rescisión
de la cosa juzgada que es la revisión.
La revisión de sentencias firmes
constituye un procedimiento autónomo en virtud del cual un justiciable
solicita del tribunal un nuevo enjuiciamiento
del conflicto que le llevó a la sentencia firme perjudicial
a causa de la injusticia provocada por alguno de los números clausus
recogidos en el artículo 510 de la ley de enjuiciamiento civil
que son los siguientes desconocimiento
de documentos decisivos por causa de fuerza mayor
o por obra.
Del vencedor en la sentencia, con sustento en documentos falsos
o con apoyo de declaraciones periciales o testificales
igualmente falsas,
falsedades todas ellas declaradas además en un proceso penal
o en otro caso en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.
Volveré sobre ello.
La revisión tan sólo cabe, por tanto,
por los motivos expresamente incorporados en este artículo.
Primero, primer motivo de revisión,
aparición extemporánea por causa imputable a fuerza mayor
o la parte beneficiada de documentos decisivos
para el enjuiciamiento.
Si después de pronunciada la sentencia.
Se recobran o obtienen documentos decisivos
de los que no se hubiere podido disponer por causa de fuerza mayor
o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado,
entonces cabrá la revisión,
aunque ello comporte que deba rescindirse la cosa juzgada.
Segundo motivo, prueba documental falsa.
Si se hubiera recaído esa sentencia en virtud de documentos
que al tiempo de dictar se ignoraba una de las partes,
haber sido declarados falsos en un proceso penal
o cuya falsedad se declara después penalmente,
también cabe, por causa de revisión, rescindir la acosa juzgada
de esa sentencia.
Tercer motivo, prueba pericial o testifical falsa.
Si hubiera recaído la sentencia en virtud de una prueba testifical
o pericial y los testigos o peritos hubieran sido condenados
por falso testimonio dado en las declaraciones
que sirvieron de fundamento a la sentencia, en este tercer caso
también cabe rescindir la cosa juzgada por causa de la revisión.
Cuarto motivo, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.
Si la sentencia se hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho,
violencia o maquinación fraudulenta, también.
Y por último, como quinto motivo,
la declaración por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de resolución dictada.
Con violación de alguno de los derechos
reconocidos en su Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Públicas y sus respectivos protocolos.
El procedimiento principiará por demanda,
a la que además de los documentos
en que el demandante funde su concreto motivo de revisión,
habrá de acompañarse justificación de haber depositado 300 euros,
cantidad que será devuelta si el Tribunal
estima la demanda.
La legitimación para interponer la demanda
en los cuatro supuestos clásicos, es decir,
en la aparición extemporánea por causa imputable a fuerza mayor
o a la parte beneficiada de los documentos decisivos
para el enjuiciamiento, la prueba documental falsa,
la prueba pericial o testifical falsa,
el cohecho, violencia o maquinación fraudulenta,
en todos estos casos la legitimación corresponde,
como es lógico, a quien hubiere sido parte
perjudicada por la sentencia firme que ahora impugna.
La legitimación para interponer la demanda
en el quinto supuesto al que me acabo de referir,
la declaración por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de resolución dictada con violación de alguno de los derechos
reconocidos en su convenio europeo para la protección
de los derechos humanos y libertades fundamentales
y sus protocolos,
en ese caso la legitimación corresponde a quien hubiera sido
precisamente demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
.
Esta demanda habrá de presentarse en el plazo de tres meses
desde el día
en el que se descubrieron los documentos decisivos,
el cohecho, la violencia o el fraude,
aunque se hubiese reconocido o declarado la falsedad,
y ello siempre dentro del límite máximo de cinco años
desde la fecha de publicación de la sentencia que se pretende impugnar.
Esos límites temporales no serán de aplicación para la revisión
de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
,
cuya solicitud habrá de formularse en el plazo de un año
desde que adquieren firmeza.
Una vez presentada y admitida la demanda de revisión,
el letrado de la Administración de Justicia
solicitará que se remitan al Tribunal todas las actuaciones
del pleito cuya sentencia se impugne y emplazará
a cuantos en él hubieren litigado a sus causoavientes para que dentro
del plazo de 20 días contesten a la demanda sosteniendo
lo que convenga a su derecho.
Tras la contestación o conclusión del plazo sin contestación,
este letrado de la Administración de Justicia
convocará a las partes a una vista que se sustanciará
conforme a los trámites del juicio verbal.
Si se suscitan cuestiones prejudiciales penales
durante esta tramitación, se aplicarán las normas generales
de la ley.
Y en todo caso, el Ministerio Fiscal deberá informar sobre la revisión
antes de que se dicte sentencia sobre si ha lugar
o no la estimación de la pretensión de revisión.
Las demandas de revisión no suspenderán en todo caso
la ejecución de las sentencias firmes que las motiven,
salvo que el Tribunal acuerde esa suspensión con exigencia
de caución al que la pide por valor de lo litigado
y los daños y perjuicios que hubieran podido irrogarse
por la inejecución de la sentencia.
Finalmente, si la revisión prospera,
el Tribunal rescindirá la sentencia impugnada,
mandará a expedir certificación del fallo y devolverá los autos
al tribunal del que procedan para que las partes
usen de su derecho según les convenga en el juicio correspondiente.
En este juicio habrán de tomarse como base
y no podrán discutirse las declaraciones hechas
en esa sentencia de revisión.
Si el tribunal desestima la revisión solicitada,
se condenarán costas al demandante y perderá aquel depósito de 300 euros
que había depositado.
Contra la sentencia del tribunal de revisión
no cabrá recurso alguno.
En el supuesto del apartado 2 del artículo 510,
recordemos que era cuando la sentencia hubiera recaído
en virtud de documento que a el tiempo de dictar
se ignoraba una de las partes,
haber sido declarado falso en proceso penal
o cuya falsedad se declara después penalmente,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
notificará igualmente la decisión a la Abogacía General del Estado.
Devueltos los autos al tribunal del que proceden,
el letrado o letrada a la Administración de Justicia
de dicho tribunal informará, a su vez,
a la Abogacía del Estado de las principales actuaciones
que se lleven a cabo como consecuencia de la revisión.
Y con esto ponemos término no solo a este tema,
sino a todo el programa de procesal civil general.
Muchas gracias y espero que haya contribuido
a que conozcan mucho mejor nuestra jurisdicción civil,
que comprende también la mercantil.