Programa 10.
Recursos ordinarios, reposición, apelación y revisión de decretos.
Contra las resoluciones de los tribunales y letrados
de la Administración de Justicia
que les afecten desfavorablemente las partes,
podrán interponer los recursos previstos en la ley.
El derecho a los recursos,
que se encuentra implícito en el derecho a tutela judicial
efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española,
es un derecho de configuración legal.
Quiere esto decir que con la única excepción
del proceso penal,
donde resulta exigible el derecho a la doble instancia,
en el resto de procesos y por tanto en nuestro ecosistema civil,
el legislador puede regular los distintos tipos de recursos
en función de las necesidades o sensibilidades imperantes
en cada tiempo y lugar.
Los plazos para recurrir
se computarán a partir del día siguiente al de la notificación
de la resolución que se recurre
y, o en su caso, a la notificación de su aclaración
o de la denegación de esta.
Como efectos de clasificación,
podemos distinguir entre recursos y medios de rescisión
de la cosa juzgada, en función de si atacan resoluciones
con o sin fuerza de cosa juzgada.
Como su nombre indica,
los recursos atacan resoluciones sin fuerza de cosa juzgada,
los medios de rescisión de la cosa
juzgada atacan resoluciones con fuerza de cosa juzgada.
También cabe distinguir entre recursos ordinarios
y extraordinarios.
Los ordinarios son los que caben ante cualquier resolución impugnable
y por cualquier motivo, mientras que los recursos extraordinarios
son aquellos que caben frente a determinadas resoluciones
y por determinados o concretos motivos,
esto es, por causas tasadas.
Recursos plenos, normalmente los ordinarios,
son los que tienen una cognición plena.
Esto permite conocer de nuevo de todo el objeto litigioso.
Sin embargo, son recursos limitados, normalmente los extraordinarios,
aquellos que tienen limitados sus motivos o causas de impugnación.
Recursos devolutivos son aquellos de los que conoce un órgano judicial
distinto al que dictó la resolución impugnada.
Son recursos
no devolutivos aquellos de los que conoce el mismo juez o tribunal
que conoció y dictó la resolución ahora impugnada.
También cabe distinguir entre los recursos del tribunal
dictados por el tribunal y los recursos
frente a las resoluciones dictadas por los letrados y letradas
de la Administración de Justicia.
Como requisitos generales están,
a todos ellos, la capacidad procesal y legitimación.
Tan solo la parte perjudicada en la instancia anterior
por la resolución tiene un interés real
para recurrirla.
Luego, el haber sido agraviado
por una resolución judicial es un acondicio sine qua non
de la interposición del recurso.
Como es lógico, sería un caso de laboratorio
que alguien recurriese una resolución que le resulte
íntegramente favorable.
Habrá de.
Resultarle perjudicial para poder recurrirla.
Además, la misma parte, como digo, capacidad y legitimación,
habrá de, la misma parte que ahora recurre,
habrá de haber formado parte del proceso
en la instancia anterior.
La interposición del recurso no suspende la ditispendencia.
La ditispendencia se mantiene hasta el término,
hasta que tengamos una resolución definitiva y firme.
Por eso, la altispendencia es la antesala de la cosa juzgada,
puesto que no se llega a interrumpir en ningún momento hasta que ya
la resolución gana fuerza de cosa juzgada.
El objeto procesal determinado en los escritos de alegaciones,
prohibición de la mutatio libeli, se mantiene en los recursos.
Quiere esto decir que una vez determinado el objeto procesal
en la primera instancia, ese objeto se mantiene y perdura a lo largo
de la tramitación de todos los recursos.
No se puede alterar porque eso generaría indefensión
en la parte a la que le sobreviene sorpresivamente un cambio
o modificación sustancial del objeto del proceso.
Cuarto requisito general, tantum devolutum quantum appellatum,
significa que el tribunal de la segunda instancia,
el de apelación, solo puede pronunciarse
sobre aquello que fue precisamente objeto de la apelación,
no puede pronunciarse sobre algo diverso.
La interposición de los recursos es independiente
además de la posición que hayan adoptado las partes
en las instancias anteriores.
Quiere esto decir que el anterior demandante
puede ser ahora recurrido,
el anterior demandado puede ser ahora recurrente.
Los recursos han de ser interpuestos,
como es lógico, dentro de los plazos y con las formalidades
contempladas caso por caso en nuestra legislación.
Y, por último, como requisito general,
la prohibición de la renformatio impeius.
No se puede, a través del ejercicio de los medios de impugnación
de los recursos, ir a peor.
El Tribunal Azcuen no podrá agravar más al recurrente
de lo que ya estaba agravado por la sentencia que ahora impugna,
con alguna excepción que veremos.
Hay también un depósito general para recurrir
en los siguientes casos.
La interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios,
la revisión y la rescisión de las sentencias firmes
e instancias del rebelde,
los órdenes jurisdiccional, civil, social y contencioso administrativo
precisarán la constitución de un depósito al efecto.
En el orden penal,
ese depósito será únicamente exigible a la acusación popular.
En el orden social y para el ejercicio de acciones
para la efectividad de los derechos laborales
y los procedimientos concursales, el depósito será exigible únicamente
a quienes no tengan la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de la seguridad social.
El depósito únicamente deberá ser consignado
para la interposición de recursos que deban tramitarse por escrito.
Todo el que pretenda interponer un recurso contra sentencias o autos
que pongan fin al proceso o impidan su continuación
consignará como depósito 30 euros si se trata de un recurso de queja,
50 si se trata de un recurso de apelación
o restricción de sentencia firme e instancia del rebelde,
50 euros si el recurso es de casación, 50 euros
si es de revisión.
Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones
dictadas por el juez o tribunal que no pongan fin
al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia,
será precisa la consignación como depósito
de 25 euros el Ministerio Fiscal.
Quedará exento de constituir el depósito
para recurrir cuando viene exigido por la ley y el Estado,
las comunidades autónomas, las entidades locales
y los organismos autónomos dependientes del Estado,
todos ellos también quedarán exentos de constituir el referido depósito.
En los procesos que llevan aparejado el lanzamiento no se admitirá
al demandado los recursos de apelación o casación
si al interponerlos no manifiesta, acreditándolo por escrito,
tener satisfechas las rentas vencidas
y las que con arreglo al contrato deba pagar por adelantado.
En los procesos en los que se pretenda la condena
de indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación
de vehículos a motor tampoco se admitirá al condenado.
A pagar la indemnización de los recursos de apelación
o casación, si hay de interponerlos,
no se le permitirá, si hay de interponerlos,
no acredita haber constituido depósito del importe
de la condena más los intereses y recárdogos exigibles
en el establecimiento destinado al efecto.
Ese depósito no impedirá, en su caso,
la ejecución provisional de la resolución dictada.
3.
En los procesos
en los que se pretenda la condena al pago de cantidades
debidas por un propietario de la comunidad de vecinos,
no se admitirá al condenado el recurso de apelación o casación
si al interponerlos no acredita tener satisfecha
o consignada esa cantidad líquida a la que se contrae
la sentencia condenatoria.
La consignación de la cantidad no impedirá tampoco
la ejecución provisional de la resolución dictada.
Por tanto, vemos tres casos en los que es imprescindible
para interponer el recurso haber depositado una caución
para garantizar las rentas debidas y los pagos debidos también.
En los procesos que llevan aparejado el lanzamiento,
es el primero.
En los procesos en los que se pretenda la condena
a indemnizar los daños y perjuicios
derivados de la circulación de los vehículos a motores,
es el segundo.
Y, por último, y como tercer caso,
en el proceso en los que se pretenda la condena al pago de las cantidades
debidas por un propietario de la comunidad de vecinos.
La finalidad es clara.
Y se pretende que el recurso no se convierta en un arma
para dilatar, cuando el recurrente su única función
es la de dilatar en el tiempo la obtención
de una respuesta judicial última.
Entonces, para evitarlo,
si realmente considera fundada su pretensión recurrente,
entonces tendrá que depositar estas cauciones
y de alguna manera anticipar el resultado de las sentencias.
Definitivas todavía no firmes de las que goza su contraparte.
El depósito o consignación podrá hacerse también
mediante aval solidario de duración indefinida o pagadero
a primer requerimiento emitido por entidad de crédito,
sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio
que a juicio del tribunal
garantice la inmediata disponibilidad en su caso de la cantidad consignada
o depositada.
Bien, vamos a hablar ahora de los plazos para recurrir.
Han de computarse desde el día siguiente
a la notificación de la resolución que se recurra.
Del cómputo de ese plazo se excluyen los inhábiles,
que son los del mes de agosto, sábados, domingos y festivos.
Son inhábiles a los efectos procesales,
los sábados y domingos, los días de fiesta nacional,
los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma
o localidad.
El Consejo General del Poder Judicial,
mediante reglamento, podrá habilitar esos días
a los efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos
no previstos expresamente por las leyes.
Son horas hábiles,
de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde,
salvo que la ley disponga lo contrario.
Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes
en un proceso estén obligados al empleo.
De sistemas telemáticos o electrónicos existentes
en la Administración de Justicia, remitirán
y recibirán todos los escritos, iniciadores o no,
y demás documentos a través de estos sistemas,
salvo las excepciones establecidas en la ley,
de forma tal que esté garantizada la autenticidad
de las comunicaciones.
Y que de constancia fehaciente de la recepción y remisión íntegras,
así como de la fecha en las que se han hecho.
Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico
todos los días del año, las 24 horas del día.
Una vez presentados los escritos y documentos por medios telemáticos,
se emitirá automáticamente un recibo por el mismo medio con expresión
del número de entrada, registro, fecha y hora de presentación
en la que se tendrán presentados a todos los efectos.
En caso de que esta presentación tenga lugar en día u hora inhábil
a efectos procesales conforme a la ley,
se entenderá efectuada en el primer día y hora hábil siguiente.
Respecto al desistimiento de los recursos,
tenemos que establecer que todo recurrente
podrá desistir del recurso, al igual que en la primera instancia
podía desistir de su pretensión constitutiva,
ahora puede desistir del recurso antes de que sobre el recargue haya
resolución, excepto en el caso del recurso de casación,
una vez señalado día para su deliberación,
votación y fallo.
Ahí, ineludiblemente, ya va a tener lugar la respuesta por parte
del del Tribunal Supremo
o del Tribunal Superior de Justicia en función
de si estamos ante una casación estatal o autonómica,
como luego veremos.
Si en caso de ser varios los recurrentes
solo alguno de ellos desiste, la resolución recurrida
no será firme en virtud del desistimiento,
pero se tendrán por abandonadas las pretensiones de impugnación
que fuesen exclusivas de quien hubiese desistido.
Por tanto, respecto de quienes han desistido,
concluye el recurso y continúa para sus restantes fines
respecto de aquellos que no han desistido.
Comenzamos ya con los recursos.
El primero, el de reposición.
Las resoluciones recurribles en reposición son las siguientes.
Cabe la reposición contra las diligencias de ordenación
y decretos no definitivos
y en este caso cabrá recurso de reposición ante el letrado
de la Administración de Justicia que dictó la resolución recurrida,
excepto en los casos en los que la ley
prevea recurso directo de revisión.
Contra las providencias y autos
no definitivos cabrá reposición ante el mismo tribunal
que dictó la resolución recurrida.
La interposición del recurso de reposición
no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida.
El recurso de reposición
deberá interponerse en el plazo de cinco días,
expresándose la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente.
Si no se cumplen estos requisitos,
se inadmite mediante providencia no susceptible de recurso
la reposición interpuesta frente a providencias y autos no definitivos,
pero mediante decreto directamente recurrible en revisión
la formulada contra diligencias de ordenación y decretos
no definitivos.
Admitido el recurso de reposición
por el letrado de la Administración de Justicia,
se concederá a las demás partes personadas un plazo común
de cinco días para impugnarlos si lo estiman conveniente.
Transcurrido ese plazo de impugnación,
se hayan presentado, escritos o no, el tribunal si se trata de reposición
interpuesta frente a providencias o autos,
o el letrado de la Administración de Justicia,
si se hubiese formulado frente a providencias de ordenación
o decretos, resolverá, sin más trámite,
mediante auto o decreto, respectivamente,
en los cinco días siguientes.
Bien, salvo los casos en los que proceda el recurso
de queja contra el auto que resuelva el recurso de reposición,
no cabrá recurso alguno sin perjuicio de reproducir
la cuestión objeto de reposición a recurrir,
si fuese procedente, la resolución definitiva.
Y pasamos al recurso de apelación,
estadísticamente el que más se utiliza en nuestro ecosistema
procesal civil.
En virtud del recurso de apelación podrán perseguirse con arreglo
a los fundamentos de hecho y de derecho
de las pretensiones formuladas ante el Tribunal de Instancia,
podrá pedirse a través de este recurso ordinario.
Que se revoque un auto o sentencia
y que en su lugar se dicte otro u otra favorable
ahora al recurrente mediante un nuevo examen
de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal
y conforme a las pruebas que en los casos
previstos en la ley se practiquen ante el tribunal de apelación.
Nuestra apelación es restringida, no es absoluta,
tan solo cabrán las pruebas en segunda instancia
a las que luego me voy a referir.
La apelación contra sentencias desestimatorias de la demanda
y contra autos que pongan fin al proceso
carecerá de efectos suspensivos
sin que en ningún caso proceda a actuar en sentido contrario
a lo que se hubiere resuelto.
Las sentencias estimatorias de la demanda
contra las que se interponga el recurso de apelación tendrán,
según la naturaleza y contenido de sus pronunciamientos,
la eficacia que establece la ley de funcionamiento civil,
esto es, la ejecución provisional de las resoluciones judiciales.
Vamos a ver ahora los límites de la apelación,
puesto que ya he avanzado,
que nuestra apelación española no es absoluta o incondicionada,
sino limitada.
Es incondicionado a la primera instancia.
Ahí hemos tenido la oportunidad, la posibilidad de probar
cuánto haya estado a nuestro alcance,
pero la segunda instancia es limitada.
La apelación se rige por los siguientes límites.
Primero, la prohibición de la mutatio liberi pendente
a apelatione nil in novetur.
Significa esto que una vez que ha comenzado el recurso de apelación,
No se puede innovar nada.
El objeto litigioso quedó perfectamente delimitado
en la fase anterior, en la instancia anterior,
en la primera instancia y por tanto ahora
no se pueden adicionar nuevos elementos
al objeto del proceso o cambiarlo sustancialmente.
Segundo límite, tantum devolutum quantum apelatum,
el autosentencia que se dicta en apelación
deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones
planteados en el recurso, en su caso,
sobre los escritos de oposición e impugnación,
nunca sobre pretensiones nuevas.
Tercero, prohibición de la reformatio imperius.
La resolución no podrá perjudicar al apelante más
de lo que ya ha sido perjudicado,
salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación
de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente
apelado.
Esto es, de inicio el apelante no podrá verse perjudicado
por la parte que ha recurrido,
pero si su recurrido en apelación también impugna, a su vez,
esa apelación entonces vuelve a entrar en consideración judicial
la globalidad del objeto del proceso y en ese caso sí podría ir a peor
las sentencias dictadas en toda clase de juicios los autos definitivos
y aquellos otros que la ley expresamente señale serán apelables
con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales
con razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros.
Conocerán de los recursos de apelación,
los tribunales de instancia cuando las resoluciones apelables
hayan sido dictadas por los jueces y juezas de paz,
las audiencias provinciales cuando las resoluciones apelables
hayan sido dictadas por los tribunales de instancia.
Durante la sustanciación del recurso de apelación,
la jurisdicción del tribunal que hubiera dictado
la resolución recurrida se limitará a las actuaciones relativas
a la ejecución provisional de la resolución apelada.
Se tramitarán preferentemente los recursos
de apelación siguientes, los legalmente previstos contra autos
que inadmitan demandas por falta de requisitos
que la ley exija en casos especiales
y los legalmente previstos contra resoluciones definitivas
dictadas en la tramitación de los procedimientos testigo.
El recurso de apelación.
Se interpondrá, siempre ante el tribunal
que sea competente para conocer del mismo, en el plazo de 20 días
desde la notificación de la resolución impugnada,
debiendo acompañarse copia de la resolución.
En la interposición del recurso, el apelante
deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación,
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
En el recurso de apelación,
podrá alegarse la infracción de normas o garantías procesales
en la primera instancia.
Cuando así sea, el escrito de interposición
deberá citar las normas que se considere infringidas
y alegar en su caso la indefensión sufrida.
Asimismo, el apelante deberá acreditar que denunció en ese momento
oportunamente la infracción si hubiese tenido la oportunidad
procesal para ello y que, a pesar de haberla denunciado,
en aquel momento no se reparó.
Por eso acude ahora la apelación.
Una vez interpuesto
y con carácter previo a la decisión de admisión
o no admisión del trámite del recurso,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dictará en el plazo de tres días diligencia de ordenación,
requiriendo del órgano que hubiere dictado
la resolución objeto de recurso la elevación
de las actuaciones e indicándole la parte o partes apelantes.
Recibido el requerimiento anterior,
este mismo letrado o letrada de la Administración de Justicia
requerirá del órgano que hubiera dictado la resolución objeto
de recurso que acuerde la remisión de los autos con emplazamiento
de las partes no recurrentes al efecto de que comparezcan
ante el tribunal competente para conocer de este recurso
en el plazo de los diez días siguientes recibidos los autos,
si la resolución impugnada en efecto fuese apelable y el recurso
se hubiera formulado dentro del plazo,
En el plazo de los tres días siguientes,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
tendrá por interpuesto el recurso.
Caso contrario,
se pondrá en conocimiento del Tribunal para que se pronuncie
sobre su admisión.
Solo podrán acompañarse al escrito de interposición
los documentos que se encuentren en alguno de los casos
referidos en el artículo 270, todos ellos referidos a hechos nuevos
o de nueva noticia y que no se hayan podido incorporar
en la primera instancia.
Respecto de la solicitud de pruebas,
en el escrito de interposición se podrá pedir, además,
que se practiquen en la primera instancia,
de forma absolutamente excepcional, las pruebas siguientes.
Como digo, es una apelación restringida
y, por tanto, no cabe la práctica de la prueba,
salvo en los casos siguientes,
los casos tasados a los que me voy a referir a continuación.
Primero, se podrán practicar pruebas en segunda instancia,
las que hubieren sido indebidamente denegadas en la primera,
siempre que se hubiera intentado la reposición
de la resolución denegatoria
o se hubiera formulado la oportuna protesta en la vista.
Las propuestas, si no admitidas en la primera instancia,
que por cualquier causa no imputable al que la hubiera solicitado,
no hubieran podido practicarse
ni siquiera como diligencias finales.
3.
Las que se refieren a hechos de relevancia
para la decisión del pleito ocurridos después del comienzo del plazo
para dictar sentencia en la primera instancia
o antes de dicho término, siempre que en este último caso
la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos
con posterioridad.
Y por último, el demandado declarado en rebeldía,
que por cualquier causa que no le hubiese sido imputable,
se hubiese personado en los autos después del momento
establecido para proponer la prueba en la primera instancia,
podrá pedir ahora en la segunda,
dado que era involuntaria su rebeldía,
que se practique toda la que convenga a su derecho.
Por tanto, vemos que son cuatro y exclusivamente cuatro los casos
en los que se puede practicar la prueba en la segunda instancia.
Las indebidamente denegadas,
las que no se han practicado por causas ajenas
a la voluntad de quien las hubiera solicitado,
ni siquiera como diligencias finales,
las ocurridas después, las relativas a hechos
ocurridos después del comienzo del plazo para dictar
sentencia en primera instancia o que no se hubiesen conocido antes
y las del declarado en rebeldía por causas ajenas a su voluntad.
Es un demandado rebelde involuntario.
Bien, del escrito de interposición del recurso de apelación
se dará traslado.
El letrado o letrada a la Administración de Justicia
le dará traslado, como es lógico,
a las demás partes, emplazándolas por diez días
para que presenten escrito de oposición al recurso
o de impugnación de la resolución apelada
en lo que resulte desfavorable.
La oposición es una defensa, la impugnación es un ataque.
Quiero esto decir que con la oposición se defiende
el recurrido frente a aquello respecto de lo que le ataca
al recurrente y a través de la impugnación,
bueno, pues quien interpone una impugnación en definitiva
está pidiendo,
porque también ha sido agraviado en la parte correspondiente
por la sentencia de la que trae causa, está pidiendo
que se ponga en su posesión aquello de lo que ha sido desfavorable
respecto a lo que ha sido desfavorecido
en la instancia anterior.
De los escritos de oposición al recurso en su caso de impugnación
de la sentencia por quien inicialmente no hubiera recurrido,
se formularán con arreglo establecido para el escrito de interposición.
Podrán acompañarse los documentos y solicitarse las pruebas
que la parte o partes apeladas consideren necesarias,
así como formularse las alegaciones que se estimen oportunas
sobre la admisibilidad de los documentos aportados
y de las pruebas propuestas por el apelante.
De los escritos de impugnación,
el letrado de la Administración de Justicia
dará traslado al apelante principal
para que en el plazo de 10 días manifieste lo que tenga por
conveniente sobre la admisibilidad de la impugnación y, en su caso,
sobre los documentos aportados y las pruebas propuestas
por el apelado.
La impugnación de la apelación se erige en un nuevo recurso
de apelación a cargo del apelado inicial,
que ahora se convierte en apelante, frente al apelado inicial
como nuevo apelado esto es, se produce una inversión de roles
o apelaciones cruzadas por esa razón
se amplía el objeto del proceso y la reformatio impeius
la prohibición de la reformatio impeius puede sufrir alteraciones
esto es lo que sucede cuando se impugna la apelación
el inicialmente apelante.
Se convierte.
También en apelado
y el inicialmente apelado se convierte también en apelante.
Son impugnaciones cruzadas, tenemos dos apelantes
y dos apelados.
El objeto litigioso de la instancia anterior
vuelve a deslumbrar al juez en toda su amplitud, por tanto,
claro que podrá ir a peor el inicialmente apelante
por causa de que el inicialmente apelado se convierte en apelante
y lucha en la parte correspondiente contra él.
Bien, el tribunal que haya de resolver sobre la apelación,
si se hubieran aportado nuevos documentos o propuesta nueva,
acordará lo que procederá sobre su admisión en el plazo de 10 días.
Si hubiera de practicarse prueba, letrado o letrada,
la Administración de Justicia señalará día
para la vista que se celebrará dentro del mes siguiente con arreglo
a lo previsto para el juicio verbal.
Si no se hubiese propuesto prueba
o si toda la propuesta hubiese sido inadmitida,
podrá acordarse también mediante providencia.
La celebración de la vista, siempre que así lo haya solicitado
alguna de las partes o el tribunal lo considere necesario.
En caso de acordarse su celebración,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
señalará día y hora para ese acto.
El tribunal finalmente resolverá el recurso de apelación mediante auto
cuando el mismo se hubiera interpuesto contra un auto
o mediante sentencia en otro caso.
La resolución deberá ser dictada entre los diez días siguientes
a la terminación de la vista.
Si no se hubiera celebrado vista, el auto o la sentencia
habrán de dictarse en el plazo de un mes
a contar desde el siguiente a aquel en el que se hubiesen evacuado
los trámites.
Si la infracción procesal alegada se hubiere cometido al tiempo
de dictar sentencia en la primera instancia,
entonces el Tribunal de Apelación, tras revocar la sentencia apelada,
resolverá sobre la cuestión o cuestiones
que fuesen objeto del proceso.
Cuando la infracción procesal fuere de las que originan
la nulidad radical de actuaciones o parte de ellas,
entonces el Tribunal lo declarará así,
mediante providencia, reponiéndolas al estado
en el que se hallaban cuando se cometió esa infracción.
Producida la subsanación y, en su caso,
y das las partes y practicada la prueba admisible,
el Tribunal de Apelación dictará resolución
sobre la cuestión o cuestiones objeto de este recurso.
Pasamos a la revisión, al recurso de revisión
contra los decretos.
Cabrá recurso de revisión ante el tribunal
contra el decreto resolutivo de la reposición o recurso directo
de revisión contra los decretos
por los que se ponga fin al procedimiento
o impida su continuación.
Dichos recursos carecerán de efectos suspensivos
sin que en ningún caso proceda a actuar en sentido contrario
a lo que se hubiere resuelto.
Cabrá igualmente interponer recurso directo de revisión
contra los decretos en aquellos casos que expresamente se prevean.
El recurso de revisión
deberá interponerse en todo caso en el plazo de cinco días
mediante escrito en el que se deberá citar la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Eletrado o letrada
la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación,
admitirá el recurso concediendo a las demás partes
personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo
si lo estima conveniente.
Si no se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso,
el Tribunal lo inadmitirá mediante providencia.
Transcurrido el plazo para la impugnación se hayan
o no presentado escritos el tribunal
resolverá sin más trámite mediante auto un plazo de cinco días
contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión
ya no cabrá recurso alguno contra el auto dictado resolviendo
el recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación
cuando ponga fin al procedimiento o impida su continuación
y con esto ponemos término al tema correspondiente
al programa correspondiente.
A los recursos ordinarios.
Muchas gracias.