Programa 8.
La prueba.
Los medios de prueba se encuentran regulados en un listado abierto.
Concretamente, en el artículo 299
de la ley prescribe como medios de prueba
nominados los que a continuación se relacionan.
Primero, interrogatorio de las partes.
Segundo, documentos públicos.
Tercero, documentos privados.
Cuarto, dictamen de peritos.
Quinto, reconocimiento judicial.
Sexto, interrogatorio de los testigos.
Séptimo, los medios de reproducción de la palabra,
el sonido y la imagen.
Octavo, los instrumentos que permiten archivar y conocer
o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas
llevadas a cabo con fines contables o de otra clase
que sean relevantes para el proceso.
Además de estos ocho medios de prueba nominados
a los que me acabo de referir,
en el segundo apartado de este mismo artículo 299.
La ley que admite toda suerte de medios de prueba ahora innominados
que las partes con toda creatividad
puedan llegar a experimentar en una imbatible apuesta
de demostración de la realidad de los hechos contradictorios
que se han narrado en el proceso.
Así, cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto
en los apartados anteriores de este artículo pudiese obtenerse
certeza sobre hechos relevantes, nos dice la ley,
el tribunal en instancia de parte lo admitirá como prueba,
adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.
El orden de estos medios de prueba no es espontáneo,
sino reglado.
Así, salvo que el Tribunal de Oficio e Instancia de Parte
acuerde otro distinto, las pruebas se practicarán en el juicio vista
por el siguiente orden.
Primero, interrogatorio de las partes.
Segundo, interrogatorio de testigos.
Tercero, declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o presentación
de estos cuando excepcionalmente se hayan de admitir en ese momento.
Cuarto, reconocimiento judicial cuando no se haya de llevar a cabo
fuera de la sede del tribunal.
Quinto, reproducción ante el tribunal de palabras,
imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación,
grabación u otros semejantes.
Ahora bien, cuando alguna de las pruebas
admitidas no pueda practicarse en la audiencia,
podrá continuar esta para la práctica de las restantes
por el orden que proceda.
Comenzamos ahora a analizar cada uno de los mecanismos probatorios
a los que me acabo de referir y por este orden.
Primero, el interrogatorio de las partes.
El interrogatorio es un medio de prueba consistente
en la toma de declaración sobre hechos o circunstancias
relacionadas con el objeto del juicio que debe ser solicitado
por una de las partes.
Frente a la otra, esto es por un litigante
frente a otro litigante o colitigante,
sujeto distinto al de la relación jurídica
controvertida o al titular del derecho en cuya virtud se acciona,
o frente a miembros del Estado, de la comunidad autónoma,
entidad local o organismo público,
cuando, en este último caso, sean parte del proceso en cuestión.
La forma de declaración del interrogatorio
reviste singular relevancia por cuanto esta es,
dentro de las pruebas personales, digamos la más extrema.
Por tanto, el tribunal habrá de atemperar,
de neutralizar, de suavizar al máximo su desarrollo
para evitar que las pulsiones, las emociones,
en general las percepciones sensoriales, siempre subjetivas,
como es lógico,
puesto que personas son siempre los declarantes,
puedan llevar a enturbiar o incluso a nublar
la relevante información que precisamente a través de esta prueba
se pretende obtener.
Así, las preguntas del interrogatorio se formularán oralmente,
con claridad, con sencillez, con precisión, de forma directa,
en sentido afirmativo.
Estas preguntas no habrán de incluir valoraciones,
connotaciones ni calificaciones a fin de evitar
cualquier intolerable componente sugestivo o capcioso.
La parte que haya de responder al interrogatorio,
así como su abogado en su caso, podrán impugnar en el acto
la admisibilidad de las preguntas y hacer notar las valoraciones,
las posibles calificaciones que contenidas en las preguntas
sean bajo su criterio, improcedentes o deban tenerse por no realizadas.
La parte citada y debidamente percibida
de las consecuencias de su incomparecencia habrá
de comparecer al juicio a sabiendas de que si no lo hace,
además de ser sancionada con una multa,
se le podrán aplicar los efectos de la ficta confesión.
Esto es, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
en que dicha parte hubiese intervenido personalmente
y cuya fijación como ciertos le sea nada menos que
enteramente perjudicial.
Las respuestas habrán de ser también afirmativas o negativas.
Y de no ser posibles según el tenor literal de las preguntas,
entonces en todo caso habrán de ser precisas,
francas, directas, concretas.
El declarante podrá agregar en todo caso explicaciones
cuando lo estime conveniente o pertinente,
siempre que guarde en relación como es lógico con las cuestiones
que se le han planteado.
La negativa a declarar y las respuestas evasivas
o inconcluyentes serán equiparadas también a la ficta confesión,
con el reconocimiento y fijación de hechos,
incluso los adversos y, por tanto, perjudiciales.
La ley casi lo establece,
si la parte llamada a declarar se negase a hacerlo.
El tribunal la percibirá en el acto de que,
salvo que concurra a una obligación legal de guardar secreto,
puede considerar reconocidos como ciertos los hechos
a que se refieran las preguntas,
siempre que el interrogatorio hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación
como ciertos les resultare perjudicial en todo o en parte.
Cuando las respuestas que diera el declarante fuesen evasivas
o inconcluyentes, el tribunal, de oficio e instancia de parte,
le hará el apercibimiento al que me acabo de referir.
Disculpas.
Cuando sobre unos mismos hechos controvertidos hayan de declarar
dos o más partes.
Incluidos los litis consortes, como es lógico,
o personas asimiladas a ellas, todo tipo de coadyuvantes,
se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se puedan comunicar
o conocer previamente el contenido de las preguntas
y de las respuestas.
La ley prevé y regula para casos extremos
de enfermedad u otras circunstancias análogas
que dificultan la práctica de esta prueba,
en su lugar habitual, que es la sede judicial,
pues en estos casos la ley permite de forma excepcional,
como digo, la declaración por videoconferencia
o bien incluso el interrogatorio domiciliario.
Finalmente,
y por lo que respecta a la valoración del interrogatorio de las partes,
el tribunal se deberá regir por las pautas siguientes.
En la sentencia,
si no lo contradice el resultado de las demás pruebas,
se considerarán ciertos los hechos
que una parte haya reconocido como tales,
si en ellas se intervino personalmente
y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial.
Y en todo lo demás, los jueces y tribunales
valorarán las declaraciones de las partes
y las personas según las reglas de la sana crítica,
según las máximas de experiencia, según su buen saber y entender.
Principio de libre valoración de la prueba al que ya me he referido
en programas anteriores.
Pasamos a la prueba documental.
La prueba documental es pura
y simplemente la contenida en documentos.
Estos documentos pueden ser físicos o electrónicos,
también pueden ser públicos o privados.
La segunda clasificación, públicos o privados,
a diferencia de la primera, es reveladora de un buen número
de significativas particularidades que nos obligan a efectuar
un tratamiento separado de esta relevante prueba.
Primero vamos a explicar los documentos públicos.
La ley considera documentos públicos a efectos de prueba los siguientes.
Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales
de toda especie y los testimonios que de las mismas
expidan los letrados y letradas de la Administración de Justicia.
Segundo, los autorizados por notario o notaria con arreglo a derecho.
Tercero, los intervenidos por corredores
y corredoras de comercio colegiados y las certificaciones
de las operaciones que se hubieran intervenido expedidas por ellos
con referencia al libro registro que deban llevar a cabo
conforme a derecho.
Recuérdese en este momento que pese a la redacción muy antigua
de la ley de enjuiciamiento civil,
los corredores y corredoras de comercio colegiados ya integran
nada menos que desde el 1 de octubre del año 2000
el prestigioso cuerpo de notarios.
Por tanto, todos ellos son notarios
y ya no hay corredores o corredoras de comercio,
sino que se han integrado en el cuerpo de notarios.
Las certificaciones que expidan los registradores de la propiedad
y mercantiles
de los asientos registrales también son documentos públicos.
Continuamos con el listado.
Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados
para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.
Los que con referencia a archivos y registros de órganos del Estado,
de las administraciones públicas o de entidades de derecho público
sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe
de las disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, administraciones
o entidades y la gran fortaleza de esta prueba documental pública
es su plenitud probatoria.
Luego, Esta prueba, la documental pública,
no se rige por el principio de libre valoración
de la prueba como todas las demás,
sino por el principio de prueba tasada.
Así, los documentos públicos que acabo de enumerar harán
prueba plena.
Plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten,
de la fecha en la que se produjo esa documentación
y de la identidad de los fedatarios y demás personas que en su caso
intervengan.
Insisto, los documentos a los que me acabo de referir,
documentos públicos todos ellos, harán prueba plena.
Del hecho, acto o estado que documenten lo que documenten,
no lógicamente de la veracidad de lo incorporado,
pero sí de lo contenido, así como de la fecha
y de la identidad de los fedatarios y demás personas que intervengan.
Bien, los documentos públicos, por tanto,
como digo e insisto, tienen fuerza aprobatoria plena.
Y ello, en los siguientes casos, si se aportan al proceso en original
o por copia o certificación fehaciente,
ya sean presentadas en soporte papel o mediante documento electrónico.
Si habiéndose aportado por copia simple
en soporte papel o imagen digitalizada,
no se hubiere impugnado su autenticidad.
Tercero, el testimonio o certificación incompletos
no causan prueba plena.
Por tanto, el testimonio o certificación fehacientes
de solo una parte del documento no hará prueba plena
mientras no se complete con las adiciones
que solicite el litigante a quien pueda perjudicar.
El cotejo o comprobación de los documentos públicos,
efectuado tras la impugnación del valor probatorio
de cada uno de ellos, se realiza del siguiente modo.
Primero, las copias, certificaciones o testimonios fehacientes
se cotejarán o comprobarán con los originales,
dondequiera que se encuentren,
ya se hayan presentado en soporte papel o electrónico,
informático o digital.
Segundo, las pólizas intervenidas por corredor o corredora
de comercio colegiado, insisto, ahora notario o notaria,
se comprobarán con los asientos de su libro registro.
Tercero, en el caso de los documentos electrónicos,
se verificará la validez de esa firma electrónica.
El cotejo o comprobación de los documentos públicos
con sus originales se practicará por letrado o letrada
de la Administración de Justicia conforme a los requisitos
legalmente establecidos para el procedimiento de verificación
que diferirá en función del formato físico o electrónico
de ese documento público.
Si el documento público fuese físico,
el letrado de la Administración de Justicia
se constituirá en el archivo local
donde se encuentre el original o matriz, a presencia,
si deciden concurrir, de las partes y de sus defensores
que en todo caso serán citadas al efecto.
Si el documento o documentos públicos estuviesen incorporados
en un expediente en soporte electrónico,
el cotejo con los originales se practicará por el letrado o letrada
de la Administración de Justicia en la oficina judicial a presencia,
si concurriesen, de las partes y sus defensores,
que también serán citados al efecto.
En el caso de documentos públicos electrónicos,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
comprobará la validez de la firma electrónica,
en su caso mediante la verificación a través del código seguro
de verificación.
En todo caso, podrá hacerse con la asistencia
de un experto en la materia.
Y con ello pasamos a los documentos privados.
Se consideran documentos privados a efectos de prueba en el proceso
conforme a un elemental criterio ahora negativo o por exclusión,
aquellos que no se encuentran incluidos en el precepto anterior,
esto es, en la relación de documentos públicos
a los que me acabo de referir hace escasos minutos.
Los documentos privados harán prueba plena en el proceso
cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte
a la que perjudican.
Por tanto, Los documentos privados, cuando no son impugnados,
tampoco se rigen por el principio de libre valoración probatoria,
sino, por su contraria, la prueba tasada.
Pero, insisto, serían documentos privados
no impugnados por la parte a la que perjudican.
La impugnación de la autenticidad de un documento privado.
Presupone que el que lo haya presentado puede pedir
el cotejo peticial de letras o proponer cualquier otro medio
de prueba que le resulte útil y pertinente al efecto.
Vamos a ver ahora disposiciones comunes a documentos públicos
y privados,
porque a pesar de las grandes diferencias a efectos procesales,
recién explicitadas entre unos y otros,
existe un deber común de exhibición documental
entre las partes que se concreta en los siguientes puntos.
Primero, cada parte corresponde podrá solicitar de las demás la exhibición
de los documentos que no se hallen a disposición de ella
y que se refieran al objeto del proceso
y resulten útiles, eficaces como mecanismos probatorios.
Segundo, a la solicitud de exhibición deberá acompañarse copia simple
del documento y si no existiese o no se dispusiese de ella,
se indicará en los términos más exactos posibles
el contenido de ese documento.
3.
En los procesos seguidos por infracción
de un derecho de propiedad industrial o un derecho de propiedad intelectual
cometido a escala comercial,
la solicitud de exhibición podrá extenderse en particular,
además, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros
producidos en un determinado periodo de tiempo y que se presuman en poder
del demandado.
En caso de negativa injustificada a la exhibición documental,
el tribunal podrá adoptar alguna de las siguientes posturas.
Primero, tomando en consideración las restantes pruebas,
podrá atribuir valor probatorio a la copia simple
presentada por el solicitante de la exhibición
o a la versión del contoneido del documento que se le hubiere dado.
Pero también podrá formular requerimiento mediante providencia
para que los documentos
cuya exhibición se solicitó sean aportados al proceso
cuando así lo aconsejen las características
de esos documentos las restantes pruebas
aportadas el contenido de las pretensiones
formuladas por la parte solicitante y lo alegado para fundamentarlas.
El valor probatorio de las copias reprográficas,
dibujos, fotografías, pinturas, croquis, planos,
mapas y documentos semejantes, así como su cotejo,
también es diferente al ofrecido para los restantes documentos.
Así, si la parte a quien perjudica el documento
presentado por copia reprográfica, insisto también por dibujos,
fotografías, pinturas, croquis, planos,
mapas o documentos semejantes,
impugnare la exactitud de la reproducción,
se cotejará con el original si fuese posible, y no siendo así,
se determinará su valor probatorio según las reglas de la sana crítica
teniendo en cuenta el resultado de las demás pruebas.
Este cotejo se verificará en todo caso por letrado o letrada
la administración de justicia salvo el derecho de las partes
a proponer respecto de ellas una prueba pericial
pasamos con ello a la prueba pericial que es la efectuada
por los peritos profesionales especialmente cualificados
para colmar desde su vertiente científica,
artística, técnica o práctica el conocimiento del tribunal
en todas las ramas del conocimiento jurídico.
Del conocimiento científico, no sólo del jurídico,
sino del conocimiento científico en general,
cuando sea preciso para contribuir a esclarecer los hechos
y que el juez pueda aportar.
Con su conocimiento ahora sí jurídico,
pueda aportar el derecho a unos hechos precisamente
que, respecto a los cuales precisaba una información muy valiosa
y científicamente desconocida para él,
puesto que los jueces humanos son,
conocen de todo el ordenamiento jurídico,
pero no tienen por qué tener además especiales competencias
o conocimientos en otras ramas del conocimiento científico en general.
Bien, porque en un buen número de ocasiones,
como digo, el tribunal precisa, en el marco del procedimiento,
para efectuar un examen exhaustivo y riguroso del objeto litigioso,
un conocimiento que va más allá del análisis jurídico.
Y de ello se ocupan precisamente los peritos.
La pericia.
No resulta imprescindible siempre y en todo caso
o en todos los procesos,
sino tan solo en aquellos procesos en los que el tribunal,
con toda prudencia, humildad y modestia,
admite que debe integrar su excelso conocimiento jurídico
con otro.
Con otro de cualquier especialidad de la ciencia,
del arte o de la técnica en general, también de la práctica,
del que por el momento carece y le resulta imprescindible
para valorar los hechos o las circunstancias relevantes
en un determinado asunto o incluso para adquirir certeza sobre ellos
antes de afrontar su enjuiciamiento.
Si el tribunal tuviese esos conocimientos fundamentales,
artísticos, científicos, técnicos o prácticos,
si los tuviese,
por las razones que fuesen, entonces,
como es lógico, no resulta precisa la práctica de esta prueba.
La intervención del perito, en su caso de los peritos,
mediante la redacción del denominado informe pericial
o dictamen pericial,
será solicitado siempre a instancia de parte,
si bien su incorporación al proceso puede diferir en función de su modo
de acceso, así, podrá ofrecerse directamente por las partes.
Las partes pueden acordar, aportar al proceso el dictamen
de los peritos que posean conocimientos correspondientes
o bien podrá peticionarse por el tribunal,
porque en ese caso las partes también podrán solicitar en los casos
previstos en la ley que se emita dictamen por perito
designado por el tribunal.
La ley ha establecido unos rigurosos requisitos,
condiciones y límites al desarrollo imparcial,
objetivo y neutral de esta actividad profesional,
que pueden sintetizarse del modo siguiente.
Todo perito habrá de estar en posesión de un título oficial.
Los peritos deben poseer ese título oficial
que corresponde a la materia objeto dictamen y a la naturaleza de este
y además ser acreditados expertos en esa materia.
También tienen un derecho a la provisión de fondos
como es lógico y al cobro de unos honorarios.
Deben prestar juramento o promesa de actuar con la máxima objetividad,
así al emitir el dictamen, todo perito.
Deben manifestar bajo juramento o promesa
de decir verdad que ha actuado
o en su caso actuará con la mayor objetividad posible,
tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer
como lo que sea susceptible de causar daño o perjuicio
a cualquiera de las partes y que conoce las sanciones penales
en las que puede incurrir si incumple este deber suyo
como perito.
También la prohibición del perito de emitir dictamen en un proceso
que traiga a causa de un medio de solución extrajudicial
de controversias frustrado en el que también ha actuado
como perito.
Ahí quedaría contaminado.
En consecuencia, salvo acuerdo en contrario de las partes,
no se podrá solicitar dictamen a un perito
que ya hubiera intervenido en un medio adecuado de resolución
de controversias o en un arbitraje relacionados con el mismo asunto.
Abstención y recusación
de los peritos designados judicialmente.
El perito designado por el juez, sección o sala que conozca el asunto
o, en su caso, por el letrado de la Administración de Justicia,
deberá abstenerse de conocer ese asunto
si concurre a alguna de las causas legalmente previstas.
Los peritos designados por el Tribunal mediante sorteo
podrán ser recusados por las causas generales
de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial
así como por las causas específicas de recusación
de los peritos siguientes.
Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto
dictamen contrario a la parte recurrente,
ya sea dentro o fuera del proceso.
Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario
o ser dependiente o socio del mismo.
Tercero, tener participación en la sociedad, establecimiento
o empresa que sea parte del proceso.
Vamos a hablar ahora de la tacha
de los peritos autores de dictámenes presentados por las partes
y también del derecho a la provisión de fondos
y al cobro de sus honorarios.
Los peritos designados judicialmente sólo podrán ser objeto de recusación
y no de tacha.
Pero, sin embargo, los peritos autores de dictámenes
presentados por las partes sólo podrán ser, al revés,
objeto de tacha y no de recusación.
Si la tacha es apreciada por el tribunal,
se tendrá en cuenta esta limitación de la objetividad de los peritos,
pero ello no compromete del todo su informe.
Esto es, la tacha no invalida su actuación como peritos,
a diferencia de la recusación que sí la invalidaría.
Por tanto, los peritos autores de dictámenes
presentados por las partes podrán ser objeto de tacha.
Cuando concurra en ellos alguna
de las siguientes circunstancias.
Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad
dentro del cuarto grado civil de una de las partes
o sus abogados o procuradores.
Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante,
estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad,
contraposición de intereses con alguna de las partes
o con sus abogados y procuradores, amistad íntima o enemistad manifiesta
con cualquiera de las partes o sus procuradores y abogados,
y también cualquier otra circunstancia debidamente acreditada
que les haga desmerecer ese concepto profesional
que se espera de la debida objetividad.
Los dictámenes elaborados por los peritos,
designados por las partes,
pueden aportarse en momentos procesales distintos.
Primero, durante el periodo de alegaciones,
con la demanda y la contestación a la demanda,
o bien en un momento posterior, en función
de cuáles sean las posibilidades de obtención en plazo de ese dictamen
o incluso de su propia estrategia defensiva.
Los dictámenes se formularán en todo caso por escrito,
acompañados en su caso de documentos,
instrumentos o materiales
adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto
de la pericia.
Si no fuese posible o conveniente
aportar esos materiales e instrumentos,
el escrito dictamen contendrá tan solo
las indicaciones suficientes.
Podrán acompañarse también al dictamen
los documentos que se estimen adecuados para su más correcta
y acertada valoración.
El perito designado por el tribunal también emitirá por escrito
su dictamen que además habrá de llevar por medios electrónicos
al tribunal en el plazo que se le haya señalado dicho dictamen
será traslado al letrado o letrada a la administración de justicia
a las partes por su parte por parte del letrado a las partes
si consideran necesario que el perito deba intervenir en el juicio
o a la vista.
A los efectos de que aporte en ese momento
las aclaraciones o las explicaciones que sean oportunas.
El tribunal podrá acordar en todo caso mediante providencia
que considera necesaria la intervención de ese perito
en el juicio, en la vista,
para comprender y valorar mejor ese dictamen
realizado.
El tribunal será quien valora esta prueba,
como es lógico, y lo hará conforme a las reglas
de la sana crítica, a su buen saber y entender.
Podrá, por tanto, como es lógico,
formular preguntas a los peritos, requerir de ellos las explicaciones
que considero oportunas y todo ello con la finalidad
de interpretar de la mejor forma posible,
como digo, con arreglo al criterio de la sana crítica,
buen saber y entender, a sus máximas de experiencia,
el contenido del dictamen aportado.
Pasamos a la prueba testifical, que es la declaración
efectuada en instancia de las partes procesales,
actora o demandada, por las personas ahora denominadas testigos,
que de cualquier forma tengan noticia por sus sentidos,
precisamente de los hechos
controvertidos relativos al objeto litigioso
o a los sujetos de ese concreto juicio.
Bien, la idoneidad para ser testigo es poco exigente.
Podrán ser testigos todas las personas,
salvo las que se hallan permanentemente privadas de razón
o del uso de los sentidos respecto de los hechos
sobre los que únicamente hubiesen podido tener conocimiento
precisamente por esos sentidos de los que están privadas.
Los menores de 14 años también pueden declarar como testigos
y a juicio del tribunal poseen el discernimiento necesario
para conocer y declarar verazmente.
Con la solicitud de esta prueba, la parte proponente
expresará la concreta identidad de los testigos con indicación,
en cuanto sea posible, del nombre, apellidos, profesión y domicilio
o residencia y respecto del número de testigos.
Lo cierto es que las partes podrán proponer
cuantos estimen conveniente.
Pero los gastos de los que excedan de tres
por cada hecho discutido serán, en todo caso,
de cargo de la parte que los haya presentado.
Sin perjuicio de esta generosa posibilidad de sugerir una numerosa,
incluso muy numerosa, propuesta de testigos,
una vez que el tribunal hubiera escuchado el testimonio
de al menos dos, tres testigos con respecto de cada hecho discutido
si considera que con las aportaciones emitidas por esos testigos
ya queda suficientemente ilustrado podrá obviar
y por tanto rechazar las declaraciones testificales
que faltan referentes a ese mismo hecho.
Los testigos que una vez atendida la citación judicial
comparezcan ante el tribunal tendrán derecho
a obtener de la parte que les propuso una indemnización por los gastos
y perjuicios que su comparecencia les haya originado
sin perjuicio de lo que pueda acordar se en materia de costas.
Si varias partes proponen un mismo testigo,
el importe de la indemnización,
como es lógico, se prorratea entre las partes proponentes.
El importe de la indemnización lo fija el letrado o letrada
de la Administración de Justicia
mediante decreto que tendrá en cuenta los datos y circunstancias
que se hubiesen aportado.
Este decreto se dictará una vez finalizado el juicio o vista.
Los testigos, al igual que los peritos,
autores en aquel caso de los dictámenes presentados
por las partes, los testigos ahora son dueños de su testimonio,
solo podrán ser objeto de tacha.
Así, con independencia de las preguntas generales
del tribunal al inicio de cada declaración, referidas
todas ellas a conocer su identidad y garantizar su neutralidad,
cada parte podrá tachar los testigos propuestos por la contraria
en quienes concurran alguna de las causas siguientes.
Ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad
o afinidad dentro del cuarto grado civil
de la parte que lo haya presentado su abogado o procurador
o hallarse relacionados con ellos por vínculo de adopción,
tutela o análogo.
Segundo, ser el testigo al prestar declaración dependiente
del que lo hubiere propuesto de su procurador o abogado
o estar a su servicio
o hallarse licado alguno de ellos por cualquier relación de sociedad
o interés.
Tercero, tener interés directo o indirecto en el asunto
de que se trate.
Ser amigo íntimo o enemigo de una de las partes
o de su abogado procurador y haber sido el testigo condenado
por falso testimonio.
La parte proponente del testigo podrá también tachar a ese testigo
si con posterioridad a la proposición,
por esa misma parte,
llega a su conocimiento la existencia de alguna de estas causas de tacha
a las que me acabo de referir.
El lugar de declaración del testigo será lógicamente la sede judicial.
Sin embargo,
si el testigo reside fuera de la demarcación judicial
del tribunal, la declaración se hará preferentemente
a través de videoconferencia.
Cuando no pueda realizarse por videoconferencia,
y por enfermedad u otro motivo relevante
el tribunal considera que algún testigo
no puede comparecer en la sede de aquel,
podrá tomársele declaración en su domicilio, bien directamente
o bien a través de auxilio judicial,
según que dicho domicilio se halle o no en la demarcación
del tribunal.
El orden de celebración de las declaraciones testificales
ha sido regulado con extremo cuidado porque ha de tenerse en cuenta
que el éxito de esta prueba, es decir,
la obtención de certeza de los hechos narrados,
puede depender en cierta medida del puntual y estratégico cumplimiento
de las medidas a las que me refiero a continuación.
Los testigos deben declarar.
De forma separada y sucesivamente, por el orden
en el que vengan consignados en la propuesta,
salvo que el tribunal estime que debe imponerse
o priorizarse otro orden.
Los testigos no se comunicarán entre sí,
ni podrán asistir a las declaraciones unos de los otros.
Antes de que el interrogatorio quede centrado
en las cuestiones que aporten luz sobre el específico objeto
de la controversia, el tribunal formulará en todo caso a cada testigo
las denominadas preguntas generales, que son las siguientes.
Su nombre, apellidos, estado, profesión y domicilio.
Si eso ha sido cónyuge, pariente, por consanguinidad o afinidad
sin quegrado de alguno de los litigantes, abogados, procuradores
o se haya ligado a ellos por vínculo,
de adopción, tutela o análogos,
si es o ha sido dependiente de esta, o ha estado al servicio de la parte
que lo ha propuesto, de su procurador o abogado,
o ha tenido o tiene con ellos alguna relación susceptible
de provocar intereses comunes o contrapuestos,
si tiene interés directo o indirecto en el asunto o en otros semejantes,
si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes
o de sus procuradores o abogados,
y si ha sido condenado alguna vez por falso testimonio.
El modo de formulación de las cuestiones
planteadas a los testigos también ha sido regulado para evitar
preguntas inútiles, sugestivas, capciosas o maliciosas.
Las preguntas que se plantean al testigo deben formularse oralmente
y con la debida claridad y precisión.
No habrán de incluir valoraciones ni calificaciones
y, si éstas se llegan a incorporar,
el tribunal debe tenerlas por no realizadas.
El tribunal, por tanto, decidirá sobre las preguntas
planteadas en el mismo acto del interrogatorio,
accediendo o admitiendo
las que puedan resultar conducentes a la averiguación
de los hechos y circunstancias contravertidas que guarden relación
con el objeto del juicio.
Se inadmitirán, por tanto, las preguntas que no se refieran
a conocimientos propios de un testigo.
Si, pese a haber sido inadmitida, se respondiese
a una pregunta, esa respuesta no constará en el acta.
En el acto del propio interrogatorio,
las partes distintas de quien haya formulado la pregunta
podrán impugnar su admisión.
Y hacer notar esas valoraciones o calificaciones
que estiman improcedentes y que, a su juicio,
deben tenerse por no realizadas.
La parte que se muestra disconforme con la inadmisión de las preguntas
podrá manifestarlo así y pedir que conste en acta
su protesta.
En algunas ocasiones puede resultar procedente que el tribunal
provoque un careo entre los testigos,
entre los peritos, entre los testigos y peritos
o entre todos ellos y las partes.
El primero, el careo entre testigos,
se producirá cuando los testigos incurran en graves contradicciones.
Entonces, el tribunal de oficio e instancia de parte podrá acordar
que se sometan a este careo.
El segundo, el careo entre los testigos
también podrá acordarse y celebrarse en razón de las respectivas
declaraciones.
Las declaraciones testificales prestadas.
En la vista o en el juicio se documentarán finalmente
conforme a las reglas generales de la documentación
de las actuaciones.
Los jueces y tribunales valorarán la fuerza probatoria
de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas
de la sana crítica, tomando en consideración
la razón de la ciencia que hubieran dado,
las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso,
las tachas formuladas y los resultados
de la prueba que sobre ellos se hubieran practicado.
Pasamos al reconocimiento judicial.
El reconocimiento judicial comporta la percepción personal,
física, directa e inmediata del tribunal respecto de algún sujeto,
objeto o lugar relacionado con el objeto del proceso.
La fortaleza de esta prueba reside precisamente
en esa reforzada inmediación, por cuanto el tribunal
será precisamente quien pueda examinar en primera persona
y sin ningún intermediario el objeto letigioso.
El reconocimiento judicial
se acordará cuando, para el esclarecimiento y apreciación
de los hechos, sea necesario o conveniente
que el tribunal examine por sí mismo algún lugar,
objeto o persona.
La parte procesal interesada en la práctica de esta prueba
habrá de expresar, de un lado,
los extremos principales del examen judicial que solicita,
en el bien entendido de que, una vez autorizada,
el tribunal gozará de total amplitud
para afrontar esta práctica y, de otro, la posible pretensión
de concurrir al acto si alguna persona técnica o práctica
en la materia lo precisa.
El reconocimiento judicial puede operar sobre personas,
objetos o lugares.
La práctica difiere, como es lógico,
en función de esta relevante clasificación.
Vamos a ver cada una de ellas.
El reconocimiento judicial
de una persona se practica a través de un interrogatorio
realizado por el tribunal que se adapta a las necesidades de cada caso
concreto.
En ese interrogatorio,
que podrá practicarse si las circunstancias
lo aconsejan a puerta cerrada o fuera de la sede del tribunal,
podrán intervenir las partes siempre que el tribunal no lo considere
perturbador para el buen fin de la diligencia.
En todo caso, en la práctica del reconocimiento judicial
se garantizará, como es lógico,
el respeto a la dignidad y a la intimidad de la persona.
El reconocimiento judicial de un lugar objeto
comportará el examen judicial personal, directo e inmediato
de ese concreto lugar o objeto al que en ocasiones,
también con la finalidad de mejorar el conocimiento
de esta opción probatoria,
se adiciona otro pericial o testifical conjunto.
Así, cuando el tribunal lo considere conveniente,
bien de oficio o bien a instancia de parte,
podrá disponer mediante providencia la concurrencia espacial y temporal
de la celebración conjunta de distintos mecanismos probatorios,
adicionados a la celebración de este reconocimiento judicial
en un único y mismo acto, concretamente los siguientes.
El reconocimiento judicial y el pericial sobre un mismo lugar,
objeto o persona.
El examen de los testigos a continuación
del reconocimiento judicial cuando la vista del lugar.
O de las cosas o personas
pueda contribuir a clarificar su testimonio.
El interrogatorio de la parte contraria,
también cuando la vista del lugar o de las cosas o personas
pueda contribuir a la claridad de su testimonio.
Y por último vamos a ver la reproducción de la palabra,
el sonido y la imagen.
Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción
ante el tribunal de las palabras, imagen y sonido
captados mediante instrumentos de filmación, grabación
u otros semejantes al objeto.
Al objeto de clarificar el contenido de estas muestras.
Al proponer esta prueba, la parte deberá acompañar en su caso
la transcripción escrita de las palabras
contenidas en el soporte de que se trate
y que resulten relevantes para el caso.
La parte que proponga este medio de prueba podrá,
a su vez, aportar dictámenes y medios de prueba instrumentales
que considere convenientes.
También, las otras partes podrán, como es lógico,
aportar dictámenes y medios de pruebas
cuando cuestionen la autenticidad o exactitud de lo reproducido.
De los actos que se realicen en aplicación de estas herramientas
de reproducción de la imagen, de la palabra, del sonido,
se levantará la oportuna acta donde se consignará cuanto
sea necesario para la identificación de las filmaciones, grabaciones
o reproducciones llevadas a cabo, así como, en su caso,
las justificaciones y dictámenes aportados o las pruebas practicadas.
El material que contenga la palabra, la imagen y el sonido
reproducidos habrán de conservarse por letrado o letrada
a la Administración de Justicia con referencia a los autos del juicio
y, en su caso, incorporarse al expediente judicial electrónico,
de modo que no sufra alteraciones.
El Tribunal valorará en todo caso.
Esta prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
Y ahora sí que, por último, estos instrumentos que permiten archivar
y conocer los datos relevantes para el proceso
es la última de las pruebas
nominadas de nuestra ley de acuciamiento civil.
Estos instrumentos que permiten archivar,
conocer o reproducir palabras, datos, cifras,
operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables
o de otra clase que por ser relevantes por el proceso
hayan sido admitidos como prueba serán examinados por el tribunal
por los medios que la parte proponen de aporte
o que el tribunal disponga a utilizar
y del modo que las demás partes del proceso puedan
con idéntico conocimiento del tribunal alegar y proponer
lo que a su derecho convenga.
La documentación en autos.
Se hará del modo más apropiado a la naturaleza del instrumento,
siempre bajo fe del letrado o letrada de la Administración de Justicia,
que en su caso adoptará también las medidas de custodia
que estime oportunas.
El Tribunal valorará en todo caso
el resultado arrojado por todos estos instrumentos,
conforme a las reglas de la sana crítica aplicables
a aquellos según su naturaleza.
Y con esto ponemos término a los mecanismos probatorios
de la jurisdicción civil.
Muchas gracias.