Programa 7.
Audiencia previa y audiencia principal.
La prueba.
Una vez contestada la demanda
o precluido el plazo para contestarla sin éxito,
esto es, sin que el demandado hubiera contestado,
comienza la segunda fase del proceso ordinario,
denominada audiencia previa.
La audiencia previa se rige por el principio de la oralidad.
Porque consistirá esencialmente en la celebración física
y en algunos casos que se analizarán telemática,
de una comparecencia ante el juez con asistencia de las partes,
con sus representantes en caso necesario
y sus respectivos defensores.
La audiencia previa sirve para la consecución
de las siguientes finalidades.
Primera finalidad de la audiencia previa,
la comprobación de la persistencia de la controversia.
Si las partes manifiestan al mismo inicio
de esta audiencia haber llegado a un acuerdo
o se muestran dispuestas a concluirlo de inmediato,
podrán desistir del proceso y solicitar que el tribunal
homologue en su caso lo acordado.
Segunda finalidad de la audiencia previa,
la depuración de los óbices procesales,
presupuestos o excepciones procesales
que obstaculizan el correcto mantenimiento del proceso judicial.
El Tribunal resolverá sobre cualesquiera circunstancias
que puedan impedir la válida prosecución del proceso
y su término mediante sentencia sobre el fondo,
y en especial sobre los siguientes.
La falta de capacidad de los litigantes o representación
en sus diversas clases, la cosa juzgada o litispendencia,
la falta del debido litisconsorcio pasivo necesario,
la inadecuación del procedimiento o el defecto en el modo
de proponer la demanda, en su caso la reconvención por falta
de claridad, por falta de precisión en la determinación
de las partes o de la petición que se deduzca.
La puntual corrección del.
O reparación de los presupuestos procesales
que fueran susceptibles de subsanación,
adviértase en este momento,
que no son susceptibles de subsanación ni la caducidad,
ni la litispendencia, ni la cosa juzgada,
estos tres presupuestos son insubsanables,
bueno, pues en el resto, será posible la subsanación de los mismos
y ello permitiría, en caso de ser subsanados,
la prosecución del procedimiento.
Pero la omisión de la subsanación dará normalmente lugar al archivo
de las actuaciones.
Si bien la solución legalmente ofrecida difere ya en función
de quién sea la parte que precisamente no subsana
ese obice procesal.
Así, cuando la parte obstaculizadora de la prosecución del procedimiento
por no subsanación de lo viceprocesal fuese el demandante,
se entiende que no tiene interés en mantenerse en el procedimiento
y ello provoca un auto de archivo, naturalmente,
sin fuerza de cosa juzgada,
puesto que es una resolución procesal.
Salvo que, eso sí, hubiera caducado en ese plazo,
en cuyo caso no podría volver a interponerse la demanda,
pero no porque la resolución anterior tuviese fuerza de cosa juzgada,
sino porque el plazo habría concluido.
Cuando la parte que obstaculiza la prosecución del procedimiento
porque no subsana un obice procesal es la parte demandada,
entonces la LEC con carácter general
permite la prosecución de las actuaciones procesales
sin su presencia y con efectos similares o análogos
a la rebeldía.
Porque no puede dejarse a voluntad,
precisamente de la parte pasiva del proceso o de la parte demandada,
la continuidad o no del mismo en función
de si subsana o no subsana un obice procesal determinante
para el mantenimiento de la pretensión.
La tercera finalidad de la audiencia previa
es la formulación de alegaciones complementarias,
aclaraciones o rectificaciones.
En la audiencia previa,
los litigantes sin alterar sustancialmente sus pretensiones,
esto es, sin modificar en ningún caso el objeto litigioso,
del proceso que quedó perfectamente delimitado,
como se ha visto en la fase anterior,
la fase de alegaciones conformada por la demanda,
contestación a la demanda y reconvención,
a partir de ahí quedaba prohibida la mutatio libelli,
se prohibía la mutación o modificación sustancial
del objeto del proceso, pero sin perjuicio de eso,
en este momento las partes podrán afrontar tres tipos
de nuevas alegaciones.
Primero, alegaciones complementarias en relación
con lo expuesto de contrario.
Segundo, aclaración de las alegaciones que hubieren formulado.
Y rectificación de extremos secundarios de sus pretensiones,
siempre sin alterar estas ni sus fundamentos.
Y al fin, tercero, alegación de hechos nuevos
o de nueva noticia.
Los hechos nuevos son los que acontecen por primera vez
una vez concluida la fase de alegaciones
y los hechos de nueva noticia son los que han acontecido
antes de que haya concluido esa fase de alegaciones,
pero de ellos se toma conocimiento,
se tiene conocimiento por primera vez.
Una vez concluida esa fase de alegaciones.
La cuarta finalidad de la audiencia previa
es la definitiva fijación de los hechos controvertidos,
la conformidad y la posible sentencia inmediata.
Porque la audiencia continuará
para que las partes o sus defensores con el tribunal fijen los hechos
sobre los que realmente exista conformidad o disconformidad
de los litigantes.
Y a la vista del objeto de la controversia,
el juez podrá, de nuevo,
exhortar a las partes, a sus representantes y a sus abogados
para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al litigio.
Si las partes no pusiesen fin al litigio mediante ese acuerdo,
pero estuviesen conformes con los hechos
y la única discrepancia quedase reducida a una cuestión
exclusivamente jurídica, pero no fáctica,
porque, insisto, están de acuerdo con los hechos,
entonces no resultará precisa la celebración de la siguiente fase,
que es la audiencia principal o juicio,
porque el tribunal en ese caso podrá dictar sentencia
dentro de los 20 días siguientes a aquel en el que termina
esta audiencia.
Ahora bien, las desavenencias no suelen
ser exclusivamente jurídicas o de aplicación del derecho,
sino que, desgraciadamente, suelen ser también fácticas
respecto de la averiguación de los hechos.
Y por esta razón,
lo habitual es que también se practique la siguiente fase,
que es la audiencia principal o juicio,
destinada exclusivamente a la práctica de la prueba.
Bien, la quinta finalidad es la proposición de las pruebas.
No su práctica, porque insisto,
la práctica se realiza en la fase siguiente,
que es la audiencia principal o juicio.
Aquí todavía estamos en la fase de audiencia previa,
donde se proponen.
En esta fase, por tanto,
las partes propondrán la prueba de forma verbal,
sin perjuicio de su obligación de aportar en el acto
escrito detallado de la misma,
pudiendo complementarlo durante la audiencia.
La omisión de la presentación de este escrito no dará lugar a la inadmisión
de la prueba, quedando condicionada ésta
a que se presente en el plazo de los dos días
siguientes.
Una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles,
el juez procederá a señalar la fecha del juicio,
que deberá celebrarse en el plazo de un mes
desde la conclusión de la audiencia.
Pasamos a la audiencia principal o juicio.
El juicio tiene por objeto, la audiencia principal,
la práctica de las pruebas.
En concreto, la práctica de las pruebas siguientes,
de declaración de las partes, testifical,
informes orales contradictorios de perito,
reconocimiento judicial en su caso,
reproducción de las palabras, imágenes y sonidos.
Tras la práctica de la prueba, y siempre en el propio juicio,
se formularán las conclusiones de estas.
Así, una vez practicadas las pruebas,
las partes formularán oralmente sus conclusiones
sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada,
clara y concisa si, a su juicio,
los hechos relevantes han sido o deben considerarse admitidos
o, en su caso, probados o inciertos.
A tal fin, harán un breve resumen de cada una de las pruebas
practicadas.
Podrán, asimismo, alegar lo que resulte de la carga
de la prueba sobre los hechos que se reputen dudosos.
La sentencia se dictará, en todo caso,
dentro de los 20 días siguientes a la terminación
de esta audiencia principal o juicio.
Dentro de este plazo de 20 días,
el tribunal todavía podrá autorizar mediante auto.
La práctica de las diligencias finales en tres casos,
concretamente en los siguientes.
Cuando por causas ajenas a la parte que las hubiese propuesto,
no se hubiese practicado alguna de las pruebas ya admitidas.
En segundo lugar, cuando se refieran a hechos nuevos
o de nueva noticia que deban practicarse ahora
y que antes no se pudieron practicar precisamente por causa de
que o bien no habían acontecido o bien no se tenía conocimiento
de los mismos.
Y en tercer lugar cuando deban practicarse
de nuevo pruebas sobre hechos relevantes oportunamente alegados
debido a que los actos de prueba anteriores
no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias
ya desaparecidas y en todo caso independientes
de la voluntad y diligencia de las partes siempre
que existan motivos fundados para creer
que las nuevas actuaciones probatorias permitirán adquirir
una certeza sobre esos hechos todavía inciertos.
Una vez practicadas estas diligencias probatorias finales,
entonces sí, las partes podrán dentro del quinto día
presentar escrito en el que resumen y valoran el resultado probatorio.
El plazo de 20 días para dictar sentencia,
como es lógico, comenzará otra de su cómputo
cuando transcurra el otorgado a las partes
para presentar este escrito recién mencionado,
que era un escrito derivado de la práctica que no siempre se da
de las diligencias finales.
En ocasiones, es decir,
cuando no concurren alguna de las tres causas
a las que me acabo de referir, pues no resulta preciso realizar
diligencias finales.
Bien, pasamos a la prueba.
La prueba tiene como objeto los hechos que guardan relación
con la tutela que se pretende obtener en el proceso.
Por eso es
considerada la médula espinal del proceso.
El proceso, celebrado sin prueba,
ante una manifiesta discordancia de los hechos, deviene inconsistente
porque no llegamos a conocer la realidad de los hechos
y mal puede aplicarse el derecho a unos hechos que no se consideran
ciertos.
El éxito, por tanto, de todo proceso judicial
descansa en la verificación de los hechos históricos
o empíricos, controvertidos, que se caracterizan precisamente
por estas observaciones.
Primero, son unos hechos ya pasados que pertenecen, por tanto,
a un periodo cronológico antiguo, acabado, concluso y sin retorno.
El tiempo nunca regresa.
En segundo lugar, se trata de unos hechos inmutables,
por cuanto la imposibilidad de retroceder en el tiempo
también impide que esos hechos puedan ser modificados
o revertidos.
En tercer lugar,
se trata de unos hechos desconocidos por el tribunal, que es precisamente
el principal destinatario de la prueba,
es el que debe conocer la veracidad de los hechos.
En tercer lugar, se trata de unos hechos controvertidos,
no son pacíficos.
Ya he dicho hace un rato que si los hechos son pacíficos,
si las partes están conformes con los hechos
y su única disconformidad es jurídica, entonces este periodo,
esta fase se amortiza.
No tendríamos una audiencia principal
o juicio destinada exclusivamente a la práctica de la prueba.
Y en quinto lugar, son unos hechos desconcertantes,
es decir, no son unos hechos evidentes,
palmarios, notorios, claros, diáfanos.
La prueba, por tanto, es la actividad procesal
con categoría de derecho fundamental.
El artículo 24.2 de la Constitución
reconoce como derecho fundamental de naturaleza procesal
el derecho a la práctica de la prueba encauzada a demostrar
ante el juez legal predeterminado por la ley
la veracidad o la falsedad de las alegaciones fácticas controvertidas
son las que se sustentan las pretensiones actora o defensiva
de las partes y siempre bajo los principios de publicidad,
oralidad, concentración y mediación.
De este concepto cabe extraer las siguientes notas
o características esenciales.
Primero, el derecho a la práctica de la prueba es, en primer lugar,
un derecho fundamental de naturaleza procesal contenido
en el artículo 24.2 de la Constitución.
Como cualquier otro derecho fundamental,
el derecho a la prueba no es un derecho absoluto
ni limitado.
Su alcance no es absoluto, insisto, sino que habrá de acomodarse
a las coordinadas legales y judiciales determinadas legales,
esto es, a las normas que disciplinan el procedimiento probatorio
y coordinadas judiciales, esto es, a la discrecionalidad
judicial a la hora de determinar la necesidad,
la pertinencia y la utilidad de cada una de las pruebas
que se propongan caso por caso.
La prueba es además una actividad procesal
porque no tiene mayor alcance,
mayor realidad o mayor proyección que la vertida en el proceso judicial.
Ello comporta que toda prueba ensayada fuera de los confines
del procedimiento, esto es, al margen del proceso,
carece de entidad procesal y por tanto no cumplirá
su finalidad esencial de formar una definitiva convicción judicial
acerca de la única realidad de los hechos frente
a las múltiples, dos o más heterogéneas versiones
ofrecidas por las partes.
La prueba del proceso civil dispositivo
corresponde exclusivamente a las partes.
La primera manifestación del principio dispositivo,
que ya conocemos,
referente a la necesaria instancia de parte,
recuérdese, ne mo iudex sine actore, no hay juicio sin un actor,
o ne procedat iudex ex officio, no proceda al juez de oficio,
ya estudiadas, cristalizan en la exclusiva introducción por las partes
de los hechos al proceso.
Dame factum et dago tibius,
dame a mí los hechos y yo te daré el derecho,
dice el juez civil del proceso dispositivo,
imposibilitado para incorporar hechos al proceso por sí mismo.
Y la segunda, se concreta la imprescindible asunción
por las partes de la práctica de la prueba sobre hechos conflictivos
que precisamente han sido incorporados por ellos al proceso
y nunca por el propio juez.
Iudex iudicare debet, secundum alegata et probata partium.
El juez debe enjuiciar conforme a lo alegado
y probado por las partes.
La prueba del proceso civil dispositivo
se dirige fundamentalmente al tribunal.
Y ello porque la finalidad esencial de la prueba se residencia
en la aplicación judicial del derecho sobre unos hechos ciertos
y no sobre otros falsos.
La justicia o injusticia de la respuesta
dependerá en buena medida de que el derecho objetivo
que se aplique a unos hechos subjetivos sea cierto
y esas certezas tan sólo se puede alcanzar cuando las versiones
ofrecidas por las partes siendo dispares.
Sean sometidas a un procedimiento probatorio
la prueba ha de versar sobre hechos nunca sobre el derecho
con la excepción como se verá del derecho extranjero
o del publicado en boletines distintos
a nuestro boletín oficial del estado por razón de la dificultad
de su localización pero en otro caso
los hechos han de ser como es lógico los únicos susceptibles
de ser probados hechos que son conflictivos contradictorios
o controvertidos.
Porque los hechos pacíficos tampoco precisan prueba, sino simple
y llanamente lo único que precisan los hechos pacíficos
es la aplicación del derecho.
La prueba de practicarse en el marco habilitante
de un procedimiento legalmente establecido,
acorde a los más elementales principios de inmediación,
publicidad, oralidad, concentración y contradicción.
Ello supone que el juez legal predeterminado por la ley es el único
autorizado para practicar siempre en su presencia la prueba,
principio de inmediación en su presencia, de manera inmediata
ante el juez.
De entre toda la prueba sugerida por las partes,
principio de aportación o justicia rogada,
sólo las partes aportan la prueba.
Y dentro de toda ella, aquella que resulte
pertinente y útil en el seno de un proceso público,
principios de oralidad y de publicidad,
en el que además se ha de velar por la práctica unificada,
centralizada y al término concentrada,
principio de concentración,
para que no se vaya de la memoria del juez
la práctica de la prueba concatenada y concentrada cronológicamente
en un tiempo corto, en el tiempo de todos esos hechos
controvertidos por las partes, principio de contradicción,
las partes contrarios, Han de presenciar las dos,
la práctica de la prueba para poder de manera inmediata
y ante el juez valorar la prueba que se está practicando.
Bien, el objeto de la prueba se contrae a los hechos conflictivos
o contradictorios narrados por las partes, actor o demandado,
y directamente relacionados, como ya he dicho,
con la tutela pretendida.
De esta premisa, aparentemente sencilla,
se extraen también nuevas conclusiones.
Primera, tan solo los hechos narrados por las partes, activa o pasiva,
y no el derecho, son susceptibles de ser probados.
Esta primera conclusión lógica encuentra su fundamento
en dos evidencias.
Primera, el tribunal conoce el derecho, iuranovit curia,
y tiene el deber de aplicarlo, da ami factum et davo tibi ius.
Segunda, el derecho no pertenece a la ciencia privada de las partes.
El derecho es público y notorio,
es conocido fácilmente, accesible para toda la sociedad.
Recuérdese que el Boletín Oficial del Estado
nos ofrece diariamente, en abierto y de forma gratuita,
toda la legislación actualizada.
En consecuencia, el derecho con carácter general no se prueba.
Ahora bien, sí será objeto de prueba la costumbre
y el derecho extranjero.
No todos los hechos del proceso precisan prueba,
sino sólo esos que guardan estrecha relación
con la tutela judicial que se pretende.
Por eso, La prueba tendrá como objeto
los hechos que guarda en relación con la tutela judicial
que se pretende obtener en el proceso,
siempre que se cumplan los presupuestos de legalidad
y licitud.
El derecho a la práctica de la prueba,
pese a engrosar ese listado de derechos fundamentales
de naturaleza procesal contenidos en el artículo 24.2
de la Constitución, no conlleva ni mucho menos
que las partes tengan un derecho absoluto
a practicar de forma ilimitada
cuantos medios de prueba les parezcan oportunos,
sino tan sólo aquellos que pasan el tamiz judicial de la pertinencia,
utilidad, legalidad y licitud.
Veamos por tanto esos principales atributos
de los que debe gozar la prueba para que pueda llegar
a ser practicada.
Primero la pertinencia.
La pertinencia se refiere a la más sencilla,
recta y directa relación entre el objeto de la prueba
y el objeto del proceso.
Porque por muy ilustrativos
que puedan llegar a ser los matices, los detalles,
incluso las connotaciones de los hechos colindantes,
lo cierto es que si no guardan una relación franca,
estrecha y directa con el objeto del juicio, entonces carecen de valor
para influir en la valoración de los realmente pertinentes,
debiendo precisamente por esa falta de relación
con el objeto procesal quedar desechados.
Luego la única prueba que se permite,
será la pertinente la que guarda una relación directa
con el objeto del proceso.
Segundo, utilidad.
La utilidad se refiere a la aportación,
conforme a pautas razonables, convincentes y fiables,
de una información que sea valiosa
para el esclarecimiento de los hechos.
Porque no toda la prueba pertinente, esto es, no toda esa prueba
que guarda relación con los hechos, objeto del proceso,
contribuye además a iluminarlos, a verificarlos o a contrastarlos,
sino tan solo aquella que, siendo desconocida para el tribunal,
se le propone con toda la oportunidad, novedad
y originalidad para ser practicada en pleno procedimiento probatorio.
Es decir, esa que además aporta luz e información
sobre el objeto susceptible de ser enjuiciado.
En tercer lugar, la legalidad.
La legalidad de la prueba se refiere a su preparación,
práctica y conservación conforme a los protocolos
legalmente establecidos.
De suerte que la prueba practicada con vulneración
de la legalidad ordinaria, prueba prohibida,
o a la legalidad constitucional, prueba ilícita,
esa queda, lógicamente, en un Estado democrático de derecho
como el nuestro, automáticamente descartada.
Por último, la licitud de la prueba.
La ilicitud de la prueba se relaciona también con la vulneración
de derechos fundamentales.
No basta que el tribunal constate, tras una incipiente valoración,
la pertinencia, la íntima relación con el objeto del proceso,
la utilidad o capacidad informativa
de cara a ilustrar sobre aspectos desconocidos de ese objeto
y la legalidad o puntual cumplimiento de la ley,
sino que además la prueba habrá de ser lícita.
Lícita significa que habrá de ser escrupulosamente respetuosa
con todos y cada uno de los derechos fundamentales
contenidos en la Constitución.
Así, la Ley de Juzgamiento Civil se refiere a esta prueba
de valoración prohibida cuando nos advierte
que cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención
o origen de alguna prueba admitida se han vulnerado
derechos fundamentales,
habrá de alegarlo de inmediato con traslado, en su caso,
a las demás partes.
Sobre esta cuestión,
que también podrá ser suscitada de oficio por el propio tribunal,
se resolverá en el acto del juicio.
Y a este efecto se oirán las partes y, en su caso,
se practicarán las pruebas pertinentes y útiles que se propongan
en el acto sobre el concreto extremo de la referida ilicitud.
No todos los hechos que guardan estrecha relación
con el objeto litigioso
y son útiles para resolverlo precisan prueba, además, sino tan solo
aquellos que son contradictorios, controvertidos o conflictivos,
porque los hechos pacíficos no necesitan,
como es lógico, prueba.
Se limitan, más bien, se ciñen a la contradicción,
a una diversa interpretación jurídica.
Por tanto, están exentos de prueba
los hechos sobre los que exista la plena conformidad de las partes,
salvo en los casos en los que la materia objeto
del proceso esté fuera del poder de disposición
de los litigantes.
Tampoco los hechos contravertidos,
que a su vez guardan estrecha relación con el objeto
y son útiles, precisan prueba,
sino sólo aquellos que además son desconocidos
por haberse desarrollado en un tiempo y lugar privado,
ignorado, oculto, extraño o irreconocible.
Así no será preciso probar los hechos que gozan de una notoriedad general
y absoluta.
Por hechos notorios cabe entender aquellos cuya realidad es evidente,
es obvia, es patente, es palmaria, es manifiesta.
Podemos poner como ejemplo que es evidente que había luz natural
a las 12 de la mañana en una plaza pública
de una ciudad del sur de España o que había nocturnidad
a esa misma hora a las 12, si lo es de la noche.
Por tanto, cuando los hechos
son indudables, irrefutables, irrebatibles e incuestionables,
no precisan prueba.
Finalmente, tampoco precisan prueba esos hechos que se tienen,
por cierto, merced o gracias a una presunción.
La presunción estriba básicamente en la actividad intelectual
del juez, consistente en tener, por cierto, verídico y real,
un hecho presunto a partir de otro, denominado base o indicio,
ya admitido o probado,
si entre ambos existe una interrelación lógica
o, en terminología legal, un enlace preciso y directo
según las reglas del criterio humano.
Por tanto, la ALEC nos explica que, a partir de un hecho admitido
o probado, el tribunal podrá presumir la certeza,
a los efectos del proceso, de otro hecho,
si entre el admitido o demostrado y el presunto.
Existe ese enlace preciso y directo
según las reglas del criterio humano.
Estas presunciones pueden ser legales o judiciales
y la diferencia es simple.
Son presunciones legales aquellas
en las que la interrelación, la causalidad,
el nexo o ese denominado enlace preciso y directo
entre las reglas del criterio humano,
entre el hecho presunto,
y el hecho cierto viene previsto legalmente.
Sin embargo, serán presunciones judiciales
aquellas otras en las que esa interrelación,
causalidad, nexo o enlace ya corresponde al tribunal.
Las presunciones legales podrán a su vez ser de dos tipos.
Primero, aquellas que admiten prueba en contrario,
sería una presunción iuris tantum,
y aquellas que no admiten prueba en contrario.
Vamos con la primera.
Presunciones legales que admiten prueba en contrario.
Cuando la ley establezca una presunción,
salvo prueba en contrario, ésta podrá dirigirse tanto
a probar la inexistencia del hecho presunto.
Como a demostrar que no existe en el caso de que se trate el enlace
que ha de haber entre el hecho que se presume
y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción.
Y ahora vemos las presunciones legales que no admiten prueba
en contrario.
Presunciones iuris et iuri.
Son las presunciones que establecidas en la ley
admitirán la prueba en contrario
salvo en los casos en los que esté expresamente prohibida.
Judiciales, en todo caso, serán siempre iuris tantum
y, en consecuencia, admitirán prueba en contrario.
Frente a la posible formulación de una presunción judicial,
el litigante perjudicado por ella
siempre podrá practicar prueba en contrario,
debiendo el tribunal, en todo caso, incluir en la sentencia
el razonamiento judicial en virtud del cual se ha establecido
la presunción.
Bien, los sujetos de la prueba.
La prueba del proceso civil regida por el principio de aportación
o de justicia rogada corresponde exclusivamente a las partes.
La primera manifestación del principio dispositivo referente
a la necesaria instancia de parte.
Recuérdese, ne mo iudex sine actore, no hay juicio sin actor,
ne proceda tiudex ex oficio, no proceda el juez de oficio,
tiene dos manifestaciones o proyecciones prácticas esenciales.
La primera cristaliza en la exclusiva introducción
por las partes de los hechos al proceso.
Dame factum et davo tibius,
dame a mí los hechos y yo te daré el derecho.
Recuérdese, esto lo dice un juez civil del proceso dispositivo
imposibilitado para incorporar los hechos al proceso por sí mismo
y la segunda se concreta precisamente en la imprescindible asunción
por estas mismas partes de la práctica de la prueba
sobre los hechos conflictivos
que precisamente han sido incorporados por ellas al proceso
y nunca por el propio juez iudex iudicare debet secundum
alegata et probata partium el juez debe enjuiciar los hechos
conforme a lo alegado y probado por las partes
de esto ya hemos hablado sin embargo.
En los procesos civiles de naturaleza indisponible,
recuerdese, aquellos en los que se ven afectados derechos,
bienes o intereses de personas especialmente vulnerables,
o bien aquellos procesos en los que.
Impera un orden público, el interés social,
trasciende a los intereses de las partes.
Esos procesos civiles de naturaleza indisponible
no se rigen por el principio dispositivo,
sino por el principio de investigación.
Por tanto, el juez puede introducir hechos al proceso,
puede sugerir, imponer, ensayar de oficio
mecanismos probatorios que resulten a su juicio oportunos para clarificar
los hechos sobre los que luego se ha de pronunciar jurídicamente.
Por tanto, los bienes, derechos e intereses susceptibles
de enjuiciamiento en los procesos civiles de naturaleza indisponible,
que no son propiedad ni patrimonio de las personas,
en ellos las partes no podrán disponer de la prueba,
como tampoco han dispuesto del monopolio de la introducción
de los hechos,
ni son dueños de la introducción de los hechos,
ni tampoco de la prueba que acredita la veracidad de esos hechos.
De ahí que la ley respecto de estos procesos especiales
reconozca la posibilidad.
De que el juez introduzca hechos
y la propuesta de prueba sobre estos hechos al proceso.
Se trata de los casos afectantes a procesos especiales
que versan sobre adopción de medidas judiciales de apoyo
a personas con discapacidad, filiación, matrimonio, menores.
Y respecto de todos ellos, establece que sin perjuicio de las pruebas
que se practiquen en instancia del Ministerio Fiscal,
y de las demás partes, el Tribunal podrá decretar de oficio
las pruebas que estime pertinentes.
La carga de la prueba consiste en el establecimiento
de unos cánones o criterios de actuación judicial general y común
frente a la ausencia o insuficiencia de actividad probatoria
y tiene una doble proyección, formal y material.
La carga de la prueba formal o subjetiva
sirve para determinar positivamente a quién, a qué parte,
si al actor o al demandado, corresponde en cada caso
practicar la prueba y la carga de la prueba material o subjetiva.
Por finalidad concretar también en cada supuesto
a quién perjudicará la ausencia o insuficiencia probatoria.
La regla nuclear de la carga de la prueba formal
nos indica a quién corresponde probar cada pretensión.
Entretanto, al actor o demandante le corresponde, como es lógico,
probar los hechos en los que fundamenta su pretensión
actora, sus hechos constitutivos.
Sin embargo, al demandado le corresponde hacer lo propio
con respecto a esos otros hechos en los que ampara.
O basa su pretensión defensiva, hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes.
El artículo 217 de la Ley de Juzgamiento Civil
establece con toda nitidez esta máxima categórica
de la carga formal de la prueba.
Y lo dirige a la parte activa,
dice, corresponde al actor y al demandado reconveniente,
el demandado reconveniente en realidad
es un actor reconvencional,
corresponde a ellos la carga de probar,
la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda,
según las normas jurídicas a ellos son aplicables,
el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda
y la reconvención.
Y luego a la parte pasiva, incumbe al demandado
y al actor reconvenido, que es el demandado, en este caso, la carga
de probar los hechos que conforme a las normas que le sean aplicables,
impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica
de los hechos a los que me acabo de referir.
Esta regla general encuentra una excepción en esos casos
en los que la carga de la prueba se debe desplazar
de una parte procesal a otra,
bien de la activa a la pasiva o de la pasiva a la activa,
por razón de la mayor facilidad probatoria de una frente a la otra.
Recuérdese que en un estado democrático de derecho
no debe imponerse una probatio diabólica,
es decir, algo imposible de probar a ninguna de las partes.
Por ello, En algunos casos excepcionales,
la carga de la prueba se desplaza hacia aquella parte
a la que le resulta mucho más fácil practicar una prueba
cuando a la otra le resulta muy difícil
o incluso imposible.
En esos casos, el tribunal deberá tener presente
la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde
a cada una de las partes en el litigio.
La regla de la carga de la prueba material objetiva
de aplicación subsidiaria respecto a la anterior,
por cuanto sólo cobra virtualidad ante la ausencia o insuficiencia
de la prueba solicitada y efectivamente practicada
por las partes,
nos orienta acerca de quién debe soportar el perjuicio de la ausencia
o insuficiencia probatoria.
En primer lugar, el actor,
sea principal, sea reconvencional, se verá expuesto, lamentablemente,
a la desestimación de su pretensión constitutiva
cuando estuviera amparado en hechos
que permanezcan inciertos al término del proceso como consecuencia
de una ausencia o insuficiencia probatoria.
Si no logra probar sus hechos constitutivos,
desgraciadamente, no podrá ganar su pretensión constitutiva
al término del proceso.
En cambio, en segundo lugar, el demandado,
sea principal o reconvenido, se verá asimismo
expuesto a la desestimación de su pretensión defensiva
cuando los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
en que ampara su defensa, al término del proceso, quedan inciertos
como consecuencia de la ausencia o insuficiencia probatoria.
Esto es, si el actor ha logrado demostrar sus hechos constitutivos,
pero el demandado no ha podido demostrar sus hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes, lógicamente, por esta ausencia
o insuficiencia probatoria, no resultará exitosa,
en este segundo caso, la pretensión defensiva.
Finalmente, el artículo 217 de la Ley de Juiciamiento Civil
establece que,
cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante,
el tribunal considere dudosos unos hechos relevantes
para decisión,
desestimirá las pretensiones del actor principal
o del actor reconviniente o las del demandado.
Reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga
de aprobar los hechos cuando desgraciadamente permanezcan
inciertos y fundamenten sus respectivas pretensiones.
Y con esto ponemos término a este relevantísimo tema
que afecta a la audiencia principal
o juicio donde se practica la prueba.
Muchas gracias.