Pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Y en primer lugar, bueno, pues agradecer a Javier Serra
la invitación a participar en estas jornadas
y el excelente programa y plantel.
Creo que además son unas jornadas tan interesantes y necesarias.
Y muchas gracias, Safira, por tu introducción.
Al plantear la mesa, sí que haré referencia a lo mejor
a algunos retos a revertir o algunas precisiones o medidas
en las que podrían corregirse.
Sobre todo, aquí lo dejo
y quizás en tema de posterior debate y pregunta,
que se invite a la reflexión.
Es cierto que he llegado tarde esta mañana
y sí que se ha apuntado con el ámbito material.
Creo que no sé si se ha extendido mucho
sobre el ámbito material restrictivo,
pero sí que quería apuntar algunas cosas.
Esta de la Ley 2.023, esta amplitud del ámbito material
de aplicación que hace la ley con respecto a la directiva
y, sobre todo, también la dificultad para un legón derecho
de determinar por si una infracción, la acción o omisión
es una infracción penal o administrativa o grave,
muy grave, yo creo que.
Eso es lo que se ha apuntado.
Desde luego es un punto débil, porque quizás es mucho más fácil
moverse en el ámbito del derecho de la Unión Europea,
en el que habla de las infracciones
en el ámbito del derecho de la Unión,
sin tener que identificar el informante si esas infracciones
o acciones o omisiones están tipificadas como graves,
muy graves o no.
Son con esos incumplimientos.
Sin embargo, en el caso de la ley se exige también
a la persona informante ese plus
de tener que determinar o encajar si esa posible acción
o omisión pudiera, primero, que pueda ser un ilícito penal
o, si ya es administrativo, determinar si es grave o muy grave
para que pueda tener esa protección.
Con lo cual, esto, como se ha apuntado,
como digo, esta mañana,
puede ser un poco disuasorio el tener que a una persona legal derecho
tener que hacer esa averiguación.
También coincido en lo que se ha apuntado esta mañana
y se ha apuntado también en julio,
sobre las exclusiones de las infracciones leves.
Lo deseable sería que se pudiera abarcar incluso también a las leves,
pero yo creo que hay que ser realistas,
los recursos son limitados y, como bien lo deja la exposición
de motivos, yo creo que hay que atacar
o permitir que se pueda concentrar la actividad investigadora
en los aspectos en las vulneraciones de mayor impacto
o más grave.
Como digo, lo deseable sería lo primero,
pero hay que ser realista.
Luego, otra cosa es que, en mi punto de vista,
también se complica un poquillo más la cosa,
las diferencias entre la ley y la directiva,
si tenemos en cuenta que la ley no regula las infracciones
potenciales o los intentos de ocultar las infracciones.
También define de forma diferente
lo que son los conflictos interpersonales.
Amplía el ámbito de las exclusiones previsto en la directiva,
incluyendo también, quizás sin justificación,
lo que es la extensión del secreto profesional
a las fuerzas y grupos de seguridad.
Incluye dos supuestos de inadmisión,
que quizás pueden ser discutibles,
que no están previstos en la directiva,
y es que la denuncia ya fuese inadmitida
por algún canal interno de información.
Esto creo que, además de resultar arbitrario,
sí que deja en manos de la organización
en cuyo seno se ha cometido esa infracción la decisión de otorgar
o no protección al denunciante.
Y otro aspecto es la inadmisión de la denuncia
si la información se obtiene mediante la comisión de un delito.
Entonces, esta estrategia quizás o esta reflexión del legislador
a la hora de ampliar el ámbito material,
como se ha dicho,
sin limitación de ámbitos materiales,
pero esa premisa que tengan que ser infracciones privadas,
tipificadas, acciones u omisiones
tipificadas como infracción penal o administrativa grave o muy grave,
pues también tiene inconvenientes.
Por un lado, no sé si se ha apuntado,
pero a mí que me gusta también la contratación pública,
pues es uno de los sectores de mayor riesgo,
susceptibles o más vulnerables en materia de corrupción,
Y esta ley, la ley 9-2017, no tiene un catálogo de infracciones
y sanciones.
Con lo cual, todos los incumplimientos
que no estuvieran cubiertos por el derecho de la Unión solo
podrían ser comunicados, si es posible,
o asumirlos en tipos genéricos del Código Penal.
Y, bueno, pues esto quizás a lo mejor es demasiado.
No sabría definirlo.
Es verdad que, bueno,
y aquí haciendo un inciso en el ámbito de la Administración,
si tenemos en cuenta, por hacer referencia
al último informe de mapa de riesgos de Laura Iscón,
bueno, pues hace un catálogo que no es una numeración exhaustiva,
pero, por ejemplo,
pues desde el fraccionamiento del objeto,
el abuso de los procedimientos negociados,
la no declaración de posibles conflictos de intereses,
En fin, no voy a leer toda la lista,
pero los riesgos o las irregularidades más evidentes.
Bueno, pues quizás estas conductas, lógicamente,
que fuesen cometidas por empleados públicos sí que podrían tener
o reconducirse dentro del estatuto básico del empleado público
y podrían subsumirse en alguna de las faltas disciplinarias
tipificadas en el artículo 95 como muy graves.
También es posible que estas conductas
pudieran dar lugar a una responsabilidad contable
si con ello se produce una mala utilización
de los caudales públicos.
Y, bueno, por supuesto está el código penal.
Lo digo por esa reflexión
que haciendo al principio podría encontrarse esta solución,
por supuesto respetando los principios de legalidad
y tipicidad.
Y luego también hace referencia
que, con respecto a la contratación pública,
sí que la ley establece esa posibilidad
de que la autoridad independiente, en caso de infracciones muy graves,
pueda imponer, además de la multa que proceda,
las prohibiciones de contratar con un máximo de tres años.
Otro aspecto, y si no me da tiempo para el final,
revertirnos posible a lo mejor la baja todavía mentalidad
o conciencia de denunciar, que es otro de los temas,
si lo que queremos es potenciar que se informan,
que se pongan conocimiento,
cómo habría que revertir no solamente con mecanismos legales,
sino también esa conciencia, formación,
todavía superar esas barreras sociales y psicológicas.
Hay que ponernos no en lo posterior, sino en todo lo anterior,
en todos los motivos para que lleven a la persona a tener esa seguridad
o esa confianza en poder comunicar esos hechos.
Pero bueno, como digo,
si puedo o si no para el debate.
Sí que querría hacer también referencia
a las medidas complementarias,
así como también a algunos problemas desde un punto de vista
dentro de la cobertura a los facilitadores
y al entorno dentro de esas medidas.
Bueno, nos habla la ley en el artículo 37
de medidas de información.
Tendrán derecho a esa información, asesoramiento y asistencia efectiva.
Esa información, lógicamente, consiste quizás en ilustrar
a todos los posibles colaboradores de una manera genérica
de cuáles son los protocolos, cuáles son los derechos que tienen,
mientras que ya cuando se trata de asesoramiento quizás
es un flux personalizado,
de llevar a cabo un análisis de esa situación concreta.
Donde quiero llamar más la atención es lo de la asistencia jurídica,
porque en el artículo 37.2 de la ley se hace referencia
a que podrán obtener el beneficio de asistencia jurídica gratuita
si cumplen con esos criterios de capacidad económica
que están previstos en la ley 1.1996.
Basta que no superen cuatro veces sus ingresos
el indicador público de renta de efectos múltiples vigentes
para que pudieran disfrutar de esa representación
y defensa gratuita.
Luego, si nos vamos al artículo 37.1c, nos hace referencia
a que los informantes tendrán derecho a ese apoyo jurídico.
Es uno de los derechos que le asisten.
Pero no se dice expresamente
ni se reconoce que eso fuera gratuito.
Y otro de los aspectos
es que solamente es para los procesos judiciales.
¿Qué pasa?
Debería adelantarse el escalón desde mi punto de vista
y ponerlo también ese derecho en la fase administrativa previa
a la judicial.
Por lo que se refiere al apoyo financiero y psicológico,
bueno, pues aquí también nos dice el artículo 37.1
de que tienen derecho a recibir ese apoyo financiero
si así lo decidiese la autoridad independiente
tras la valoración de las circunstancias.
Aquí también hay un poco discrepancia
desde el punto de vista entre la ley y la directiva,
porque parece que es como de manera excepcional,
tras una valoración de las circunstancias,
así se decidiese.
Por tanto, no se concede automáticamente,
depende de esa valoración individualizada.
Mientras que en el caso de la directiva, en el artículo 20
habla que.
Los estados podrán prestar asistencia financiera
y medidas de apoyo, podrán prestar,
pero no dice que sean excepcionales ni que tengan que ser,
pueden ser ordinarias, no de manera excepcional.
Con lo cual, yo creo que deberían fijarse,
quizás, en la reglamentación, propuestas para mejorar,
unos criterios, por supuesto, claros y objetivos y transparentes
para acceder a ese apoyo psicológico y financiero,
sin perjuicio de que exista luego esa valoración.
Pero si vamos concretando.
Algunos algunos criterios o protocolos sería suficiente
y por supuesto claro dotar de medios a la autoridad independiente
y de recursos lógicamente pero pero bueno consecuencias
prácticas negativas ya pues ya me quedan dos minutos
y los tengo.
Me dejo casi lo de la cobertura de los facilitadores
y el entorno, que era lo que aquí también quería hacer hincapié.
Porque si el artículo 3.4
dice que también tienen cobertura o esas medidas,
no solamente la persona que informa, sino los facilitadores y entorno,
aquí es donde viene, desde mi punto de vista,
el meollo.
No detalla cómo se ejecuta la ley esa protección.
¿Cuáles son exactamente esas medidas aplicables
y cómo deberían protegerse concretamente estos derechos?
Por tanto, esta ausencia en la ley a falta
de un reglamento específico creo que crea varias dificultades
y ahí lo apunto.
Ambigüedad e inseguridad jurídica.
No queda claro qué acciones o qué situaciones específicas
califican como represalias indirectas contra facilitadores o entorno.
Desprotección efectiva del entorno del informante.
Al no existir unas reglas claras, resulta difícil para estas personas
reclamar o demostrar esas represalias indirectas.
Y luego también eso supondrá el riesgo de desincentivar el apoyo
al denunciante.
Y bueno,
pues para no abusar de mi tiempo, pues lo dejo aquí sin perjuicio,
como digo en el debate, poder apuntar algo más.
Muchas gracias.
Volveremos en una ronda complementaria.
Gracias, Belén.