Muchas gracias también, Marta, sobre todo porque has hecho
un esfuerzo de síntesis casi de opositora.
Ha sido muy sintética, muy clara,
como lo ha sido Manuel antes también,
y todo cuestiones muy interesantes.
Yo, insisto, soy el moderador, pero os escucho,
y a los dos habéis incidido en ello, entonces hay una cosa
que quisiera decir, que es que la ley de enjuiciamiento criminal.
Hablando de.
Me ha parecido entender las llamadas cultura de la legalidad,
pero en los procesalistas hablamos de la cultura del cumplimiento.
Yo creo que hay que fomentar la cultura del cumplimiento.
Pero quería decir que la ley de despreciamiento criminal,
hablando de denuncias, ya establece que la denuncia de los ciudadanos
cuando conocen la Comisión de Derecho Delictivo
es un deber, un deber de los ciudadanos,
desde el año 1882.
Lo que pasa es que, claro, está sujeto a una sanción.
De multa de 25 a 250 pesetas.
El legislador no se ha molestado en actualizar el importe
de la multa.
Pero ese deber, como deber ético ciudadano,
está presente en nuestro ordenamiento jurídico,
también como deber legal.
Es lo único que quería decir.
Y se me olvidaba, disculpadme, hablaba de sinergias
y de colaboración.
Por supuesto, también quiero destacar la colaboración
de las entidades privadas, que nos echéis una mano,
asociaciones, fundaciones de otro tipo de entidades que.
Que estéis detrás de nosotros,
que nos apremiáis también a cumplir bien con nuestras funciones
y por tanto también nos agradezco muchísimo a los que estéis presentes
y a los que no vuestro apoyo.
Bueno, ahora el tiempo ya, sí,
para escuchar con el máximo interés a Miguel Ángel Jimeno,
que es una de las personas más experimentadas
de la mesa en estos asuntos
y aquí estamos para escucharte, Miguel Ángel.
Gracias, gracias.
Quiero que situarles.
En primer lugar, bueno, sí, gracias.
Bueno, por darle las gracias a los organizadores
de estas jornadas, que he visto el programa, me parece magnífica,
sinceramente lo digo.
En realidad es un índice que yo me he apuntado,
me he apuntado no solamente para seguirlo en la medida
de lo posible,
sino también para que plantea interrogantes sobre las actuaciones
que deben tenerse en todos los ámbitos
de implementación de esta ley.
Y, por supuesto, no quiero pasar la oportunidad
sin felicitar a Manuel, a Manuel.
Gloria, porque creo que además como autoridad independiente
ahora va a ser un referente que tendremos todos,
con el cual podremos debatir.
Y espero que se una a esa organización de facto,
que no de lluvia, que hemos organizado,
que lo llamamos La Red, casi parece de película.
Así un poco extraña, ¿no?
, de algo secreto,
que no lo es, porque está toda la Administración General del Estado,
para decir, todas las instituciones que en nuestro ámbito
se mueven de la Administración General del Estado,
otras instituciones del ámbito local,
instituciones del ámbito autonómico,
como es similar esa a la nuestra.
En fin, los organismos del Tribunal de Cuentas Autonómicas
que se dan, por tanto,
de una variedad que nos permite debatir y sacar conclusiones
en algunas de las cosas.
Creo que será un foro interesante para que hagamos este y muchos más.
Ya muy rápidamente quiero situarles en un contexto.
La Oficina Antifraude de Cataluña se crea por una ley del año 2008,
la 14-2008.
Esta tiene dos funciones básicas, además de otras.
Una es sobre un control de aquellas.
En el ámbito público,
en el ámbito de lo público exclusivamente,
tanto en el ámbito de investigación como en el ámbito de prevención.
En el ámbito de investigación se asemeja bastante a los.
Al recorrido que tiene la 2.23, porque al final,
después de la investigación que realizamos en nuestro ámbito,
siempre acaba o bien en el Ministerio Fiscal
o bien en el Tribunal de Cuentas
o bien en la autoridad donde se ha cometido aquella irregularidad
que tiene que resolver sobre la cuestión.
Lo que sí que es cierto,
y es algo que quería añadir a lo que, en fin,
una acotación a lo que hablaba antes el profesor Villoria,
es que nosotros hacemos un seguimiento.
Después del cumplimiento.
Seguimiento que puede ser
una de las bases para permitir que esto realmente prospere.
De verdad, no se trata exclusivamente de señalar una irregularidad
o señalar una infracción que pueda ser sancionable o no,
que esa es otra cuestión que se plantea.
Por tanto, eso de momento era así.
¿Qué pasa que en el año 2023?
Finalmente, después de la directiva del 2019
y después de pasar el plazo legal para la transposición,
ya estábamos a punto de aplicarla directamente en algunos aspectos,
en aquellos que eran de derechos directos.
Nos encontramos con la Ley 223,
que efectivamente yo he defendido siempre.
Que no es la ley que yo habría hecho,
como pasa siempre con una ley,
lo único que tiene coherencia es el anteproyecto,
porque a partir de ahí, bueno, el anteproyecto niquiera,
el borrador seguramente es el que es más coherente,
que después cuando llega a transformarse en un decreto
o en una ley, pues bueno,
como se ha habido intervenciones diversas,
pues aquello se plantean unas cuestiones que pueden
ser contradictorias, vacíos, etcétera, etcétera.
Pero tenemos una ley.
Estamos mucho mejor que antes porque tenemos una ley.
No solo porque cumplimos con la Unión Europea,
que estuvo a punto de abrirnos un expediente al Estado español,
pero al menos hemos cumplido en ese aspecto.
Creo que en Cataluña se actuó con una enorme rapidez
porque a la Ley 223, que es de 20 de febrero, en el mes de marzo
o principios de abril, por la Ley de Presupuestos,
que es la 323 del Parlamento de Cataluña,
que es la de presupuestos, en aquel año hubo presupuestos,
por cierto, los mismos que seguimos teniendo ahora,
es decir, seguimos, hay una disposición adicional
en la cual se atribuyen las competencias.
Las que tienen el Estado la autoridad independiente
las tendrán en el ámbito de la comunidad autónoma,
porque la Ley 223 permite ese ámbito,
con algunas limitaciones y distinciones,
pero en lo básico,
en el ámbito autonómico no las ofrece.
Por tanto, nosotros aceptamos este reto.
A veces después decimos, ¿podremos con él?
Pues, Manuel, estamos.
Pudiendo, en parte,
y mejoraremos y tenemos voluntad de mejorar,
pero creo que también a nivel del Estado se hará y todos
colaboraremos en lo mismo.
Tiene tres patas básicas, que es el canal externo,
como autoridad independiente autonómica,
la Oficina de Cataluña.
Tiene también la responsabilidad sobre el canal interno,
a la cual yo me referiré especialmente,
porque si no, no daría tiempo para todo ello.
Y el ámbito de protección a los informantes,
al margen también de fomento de cultura,
de cultura de la alerta y de informar, No tenemos, yo creo,
la potestad de informar ante proyectos,
pero sí que podemos hacer alegaciones,
cosa que es tradicional.
Por otra parte, en la Oficina Antifraude de Cataluña,
desde su nacimiento,
se formulan alegaciones no solamente en el ámbito local,
que eso se hace de manera sistemática
por cada ordenanza que hace un ayuntamiento,
sino incluso en alguna directiva
nosotros hemos formulado alegaciones.
Es decir, y por supuesto, en los proyectos del Estado
también formulamos alegaciones.
El índice de éxitos en el caso del Estado y de las directivas es menor,
pero en el caso de los ayuntamientos es sensiblemente importante
el impacto que nosotros tenemos en este aspecto.
Ahora, dentro de todas estas cuestiones,
yo quiero referirme a qué competencias serían, y repito,
la gestión del canal externo.
Con todas estas investigaciones
hemos tenido como geneizar el sistema que se utilizaba
y que decía la ley de la 14-2008 con la de 2-23,
pero yo creo que eso lo hemos conseguido razonablemente.
Y seguimos haciendo este tipo de investigaciones.
Saliendo un poco al paso
de lo que podría ser discutible, nosotros interpretamos
que efectivamente nosotros finalmente la enviamos a la autoridad competente
para que realice las acciones.
Nosotros no le podremos discutir el fondo del asunto.
Creo yo, y estoy dispuesto, me gustaría lo contrario,
poderlo discutir, pero creo que no podemos discutirlo.
Lo que sí que podemos,
y ahí estamos obligados, porque somos, de alguna manera,
el garante de los derechos del informante,
del denunciante, del alertador, que le llamamos nosotros.
Ya vemos que nosotros en esto hemos sido muy tozudos,
pero bueno, en fin,
solamente es nominal la diferencia.
¿Por qué?
Porque el denunciante tiene derecho a saber.
Que es lo que hace la autoridad,
que definitivamente está haciéndose y toma algún tipo de medida
en este aspecto.
Por tanto, nosotros también hacemos un seguimiento en este caso.
Vean ustedes
cómo ya hemos fusionado, de alguna manera,
el hábito que nosotros nos había creado nuestra propia ley
a las interpretaciones de estas, con todo lado.
Voy a referirme en particular a la supervisión
de los canales internos.
Esto nace.
Bueno, la directiva.
No lo establece taxativamente, porque dicen los Estados miembros
velarán porque las entidades jurídicas de los sectores privados
y públicos establezcan canales de procedimiento,
etcétera, etcétera.
Es el artículo 8.1 de la directiva.
Y en la 2.23, efectivamente, se dedica todo un título,
el título segundo, a desarrollar exactamente
la composición.
Se deja, efectivamente, todos los mecanismos
que tenemos que inferir cómo se hace.
Se ha utilizado, efectivamente, los criterios procesales
o procedimentales de la autoridad externa,
cosa que.
Pues que realmente puede ser discutible
por la capacidad que pueden tener unos y otros, eso por un lado,
y en cambio se ha olvidado bastante,
o por lo menos las dificultades que nosotros vemos que tienen,
pues son los factores que para mí, a mi juicio,
son muy relevantes.
Yo he hecho alguna relación, pero por ejemplo,
pues son la dificultad de implementación.
Oiga, España
es un país con muchos ámbitos locales municipales, me estoy refiriendo,
no los supramunicipales.
Hay un porcentaje de municipios micro,
que son incapaces materialmente de tener un sistema interno.
Porque paradójicamente se ha situado,
la ley aquí creo que eso sí que fue un error estructural,
la directiva le permitía que hasta 10.000 habitantes pudieran
no tener este canal interno.
Bueno, el legislador ha decidido que sí, que lo tengan todos.
Pero, claro, vean ustedes, el número de habitantes
tampoco es determinante de manera.
Hay una correlación, pero no es de una manera directa,
con el canal interno.
El canal interno, en definitiva,
está para que no todo ciudadano se dirija a su municipio,
sino para que aquellos que están en el ámbito
Y ya discutiríamos exactamente qué comprensión tiene
en este ámbito subjetivo,
pero que, en todo caso, es interno.
Está en vínculo que tienen allí.
Bueno, este es el primer error,
pero es que luego es materialmente imposible.
En Cataluña hay del orden de entre 800 y casi 900 municipios.
Micromunicipios, la verdad es que no sé en este momento
cuántos decir, pero sé que hay una asociación,
vamos, me consta que hay una asociación de micromunicipios.
O sea, que quiero decir que no son dos, ni tres, ni cuatro,
son muchísimos.
Seguramente en Murcia no, porque son más grandes, en Andalucía
hay tendencia también a que sean unos municipios con más habitantes,
pero en Cataluña, en Castilla, en Aragón, en fin,
esta es la criterio.
Esto es.
Tiene difícil solución.
O hay una modificación legal.
Nosotros estamos abogando por alguna interpretación
que permita compartir recursos
y, sobre todo, atribuir algún tipo de responsabilidad de ayuda,
quiero decir,
la nuestra estaría, en aquellas entidades supramunicipales
como son las diputaciones.
Las diputaciones creo que tienen recursos suficientes,
pero claro, aquí aplicar la legalidad, cuidado,
porque enseguida podemos realizar alguna cuestión que es contraria
al texto de la ley.
Contraria o que no se aplique.
Y aquí vendrá un poco a ser la dicotomía.
O hacemos una interpretación que permita el cumplimiento
de la ley, no un cumplimiento formal
de la ley que conducirá al no cumplimiento del fondo de la ley,
con lo cual se nos dará esta paradoja.
Esto es una de las cuestiones que nosotros planteamos.
La potestad sancionadora, como ustedes verán en este aspecto,
nosotros no la hemos ejercitado por el momento.
¿Por qué?
Porque no tenía ningún sentido que en Cataluña
las obligaciones de legalidad estaban como en el resto de España,
exactamente igual.
Pero cuando entrabas en el territorio
de la comunidad autónoma de Cataluña,
había una autoridad que tenía esta potestad sancionadora.
Pero cuando estabas en el otro lado, en la comunidad de al lado,
la empresa privada o la entidad pública
tenía la misma obligación, exactamente la misma,
porque la ley estaba en vigor,
pero no había ninguna autoridad que le pudiera aplicar.
Manuel.
Habrá una autoridad, ahora serás tú en este caso, bueno,
cuando sea el momento oportuno.
Pero esta es la situación que se daría en esta situación.
Por tanto, vamos ahí.
Algunos aspectos muy relevantes que habrían este.
Las denuncias que hemos recibido en el canal externo
se disparan.
Cuando en el año 2016 yo entro en esta oficina antifraude,
la media estaba hasta entonces entre 160,
150, 160 denuncias al año.
A partir del año 2023,
y concretamente en el 24, tuvimos 1.291 denuncias.
En estos momentos, en el 25,
en la fecha que estamos ahora, superamos, casi llegamos a las 700.
Y es posible que cuando vuelva a Barcelona
me diga, no, no, ya hemos superado las 700.
Bueno, esta es la situación.
Esto nos da una proyección difícilmente asumible.
Y esto nos debe permitir plantear cómo debemos constituir este tipo
de organizaciones como la nuestra, sobre todo para un futuro.
¿Qué medios tecnológicos?
Porque al final tenemos para investigar 1.200 asuntos
y resulta que nos olvidamos de los principales
y cogemos los que no son.
Es decir, queda.
Queda oculto en esta situación.
Nosotros estamos elaborando un proyecto también
como debiera ser una ley de la próxima década,
para entendernos con medios tecnológicos como que tenemos ahora
que podrían facilitarnos la cuestión.
El anonimato, que efectivamente se recoge en la 223,
también lo era, pero fíjense ustedes, casi el 70%
de las denuncias que recibe la oficina son anónimas.
La verdad es que el porcentaje de anonimatos
que una vez se han admitido a trámite,
que se admiten si cumplen los requisitos,
han dado lugar a un archivo o han dado lugar
a la proyección de la investigación, es muy semejante,
por no decir idéntico, a aquellas que son nominales.
Por tanto, que las denuncias anónimas
tienen mala fe, bueno, casi todas puede ser, que el móvil
no nos importa a nosotros, lo que nos importa son los hechos,
y los hechos que son los que nosotros investigamos.
¿Cómo iniciamos o cómo hemos iniciado hasta ahora?
Claro, en el ámbito interno
nosotros somos también los responsables del sistema,
o al menos de esa manera nos definimos.
Pero esto viene definido no por una expresión clara
del título segundo al que yo hacía referencia,
es de remitirme al artículo 62.
Bueno, en fin,
las sanciones, donde dice cuáles son las infracciones,
y cuando aquí establece las infracciones,
dice que una de las infracciones es no estar constituido
el canal interno.
Y como tenemos la potestad sancionadora,
ergo, es que nosotros somos los responsables de esta cuestión.
Otra de los aspectos son que en el canal externo
nos llegan las denuncias por el mal funcionamiento
o la no existencia de estos canales internos.
Y, por otra parte,
nos atribuyen también la creación de la base de datos,
es decir, el registro.
¿Qué problemática hemos tenido en esta cuestión?
Calculamos nosotros, porque no es fácil saberlo
en el ámbito público si lo sabes,
pero en el ámbito privado no lo sabes,
porque en el registro mercantil no existe un dato evidente
cuando accedes a él sobre el número de trabajadores
de la entidad.
¿Por qué?
Porque habría que mirar la memoria,
habría que leer la memoria para saberlo.
Pero bueno, nosotros hicimos un cálculo que en Cataluña
nuestra competencia sería alrededor de 10.000 instituciones.
En este momento, bueno, no llegamos a 4.000 que están registradas,
lo cual quiere decir que hay un gran incumplimiento
en este sentido.
Y sinceramente digo.
Que no creo que haya mala fe,
sino que el problema es que hay una gran imposibilidad
en este sentido.
Por tanto, nosotros en los trámites,
la función que hacemos de carácter corrector hemos, en fin,
siguiendo también mis instrucciones, obviamente,
y por el comité de dirección, ¿no?
, de una actividad preventiva también y una actividad correctora.
Una actividad de carácter objetivo que es
de prevenir los riesgos derivados del funcionamiento inadecuado,
o sea, no entrar en la formalidad exclusivamente,
sino de qué riesgos tiene para usted toda esta cuestión
o de los sistemas internos,
identificar las debilidades que eso provoca,
recomendar y proponer medidas correctoras,
asesorar a las entidades, la función asesora
ha sido tradicional también de de la oficina
y velar por el mantenimiento de los estándares de los sistemas
porque claro cuando examinas los sistemas internos.
Te das cuenta que hay muchos niveles de cumplimiento.
¿Y después cuáles son los incumplimientos que se dan
con mayor frecuencia?
Bueno, pues uno de los incumplimientos que se da
con mayor frecuencia es el no registro,
como he dicho.
Yo tengo aquí unos datos de las denuncias que he recibido.
Ya les he dado los otros datos.
Los datos que en el 23 nosotros recibimos cinco denuncias.
De las cinco, una era la universidad,
por cierto, que era la ausencia de canal interno.
Obligatorio ya en aquel momento, en la fecha que se presentó.
Pero las otras eran de sociedades mercantiles privadas,
de ámbito privado.
Concurrencia de conflictos de interés en la gestión del sistema interno,
cosa que es un riesgo de los que nosotros he aludido actualmente.
Incorrecta gestión de una denuncia en el canal interno.
Falta de un sistema interno de la entidad,
otra vez.
Incumplimiento de los tiempos y de la confidencialidad.
Esto de la confidencialidad.
En el ámbito privado no ha entrado con toda la fuerza
que debería entrar.
Realmente tenemos muchas denuncias a las cuales se refiere
que el sistema es muy débil y tiene mucha entablez
y, por tanto, creo que es fundamental.
Porque, claro, la Unión Europea en uno de sus considerandos
en la directiva habla de que el canal interno
es más fácil, en fin,
que hay mayor propensión a ir al canal interno que al canal externo.
Yo creo que es una afirmación,
vamos, yo voy a decir políticamente correcto,
pero muy arriesgada,
porque yo no creo que esto sea de esta manera
ni muchísimo.
El número de ocasiones que nos llegan a nosotros
que se ha presentado la denuncia en el canal interno
y en el canal externo, que es el nuestro,
no es algo realmente puntual.
Se produce con relativa frecuencia y nos plantea algún problema
exactamente de cómo debemos gestionar esta cuestión.
En definitiva, ¿qué quiero decirles yo con lo que se refiere
a los canales internos?
Que asumimos, y creo que es importante,
asumimos nuestra obligación de seguir estos estándares,
pero sabemos que es difícil.
En cuanto a las empresas de carácter público,
me permitirán, no sé cómo estoy de tiempo,
en cuanto a las empresas públicas,
que nosotros hicimos un trabajo específico
y además con actividad de campo,
o sea, con varias universidades españolas, de Castilla-La Mancha,
de de Santiago, de Vigo, de Barcelona,
alguna italiana como de Módena,
y la Oficina Antifraude hicimos todo un análisis sobre la actuación
y los sistemas de cumplimiento normativo
de las empresas y entidades mercantiles de carácter público.
No solo las empresas,
sino también otros entes que no eran mercantiles exactamente.
Claro, Cuando la Ley 323 establece esta obligación,
nos planteamos una cuestión diferente.
Cualquier sistema de compliance no solamente incluye, en fin,
todas las exigencias que se derivan del Código Penal, el artículo 31b,
ese fin o quinquis y tal, sino además una obligatoria,
que este canal es obligatorio.
Es verdad que lo primero que hace es chocar,
chocar que algo que es voluntario,
porque lo que establece el Código Penal es voluntario,
claro, con consecuencias muy diferentes, ¿no?
Pues, en fin,
que puede uno ser condenado.
La entidad mercantil, la responsabilidad penal
de la persona jurídica en este caso.
¿Por qué voy a esto?
Voy porque otro de los problemas
que se nos ha planteado también es cómo gestionamos eso.
Si la obligación de tener un sistema interno
es una obligación del órgano de administración
y definirlo correctamente, pero después la gestión de este canal
es al responsable del sistema y en todo caso
al responsable del canal también,
¿cómo gestionamos?
¿Cómo gestionamos, cómo decimos, cómo gestionamos?
Creo que es lo adecuado cuando los hechos tienen indicios
de que ser constitutivos de delito en una entidad pública.
Porque con el apartado
G del artículo 9 se establece que de manera inmediata,
en el ámbito de gestión,
de manera inmediata, inmediata es una, en fin,
aquí es objetiva muy establece un tiempo breve, brevísimo,
de manera inmediata se ha de poner en conocimiento
del Ministerio Fiscal.
Esa es la cuestión.
Pero cuando contratándose de una persona.
¿Quién tiene esa obligación?
¿El responsable del sistema interno o el responsable de administración?
Porque el responsable del sistema interno,
bien, puede hacerlo,
pero si es el responsable de administración,
nos plantea el derecho a no autoincriminarse.
Con lo cual, aquí se nos ha planteado otra de las problemáticas.
Yo tengo mi opinión,
pero mi opinión no vale.
Más que, en fin, lo que yo sé para argumentarla con ello,
pero, en fin, la ley es taxativa.
Pero yo creo que aquí plantea un problema grave,
desde un punto de vista jurídico,
pero sobre todo un problema grave para el cumplimiento de verdad.
Porque le estamos diciendo a una empresa
que cree un órgano interno, que la adopte de los mecanismos,
es decir, que tenga un coste,
para que después.
Le sirva para que tenga una responsabilidad penal,
lo cual, bueno, pues no van a estar muy colaborativas en este aspecto.
Esa sería una de las de los planteamientos,
en este caso ya más de carácter, no de carácter jurídico,
sino de carácter un poco de la aplicación de cultura
a la que se daría.
Tenemos que encontrar una solución razonable,
no que dependa,
porque es que entonces nos encontramos también
con que la salida es exclusivamente de ocultación,
En fin, lo que se pretende es el descubrimiento desde cerca
para poder rectificar.
No sé si ese es el problema fundamental
o no es el problema fundamental,
pero hay muchas de estas características.
Y ya, para terminar,
si me lo permite, nosotros con los canales
hemos querido ir más allá.
Con la supervisión de canales internos
hemos querido ir más allá de la nulidad que plantea
la ley.
¿Por qué?
Porque tenemos la responsabilidad.
Y entonces hablamos.
Pues que se ha de prevenir
que hay que tener una revisión periódica y ordinaria
de los diferentes elementos que deben constituir.
No puede ser que se cree un canal interno
y aquel que tiene la responsabilidad se olvide de ello.
No, no, ha de tener un seguimiento.
El procedimiento de gestión se ha de revisar,
se ha de revisar muchas veces.
Se están introduciendo, sobre todo en el ámbito privado,
elementos ajenos a los internos de la propia entidad.
Es decir, a través de despachos ajenos
y tal, que una cosa es una consulta y otra cosa diferente
es que al final acaben solo teniendo la gestión.
No digo que no sea posible la gestión,
pero si se hace desde dentro, se hace desde dentro.
La documentación de las evidencias obtenidas.
Eso es vital para que esto funcione.
Incluir en el procedimiento de gestión
las previsiones de tratamiento de datos personales.
Por favor, alguna de las.
Está de manera directa relacionado.
Con el derecho y el deber que existe de confidencialidad que se da
en los mismos, porque si no sería absurdo.
Nosotros lo recomendamos.
Los conflictos de interés, hombre, uno no puede nombrar al hijo del CEO
como responsable del sistema.
En fin, ¿por qué?
Pues porque hay una ineptitud que parece manifiesta, pero bueno,
es uno de los casos que nosotros hemos examinado.
La asistencia a las personas informantes en el ámbito
de la propia organización.
Eso está muy poco determinado.
Está poco determinado por la autoridad externa,
ahora, y fíjense ustedes en el ámbito interno,
y sería simplemente difícil.
Se ha comentado aquí
con relación a la asistencia psicológica o financiera,
o, en fin, en caso extraordinario, financiera.
Bueno, nosotros tenemos demandas de reclamación financiera,
o sea, de asistencia financiera.
¿Qué asistencia financiera?
¿El salario mínimo interprofesional?
¿O hablamos de indemnidad y entonces tenemos que ver
exactamente la situación económica de aquella persona que se da?
En la psicológica, hombre, una organización
como la nuestra o como un control interno,
difícilmente se le puede pedir que tenga unas funciones de terapia.
Digo yo, porque, en fin,
si no tengo que organizar una clínica y tal,
pero alguien tendrá que estar ahí.
¿Lo podríamos derivar a la pública?
Bueno, podríamos derivar a la pública, pero entonces, en fin,
seguramente ya la tiene la facultad de ir a la.
A fin, a la asistencia pública ya la tendría la persona esta que hay
y, desde luego, no tendría ninguna prioridad,
porque además sería injusto que se le diera prioridad por esto
y no por otras cuestiones.
Sobre todo una cosa que se olvida mucho,
si hay que, en las actuaciones se alarga la prórroga de los términos
de las actuaciones.
Cuidado, porque no se hace y entonces se incurre en responsabilidades
en este aspecto.
Insisto nuevamente en el deber de confidencialidad.
Da la impresión que este deber de confidencialidad, que es vital
para que estas instituciones funcionen,
es vital la confidencialidad.
Y la confidencialidad muchas veces no solo no decir el nombre,
porque a veces del contexto de la denuncia es fácil
y entonces ha de haber una vigilancia, en este caso,
activa respecto de estos.
Y desde luego.
Nosotros ya recomendamos también,
como recomendábamos antes a cualquier entidad,
establecer algún sistema de alertas.
No solamente la alerta de aquel que informa,
que denuncia, que alerta,
por eso le llamamos alertadores,
sino establecer algún sistema de reflux
para que las cosas también funcionen con mayor atención.
¿Inconvenientes que se plantea?
Pues ya lo he dicho antes,
en los municipios, básicamente, o en las instituciones pequeñas,
por supuesto, también en las empresas de 50 trabajadores.
Criterio que hemos utilizado para cuantificar el número
de trabajadores.
Pues nosotros, nosotros,
porque estábamos un poco lanzándonos a la piscina.
De hecho, utilizamos los mismos criterios
que se establecen en la ley de igualdad
para decir el número de trabajadores para que deba haber un programa
y deba haber esa institución.
Pero no es el único criterio que podemos utilizar.
Podríamos utilizar otro o en algunos casos se ha utilizado.
Incluso, aunque parezca razonable, la ley no establece.
Quién es el competente sobre la actividad de la empresa,
a quién debe registrarse una entidad pública,
Parece razonable que sea la comunidad autónoma,
pero la privada, ¿por qué?
Nosotros establecimos el criterio de la sede social.
¿Por qué?
Porque la ley de capitales, la ley de.
De capitales establece precisamente una definición
de cuál es la sede donde ejerce sus obligaciones jurídicas
y administrativas la empresa no de sociedades de capital
pues establece ese discutible si me consta que en alguna
en alguna empresa de consulting se está utilizando para determinar
el número de trabajadores pues criterios de fin de contabilidad
es decir el número de trabajadores en función
de la exigencia de contabilidad que se da en unos y en otros.
Me parece más forzada, sinceramente,
lo que pasa es que aquí soy subjetivo.
Esta es la que dijimos nosotros, me parece razonable
y los demos ahí.
Y desde luego, sobre todo, y con esto quiero terminar todo,
es la débil cultura de la alerta.
Necesita vincularse dentro de unos planes de integridad,
que es lo que nosotros ya veníamos haciendo en su momento.
Porque si no se sitúa dentro de este ámbito,
si no hay una voluntad
de que aquellas instituciones públicas o privadas,
pero cumplan.
Con aquellos valores
para los cuales se crearon estas instituciones, por tanto,
esa sería mi definición rápida de integridad,
esto nos servirá.
Y esto implica desde las personas responsables
de la institución hasta la última persona.
Piensen que casi todos trabajamos o aprendemos bastante por imitación.
Aquella expresión que siempre se hace para mal,
aquí siempre lo hemos hecho así, que habitualmente se hace para mal,
vamos a ver si alguna vez se hace para bien.
Y, por tanto,
establecemos exactamente normas de comportamiento,
pero no solo por cumplimiento normativo,
sino también porque asumimos que esta es la voluntad
de la empresa.
Y disculpen,
porque seguro que me he cedido algo en el uso de la palabra,
pero en todo caso, perdonen ustedes y espero que les haya dado una idea,
aunque eso sea global, de las actividades que hemos hecho.
Todo esto lo hemos hecho.
Gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Debo confesar que yo, que soy el que mido el tiempo,
se me ha ido el tiempo escuchándote,
porque era muy interesante todo lo que has dicho,
pero creo que tenemos margen de tiempo todavía.
Así que no te preocupes, que yo creo
que el auditorio está satisfecho con tu intervención,
porque todo lo que has dicho ha sido muy interesante
y nos va a ayudar muchísimo en nuestra labor.