En fin, son temas que no quiero abundar yo porque, insisto,
no vamos bien de tiempo y soy el moderador.
Pero le salen a uno los catedrocitos y le entran ganas de.
Tocen temas, problemas.
Muchos de los que has dicho me han surgido a mí también.
Doy el uso de la palabra ahora a Marta Blázquez,
que como he dicho antes
es la directora de la Oficina Antifraude de Andalucía,
para que nos dé su visión desde Andalucía
de cómo está el estado del arte.
Muchas gracias Marta y tienes 15 minutos
como máximo.
Muchas gracias, Jesús.
En primer lugar, gracias por la invitación.
Quiero agradecer a la UNED
y especialmente a la persona de Javier Sierra
que haya contado con la Oficina Andaluz Antifraude
para la colaboración en este seminario
y para la participación en él.
Es un honor para la Oficina compartir mesa con tan ilustres personas
y, además, queridos compañeros.
Es un motivo de alegría estar aquí porque vamos a hablar de una norma
que, como ha dicho el director de la Oficina de Cataluña,
es una norma muy mejorable,
pero podemos celebrar que tenemos una ley.
Con muchos problemas, con muchas pegas,
algunos de los cuales los ha mencionado don Manuel Villoria.
Pero, en fin, viene a poner en el centro
de la lucha contra la corrupción a la persona denunciante.
En multitud de textos internacionales de acción conjunta
con los que ya contábamos, por supuesto, los convenios civiles,
el civil y el penal contra la corrupción
o la Convención de Naciones Unidas, en ninguno de estos textos
que se habla tanto sobre la corrupción se ponía
en el centro a la persona del informante.
Y esto sí ocurre ya con la directiva del año 2019, ¿no?
Personas que han colaborado con la justicia han existido
siempre a lo largo de la historia.
Lo que ocurre es que el concepto de denunciante
ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.
Don Manuel Villori ha hecho una brillante,
brevísima exposición filosófica
sobre también lo que hay detrás del derecho,
cómo la figura del denunciante va evolucionando de una persona que.
De lata para conseguir una recompensa
a llegar a una persona que se mueve precisamente por la ética,
por el impulso de la legalidad.
Ya de esto habló Foucault y después Gilles Deleuze,
que hablaba de cómo las sociedades de autovigilancia que ya tenemos,
cada uno somos vigilantes de nosotros mismos
y también de los prójimos.
Hoy en día,
este denunciante que se mueve por la ética,
por la defensa de la integridad desde mediados del siglo XX,
con la aparición de los movimientos de defensa de los derechos humanos,
de los movimientos antivelicistas, etc.,
el Estado tiene que asumir un rol distinto frente a él
y ya no ha de recompensarle,
sino de prestarle otra cosa que es la protección, precisamente.
Es por eso por lo que a finales del siglo XX ya en muchos países europeos
los Estados comienzan a autoconcederse,
autodarse, dictar normas de protección de los alertantes.
Y con este mosaico legislativo
que existía a finales del siglo XX es con el que se encuentra la directiva
y pretende homogeneizar.
Por lo tanto,
tenemos que celebrar que España ya haya traspuesto esta directiva.
Evidentemente lo ha hecho con mucho retraso
y, por lo tanto, de una manera imperfecta.
El Gobierno estuvo expedientado por Bruselas por esta razón.
Es cierto que la técnica legislativa que se aplica es muy, muy mejorable,
que existen unos graves problemas a la hora de delimitar
los títulos competenciales, el ámbito objetivo,
el ámbito subjetivo, etcétera.
Tenemos esta norma que adopta un enfoque preventivo,
que adelanta el momento de actuación
para lograr que la información llegue cuanto antes
a la persona que está cerca del problema.
Y esto es no solo un cambio legal o un cambio jurídico,
sino un cambio cultural.
Es decir, hay un cambio de paradigma
al que tenemos que ir incorporándonos poco a poco.
Por eso, yo creo que se explica también el retraso
en la implementación de esta ley, que estamos todavía aprendiendo.
Las autoridades antifraude,
llamadas a asumir la competencia a nivel autonómico
con relación a la protección del informante,
en el momento de la transposición sí que echamos de menos un mayor plazo
para analizar el proyecto de esta norma.
El procedimiento de enmiendas, hay que decirlo,
fue un tanto desilusionante para las autoridades autoridades
como la andaluza a la que yo pertenezco
y mostramos una clara preocupación por el texto de la ley.
También esta preocupación fue compartida
por multitud de organizaciones no gubernamentales,
algunas de las cuales están hoy aquí.
La norma se encontró una realidad institucional
que consistía en que ya convivían, con anterioridad a ella,
autoridades que se estaban encargando de proteger a personas denunciantes.
Es el caso de Valencia y también de Andalucía.
Andalucía tenía una ley de protección del denunciante del año 2021,
es decir, con dos años de antelación a la ley estatal.
Evidentemente, la norma andaluza no vino a transponer la directiva,
no es su función, naturalmente.
Pero sí se dictó teniendo en cuenta esta norma comunitaria.
Es decir, se dicta siendo respetuosa con esta directiva.
Y yo diría que mucho más valiente y de forma mucho más avanzada
o moderna a la que lo hace después la Ley 223.
Si pretendo contarles muy brevemente lo que la Oficina Andaluza
está haciendo en relación con la implementación de la ley,
tengo que señalarles los dos vectores
que la directiva ya marcaba.
Por un lado, la necesidad de que se implanten canales seguros
de denuncia y, por otra parte, las medidas de protección
de las personas informantes.
Pues bien, con respecto al primer asunto,
al de los canales, si hablamos de los canales internos,
la Oficina desde el año 2023 está asesorando
a todas las entidades andaluzas, públicas y privadas
que se acercan a nosotros en relación con sus canales internos.
Y las asesoramos, las ayudamos, tanto desde el punto de vista jurídico
como desde el punto de vista técnico.
Es decir, explicándoles, apoyándolas y proporcionándoles,
en la medida de nuestras posibilidades,
las soluciones técnicas para estos canales.
Con relación a los canales internos,
también desarrollamos una labor que consideramos muy importante
y que ahora tendrá que ensamblarse con la Autoridad Estatal de
Protección del Informante, que es el registro de responsables
de los sistemas internos.
Nosotros hemos llevado esta labor de una manera humilde, preventiva,
para que ahora, cuando la autoridad estatal
está ya constituida, está ya creada, podamos poner a su disposición
también esta información con la que contamos.
En total, puedo decirles que han acudido a nosotros
unos 2.000 responsables de sistemas internos de información.
A lo mejor les puede parecer mucho.
Yo sería, en fin.
Sensata en la evaluación,
puesto que Andalucía cuenta con nueve millones de habitantes
y ochocientos municipios,
de tal manera que dos mil comunicaciones no nos parecen
tantas.
Mil quinientas pertenecen al sector privado y solo quinientas
a las entidades públicas.
Es cierto que deberíamos a lo mejor haber puesto más ahínco
en mentalizar, en concienciar a las entidades públicas
para implantar sus canales internos, sus sistemas internos
de información, que es su nombre correcto.
Pero comprenderán ustedes que para mí,
aparte de la escasez de recursos con la que contamos,
era bastante complicado acudir a municipios con pocos recursos.
A exigirles la implantación de sus sistemas internos
cuando la autoridad estatal aún no estaba puesta en pie.
Es decir, hay que ser comprensivos también con estas pequeñas entidades
que no podían hacer más de lo que hacían.
Así que seguiremos con la concienciación
y ahora ya tenemos quizás el respaldo de una autoridad estatal
y, en fin, el hito de que el Gobierno estatal
ha cumplido con esta responsabilidad.
Con respecto al canal externo,
ya que Andalucía tenía funciones de investigación
en materia de fraude, corrupción, conflicto de intereses y actividades
ilegales que fuesen en detrimento de los recursos públicos andaluces,
nosotros hemos asumido esta competencia,
la de ser el canal externo, uno de esos canales externos
de los que habla la Ley 223 en el ámbito de nuestro territorio.
Con respecto a las medidas de protección,
he de mencionarles solo una cosa.
Las claras dificultades que tenemos a la hora de aplicarlas,
a la hora de prestarlas,
sobre todo por lo que se refiere al apoyo psicológico
y al apoyo financiero, ambos mencionados en la ley estatal
y también en nuestra ley autonómica.
A la hora de materializar estas medidas
está siendo muy complejo.
Voy a finalizar ya, no les voy a aburrir.
He comenzado lamentando las deficiencias de las que adolece
esta Ley 223, que serían innumerables
y que se van a poner sin duda de manifiesto
en este seminario a lo largo de estos dos días,
pero quiero ser optimista.
Vengo de la Feria de Sevilla, estoy todavía muy contenta,
tengo todavía la alegría en el cuerpo y quiero celebrar dos cosas.
Una, que se haya recogido la denuncia anónima en la ley,
cosa que no ha ocurrido en otros Estados miembros
de la Unión Europea.
Y dos, el perfil académico y científico
de la persona que ha sido elegida para estar al frente
de la autoridad estatal.
Creo que don Manuel Villoria tiene un perfil
absolutamente adecuado para afrontar estas cuestiones,
que creo que se tienen que afrontar no solo desde el mundo del derecho,
sino también desde el mundo de la ética,
desde el mundo de la filosofía, por qué no, y desde la prevención.
Hemos tenido dentro de la red de autoridades autonómicas
dos desagradables experiencias, y es que dos autoridades,
como la de Baleares y la de Valencia,
una se ha visto eliminada y otra claramente mermada.
Y tenemos que esta circunstancia debería
no solo llevarnos a la crítica, sino también a la autocrítica.
Y es cómo nuestras autoridades tienen que ser resilientes
y convivir con el poder.
Y hay que afrontar la lucha contra la corrupción, quizás,
y lo decía Kaufman, no lo digo yo, por supuesto,
no luchando contra la corrupción.
Hay que adoptar otras maneras que son a la larga más eficaces
y también más económicas
y sobre todo vienen desde la prevención,
desde la sensibilización,
el cambio cultural del que comenzaba a hablar.
Con esta reflexión última les dejo y estoy a su disposición
para cualquier cuestión que quieran plantear al finalizar.