Bueno, está con nosotros Antonio Ángel Avilés,
es abogado y nos va a aportar con su intervención
algo sobre los riesgos y la vulneración de la intimidad
en el secreto de las comunicaciones en las actuaciones de investigación.
Cuando quieras.
Muchas gracias.
Buenos días a todos.
Quiero agradecer a la UNED
la oportunidad de estar en este panel.
No lo merezco.
Yo soy un alumno del curso
y, por lo tanto, soy un aprendiz de esta materia,
aunque es verdad que llevo más de 28 años de ejercicio
de la profesión de abogacía y he tenido alguna experiencia,
además de ser también director de seguridad,
que algo ha tocado de estas cuestiones.
Pero aquí vamos a hablar hoy de un tema en concreto.
¿Me dejas el?
Este.
Vale.
Voy a estructurar la intervención muy breve en introducción,
protección, riesgos, vulneración, conclusiones sobre este tema concreto
del derecho de las comunicaciones, el secreto a las comunicaciones.
Dicho esto, creo que es un tema de plena actualidad.
Está ahora mismo muy en boga periodísticamente
y tiene unos matices muy llamativos.
Entonces, creo que es bueno recordar lo que la legislación
ya tiene amparado ante estos criterios
de los secretos de las comunicaciones
y voy a dar una breve pátina sobre estos aspectos.
En concreto, vamos a hacer la definición
sobre el derecho al secreto de las comunicaciones.
Es un derecho fundamental que está recogido en el 18.3
de nuestra Constitución española, del 78,
Este derecho protege la libertad, no protege otra cosa,
protege la libertad.
Con ello, con exo,
va la confidencialidad de esa comunicación,
pero es la libertad de la comunicación
la que está protegida en el 18.3,
prohibiendo la interceptación o conocimiento antijurídico
por parte de terceros, es decir.
Que lo que estamos viendo en la prensa a día de hoy,
estos intercambios de WhatsApp,
que ahora son públicos para terceros,
que lo estamos viendo,
podría entrar en la cabida del 18.3 o simplemente es una exposición
entre ahora terceros ajenos,
pero son conversaciones entre dos personas que en principio
no está de aplicación este artículo.
En el contexto de estas actuaciones de investigación,
también en el canal de denuncias, lo tenemos que tener en cuenta,
porque este derecho puede verse comprometido generando riesgos
y vulneraciones en la intimidad de los individuos, en función,
como ha dicho aquí Ana, de la cantidad de canales que existen
para poder hacer denuncias, quejas u otros instrumentos.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta la legislación básica del 18.3
de la Constitución.
¿Cuál es el ámbito concreto de la protección
de este artículo 18.3?
Bueno, pues el bien jurídico protegido
es el derecho al secreto de las comunicaciones,
es la libertad de esas comunicaciones.
Por ello se protege también, como he dicho anteriormente,
la confidencialidad de los contenidos y la entidad de los interlocutores,
independientemente del medio de transmisión utilizado,
ya sea telefónico, telemático, por correo electrónico,
y esto garantiza la libertad de la comunicación
en un marco legal.
Por lo tanto, esta situación de este bien jurídico protegido,
de la libertad de comunicación
entre las dos personas que están intercambiando información,
tiene que tenerse en cuenta
cuando se están utilizando los canales de información,
los canales de denuncia de las instituciones, bien internas,
bien del ámbito privado o bien del ámbito público,
porque ahí va a haber una intervención de un tercero
y ese tercero va a tener que tener mucho cuidado con la vulneración
de posibles actividades.
Derechos fundamentales,
como podrían ser el de la intimidad también.
En este caso, de la interdicción de la interceptación, que es el veto
para ver cómo, en principio, este derecho fundamental
no se siente violentado, está contemplado
y se recoge jurisprudencialmente y con mucha claridad,
profusión por parte de sentencia del Tribunal Constitucional,
es decir, la interceptación de esas comunicaciones
sin autorización judicial es una vulneración grave,
una violación grave del derecho de este secreto.
Y esto abarca tanto a la captura de mensajes
como a la intercepción de las conversaciones.
Sin la debida autorización, estas prácticas serían consideradas
ilegales y vulnerarán los derechos individuales de los individuos.
Entonces, aquí lo que tenemos que ver cuando entra algún tipo
de comunicación,
aunque ha dicho nuestro compañero, de los elementos informáticos
que rigen estos canales que concretan la independencia,
la anonimicidad de las intervenciones,
sí que tiene que tener el responsable del canal muy en cuenta.
Estos derechos fundamentales para que no sean violentados.
Porque, evidentemente, el bien jurídico protegido está,
en este caso, solamente amparado ante decisiones judiciales,
aunque los responsables de los canales de denuncias
pueden tener una cierta participación en los mismos.
El ámbito de la protección tenemos que es aquí.
Otra de las cuestiones tenemos la importancia del consentimiento así
el consentimiento en este caso para esta de hecho de comunicaciones
es esencial para asegurar la legalidad en la recopilación
de los datos y la intercepción de las comunicaciones
la falta de autorización por parte del titular de la comunicación
puede resultar en violación en violaciones de derechos
y la práctica legal debe promover la transparencia
y el respeto a la privacidad de los individuos por lo tanto.
Tenemos que tener en cuenta que siempre,
siempre se tiene que tener ese consentimiento.
¿Qué ocurre si estas cuestiones no se producen?
Tenemos riesgos.
Por ejemplo, el acceso no autorizado.
El acceso no autorizado a las comunicaciones se refiere
a la obtención y análisis de datos sin el consentimiento del titular,
el requisito previo anterior.
Y esto ocurre frecuentemente cuando organismos de seguridad
o canales internos
de información obtienen información de manera ilegal,
como el caso de escuchar conversaciones
o acceder a registros telefónicos sin orden judicial.
Esta práctica atenta
contra el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones
y compromete la privacidad individual.
Pero esto que pongo aquí no es.
Por parte del Tribunal Supremo, en donde,
al albur de determinadas denuncias,
sobre todo en el ámbito laboral, de trabajadores y empresarios,
con conversaciones grabadas, han dado validez.
Lo que sí que es verdad es que ha habido después
una reubicación por parte del Tribunal Constitucional,
reforzando este acceso no autorizado a esa protección
del derecho a las comunicaciones como bien protegido.
Sobre el tema de la grabación de las conversaciones,
que sí que tenemos todos una idea bastante clara al respecto,
las grabaciones de las conversaciones pueden ser legales o ilegales,
dependiendo quién las realice y en qué contexto.
Si una de las partes graba una conversación
con su propio dispositivo, usualmente no se considera
una violación del secreto de las comunicaciones.
Sin embargo, estas grabaciones hechas por terceros sin el consentimiento
-y volvemos a una de las cuestiones fundamentales
-de las partes involucradas constituyen una clara vulneración
de la privacidad y pueden resultar en acciones legales
esas consecuencias.
Por lo tanto,
que cuando tenemos nosotros en el ámbito.
Del canal de denuncias algún tipo de grabación incrementada
o subida por el tercero denunciante, tenemos que tener en cuenta
si ha habido una participación de otra persona en esa grabación
más allá de la persona que realmente la cede o la sube al propio canal,
porque tenemos que tener en cuenta estas singularidades.
¿Qué ocurre también cuando nos pasa el acceso
no autorizado a las comunicaciones?
Se refiere a la abstención del análisis de datos
sin el consentimiento del titular.
Y esto ocurre frecuentemente cuando.
Esto ya lo he contado, ¿no?
Vale, vale.
Es que el ratón no.
Aquí.
Conflicto de intereses.
Aquí, ¿no?
Sí.
Grabaciones de conversaciones.
Esto lo he contado ya, ¿verdad?
Vale.
Aquí, conflictos de intereses.
Otro de los riesgos que tenemos sobre el secreto
de las comunicaciones es este conflicto de intereses.
En el ámbito de la investigación, los conflictos de intereses
pueden surgir cuando las operaciones de vigilancia o acceso
a las comunicaciones se llevan a cabo sin la supervisión adecuada.
Y también puede implicar abusos de poder,
donde los intereses personales o corporativos
de quienes realizan las investigaciones interfieren
con el derecho a la privacidad de los individuos,
generando situaciones de riesgo y posibles vulneraciones legales.
Esto sí que quiero traerlo a colación
desde el punto de vista del conflicto de interés ahora mismo,
en la exposición mediática que tenemos en cuenta sobre un canal
de WhatsApp privado entre dos personas.
Todos sabemos quién son ahora mismo, lo tenemos en claro.
¿Esto se llegaría a tener un conflicto de interés
si realmente, por ejemplo, estuviéramos en un ámbito
de un canal de denuncias interno?
¿Podría utilizarse para poder acceder a esa investigación del canal
el responsable de ese canal?
Bueno, lo tendríamos que ver,
pero yo creo que habría conflictos de intereses.
Sobre la vulneración
y de la emisión material del secreto.
El secreto de las comunicaciones tiene una emisión material
relacionada con el contexto en el que se producen las interacciones.
¿Esto qué significa?
Que la protección no solo cubre el contenido de las comunicaciones,
sino también el entorno
y las circunstancias en las que éstas se realizan.
El respeto por el secreto exige que se garantice un ámbito
donde los interlocutores se sientan orgullosos para comunicarse sin temor
a represares o obligaciones de superioridad.
Es decir, lo que habíamos dicho al principio de todo, la libertad.
Y otra vulneración, la revelación de las conversaciones.
Que viene junto o conexión, en este caso, con la grabación,
o puede ser con la grabación.
La revelación de las conversaciones privadas,
como cuando uno de los interlocutores comparte contenidos con terceros,
no siempre infige el derecho al secreto de estas comunicaciones.
Sin embargo, si dicha revelación implica datos sensibles
que afectan a la intimidad personal o familiar,
podría considerarse una vulneración de la intimidad,
lo que podría tener implicaciones legales para el que divulgue
la información.
No sé si eso lo tendrán contemplados en el mundo,
porque hay periódico que está produciendo
en portadas conversaciones privadas entre dos personas
y que las está dando a conocer a terceros.
Lo que ocurre es que una de las personas
que aparentemente están implicadas son las que se da fuente.
Pero ahí está la colisión con el derecho de información
y, por lo tanto, veremos a ver qué producen los tribunales
si es que se produce algún tipo de acción judicial.
Y, finalmente, efectos de la vulneración
de este derecho de las comunicaciones son los efectos en la intimidad.
Las vulneraciones al derecho de las comunicaciones
pueden tener efectos serios en la intimidad de las personas,
causando daños emocionales y reputacionales.
Al poner en peligro la confidencialidad
de las interacciones personales,
se erosiona la confianza entre individuos
y se crea un ambiente en el que las personas tienen miedo
de comunicarse libremente.
Las consecuencias pueden ser, toda la vez,
legales, sociales y psicológicas.
Y, para finalizar, muy brevemente, Por lo tanto,
creo que es crucial que ante las actuaciones de investigación
por el responsable del canal de denuncias
deben realizarse con estricto respeto a los derechos fundamentales,
como podría ser de otra manera,
y en particular proteger el derecho al secreto de las comunicaciones
para salvaguardar la intimidad y la privacidad en un mundo
cada vez más dependiente de la tecnología.
La investigación se debe llevar a cabo
con un equilibrio entre la necesidad de la seguridad y el respeto absoluto
por los derechos individuales,
garantizando siempre la proporcionalidad y la justificación
de las medidas adoptadas.
La educación y la concienciación sobre estos derechos
son fundamentales para prevenir las vulneraciones
y asegurar un marco legal justo.
Y también es fundamental el control judicial,
adecuado para vulneraciones y riesgos innecesarios.
He utilizado para esta exposición tres sentencias,
o mejor dicho, dos sentencias y una circular,
que creo que les puede resultar de interés,
si no las conocían.
La primera es de ámbito laboral,
en donde se establece cómo los canales de información
o las investigaciones que realiza el empresario tienen
que ser al guardar los derechos fundamentales,
en este caso, de los trabajadores.
Y sí que permite, y les recomiendo que se la lean,
porque analiza muy.
Claramente cuáles son los criterios donde esa actuación
del empresario para ver si se han producido algún daño
en su empresa por los trabajadores no llega a ser la vulneración
de los derechos fundamentales
o que se haya vulnerado el derecho a la comunicación.
El segundo es una circular que yo creo
que es ampliamente conocida por parte de la Fiscalía General del Estado
sobre la interceptación de las comunicaciones telefónicas
y telemáticas.
Y la tercera es una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia
en el ámbito penal, en donde se establece
cuáles son los criterios de la vulnerabilidad del derecho
a la intimidad con la vulneración de las comunicaciones.
Nada más.
Muchas gracias.
Muchas gracias por tu intervención.