Ahora tenemos con nosotros
a Ana Caro Muñoz, que es la directora de Coordinación de Proyectos
y responsable del Sistema Interno de Información
de la Universidad Autónoma de Madrid y que nos va a exponer
una intervención sobre los problemas del solapamiento
de canales y propuestas sobre su posible ordenación.
Muchas gracias.
Buenos días a todos y a todas.
Muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro.
Me parece una gran iniciativa que después de que han transcurrido ya
un tiempo prudencial de la entrada en vigor de la ley
y de la puesta en funcionamiento de los diversos sistemas internos
de información y de los canales de denuncias,
pues tuviéramos un foro para poder exponer cuál es la.
Yo no he tocado nada.
¿Cuál es la situación y la realidad a día de hoy?
En el programa, como hemos.
La presentación, por favor.
Esa es la que se ha.
Se ha ido al lado.
No, al lado.
Ahí.
No, no, no.
Perdona, dice que no toquemos.
Vale, no tocamos.
Muy bien, bueno, mientras se resuelve los problemas técnicos,
yo creo que es mejor con este que con ese.
Bien, como decía,
creo que era oportuno el que tuviéramos un lugar
de debate, un lugar de exposición para conocer el estado de situación
de los diversos sistemas internos de información
en los diversos ámbitos de actuación objetiva de la ley.
En el ámbito programático de estas jornadas, en teoría,
hoy vamos a hablar del ámbito de las universidades.
De hecho, es como comenzamos, ¿no?
Las primeras de las exposiciones, pero ya vemos que hay elementos,
como la exposición que acaba de hacernos nuestro compañero
de la Universidad de Jaén,
que nos sirve para cualquier sistema interno de información,
no necesariamente lo que hace a las universidades públicas
o al sistema universitario.
Pero yo sí me he centrado, como se me había pedido,
pues no, esto no va.
Va a ser este, yo creo, ¿no?
Me había dicho que daba igual uno que otro,
pero no.
Y este tampoco va.
Con el ratón.
Ah, mira, con ruedecilla.
Muy bien, vale, perfecto.
Bueno, pues como digo,
a mí se me había pedido que nos centráramos
o yo había expuesto la necesidad de que nos centráramos
en las singularidades y particularidades
de las universidades públicas.
De hecho, es como comienzo.
No tenemos muy claro si somos
o no una administración pública.
Sabemos por la entrada en vigor de las leyes 39 y 40
que pasamos a ser sector público institucional,
lo cual.
Tiene sus peculiaridades.
Y si bien es cierto que esto es así, el legislador,
cuando quiere recordar, nos sorprende,
incluyéndonos como excepción dentro de las excepciones
de si somos nuevamente administraciones públicas.
O sea que hay que observar detenidamente los boletines oficiales
para conocer en qué momento las universidades públicas
somos o no administraciones públicas para leyes importantes
como la ley de contratos, Somos Administración Pública.
Por eso digo que esto también se tiene que tomar
en consideración.
Y en lo que hace a la aplicación de la ley que nos ocupa,
evidentemente que también.
Ya nos ha comentado nuestro querido compañero y coordinador
de de la jornada la diversidad de tipologías de personas,
personas que ocupan las distintas actividades
y actuaciones que tienen lugar en las universidades.
A mayores no sólo tenemos personal de diversa índole
por el régimen jurídico de aplicación,
sino por los colectivos diversos a los que pertenecen,
tanto PTGAS como PDI
como PI y el régimen jurídico tanto de gestión laboral
como de gestión funcionarial.
Más allá de otras tipologías de personajes,
personas que aparecen recogidas en nuestra ley orgánica
del sistema universitario y también que es de aplicación
a través de lo que es la ley de la ciencia.
Por lo tanto, ahí tenemos una amalgama de posibilidades,
de posibles actuantes dentro del ámbito subjetivo
de la ley de los sistemas internos de información en las universidades,
que también da singularidad a su aplicabilidad.
Del mismo modo, tenemos una estructura organizativa,
como comentaba también Mariano, que es diferente
totalmente de cualquier otra administración pública,
por la proliferación de órganos de gobierno,
tanto unipersonales como colegiados,
que intervienen en la actuación y en la adopción de toma
de decisiones dentro de las instituciones universitarias.
Uno, que tenemos dos tipologías de clientes, la sociedad,
como no puede ser de otra manera, pero también el estudiantado,
que de hecho tiene ese concepto cuando uno suscribe una matrícula,
es el cliente al que le prestamos nuestro servicio principal.
Pero es que prestamos muchísimos más servicios, no solo el académico.
Prestamos servicios de innovación, de transferencia,
de investigación.
Por lo tanto, otra singularidad añadida a cualquier
otra Administración pública a la que se le aplique esta ley
de los sistemas internos de información.
Más allá de todas las sinergias, que tenemos con terceros intervinientes
en nuestras actividades, tanto no solo la sociedad,
sino también muchísimas empresas, otros organismos públicos,
otras administraciones públicas, etcétera.
Por lo tanto, como digo, ahí vamos creando
ese marco de singularidad de nuestras instituciones.
Y por último, como comentaba,
esa panoplia de órganos de representación.
Y luego además tenemos un extenso marco normativo
que casi no entra ni en la propia transparencia.
Y no he sido exhaustiva, solo hago una enumeración
de lo que hace a lo que nos ocupa en estas jornadas,
a todas aquellas normas que son
de aplicación al ámbito bien objetivo,
bien subjetivo que nos está ocupando en estos debates.
Vemos que va desde la Constitución, como no podía ser de otra manera,
a la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
pasando por la ley que estamos analizando y siguiendo
por el Estatuto de los Trabajadores,
el Estatuto Básico del Empleado Público
, la Ley Orgánica del Sistema Universitario.
La normativa que hace a protección de datos,
a transparencia, a los sistemas éticos,
etcétera, etcétera.
Por lo tanto, también en esto somos singulares
porque la normativa que les dé aplicación a cualquier administración
pública, a mayores en el ámbito universitario,
se añade en otra serie de normas que también les son de aplicación.
Por lo tanto, ahí nuevamente otro punto de singularidad.
Nuestra ley orgánica del sistema universitario
nos ha venido a comentar y ya se ha comentado aquí,
nos ha venido a poner encima de la mesa
algo que ya conocíamos y que la mayor parte
de las universidades teníamos y eran las denominadas unidades básicas.
Y de esas unidades básicas
tenemos varias que también tienen relación directa
con la aplicación del sistema interno de información.
Porque no solo la inspección de servicios,
de la que ya nos han hablado los compañeros,
no solo las unidades de igualdad, las de diversidad,
las defensorías universitarias,
pero también los servicios de salud y de prevención.
Porque, como todos sabemos,
si vamos al ámbito objetivo de aplicación de la ley,
el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales
también es objeto del canal de denuncias.
Por lo tanto, también hay una interacción aquí importante
y una interacción.
Especificidad en lo que hace a las universidades,
por las mismas razones ante dichas en relación
a los objetos de prestación y a la cantidad y panoplia
de personas que prestan servicios en regímenes jurídicos distintos
y ante el cliente estudiantado al que damos
y prestamos dichos servicios.
Ya se ha hablado de la inspección de servicios.
Otro ámbito de actuación importante sería la comisión de convivencia,
que es otra ley singular de nuestro ámbito universitario,
que se dictó también no hace mucho
y que a mayores de la obligación del legislador en crear
un régimen disciplinario para el estudiantado,
que como saben todos ustedes era preconstitucional
y por lo tanto debíamos adecuarlo y hemos tardado muchísimos años
en hacerlo.
También ha creado un órgano denominada Comisión de Convivencia,
que si bien la ley solo le da una única competencia
muy específica, bueno, pues las universidades,
que también nos gusta embrollar más de lo debido a mayores
de lo que lo hace el legislador nuestra actividad,
le hemos dado otro marchamo de actuación
y también se ha convertido en otro foco de recepción de quejas,
de denuncias, etcétera.
Por lo tanto, ya tenemos la inspección de servicios,
la comisión de convivencia y seguimos.
Tenemos los buzones de quejas y sugerencias que provienen
de la normativa específica relativa a mejorar la calidad en la prestación
de los servicios públicos.
Tenemos hasta tres tipologías
diferenciadas de protocolos de acoso.
El eminentemente protocolo de acoso laboral o famoso moving,
pero tenemos otras dos tipologías,
lo que hace a todo tipo de discriminaciones
y los que tienen que ver con la violencia sexual
por razón de género, orientación, por lo tanto,
otros uno, dos, tres, cuatro canales añadidos de posibilidades
de recepción de denuncias de todo tipo.
El siguiente, la ya citada defensoría universitaria,
que ha pasado a ser una unidad básica,
pero que estaba totalmente implementada
en todas las universidades y donde también llegan quejas.
Denuncias, sugerencias, problemáticas, conflictos.
Y seguimos.
Tenemos también la comisión antifraude.
Nacen las comisiones antifraudes de la normativa específica antifraude
dictada dentro del sistema jurídico
español por obligación europea ante la entrada de los fondos MRR
y y la ejecución del plan de recuperación,
transformación y resiliencia.
El legislador nos obliga a tener plan antifraude,
pero también una comisión antifraude
y también una posibilidad de recepción con su correspondiente
buzón de recepción de cualquier queja, sugerencia,
problemática asociada con el cumplimiento de este plan
de antifraude.
Y tenemos también el canal ético.
Otro de los canales donde se puede producir la recepción
de todo este tipo de denuncias.
Y ya por fin tenemos el denominado canal de denuncias.
Denominado canal de denuncias.
Que digo yo que el legislador
podía haber tenido un poquito más de imaginación
y haberle dado otra tipología,
otra denominación.
Porque, díganme ustedes, ¿cómo podemos dar solución
a más de 10 casos?
Vías distintas de entrada,
de quejas, denuncias, sugerencias, problemáticas, conflictos.
Donde son diez, cuando no hay un órgano colegiado detrás,
que entran a conocer, valorar, procedimentar y resolver.
Y donde un mismo caso puede estar entrando,
no ya en los diez,
pero seguramente en más de la mitad de estos canales.
Por lo tanto, esto ni es eficaz, ni es eficiente,
ni cumple ningún tipo de principio ni de seguridad jurídica
que se conozca.
Por eso mismo, entiendo, se me pedía una posible solución.
Ya hemos aportado esta posible solución
la semana pasada,
donde también compartí mesa con mi querido compañero
José Ángel Contreras, de la Universidad de Burgos,
y estuvimos en la Universidad de Extremadura,
estuvimos en Badajoz, en CRUE,
gerencias en el ámbito de prevención de riesgos laborales,
que como hace allí estuvimos hablando de lo que afectaba a la aplicación
de los canales en ese ámbito objetivo del que comentaba con anterioridad,
pues allí ya adoptamos una decisión y es intentar en el seno de CRUE
generar un grupo transversal para tratar la posibilidad
de dotarnos de una estructura ordenada en las universidades.
Para poder gestionar toda esta panoplia de lugares
en los que nos puede llegar la conflictividad
y que tenemos que atender.
De hecho, hoy mismo tenía lugar la reunión de la comisión permanente
de gerentes para llevarlo y plantearlo como una idea
para ver si es posible crear, como digo,
ese grupo transversal para dotarnos de esa posibilidad,
que sería una única entrada con una comisión multicompetencial.
Esta sería la propuesta que yo creo que sería conveniente explorar,
como digo,
y que ya hemos puesto encima de la mesa
para que sea analizada en CRUE.
¿Con qué idea?
Pues con la idea similar a lo que se está haciendo
en algunas universidades que tienen.
Una comisión que tienen,
pero que están utilizando el canal de denuncias propio
de la ley del sistema interno de información para aglutinar.
Y ese tiene que tener su singularidad,
porque tiene una singularidad de ámbito subjetivo
y una singularidad de ámbito objetivo.
Y, por lo tanto, entiendo que,
o entendemos que ahí no tendría por qué.
Estar incluidos, sino que esos diez canales,
en unos sitios habrá diez, en otros igual no hay
tres protocolos de acoso y solo tienen dos,
pero en otros quizás no tengan un código ético
con su correspondiente comisión, en otros quizás el plan antifraude
no lo han constituido con comisión y recepción de tal, depende,
pero esto es, digamos, que el mapa completo
de cualquier actividad aplicación global
de todas las normas asociadas al funcionamiento de las universidades.
Pues en este caso sería conveniente que efectivamente hubiera
una única vía donde entraran todas las posibles.
Denuncias, quejas, sugerencias, conflictos,
constituida que observara que viera una única comisión multicompetencial
donde se repartiera quien corresponda por materia,
por ámbito objetivo, por ámbito subjetivo
y por aplicabilidad de la ley que corresponda.
En virtud de esto, habría doble beneficio.
Por uno, no se perderían, o triple,
no se perdería en el limbo administrativo
ningún tipo de queja o conflicto presentado.
Por lo tanto, habría una seguridad jurídica para con los denunciantes
o las personas que presenten las quejas.
Dos, Habría una interconexión con todas las competentes
y una interrelación y una colaboración
y un conocimiento del estado de situación
de lo que se haya presentado.
En más de una ocasión puede ser que tenga que intervenir más de un órgano
o más de un representante dentro de toda esa panoplia
y por lo tanto ya estarían coordinados
y ya podrían repartirse el trabajo.
Y además habría una respuesta más clara, más directa,
en tiempo y en plazo.
No habría más de una respuesta, sino una respuesta institucional,
con la intervención de quien correspondiera
y sin tener que duplicitar los procedimientos
y sin dar respuestas, más de una,
en muchos casos totalmente contradictorias.
Por lo tanto, creemos que esta sería una idea.
Así se ha planteado, confiamos en.
Que se tome el testigo por parte de CRUE,
que logremos constituir esa comisión transversal
y que podamos dotarnos de una instrucción,
de una idea para aplicar a todas las universidades.
Evidentemente, cada universidad dentro de su autonomía
podrá hacerlo o no,
pero el poder facilitar esta solución para que podamos lograr.
Ordenar toda esta distorsión que nos ha producido el legislador
y también nuestra propia afición por la burocracia y por el cargo
y el carguito y el mira que bien que te han designado no sé qué,
mira que bien que te han metido en la comisión
no sé cuál y entonces todo eso lo único que conlleva como digo
es una gran inseguridad jurídica.
Así que ojalá que logremos esto y con ello logremos que,
como decía Helen Miller, la confusión es una palabra que hemos inventado
para un orden que todavía no se entiende.
Bueno, pues vamos a ver si logramos que de esa confusión
que tenemos encima de la mesa logremos ese orden
que necesitamos tanto las universidades públicas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana.
Muy interesante tu intervención, la verdad.
Que podemos aplicarla.