Buenos días, buenas tardes o buenas noches,
según cuál sea el momento que ustedes puedan elegir
para ver esta segunda sesión dedicada a algunas bases históricas,
a los principios y un recorrido básico
por algunos elementos o criterios esenciales
de los instrumentos del derecho administrativo ambiental.
Corresponde a una segunda sesión frente a la primera,
que era más conceptual, más de marco general,
y corresponde básicamente al capítulo tercero del libro
del Derecho Administrativo Especial o Derecho Administrativo IV.
En términos históricos, el derecho ambiental,
como había señalado en la clase anterior,
es algo relativamente novedoso,
que se ha insertado sobre el derecho administrativo particularmente,
también sobre el penal, el internacional público,
las relaciones internacionales,
etc., en un momento relativamente tardío,
pero que no puede entenderse precisamente sin esa inserción
en el marco jurídico del derecho internacional público,
del derecho de la Unión Europea y del derecho público.
En ese sentido me pareció muy interesante
la perspectiva que aportaban dos profesores argentinos
que señalaban que el desarrollo histórico del derecho ambiental
se podía situar como en tres grandes épocas.
Una primera época idealista que deriva de todo el primer origen
de la percepción ambientalista, de la primera,
se puede decir en estos términos, sentido ecológico,
al ver cómo el deterioro de determinados recursos que había
sobre la tierra o la sobreexplotación empezó en América,
pero ya había sensibilidades de ese sentido provenientes
de otras culturas occidentales,
y luego hablaré de otros aspectos que son importantes en ese sentido,
y a partir de ahí se empiezan a construir los primeros instrumentos
jurídico políticos que tratan de proteger
algunos recursos en particular algunos espacios en particular
y que generan sobre todo eso una cierta percepción proveniente
en gran medida del romanticismo del ambiente natural
como algo necesitado de ser protegido,
si bien muy al servicio,
a veces solamente estético, a veces lúdico,
del ser humano y de su estar en la tierra.
Y también la protección particular para su gestión
más o menos sostenible de algunos recursos.
De ahí se pasa a una fase mucho más analítica,
que ya se podría poner a partir de mediados del siglo XX,
en la cual muchos de esos problemas
se habían ido, problemas ambientales,
quiero decir, se habían ido acrecentando,
el abuso de los recursos era mucho más notorio,
la situación de algunas especies naturales
y de todos los servicios ecosistémicos, como ahora se llaman,
que esas especies estaban dando,
estaba generando situaciones críticas en algunos bancos de peces,
en algunos.
Bienes naturales de algunos países, en algunos espacios ecosistémicos,
etc. Y todo eso genera un periodo en el cual se empiezan a implementar
tratados internacionales, a veces normas nacionales,
y una situación de sensibilidad político-social que,
junto con crisis económicas y energéticas,
llevan a plantearse la necesidad de crear tratados
que protejan todos esos elementos.
Empieza, por lo tanto, una gran fase de desarrollo del derecho ambiental,
que quizás tiene su epicentro en la Cumbre del Desarrollo Sostenible
y en algunos otros instrumentos que, a partir de ahí,
derivan hasta finales de la década de los años 90 del siglo pasado.
Y hemos pasado quizás a una época compleja
donde la crisis ambiental en muchos de los factores
que podemos ver, la biodiversidad, cambio climático,
biodiversidad, situación de los recursos
en cuanto a qué recursos utilizables, etc.
Está en una situación crítica y en la cual se ha pasado
a una fase de principios y reglas que tratan de poner el factor ambiental.
Como elemento de interpretación de las relaciones entre los países,
de las relaciones económicas, del desarrollo económico,
etc. Con mejor o peor éxito.
Yo diría que en muchas ocasiones con un éxito pequeño
con respecto a la situación crítica.
Antes quería decir una cosa importante que me parece fundamental
a la hora de entender los planteamientos que dirigen
todo esto.
No podemos confundir el derecho ambiental.
Que deriva del ambientalismo como percepción
de la situación en la que estamos en el espacio natural,
con los elementos de la ecología.
Si bien es cierto que han caminado,
junto con el mejor conocimiento científico biológico,
científico ecológico, muy paralelos y muy de la mano,
como así deben ser.
Y en ese sentido, nuestra visión occidentalista
a través, en parte, del derecho y de la acción político-pública
para proteger todo esto,
no ha recogido del todo lo que muchas sociedades ancestrales,
lo que muchos pueblos que han tenido desarrollos sostenibles
plasmados en una utilización de los recursos
a lo largo del tiempo, han tenido en sus ordenamientos
y se ha plasmado recientemente en algunos ordenamientos jurídicos
que protegen el medio ambiente desde un sentido mucho más natural,
si quiere hablarse de ese modo,
o mucho más intrínseco a su valor propio.
También es cierto, en ese sentido,
que la sobreocupación del territorio por la población,
por la utilización de recursos y la generación de necesidades energéticas
ha sido tan grande en algunos lugares de occidente
y ahora en otros lugares del mundo que la generación
de un derecho particular ha sido necesaria.
Precisamente para delimitar un poco ese abuso y sobreabuso,
esa explotación y sobreexplotación de los recursos,
como decía antes, con mayor o peor éxito.
Pero no podemos pensar que el derecho ambiental en su sentido moderno
no tenga también unas raíces conceptuales históricas
en otros modos de vida ancestrales del ser humano en la Tierra
y otra concepción incluso de nuestra propia imbricación
en la bio o ecosfera.
Y en ese sentido me parece importante dejar todo esto,
porque aunque no sea materia propia del derecho administrativo 4,
está en el fundamento de todo ello.
Esto nos derivaría a continuación en tratar de ver básicamente,
en lo más general y esencial,
los principios, las reglas y el resto de elementos
que constituyen las bases conceptuales del derecho ambiental,
tal y como ha sido considerado actualmente.
El libro recoge un poco la distinción entre principios y reglas
que proviene de la filosofía de la teoría general de derecho.
Básicamente los principios nos ayudan a interpretar
y a ponderar los bienes en juego y por lo tanto tienen
que ser elementos que constituyen un marco conceptual
que ayudan después al operador jurídico concreto,
al abogado, al juez,
al legislador a ver por dónde plasma sus imperativos jurídico-legales
o la aplicación de esos imperativos normativos en casos concretos
para la solución de un conflicto como puede
ser lo que ocurre con un juez.
Y en ese sentido, los principios siempre actúan
en un marco de ponderación con otros bienes,
bienes político-jurídicos o bienes económico-jurídicos o bienes sociales
que están en juego junto con esos bienes ambientales.
Las reglas ya son instrumentos concretos
que muchas veces derivan de esos principios
y que permiten una aplicación concreta a un caso
para saber cuándo se está o no se está cumpliendo
con esa regla jurídica.
Por lo tanto, tendría una efectividad mucho más concreta,
mucho más particularizada
y en cierta manera sería una cosa más de blanco o negro
que todo el término de ponderación propiamente de los principios.
Se ha distinguido en el libro entre principios teleológicos,
aquellos que orientan la acción del derecho en materia ambiental
y que no voy a recoger porque están creo
que suficientemente explicitados en el libro,
de los principios operativos que en parte a veces actúan también
como reglas que permiten ver cómo se aplica el derecho ambiental
en el resto de.
Principios a veces muy complejos que ya han ido siendo construidos
en los últimos 20-30 años con una articulación
incluso jurisprudencial, con explicaciones normativas,
que aparecen en muchos lugares y en muchas normas
y por lo tanto que tienen ya una plasmación real.
Algunos, por más que sean generales
como el concepto que antes quería señalar,
el desarrollo sostenible,
tienen implicaciones que luego se han plasmado
en todas y cada una de las normas.
Porque como vamos a ver,
como vais a ver a lo largo del resto de capítulos de este libro,
el concepto de desarrollo sostenible
o el ambientalismo está en muchas otras
de las realidades de ordenación del territorio, de urbanismo,
de aguas, montes y gestión de otros bienes de la naturaleza,
de tal manera que es un factor que, pese a su vacuidad
en cierto sentido, es un factor que está presente
y determina muchísimas políticas públicas
y determina la actuación normativa, si bien con márgenes
de discrecionalidad que ya veremos llegados un momento
cómo operan.
Bueno, se trata por lo tanto de principios
muchas veces mixtos que se mezclan junto con reglas operativas.
Del derecho.
Estas reglas operativas en el cacho del derecho ambiental
han sido recogidas particularmente desde la base del derecho europeo,
porque el derecho europeo ha tenido en materia ambiental
una característica esencial.
Sin ser el ambientalismo una competencia propia
de la Unión Europea,
y entro con esto ya en temas competenciales
y temas de organización, sin ser una competencia propia
de la Unión Europea, menos exclusiva por supuesto,
pero tampoco ser una competencia propiamente compartida,
se ha convertido en una competencia que transversalmente ha atravesado
literalmente todas las políticas de la Unión Europea
y que ha ido imponiendo en pro de constituir
una base ecológica común en todos los países,
se ha ido imponiendo sobre los países en muchas normas y en ese sentido
ha pasado a ser una competencia no competencia con un fuerte carácter
y muchas normas que se aplican sobre los estados.
Y sobre esa base es sobre la que la Unión Europea
ha actuado fortísimamente en protección de espacios naturales,
en protección de la biodiversidad,
actualmente en protección del cambio climático
como base necesaria para el desarrollo energético
de todos los países miembros y lo ha hecho principalmente
a través de una serie de reglas que se han concretado
muchísimo en el derecho de la Unión Europea
y para las cuales me remito al libro.
Bien, pasamos así,
después de estas bases muy generales,
se quedan muchas cosas en el tintero,
pero creo que puede servir como base para entender un poco
y contextualizar todo lo que en el libro está expuesto de una manera
pues quizás más telegráfica, más conceptualística,
y de esta manera lo vemos en un marco más de entendimiento general
de por qué está ahí y cuáles son las razones que obedecen
a que eso exista dentro de nuestro derecho,
pasamos a algunos aspectos que tienen que ver con los instrumentos.
Un marco general en primer lugar.
Las posibilidades a la hora de estudiar el derecho ambiental
son básicamente dos, podríamos entrar en matices.
Estudiarlos desde todas y cada una de las materias propias
del ambientalismo
y podríamos decir la protección del medio ambiente en las aguas,
en los bosques, los residuos, la atmósfera, el mar la tierra,
los espacios naturales, las especies naturales,
las emanaciones de la industria, etc. Esto lo haría muy complejo,
además lo haría muy voluble porque hay normativa continua,
es un ámbito que se está desarrollando continuamente,
encima concurren tres autoridades,
la Unión Europea, Primero, el ámbito internacional,
que a veces nos da muchas normas, la Unión Europea,
el Estado Nacional, las comunidades autónomas
y en algunos pequeños ámbitos los entes locales,
lo haría muy complejo, muy voluble, muy cambiante y muy difícil
de aprender sin que esa memoria quedara enseguida transformada.
Y otro sistema.
Tradicionalmente usado
desde el derecho administrativo ha sido muy útil
y es estudiar los instrumentos que nuestro ordenamiento jurídico
tiene aquí los del derecho administrativo
pero también los instrumentos del derecho penal
o de otras áreas del derecho y qué instrumentos jurídicos están
y se están utilizando para la protección del medio ambiente
y en ese sentido el libro ha acudido un poco a todas las áreas
tradicionales del derecho administrativo
la actividad de fomento o servicio público.
Y de servicio público,
la actividad de policía, limitación o control,
la actividad de sanción e inspección, las actividades,
digamos, en las que la administración hace una actuación arbitral
o una actuación de supervisión, más o menos supervisora de entes
ya en sí mismos regulados por normativa,
la de conveniación de la administración
con otros poderes sociales, por hablar en estos términos,
y en ese sentido se ha utilizado un poco
los instrumentos que derivan de cada uno de esos grandes ámbitos.
Todo esto tiene una base previa importante
en la medida en que se ha insertado particularmente
desde el derecho ambiental
y es que desde el convenio ARUS de 1995 y posteriormente en el ámbito
iberoamericano el convenio de Escazú,
pues se pensó que era importante en términos
también de esta transformación que antes hablaba de la gobernanza,
del modelo de legitimidades público-administrativas y políticas
también.
Es decir,
para que la ciudadanía vea el medio ambiente protegido,
lo primero que necesita es conocer eso y conocer los procesos
públicos y participar en esos procesos públicos
y también tener acceso a la justicia en el sentido de jurisdiccionabilidad
para ver protegidos esos derechos.
Y este convenio y la normativa que se desarrolló
en España a partir de ahí tuvo que ver precisamente
con estos tres factores.
El factor de la información activa y pasiva ambiental,
el factor de la participación
en el quehacer de la protección del medio ambiente,
como de otros, y el factor del acceso a la justicia.
Tema que engancha, aunque ahí lo dejo,
con el tema de la justicia ambiental en el ámbito global o internacional.
Y en ese sentido, ese marco de transparencia,
gobernanza y acceso a la justicia ha sido como una base
que se ha entendido necesaria para posteriormente desarrollar
muchos otros instrumentos, particularmente,
como veremos al final, la cuestión de la responsabilidad
en materia de daños ambientales.
Vamos, por lo tanto, dejando un poco de lado todo esto de la información
y todos los factores concomitantes, con.
Unos esbozos generales de los grandes aspectos
e instrumentos jurídicos a la hora de proteger el medio ambiente.
En primer lugar, como técnica señera particular
y especialmente importante dentro de los poderes públicos,
está la actividad de planificación.
Esto es algo que todos hacemos, todos nos planificamos de un modo
u otro, más o menos a largo, medio o corto plazo,
nuestra vida, las acciones que hacemos cada día,
a lo largo del año, etc. Y lo mismo hacen los poderes públicos,
organizan todo esto.
Y en ese sentido, de donde parte particularmente
el derecho ambiental ha sido de la actividad de planificación
de los poderes públicos
y de la inserción de la protección del medio ambiente
sobre los planes y programas de todo tipo que había,
particularmente la ordenación del territorio,
el urbanismo, la gestión de aguas,
la gestión de residuos, la gestión de bosques y montes,
la gestión de los bienes patrimoniales.
Perdón, los bienes generales, los bienes comunes del mar,
de los océanos, etcétera.
Sobre todo eso ha habido una actividad de planificación
que ha derivado básicamente, aunque hoy se explique mucho
desde el tema de la protección de la biodiversidad,
en protección de espacios naturales y protección de especies naturales.
Hoy también se inserda sobre todo eso la conectividad
de todos esos elementos y por eso los corredores ecológicos,
la conectividad entre los elementos vivos
que constituyen estos hábitats naturales.
En ese sentido, la planificación ha sido básica, elemental
y en ese sentido ha sido un criterio fundamental
a la hora de organizar el derecho ambiental administrativo.
Aquí el tema ha sido muy complejo por la cuestión competencial
y de distribución de competencias, dando lugar a mucha conflictividad
que está más o menos expuesta en el libro de manera general.
Pero ha derivado en un sistema de planificación
de espacios nacional que es básico
y que no es óbice a que las comunidades autónomas
tengan sus propios sistemas.
Muchas veces se compenetran unos mejor o peor con los otros.
A un sistema fortísimo de regulación de los espacios naturales por parte
de la Unión Europea a través, básicamente,
y englobando otros que había ido creando, de la red Natura 2000,
la red de hábitats de importancia comunitaria,
de importancia de la Unión Europea,
y que ha supuesto una transformación importante
porque tiene un modelo muy ecosistémico
y se puede decir biodiverso, de protección de la biodiversidad
de los espacios naturales.
Y todo eso ha generado a continuación
un sistema de planes concretos y operativos
y un sistema estratégico de gestión de todo eso.
En el plano de lo estratégico hay muchos planes
para las áreas marinas, para las áreas terrestres, etcétera,
para el patrimonio natural,
que tratan de crear como libros blancos y marcos conceptuales
para entender cómo mejor proteger el medio ambiente.
Y eso es un tema controvertido porque muchas veces
son demasiados planes, son demasiado difusos
y son demasiado complejos en cuanto a su aplicabilidad concreta.
Pero sí que es cierto que de todo esto
derivan una serie de planes concretos de valor jurídico administrativo
muy preciso y muy delimitado por los tribunales que se imponen
sobre cualquier otro sistema de planificación urbanístico,
ambiental, de otros tipos, energético, etc.
Y son particularmente los planes rectores de uso y gestión
de cada espacio natural y los planes de ordenación
de los recursos naturales.
Es que de ahí además derivan.
Y en ellos se conectan los grandes instrumentos clásicos
del derecho administrativo de autorizaciones, de prohibiciones,
de delimitaciones territoriales sobre un espacio,
de sancionabilidad y, por supuesto, de la posibilidad,
porque es un bien que se caracteriza como un bien de interés general,
de expropiaciones y de acciones de tanteo y retracto
para adquirir la propiedad de muchos de esos espacios,
de muchos de los terrenos que están en esos espacios
protegidos bajo el concepto que sea parque natural,
parque nacional, monumento natural,
paisaje protegido o áreas marinas protegidas, que es
como la gran asignatura pendiente en un país tan marítimo
como ha sido tradicionalmente España.
Esto podría decir, evidentemente, hay muchos aspectos menores
pero muy importantes
en los que no se puede entrar en esta visión general,
pero que ahí se quedan para el libro.
El siguiente elemento esencial
o la siguiente acción de intervención administrativa puede ser
todo lo que se deriva de la actividad de autorización administrativa.
Dentro del marco de la policía, control y autorización de sistemas
y de actividades que realizan los ciudadanos
en su quehacer diario, mercantil, comercial, civil, etc.
Y ahí aparecen instrumentos básicos,
como son básicos desde el punto de vista
del derecho medioambiental y muy pioneros,
la evaluación de impacto ambiental
para proyectos y la evaluación ambiental estratégica
para planes y programas, que son como instrumentos autorizatorios,
ambos con carácter preventivo,
con un carácter complejo por la cantidad de elementos
que requieren, de manera que tienen una fuerza perceptiva
porque se imponen sobre todo lo demás,
y con un carácter sistémico
porque englaban un montón de actividades,
de tal manera que a través de ellos se evalúa.
Las cuestiones ambientales que podrían afectar a ese proyecto
o a ese plan, desde un parque eólico hasta una urbanización
o una industria contaminante o no contaminante
en determinado lugar, hasta un plan y programa urbanístico general
o un plan de industrialización de una zona que requieren
o evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica
o ambas, y también las autorizaciones ambientales integradas.
Autorizaciones muy específicas y muy concretas que una norma
desarrolla de una manera muy técnica para todas aquellas empresas
y sectores particularmente contaminantes
según los rangos que aparecen en esa norma
y que, como digo, resulta muy complejo.
Casi todo esto, su gestión, salvo casos muy particulares,
es del ámbito autonómico con alguna participación
al final del ámbito local.
Siendo importante que la declaración de impacto ambiental
que deriva de la evaluación de impacto ambiental
se impone siempre sobre cualquier decisión
y autorización derivada, de tal manera que si se necesita
también una autorización de la entidad local
o de la entidad autonómica para el.
El efecto que sea urbanístico, industrial,
etc., la declaración determina si esa autorización urbanística
o del tipo que sea se puede al final dar es viable y en qué condiciones,
porque una declaración de impacto ambiental
puede decir es viable esta actividad bajo estas condiciones que luego van
a ir teniendo que ser reevaluadas periódicamente para ver
si esa declaración se mantiene o no se mantiene
o incluso se revierte o incluso lleva a un proceso sancionador.
Bien, tenemos que pensar también que no hay actividad de control,
de delimitación ni actividad de planificación
sin que exista posteriormente dos cosas.
La imposición de un sistema impositivo,
todos los impuestos verdes.
No me puedo detener mucho en ello,
pero es importante considerar que tienen que tener
un objeto ambiental, además del objeto propiamente fiscal,
para ser caracterizados como impuestos ambientales,
ha dado lugar a unas controversias importantes
entre fiscalistas, administrativistas y politólogos
sobre la conceptualización.
Hay muchos elementos que habría que evaluar aquí.
Sobre la identidad de estos impuestos y la necesidad
de que lo que se deriva de esos impuestos fuera precisamente
a la protección del medio ambiente y no a Tesorería General,
pero ahí lo tenemos que dejar.
Pensando que el factor económico es un factor
de todas maneras económico fiscal muy importante
porque transformaría también la visión que tanto los ciudadanos
como el Estado tendrían de la protección del medio ambiente.
Cuando uno ve que además de la protección
del medio ambiente.
Esta afecta de un modo u otro a su bolsillo,
tiende a cuidar un poco más las cosas o a ser un poco más sensible
e incluso a entender.
Pero también exige al Estado explicar mejor a sus ciudadanos
por qué esa protección tiene un coste y ese coste
a dónde va a ir a derivados,
a proteger precisamente los bienes naturales.
Pensemos que también se está insertando este factor
económico fiscal tributario en otros ámbitos
como la contracción pública, las subvenciones,
para no hacer subvenciones que no ayuden precisamente
a la protección ambiental.
Un tema que la Unión Europea estaba poniendo mucha atención,
no sé si seguirá poniéndosela en los tiempos actuales
en que aparece.
También se podría hablar mucho, como factor derivado
de la nueva manera de entender el derecho administrativo
y el derecho público, de la autorregulación regulada.
Es decir, todas aquellas actuaciones de los poderes públicos
que tienen que ver con cómo gestionan la actividad de los privados.
¿Y cómo les incentivan a cuidar el medioambiente?
A través del sistema EMAS,
de las ecoetiquetas, de los sistemas ISO-UNE,
es decir, las estandarizaciones de normalización con criterios
ambientales de las actividades que prestan.
¿Y cómo el Estado vigila también todas esas actividades
como autorregulador.
Regulado por el Estado, en un sistema
que podríamos poner equiparable al que se hace con las ITVs,
en las cuales una entidad privada colabora con lo público
para vigilar que, en este caso,
todos los vehículos cumplen con unos requisitos,
pues eso pasaría con muchas otras industrias.
Es un ámbito que, junto con el compliance penal,
la autorresponsabilidad y la deontología empresarial,
está llamado a ser fundamental para que toda la sociedad
y particularmente los sectores económicos que muchas veces
priman el desarrollo económico sobre la sostenibilidad ambiental
tengan el factor ambiental mucho más insertado,
mucho más aprehendido y además el Estado
vigile que no se hace lo que se llama como greenwashing,
que quiere decir que socapa de ambientalismo,
venden sus productos sin que estos sean realmente sostenibles,
sino utilizando etiquetas creadas ad hoc
y sin un control suficiente que les hacen tener
como ese prurito de ecologismo que luego no está.
Pero no me detengo ahí sabiendo que hablo temas muy amplios,
muy interesantes y muy complejos.
Pues bien, decía
y con esto acabo que realmente todo el sistema ambiental,
al final necesita,
todo el sistema de protección jurídico ambiental,
perdón, necesita un mecanismo de cierre.
Y muchos de los instrumentos clásicos del derecho administrativo
son el régimen de inspección, de potestades sancionadoras,
que en última instancia sirven como cierre para castigar o penalizar
aquellas conductas que son contrarias a esos bienes jurídicos
protegidos en términos ambientales.
De ahí que muchísimas normas transversales,
aguas, montes, minas, biodiversidad, espacios, especies, residuos, etc.,
en materia ambiental,
acaban teniendo un minicódigo sancionador con aquellas conductas
que van a ser sancionadas en caso de no cumplirse.
Lo mismo con evaluación de impacto, con autorizaciones ambientales.
Para eso hace falta un sistema de inspección,
un sistema de policía y control y previamente
un sistema que inspeccione que todas esas actividades
se realizan.
Esto es muy propio del derecho administrativo
y, como ya es explicado en otros momentos,
lógicamente se enmarca dentro de los principios
del derecho punitivo administrativo.
Y todo eso acaba con un cierre final y definitivo,
y es un adecuado sistema de responsabilidad.
Uno de los grandes vacíos.
Conceptuales y reales de nuestro ordenamiento jurídico,
particularmente de la actuación de los poderes públicos,
es un adecuado sistema de responsabilidad del sector público
y de sus agentes.
Pero es que además en materia de medio ambiente,
donde los daños muchas veces son daños difusos o daños duérfanos,
es decir, daños a un bien común que a todos nos afecta,
no tener un adecuado sistema de responsabilidad por esos daños.
Que posibilite la restauración de ese daño ecológico,
pues lo único que hace es contribuir al deterioro ambiental del conjunto.
Y en ese sentido, la Ley de Responsabilidad Medioambiental
trató de paliar sin mucho éxito todo ese sistema.
No generando solo un sistema en el cual al final
fuera la autoridad pública
la que tuviera que asumir el coste de toda esa protección,
sino asumir un sistema de garantías empresariales
a través de seguros patrimoniales,
pero también de un patrimonio destinado a tal fin,
a modo de seguro público general o de reserva económica para tal fin,
para proteger y restaurar esos bienes.
Esto sería fundamental que funcionara.
No ha funcionado adecuadamente,
pese a que el contenido de la Ley de Responsabilidad Ambiental
aparentemente es muy ambicioso y muy interesante,
y sería la cláusula necesaria.
Para evitar todos esos daños derivados de la presencia
de un daño subjetivo por parte de los sistemas tradicionales
de daño civil, de daño penal e incluso de daño
a través de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Por una razón muy sencilla, cuando la Administración
tiene que restaurar un bien, lo que va a hacer es, si lo hace,
poniéndolo en la agenda de sus muchos quehaceres públicos,
es hacerlo con el presupuesto general,
es decir, al final,
con los impuestos de quienes sufrimos ese daño ambiental,
todos nosotros.
Y por eso sería más razonable un sistema
en el cual fueran responsables no solo quienes han hecho ese daño,
que muchas veces son insolventes, sino un patrimonio general
destinado a tal fin.
En ese sentido,
quería señalar la importancia de todo esto.
Soy consciente de que en estos pocos minutos ha sido
mucha la materia, muchos los conceptos,
muchas las ideas.
Espero que con este resumen general el marco quede un poco más claro
y sirva como pauta interpretadora de todo lo que luego el libro,
de una manera quizás muy precisa, muy exacta y también delimitada,
va explicando sin perjuicio de todo el avance.
Que puedan hacer ustedes por libre, ayudándose de otros instrumentos,
otros libros y otros mecanismos para proteger mejor
el medio ambiente, sabiendo que todo esto que ha salido
aquí es la base necesaria para entender
no solo los capítulos posteriores de este libro y de esta materia,
sino también un reentendimiento de todo el paradigma
del derecho ambiental
y de todo el paradigma del derecho en general
y, desde luego, nos puede ayudar también a repensar
cuál es nuestra propia actitud sobre el globo terráqueo del que dependemos
y que también depende de nuestra actuación.
Esta es una pequeña llamada, por tanto, a mejorar en lo personal,
aunque sepamos que no podemos hacer grandes transformaciones,
pero que también tengamos una mejora o una mayor sensibilidad
hacia lo que supone la protección ambiental,
la protección de las tierras, de los elementos
y los bienes que constituyen e incluso un pensamiento profundo
de qué son esos bienes,
qué son esos elementos de la naturaleza
y qué somos nosotros con respecto a esos elementos
para transformar nuestra presencia y nuestra actitud.
Muchas gracias por su atención y quedamos,
como saben, a su disposición en los foros correspondientes.
Gracias.