Programa 4.
Objeto procesal.
Presupuestos, concepto, integración, ampliación y actos de disposición.
Recordemos que son presupuestos del objeto procesal
los que condicionan la admisión de la demanda
y se resuelven por resolución procesal.
Son los siguientes.
Caducidad de la acción, segundo, pago de las tasas judiciales,
tercero, litigio y pendencia, cuarto, cosa juzgada,
arbitraje y pendiente compromiso, el quinto,
medios adecuados de resolución de controversias,
los actos o medios dispositivos de finalización del proceso,
de finalización del litigio y, por último,
el procedimiento adecuado.
Vamos a analizar cada uno de ellos.
La caducidad de la acción.
La interposición de determinadas pretensiones está sometido
en el orden civil a plazos por razones de seguridad jurídica,
de certeza, de predictibilidad.
Por tanto, la caducidad impide que comience un proceso,
no es susceptible de interrupción y de suspensión,
es detectable de oficio y también a instancia de parte.
Cuando el plazo de un proceso ha caducado, eso es insusanable
y, por tanto, no podrá interponerse la demanda.
La litispendencia consiste en la pendencia
de un proceso entre las mismas partes por idéntico objeto.
Hay varios tipos de litispendencia.
Hay dos, la propia,
cuando el objeto procesal es idéntico,
y la impropia, cuando el objeto procesal
que trae causa de otro que se está enjuiciando.
De alguna manera, no es idéntico el proceso,
pero trae causa de otro y, por tanto,
de alguna manera depende de su enjuiciamiento previo.
La litispendencia, con todos sus efectos procesales,
se produce desde la interposición de la demanda,
si después es admitida.
Su vigencia se contrae a toda la duración cronológica
del proceso de principio a fin,
desde la interposición de la demanda,
si después es admitida,
hasta la sentencia definitiva y firme,
con fuerza de cosa juzgada.
Puede por ello decirse que la litispendencia
es la antesala cronológica de la cosa juzgada.
La cosa juzgada de las sentencias firmes,
sean estimatorias o desestimatorias,
también excluirá conforme a la ley un ulterior proceso
cuyo objeto sea idéntico al del proceso
en el que aquella se produjo.
La cosa juzgada consiste,
como todos sabemos, en su versión positiva
en que los responsables resuelto con fuerza de cosa juzgada
en una sentencia firme anterior que haya puesto fin a un proceso,
vinculará al proceso siguiente en el que en lo anterior
aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto,
siempre que los litigantes de ambos procesos
sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos
por disposición legal.
Y en su versión negativa, ne vis in idem, no dos veces la misma cosa,
no cabe interponer ante los tribunales de justicia
dos veces entre las mismas partes un objeto idéntico,
porque ya opera una fuerza material de cosa juzgada respecto
del proceso anterior.
El arbitraje dependiente compromiso
consiste en que el arbitraje es un medio heterocompositivo
de resolución de controversias dispositivas
al que las partes se someten previa expresa
y voluntariamente con anterioridad al surgimiento del conflicto para que
un tercero, el árbitro, le ponga fin de manera definitiva e irrevocable.
Si alguna de las partes después,
con olvido de su sumisión previa al arbitraje, acude a los tribunales,
podrá la otra aducir la excepción de sumisión a arbitraje
o de haber comenzado ya el proceso de arbitraje la excepción
de pendiente compromiso.
Estamos pendientes de la respuesta por el árbitro.
Si el arbitraje hubiera ya concluido,
la excepción oponible será la de cosa juzgada
porque los laudos arbitrales firmes
gozan de similares efectos a los de la cosa
juzgada de las sentencias erigiéndose también en títulos de ejecución.
Si el Tribunal entendiese que carece de jurisdicción
por corresponder el conocimiento de ese asunto a un arbitraje,
así lo declarará mediante auto absteniéndose
de conocer y sobreseguiendo el proceso.
También podrá el demandado interponer una declinatoria como consecuencia
de que hay un pendiente compromiso.
Está pendiente ese objeto
entre esas partes de ser valorado por un árbitro a través de un laudo.
Los medios adecuados de resolución de controversias
son los siguientes presupuestos del objeto del proceso.
Son requisitos previos a los procesos civiles y mercantiles dispositivos
cuyo cumplimiento condiciona la misma admisión de la demanda.
Se excluyen la materia laboral, penal, concursal
y aquellos en los que una de las partes
sea la administración pública.
También se excluyen dentro del orden civil
las siguientes materias.
Primero, los actos previos al proceso concretamente,
las medidas cautelares y las diligencias preliminares.
Quedan excluidos también los derechos fundamentales,
puesto que estos gozan de una naturaleza innegociable,
indisponible y renunciable,
por tanto, no son susceptibles de negociación
a través de un medio adecuado de resolución de controversias.
También queda excluida la jurisdicción voluntaria
con excepción de tan solo tres expedientes.
Estos tres expedientes que quedan excluidos
y por tanto sí deben implorar un medio adecuado de resolución
de controversias son los asuntos relativos al desacuerdo conyugal,
a la administración de bienes gananciales
y a la intervención judicial en el caso de desacuerdo
en el ejercicio de la patria potestad.
Continuamos con las materias excluidas de los medios
adecuados de resolución de controversias ciertos
procesos sumarios concretamente el de retener
frente a actos de perturbación el de recobrar
frente a actos de despojo la posesión en ambos casos.
El de obra ruinosa,
ya sabemos, demolición, derribo de obra,
edificio, árbol, columna, cualquier otro objeto análogo
que amenace causarnos ruina
o que amenace causar daños a quien demanda,
los procesos que afectan a las personas con discapacidad,
concretamente los de adopción de medidas judiciales
de apoyo a personas con discapacidad,
los procesos que afectan en general a los menores
y a la filiación, el ingreso de menores
con problemas de conducta en centros de protección específicos,
la entrada en domicilios y restantes lugares
para la ejecución de medidas de protección de menores,
restitución o retorno de menores en supuestos
de sustracción internacional
y la filiación por maternidad o paternidad.
También están excluidos de los medios adecuados
de resolución de controversias los procesos ejecutivos,
concretamente el ejecutivo cambiario y el europeo de escasa cuantía.
Los tipos de medios adecuados o MASC que existen en nuestra legislación
son los siguientes.
Primero, la mediación regulada
en la propia Ley de Mediación a Asuntos Civiles y Mercantiles.
Luego, la conciliación ante notario, la conciliación ante registrador,
la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia,
la conciliación privada consistente en que toda persona física o jurídica
que se proponga ejercitar acciones legales
que le correspondan en defensa de un derecho puede requerir
a una persona con conocimientos técnicos o jurídicos
relacionados con esa materia de la que precisamente se trata,
para que gestione una actividad negociadora tendente
a alcanzar un acuerdo conciliatorio con la parte
a la que pretende demandar.
En séptimo lugar, la oferta vinculante confidencial,
consistente en que cualquier persona,
con ánimo de dar solución a una controversia,
formule una oferta vinculante confidencial a la otra parte,
si bien, en el caso de que la formule,
queda la otra parte obligada a cumplir la obligación que asume.
Una vez que la parte a la que va dirigida la acepta expresamente.
Dicha aceptación tendrá carácter irrevocable.
Por tanto, esta oferta, insisto, es vinculante para quien la lanza
y también, una vez aceptada,
para quien la acepta.
La opinión de persona experta independiente.
Las partes con objeto de resolver una controversia también
podrán designar de mutuo acuerdo a una persona experta independiente
que les emita una opinión, en este caso ya no es vinculante,
respecto de una materia objeto de conflicto.
Las partes estarán obligadas a entregar a esa persona
toda la información y pruebas de que dispongan sobre el objeto
controvertido.
Y por último, el proceso colaborativo.
El proceso de derecho colaborativo
consiste en que las partes pueden acudir
a este proceso acompañadas o asesoradas por un profesional
de la abogacía ejerciente y con colegiación en un colegio
de la abogacía acreditado en derecho colaborativo
y con la intervención en su caso de terceras personas neutrales,
expertas en las diferentes materias sobre las que versa su controversia
o conflicto y facilitadoras de la comunicación
que buscarán entre todas ellas una solución consensuada,
total o parcial a su conflicto.
Únicamente será preceptiva la asistencia letrada
a las partes cuando se utilice como MASC,
como medio adecuado de resolución de controversias,
la formulación de una oferta vinculante,
excepto cuando la cuantía del asunto
controvertido en esa oferta vinculante no supere los 2.000 euros
o bien cuando una ley sectorial no exija la intervención de abogado
para la realización o aceptación de esa oferta.
Bien, los medios dispositivos de finalización del litigio,
o también denominados actos de disposición del objeto del proceso,
son la renuncia, el allanamiento, la transacción,
la conciliación y la satisfacción extra-procesal de la pretensión.
También son actos de disposición,
pero no evitan la posibilidad de interponer un ulterior recurso,
un perdón, un ulterior proceso,
el desistimiento y la interrupción y suspensión del procedimiento.
Pasemos con ello al procedimiento adecuado,
puesto que sobre los medios dispositivos de finalización
de litigio volveremos más tarde.
El procedimiento adecuado es el cauce procedimental
a través del cual se debe dilucidar cada concreta controversia
dentro de los siguientes.
Bien, los ordinarios, los procesos declarativos ordinarios
en nuestra justicia civil.
Son el propiamente ordinario y el verbal,
por razón de la materia prioritariamente en su defecto,
como se sabe, de la cuantía,
luego los especiales y por último los sumarios.
Este procedimiento adecuado ha de detectarse de oficio
y en caso de que el tribunal de instancia no se hubiese percatado
de que es inadecuado el procedimiento a través
del cual se está sustanciando un determinado proceso,
entonces hay instancia de parte.
Bien, el concepto de objeto procesal es el siguiente,
está integrado por las pretensiones declarativas,
constitutivas y de condena.
Y es que se podrá pretender de los tribunales
la condena a una determinada prestación,
la declaración de la existencia de derechos o situaciones jurídicas,
la constitución, modificación o extinción
de estas situaciones jurídicas,
la ejecución, la adopción de medidas cautelares
y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista
en la ley.
Estas pretensiones se formularán ante el tribunal
que sea competente y frente a los sujetos
a los que haya de afectar la decisión pretendida.
El fundamento y finalidad de la concreción del objeto litigioso
es la siguiente.
Primero, la pretensión determina el objeto.
Los tribunales civiles decidirán los asuntos
en virtud de las aportaciones de hecho,
de las pruebas y de las pretensiones de las partes,
excepto cuando la ley disponga otra cosa para casos especiales.
La pretensión, además, condiciona el contenido de la sentencia,
porque las sentencias,
que deberán ser claras, precisas y congruentes,
habrán de ser lo precisamente respecto de las demandas
y de las pretensiones de las partes, deducidas, además,
oportunamente en el proceso.
Harán las declaraciones que aquellas les exijan,
condenando o absolviendo al demandado y decidiendo,
siempre por razones de congruencia,
sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate.
La pretensión además marca el inicio de la litispendencia.
Recordemos que la litispendencia con todos sus efectos procesales
se produce desde la interposición de la demanda
si después es admitida.
La pretensión determina además cuál sea el procedimiento adecuado.
Toda contienda judicial
entre partes que no tenga señalada otra tramitación se ventilará
y decidirá por el proceso declarativo que corresponda.
Pertenecen a la clase de procesos declarativos,
ya lo he dicho, el ordinario y el verbal.
Las normas de la determinación de la clase de juicio
por razón de la cuantía sólo se aplicarán
en defecto de la materia.
La pretensión condiciona además la posibilidad de acumular
o no determinadas pretensiones o acciones.
El actor podrá acumular en la demanda
cuántas acciones le competan contra el mismo demandado,
aunque provengan.
De diferentes títulos siempre
que aquellas no sean incompatibles entre sí
y para ello hemos de concretar perfectamente
cuál sea el objeto litigioso
de nuestro concreto proceso susceptible o no de ser acumulado.
La pretensión determina además la prohibición
de la mutatio libelli consistente en que establecido
lo que sea objeto del proceso en la demanda,
en la contestación o en su caso en la reconvención
una vez establecido y concluida esa fase de alegaciones
ya no podrá alterarse este objeto procesal posteriormente.
La pretensión ha de cumplir requisitos procesales
y de fondo.
Respecto de los procesales, son imprescindibles para cursar
la pretensión y la ausencia de ellos originaría una resolución procesal,
sin fuerza de cosa juzgada, que pone término al proceso,
a ese proceso en la instancia,
sin perjuicio de que se pueda volver a entablar en el futuro.
Son presupuestos procesales de las partes,
del objeto y del proceso los ya analizados.
Los requisitos materiales son imprescindibles
para el éxito final de la pretensión
para obtener una sentencia con fuerza de cosa juzgada.
Son la legitimación y la petición, sobre ambos hablaremos después.
La pretensión, en todo caso, debe ser clara y precisa,
a riesgo de incurrir, si no lo es, en un defecto en el modo
de proponer la demanda.
La pretensión puede ser declarativa, cuando declara la existencia
o inexistencia de una relación jurídica con efectos ex tunc,
es decir, desde el mismo inicio de la relación jurídica.
Constitutiva, impide la constitución de una nueva situación jurídica
o modificación de la existente con efectos ex nunc
es decir desde el momento en el que se dicta la sentencia
algunas de estas sentencias además por razones de seguridad jurídica
son susceptibles de ser inscritas en registros públicos
y por último.
La pretensión puede ser de condena cuando lo que se pide
al tribunal es la condena precisamente a dar,
hacer o no hacer alguna cosa y esta pretensión de condena
convertida luego en una sentencia de condena
es la única que se erige un título ejecutivo.
La pretensión debe concretar además el petitum y debe liquidarlo,
es decir, debe decir exactamente cuánto se debe,
porque no caben las solicitudes de cantidades indeterminadas,
salvo que la determinación se pueda realizar posteriormente
con una sencilla operación aritmética o matemática.
Las pretensiones civiles suelen ser dispositivas.
Suelen ser dispositivas
y ello significa que se rigen por los siguientes parámetros.
Primero, nemo iudes sine actore.
No hay proceso ahí donde un actor no lo ha iniciado.
Es voluntario, a cargo del actor o demandante,
interponernos su pretensión.
Segundo, los actos de disposición de la pretensión
a los que luego me referiré.
Ya se sabe, allanamiento, renuncia de asistimiento,
transacción.
Y por último, la congruencia civil.
También, recuérdese, no más de lo pedido por el actor,
no menos de lo resistido por el demandado, no cosa distinta
de la pedida por el actor y resistida por el demandado
y tampoco dejar de dar respuesta a alguna de las pretensiones
de las partes.
Estas son las máximas de la congruencia supra,
infra, extra u omisiva petita.
Las pretensiones civiles están informadas además
por el principio de aportación.
Iudex iudicare debet secundum alegata et probata partium.
Quiere esto decir que el juez, tribunal de instancia,
debe juzgar conforme a lo alegado y probado por las partes.
Las partes son las que introducen los hechos, las partes
son las que introducen la prueba que va a verificar la fiabilidad,
la certeza, la realidad jurídica de esos hechos.
La pretensión determina además los límites de la itispedencia
de la cosa juzgada.
La cosa juzgada a las sentencias firmes,
sean estimatorias o desestimatorias,
excluirá conforme a la ley un ulterior proceso
cuyo objeto sea idéntico al del proceso
en el que aquella se produjo.
A distinguirse los fundamentos de hecho introducidos
por las partes de los fundamentos de derecho
que pueden ser introducidos por el tribunal.
"Dami factum et davo tibius",
lo dice un juez, "dame a mí los hechos, yo te daré el derecho",
o "Iura novit curia", "el juez conoce el derecho".
Las clases de las pretensiones de cognición a cargo del demandante
son las declarativas, constitutivas y de condenas que me acabo
de referir.
Sin embargo, el demandado ampara su pretensión en hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes.
Son pretensiones de ejecución las que solicitan
la realización forzosa de un título ejecutivo,
una condena de dar, hacer o no hacer alguna cosa.
Y son pretensiones cautelares la petición de medidas cautelares
en el marco de los procesos con la finalidad
de garantizar la futura realización de los efectos ejecutivos
de la sentencia.
Por lo que se refiere
a la integración del objeto procesal,
conocemos las cuestiones prejudiciales.
Son cuestiones respecto de las que se ha
de conocer con carácter previo a la pretensión principal,
porque la respuesta a esa cuestión prejudicial
condiciona precisamente el sentido que puede adoptar
la cuestión judicial posterior.
Por ejemplo,
la reclamación de la paternidad, prejudicial y previa
respecto de la solicitud precisamente por ese concepto
porque ya está declarada positivamente esa paternidad
de los alimentos que esa persona, el padre,
debe al hijo.
Fundamentos de las cuestiones prejudiciales,
la evitación de las resoluciones contradictorias en primer lugar
y la proyección positiva de la cosa juzgada,
porque lo resuelto con fuerza de cosa juzgada vinculará
a un tribunal posterior de un proceso posterior
cuando en este aparezca como antecedente lógico
de lo que sea sujeto,
siempre que los litigantes de ambos procesos
sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a todos ellos
por disposición legal expresa,
que es lo que precisamente sucede en nuestro ejemplo.
La prejudicialidad puede ser civil en el marco civil,
en cuyo caso sería una cuestión prejudicial homogénea,
cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir
acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal
de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto
tribunal civil,
si no fuere posible la acumulación de autos,
el tribunal, a petición de ambas partes
o de una de ellas o, y da la contraria,
podrá mediante auto
decretar la suspensión del curso de las actuaciones en el estado
en el que se hallen hasta finalizar el proceso que tenga por objeto
la cuestión prejudicial.
La prejudicialidad penal, sin embargo, es heterogénea,
puesto que ha de suspenderse dado que la jurisdicción penal,
como todos sabemos, es preferente o prioritaria.
Cuando un proceso civil se ponga de manifiesto, por tanto,
un hecho que ofrezca apariencia delictiva
por un delito, además, perseguible de oficio,
el Tribunal Civil, mediante providencia,
lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiere
lugar al ejercicio de la acción penal.
En ese caso, no se ordenará la suspensión
de las actuaciones del proceso civil.
Sino cuando concurran las siguientes circunstancias.
Primero, que se acredite la existencia de la causa criminal
en la que se está investigando como hecho de apariencia delictiva
respecto de alguno o algunos de los que fundamentan
las pretensiones de las partes del proceso civil.
Segundo, que la decisión del Tribunal Penal acerca del hecho
por el que se procede en la causa criminal
pueda tener realmente una influencia decisiva
en la resolución posterior civil.
La suspensión, entonces, se acordará mediante auto
una vez que el proceso esté pendiente de sentencia.
No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia
de un delito de falsedad de alguno de los documentos
aportados en el proceso civil, que es lo típico,
se acordará sin esperar a la conclusión del procedimiento
tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal
sobre ese delito cuando, a juicio del tribunal,
ese documento pueda ser decisivo para resolver
sobre el fondo del asunto del proceso civil.
Las cuestiones prejudiciales no penales,
denominadas incidentales, se regulan por las siguientes características.
A los efectos prejudiciales,
los tribunales civiles podrán conocer de asuntos
que estén atribuidos en verdad a otros órdenes jurisdiccionales,
como el contencioso administrativo o el social.
La decisión de los tribunales civiles sobre estas cuestiones prejudiciales
no surtirá efecto fuera del proceso en el que se produzca.
Para ello.
Cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes
de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra,
el letrado de la Administración de Justicia
suspenderá el curso de las actuaciones
antes de que se hubiera dictado sentencia hasta que la cuestión
prejudicial sea resuelta en sus respectivos casos
por la Administración Pública competente,
por el Tribunal de Cuentas
o por los tribunales del orden jurisdiccional
que corresponda.
En este caso, el Tribunal Civil
quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados
acerca de esa concreta cuestión prejudicial.
Y pasamos a la ampliación del objeto procesal,
que se puede afrontar por tres vías.
Primero, la ampliación de la demanda.
Antes de la contestación a la demanda,
puede ampliarse esta para acumular nuevas acciones a las ya ejercitadas
o para dirigirlas contra nuevos demandados.
En tal caso, el plazo para contestar a la demanda se volverá a computar
desde el traslado de la ampliación de la misma.
La reconvención es una segunda forma de ampliación del objeto procesal.
Es la interposición de una nueva y distinta pretensión
durante el proceso pendiente por parte del demandado originario,
que ahora se convierte en actor reconvencional,
frente al demandante inicial,
que ahora se transforma y se convierte en demandado
reconvenido.
La acumulación de acciones y procesos
es la tercera fórmula de ampliación del objeto procesal.
La acumulación de acciones es una agrupación originaria
y la acumulación de procesos, por contra,
es la anexión sobrevenida de dos o más procesos.
Luego, la acumulación de acciones es originaria,
la de procesos es sobrevenida.
El fundamento de ambas es el mismo, economía procesal,
seguridad jurídica,
evitación de resoluciones contradictorias, incoherentes
o incompatibles.
En la acumulación de acciones, el actor principal
o reconvencional decide, ab initio, por voluntad propia,
tras el debido asesoramiento técnico,
acumular en un mismo proceso,
el que se dispone precisamente a entablar,
una variedad de pretensiones, dando lugar
con ello a una acumulación de acciones.
El efecto principal de esta acumulación de acciones
es que, una vez admitida,
producirá el efecto de discutirse todas ellas en el mismo procedimiento
y resolverse todas también en una única sentencia.
Hay varios tipos.
La acumulación objetiva de acciones en la que el actor
podrá acumular en la demanda cuántas acciones o pretensiones
le competan contra el demandado,
aunque provengan de diferentes títulos,
siempre que aquellas no sean incompatibles entre sí.
Son requisitos de la acumulación objetiva de acciones,
lo siguiente será incompatible el ejercicio simultáneo
de dos o más acciones en un mismo juicio
y no podrán, por tanto, acumularse cuando se excluyan mutuamente
o sean contrarias entre sí,
de suerte que la elección de una impida o haga
ineficaz el ejercicio de la otra.
Por ejemplo, La pretensión de nulidad de un contrato no puede acumularse
al cumplimiento de la obligación incorporada a ese contrato,
puesto que son dos pretensiones contradictorias.
El contrato o se anula o se cumple.
Sin embargo, sí cabría una acumulación eventual,
es decir, para el caso de que el tribunal no acepte una,
en su defecto acepte la otra.
Este es el supuesto en el que el actor
podrá acumular eventualmente acciones incompatibles entre sí,
con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras
que ejercita para el solo efecto de que la principal no sea aceptada.
En este ejemplo de acumulación eventual
se le puede pedir al tribunal que conozca prioritariamente
la pretensión de nulidad del contrato y tan solo en su defecto,
esto es, si rechaza la nulidad de ese contrato,
entonces que conozca de forma subordinada acerca del conocimiento
de la obligación incorporada a ese contrato.
La acumulación,
como decía, era objetiva cuando se acumulan objetos,
pero puede ser subjetiva.
Podrán acumularse ejercitándose
simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios sujetos
o varios contra uno, de ahí la acumulación subjetiva,
siempre que entre esas acciones
exista de nuevo un nexo por razón del título causa de pedir.
Se entenderá que el título causa de pedir es idéntico o conexo
cuando las acciones se funden en los mismos hechos.
La admisibilidad por motivos procesales
de la acumulación de acciones, tanto objetiva ahora como subjetiva,
es la siguiente,
es que para que sea posible la acumulación será preciso
que se cumplan los siguientes presupuestos
o requisitos habilitantes, insisto, tanto de la objetiva
por razón de la acumulación de pretensiones como subjetiva
por razón de la acumulación de sujetos en el lado activo o pasivo
de la relación jurídica.
Bueno, pues esos presupuestos generales
para ambos tipos de acumulaciones son que el tribunal que deba entender
de la acción principal posea jurisdicción y competencia
por razón de la materia o por razón de la cuantía
para conocer de la acumulada
o acumuladas.
En estos casos la especialidad es prioritaria frente a la cantidad,
por tanto los tribunales de instancia de sección de lo mercantil
si tuviesen atribuido el conocimiento de determinadas acciones serán
prioritarios frente al resto.
Segundo, que las acciones acumuladas no deban, por razón de la materia,
ventilarse en juicios de diferente título.
Sin embargo, hay una excepción,
que habrá la acumulación de la acción
para instar la liquidación del régimen económico matrimonial
y la división de la herencia en el caso
de que la disolución del régimen económico matrimonial
se haya producido como consecuencia del fallecimiento
de uno o ambos cónyuges y haya una identidad subjetiva
entre los legitimados para intervenir en uno u otro proceso.
En otro caso,
no cabe acumular acciones por razón de la materia
que deban ventilarse por juicios de diferente tipo.
El tercer presupuesto es que la ley
no prohíba la acumulación en los casos
en que se ejerciten determinadas acciones por razón de la materia
o por razón de la cuantía del juicio que se debe seguir.
Si se hubiesen acumulado varias acciones indebidamente,
el letrado de la Administración de Justicia
requerirá al actor,
antes de que proceder a admitir la demanda,
para que subsane ese defecto en el plazo de cinco días,
manteniéndose las acciones cuya acumulación fuera posible.
Transcurrido ese plazo sin que se produzca una subsanación
o si se mantiene la circunstancia
de la no acumulabilidad de las acciones que se pretendiese mantener
por el actor, entonces se dará cuenta al tribunal
para que sea el propio tribunal el que admita
o inadmita en ese caso la demanda.
La acumulación de autos ya hemos dicho que es sobrevenida,
no es originaria.
Es la sobrevenida reagrupación de dos o más pretensiones
que ya gozan de los efectos de la litispendencia,
esto es, la reunión en un único y mismo proceso
de dos o más procesos pendientes al tiempo que se encuentran
respecto a los cuales se acuerda esa acumulación.
Si el objeto de los procesos susceptibles
de acumulación es idéntico,
entonces estamos ante un fenómeno de litispendencia.
No procederá a la acumulación de procesos
cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos
o fundamentos contradictorios incompatibles
o mutuamente excluyentes
pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia,
es decir, si el objeto es absoluto.
Absolutamente idéntico, no hay nada que acumular, hay un solo proceso,
pero si son objetos que se puedan ser acumulados,
entonces procederá la acumulación de procesos
cuya finalidad es la siguiente, en virtud de esta acumulación,
se seguirán en un solo procedimiento y serán tramitados y terminados
y todos ellos se darán respuesta en una sola sentencia.
La legitimación para solicitar la acumulación de procesos
difiere en función de si es de oficio.
La acumulación podrá ser solicitada por cualquiera que sea parte
en los distintos procesos que se pretendan acumular
y también podrá ser acordada de oficio por el propio tribunal.
La acumulación de procesos habrá de ser acordada, en todo caso,
siempre que la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos
pueda producir efectos prejudiciales en el otro.
Entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trata,
cuando exista tal conexión que de seguirse por separado.
Pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos
contradictorios, incompatibles, mutuamente excluyentes.
Y también la acumulación deberá favorecerse en los casos siguientes,
cuando se trate de procesos incoados para la protección de derechos
e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a.
Consumidores y usuarios susceptibles de acumulación,
cuando el objeto de los procesos de acumular fuera
la impugnación de acuerdos sociales de las sociedades de capital,
acordados en las mismas juntas, asambleas u órganos
colegiados de administración.
También cuando se trate de procesos
en los que se sustancie la oposición a resoluciones administrativas
en materias de protección de un mismo menor.
Y, por último, podrán acumularse, como he dicho antes,
los procedimientos de división judicial de patrimonios
cuando se trata de acumular al procedimiento de división judicial
de la herencia o al procedimiento de liquidación
del régimen económico matrimonial
promovido cuando uno o ambos cónyuges desgraciadamente hayan fallecido.
En todo caso, en los lugares donde hubiera más de un tribunal,
que tuvieran asignadas las competencias en materia mercantil
o en materia civil,
las demandas que se presenten con posterioridad a otra
se repartirán a la que primero hubiere empezado a conocer
por el principio clásico de prior in tempore, potior in iure.
La acumulación de procesos puede ser ante un mismo tribunal
o ante distinto tribunal.
Cuando los procesos se sigan ante el mismo tribunal,
La acumulación se solicita por escrito,
en el que se señala con claridad cuáles son los procesos susceptibles
de ser acumulados y el estado en el que se encuentran,
exponiéndose las razones que justifiquen esa acumulación.
La solicitud de procesos no suspende el curso de las actuaciones.
Cuando entre las partes no existe acuerdo o ninguna de ellas
formula alegaciones, el tribunal resuelvelo que estima procedente,
otorgando o denegando esa acumulación.
Cuando la acumulación es promovida de oficio,
el Tribunal da audiencia por un plazo común de 10 días
a todos los que sean parte en el proceso
cuya acumulación se trate a fin de que formulen alegaciones.
Aceptada la acumulación, el Tribunal
ordena que los procesos más modernos se unan a los más antiguos
para que continúen sustanciándose en el mismo procedimiento
y por los mismos trámites para resolverse
en la misma sentencia.
Si se deniega la acumulación,
los juicios se sustanciarán separadamente.
El auto que deniegue la acumulación condenará
a la parte que la hubiera promovido al pago de las costas del incidente
si hubiera actuado con temeridad o con mala fe.
Pero puede suceder que haya acumulación de procesos pendientes
ante distintos tribunales.
En ese caso, la solicitud o inicio
de actuaciones de oficio para la acumulación de procesos
tampoco suspenderá el curso de los procesos afectados,
salvo que desde el momento en el que alguno de ellos
quedase pendiente sólo de sentencia.
En ese caso,
claramente se suspenderá el plazo para dictar esa sentencia.
Pese a ello, el tribunal podrá acordar
la suspensión del acto del juicio vista a fin de evitar la celebración
de dichos actos que puedan afectar al resultado y desarrollo de las pruebas
a practicar en los demás procesos.
Tan pronto como se pida la acumulación,
el letrado de la Administración de Justicia
dará noticia de ese hecho por el medio más rápido
posible al otro tribunal a fin de que se abstenga en todo caso
de dictar sentencia o pueda decidir sobre la suspensión hasta tanto
no se decida definitivamente sobre la acumulación pretendida.
El letrado de la Administración de Justicia
dará traslado a las demás partes personadas
de la solicitud de la acumulación para que en un plazo común
de diez días formulen alegaciones sobre la procedencia o improcedencia
de la acumulación y tras ello resolverá
en los cinco días siguientes.
Pasamos por fin a los actos de disposición
del objeto del proceso.
Tan sólo caben
respecto a las materias plenamente dispositivas,
nunca de las indisponibles, es decir,
tan sólo caben respecto de esas de las que son dueños
o tienen el dominio las partes.
Son actos que permiten a las partes, al actor,
al demandado o a ambas, disponer, por tanto,
del objeto litigioso.
Corresponden al actor la renuncia y el desistimiento,
corresponden al demandado el allanamiento
y corresponden a ambos la transacción,
la satisfacción extra-procesal del objeto,
la interrupción y la suspensión.
Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio
y podrán renunciar, desistir, allanarse, someterse a mediación
o a cualquier medio adecuado de resolución de controversias
y transigir sobre lo que sea objeto del mismo cuando la ley no lo prohíba
o establezca limitaciones por razones de interés general
o en beneficio de tercero.
Comenzamos.
La transacción puede ser judicial o extrajudicial.
La extrajudicial está regulada en el Código Civil,
un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo,
reteniendo cada una de ellas alguna cosa,
evitan la provocación del proceso o ponen término
al que ya ha comenzado.
Y la judicial.
Es la intrajudicial la que corresponde dentro del marco
del juicio.
Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio
y podrán renunciar, desistir del juicio,
allanarse, someterse a mediación a cualquier otro medio adecuado,
excepto cuando la ley la prohíba, ya lo hemos dicho.
Estos actos de disposición de los litigantes
no podrán realizarse una vez señalado el día para la deliberación,
votación y fallo del recurso de casación.
El acuerdo o convenio que alcancen debe ser conforme a lo referido
y homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio
al que se le pretenda poner fin.
Además, el acuerdo homologado judicialmente,
surtirá efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial
y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos
para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.
Esos actos podrán realizarse según su naturaleza en cualquier fase
de la primera instancia o de los recursos,
incluida la ejecución de la sentencia.
El acuerdo podrá impugnarse también por las causas
y en la forma que se prevé para la transacción judicial.
En cualquier momento del procedimiento,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia,
del juez, jueza o tribunal podrá plantear a las partes también,
derivar el litigio, una mediación o cualquier otro medio adecuado
de resolución de controversias,
siempre que considere que mediante resolución motivada,
que podrá ser oral, que concurren las circunstancias que posibilitan
esa solución armoniosa del conflicto y, singularmente,
en los casos en los que no haya sido posible
llevar a cabo una actividad negociadora previa.
La derivación requerirá, eso sí, la conformidad de las partes
que podrán pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento.
En los procedimientos en los que intervengan personas mayores
se valorará específicamente esta circunstancia
para promover la solución.
Armoniosa del conflicto a través del medio
adecuado de resolución de controversias,
con especial consideración al principio de salvaguarda
o de igualdad entre las partes.
Pasamos a la renuncia.
Cuando el actor manifieste su renuncia
a la acción ejercitada o al derecho en que se funde su pretensión,
el tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado,
salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible.
En ese caso,
dictará auto manteniendo seguir el curso del proceso.
Recuérdese que la renuncia es al objeto
y el desistimiento lo es del proceso.
Como la renuncia es del objeto y no del proceso,
comporta una resolución con fuerza de cosa juzgada.
El desistimiento es, sin embargo, del proceso.
Podrá el demandante desistir unilateralmente del juicio
antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda
o citado para juicio.
Y también podrá desistir unilateralmente en cualquier momento
del proceso cuando el demandado se encuentre en rebeldía.
Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento
se le dará traslado por plazo de 10 días y necesita conformidad,
es la denominada bilateralidad de desistimiento.
Si el demandado presta su conformidad al desistimiento,
no se opone a él dentro del plazo expresado,
el letrado de la Administración de Justicia
dicta decreto acordando ese sobreseguimiento
y el actor podrá promover un nuevo juicio
sobre el mismo objeto.
Si el demandado se opone al desistimiento,
el juez resolverá lo que estime oportuno.
El desistimiento, insisto, es del proceso y no del objeto, por tanto,
comporta una resolución sin fuerza de cosa juzgada
que permite en el futuro volver a interponer otro proceso.
El allanamiento.
Cuando el demandado se allana todas las pretensiones del actor,
el tribunal dicta sentencia condenatoria
de acuerdo con lo solicitado por éste,
pero si el allanamiento se realiza en fraude de ley
o supone renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero,
se dictará un auto rechazándolo y el proceso seguirá adelante.
Cuando se trata de un allanamiento parcial,
el tribunal a instancia del demandante podrá dictar de inmediato
autoacogiendo las pretensiones que hayan sido objeto
de ese allanamiento.
Para eso es necesario que, por la naturaleza
de esas pretensiones, sea posible un allanamiento separado
que no prejuzgue el resto de cuestiones.
Este auto será ejecutable conforme a lo previsto en la ley.
Si el allanamiento resultante del compromiso con efectos de transacción
previsto para los juicios de desahucio por falta de pago
de rentas o cantidades debidas o por expiración del plazo legal
o contractual, la resolución como logue la transacción declarará
que, si de no cumplirse.
Con el plazo de desalojo establecido en la transacción,
ésta quedará sin efecto
y se llevará a cabo directamente el lanzamiento sin más trámite
y sin notificación alguna al condenado en el día y horas
fijadas en la citación, si ésta es de fecha posterior
o en el día y hora en que lo diga la resolución.
La satisfacción extra-procesal de la pretensión,
cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda,
a la reconvención,
dejase de haber un interés legítimo en obtener la tutela que en su día
se pretendió, porque ya se haya satisfecho fuera
del proceso las pretensiones del actor,
en su caso del demandado reconviniente
o por cualquier otra causa,
se pondrá de manifiesto esta circunstancia
y si hubiese acuerdo entre las partes se decretará por letrado
en la Administración de Justicia la terminación del proceso
sin que proceda la condena en costas.
Si alguna de las partes sostiene la subsistencia de interés legítimo,
niega motivadamente que se haya dado satisfacción procesal,
extra-procesal a sus pretensiones o alega otros argumentos,
entonces el letrado de la Administración de Justicia
convoca a las partes en el plazo de diez días
a una comparecencia ante el Tribunal que versará sobre este único objeto.
Terminada la comparecencia, el Tribunal decidirá mediante auto,
dentro de los 10 días siguientes, si procede o no continuar el juicio
imponiéndole las costas a quien vea rechazada esta pretensión.
En el caso de que el interés legítimo que se alega
se circunscriba a la satisfacción de las costas causadas,
el letrado de la Administración de Justicia
dará cuenta también al Tribunal que acordará mediante auto,
previa audiencia de la otra parte, la terminación del proceso,
pudiendo condenar al pago de las costas
conforme a los criterios generales de la ley.
Contra el auto cabe interponer recurso de apelación
y contra el auto coordenal
a continuación del proceso no cabe recurso,
pero contra el que acuerda su terminación cabe apelación.
Pasamos, por último,
a la suspensión.
Las partes podrán solicitar la suspensión del proceso,
que será acordado por el letrado
de la Administración de Justicia mediante decreto,
siempre que no perjudique al interés general
o a tercero y que el plazo de suspensión no supere los 60 días.
El curso del procedimiento se podrá suspender
y se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes.
Si transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión,
nadie lo pide,
en los cinco días siguientes la reanudará.
Es decir, no pide la reanudación del proceso,
el letrado de la Administración de Justicia
acordará archivar provisionalmente los autos
y permanecerán en tal situación
mientras no se solicite la continuación del proceso
o se produzca la caducidad de la instancia.
También se suspenderá el curso del procedimiento a solicitud
del profesional de la abogacía por fallecimiento,
accidente, enfermedad grave de su cónyuge,
de persona a la que estuviese unido por análogo a relación de afectividad
o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad.
La suspensión se producirá por tres días hábiles
a contar desde el día que ha causado la circunstancia que he descrito,
plazo que podrá ser de hasta cinco días hábiles
cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad.
Estos plazos quedarán reducidos a dos
y a cuatro días hábiles cuando el fallecimiento
y las otras circunstancias afecten a familias de segundo grado
por afinidad o consanguinidad.
También se suspenderá el procedimiento.
Por accidente o enfermedad del profesional
de la abogacía interviniente.
La suspensión se mantendrá durante el periodo coincidente
con la baja laboral,
conforme a la legislación laboral y de la Seguridad Social
o cualquier otro sistema de previsión social
y, en todo caso, por un plazo máximo de 30 días naturales transcurridos,
los cuales deberá alzarse esa suspensión.
Y para concluir, la interrupción.
Los plazos establecidos son improrrogables, sin embargo,
podrán interrumpirse los plazos y demorarse los términos
en caso de fuerza mayor
que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento
en el que hubiese cesado la causa determinante
de esa interrupción o demora.
La concurrencia de fuerza mayor
habrá de ser apreciada por el letrado de la Administración de Justicia
mediante decreto de oficio o a instancia
de la parte que lo ha sufrido con audiencia de los demás.
Contra este decreto podrá interponerse el recurso de revisión.
También podrá interrumpirse los plazos
y demorarse los términos durante el plazo de tres días
cuando el colegio de abogados o de procuradores o por las partes
personadas se comuniquen causas objetivas de fuerza mayor
que afecten a la persona profesional de la abogacía o de la procura tales
como nacimiento, cuidado al menor, enfermedad grave,
accidente, hospitalización, fallecimiento de parientes
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad
o baja laboral certificada por la Seguridad Social
o el sistema sanitario de provisión social equivalente.
Por último, para terminar,
la enervación del desahucio por falta de pago.
Recordemos que los procesos de desahucio de finca urbana
o rústica por falta de pago de rentas o cantidades
debidas por el arrendatario terminan mediante decreto
dictado al efecto por letrado de la Administración de Justicia.
Pero si requerido aquel en los términos
legalmente previstos paga al actor o pone a disposición en el tribunal
o notarialmente dentro del plazo conferido en el requerimiento
el importe de las cantidades reclamadas en la demanda
y de las que adeude en el momento en el que dicho pago enervador
del desahucio se produzca, entonces si el demandante se opusiera
a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos,
se cita las partes a una vista tras la cual el juez
dicta sentencia obligatoria.
Por la que declarará enervada la acción o, en otro caso,
estimará la demanda habiendo lugar al desahucio.
Pero esto no será de aplicación cuando el arrendatario
hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior,
excepto que el cobro
no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador
o cuando el arrendador hubiera requerido de pago
al arrendatario por cualquier medio fehaciente
con al menos 30 días de antelación a la presentación de la demanda
y el pago no se hubiera efectuado en el tiempo de esa presentación.
La resolución que declara enervada la acción
condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas,
salvo que las rentas y cantidades debidas
no se hubieran cobrado por causas imputables al arrendador.
Y con esto ponemos término a este largo programa relativo
al objeto procesal.
Muchas gracias.