Programa 9.
Sentencia, cosa juzgada, costas y multas.
La sentencia es la respuesta del Estado,
emitida a través de los jueces y magistrados,
a los conflictos planteados por los particulares en el marco
de los procesos judiciales.
Las sentencias son exclusivamente judiciales
y en ellas se contendrá de un lado.
La voluntad estatal, la de otorgar
o denegar la concreta tutela solicitada y en cualquier caso
la de pacificar la relación conflictiva
o declarar el derecho precisado de reconocimiento judicial.
Y de otro, una exposición detallada de los motivos, los argumentos,
las razones que sustentan esa decisión.
De este concepto se infieren las siguientes notas.
Primero, la sentencia es siempre una resolución jurisdiccional.
Tan solo los jueces y magistrados tienen constitucionalmente
encomendado en régimen de exclusividad
la labor del enjuiciamiento.
En segundo lugar, la sentencia es una resolución material,
por cuanto su contenido estará destinado en exclusiva
a resolver el conflicto planteado o, en su caso,
a homologar judicialmente el acto de disposición
de la pretensión orientado a concluir en ese momento y con fuerza de cosa
juzgada el proceso.
Se resuelve por sentencia por tanto la conclusión sustantiva
del proceso y todos sus recursos.
Se dictará sentencia para poner fin al proceso
en primera o segunda instancia una vez haya concluido
su tramitación ordinaria prevista en la ley.
También se resolverán por sentencia los recursos de casación
y los procedimientos para la revisión de las sentencias firmes.
También concluirá por sentencia la renuncia y el allanamiento total.
La sentencia es además una resolución,
como he dicho, con fuerza de cosa juzgada.
La fuerza de cosa
juzgada ha de identificarse con los efectos dimanantes
de las sentencias definitivas y firmes,
adintra o en el marco del propio proceso
en el que se ha dictado,
a lo que se denomina cosa juzgada formal o inimpugnabilidad,
y a destra o en el ámbito externo de otros sucesivos,
futuros y eventuales procesos, cosa juzgada material,
con una doble proyección positiva,
sería ejecutoriedad y prejudicialidad,
y otra negativa, nevis in idem.
Las clases de sentencia son las siguientes,
primero las estimatorias y desestimatorias
según cuál sea el contenido sustantivo, favorable o desfavorable
a la pretensión
planteada por el actor principal en su demanda ordinaria
o en su caso por el actor reconvencional en su reconvención.
Sentencias de enjuiciamiento, de homologación de actos
de disposición de la pretensión material,
son otro tipo de clasificación de sentencias.
En tercer lugar, las sentencias contradictorias
o dictadas en rebeldía, según hayan sido dictadas en el primer caso,
en un proceso con una pluralidad real de partes,
o por el contrario, hayan sido alcanzadas en rebeldía,
esto es, tras un procedimiento que ha discurrido sin esa pluralidad
y con la sola presencia del actor.
En cuarto lugar, sentencias constitutivas,
declarativas y de condena, que traen causa
de las mismas pretensiones que ya se han analizado en otro programa.
Son sentencias constitutivas las que con efectos ex nunc,
es decir, desde el día en el que se dicta la sentencia,
modifican generan, instauran, modifican una determinada situación
o relación jurídica.
Normalmente son susceptibles de ser inscritas en registros públicos
por razones de predictibilidad, de seguridad, de fijeza,
de certeza jurídica.
Sentencias declarativas con efectos ex tunc,
es decir, desde el inicio, antes del día en el que se dicta la sentencia,
desde el mismo inicio de la relación jurídica.
Y son sentencias de condena las que son susceptibles
luego de ser ejecutadas y en ellas se designa una condena a un dar,
a un no hacer o a un no hacer una cosa determinada.
También puede distinguirse las sentencias de ejecución líquida
inmediata en las que se incorpora un importe fijado exhaustivamente
es lo que se debe en el fallo,
parte dispositiva de la sentencia se establece exactamente
cuánto se debe o sentencias a reserva de liquidación que serán
liquidadas en el momento de la ejecución.
También caben las sentencias a condena de futuro, por ejemplo,
la del pago de alimentos que tendrá efectos diferidos
en el tiempo puesto que irá siendo susceptible de, en su caso,
ser ejecutada en el tiempo en el que la deuda vaya siendo vencida
y exigible.
Bien, caben la distinción entre sentencias
de primera instancia, segunda instancia,
de casación, de revisión de sentencias firmes
y esto según el grado de jurisdicción comprometido.
Y por último, las sentencias definitivas y firmes.
Las definitivas son las que ponen fin a la instancia, en fin,
las que van poniendo fin al proceso, mejor dicho,
en cada una de sus instancias, si bien todavía
son susceptibles de ser impugnadas por encontrarse
dentro de los plazos legales habilitados para impugnarse.
Que en ello se pueda entablar el recurso correspondiente.
Las sentencias firmes, sin embargo,
son las que han ganado firmeza y, por tanto,
pasan en autoridad de cosa juzgada como consecuencia,
bien de su naturaleza irrecurrible
o bien del decaimiento voluntario del derecho al recurso,
esto es, de que ha transcurrido inútilmente el plazo
para interponer el recurso y el hipotético potencial recurrente
ha decidido no interponerlo.
La cosa juzgada ha de identificarse con los efectos inmanentes
de las sentencias definitivas y firmes.
Cabe establecer una distinción entre cosa
juzgada formal y material.
La cosa juzgada formal despliega sus efectos ad intra,
es la inimpugnabilidad en el marco interno
del propio proceso en el que se ha dictado.
Cabe decir que una vez dictada una sentencia,
pongamos por ejemplo en primera instancia,
no cabe volver a repetir esa primera instancia
porque ya ha sido juzgada en primera instancia con independencia
de que contra ella quepa algún recurso todavía.
Ese sería el caso de la fuerza de cosa juzgada formal.
La cosa juzgada formal o inimpugnabilidad
constituye el antecedente lógico y cronológico
de la material por cuanto tan solo las sentencias que han ganado firmeza
pasan en autoridad de cosa juzgada material.
La cosa juzgada material, por tanto, despliega sus efectos ya ad extra,
esto es, en el ámbito de otros futuros sucesivos
y eventuales procesos.
La proyección positiva de la cosa juzgada material
es la ejecutoriedad y la prejudicialidad, la negativa,
el nevis in idem.
La acosa juzgada formal, como decía,
despliega sus efectos ad intra.
Consiste en la inimpugnabilidad en el marco interno
del propio proceso en el que se ha dictado.
La acosa juzgada formal es sencillamente la firmeza,
la irrecurrabilidad o la inimpugnabilidad
de las sentencias judiciales firmes, esto es,
aquellas contra las que no cabe recurso alguno,
bien por no preverlo la ley, bien porque estando previsto
ha transcurrido el plazo legalmente fijado
sin que ninguna de las partes lo haya presentado.
La cosa juzgada material, sin embargo,
despliega sus efectos a destra en el ámbito externo
de otros sucesivos y eventuales procesos.
La cosa juzgada material es la expresión que alude
a la multiplicidad de efectos positivos y negativos
de la sentencia firme a destra o en el ámbito
de ulteriores procesos judiciales
a los que eventualmente pudieran acudir distintos justiciables
en defensa del mismo objeto procesal que ya ha sido enjuiciado.
La proyección positiva
de la cosa juzgada material es la ejecutoriedad,
ejecución de las sentencias de condena en sus propios términos,
y la prejudicialidad, lo resuelto con fuerza de cosa
juzgada en la sentencia firme que ha puesto fin
a un proceso vinculado al tribunal de otro proceso posterior,
cuando en éste aparezca como antecedente lógico
de lo que sea su objeto,
siempre que los litigantes de ambos procesos
sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a todos ellos
por disposición legal.
Tan solo pasan a autoridad de cosa juzgada,
eso sí, el fallo o parte dispositiva de la sentencia,
es decir, la conclusión de la misma,
pero no pasan en autoridad de cosa juzgada los obiter victa.
Se denominan obiter victa a esos razonamientos doctrinales
o jurisprudenciales que acompañan y apoyan la propuesta interpretativa
del juez en el razonamiento de la sentencia.
La proyección negativa de la cosa juzgada material
es el no vis in idem.
La cosa juzgada a las sentencias firmes,
sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley,
un proceso ulterior cuyo objeto sea idéntico
a aquel en el que aquella se produjo.
Las dos identidades de la cosa juzgada material
son las siguientes.
Primero la objetiva y luego la subjetiva.
La identidad objetiva viene determinada porque el objeto
sea el mismo, sea idéntico.
La cosa juzgada alcanza las pretensiones de la demanda
y de la reconvención, así como a otros dos puntos
que serían la compensación y nulidad en el negocio jurídico.
Siendo exactamente la misma la demanda y la reconvención,
no cabe entablar un segundo proceso por ese mismo objeto.
También a la identidad subjetiva,
las partes han de ser idénticas las mismas.
La cosa juzgada afectará a las partes del proceso
en que se dicte y a sus herederos o causavientes,
así como a los sujetos no litigantes titulares
de los derechos que fundamentan la legitimación de las partes.
Con dos puntualizaciones.
En la sentencia sobre el Estado civil, matrimonio,
filiación, paternidad, maternidad y medidas de apoyo a personas
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica,
la cosa juzgada tendrá efectos frente a terceros
a partir de su inscripción o anotación en el registro civil
por razones de seguridad jurídica
y la segunda puntualización es la siguiente
las sentencias que se dictan sobre impugnación de acuerdos sociales
afectarán a todos los socios hubieren litigado o no la causa de pedir
no es una identidad subjetiva.
Y lo digo porque había un trípode identificador de la cosa
juzgada clásico que consistía en mismo objeto,
mismo sujeto, misma causa de pedir.
Pero ya no es una parte de este trípode.
Se determina la identidad tanto de la dispedencia
como de la cosa juzgada a través del objeto y los sujetos,
pero no de la causa de pedir.
Puesto que una distinta alegación no.
Permite iniciar un nuevo proceso,
puesto que los hechos y fundamentos jurídicos
aducidos en un litigio se consideran los mismos
que los alogados en otro anterior
si se hubieren podido alegar en este.
Y ello tras señalar el artículo correspondiente que,
cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos
o títulos jurídicos,
habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos
o puedan invocarse al tiempo de interponerla
sin que resulte admisible reservar su alegación
para un momento ulterior.
Porque todos ellos pasarán en su día en autoridad de costa juzgada,
hayan sido alegados, insisto, o no.
Bien, hay un límite temporal de la cosa juzgada material.
Se refiere a la radical alteración de las circunstancias concurrentes
al momento de dictarse la sentencia provocada
por el normal devenir del tiempo cuando sobrevengan hechos nuevos
y distintos a los aducidos en el proceso precedente.
Rebus sic stantibus.
Se considerarán hechos nuevos y distintos en relación
con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores,
lógicamente, a la completa preclusión de los actos de alegación
en el proceso en el que aquellos se formularse.
Hay dos excepciones a la cosa juzgada,
los procesos sumarios
y los expedientes de jurisdicción voluntaria.
Los procesos sumarios no surten efectos de cosa juzgada,
así lo indica nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil.
No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin
a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión,
ni las que decidan sobre la pretensión de desahucio,
recuperación de finca, rústica urbana
dada en arrendamiento por impago de renta alquiler,
por expiración legal o contractual de plazo
y sobre otras pretensiones que esta ley califique como sumarias.
Carecerán también de efecto de cosa
juzgada las sentencias que se dicten en los procesos verbales
en que se pretenda la efectividad de derechos reales
inscritos frente a quienes se opongan a ellos o perturben en su ejercicio
sin disponer de título inscrito.
La jurisdicción voluntaria también carece de fuerza de cosa
juzgada material o adestra.
Y es que, pero sí la tiene adintra.
Resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria,
una vez firme la resolución,
como es lógico, no podrá iniciarse otro expediente
de jurisdicción voluntaria idéntico sobre el mismo objeto,
salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a aquel.
¿Por qué?
Además, lo allí decidido vinculará a cualquier otra actuación
o expediente posterior que resulte conexo con aquel.
Por tanto, la cosa juzgada tiene su propia cosa
juzgada adintra, positiva y negativa,
no un segundo expediente idéntico entre las mismas partes
y vinculará una vez resuelto al resto de expedientes,
pero no tiene fuerza de cosa juzgada adestra.
La resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria
no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior
con el mismo objeto que aquel, debiendo pronunciarse la resolución
que se dicte sobre la confirmación, modificación o revocación
de lo acordado en el expediente de jurisdicción voluntaria.
Respecto al tratamiento procesal, cabe determinar
que la cosa juzgada es un presupuesto procesal apreciable,
tanto de oficio como en instancia de parte.
Si el tribunal aprecia la efectiva existencia
de resolución firme sobre objeto idéntico
y dado que este obstáculo no admite subsanación posible,
lo juzgado juzgado está y no puede subsanarse,
dará por finalizada la audiencia y dictará
en el plazo de los siguientes cinco días auto de sobreseguimiento.
Si la complejidad o dificultad de las cuestiones
suscitadas sobre la cosa juzgada lo aconsejan, podrá también resolver
sobre dichas cuestiones mediante auto dentro de los cinco días siguientes
a la audiencia que proseguirá en todo caso
para sus restantes finalidades.
Si el tribunal considera inexistente la cosa juzgada,
lo declarará así motivadamente en el acto
y decidirá que la audiencia prosiga para sus restantes posibilidades.
Y vamos a ver la aclaración y corrección de sentencias,
que no es un recurso, no es un recurso
porque a través de ella no se pretende modificar el contenido
de la sentencia, sino tan solo
aclararla porque resultaba oscura.
Los tribunales no podrán, insisto, variar las resoluciones
que se pronuncien después de firmadas.
Pero sí aclarar algún concepto oscuro
o rectificar algún error material del que adolezcan.
Las aclaraciones podrán hacerse de oficio,
por el Tribunal o letrado de la Administración de Justicia,
según corresponda, dentro de los dos días
hábiles siguientes al de la publicación de la resolución
o a petición de parte del Ministerio Fiscal,
formulado dentro del mismo plazo,
siendo en este caso resuelta por quien hubiere dictado
la resolución de que se trate dentro de los tres días siguientes
al de la presentación del escrito en el que se solicita la aclaración.
Los errores materiales, manifiestos, los aritméticos
en que incurran las resoluciones de los tribunales y letrados
de la Administración de Justicia podrán ser rectificados
en cualquier momento.
No cabrá recurso alguno contra la resolución que decida
sobre la aclaración o sobre la corrección,
sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso,
contra la resolución a la que se refiere la solicitud
o actuación de oficio.
Y con ello pasamos a las costas.
Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,
cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia
a medida que se vayan produciendo.
Se considerarán gastos del proceso
aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato
en la existencia de dicho proceso.
Se considerarán costas aquellos que se refieran
a los conceptos siguientes.
Gastos son costes, costes del Estado, costas.
Son los gastos del propio proceso ocasionados por los justiciables,
generados por los justiciables,
que deben asumir los propios justiciables.
Veamos ahora cuáles son las costas del proceso,
porque están tasadas.
Son los honorarios de la defensa y de la representación técnica
cuando sean preceptivas.
Son los derechos de peritos y demás abogados que tengan
que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
Son las copias,
certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos
que hayan de solicitarse conforme a la ley,
salvo los que se reclamen por el Tribunal
a registros y protocolos públicos, que en ese caso serán gratuitos,
y son finalmente los derechos arancelarios
que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias
para el desarrollo del proceso,
así como las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional
cuando sea preceptiva.
Hay otras costas que no están incluidas,
en el clásico artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que es el que asume este listado,
pero están reconocidos a lo largo del articulado
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sin ánimo exhaustivo, son costas también los gastos
ocasionados por el transporte, conservación, custodia, exhibición
y administración de los bienes objeto del depósito judicial.
También son costas los gastos ocasionados como consecuencia
del cotejo de documentos públicos, Pedido a la parte contraria
a la que los aporta el pleito, en aquellos supuestos
en los que la impugnación no prospere y son también costas
los gastos de inserción de los anuncios de la subasta.
Debemos establecer una serie de advertencias.
No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa
abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas
constituidas para la adquisición de la vivienda habitual.
Tampoco se incluirán en los demás procesos de ejecución
derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios
cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.
Además, los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales
podrán reclamarlos de las partes que deban satisfacerlos sin esperar
a que el proceso finalice
y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas
que llegue a recaer.
Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva,
de la eventual condena en costas de la parte contraria
a la que se hubiere servido de estos profesionales,
se excluirán los derechos y honorarios devengados
por los mismos, salvo que el tribunal
aprecie temeridad o abuso del servicio público de justicia
en la conducta del condenado en costas
o que el domicilio de la parte representada y defendida
esté en un partido judicial distinto de aquel en el que se ha tramitado
el juicio.
También se excluirán, en todo caso,
los derechos devengados por el procurador como consecuencia
de aquellas actuaciones de carácter meramente facultativo
que hubieran podido ser practicadas en las oficinas judiciales.
En el caso en el que, pese a no ser preceptiva
la intervención de abogado o abogada o procurador o procuradora,
el consumidor opte por valerse de estos profesionales
para interponer su demanda
tras haber formulado la reclamación extrajudicial previa.
En la tasación en costas se incluirá la cuenta del procurador
y la minuta del abogado.
La práctica de la tasación en costas.
En todo tipo de procesos, instancias e instancias,
la tasación en costas se practicará por el secretario
del tribunal que hubiere conocido el proceso o recurso,
respectivamente, o en su caso,
por el letrado de la Administración de Justicia
encargado de la ejecución.
No se incluirán en la tasación en costas
los derechos correspondientes a escritos y actuaciones
que sean inútiles,
que sean superfluos, que no estén autorizados por la ley,
ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente
o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el proceso.
Tampoco serán incluidos en la tasación en costas
los derechos de los procuradores
devengados por la realización de actos procesales de comunicación,
cooperación y auxilio de la Administración de Justicia,
así como de las demás actuaciones meramente facultativas
que hubieran podido ser practicadas en todo caso
por las oficinas judiciales.
Insisto, facultativas, no obligatorias.
El letrado de la Administración de Justicia
reducirá el importe de los honorarios de los abogados
y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel
cuando los reclamados excedan del límite legalmente establecido
y no se hubiera declarado temeridad del litigante condenado en costas.
Tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes
en que hubiesen sido condenados precisamente la parte favorecida
por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal.
Vamos a ver la condena en costas de la primera instancia.
Puede ser una condena total o parcial.
Condena total en los procesos declarativos,
las costas en la primera instancia se impondrán
a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones,
sabiendo que el tribunal aprecie y así lo razone que el caso
presenta serias dudas de hecho o de derecho.
Para apreciar a efectos de condena en costas
que el caso es jurídicamente dudoso,
se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.
No obstante, cuando la participación en un medio de solución de conflictos
sea legalmente preceptiva, me estoy refiriendo a los medios
adecuados de resolución de controversias que son
presupuesto de procedibilidad y de los que ya nos hemos ocupado,
Previa conformidad de las partes, por juez, jueza, tribunal o letrado
de la Administración de Justicia durante el curso del proceso,
no habrá pronunciamiento en costas de aquella parte
que hubiere rehusado expresamente o por actos concluyentes
y sin justa causa participar en un medio adecuado de solución
de controversias al que hubiere sido efectivamente convocado.
Es decir.
Que cuando la participación sea legalmente preceptiva
no habrá pronunciamiento en costas.
Condena parcial.
Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones.
Cada parte abonará las causadas a su instancia
y las comunes por mitad,
a no ser que hubieran méritos suficientes para imponerlas a ella
por razones de temeridad.
No obstante, si alguna de las partes
no hubiera acudido sin causa que lo justifique,
vuelve a suceder lo de antes, a un medio adecuado de solución
de controversias,
cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el juez,
la jueza, tribunal, letrado de la Administración de Justicia
durante el proceso,
se le podrá condenar al pago de las costas en decisión
debidamente motivada,
aun cuando la estimación de la demanda sea parcial.
Bien, hay una serie de matizaciones
y es que cuando se impongan las costas al litigante vencido,
éste sólo está obligado a pagar de la parte que corresponde
a los abogados y demás profesionales
que no estén sujetos a tarifa o arancel,
una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía
del proceso por cada uno de los litigantes que hubieran obtenido
tal pronunciamiento.
A estos son los efectos.
Las pretensiones inestimables se valorarán en 24.000 euros,
salvo que, en razón de la complejidad del asunto,
el tribunal disponga otra cosa.
No se aplicará lo que acabo de indicar
cuando el tribunal declare la temeridad
o del litigante condenado a costas.
Bien, cuando el condenado en costa sea titular del derecho
a la asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado
a pagar las costas causadas en defensa
de la parte contraria en los casos
expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Cuando la parte beneficiada en costas sea titular del derecho
a la asistencia jurídica gratuita,
las mismas deberán ser abonadas a las personas profesionales
que se hayan designado para su representación
y dirección jurídica, que estarán obligadas
a devolver las cantidades eventualmente percibidas
con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso.
A tales efectos, se comunicará por la Oficina Judicial
a los colegios profesionales correspondientes
esta circunstancia.
Si la parte requerida para iniciar
una actividad negociadora previa tendente a evitar el proceso judicial
hubiere rehusado intervenir en la misma,
la parte requiriente quedará exenta en costas,
salvo que se aprecie un abuso del servicio público justicia.
En ningún caso se impondrán costas al Ministerio Fiscal en los procesos
en los que él,
este Ministerio Público, intervenga como parte.
Condenan costas en caso de allanamiento.
Si el demandado se allana a demanda
antes de contestarla, no procederá a la imposición de costas
salvo que el tribunal, de nuevo razonándolo debidamente,
aprecie mala fe en su conducta o abuso
del servicio público-justicia.
Se enterará que existe mala fe a estos efectos
cuando, antes de presentada la demanda,
se hubiera requerido al demandado para el cumplimiento
de la obligación, de forma fehaciente y justificada,
o cuando hubiera rechazado el acuerdo ofrecido la participación
en ese medio adecuado de resolución de controversias.
Si el allanamiento se produce tras la contestación a la demanda,
se aplicará el criterio general del vencimiento que ya se ha expuesto.
Si la parte demandada
no hubiera acudido, sin causa que lo justifique,
a un medio adecuado de solución de controversias
cuando fuese legalmente preceptivo y así lo hubiera acordado el juez,
la jueza, el tribunal, letrado o letrada,
la Administración de Justicia,
durante el proceso y luego se allana a la demanda,
se le condenarán costas, salvo que el tribunal.
Apreciándolo de nuevo debidamente y en resolución motivada,
aprecie circunstancias excepcionales para no imponerlas.
Condena en costas cuando el proceso termine por desistimiento.
Si el proceso termina por desistimiento del actor,
que no haya de ser consentido por el demandado,
recuerde la bilateralidad del desistimiento,
entonces aquel será condenado a todas las costas.
Pero si el desistimiento que pone fin al proceso
hubiese sido consentido por el demandado o demandados,
entonces no se condenarán costas a ninguno de los litigantes.
Cada uno pagará las causas a su instancia.
Costas en apelación y casación.
En los casos del recurso de apelación,
en cuanto a las costas del recurso,
se aplicará el criterio general del vencimiento.
La desestimación total del recurso de casación
llevará aparejada la condena en costas a la parte recurrente,
salvo que la sala aprecie circunstancias especiales
que justifiquen otro pronunciamiento.
Si el recurso de casación fuese estimado total
o parcialmente, no se impondrán costas a ninguna de las partes.
Y pasamos a las multas para concluir este programa.
Las multas por infracción de la buena fe procesal
y por abuso del servicio público justicia.
La regla general
es que los intervinientes en todo tipo de procesos
deberán ajustar sus actuaciones a las reglas de la buena fe.
Los tribunales, por tanto,
rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes
que se formulen con manifiesto abuso de derecho
o que entrañen un fraude.
Procesal o un fraude de ley.
Si los tribunales estiman que alguna de las partes
ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal
o con abuso del servicio público-justicia,
podrán imponerle, en pieza separada,
mediante acuerdo motivado y respetando el principio
de proporcionalidad,
una multa que podrá oscilar entre 180 y 6.000 euros
sin que ningún caso pueda, de todas formas,
superar la tercera parte de la cuantía de litigio.
Para determinar la cuantía de la multa,
el tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho
de que se trate, los perjuicios que al procedimiento
a la otra parte o a la Administración de Justicia
se hubiesen podido causar, la capacidad económica del infractor
y la reiteración posible de la conducta.
En todo caso, el letrado o letrada de administración de justicia
se hará constar, por parte de este profesional,
el hecho que motive la actuación correctora,
las alegaciones del implicado
y el acuerdo que se llegue a adoptar por el tribunal.
Si los tribunales entendieran que la actuación contraria
a las reglas de la fuena fe o del abuso del servicio público
de justicia podrían ser imputables a los profesionales de la abogacía
o de la procura, es decir,
a los intervinientes del proceso en su calidad profesional,
Sin perjuicio de lo anterior, se darán traslado
de esta circunstancia a los colegios profesionales respectivos
por si pudieran proceder para la imposición de algún tipo
de sanción disciplinaria.
En los casos en los que esta actuación
se produzca en el ámbito de un proceso en el que la parte
litigase en beneficio de la justicia gratuita,
esta comunicación se remitirá también a la comisión de asistencia jurídica
gratuita correspondiente.
Las sanciones impuestas al amparo.
De estos artículos que regulan el régimen general
de los recursos se aplicarán con carácter general
el título V del libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Y con esto damos por terminado este programa correspondiente
a la sentencia,
cosa juzgada y costas-gastos del proceso con sus multas.
Muchas gracias.