Y nemo iudex sine actore viene a determinar algo similar,
no hay ningún proceso civil si no lo inicia un actor.
Por tanto, la demanda es el acto de postulación iniciático
del proceso civil en su primera instancia.
La interposición de la demanda, en plazo y forma,
corresponde al actor o demandante,
debidamente asesorado por su abogado y representado por su procurador,
ante el tribunal, frente al demandado.
Son notas esenciales de la demanda las siguientes.
El principio dispositivo determina, como he dicho,
la necesaria instancia de parte.
En segundo lugar, el principio de la escritura.
Las demandas son siempre escritas.
El principio pro actione, la demanda,
ha de reunir una serie de requisitos formales
y materiales de inexcusable cumplimiento,
si bien el acceso a la justicia, al menos en su primera instancia,
no debe encontrarse bloqueado por condiciones irracionales
o por trámites formales excesivos.
Ha de favorecerse
y facilitarse el camino del justiciable hacia la justicia.
En cuarto lugar, el principio de conservación de actos procesales
impone una vital apuesta por el derecho de acción,
promoviendo la subsanación, en cuanto ello sea posible,
de esas actuaciones procesales deficientemente o irregularmente
interpuestas.
La capacidad de postulación, por su parte,
es la debida asistencia técnica del letrado y representación
de procurador en esos procesos en los que es preceptiva,
que por cierto son la mayoría.
El principio de jurisdicción comporta
que la demanda ha de dirigirse al juez legal ordinario
predeterminado por la ley,
esto es, al que efectivamente se encuentra
investido.
En el caso concreto de jurisdicción y de competencia para conocer
de ese determinado asunto que le será adjudicado,
eso sí, luego conforme a las normas de reparto que le correspondan.
La litispendencia queda determinada por la interposición de la demanda,
porque la demanda es el acto de postulación
que prende la mecha de la justicia,
de forma que su admisión supone el inicio
de esa relevante institución que es la litispendencia ante sala
cronológica, como he dicho en algún programa anterior,
de la cosa juzgada.
El fundamento de la demanda
es la concreción del objeto con sus tres elementos esenciales,
los sujetos, el petitum y la causa pretendi.
Los sujetos son el actor y demandado.
El petitum o pretensión puede ser declarativa, constitutiva
o de condena y también habrá de quedar perfectamente delimitada
y perfilada en el propio escrito de demanda.
La causa pretendi o calificación jurídica
es la determinación jurídica de los hechos que se incorporan
y que fundamentan el petitum o petición.
A diferencia de los hechos,
que tan sólo podrán ser introducidos por las partes,
ya recordamos, iudex iudicare debet secundum allegat et probata partium,
el juez debe juzgar conforme a lo alegado
y probado exclusivamente por las partes.
Sin embargo, y frente a esta máxima,
el propio juez sí podrá, sin embargo,
seleccionar y aplicar el derecho que no hubiese sido
atinadamente incorporado a la demanda,
conforme a otros aforismos clásicos, pero plenamente vigentes,
como son "Dami factum et davo tibius", "Dame a mí los hechos"
y "Yo te daré el derecho" o "I urano vid curia",
"El juez conoce el derecho".
La demanda podrá ser ordinaria, volveré sobre ella, o sucinta.
Es sucinta en los juicios verbales
en que no se actúa con abogado y procurador,
es decir, aquellos cuya determinación se haya efectuado
por razón de la cuantía y dentro de la cuantía,
además, no exceda de 2.000 euros.
La petición inicial del proceso monitorio
no revestirá la forma de demanda ni sucinta ni ordinaria,
limitándose sencillamente en una suerte de solicitud,
más o menos formal o informal,
a solicitar a pedir el pago de lo debido.
Los requisitos de la demanda son los siguientes.
Los materiales y, en primer lugar, los subjetivos.
El proceso civil dispositivo no podrá quedar válidamente constituido
sin la imprescindible presencia de un lado del juez,
con jurisdicción y competencia
para asumir el conocimiento del conflicto civil o mercantil
con la debida inmediación de principio a fin,
y de otro, de las partes activa y pasiva.
Cuando la parte no representada por procurador o procuradora
venga obligada legal o contractualmente
a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia,
el acto de comunicación se realizará por medios electrónicos.
No obstante, si el acto de comunicación tuviera por objeto
el primer emplazamiento o citación o realización e intervención personal
de las partes en determinadas actuaciones procesales
y transcurriera en tres días
sin que el destinatario acceda a su contenido,
entonces se procederá a su publicación
por la vía del tablón edictal judicial único.
Además, en todo caso, también podrá practicarse
mediante entrega de la copia de la resolución
si el obligado se personase en la sede del órgano judicial
dejando constancia de ello en la diligencia que se extienda.
Bien, como requisitos objetivos
está la perfecta identificación de la petición
y de la causa de pedir respecto de un determinado objeto litigioso
acompañada cuando no se encontrase expresamente
establecido en el listado del proceso ordinario
ni del juicio verbal su valoración económica
conforme a las reglas legales de determinación ahora cuantitativa
para determinar cuál sea en cada caso
el procedimiento adecuado porque recuérdese, en primer lugar,
atendemos a la materia y en su defecto a la cuantía.
La identificación del petitum permitirá,
por tanto, determinar, además del procedimiento adecuado,
los más exactos límites de la litispendencia,
de la congruencia y, en su día, si se llega a dictar sentencia,
de la cosa juzgada.
Como requisitos formales
se precisa ordenación, claridad, precisión estructura
con un encabezamiento, fundamentación fáctica,
fundamentación jurídica y petitum
que facilite el entendimiento, la comprensión de su contenido.
Si faltase o no fuese suficientemente ilustrativa
de alguno de los elementos esenciales de su objeto,
entonces el juez, el tribunal de oficio e instancia
de la parte perjudicada podrá arbitrar un plazo de subsanación
cuyo transcurso sin éxito determinará el archivo de las actuaciones.
La estructura de la demanda es la siguiente.
Las partes esenciales son cuatro.
Primero, encabezamiento.
Segundo, fundamentación fáctica.
Tercero, fundamentación jurídica con una doble proyección,
material y procesal.
Y por último, cuarta, la petición.
Los documentos que se deben acompañar a la demanda son pueden dividirse
entre dos tipos procesales y materiales los procesales
son los siguientes y es que con la demanda
y contestación a la demanda debe acompañarse en todo caso
la certificación del registro electrónico de apoderamiento judicial
o referencia al número asignado por dicho registro
los documentos que acrediten la representación que el litigante
se atribuya los documentos o dictámenes que acrediten el valor
de la cosa litigiosa a efectos de competencia y procedimiento.
El documento
que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa
a la judicial cuando la ley exija ese intento de más
como requisito de procedibilidad o la declaración responsable
de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo
esa actividad negociadora previa a la vía judicial
por desconocerse el domicilio de la parte demandada
o el medio por el que en todo caso pudiera de otro modo ser requerida.
Los documentos materiales o de fondo son los siguientes.
Primero, los documentos en los que las partes
funden su derecho a la tutela judicial efectiva.
Segundo, los medios de reproducción de la palabra, sonido e imagen,
así como los instrumentos que permitan archivar y conocer
o reproducir palabras, datos, cifras,
operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables
o de otra clase, relevantes en todo caso para el proceso,
si en ellos se fundaran las pretensiones de tutela
formuladas por las partes.
Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos
registrales o sobre el contenido de libro, registro, actuaciones,
expedientes de cualquier clase, los dictámenes periciales
en los que las partes apoyen sus pretensiones.
En el caso de que alguna de las partes
sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita,
no tendrá que aportar con la demanda o con la contestación el dictamen,
sino simplemente anunciarlo.
Los informes finalmente elaborados por profesionales de la investigación
privada legalmente habilitados sobre hechos relevantes
en que aquellos apoyen sus pretensiones sobre estos hechos
y no fueron reconocidos como ciertos,
luego se llegará a practicar la prueba testifical.
Bien, los documentos exigidos en casos especiales
son los siguientes.
Primero, los documentos que justifiquen cumplidamente
el título en cuya virtud se piden alimentos cuando éste sea el objeto
de la demanda.
Segundo, los documentos que constituyen un principio
de prueba del título en que se funden las demandas de retracto.
Cuando la consignación del precio se exige por ley o por contrato
y el documento que se acredite haber consignado,
si fuese conocido, pues determine el precio de la cosa,
objeto de retracto o haber se constituido caución que garantice
la consignación en cuanto al precio que se considere.
El documento en el que conste fehacientemente la sucesión
mortis causa en favor del demandante,
así como la relación de testigos que puedan declarar
sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o sufructuario
cuando se pretenda que el tribunal ponga al demandante en posesión
de bienes que afirma haber adquirido en virtud de aquella sucesión.
Y por último, todos esos documentos
que la ley exija para admisión de la demanda en casos concretos
que la ley vaya estableciendo.
Bien, la litispendencia comienza, como hemos dicho,
con todos sus efectos procesales en el momento
en el que se interpone la demanda si después es admitida.
La admisión de la demanda corresponde al letrado
de la Administración de Justicia.
Una vez admitida la demanda, comienzan todos estos efectos
de la litispendencia.
Si bien el día es acuo
o día inicial del periodo cronológico de duración de esta litispendencia,
habrá de calcularse con efecto retroactivo,
pues lo será el mismo día de interposición de la demanda.
Los efectos procesales de la dispendencia
son los siguientes.
Primero, la perpetuatio iuris dictionis
o perpetuación de la jurisdicción.
El principio de la perpetuatio iuris dictionis
comporta que la jurisdicción en competencia del juez o tribunal
llamado a conocer en cada instancia de un específico objeto litigioso
entre unas partes determinadas en el marco de un proceso concreto
se mantendrá inexorablemente de principio a fin.
Las alteraciones que una vez iniciado el proceso
se produzcan en cuanto al domicilio de las partes,
la situación de la cosa litigiosa y el mismo objeto litigioso
no modificarán la jurisdicción y la competencia
que se determinarán, en todo caso, según lo que se acredite
en el momento inicial de la litigio-pendencia.
También determina la perpetuatio legitimationis o perpetuación
de la legitimación, el comienzo de la litispendencia.
Y consiste, esta perpetuación de la legitimación
conlleva el mantenimiento de las partes, actores
o demandados en el proceso también de principio a fin,
con la única salvedad de su modificación
por una causa de sucesión, es decir,
cuando se produce una transmisión que ya hemos visto,
inter vivos o mortis causa del objeto litigioso.
El tercer efecto procesal de la litigio-pendencia
es la prohibición de la mutatio libelli
o cambio de demanda.
Este principio de la prohibición de la mutatio libelli,
al que también se refiere la máxima ulite
pendeter nil in novetur, es decir,
mientras está un proceso pendiente, nada se puede ya innovar,
supone que una vez prefijado el objeto litigioso
con todos sus elementos esenciales,
ya los hemos visto, sujetos, petitum, causa pretendi,
en la demanda, entonces ya no podrán modificarse,
cambiarse, mutarse, de cualquier modo alterarse ese objeto procesal
con la sola excepción de la posible introducción posterior
de alegaciones complementarias a propósito de dos tipos de hechos,
los hechos nuevos o de nueva noticia.
Son hechos nuevos los acontecidos por primera vez
una vez transcurrida esta fase de alegaciones,
son hechos de nueva noticia los aquellos que habían acontecido
en una fecha anterior al término de esa fase de alegaciones,
pero sin embargo tenemos conocimiento de ellos en un momento posterior
a la conclusión, insisto, de esa fase de alegaciones.
Porque establecido lo que sea objeto al proceso en la demanda,
en la contestación y en su caso en la reconvención,
las partes no podrán alterarlo ulteriormente.
Otro efecto procesal de la detispendencia
es la prohibición del non-liqueto no está claro.
Ello conlleva que una vez admitida la demanda,
el juez o tribunal habrá de dar inexorablemente respuesta
a todas y cada una de las pretensiones que la integran.
Los jueces y tribunales tienen ese deber inexcusable
de resolver en todo caso los asuntos
de que conozcan ateniéndose además al sistema de fuentes establecido.
El quinto efecto procesal
es la prohibición de entablar un segundo o sucesivo proceso
entre las mismas partes por el mismo objeto,
tanto durante la pendencia de litigio,
efecto de la litispendencia,
como una vez finalizado por sentencia firme,
en este caso sería por efecto de la cosa juzgada material
y no de la litispendencia.
Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos
o distintos fundamentos o títulos jurídicos,
habrán de aducirse en ella cuando resulten conocidos
o puedan invocarse a tiempo de interponerla sin que sea admisible
reservar su alegación para un momento ulterior,
porque a efectos de litigio y de cosa juzgada,
los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio
se considerarán los mismos que los alegados en otro anterior
si hubiese habido posibilidad para alegarlos en este y.
Ello no obstante,
no se hubiesen interpuesto.
Los efectos materiales de la litigiospedencia
son los siguientes, en este caso está mal la aplicación,
son los efectos materiales, a lo que yo me refiero ahora,
son la conversión del bien discutido en un bien litigioso,
se tendrá por litigioso un crédito desde que se contesta la demanda
relativa al mismo.
La interrupción de la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva.
Adquisitiva sería la interrupción civil se produce
por la citación judicial hecha al poseedor,
aunque sea por mandato de juez incompetente.
Y la extintiva, la prescripción de las acciones,
se interrumpe por el ejercicio ante los tribunales,
por reclamación extrajudicial acreedor
y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda
por el deudor.
La constitución en mora del deudor es otro efecto material
de la disfendencia.
Incurren en mora los obligados a entregar
o hacer alguna cosa
desde que el acreedor les exija judicial
o extrajudicialmente el cumplimiento de esa obligación.
Y por último, el devengo de los intereses legales.
Los intereses vencidos devengan el interés legal
desde que son judicialmente reclamados,
aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto.
Pasamos a la contestación a la demanda.
El letrado de la Administración de Justicia,
examinada la demanda,
dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado
para que conteste en el plazo de 20 días.
Este letrado de la Administración de Justicia,
sin embargo, dará cuenta al Tribunal
para que resuelva sobre la admisión en los casos siguientes.
Primero, cuando estime la falta de jurisdicción o competencia
del Tribunal o, segundo,
cuando la demanda adoleciese de efectos formales
que no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo
concedido para ello.
Bien, si no comparece, no contesta o no depura a los obiectos procesales
el demandado, entonces se le declara en rebeldía.
Sin embargo,
si comparece, podrá llevar a cabo actuaciones distintas
al contestar a la demanda.
Podrá allanarse, podrá contestar o podrá contestar y reconvenir.
El allanamiento total provoca la finalización del proceso.
La contestación a la demanda habrá de tener los mismos requisitos
y estructura que hemos visto para la demanda.
En la contestación a la demanda habrán de negarse
o admitirse los hechos aducidos por el actor.
El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas
del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean
adjudicados.
Perjudiciales, ficta confesión.
También habrá de aducir el demandado en la contestación a la demanda
las excepciones procesales y demás alegaciones
que pongan de relieve cuanto a usted a la válida prosecución del proceso
y a su término mediante sentencia.
Son óbices procesales de la contestación a la demanda
los que provocan una resolución procesal sin fuerza de cosa juzgada.
Son subsanables, la mayoría de ellos,
salvo la caducidad, la litigio-expendencia
y la cosa juzgada, el resto son subsanables,
pero si no se subsanan, provocarán la inadmisión
de la prosecución del procedimiento sin fuerza de cosa juzgada, insisto,
lo que permitirá volver a entablarlo en el futuro,
siempre que no haya caducado.
Son obices materiales, sin embargo,
los que provocan una resolución material o de fondo,
ahora ya con fuerza de cosa juzgada.
En ese caso
ya no provocarían una inadmisión de la prosecución del procedimiento,
sino una desestimación de la pretensión actora.
Inazmisión por causas procesales, desestimación por causas materiales.
Frente a los hechos constitutivos del actor.
Cabe ahora alegar por el demandado en su contestación a la demanda
tres tipos de hechos, impeditivos, extintivos y excluyentes.
Impeditivos son los que impiden el mismo nacimiento
de la relación jurídica, provocan su nulidad de raíz.
Pongamos un ejemplo, la existencia de un vicio en la voluntad
de un contrato.
Hechos extintivos son los que reconocen
los hechos extintivos relacionados por el actor,
pero extinguen su efecto por causa de alguna de las causas
de extinción de las obligaciones del Código Civil.
Pongamos otro ejemplo.
Las obligaciones se extinguen, por ejemplo, por el pago,
por el cumplimiento de la condonación de la deuda.
Luego el demandado
reconoce que existe el contrato en el que se incorpora una deuda,
pero alega como hecho ostentivo que ya la ha pagado.
Tercero, los hechos excluyentes.
Son los que reconocen esos hechos constitutivos también,
pero sin embargo se acogen a una oportunidad legislativa
que excluye, por razones de seguridad jurídica generalmente,
la obligación de su cumplimiento, por ejemplo la caducidad.
En efecto, había un contrato con un plazo,
ese plazo ha concluido y alego como hecho excluyente,
el que, al haber concluido ese plazo,
ha caducado y, por tanto, ya no debo esa cantidad.
Pasamos, por último,
a la reconvención.
Al contestar la demanda, el demandado podrá,
por medio de reconvención, formular la pretensión o pretensiones
que crea que le competen respecto del demandante.
Son requisitos de la reconvención los siguientes.
Primero,
solo se admite la reconvención si existe conexión
entre las pretensiones del demandante reconveniente.
Antiguo o demandado
y las que sean objeto de la demanda principal.
No se admitirá la reconvención
cuando el tribunal carezca de competencia objetiva
por razón de la materia o de la cuantía
o cuando la acción que se ejercite deba ventilarse en juicio
de diferente tipo.
Sin embargo, podrá ejercitarse
mediante la reconvención la acción conexa que por razón de la cuantía
hubiera de ventilar se en el juicio verbal.
Tercer requisito.
Si se estuviera tramitando un proceso ante un tribunal de instancia
y se planteara mediante reconvención una acción conexa a la principal
que fuera de la competencia de los tribunales de instancia
en sección de lo mercantil, por razones de especialización,
previa audiencia del actor y de las demás partes
personadas en un plazo de cifra.
Cinco días, el Tribunal de Instancia deberá inhibirse el conocimiento
del asunto, remitiendo los autos en el estado
en el que se encuentren al Tribunal de Instancia,
sección de lo mercantil, que se considere competente
y que resulte competente.
La reconvención se propondrá a continuación de la contestación.
Y a expresar con la debida claridad
y precisión la concreta tutela judicial que se pretende obtener
respecto del actor y, en su caso, de los otros sujetos
que se incorporan al proceso como coadyuvantes.
En ningún caso se considerará formulada
la reconvención en el escrito del demandado que finalice sencillamente
pidiendo su absolución respecto de la pretensión
o pretensiones de la demanda principal,
porque no debe olvidarse.
Que la contestación a la demanda comporta una defensa
en la que lo que el demandado solicita es no ser condenado.
Sin embargo, la reconvención comporta un ataque,
una compulsión, una nueva demanda del demandado frente al actor que pide
un nuevo pronunciamiento.
En realidad son dos demandas cruzadas,
la demanda principal,
la demanda reconvencional, con dos actores, el actor principal,
el actor reconvencional y con dos demandados
con los roles invertidos, el demandado principal.
Y el demandado reconvenido será de aplicación a la reconvención
todo lo dispuesto en todo caso para la demanda.
En ningún caso se admitirá la reconvención
en los juicios verbales que según la ley deban concluir
por sentencia sin fuerza de cosa juzgada.
En los demás juicios verbales se admitirá la reconvención
siempre que no se determine la improcedencia del juicio verbal.
Y exista conexión entre las pretensiones
de la Reconvención en las que sea objeto
la demanda principal.
Admitida la Reconvención,
se regirá por las normas previstas para el juicio ordinario,
salvo el plazo para su contestación, que en este caso sería de 10 días.
El demandado podrá poner en la contestación a la demanda
un crédito compensable.
La reconvención podrá dirigirse también contra sujetos no demandantes
siempre que puedan considerarse litis consortes voluntarios o necesarios
del actor reconvenido por su especial relación
con el objeto de la demanda reconvencional.
El actor reconvenido y los litis consortes
podrán contestar a la reconvención en el plazo de 20 días
a partir de la notificación de la demanda reconvencional.
Las pretensiones que deduzca el demandado en la contestación,
en su caso en la recomención,
se sustanciarán y resolverán al propio tiempo y en la misma forma
que las que sean objeto de la demanda principal
por razones de economía procesal.
Si contesta la demanda y en su caso la reconvención
o el crédito compensable o transcurridos los plazos,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia,
cuando haya de celebrarse vista, citará a las partes a tal fin
dentro de los cinco días siguientes.
Si los hechos son pacíficos y la única controversia es jurídica,
no hay vista porque,
como ya se sabe, están exentos de prueba
los hechos sobre los que se instala plena conformidad de las partes.
Si los hechos son controvertidos,
la vista habrá de tener dentro del plazo máximo de un mes.
En la citación se fija día y hora
en la que haya de celebrarse esa vista
y se informan las partes de la posibilidad
de recurrir de nuevo a una negociación para intentar
una solución amistosa del conflicto, incluido el recurso a la mediación,
en cuyo caso aquellas indicarán en la vista
o antes de ella su decisión al respecto
y las razones de la misma.
En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá
por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes
que si no asistiesen y se hubieran admitido su interrogatorio
podrá considerarse admitidos los hechos del interrogatorio.
Bien, al término de esta fase de alegaciones
queda prohibida la mutatio libelli.
La fase de alegaciones, a modo de recordatorio,
estaba integrada por la demanda, contestación a la demanda
y reconvención.
Una vez concluida esta fase de alegaciones,
Queda prohibido la motatio libeli porque establecido lo que sea objeto
del proceso en la demanda,
en la contestación y en su caso en la reconvención,
las partes no podrán alterarlo posteriormente.
Ello sin perjuicio de la facultad
de formular alegaciones complementarias sobre hechos nuevos
o de nueva noticia de los que ya he tenido ocasión
de ocuparme y recuerdo que los nuevos son los que acontecen por primera vez
una vez concluida esta fase de alegaciones, los de nueva noticia
son los que.
Siendo antiguos por haber acontecido antes de la conclusión de esta fase,
sin embargo, se tiene conocimiento de ellos
en este momento.
Y con esto damos por terminada esta fase de alegaciones
del proceso civil.
Muchas gracias por su atención.