Programa 16.
Proceso concursal.
El proceso concursal se regula en el Real Decreto Legislativo
1.2000 de 5 de mayo por el que se aprueba el texto refundido
de la ley concursal.
El proceso concursal es ese proceso que deben causarse
cuando un solo deudor deba hacer frente,
en una situación de insolvencia, al pago de deudas
frente a varios acreedores.
Por tanto, su requisito o presupuesto objetivo
es que la declaración del concurso procederá
respecto de cualquier deudor, sea natural o jurídico,
y son requisitos o presupuestos objetivos los siguientes.
Primero, la declaración del concurso procederá siempre
en caso de insolvencia del deudor.
Insolvencia que puede ser inminente o pasada.
La solicitud de declaración del concurso presentado por el deudor
deberá fundarse en que se encuentra en ese estado de insolvencia.
La insolvencia, como he dicho,
puede ser actual o inminente.
Se encuentra en estado de insolvencia actual
el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones
exigibles.
Sin embargo, se encuentra en un estado de insolvencia inminente
el deudor que prevea que dentro de los próximos tres meses
no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones
económicas.
La solicitud de declaración del concurso presentada
por cualquier acreedor deberá fundarse en alguno de los siguientes
hechos externos que son los que revelan realmente
ese estado de insolvencia.
Primero, la existencia de una previa declaración judicial
o administrativa de insolvencia del deudor siempre que sea firme.
Segundo, la existencia de un título
por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio
sin que del embargo hubieran resultado bienes libres
conocidos bastantes para el pago.
Tercero, la existencia de embargos por ejecuciones en curso
que afectan de una manera general al patrimonio del deudor.
Cuarto, el sobreseguimiento generalizado en el pago corriente
de las obligaciones del deudor.
Quinto, el sobreseguimiento generalizado en el pago
de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses
anteriores a la solicitud del concurso, el de cuotas,
de la seguridad social
y demás conceptos de recaudación conjunta durante ese mismo período,
o el de los salarios e indemnizaciones de los trabajadores
y demás contribuciones derivadas de las relaciones
de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
Sexto, el alzamiento o la liquidación apresurada
o ruinosa de sus bienes por el deudor.
Bien, para solicitar la declaración del concurso
están legitimados el propio deudor y cualquiera de sus acreedores.
Si el deudor fuese una persona jurídica,
será competente para decidir sobre la presentación de la solicitud
el órgano de administración o de liquidación.
Sin embargo,
y por excepción a lo que acabo de indicar,
no estará legitimado el acreedor que dentro de los seis meses anteriores
a la presentación de la solicitud hubiera adquirido crédito por acto
inter vivos y a título singular después de su vencimiento.
Para solicitar la declaración del concurso de una sociedad,
están también legitimados los socios que sean personalmente responsables
de las deudas de esa sociedad.
Y el Ministerio Fiscal.
Cuando las actuaciones por delitos contra el patrimonio
y contra el orden socioeconómico se pongan de manifiesto indicios
de estado de insolvencia de algún presunto reproche penal,
el Ministerio Fiscal instará del Tribunal
que conozca de la causa la comunicación de aquellos hechos
a los acreedores cuya identidad resulte de actuaciones penales
en curso a fin de que, en su caso,
puedan solicitar la declaración del concurso y ejercitar, por tanto,
las acciones que les correspondan.
El concurso de acreedores
tendrá la consideración de concurso voluntario
cuando la primera de las solicitudes
presentadas hubiera sido la del propio deudor.
En los demás casos, el concurso se considerará necesario.
Sin embargo, el concurso de acreedores
tendrá la consideración de necesario también
cuando en los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud del deudor
se hubiera presentado y admitido a trámite.
Otra por cualquier legitimado, aunque éste luego hubiere desistido,
no hubiere comparecido en la vista
o no se hubiere ratificado en la solicitud.
El deber de solicitar la declaración del concurso corresponde,
en primer lugar, al deudor.
El deudor deberá solicitar la declaración del concurso
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que hubiere conocido
o, al menos, hubiere debido conocer su estado actual de insolvencia.
Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor
ha conocido que se encuentra en estado de insolvencia
cuando hubiera acaecido alguno de los hechos que puedan servir
de fundamento a una solicitud de cualquier otro legitimado.
A la solicitud de declaración del concurso,
el deudor deberá acompañar, en todo caso,
los documentos siguientes.
Primero, una memoria expresiva de la historia económica
y jurídica propia del deudor.
Segundo, un inventario de bienes y derechos que integren
su patrimonio con expresión de la naturaleza que tuvienen,
las características, el lugar en el que se encuentren,
si estuvieran inscritos en algún registro público,
datos de identificación registral de cada uno de los bienes y derechos
relacionados el valor de adquisición,
correcciones valorativas que procedan y estimación de su valor del mercado
en la fecha de la solicitud.
En tercer lugar, la relación de acreedores
con expresión de la identidad, domicilio, dirección electrónica,
si la tuvieren, de cada uno de ellos,
así como de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos
y las garantías personales o reales constituidas.
Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago del crédito,
se le identificará en el procedimiento correspondiente
y se indicará cuál es el estado de esas actuaciones.
Si el deudor fuera empleador, también habrá de indicarse,
como es lógico,
el número de trabajadores con expresión del centro de trabajo
al que estuvieran afectos y la identidad de los integrantes
del órgano de representación de los mismos,
si los hubiere, con expresión de la dirección electrónica
de cada uno de ellos.
La solicitud por parte del acreedor
y de los demás legitimados se rige, sin embargo,
por las siguientes características.
Primero, el acreedor que insta la declaración del concurso
deberá expresar en la solicitud el origen, naturaleza, importe,
fechas de adquisición y vencimiento y la situación actual del crédito,
del que acompañará documento o documentos acreditativos,
así como el hecho o los hechos externos reveladores
del estado de insolvencia.
Los demás legitimados deberán expresar en la solicitud
el carácter en el que la formulen y acompañarán el documento
del que resulte la legitimación
para solicitar esa declaración del concurso o propondrán la prueba
que consideren necesaria para acreditarla.
En todo caso, se expresarán en la solicitud los medios de prueba
de que se valga o pretenda valerse el solicitante
para acreditar el hecho o hechos externos reveladores
de ese estado de insolvencia que se hubiera alegado.
La prueba testifical no será bastante por sí sola.
Admitida a trámite la solicitud,
las que se presenten con posterioridad se acumularán
a la primeramente repartida y se unirán los autos,
teniendo por comparecidos los nuevos solicitantes,
siempre sin retrotraer las actuaciones.
En ese momento se ha emplazado el deudor.
Admitida a trámite de la solicitud,
el letrado de la Administración de Justicia
procederá al emplazamiento del deudor.
Si no conociese su domicilio
o el resultado del emplazamiento fuese negativo,
se utilizarán de oficio o a instancia de parte
los medios oportunos para averiguar ese domicilio o residencia del deudor
conforme a lo establecido en la legislación procesal civil.
Cuando el domicilio registral del deudor, persona jurídica,
no pudiera estar emplazada, no se conociera su domicilio real,
el letrado de la Administración de Justicia
deberá dirigirse al registro público
en el que se encuentre inscrita esa persona
para determinar cuál sea la identidad de los administradores,
liquidadores o directores generales de la entidad.
Una vez identificados, el emplazamiento de la persona
jurídica deudora se realizará a través de esos administradores,
liquidadores o directores generales.
Cuando el letrado de la Administración de Justicia
agotara ya todas las vías para el emplazamiento del deudor,
el Tribunal podrá declarar el concurso con base
en los documentos que acompañen a la solicitud,
a las alegaciones del solicitante o solicitantes
y a las averiguaciones que se hubieran realizado.
Como medidas cautelares anteriores a la declaración del concurso,
podrán adoptarse las siguientes.
A petición del legitimado para instar el concurso necesario, el Tribunal,
al admitir a trámite la solicitud, podrá adoptar,
de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
las medidas que considere necesarias para asegurar la integridad
del patrimonio del deudor.
El Tribunal podrá pedir al solicitante que preste fianza,
eso sí, para responder de los eventuales daños
y perjuicios que estas medidas cautelares puedan producir al deudor
si la solicitud de la declaración del concurso
resulta finalmente desestimada.
Puede suceder que haya un allanamiento del deudor.
Admitida a trámite la solicitud,
si el deudor emplazado se allana, es decir, se conforma,
acepta la pretensión del solicitante,
el tribunal dicta auto declarando el concurso de acreedores.
Ese mismo efecto que el allanamiento tendrá el hecho
de que, con posterioridad a la solicitud
de cualquier legitimado, el deudor, antes de ser emplazado,
hubiere solicitado la declaración posteriormente propia del concurso
o, una vez emplazado,
no hubiere formulado oposición dentro del plazo establecido para ello.
La oposición del deudor podrá fundarse
en alguno de los siguientes motivos.
Podrá basar esta oposición en, primero,
la falta de legitimación del solicitante.
Segundo, la inexistencia del hecho externo revelador
del estado de insolvencia
en el que se fundamente la solicitud.
Insisto, del solicitante.
Y también en que, aun habiéndose producido ese hecho,
no se encontraba realmente en estado de insolvencia
o, por suerte, ya no se encuentra en ese estado de insolvencia.
Si el deudor alega
que no se encuentra en estado de insolvencia,
le incumbe la carga de la prueba respecto de su solvencia.
En caso de oposición, el letrado de la Administración de Justicia
al día siguiente cita a las partes a una vista
a celebrar dentro de los diez días siguientes a aquel
en el que se hubiere formulado la oposición, previniéndolas
para que comparezcan a ella con todos los medios de prueba
de que puedan valerse y que puedan practicar en el acto.
Y si el deudor estuviera obligado legalmente
a la llevanza de la contabilidad, le advertirá para que comparezca
con los libros contables de esa llevanza obligatoria.
La vista se celebrará bajo la presidencia
del Tribunal de Instancia, sección de lo mercantil.
Si el deudor no comparece, se dictará un auto declarando el concurso.
Si comparece, en el caso
de que el crédito del acreedor instante estuviera vencido,
el deudor deberá consignar en el mismo acto de la vista
el importe de dicho crédito a disposición del acreedor.
Acreditará haberlo hecho antes de la vista
o manifestará la causa legítima de la falta de esa consignación.
En el caso
de que hubiese varios acreedores personados y se hubieran acumulado
o se acumulasen las solicitudes de concurso presentadas,
entonces el deudor deberá proceder del mismo modo en relación
con cada uno de los acreedores.
En el caso de que el solicitante no compareciera o, habiéndolo hecho,
no se ratifique en su solicitud
y el tribunal considere que concurre presupuesto objetivo
para declaración del concurso necesario
y de las actuaciones, además, resulte la existencia
de otros posibles acreedores, en ese caso,
antes de dictar el auto que resuelve la solicitud,
se concederá a esos acreedores un plazo de cinco días
para que formulen las alegaciones que tengan por conveniente.
En el caso de falta de consignación y en los casos
de que, a pesar de haber sido efectuada,
el acreedor se hubiese ratificado en su solicitud,
el tribunal oirá a las partes y a sus abogados
sobre la procedencia o improcedencia de la declaración del concurso.
La misma regla será de aplicación
cuando el crédito del instante no hubiere vencido
o cuando el legitimado para la declaración
del concurso necesario no tuviera la condición de acreedor.
Bien, en ese momento pasamos a la proposición y práctica
de la prueba.
El tribunal decidirá en la vista sobre la pertinencia
de los medios de prueba propuestos en la solicitud o solicitudes
acumuladas de concurso o que se propongan
por los solicitantes o por el propio deudor en ese acto.
Las pruebas declaradas pertinentes se practicarán de inmediato
si se pudieran realizar en la propia vista.
En otro caso, en ese mismo día
o si no fuera posible en el día siguiente hábil
por el principio de la concentración,
el letrado de la Administración de Justicia
señalará fecha para la práctica de las restantes pruebas,
se entiende, las que no se han podido practicar.
La práctica de estas otras pruebas deberá realizarse,
como digo, en el plazo más breve posible
y sin que excedan todo caso de 10 días.
El Tribunal
podrá interrogar directamente a las partes, testigos y peritos
y el Tribunal apreciará las pruebas que se practiquen
conforme a las reglas de valoración general
de la prueba establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Una vez practicadas estas pruebas, las declaradas pertinentes
o, en otro caso, transcurrido el plazo
fijado para ello, el Tribunal, dentro de los tres días siguientes,
dictará auto declarando el concurso o desestimando la solicitud
de este concurso.
En caso de declaración del concurso a solicitud del acreedor
o de los demás legitimados distintos del deudor,
las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa.
En caso de desestimación de la solicitud,
el auto condenará al solicitante al pago de las costas,
salvo que el tribunal aprecie y así lo razone que el caso
presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
La condena al pago de las costas al acreedor que hubiere solicitado
la declaración del concurso no procederá si el crédito
de que fuere titular hubiere vencido seis meses antes de la presentación
de la solicitud, salvo supuestos de temeridad
o de mala fe.
Y pasamos al auto de declaración del concurso.
Este auto contendrá los siguientes pronunciamientos.
Primero, el carácter voluntario o necesario del concurso,
con indicación en su caso
de que el deudor ha presentado una propuesta de convenio,
ha solicitado la liquidación de la masa activa
o ha presentado una oferta vinculante de adquisición de unidad
o unidades productivas.
Segundo, los efectos sobre las facultades
de administración y disposición del deudor respecto de la masa activa.
Tercero, el nombramiento de una administración concursal,
con expresión de las facultades del administrador
o de los administradores concursales nombrados.
En cuarto, el llamamiento a todos esos acreedores,
potenciales acreedores,
para que pongan en conocimiento de la administración concursal
la existencia de sus créditos en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta declaración del concurso en el Boletín Oficial del Estado.
Quinto, la publicidad que haya de darse
a la declaración del concurso.
En caso de concurso necesario, el auto deberá contener además
el requerimiento al concursado para que en el plazo de 10 días,
a contar desde la notificación de la declaración del concurso,
presente los mismos documentos
que el deudor debía acompañar a la solicitud del concurso.
El auto de declaración del concurso,
el tribunal podrá acordar medidas cautelares,
las que considere necesarias para asegurar la integridad,
la conservación o la administración de la masa activa
hasta que el administrador o administradores acepten el cargo
y se ocupen de ello.
En caso de que el deudor fuese empleador,
El autodeclaración de concurso se notificará también
a la representación legal de las personas trabajadoras,
aun en los supuestos en los que no se hubiere personado
o no hubiere comparecido como parte del procedimiento.
Y comenzamos con la apertura de la fase común.
El auto de declaración del concurso abrirá la fase común del concurso.
Si el deudor hubiere solicitado la liquidación de la masa activa,
el tribunal lo acordará en el propio auto
en el que se declare el concurso solicitado,
con simultánea apertura de la fase de liquidación
y con los demás pronunciamientos establecidos en la ley.
Y comienza la apertura de las secciones.
El mismo día de la declaración del concurso,
el letrado de la Administración de Justicia
procederá a la formación de la sección primera.
Si el concurso se hubiera declarado a solicitud del deudor,
que se encabezará con la solicitud
y con todos los documentos de los que hemos hablado
y que deben acompañarle, y cualesquiera que hubiera
sido el solicitante, con la formación
de las secciones segunda, tercera y cuarta,
de las que hablaremos a continuación,
cada una de las cuales se encabezará por el auto o, en su caso,
por la sentencia de declaración del concurso.
Si el deudor hubiere solicitado la liquidación de la masa activa,
el letrado de la Administración de Justicia
procederá a la formación también de la sección quinta
que se encabezará con la solicitud de la liquidación.
El auto de declaración de concurso producirá de inmediato
los efectos establecidos en la ley y tendrá fuerza ejecutiva
aunque no sea firme.
El concurso sin masa
se considera tal cuando concurren los supuestos siguientes
y por este orden.
Primero, cuando el concurso carece de bienes y derechos
que sean legalmente embargables.
Segundo, cuando el coste de realización
de los bienes y derechos del concursado fuese
manifiestamente desproporcionado respecto al previsible valor venal.
Tercero, los bienes y derechos del concursado libres de cargas
fuesen de valor inferior al previsible coste del procedimiento.
Y cuarto,
cuando los gravámenes y las cargas existentes
sobre los bienes y derechos del concursado
lo sean por importe superior al valor de mercado de esos bienes
y derechos.
Se produce la declaración conjunta de concurso voluntario
de varios deudores
cuando aquellos deudores sean cónyuges, socios,
administradores total o parcialmente responsables de las deudas
de una persona jurídica y las sociedades pertenecientes
al mismo grupo podrán solicitar la declaración judicial conjunta
de los respectivos concursos.
Asimismo, la declaración conjunta de concurso necesario
de varios deudores se produce cuando el acreedor podrá solicitar
la declaración judicial conjunta de estos deudores,
cuando sean cónyuges, cuando se trate de sociedades
que formen parte del mismo grupo
o cuando entre ellos exista una confusión de patrimonios.
La competencia.
La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde
al Tribunal de Instancia, sección de lo mercantil,
en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus principales intereses.
Por centro de principales intereses
se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible
por terceros la administración de esos intereses.
En el caso de deudor persona jurídica,
se presume que el centro de sus intereses principales
se encuentra en el lugar de su domicilio social.
Será ineficaz a estos efectos
el cambio de domicilio inscrito en el registro mercantil
dentro de los seis meses anteriores a la solicitud del concurso,
cualquiera que sea la fecha en la que se hubiera acordado
o decidido.
Si el domicilio del deudor y el centro
de sus principales intereses radican territorio español,
aunque en lugares diferentes, será también competente,
siempre a elección del acreedor solicitante,
el tribunal en cuyo territorio radique el domicilio.
Será competente para la declaración conjunta de concurso
el tribunal del lugar donde el centro de sus intereses principales,
el deudor con mayor pasivo,
si se trata de un grupo de sociedades,
el de la sociedad dominante,
o en los supuestos en que el concurso no se solicite respecto de ésta,
el de la sociedad de mayor pasivo.
Si ya hubiere sido declarado el concurso
de la sociedad dominante,
será tribunal competente para la declaración de concurso
de cualquiera de las sociedades del grupo aquel
que esté conociendo del concurso.
Y, por lo que se refiere a los efectos,
nos remitimos al texto escrito,
pasando ahora a establecer cuáles son los principios generales
y las secciones de las fases del proceso concursal.
El principio de universalidad consiste en que la masa activa
del concurso está constituida por una totalidad de bienes
y derechos integrados en el patrimonio del concursado
a la fecha de la declaración del concurso
y por los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión
de este procedimiento.
Se exceptúan de lo dispuesto, de lo que acabo de indicar,
aquellos bienes y derechos que aun teniendo carácter patrimonial
sean legalmente inembargables.
Hay un deber de elaboración de un inventario.
La administración concursal debe elaborar este inventario
de la masa activa que incluirá la relación
y la valoración de los bienes y derechos
de que se componía en el día de solicitud del concurso.
En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales
o de cualquier otra comunidad de bienes,
se incluirán en el inventario la relación y valoración
de los bienes y derechos privativos del concursado,
así como de los bienes y derechos gananciales o comunes,
cuando deban responder de todas o de alguna
de las obligaciones de este y con expresa indicación
de este carácter.
Los bienes de propiedad ajena
en poder del concursado y sobre los que éste tenga un derecho de uso,
lógicamente no se incluirán en el inventario
ni será necesario su avalúo.
Por excepción, se incluirá en el inventario
el derecho de uso sobre un bien de propiedad ajena
si es que el concursado fuere arrendatario financiero.
Por lo que respecta a la valoración de los bienes y derechos,
el avalúo de cada uno de ellos, incluidos en el inventario,
se realizará con arreglo al valor que tuviesen actualmente
en el mercado.
La Administración concursal podrá recurrir al asesoramiento,
si lo precisa, de uno o varios expertos independientes
para la estimación de los valores de bienes y derechos
de la masa activa sin necesidad de autorización judicial para ello.
Queda prohibida la enajenación.
Hasta la aprobación del convenio,
hasta la apertura de la fase de liquidación,
los bienes y derechos que integran la masa activa no se podrán grabar
ni enajenar sin una autorización expresa del tribunal.
Y hay una serie de acciones rescisorias
de los actos del deudor.
Son rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa
realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores
a la fecha de la solicitud de declaración del concurso,
así como los realizados desde esa fecha a la declaración,
aunque no hubiera existido una intención fraudulenta.
Son igualmente rescindibles los actos perjudiciales
para la masa activa realizados por el deudor
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la comunicación
de la existencia de negociaciones con los acreedores o la intención
de iniciarlas para alcanzar un plan de reestructuración,
así como los realizados desde la fecha a la declaración del concurso,
aunque no hubiera existido intención fraudulenta,
siempre que concurran las condiciones siguientes.
Primero, que no se hubiera aprobado ese plan de reestructuración
o que aún aprobado no hubiera sido homologado por el tribunal.
Segundo, que el concurso se declare dentro del año siguiente
a la finalización de los efectos de esa comunicación
o de la prórroga que hubiere sido concedida.
El principio de universalidad del que nos hemos ocupado antes también
consiste en que todos los créditos contra el deudor, ordinarios o no,
a la fecha de la declaración del concurso,
cualquiera que sea la nacionalidad y domicilio del acreedor
quedarán de derecho integrados en la masa pasiva
estén o no reconocidos en el procedimiento
salvo que tengan la consideración de créditos contra la masa.
¿Y cuáles son los créditos contra la masa?
Pues lo son los anteriores a la declaración
del concurso por responsabilidad civil extracontractual,
por muerte o daños personales, así como los anteriores o posteriores
a la declaración del concurso por indemnizaciones
derivadas de accidentes de trabajo, enfermedad profesional,
cualquiera que sea la fecha de la resolución que los declare.
Los créditos por salarios correspondientes
a los últimos 30 días de trabajo efectivo
realizados antes de la declaración del concurso
en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.
Los créditos por alimentos a los que tuviera derecho el deudor
y los que este último tuviera deber legal
de prestar conforme a lo dispuesto en la ley de vengados antes
o después de la declaración del concurso,
los créditos por costas en caso de declaración de concurso
a solicitud del acreedor o los demás legitimados distintos del deudor,
los créditos por la publicidad de la declaración del concurso
y cualquier otra resolución judicial que lo acuerde,
así el tribunal,
como los relativos a adopción de medidas cautelares,
los créditos por la asistencia y representación del concursado
y de la administración concursal
durante toda la tramitación del procedimiento,
sus incidentes y demás procedimientos en cualquier fase del concurso,
los créditos por gastos y costas judiciales
ocasionados por la asistencia y representación del concursado,
de la administración concursal o de los administradores legitimados
en los juicios que en interés de la masa continúen o se inicien,
los créditos por la condena al pago de las costas,
los créditos por la retribución de la administración concursal,
así como los créditos por la retribución del experto
para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva,
los créditos que resulten de las obligaciones válidamente
contraídas durante el procedimiento por la administración concursal
o con la autorización conformidad de esta por el concursado
sometido a intervención, Los créditos generados por el ejercicio
de la actividad profesional o empresarial del concursado
tras la declaración del concurso hasta la aprobación judicial
del convenio o, en su caso, hasta la conclusión del concurso.
Vamos ahora con las secciones del concurso.
El procedimiento concursal se divide en secciones
y se ordenan en cada una de estas secciones
las actuaciones en las piezas separadas de las que me voy a referir
a continuación.
La sección primera
comprende todo lo relativo a la declaración del concurso,
medidas cautelares y todo hasta la conclusión
y en su caso reapertura del concurso.
La sección segunda
comprende lo relativo a la administración concursal,
nombramiento y cese del titular o titulares de ese órgano,
en su caso del auxiliar delegado,
determinación de las facultades del órgano,
ejercicio del cargo, retribución, rendición de cuenta,
responsabilidad civil en que el administrador
o administradores concursales hubieren podido incurrir.
En esta sección se incluye además,
empieza separada el informe de la administración concursal
con los documentos que le acompañen y en su caso
con la relación definitiva de los acreedores.
La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación
de la masa activa, los incidentes relativos
a qué bienes y derechos son necesarios para la continuidad
de la actividad profesional o empresarial del concursado,
los alzamientos de los embargos, autorizaciones judiciales,
créditos contra la masa.
En esta sección se incluirán piezas
separadas cada uno de los incidentes relativos
a la reintegración y reducción de la masa activa.
En esta sección también se incluirán en piezas
separadas las ejecuciones que se inician o reanuden
contra los bienes y derechos de esa masa activa.
La sección cuarta comprenderá lo relativo
a la determinación ya de la masa pasiva,
la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación
de los créditos concursales y el pago a los acreedores.
En esta sección se incluirá además en pieza
separada cada uno de los incidentes relativos
a la inclusión o exclusión de créditos concursales,
así como la cuantía o la clasificación
de los reconocidos.
Y en esta sección
se incluirán igualmente en pieza separada los juicios declarativos
que se acumulen al concurso de acreedores.
La sección quinta prenderá en piezas
separadas lo relativo al convenio y a la liquidación.
Y, por fin, la sección sexta comprenderá lo relativo
a la calificación del concurso a efectos de calificación
y a la ejecución de la sentencia de calificación del concurso
como culpable.
En caso de concursos conexos, se abrirán tantas secciones
como concursos se hubieran declarado conjuntamente
o se hubieran acumulado, salvo las secciones tercera
y cuarta, que serán comunes cuando el tribunal hubiera acordado
la acumulación de masas.
Y pasamos con ello al incidente concursal en materia laboral.
Se dilucidarán por el trámite del incidente concursal
en materia laboral las acciones que los trabajadores,
o en su caso el Fondo de Garantía Salarial,
ejerciten contra el auto que decida sobre la modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, sobre el traslado,
el despido, la suspensión de contratos,
la reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción que conforme a la ley
tengan carácter colectivo,
así como las de los trabajadores que tengan la condición de personal
de alta dirección contra la decisión de la Administración concursal
de existir o suspender los contratos suscritos por el concurso con estos.
Bien, los trabajadores deben presentar la demanda
conforme a lo establecido en la legislación procesal civil
en el plazo de un mes desde que conocieron o tuvieron la oportunidad
o pudieron conocer la resolución judicial
y el fondo de garantía salarial
desde que se le notifique esa resolución.
El personal de alta dirección
deberá presentar la demanda en el mismo plazo
desde que la Administración concursal le notifique la decisión adoptada.
Admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia
señalará dentro de los diez días siguientes el día y hora
en que habrá de tener lugar el acto del juicio.
Citando a los demandados con entrega de la copia de la demanda
y de demás documentos, debiendo mediar en todo caso
un mínimo de cuatro días entre la citación
y la efectiva celebración del juicio,
que comenzará siempre con un intento de conciliación
o avenencia sobre el objeto del incidente.
De no lograrse este acuerdo, esta venencia,
entonces el actor se ratificará en su demanda
o la ampliará sin alterar, eso sí,
sustancialmente sus pretensiones,
contestando oralmente el demandado y proponiendo
la continuación para la práctica de las pruebas sobre los hechos
respecto de los cuales no hubiere conformidad.
En tal caso,
continúa el procedimiento conforme a los trámites
del juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Una vez firmes
las sentencias que pongan término a los incidentes concursales,
producirán los efectos de la cosa juzgada.
Y concluimos con el procedimiento especial para las microempresas.
Será aplicable a esas microempresas que se encuentren
ante una probabilidad de insolvencia en estado de insolvencia inminente
o en insolvencia ya actual, en esos tres casos.
Será aplicable
a los deudores que sean personas naturales o jurídicas,
que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional
y siempre que reúnan las siguientes características.
Primero, haber empleado durante el año anterior
a la solicitud una media de menos de 10 trabajadores.
Este requisito se entenderá cumplido cuando el número de horas de trabajo
realizadas por el conjunto de la plantilla sea igual o inferior
al que habría correspondido a menos de 10 trabajadores
a tiempo completo.
Tener un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros
o un pasivo inferior a 350.000 euros,
según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior
a la presentación de la solicitud.
Como requisitos, el procedimiento especial
afectará a la totalidad de los bienes y derechos
integrados en el patrimonio del deudor en la fecha de apertura
del procedimiento especial y los que se reintegren en el mismo
o adquiera durante el procedimiento con excepción en su caso
de los bienes y derechos legalmente inembargables.
El procedimiento afectará a todos los acreedores
del deudor con independencia del origen y naturaleza de la deuda.
Este procedimiento especial para microempresas podrá tramitarse
como procedimiento de continuación o como procedimiento de liquidación
con o sin transmisión de la empresa en funcionamiento.
Respecto de su forma de celebración y notificación,
cabe establecer los siguientes requisitos.
Primero, las comparecencias, declaraciones, vistas y en general
todos los actos procesales del procedimiento especial se realizarán
mediante presencia telemática.
Segundo, los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos
con la cumplimentación de formularios normalizados que, en su caso,
exija la ley.
Tercero, como regla general
y salvo que se establezca expresamente lo contrario,
el tribunal podrá dictar resolución al finalizar la vista de forma oral.
Cuarto, tratándose de resoluciones distintas de la sentencia,
se documentarán con expresión del fallo y motivación sucinta
de esas resoluciones.
Quinto, tratándose de sentencias, el tribunal,
al pronunciarlas oralmente,
hará expresión de las pretensiones de las partes,
pruebas propuestas y practicadas o, en su caso,
de los hechos probados a resultas de las mismas,
haciendo constar las razones y fundamentos legales
del fallo que haya de dictarse con expresión concreta
de las normas jurídicas aplicables al caso.
Sexto, las sentencias se documentarán un soporte audiovisual apto
para la grabación y la reproducción de la imagen
y del sonido sin perjuicio de la ulterior
redacción del encabezamiento o la mera referencia a la motivación
pronunciada oralmente dándose por reproducida y el fallo íntegro.
Séptima, cuando la sentencia pueda ser recurrida, se dará traslado
a las partes personadas de copia de la grabación original
en la notificación de la resolución junto con el testimonio
del texto redactado sucintamente o bien se le dará acceso electrónico
a la grabación original.
Muchas gracias.