Programa 3, partes 2.
Capacidad para ser parte, capacidad procesal,
capacidad de postulación, ajustes necesarios,
pluralidad de partes, intervención, sucesión procesal y legitimación.
Vamos a comenzar con los presupuestos procesales,
capacidad para ser parte, capacidad procesal,
capacidad de postulación,
ajustes para personas con discapacidad y personas mayores.
Serán considerados partes legítimas,
según establece la Ley de Juzgamiento Civil,
quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares
de la relación jurídica u objeto litigioso.
Las partes procesales
habrán de acreditar para constituir válidamente el proceso,
el debido cumplimiento de un trípode identificador
de sus imprescindibles capacidades.
Primero, la capacidad para ser parte,
equiparable a la capacidad jurídica o actitud para ser titular,
de derechos, cargas, obligaciones procesales.
En segundo lugar, la capacidad procesal o aptitud
para comparecer, intervenir, interactuar de modo activo
en el proceso.
En tercer lugar, la capacidad de postulación,
imprescindible intervención en la mayor parte
de nuestro ecosistema procesal civil de abogado,
asistencia letrada y de procurador representación procesal.
Vamos a analizar ahora cada una de ellas, capacidad para ser parte,
capacidad procesal, capacidad de postulación.
La capacidad para ser parte
corresponde en el proceso civil a todas las personas físicas,
al concebido o no nacido para todos los efectos que les sean favorables,
a las personas jurídicas,
a las masas patrimoniales o patrimonios separados
cuando carezcan transitoriamente de titular,
a las entidades sin personalidad jurídica
a las que la ley le reconozca capacidad para ser parte,
al ministerio fiscal.
A los grupos de consumidores o usuarios
afectados por un hecho dañoso,
cuando los individuos que los compongan estén determinados
o sean fácilmente determinables, a las entidades habilitadas
conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio
de la acción de cesación en defensa de intereses colectivos
y de intereses difusos de los consumidores y usuarios,
sin perjuicio.
De la responsabilidad que conforme a la ley
pueda corresponder a los gestores o a los partícipes,
también podrán ser demandadas en todo caso
las entidades que no habiendo cumplido los requisitos legalmente
establecidos para constituirse como personas jurídicas,
estén formadas sin embargo por una pluralidad de elementos
personales y patrimoniales puestos al servicio de un determinado fin.
Gozan, sin embargo, de capacidad procesal
quienes estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles,
como decía antes.
Esto es, las personas físicas, mayores de edad,
así como los menores emancipados, siempre que,
tanto aquellas como estos, no hubieran sido provistos
de apoyos judiciales por causa de su discapacidad
para interactuar en el tráfico jurídico en condiciones de igualdad.
En cuyo caso se estará al contenido y alcance
de las resoluciones judiciales que hayan puesto término
a esos expedientes o procesos en los que se apoyó judicialmente
a alguna persona con discapacidad.
Por tanto, podrán comparecer en el juicio todas las personas.
Las menores de edad no emancipadas deberán comparecer
mediante la representación, asistencia o autorización
exigidas en la ley.
En el caso de personas con medidas de apoyo,
también se estará al alcance que la ley
determine a través de bien de su defensor judicial
o de su curador asistencial o representativo.
Por los concebidos y no nacidos, comparecerán, sin embargo,
las personas que legítimamente le representarían
si ya hubieran nacido.
Por las personas jurídicas,
comparecerán quienes legalmente le representen.
Las entidades sin personalidad comparecerán en juicio
mediante las personas a quienes la ley, en cada caso,
les atribuya representación en juicio.
Por las masas patrimoniales o patrimonios separados,
comparecerán quienes, conforme a la ley,
les administren.
Por las entidades sin personalidad,
comparecerán en juicio las personas que, de hecho,
en virtud de pactos con esa entidad, actúen en su nombre
frente a terceros.
Las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso
y los modos de suplir.
Sin embargo, estarán regulados en su ley específica,
que es la ley concursal.
Pasamos a la capacidad de postulación.
Es la actitud de las partes para postularse,
manifestarse y formular sus respectivas pretensiones,
tanto actoras como defensivas,
ante el órgano judicial mediante una comunicación jurídica,
que además sea fluida, técnica, ágil, coherente, especializada,
eficaz y, por supuesto, eficiente, que tan solo
se podrá garantizar con la asistencia,
concurso, colaboración y apoyo de un abogado.
Y de un procurador.
El abogado es el asistente técnico y el procurador
es el asistente procesal.
Es incompatible el ejercicio simultáneo de ambas profesiones,
abogado y procurador de los tribunales.
La relación jurídica que mantienen el abogado
y la parte procesal, esto es su cliente,
es la de un contrato de arrendamiento de servicios,
porque el profesional del derecho se obliga
a prestar al litigante un servicio por un precio cierto.
La ley prevé,
en caso de incumplimiento del pago de los honorarios,
como justa contrapartida a la actuación del abogado,
un proceso de apremio muy ágil, sencillo y acelerado.
La intervención del procurador es diferente
porque la relación que vincula al litigante con su procurador
es la de representante técnico jurídico, por tanto se asienta
en un contrato de mandato.
La ley de juiciamiento civil también prevé
que en el caso de incumplimiento del pago a los procuradores
o procuradoras se establezca un procedimiento de apremio
ante el propio tribunal que estuviese conociendo
de ese asunto.
Los procuradores deberán estar apoderados.
El apoderamiento del procurador podrá formularse de dos maneras.
Primero, por comparecencia electrónica
a través de una sede judicial electrónica en el registro
electrónico de apoderamientos judiciales apodacta.
O bien ante notario o por comparecencia personal,
sea presencial o por medios electrónicos,
ante el letrado o letrada a la Administración de Justicia
en cada sede de la Oficina Judicial.
Hay tres tipos de poderes.
El poder estará, a su vez,
en función de su contenido en alguna de las siguientes modalidades.
Primero, el más general,
que así se denomina, poder general para pleitos.
Faculta al procurador para realizar válidamente,
en nombre de su poderdante, todos los actos procesales
comprendidos de ordinario en la tramitación de aquellos.
El poderdante podrá, no obstante, excluir de ese poder general asuntos
o actuaciones para las que la ley no exija apoderamiento especial.
La exclusión debe ser, eso sí, consignada, expresa
e inequívocamente.
A su vez, cabe el establecimiento o la redacción de un poder especial,
que será imprescindible para que el procurador
pueda realizar válidamente en nombre de su poderdante
los actos de disposición de las respectivas pretensiones,
ya se sabe, renuncia, transacción, allanamiento, desistimiento,
sumisión, arbitraje, etc.,
los que comprometan el objeto del proceso,
como las facultades que el poder dante hubiere querido excluir
del poder general, a las que me he referido antes,
y por supuesto todos aquellos extremos
que las leyes exijan respectivamente en cada caso que deban incorporarse
en este poder especial.
La aceptación del poder se presume por el solo hecho de usar de él.
Hay una serie de causas de cesación contempladas en el artículo 30
de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y las funciones del procurador están a su vez
contempladas en el artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vamos con las funciones básicas.
Corresponde a los y a las profesionales de la procura
la práctica de los actos procesales de comunicación
y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales,
así como las actividades materiales del proceso de ejecución
que les hayan sido expresamente encargadas,
delegadas por el juez, por la jueza,
por el tribunal, previa petición y consentimiento
informado de la persona representada.
Para la realización de los actos de comunicación
y las actividades materiales propias
de la ejecución que les han sido expresamente delegadas,
como digo, por el juez, jueza o tribunal,
con los límites y en los supuestos establecidos,
ostentarán además capacidad de certificación y dispondrán
de las credenciales necesarias.
En el ejercicio de estas funciones
y sin perjuicio de la posibilidad de sustitución,
Por otro procurador, cuando así la establezca,
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
actuarán de forma personal e indelegable
y su actuación será impugnable ante el letrado
de la Administración de Justicia.
Bien, pasemos con ello
a la preceptiva intervención de abogado.
Los litigantes
serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión
ante el tribunal que conozca del asunto.
No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve
la firma de abogado cuando sea exigible por ley.
Se exceptúan solamente de esta preceptiva intervención
de abogado.
Los casos siguientes.
Primero, los juicios verbales
cuya determinación se ha efectuado por razón de la cuantía
y además dentro de la cuantía no exceda de 2.000 euros.
También la petición inicial de los procedimientos monitorios
conforme a lo previsto en la Ley de Enjuciamiento Civil.
También podrán exceptuarse de la preceptiva intervención
de abogado los escritos que tengan por objeto personarse en el juicio
y solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio
o pedir la solicitud urgente de juicios, de vistas,
de actuaciones.
También podrá excepcionarse a la preceptiva intervención de abogado
los escritos que tengan por objeto acreditar ante la oficina judicial
o el tribunal el cumplimiento de las actividades
materiales del proceso de ejecución que les hayan
sido expresamente delegadas a los procuradores.
Por el juez, jueza o tribunal en los términos previstos en la ley,
sin perjuicio de la obligación de informar de su representación
a la dirección letrada del procedimiento.
Pasemos ahora a la preceptiva intervención
del procurador.
La obligada comparecencia en juicio por medio del procurador
tan sólo tiene cuatro excepciones en las que los litigantes
podrán actuar por sí mismos y, como digo, insisto,
sin la preceptiva intervención del procurador.
Son los siguientes los juicios verbales
cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía
y además no excedan de dos mil euros.
En segundo lugar, la petición inicial de los procesos monitorios.
En tercer lugar, los juicios universales
cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos
de crédito derecho para concurrir a juntas.
Y en cuarto lugar, los incidentes relativos
a la impugnación de las resoluciones en materia de asistencia jurídica
gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes
con anterioridad al juicio.
Bien, la intervención de abogado y procurador facultativa,
esto es, la que no es obligatoria,
aquella de la que disponen de modo facultativo o voluntario las partes,
no excluye la posibilidad de acudir al juicio con estos profesionales
cuando así, insisto, lo decidan las partes.
Si bien ha de advertirse esa circunstancia a la contraparte,
por una razón sencilla,
para que no quede desequilibrada y el proceso se mantenga
con la que hemos denominado igualdad de armas o igualdad
de posibilidades procesales.
La LEC arbitra un agilísimo procedimiento
para evitar la notoria desventaja, el desequilibrio
y el desajuste que se podría producir ante la eventualidad
de que el actor o demandado acudan al proceso en el que no resulta
preceptiva la intervención de abogado o procurador con ambos profesionales
sin que el otro lo conozca.
La detección de oficio y a instancia de parte
de la falta de capacidad para ser parte
y de la falta de capacidad procesal
pueden concretarse en la siguiente forma de oficio.
El propio juez,
ante el apercibimiento del letrado de la Administración de Justicia,
dará cabal cuenta de este defecto procesal
a las partes y podrá inadmitir la demanda
mediante un auto que, por resolver un obice procesal,
carece de los efectos materiales de la cosa juzgada.
Luego, si no hubiere esa acción prescrito caducado,
podrá volverse a interponer en el futuro.
Y a instancia de parte,
tanto el demandado en la contestación a la demanda
como el actor en la audiencia podrán aducir este E o viceprocesal
que obsta a la válida prosecución del proceso.
¿Qué sucede?
Que si.
Alguna de las partes, actor o demandado,
carece de la intervención preceptiva de abogado y procurador,
el proceso tendrá unos efectos,
esto impactará en el proceso de una forma distinta en función
de cuál sea la parte procesal a la que adolece de este vicio.
Si el déficit o omisión de la capacidad de postulación
no corregido, en su caso no subsanado, afecta al demandado,
entonces el juez le declara en rebeldía
sin que las actuaciones que puedan llevarse a cabo queden constancia
en actos.
Si el déficit u omisión de la capacidad de postulación
no corregido, en su caso no subsanado, afecta al demandante,
entonces el juez dictará autoponiendo término del proceso
porque entenderá que si no se provee de un abogado o de un procurador
cuando se le ha comunicado que es preceptiva su intervención,
carece de interés en mantener el proceso.
Y con esto pasamos a los ajustes de las personas
para las personas con discapacidad y para las personas mayores.
En los procesos en los que participan personas con discapacidad
y personas mayores, mayores de 65 años o más,
que lo soliciten en todo caso, o personas con una edad de 80 años
o más, sin necesidad de que lo soliciten,
se realizarán una serie de adaptaciones
y ajustes que son necesarios para garantizar su participación
dentro de los procesos en condiciones de igualdad con los demás.
Las personas con discapacidad,
así como las personas mayores, tienen el derecho, lógicamente,
a comprender y a ser comprendidas en cualquier actuación
que se lleve a cabo y para ello hay que establecer una serie de medidas
que garanticen este entendimiento bidireccional.
Primero, todas las comunicaciones orales
o escritas habrán de hacerse en un lenguaje claro,
sencillo y accesible,
de un modo que tenga en cuenta sus características personales,
sus necesidades.
También se realizará a través de soportes o de medios
como la lectura fácil.
Si fuese necesario la comunicación,
también se prestará apoyo a esa persona con discapacidad
para el ejercicio de su capacidad jurídica
que precisa un apoyo específico para la comunicación.
Se facilitará a la persona con discapacidad
la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse comprender
y ello incluirá la interpretación en lenguaje de signos
reconocida legalmente y de los medios de apoyo
a la comunicación oral a personas sordas,
con discapacidad auditiva o sordociegas.
También se permitirá la participación de un profesional
que a modo de facilitador judicial,
una figura clave en la justicia,
en la del facilitador judicial,
realice tareas de adaptación y de ajuste necesarios
para que la persona con discapacidad pueda entender
y ser entendida.
La persona con discapacidad y las personas mayores,
además, podrán estar acompañadas de una persona de su confianza,
de su elección,
desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.
Y, por último, todos los procedimientos,
tanto en fase declarativa como de ejecución,
en los que alguna de las partes
interesadas sea una persona con una edad de 80 años
o más, son de tramitación preferente.
Pasemos con ello a la pluralidad de partes.
La pluralidad de partes se refiere a la posibilidad de integración
en cada una de las posiciones parciales, pretensión, resistencia
o en ambas,
de un número de litigantes o contrincantes superior a uno.
Puede ser activo cuando los litigantes,
cuando hay varios actores contra un demandado, pasivo,
un demandante contra varios demandados o mixto.
Varios actores contra varios demandados.
Bien, el itis consorcio se caracteriza
porque todos los litigantes han de ser partes procesales titulares
de la relación jurídico-procesal debatida en el juicio.
La intervención procesal, sin embargo,
se caracteriza porque los litigantes son terceros,
esto es, personas con un interés legítimo al que la sentencia
les extenderá efectos de manera refleja o indirecta,
pero no directa.
Y la sucesión procesal consiste en la mutación o migración subjetiva
del proceso pendiente como consecuencia de la transmisión
inter vivos o mortis causa del objeto litigioso.
Comencemos, dentro de la pluralidad de partes,
con la primera de las figuras que he narrado,
el litisconsorcio.
Los litigantes que integran el litisconsorcio gozan
de idénticos derechos, cargas, posibilidades procesales,
por ser todos ellos cotitulares de la relación jurídico-procesal sometida
al juicio.
Ya he dicho que puede ser activa, pasiva o mixta,
pero también cabe un litisconsorcio voluntario
cuando libre voluntaria y espontáneamente las partes
así lo deciden, o puede ser un litisconsorcio negativo,
cuando es la ley la que lo impone
o resulta imprescindible por razón de la naturaleza inescindible
del objeto litigioso.
También puede ser un litigio consorcio cuasi necesario.
Este es una especie de versión intermedia o híbrida
entre las anteriores.
Permite a los litigantes, por voluntad propia,
su actuación separada o conjunta,
De suerte que la ley no impone la incorporación forzosa,
si bien a efectos de la sentencia, una vez
ésta sea dictado, desplegará efectos frente a todos los litigantes,
frente a todas las personas que puedan ser afectadas
por esa sentencia, hayan litigado o no.
Comencemos con el disconsorcio voluntario, aquel
que se establece libre, voluntaria y espontáneamente porque las partes
así lo deciden.
Los requisitos objetivos son los siguientes.
Podrán comparecer en juicio varias personas,
como demandantes o como demandados,
cuando las demandas que se ejerciten provengan de un mismo título o causa
de pedir.
Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo
cuando las acciones se funden en unos mismos hechos.
No deban, además, por razón de su materia,
ventilarse por juicios de diferente tipo.
Y además la ley no prohíbe esta acumulación
en los casos en los que se ejercitan determinadas acciones
que por razón de su materia o por razón del tipo de juicio
que se hayan de seguir, no coincidan plenamente
con las de él.
Que se puedan unificar en esta pluralidad.
Son requisitos subjetivos los siguientes.
Para que sea admisible la acumulación de acciones
será preciso que el tribunal que deba entender de la acción principal
posea jurisdicción y también competencia
por razón de la materia o por razón de la cuantía
para conocer de las acciones acumuladas.
Sin embargo,
a la acción que se sustenta por el proceso ordinario
podrá acumularse la que se sustenta por el verbal,
pero no la inversa.
¿Por qué?
Bueno, en terminología coloquial,
el que puedelo más puedelo menos, pero no al revés.
Por tanto, el proceso ordinario puede absorber al juicio verbal,
pero no a la inversa.
El fundamento del índice consorcio voluntario
es la sintonía de pretensiones,
pero también la economía sustantiva y procesal
y por supuesto la evitación de resoluciones contradictorias.
Cuando se solventan todas las pretensiones
en un mismo proceso,
a cargo de un mismo tribunal de instancia
y en una misma sentencia, lógicamente no se van a producir incoherencias,
incompatibilidades o resoluciones contradictorias.
Los efectos son los siguientes,
la suerte o infortunio de uno de los litisconsortes
no conlleva en todo caso la del otro,
ni la diligencia del uno premia o beneficia la negligencia
o inactividad de los restantes.
Cada litisconsorte voluntario tiene su propia suerte.
Pasamos al necesario.
Es el que, así se denomina porque lo impone la ley,
resulta imprescindible por razón de la naturaleza inextendible
del objeto litigioso.
Son requisitos los siguientes.
Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio,
la tutela jurisdiccional solicitada solamente pueda hacerse efectiva
frente a varios sujetos conjuntamente considerados,
todos ellos habrán de ser demandados como litis consortes,
salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.
Se trata de un objeto litigioso indivisible
que pertenece a varias personas conjuntamente y por ser
no divisible hay que litigar a todos ellos
conjuntamente puesto que uno solo no podrá dar respuesta
si el día de mañana el actor tiene una sentencia favorable
este demandado no podrá dar respuesta dado que él no era titular
de la totalidad del objeto litigioso sino cotitular
y por eso ese objeto litigioso al ser indescendible hay
que litigar contra todos ellos.
El fundamento también es la evitación de la eventual proliferación
de resoluciones contradictorias ante sus supuestos idénticos,
pero también la necesidad de atender en su totalidad a la petición
formulada sobre un objeto litigioso común e inextinguible.
Y la completa ejecución de la sentencia
dictada respecto de objetos comunes e indivisibles,
que en puridad no podrá ventilarse sin convulgar el derecho de defensa
cuando se hubiese realizado contra quienes,
debiendo haber sido parte, no tomaron partido en ese proceso
en concreto.
Podrá detectarse la falta del debido litisconsorcio necesario,
tanto ex oficio como instancia de parte.
El juez podrá detectarla, eliminar el ITIS
y en tal caso habrá de ponerlo en conocimiento de la parte actora
para que amplíe su demanda y extienda sus pedimentos
frente a todos los cotitulares sin hipótesis de ese bien jurídico
protegido, a riesgo en caso de no integrar oportunamente
esa relación jurídico-procesal de ver frustrada su petición
desde el mismo inicio.
La denuncia a instancia de parte también cabe,
de la falta de litis consorcio pasivo necesario,
cuando se aduzca en la contestación a la demanda por parte del demandado
se resolverá en tal caso en la audiencia previa al juicio
o, en su caso, en la vista del juicio verbal.
¿Cuáles son los efectos?
La existencia de una única pretensión
ejercitada frente a todos los litis consortes
comporta que todos ellos participan de una misma comunidad de suerte,
ahora sí.
Y que la diligencia de los líticos consortes más activos
beneficia o maximiza las posibilidades de éxito
de los más inactivos sin que por el contrario
los actos perjudiciales efectuados por unos pueda extenderse
y perjudicar al resto.
Los actos de disposición del objeto del proceso tales
como el allanamiento, la transacción,
el desistimiento, Bueno, pues precisan la concurrencia
de la voluntad de todos los litis consortes pasivos necesarios,
no resultando posible el triunfo de esos actos
ante la fracción o división de voluntades,
porque, insisto, todos ellos son cotitulares
de un bien jurídico protegido, indivisible y que, por tanto,
uno no puede dar respuesta
de la totalidad del objeto litigioso.
Pasamos, por último, al itisconsorcio pasivo
cuasi necesario.
Permite a los litigantes, por voluntad propia,
su actuación separada o conjunta.
De suerte que la ley no impone la incorporación forzosa,
si bien los efectos de la sentencia que en su día
se dicte se desplegarán frente a todos ellos
hayan litigado conjuntamente o no.
Es decir.
Las sentencias, pongo un ejemplo,
que se dictan en los procesos de impugnación de acuerdos sociales
van a afectar a todos los socios con independencia
de que hayan litigado o no y también de que hayan litigado conjuntamente
o no,
aunque hay una regla que se estudiará en el momento procesal oportuno.
Relativa a que todas se acumularán de oficio durante los primeros días,
durante los 40 primeros días desde que se interpone la demanda.
En todo caso, eso sería el litigio consorcio cuasi necesario,
el que afecta a las sentencias, que afectan a todas las personas
sobre las que pueda ofrecer un efecto directo,
con independencia de que hayan litigado o no.
Pasamos a la intervención procesal.
La intervención procesal supone la incorporación
sobrevenida al proceso de terceras personas que no han sido
desde el inicio demandantes o demandadas.
Hay varios tipos.
La intervención voluntaria supone la incorporación sobrevenida
de un tercero al proceso pendiente por su propia voluntaria iniciativa.
La intervención provocada supone la incorporación
sobrevenida al proceso pendiente de un tercero
en respuesta a una provocación o a una instancia
de parte.
Bien, comencemos con la voluntaria, porque hay varios subtipos
dentro de la intervención voluntaria.
Puede ser una intervención adhesiva simple.
El tercero ostenta simplemente un interés relevante,
digno de especial consideración
y protección al proceso al que pretende incorporarse.
O bien, la intervención adhesiva litis consorcial.
Esta es más grave porque el tercero cree, se considera titular
de la relación jurídico-procesal jurídica
debatida en el juicio.
Los requisitos son los siguientes.
Mientras se encuentra un proceso pendiente,
podrá ser admitido como demandante o como demandado
quien acredite tener un interés directo y legítimo
en el resultado de ese proceso.
En particular, cualquier consumidor o usuario
puede intervenir en los procesos instados por las entidades
legalmente reconocidas precisamente para la defensa de los intereses
de aquellos.
El procedimiento es el siguiente.
La solicitud de intervención
no suspenderá el curso del procedimiento.
El tribunal resolverá por medio de auto previa audiencia
de las partes personadas en el plazo común de 10 días.
Los efectos son los siguientes.
Si se admite la intervención, no se retrotraerán las actuaciones,
pero el interviniente será considerado parte en el proceso
a todos los efectos y podrá defender las pretensiones
formuladas por su litis consorte o las que el propio interviniente
formule si tuviera oportunidad procesal para ello o las que, y ello
aunque súlitis consorte, renuncie, sea ya,
ne desista, osa parte del procedimiento por cualquier causa.
También se permitirá al interviniente
las alegaciones necesarias para su defensa,
e que no hubiere practicado o efectuado por corresponder
a momentos procesales anteriores al momento en el que se incorpora,
puesto que no se retrotraen las actuaciones,
como he dicho.
El interviniente podrá a sí mismo utilizar los recursos que procedan
contra las resoluciones que estime perjudiciales para su interés,
aunque las concierta su litis consorte.
De ahí que la intervención sea litis consorcial.
Pasamos a la intervención provocada.
Supone la incorporación sobrevenida al proceso pendiente de un tercero
en respuesta a una provocación o a instancia de parte.
En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero
para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado,
la solicitud de intervención debe realizarse en la propia demanda,
salvo que la ley disponga otra cosa.
Admitida por el tribunal la entrada en el proceso
de ese tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación
que la ley le confiere a las partes.
Y pasamos a la sucesión procesal.
Es una mutación o migración subjetiva del proceso pendiente
como consecuencia de la transmisión bien inter vivos bien mortis causa
de lo que es el objeto de ese proceso comencemos
con la sucesión mortis causa porque los herederos suceden
al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos
y en todas sus obligaciones así ante el fallecimiento
de uno de los litigantes durante un proceso en curso
ello comporta que sus herederos podrán sucederle
en la oposición pretensión.
Y procedimiento marcha o abandonarlo,
pero diferirá la consecuencia o el resultado en función
de si la persona fallecida era demandante
o era demandada.
Si optan por proseguir el proceso pendiente,
seguirá su curso.
Si el sucesor prefiere no proseguir el proceso iniciado
por el litigante originario, entonces,
como digo, las consecuencias diferirán en función del cual hubiese
sido su rol.
Si fuere actor, entonces entenderá que renuncia al objeto litigioso.
Si fuere actor y no quiere continuar,
se entiende que renuncia.
Si fuere demandado y no quiere continuar,
se le declara en rebeldía.
Pasamos a la sucesión inter vivos.
Cuando se haya transmitido pendiente de juicio
lo que sea objeto del mismo, el adquirente podrá solicitar,
acreditando la transmisión que se le tenga como parte
en la posición que ocupaba el transmitente.
Esto es una venta, por ejemplo,
de un bien inmueble que está siendo objeto de conocimiento judicial
en ese determinado momento.
Si se vende el objeto litigioso, se transmite el objeto litigioso
y quien lo adquiere inter vivos, durante la vida de las personas,
también adquiere el proceso pendiente frente a ese objeto litigioso.
Y concluimos este programa con la legitimación.
Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan
y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica
u objeto litigioso.
Hay una grandísima distinción entre la capacidad
en el trípode que se acaba de explicar para ser parte procesal
y de postulación de un lado y la legitimación de otro.
Y es que la capacidad tanto para ser parte como procesal
y de postulación.
Es un presupuesto procesal.
Ello significa que su ausencia produce una resolución procesal,
sin fuerza de cosa juzgada.
Por tanto, si una resolución judicial pone término
a un proceso por ausencia de capacidad para ser parte,
capacidad procesal o capacidad de postulación,
si la acción hubiese caducado ni prescrito,
se podrá volver a interponer en el futuro.
Sin embargo, la legitimación no es un presupuesto procesal.
¿Es un presupuesto material o de fondo?
Su ausencia produce una sentencia con todos los efectos materiales
de la cosa juzgada y ello comporta
que no podrá volver a ser iniciado ese mismo proceso
entre las mismas partes por el mismo objeto.
El fundamento es el derecho a la tutela judicial efectiva,
la prohibición de indefensión, porque la ausencia de la legitimación
compromete el que verdaderamente estaba legitimado a carecido
de la oportunidad procesal de acudir al proceso,
si se le está dando la oportunidad a quien carece de legitimación
de ejercitar esa acción.
Por tanto, su ausencia debe decretarse tanto de oficio
como de instancia de parte.
La legitimación activa corresponde a los titulares
de la relación jurídica u objeto litigioso,
la pasiva a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión
pretendida.
La legitimación puede ser ordinaria, en virtud de un derecho
o interés legítimo, o extraordinaria,
en los casos que por ley se atribuya la legitimación a persona distinta
de su titular.
Dentro de la extraordinaria caben dos variables,
la legitimación extraordinaria por sustitución procesal,
el actor comparece en el proceso a un hombre de interés propio
pero en defensa de un interés ajeno,
es el supuesto prototípico del Ministerio Fiscal en los procesos,
por ejemplo, de provisión de apoyos a personas con discapacidad
o de menores, o bien la legitimación extraordinaria
por representación en los que son casos en los que la ley atribuye
o encarga a un tercero
la facultad de ejercitar una acción en nombre de interés de otros
y para la defensa de sus derechos.
Es el caso, por poner otro ejemplo, de los colegios profesionales
para reclamar los honorarios de sus colegiados.
Muchas gracias.