Programa 2.
Partes, jurisdicción y competencia.
Son dos presupuestos procesales.
Voy a hacer un recordatorio antes de comenzar con la materia.
Son presupuestos o requisitos procesales, esos que deben cumplirse
al inicio del proceso a riesgo de que de no cumplirse
sea inadmitida la demanda.
O de detectarse después y no subsanarse,
esto es, de detectarse después de admitida la demanda
y no subsanarse, sea, en su caso, archivado el proceso
mediante un auto de archivo o un auto de sobreseguimiento,
que en cualquier caso, por carecer de los efectos materiales
de la cosa juzgada, permitirá iniciar en el futuro,
siempre y cuando esa acción no hubiese caducado o prescrito,
el mismo proceso entre las mismas partes
por el mismo objeto.
Una vez subsanados, eso sí, esos obiectos procesales
que no permitieron que continuase cuando se inició por primera vez.
Las clases son del órgano jurisdiccional,
jurisdicción y competencia, objetiva funcional y territorial,
que será objeto de análisis en este programa.
De las partes,
capacidad para ser parte y de actuación procesal,
postulación procesal, ilitis consorcio necesario,
que será objeto de análisis en el siguiente programa.
Del objeto procesal,
que a su vez puede clasificarse en pago de las tasas judiciales,
caducidad de la acción, litispendencia, cosa juzgada,
medios adecuados de resolución de controversias,
arbitraje, pendiente compromiso, existencia de actos de disposición
del objeto del proceso, cauciones, requerimientos al deudor
exigidos en determinados casos, en definitiva,
presupuestos que afectan al objeto y que serán objeto de análisis
en el siguiente al siguiente de este programa.
Comenzamos con la jurisdicción
y competencia, que era el primero de los presupuestos procesales
en este orden que yo he establecido afectante al órgano jurisdiccional.
La Constitución Española, en su artículo 117,
como todos sabemos, establece que el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los tribunales,
dice la Constitución, los juzgados,
pero los juzgados ya han desaparecido, por tanto,
corresponde exclusivamente a los tribunales determinados
por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece además
que la jurisdicción es improrrogable.
Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción
y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes
y del Ministerio Fiscal.
En todo caso, esta resolución será fundada
y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional
que se considere competente.
A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece que los jueces y juezas, así como los tribunales,
ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos
en los que les venga atribuida por esta ley
la Ley Orgánica del Poder Judicial u otra.
Y también establece que los jueces y juezas,
así como los tribunales del orden civil, conocerán,
además de las materias que les son propias,
de todas aquellas otras, por su vista atractiva,
que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
Una vez presentados estos presupuestos generales
de la jurisdicción, vamos a establecer
cuáles son ya los criterios de determinación de la jurisdicción.
El primer criterio es el que establece
cuál sea nuestra jurisdicción nacional
o, por el contrario, una jurisdicción internacional.
Esta regulación se encuentra
en el Reglamento de la Unión Europea relativo a la competencia judicial,
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil,
coloquialmente denominado como Reglamento Bruselas 1bis,
en el que se regula esta competencia judicial, civil y mercantil
en el ámbito de la Unión Europea.
Bien, como todos sabemos, los tratados internacionales,
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España,
formarán parte de nuestro derecho interno.
Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas,
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados
o de acuerdo con las normas generales de derecho internacional.
Por tanto, integran nuestra propia legislación.
No obstante, no conocerán de las pretensiones
formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad,
de jurisdicción y de ejecución de conformidad
con la legislación española
o con las normas de derecho internacional público.
Por tanto, los tribunales españoles serán competentes en todo caso
y con preferencia a cualquier otro para conocer
de las pretensiones relativas a las materias que voy a relacionar
a continuación.
Primero, de los derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles
que se encuentren ubicados físicamente en España.
Segundo, constitución, validez, nulidad, disolución de sociedades
o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español.
Tercero, validez, nulidad de inscripciones
practicadas en un registro español.
Cuarto, inscripción o validez de patentes,
marcas, diseños, dibujos, modelos u otros derechos
sometidos a depósito o registro cuando se viene solicitado
o efectuado en España ese depósito o ese registro.
Quinto, reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias
y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales
y acuerdos de mediación dictados en el extranjero.
Por tanto, esos son los criterios de determinación.
Vamos más allá.
En función del orden jurisdiccional,
¿cuáles son los criterios de determinación?
En el orden civil
afecta a todos los asuntos de naturaleza civil y mercantil.
En este orden civil corresponderá a la jurisdicción militar,
como algo excepcional, la prevención de los juicios de testamentaria
y avintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas
que en una situación de conflicto armado,
raro es, falleciesen en campaña o navegación,
limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible
para disponer el sepelio del difunto y la formación del inventario
y aseguramiento provisorio de sus bienes,
dando siempre cuenta a la autoridad judicial civil competente.
Bien, nuestra jurisdicción civil tiene visa atractiva.
Esto significa que los jueces y juezas,
así como los tribunales del orden civil, conocerán,
además de las materias que les son propias,
de todas aquellas otras materias
que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
Podrían plantearse conflictos de competencia.
Conflictos de competencia son los que se producen entre tribunales
de distinto orden jurisdiccional integrados en el Poder Judicial
y son resueltos por una sala especial del Tribunal Supremo presidida
por su presidente y compuesta por dos magistrados,
uno por cada orden jurisdiccional
en conflicto, que serán designados anualmente por la sala de gobierno.
Los criterios de determinación a la jurisdicción
y no al arbitraje es el segundo criterio,
esto es, que si las partes con carácter previo
al surgimiento del conflicto se hubiesen sometido
voluntariamente expresamente a un arbitraje,
no podrán, volviendo contra sus propios actos,
después pretender someterse a la jurisdicción,
puesto que han quedado pendientes,
comprometidas de ser reparadas en su conflicto
a través de ese arbitraje.
El siguiente criterio de determinación
es el que corresponda o bien a los tribunales
o a la administración.
Sería un conflicto jurisdiccional en este caso,
puesto que afecta
o bien a la jurisdicción, a los tribunales,
o bien a la administración, a la administración,
entiendase por administración, el resto de administración
que no sea precisamente la administración de justicia.
De ahí que el conflicto sea jurisdiccional.
Los conflictos de jurisdicción entre juzgados que ya no existen,
esto es, entre tribunales y la Administración,
serán resueltos por un órgano
colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo,
que lo presidirá, y por cinco vocales
de los que dos serán magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo,
designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
y los otros tres eran consejeros permanentes de Estado,
actuando como secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.
Bien, vamos a ver cuándo se produce una falta de jurisdicción
que sea detectable de oficio.
Los tribunales civiles españoles
se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan
cuando concurran ellos a alguna de las causas siguientes.
Primero, cuando se haya formulado demanda
o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes
que gocen de inmunidad, inmunidad de jurisdicción
o de ejecución de conformidad con la legislación española
con las normas de derecho internacional público.
En segundo lugar,
cuando en virtud de un convenio o tratado internacional
en el que España sea parte,
ese asunto precisamente se encuentra atribuido de forma expresa
a la jurisdicción de otro Estado.
En tercer lugar,
cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma
los casos en los que la competencia internacional
de los tribunales españoles únicamente pueda fundarse
la sumisión tácita de las partes.
En cuarto lugar, cuando un tribunal
de la jurisdicción civil estime que el asunto que se le somete,
sin embargo, corresponde a la jurisdicción militar
o bien corresponde a una administración pública distinta
a la jurisdicción o corresponde al Tribunal de Cuentas
cuando actúe en el ejercicio de sus funciones contables,
entonces, en todos estos casos, el tribunal de la jurisdicción civil
al que se le ha sometido el asunto deberá abstenerse de conocer
de ese asunto.
Se abstendrán igualmente de conocer nuestros tribunales civiles
cuando se sometan a asuntos de los que corresponde conocer
a tribunales de otro orden jurisdiccional
de la jurisdicción ordinaria.
Esto es, cuando nos encontramos en la jurisdicción civil
y se someten a su conocimiento cuestiones conflictivas atinentes
al orden, por ejemplo, penal, contencioso administrativo,
laboral o social.
Se detectará, sin embargo, a instancia de parte,
gracias a la detección de esta ausencia de jurisdicción,
gracias a que el demandado se ha dado cuenta.
El demandado podrá, por tanto, denunciar,
mediante la denominada declinatoria, la falta de competencia internacional
o falta de jurisdicción por corresponder el asunto adecuado.
A otro orden jurisdiccional,
insisto, distinto al civil, que es en el que nos encontramos,
o por haberse sometido a un arbitraje o a una mediación,
la controversia que en concreto se ha sometido al tribunal
que carece de jurisdicción precisamente por esta misma causa.
La declinatoria se habrá
de proponer siempre antes del resto de presupuestos procesales,
concretamente dentro de los 10 primeros días de plazo para contestar
a la demanda y surgirá el efecto de suspender
hasta que sea resuelta el plazo para contestar a esta demanda
y el curso del procedimiento principal,
suspensión que tendrá que declarar el letrado
de la Administración de Justicia.
Pasamos con esto a la competencia.
Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso,
se requiere que el conocimiento de ese proceso
o de ese pleito le esté atribuido por normas con rango de ley
y que además sean anteriores a la incoación de las actuaciones
de que se trate.
Ya se sabe, lex scripta, certa e previa.
Los tres criterios de atribución de la competencia son objetiva,
funcional y territorial.
Una vez despejado el óbice de la jurisdicción
y sabiendo que el tribunal al que se pone en conocimiento
nuestro asunto goza de jurisdicción en España
porque de ese asunto no le corresponde
a un tribunal extranjero porque además no ha quedado pendiente
de un compromiso a través de un arbitraje
y porque además corresponde a nuestro orden jurisdiccional civil
y no al penal tampoco al contencioso administrativo ni al laboral o social
entonces entraron en juego las reglas de la competencia
como digo son tres objetiva funcional y territorial la competencia objetiva
lo es por razón del objeto del objeto litigioso
y de los sujetos comprometidos en ese proceso.
Así, a los jueces y juezas de paz
les corresponde el conocimiento en primera instancia
de los asuntos civiles de cuantía no superior a 150 euros
que no estén comprometidos en ninguno de los casos
en que, por razón de la materia,
deba corresponder al tribunal de instancia.
También les corresponde el conocimiento de los expedientes
de conciliación civil de cuantía inferior a 10.000 euros
en los términos previstos por la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
A los tribunales de instancia les corresponde, sin embargo,
el conocimiento en primera instancia
de todos los asuntos civiles por disposición legal
expresa que no se hayan atribuidos a otros tribunales.
Conocerán asimismo estos tribunales de instancia de los asuntos,
actos, cuestiones y recursos que le atribuye
a la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Además de este criterio genérico de atribución
de la competencia objetiva por razón de la materia,
se han creado dentro de cada tribunal de instancia
las secciones especializadas, concretamente las siguientes,
de familia, infancia y capacidad,
de lo mercantil, de violencia sobre la mujer,
de violencia contra la infancia y la adolescencia,
de lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria,
de lo contencioso administrativo y de lo social.
Pero no son todas, porque además de la creación
de estas secciones especializadas, la Ley Orgánica
1.2025 de 2 de enero,
de medidas en materia de eficiencia del servicio público-justicia,
mantiene la posibilidad de que en cualquiera de las secciones
especializadas, De los tribunales de instancia
se especialicen también algunas plazas
para el conocimiento específico de determinados asuntos o ejecuciones
del orden jurisdiccional que se trate que precisen precisamente
un refuerzo en su especialización.
Bien, vamos con la competencia objetiva
antes de adentrarnos en la funcional y terminar con la territorial.
La falta de competencia objetiva se apreciará de oficio
tan pronto como se advierta por el tribunal que está conociendo
del asunto.
Cuando el tribunal que conoce del asunto en segunda instancia
o incluso en trámite de casación entiende
que el tribunal ante el que se siguió durante la primera instancia
carecía de competencia objetiva, declarará o decretará
desgraciadamente la nulidad de todo lo actuado,
dejando el derecho de las partes a ejercitar sus acciones
ante la clase de tribunal que ahora corresponda.
En todos esos casos, el letrado de la Administración de Justicia
dará vista a las partes
y al Ministerio Fiscal por un plazo de 10 días
y resolverá ya el tribunal mediante auto.
El auto en el que se declara la falta de competencia objetiva
indicará la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento
de este asunto.
El demandado,
además de esta apreciación de oficio de la falta de competencia objetiva,
también podrá denunciar, ahora instancia de parte,
esta falta de competencia mediante la declinatoria.
Vamos con la competencia funcional.
Es la competencia que corresponde en función,
de ahí su término, funcional, en función de la fase procedimental
en la que se encuentra la controversia en cada momento,
según se encuentre en una fase de declaración,
de recurso o ya de ejecución.
Con carácter general y salvo disposición legal
en otro sentido, el tribunal que tenga competencia
para conocer de un proceso también la tendrá para resolver
de todas y cada una de sus incidencias,
para llevar a cabo todas sus providencias
y los autos que se lleguen a dictar y también para la ejecución
de la sentencia, convenios o transacciones
que se lleguen a aprobar.
En la primera instancia corresponde a los tribunales de instancia,
secciones civiles o civiles y de instrucción,
cuando están en una sección única, la jurisdicción a un partido judicial
y conocerán en el orden civil en los siguientes puntos.
En primera instancia, de todos los juicios
que no tengan atribuida por la ley de enjuiciamiento civil,
otra atribución específica.
Esto es, aquellos que no se encuentren expresamente atribuidos
a otros órganos, la visa atractiva.
En segundo lugar, de los actos de jurisdicción voluntaria.
En tercer lugar,
de los recursos que establezcan las leyes contra las resoluciones
de los jueces y juezas de paz de los partidos.
En tercer lugar, en cuarto lugar,
de las cuestiones de competencia en materia civil
entre los jueces y juezas de paz del partido.
En quinto lugar,
de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias
y demás resoluciones judiciales extranjeras
y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeras
a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados.
U otras normas internacionales corresponda el conocimiento de ello
a otra sección o a otro tribunal.
Bien, en materia de recurso de apelación,
Las audiencias provinciales conocerán en el orden civil
de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones
dictadas en primera instancia por las secciones civiles
de los tribunales de instancia de la provincia.
También de los recursos que establezca la ley
contra las resoluciones dictadas en primera instancia
por las secciones de familia, infancia y capacidad
y en materia civil, además por las secciones de violencia
sobre la mujer y de violencia contra la infancia
y la adolescencia de los tribunales de instancia de la provincia.
También de los recursos que establezca la ley
contra las resoluciones dictadas en primera instancia
por las secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia.
Y finalmente de las secciones de la Audiencia Provincial de Alicante
especializada en materia mercantil.
El recurso de casación corresponde, sin embargo,
a la sala primera del Tribunal Supremo
para las denominadas casaciones estatales,
esto es, las amparadas en nuestra legislación nacional.
Si bien serán las salas de lo civil y penal
de los Tribunales Superiores de Justicia
con sede en cada comunidad autónoma,
las competentes para conocer, por razón de su función,
de las denominadas casaciones autonómicas.
Esto es, esas en las que el recurso de casación ahora autonómico
se funde de manera exclusiva o junto con otros motivos
en la infracción de normas de derecho civil,
foral o especial propio de esa comunidad autónoma
siempre y cuando el correspondiente estatuto de autonomía
haya contemplado, haya previsto esa específica atribución.
En la fase ejecutiva tenemos las siguientes normas
de competencia funcional.
Si el título ejecutivo consistiese en las resoluciones judiciales,
resoluciones dictadas por los letrados
de la Administración de Justicia en las que esta ley
reconozca el carácter de título ejecutivo, transacciones,
acuerdos homologados judicialmente o aprobados
será competente para dictar el auto que contenga la orden general
de ejecución y el despacho de la misma
el tribunal que conoció del asunto en primera instancia
o en el que se homologó o aprobó precisamente esa transacción
o ese acuerdo.
Cuando el título sea un laudo arbitral
o un acuerdo de mediación, será competente para denegar
o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho
el tribunal de instancia del lugar en el que se haya dictado ese laudo
o se haya formulado y firmado ese acuerdo de mediación.
Bien, vamos a ver cómo se detecta la falta de competencia funcional.
No serán admitidos directamente a trámite los recursos
dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional
para conocer de los mismos.
Se decretará de oficio.
Ello no obstante, si ha admitido un recurso,
el tribunal al que se ha dirigido entiende
que no tiene competencia funcional para conocer del mismo,
dictará un auto absteniéndose de conocer previa audiencia
de las partes personadas por un plazo común de 10 días.
Una vez notificado el auto, los litigantes dispondrán
de 5 días más para la correcta interposición
o anuncio del recurso al que se añadirán al plazo legalmente
previsto para esos trámites.
Si sobrepasan ese tiempo,
resultante sin recurrir en debida forma,
entonces quedará firme la resolución de que se trate.
Y por último pasamos al reparto de asuntos
dentro de la competencia funcional,
puesto que no son normas de competencia
sino de reparto las que consisten en que los asuntos civiles
sean repartidos entre los tribunales de instancia
cuando haya más de un tribunal de instancia en el partido,
puesto que por razón de su función todos ellos serían competentes
y entonces ahora se trata de repartir los asuntos conforme a estas normas,
como digo, de reparto.
La misma regla se aplicará a los asuntos
de los que deban entender las Audiencias Provinciales
cuando estén divididas en secciones.
Los letrados de la Administración de Justicia
no permitirán que se curse ningún asunto sujeto a reparto
si no consta en él la diligencia o anotación electrónica
correspondiente.
Los asuntos serán repartidos, remitidos a la Oficina Judicial
que corresponda dentro de los dos días siguientes a la presentación
del escrito solicitud de incoación de las actuaciones.
En los Tribunales de Instancia
los asuntos se distribuirán entre los jueces y juezas
por razón de las plazas que se integren
conforme a las normas de reparto que están predeterminadas
y además son públicas.
Las normas de reparto se aprueban por la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia a propuesta de la Junta de Jueces
y Juezas de la respectiva sección del Tribunal de Instancia.
En el caso del Tribunal Central de Distancia,
las normas de reparto se aprueban por la Sala de Gobierno
de la Audiencia Nacional, a propuesta de la Junta de Jueces y Juezas
de esa respectiva sección.
La Sala de Gobierno podrá acordar las modificaciones
previstas en las normas de reparto de jueces,
juezas, magistrados, magistradas, de las secciones de lo mercantil,
de lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria,
de lo contencioso administrativo, de lo social,
de los tribunales de instancia para equilibrar,
para compensar la distribución de los asuntos que por la materia
les corresponden a cada uno de ellos según su clase,
aun cuando alguno tuviera atribuido por disposición legal
o por acuerdo del Pleno propio del Consejo General del Poder Judicial
el despacho de asuntos de su competencia
a una circunscripción de ámbito inferior a la provincia.
Contra las decisiones relativas al reparto,
no procede la declinatoria porque no son normas de competencia,
son normas de reparto.
Pero eso sí, cualquiera de los litigantes
podrá impugnar la infracción de las normas de reparto vigentes
en el momento de presentación del escrito o de la solicitud
de incoación de esas actuaciones.
Las resoluciones dictadas por los tribunales distintos
a aquel o aquellos
a los que correspondiese conocer según las normas de reparto,
se declararán nulas a instancia de parte a quien le perjudique.
Y pasamos por último a la competencia territorial.
Es un criterio de atribución de la competencia por razón,
como su nombre indica, ahora del territorio.
Gozan, en principio, de un carácter dispositivo.
Las normas,
a diferencia de las normas de competencia objetiva y funcional,
que eran normas de ius cogens, normas de derecho imperativo,
sin embargo, las normas de la competencia territorial,
en principio, son normas de carácter dispositivo.
Las reglas legales atribuidas de la competencia territorial solo
se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita
de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción.
Se entiende por sumisión expresa,
la pactada expresamente por los interesados,
designando con precisión la circunscripción de los tribunales
a los que ellos deciden someterse.
Se entiende, sin embargo, por sumisión tácita
la que se infiere del libre y voluntario y espontáneo
actuar de las partes comprometidas en el conflicto,
pero que expresamente no lo han indicado.
Por tanto, se entenderán sometidos tácitamente el demandante por el mero
hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción,
interponiendo su demanda o formulando petición o solicitud
que haya de presentarse ante el tribunal competente
para conocer de esa demanda.
Y se entenderá que se somete tácitamente el demandado por el hecho
de hacer, después de personado en el juicio,
tras la interposición de la demanda, cualquier gestión cualquiera
que no sea la de proponer en forma la declinatoria.
También se considerará tácitamente
sometido el demandado que, emplazado o citado de cualquier forma,
no comparezca al juicio o lo haga cuando haya precluido ya
la facultad de proponer la declinatoria,
que voy a recordar era de 10 días
después de tener conocimiento de la demanda.
Bien, el fuero general de las personas físicas
es el siguiente.
Salvo que la ley disponga otra cosa, la competencia territorial
corresponderá al tribunal del domicilio del demandado.
Si no lo tuviera en territorio nacional,
será juez o jueza competente el de su residencia
en dicho territorio.
Quienes no tengan domicilio ni residencia en España
podrán ser demandados en el lugar en el que se encuentren
dentro del territorio nacional o en el de su última residencia
en este y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia,
en el lugar del domicilio del actor.
Los empresarios y profesionales, en los litigios
derivados de su actividad profesional o empresarial,
también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle
esa actividad y, si tuvieran varios establecimientos
con diferentes lugares abiertos a su cargo,
en cualquiera de ellos a elección del demandante.
El fuero general de las personas jurídicas
y de los entes sin personalidad es el siguiente.
Salvo que la ley disponga otra cosa, las personas jurídicas
serán demandadas en el lugar de su domicilio.
También podrán ser demandadas en un lugar
donde la situación o relación jurídica
a la que se refiere el litigio haya nacido o deba surtir efectos,
siempre que en dicho lugar tenga un establecimiento
abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre
de la entidad.
Los entes sin personalidad
podrán ser demandados en el domicilio de sus gestores
o en cualquier lugar donde desarrollen su actividad.
Y vamos a los casos de competencia territorial en casos especiales.
Los fueros generales no serán de aplicación en determinados casos
y esto sí son normas de Just Co-Hence.
Aunque hemos dicho que los criterios de determinación
de la competencia se rigen por la voluntad expresa o tácita
de las partes y por tanto son de alguna manera
de naturaleza dispositiva lo cierto es que se ven excepcionadas
por una serie de fueros imperativos que son los siguientes
en los juicios donde se ejercitan acciones reales
sobre bienes inmuebles el tribunal competente
es el lugar donde se encuentre ubicada la cosa litigiosa
es decir el bien real o el bien inmueble.
En las demandas sobre presentación y aprobación de cuentas
que deban dar los administradores de bienes ajenos,
será tribunal competente
el del lugar donde deban presentarse esas cuentas.
En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento
de las anteriores, será tribunal el que lo sea para conocer
o esté conociendo la obligación principal sobre la que recayesen.
En los juicios sobre cuestiones hereditarias,
será competente el tribunal del lugar en el que el finado
tuvo su último domicilio.
Si no lo hubiera tenido en país extranjero
el del lugar de su último domicilio en España
o donde estuviera en la mayor parte de sus bienes
a la elección del demandante.
En los juicios en los que se ejercitan acciones relativas
a las medidas de apoyo a personas con discapacidad,
el tribunal competente es aquel correspondiente al lugar
en el que resida la persona con discapacidad.
En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar,
a la propia imagen en general,
en materia de protección civil y de derechos fundamentales,
es competente el tribunal del domicilio del demandante
y, cuando lo tuviera en territorio español,
el tribunal del hogar donde se hubiese producido
el hecho que vulnera ese derecho fundamental.
En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y de desahucio,
el tribunal del lugar donde se encuentre ubicada
la finca.
En materia de propiedad horizontal,
el tribunal del lugar en donde radica también la finca.
En los juicios donde se pide indemnización de daños y perjuicios
derivados de la circulación de vehículos a motor,
en el tribunal donde se causaron los daños.
En materia de impugnación de acuerdos sociales,
el tribunal del lugar del domicilio social.
En los procesos donde se ejercitan demandas sobre infracción
de la propiedad intelectual, será cometente el tribunal del lugar
en el que la infracción se ha cometido
o existan indicios de su comisión o se encuentren ejemplares ilícitos,
en este caso, siempre a elección del demandante.
En los juicios en materia de competencia desleal
es competente el tribunal del lugar en el que el demandado
tenga su establecimiento a falta de este lugar domicilio
de su residencia cuando no estuviese en territorio español
el tribunal del lugar donde se ha realizado
el acto de competencia desleal
o donde se produzcan sus efectos a elección del demandante.
En materia de propiedad industrial será competente el que señale
la legislación especial sobre esta materia.
En los recursos contra las resoluciones que agotan
la vía administrativa en materia de propiedad industrial
por la Oficina de Patentes y Marcas,
son competentes las secciones especializadas en materia mercantil
de la Audiencia Provincial,
en cuya circunscripción radica la ciudad sede
de la Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
del domicilio del demandante
o, en su defecto, del domicilio del representante
autorizado por España para actuar en su nombre.
En los procesos donde se ejerciten acciones donde se declare
la no incorporación al contrato o nulidad
de cláusulas de condiciones generales de la contratación,
el Tribunal del Domicilio del demandante.
En las tercerías de dominio o mejor derecho
que se interpongan en relación con un procedimiento administrativo
de apremio, el Tribunal del Domicilio del órgano que acordó el embargo.
En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación,
En defensa de los intereses colectivos difusos
de los consumidores y usuarios,
el Tribunal del lugar donde el demandado tenga
un establecimiento a falta de éste el de su domicilio,
si careciese de domicilio en territorio español,
el del domicilio del actor.
En los procesos contra las resoluciones
y actos que dicta la Dirección General de los Registros
y del Notariado en materia de registro civil,
a excepción de solicitudes de nacionalidad por residencia,
será competente el Tribunal de instancia de la capital
de la provincia del domicilio del recurrente.
Bien, vamos por último a ver cómo se aprecia el déficit,
la insuficiencia, la inexistencia de competencia territorial.
Cuando la competencia territorial venga fijada por reglas imperativas,
que son las que acabamos de ver, el letrado
de la Administración de Justicia examinará la competencia territorial
inmediatamente después de presentada la demanda y previa audiencia
del Ministerio Fiscal y de las partes personadas.
Si entiende que el Tribunal carece de esta competencia territorial,
dará cuenta al juez
para que resuelva lo que proceda mediante autoregulación.
Remitiendo en su casa las actuaciones
al tribunal que considere territorialmente competente.
Si fuesen de aplicación foros selectivos,
será lo que manifieste el demandante tras el requerimiento
que se le efectuará o dirigirá a tales efectos.
La alegación de falta de competencia territorial.
Fuera de los casos en los que la competencia territorial.
Venga fijada por ley en virtud de reglas imperativas,
que son las a las que me he referido antes,
la competencia territorial solamente podrá ser apreciada
cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima
en el juicio la propusiesen en tiempo y forma
a través de la declinatoria.
Por tanto, además de la apreciación de oficio,
cabe la declinatoria por parte de ese demandado que se percata
de que hay una norma imperativa de la competencia que no se ha cumplido.
Puede haber un conflicto negativo de competencia territorial.
Si la decisión de inhibición de un tribunal, es decir,
un tribunal no quiere conocer de un determinado asunto
y el otro tampoco, de ahí el conflicto negativo,
ninguno de los dos quiere.
Si la decisión de inhibición de un tribunal por falta
de competencia territorial se hubiera adoptado con virtud de declinatoria
o con audiencia de todas las partes,
el tribunal que se remita a las actuaciones
estará a lo decidido y ya no podrá declarar de oficio
su falta de competencia territorial.
Si la decisión de inhibición por falta de competencia territorial
no se hubiera adoptado con audiencia de todas las partes,
el tribunal a quien se remitan las actuaciones
podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial
cuando ésta deba determinarse en virtud de normas imperativas.
La resolución que declare la falta de competencia mandará remitir
todos los antecedentes al Tribunal Inmediato Superior Común,
que decidirá por medio de auto, sin ulterior recurso,
el tribunal al que corresponda conocer
del asunto, ordenando, en su caso, la remisión de los autos
y el emplazamiento a las partes por un plazo común de 10 días
ante ese tribunal.
La declinatoria, como recordaremos,
es la actuación a través de la cual el demandado
y los que puedan ser parte legítima del juicio
promovido pueden denunciar la falta de jurisdicción del tribunal
ante el que se ha interpuesto la demanda por corresponder
el conocimiento de esta a tribunales extranjeros.
A órganos de otro orden jurisdiccional,
a árbitros, a mediadores,
excepto los supuestos en los que exista un pacto previo
entre un consumidor y un usuario de someterse específicamente
en ese caso a un procedimiento de resolución alternativa de litigios
en materia de consumo y el consumidor sea precisamente el demandante.
También se propondrá la declinatoria para denunciar la falta
de competencia de todo tipo, objetiva, funcional y territorial.
Si la declinatoria se funda en la falta de competencia territorial,
además habrá de indicarse cuál es el tribunal
al que por considerarse ahora territorialmente competente
deban dirigirse todas las actuaciones.
La declaratoria se interpone ante el mismo tribunal
que ya está conociendo de un determinado asunto
y al que se considera carente de jurisdicción o de competencia.
También podrá, pese a lo que acabo de indicar,
presentarse ante el tribunal del domicilio del demandado,
que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible
al tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda,
sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente
a su presentación.
El momento procesal oportuno para la proposición
de la declaratoria es muy importante,
porque la declaratoria se habrá de proponer
dentro de los 10 primeros días de plazo para contestar la demanda
y surtirá el efecto de suspender hasta que sea resuelta el plazo
para contestar y el curso del procedimiento principal,
suspensión que declarará el letrado de la Administración de Justicia.
Si el tribunal entiende que carece de jurisdicción por corresponder
el conocimiento de ese asunto a los tribunales de otro estado,
lo declarará en efecto así mediante autoabsteniéndose
de conocer y sobresellando el proceso.
Y del mismo modo procederá al tribunal
si estima la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto
a un arbitraje o a un medio adecuado de resolución de controversias.
Si el tribunal considera que carece de jurisdicción
por corresponder el asunto
de que se trate a tribunales de otro orden jurisdiccional,
en el auto en el que se abstiene de conocer también señala
las partes cuáles son los órganos ante los que debe hacer uso
de su derecho e igual resolución
se dictará cuando el tribunal carece de competencia objetiva.
Si se hubiera interpuesto la declinatoria relativa
a la competencia territorial
y ésta no viniera determinada por reglas imperativas,
entonces el Tribunal, para estimarla, habrá de considerar
competente el órgano señalado por el promotor de la declinatoria.
El Tribunal,
al estimar la declinatoria relativa a la competencia territorial,
se inhibirá en favor del órgano al que corresponda la competencia
y acordará que se le remita a los autos con emplazamiento
a las partes.
Para que comparezcan ante él en el plazo de 10 días.
Bien, finalmente, la competencia territorial
por conexión en caso de acumulación de acciones
y en caso de pluralidad de demandados.
Cuando se ejercitan conjuntamente varias acciones
frente a una o varias personas, será tribunal competente
el del lugar correspondiente
a la acción que sea fundamento de las demás,
esto es, a la más comprensiva.
En su defecto, aquel que deba conocer del mayor número
de acciones acumuladas, también la más comprensiva,
pero ahora no por razones objetivas, sino por razones cuantitativas,
no por razones cualitativas, sino cuantitativas.
Y en último lugar, el del lugar que corresponda
a la acción más importante cuantitativamente.
Cuando hubiere varios demandados
y pudiera corresponder la competencia territorial
o los tribunales de más de un lugar, la demanda podrá presentarse
ante cualquiera de ellos a elección del demandante.
Muchas gracias.