Programa 1 de Derecho Procesal Civil General.
Soy Sonia Calaza, catedrática de Derecho Procesal de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
En aproximadamente 15 píldoras
vamos a tratar de hacer un recorrido general
por todo el derecho procesal civil en su parte general.
En este primer programa
vamos a afrontar los principios de todo el derecho procesal civil
y los dos procesos declarativos ordinarios,
el propiamente ordinario, así denominado,
proceso ordinario y el juicio verbal.
Comenzamos con los principios del proceso civil.
A modo de recordatorio,
puesto que en nuestra introducción al derecho procesal
de algo de esto ya hemos tratado,
pero a modo de recordatorio vamos a recordar
que los principios de contradicción rigen el proceso civil.
Contradicción comporta dos posiciones contrapuestas.
Hay una ausencia de armonía.
Si reinase la armonía entre las relaciones de los particulares,
entonces no deberían acudir al proceso,
podrían concluirlo inmediatamente por cualquier mecanismo de resolución
amistosa o medio adecuado de resolución de controversias.
El segundo principio característico del proceso civil
es la igualdad de armas.
El proceso civil se ha diseñado con idénticos derechos
y cargas procesales para las dos partes en conflicto.
No importa quién sea el actor, quién el demandado.
No por ser actor o demandado,
una de las partes tendrá más posibilidades, derechos o cargas
que la otra.
Todo será simétrico
y estará equilibrado.
El tercer dispositivo típico del proceso civil,
pero tan solo
dentro de este ecosistema civil de las materias de derecho privado,
es el dispositivo.
El principio dispositivo se caracteriza por tres variables.
Nemo iudex sine actore significa
que el proceso no comienza si no hay un actor que le pone inicio.
Segundo, iudex iudicare debet secundum alegata et probata partium
consiste en determinar que el juez debe juzgar conforme a lo alegado
y probado por las partes.
De suerte que el juez
no está autorizado para introducir al proceso civil dispositivo
ningún material ningún fundamento de hecho
ni tampoco ningún material probatorio ni tan siquiera a sugerir
lo puesto que este proceso es de la plena disposición
de los particulares.
Y la tercera proyección
o variable del principio dispositivo característico
de los conflictos civiles por materias de derecho
privado es la congruencia civil,
que ya se ha analizado y puede ser una congruencia suprapetita,
si el juez concediese más de lo pedido por el actor.
Sería infrapetita si concediese menos
de lo resistido por el demandado,
extrapetita si concediese algo distinto de lo pedido por el actor
y resistido por el demandado, u omisiva
cuando no da respuesta a alguna de las pretensiones
propuestas por el actor.
Bien, pero no todo el proceso civil es dispositivo.
Sucede dentro del proceso civil
que hay algunas materias que trascienden al interés particular
o privado de los particulares.
Materias también que pueden afectar al interés social
o a personas especialmente vulnerables
como menores o personas con discapacidad.
En tales casos no rige el principio dispositivo, sino todo lo contrario,
rige el principio indisponible y se caracteriza, por tanto,
por las proyecciones absolutamente opuestas a las anteriores,
que son las siguientes, ne procedat iudex ex officio,
Quiere esto decir que el juicio tampoco principiará,
salvo que alguien lo inicie, pero puede de oficio
iniciarlo el Ministerio Fiscal.
En segundo lugar,
la posible introducción de oficio de medidas cautelares
y pruebas al proceso.
En tales casos, el interés general, el interés superior,
el interés de los menores.
O el especial refuerzo que precisan personas
con discapacidad que ya están provistas de apoyos judiciales
puede suponer que las medidas cautelares
que deban adoptarse en ese proceso
y las pruebas que deban practicarse o bien estén tasadas por la ley
o bien el juez tribunal en cada caso específico las considere
absolutamente imprescindibles.
En cuarto lugar, como cuarta proyección de la indisponibilidad
de la pretensión en este tipo de procesos,
se encuentra la no sujeción judicial a las reglas de la congruencia.
En estos casos en los que hay afectados menores
o personas con discapacidad,
el juez podrá dar más de lo pedido por el actor,
cosa distinta de la pedida por el actor,
menos de lo resistido por el demandado,
lo que no podrá hacer es dejar de dar respuesta
a las pretensiones de las partes.
Bien, el principio de aportación también rige los conflictos
exclusivamente privados.
Y se caracteriza por la exclusiva introducción
de los hechos al proceso.
El juez no podrá nunca introducir hechos al proceso.
Son patrimonio de las partes.
Sin embargo, el juez sí puede introducir el derecho.
No sólo puede, sino que debe hacerlo.
Significa, dame a mí los hechos y yo te daré el derecho.
Este es un aforismo romano
respecto de algo que verbaliza un juez.
O iuranovit curia, que significa el juez conoce el derecho.
Con base en estos aforismos, en estas máximas romanas,
podemos considerar que el juez siempre podrá aportar
y deberá aportar el derecho más ajustado,
más apropiado, más adecuado al conflicto jurídico,
aunque las partes no lo hayan hecho valer oportunamente.
Y en segundo lugar, la exclusiva proposición y práctica
de la prueba de dichos hechos por las partes.
Es decir, el principio de aportación
no sólo comporta que los hechos tan sólo los aportan las partes,
sino que además la proposición y práctica de la prueba
sobre esos hechos que tan sólo incorporan las partes,
también sólo podrá ser propuesto por estas mismas partes.
Frente a este principio de aportación
que rige en los conflictos exclusivamente privados,
se encuentra el principio de investigación que rige
en las controversias que trascienden al interés de las partes
y afectan a menores o a personas con discapacidad.
Por tanto,
se rige por lo absolutamente opuesto de lo que acabo de indicar,
la posible introducción de los hechos al proceso por parte
del juez y, en segundo lugar, la posible proposición judicial
de la prueba.
Este proceso regido por el principio de investigación
se asemeja bastante, aunque con matices,
al proceso penal.
Bien, tenemos el principio de justicia rogada generalizado
en la práctica totalidad de conflictos privados.
Los tribunales civiles decidirán los asuntos
en virtud de las aportaciones de hecho,
pruebas y pretensiones de las partes,
excepto cuando la ley disponga otra cosa para supuestos especiales.
Y también el principio de iniciativa privada de la actividad probatoria
generalizada en los conflictos privados, si bien con excepciones,
puesto que hay controversias que trascienden al interés
de las partes o afectan a personas especialmente vulnerables.
En ese caso, las pruebas se practicarán,
además de estancia de parte, también de oficio.
Y es que, en estos casos, el tribunal podrá acordar, como digo de oficio,
que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos,
dictámenes u otros instrumentos probatorios cuando así lo establezca
la ley.
El juez del proceso civil tiene unos poderes relativamente amplios,
no tan amplios como los del proceso penal,
pero tiene unos poderes relativamente amplios.
Por ejemplo,
tiene la posibilidad de inadmisión de la demanda por causas concretas,
por causas tasadas legalmente.
También tiene la posibilidad de detección
de todo tipo de óbices procesales
que impedirían la prosecución del proceso hasta su término.
Entre otras la jurisdicción, la competencia,
los medios adecuados de resolución de controversias,
la capacidad de las partes, el procedimiento adecuado,
la litispendencia, la cosa juzgada,
si el juez o tribunal llega a detectar.
Que el proceso adolece de alguno de estos óbices procesales,
es decir, que el juez carece de jurisdicción
o de competencia, que no se ha intentado de buena fe
un medio adecuado de resolución de controversias,
que alguna de las partes, actor o demandado,
carece de capacidad para ser parte, de capacidad procesal,
que el procedimiento sea encauzado a través de un cauce inadecuado,
que ya hay un proceso pendiente entre las mismas partes
por el mismo objeto,
luego existe una disipendencia o peor aún,
que ya hay una sentencia anterior en el tiempo entre las mismas partes
y por el mismo objeto,
entonces detendrá ese proceso y le pondrá término en ese momento
sin permitir que continúe adelante.
También podrá inadmitir este juez civil medidas cautelares,
diligencias preliminares y pruebas cuando lo considere oportuno.
Luego en su mano está.
La decisión,
una vez que las partes se lo han propuesto,
se lo han solicitado
y valorando las circunstancias del caso en concreto,
podrá admitir o denegar esas medidas cautelares,
diligencias preliminares o pruebas.
Por último, tiene la posibilidad de imponer determinadas pruebas
cuando la ley así lo exija.
Por ejemplo, en el caso de provisión de apoyos
a personas con discapacidad, la ley exige tres pruebas obligatorias
como son la entrevista con la propia persona
con discapacidad, la entrevista con su entorno más cercano
y la prueba pericial consistente en un estudio que puede
ser de cualquier profesional especializado en la causa
de discapacidad que atesore la persona en concreto
y esa prueba pericial también es obligada
porque la ley así lo exige.
Bien, pasamos al principio de libre valoración de la prueba.
Este principio se caracteriza porque el juez valora la prueba
conforme a las máximas de la experiencia,
las reglas de la sana crítica, conforme a su buen saber y entender.
Pero el juez no se verá constreñido por una exigencia legal
que le obligue a practicar, a valorar las pruebas practicadas
conforme a un modelo legal preestablecido.
Por tanto, en este caso, la libre valoración
de la prueba corresponderá al juez en la práctica totalidad
de procesos civiles.
Todas las pruebas, excepto la documental pública
y la privada no impugnada, se regirán por este principio
de libre valoración de la prueba.
La prueba tasada, sin embargo,
consiste en que la ley establece un valor probatorio
determinado a ciertas pruebas.
Como digo, la única excepción al principio de libre valoración
de la prueba que rige o inspira todo nuestro proceso civil son dos.
La documental pública,
que por razones de seguridad jurídica causa prueba plena,
esto es, el juez no puede exigir desconocer el contenido
de esos documentos públicos es incontestable,
tiene que partir de la veracidad de esos documentos
y también la prueba documental privada si no ha sido impugnada.
Estas dos se regirían por el principio
de la prueba tasada, el resto de mecanismos probatorios
que aquí analizaremos en este programa,
en este programa uno no, pero en el programa correspondiente
pues se rigen por el principio de libre valoración de la prueba.
Bien,
y ahora pasamos a los principios del procedimiento civil.
El primero es el principio de la escritura.
Como su nombre indica,
se caracteriza porque determinados actos se redactan por escrito.
Y es que, verba volant, scripta manent, por tanto,
por razones de fijeza, de seguridad jurídica,
de certeza, de predictibilidad,
es conveniente que algunos actos del proceso sean escritos,
aunque ello comprometa la rapidez que se le quiere siempre imprimir
a un proceso.
Bien, se rigen por el principio de escritura
los actos de postulación, demanda, contestación a la demanda
y reconvención, también la prueba escrita,
la documental y por último la sentencia.
Bueno, no toda la sentencia,
hay algunas excepciones que también se verán en el juicio verbal,
en alguna ocasión se podrá dictar una sentencia in voce,
pero con carácter general
todos estos actos que estoy detallando
se rigen por el principio de la escritura.
El principio de la oralidad se caracteriza por todo lo contrario,
por la verbalidad, publicidad y oralidad
de las celebraciones.
Se caracterizan por el principio de la oralidad,
la fase de audiencia previa y la fase de audiencia principal,
que son en donde se practica la prueba.
La oralidad no obsta la grabación.
Quiere esto decir que, al igual que yo estoy aquí
realizando una actuación oral y verbal y pública,
se me está grabando.
Pues las actuaciones orales en vistas, audiencias
y comparecencias celebradas entre los jueces o magistrados,
o en su caso, ante los letrados de la Administración de Justicia,
también se registrarán en un soporte apto
para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.
El principio de inmediación característico
del procedimiento civil, y por cierto,
en este caso, de todos los procesos,
de todos los órdenes jurisdiccionales, se caracteriza
por la presencia inmediata y sin intermediarios entre el juez
y las partes durante la práctica de determinados actos procesales
que son muy decisivos para la conformación
de la decisión final,
como son la práctica y valoración de la prueba.
El principio de concentración resulta imprescindible para la celebración
de las actuaciones procesales sin interrupciones temporales
o con períodos cronológicos breves.
Se caracteriza por concentrar, como decía,
todas las actuaciones en el menor espacio de tiempo posible
para evitar la pérdida de la memoria que comporte
el que algún acto quede demasiado alejado en el tiempo.
Por tanto, todas las pruebas se practicarán con carácter general
en unidad de acto y las resoluciones se discutirán
y votarán inmediatamente después de la vista.
La sentencia habrá de dictarse, en todo caso,
dentro de los 20 días siguientes a terminar el juicio ordinario,
dentro de los 10 días siguientes a terminar el juicio verbal.
Pasamos al principio de publicidad para las partes,
al que se denomina publicidad relativa
o principio de publicidad absoluta, que lo sería para toda la sociedad.
Es un principio elemental de una sociedad democrática
el que se pueda públicamente ver la justicia.
Consiste en la supervisión, transparencia y, al término,
en la democratización, como he dicho,
de la justicia.
Las pruebas se practicarán contradictoriamente, en vista pública
o con publicidad.
Y con esto pasamos a los procesos civiles.
Vamos a recordar que hay una trilogía procedimental
en el orden jurisdiccional civil, en nuestra justicia civil.
Tenemos por un lado los procesos ordinarios,
por otro lado los especiales y al término los sumarios.
Por tanto, ordinarios, especiales y sumarios integran
esta trilogía procedimental.
Los procesos ordinarios son esos que se pueden canalizar,
a través de los cuales se puede canalizar cualquier pretensión
que no se encuentre específicamente comprendida
dentro de los especiales.
Los procesos especiales son, sin embargo,
Aquellos que presentan, bien por razón de su objeto,
bien por razón de los sujetos directamente involucrados,
es decir, de las partes,
o bien por razón del interés público
o privado inherente a la resolución que en su día se dicte,
son los que presentan, por alguna de estas razones,
alguna especificidad digna de especial consideración
y de ahí que haya de regularse alguna especialidad procedimental.
Por último, los procesos sumarios son aquellos que revelan
la característica esencial de su necesaria inmediatez,
su urgencia, su celeridad, su práctica fugacidad.
Tienen limitadas las posibilidades de alegación y prueba
y sus sentencias carecen de fuerza de cosa juzgada material,
hace extra.
Quiere esto decir que una vez concluido el proceso sumario,
podrá reproducirse esa misma cuestión,
no en otro sumario, pero sí en el ordinario correspondiente.
Una vez hecho el repaso por la trilogía procedimental,
he de destacar que en estas 15 píldoras
en las que vamos a recorrer todo el ecosistema procesal civil,
nos vamos a ocupar de los procesos ordinarios,
no de los especiales, no de los sumarios.
De los especiales y sumarios nos ocuparemos en el derecho procesal
civil especial.
Bien, las características de los procesos ordinarios, que son,
como digo, de los que nos vamos a ocupar ahora,
son las siguientes.
Primero, universalidad.
Cualquier conflicto que no deba encauzarse para su resolución
judicial por un cauce determinado, concreto y especificado en la ley,
habrá de ventilarse por defecto en el ordinario correspondiente.
La segunda característica es la generalidad.
Y es que estos procesos tienen una plenitud de cognición
o amplio margen de actuación procesal,
también una totalidad o globalidad de efectos de cosa juzgada, acorde,
por cierto, al total apogeo de esas garantías procesales
que presiden todo el recorrido sin excepción de principio a fin.
Además, estos procesos ordinarios gozan de una vis atractiva
porque un buen número de procesos especiales,
a pesar de considerarse especiales, en realidad no son tan especiales
porque toda su tramitación sea especial
como porque se reconducen a los ordinarios
pero en alguna de sus fases tienen especialidades.
Luego, no nos resultará extraño.
Encontrarnos con algunos procesos especiales, por ejemplo,
el de provisión de apoyos a personas con discapacidad,
donde determinados periodos procedimentales
se reconducen, por ejemplo, al verbal.
Entonces, hay tramos procedimentales respecto de los cuales los ordinarios
tienen una visa atractiva.
Bien, el contenido de los procesos declarativos ordinarios civiles
es el que se ve integrado por pretensiones de naturaleza civil
y mercantil en las que se sustancian ante el tribunal competente
conflictos de naturaleza privada.
Los tipos de procesos declarativos ordinarios civiles,
como he dicho, son dos, el propiamente ordinario
y el juicio verbal.
Comenzamos con el proceso ordinario.
El proceso social civil ordinario
será prioritariamente seleccionado por razón de la materia,
en su defecto por razón de la cuantía .
En defecto de la materia
esto es de no resultar coincidente el objeto litigioso,
susceptible de ser canalizado ante la jurisdicción civil,
con ninguna de las materias
especificadas en un amplio listado al que haré referencia a continuación
y contenido en el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
entonces, si esa materia no se encuentra contenida, insisto,
en ese listado, habrá de acudirse al criterio de la cuantía.
Y se decidirán, por tanto, a través del ordinario,
las demandas cuya cuantía exceda de 15.000 euros y aquellas
otras cuyo interés económico resulte imposible de calcular
ni tan siquiera de modo relativo.
Rige el principio de la perpetuatio iuris dictionis
en la práctica totalidad de procesos civiles.
Esto consiste, o esto se traduce,
en que la alteración del valor económico
de los bienes objeto de litigio
que sobrevenga después de interpuesta la demanda no implicará modificación
por esta causa ni de la clase de juicio
ni tampoco de la jurisdicción.
El proceso ordinario por razón de la materia
era prioritario, como acabo de indicar,
frente a la cuantía.
Por tanto, con independencia de la cuantía,
se regirán o se reconducirán a los trámites del proceso ordinario
las siguientes demandas.
Las de los derechos honoríficos de la persona,
las que tutelan el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen,
también las que pidan la tutela judicial civil
de cualquier derecho fundamental salvo el derecho de rectificación,
las demandas de impugnación de acuerdos sociales
de nuestras sociedades de capital,
las demandas en materia de competencia desleal,
defensa de la competencia, propiedad industrial,
propiedad intelectual, y publicidad,
siempre y cuando no versen exclusivamente por reclamación
de cantidad económica,
en cuyo caso habremos de estar a la cuantía.
Las demandas en las que se ejerciten acciones colectivas relativas
a condiciones generales de la contratación,
las que versen sobre asuntos relativos a arrendamientos urbanos
o rústicos de bienes inmuebles,
aquellas en las que se ejercite la acción de retracto
de cualquier tipo convencional o legal
y cuando se ejerciten acciones que otorga la junta de propietarios
y a estos la ley sobre propiedad horizontal siempre que de nuevo
no versen exclusivamente sobre reclamación de cantidades
en cuyo caso habrá de estarse a la cantidad
y como digo será a través del ordinario para las reclamaciones
superiores a 15.000 euros a través del verbal para reclamaciones
inferiores a esta cantidad.
Las fases del juicio ordinario son cuatro.
Primero, la fase de alegaciones integrada por la demanda,
contestación a demanda
y, en su caso, no siempre se da,
pero en su caso, la reconvención.
Segunda fase, la audiencia previa.
Tercera, la audiencia principal o juicio.
Y, por último, como cuarta fase, la sentencia.
Vamos a por la primera fase, la fase de alegaciones, integrada,
como digo, por la demanda, contestación a la demanda
y, en su caso, reconvención.
La demanda es el acto de postulación que inicia el proceso.
El actor o demandante plantea su conflicto
ante el órgano judicial.
Frente al demandado, precisamente en su escrito de demanda,
acompañado de una pretensión que puede ser declarativa,
constitutiva o de condena.
En otro programa explicaremos las diferencias
entre cada una de estas pretensiones.
Pero en cualesquiera de ellas solicita,
debidamente amparado en la ley
o en la jurisprudencia que complemente esta ley,
que se haga justicia.
Lo que a su derecho convenga y se lo plantea como digo al juez
frente a un demandado.
El letrado de la Administración de Justicia
una vez examinados los requisitos legalmente exigidos procederá
a declarar la admisión de la demanda por decreto
y dará traslado al demandado
para que en el plazo de 20 días conteste.
La contestación a la demanda corresponde al demandado.
El demandado, por tanto, podrá afrontar en este momento
múltiples posiciones.
La contestación a la demanda es una de ellas.
Podrá allanarse, transigir,
podrá someterse a un medio adecuado de resolución de controversias,
etc. Pero lo habitual en el marco del proceso será que asuma una posición
defensiva frente.
A la redacción e interposición,
también ante el juez, frente al actor,
como digo, en su contestación a la demanda.
Una posición defensiva
frente a la acción que se ha ejercitado en la demanda
es la que corresponde al demandado en su contestación a la demanda.
Con alegación de hechos ahora impeditivos,
extintivos o excluyentes,
de los que también me ocuparé en el programa correspondiente,
que amparen esa pretensión exculpatoria
y, por tanto, pida su absolución.
La reconvención corresponde al demandado,
pero lejos de ser una posición defensiva,
la reconvención vuelve a ser una posición de ataque,
porque el demandado podrá aprovechar esa fase o periodo procesal
de contestación a la demanda para afrontar además de manera conjunta
a su defensa un medio de ataque mediante la reconvención
cuando considere que el actor del proceso pendiente
merece además un reproche procesal en defensa
de sus derechos sustantivos o intereses legítimos.
La conclusión del plazo legalmente estipulado,
20 días para contestar a la demanda
sin que el demandado hubiere afrontado esta respuesta procesal
ni se hubiere personado, comportará su declaración
en rebeldía, lo que traerá por toda consecuencia
la prosecución del proceso sin su presencia
y notificándosele tan solo al término de la sentencia firme,
definitiva y firme.
La segunda fase del proceso ordinario,
como decía, es la audiencia previa.
Comparecida ante el juez con asistencia de las partes,
con sus representantes si resulta necesario,
y sus respectivos defensores,
pues comienza esta audiencia previa que es pública.
Puede suceder ahí que la controversia persista
o que no persista.
El tribunal constatará si persiste el conflicto,
porque de no persistir, entonces habrá una carencia
sobrevenida al objeto del proceso.
Pero si persiste, avanzará en el análisis
de los óbices, presupuestos o excepciones procesales
que obstaculizan el correcto mantenimiento del proceso judicial.
Por tanto, lo primero que hará el juez,
una vez que comienza la audiencia, es depurar esos óbices procesales.
Verificar si falta o no capacidad de los litigantes,
representación en sus diversas clases, cosa juzgada,
litispendencia, falta del debido litisconsorcio,
inadecuación del procedimiento,
un defecto en el modo legal de proponer la demanda
o en su caso en el modo de proponer la reconvención por falta
de claridad, por falta de precisión en la determinación
de las partes o en la petición que se deduzca.
Bien, la formulación de alegaciones complementarias,
aclaratorias y rectificaciones.
En ese momento pueden ampliarse las alegaciones complementarias
en relación con lo expuesto de contrario,
también la aclaración de las alegaciones que hubiera formulado,
rectificación de extremos secundarios respecto de las pretensiones,
eso sí, siempre sin alterar estas ni sus respectivos
fundamentos.
También se pueden alegar hechos nuevos,
los acontecidos por primera vez, una vez
concluida la fase de alegaciones o de nueva noticia, que son
los acontecidos antes de concluir esa fase de alegaciones,
pero de los que tenemos conocimiento después.
Por tanto, en este momento es posible,
como digo, la alegación de hechos nuevos
o de nueva noticia.
Nuevos por su novedad, porque no habían sucedido antes,
o por su nueva noticia, porque sí habían sucedido,
pero no eran conocidos.
A continuación,
se fija definitivamente en los hechos controvertidos,
se intenta de nuevo una conformidad y ya estamos en posición
de una posible sentencia inmediata.
La audiencia, por tanto,
continuará para que las partes o sus defensores con el tribunal
fijen los hechos sobre los que exista disconformidad o disconformidad
entre los litigantes.
A la vista del objeto de la controversia,
el juez de nuevo puede exhortar a las partes
o a sus representantes y abogados para que intenten llegar a un acuerdo
que ponga fin al litigio.
Si las partes no ponen fin al litigio mediante el acuerdo
pero están conformes con los hechos y su única discrepancia
queda reducida a una cuestión o cuestiones jurídicas,
esto es, los hechos son pacíficos, la única disconformidad
es cómo aplicar el derecho a esos hechos,
entonces no será relevante la práctica de la prueba,
puesto que los hechos son pacíficos
y lo único que se prueba son los hechos,
el derecho no se prueba.
Por tanto, en ese caso,
y dado que la fase siguiente, que es la audiencia principal o juicio,
tiene como única finalidad la práctica de la prueba,
en este solo caso nos ahorraríamos esa fase.
Es decir, si los hechos son claros y la única discrepancia es jurídica,
el juez puede ya, desde este momento,
dictar sentencia en 20 días a partir del día siguiente
a la terminación de esta audiencia.
Pero si no, se propondrán las pruebas.
Las pruebas las proponen las partes de forma verbal,
también en esta audiencia previa, sin perjuicio de su obligación
de aportar en el acto escrito detallado de la misma,
pudiendo complementarlo luego durante la audiencia.
Y pasamos a la tercera fase, que es la audiencia principal
o juicio.
El juicio tiene por objeto, como he dicho,
la práctica de las pruebas.
De declaración de las partes, testifical,
informes orales y contradictorios de peritos,
reconocimiento judicial en su caso,
reproducción de la palabra, imagen, sonido.
Tras la práctica de la prueba y siempre en el propio juicio
se formularán conclusiones sobre estas pruebas.
Así, una vez practicadas, las partes formularon oralmente sus conclusiones
sobre los hechos controvertidos,
exponiendo de forma ordenada, clara, muy concisa,
si a su juicio los hechos relevantes
han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso,
probados o todavía quedan inciertos.
Y a partir de este momento ya sólo queda el dictado de la sentencia.
La sentencia se dicta dentro de los 20 días siguientes
a la terminación de este juicio y dentro de este plazo
de 20 días el tribunal todavía podrá autorizar mediante auto
la práctica de diligencias finales
en tres casos muy específicos que son los siguientes.
Cuando por causas ajenas a la parte que hubiese propuesto
las pruebas no se hubiese podido probar alguna de las admitidas.
En ese caso,
todavía se podrán volver a practicar, bueno,
volver a practicar no, puesto que, como he dicho,
no se han practicado, se podrían practicar.
En segundo lugar, cuando se refieran a hechos nuevos
o de nueva noticia.
Y en tercer lugar, cuando deban practicarse
de nuevo pruebas sobre hechos relevantes,
oportunamente alegados,
siempre que existan motivos fundados para creer que esas
nuevas actuaciones permitirán adquirir una certeza definitiva
sobre esos hechos que todavía quedaban inciertos.
Una vez practicadas estas diligencias probatorias finales,
las partes podrán dentro del quinto día
presentar un escrito en el que ya resumen
y valoran el resultado de toda la actividad probatoria
y de estas diligencias finales.
Pasamos al juicio verbal.
En primer lugar, su ámbito de aplicación.
Por razón de la materia,
es el criterio predominante o prioritario,
exactamente igual que antes, primero la materia
y en su defecto la cuantía.
Por razón de la materia, se reconducen al juicio verbal
las demandas que versen sobre reclamaciones de cantidades
por impago de rentas o cantidades debidas,
que igualmente con fundamento del impago de la renta
o cantidades debidas, sean del arrendatario por expiración
del plazo contractual o legal imparable,
que pretenda al dueño usufructuario cualquier otra persona con derecho
a poseer una finca rústica o urbana.
Las que pretendan la recuperación de la plena posesión
de una finca rústica o urbana cedida en precario.
Las que pretendan que se ponga en posesión de bienes
a quien las hubiera adquirido por herencia
si no estuvieran siendo poseídos en ese momento por nadie
a título de dueño usufructuario.
Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o posesión
de una cocha,
también la recuperación de la plena posesión de una vivienda
o de parte de ella.
También las que pretendan que el tribunal
resuelva con carácter sumario la suspensión de una obra nueva.
Las que pretendan con carácter sumario
la demolición o derribo de un árbol, columna,
edificio o cualquier otro objeto análogo que amenace causa ruina.
Las que instadas por los derechos reales
inscritos en el registro de la propiedad
demanden la efectividad de esos derechos
frente a quien se oponga, las que soliciten alimentos
debidos por disposición legal o por otro título,
las que supongan un ejercicio de la acción de rectificación
por hechos inexactos o perjudiciales,
también las que pretendan con carácter sumario
esas obligaciones derivadas de los contratos
inscritos en los registros de venta a plazos de bienes muebles,
las que pretendan que el Tribunal resuelva con carácter sumario
sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento
de financiero o bienes inscritos en el registro de venta
a plazos de bienes muebles y, al término,
las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa
de los intereses colectivos de consumidores y usuarios,
también las que pretendan la efectividad de los derechos
reconocidos en el artículo 160 del Código Civil que se refieren.
A visitas y comunicaciones
que corresponden a los progenitores, abuelos, hermanos o parientes
allegados con menores en situación de desamparo,
las que ejercitan las acciones individuales relativas
a condiciones generales
de la contratación en determinados casos,
las que se ejercitan en materia de junta de propietarios,
exclusivamente correspondientes a la reclamación de deudas,
como he dicho antes, y, por último, con las especialidades
que correspondan a esas resoluciones que agotan la vía administrativa
dictadas en materia de propiedad industrial
por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Este es el ámbito objetivo del juicio verbal.
Pero, en su defecto, es decir, Si la materia sobre la que el juez
va a conocer en un determinado proceso
no se encuentra comprendido en todo este amplísimo listado,
habrá de acudirse a la cuantía.
Por tanto, se decidirán también ahora,
por razón de la cuantía, en juicio verbal,
las demandas cuya cuantía no exceda de 15.000 euros y no se refiera,
insisto, a ninguna de las materias que acabo de relacionar.
Las fases del juicio verbal ya son dos,
fase de alegaciones y vista.
La fase de alegaciones está integrada por la demanda,
contestación a la demanda
y, en su caso, reconvención.
La demanda del juicio verbal tiene el contenido
y la forma propias del juicio ordinario.
No obstante, en los juicios verbales
en que no se actúe con abogado y procurador,
el demandante podrá formular una demanda sucinta
donde se consignarán los datos y circunstancias de identificación.
Del actor y del demandado, el domicilio o domicilios donde pueda
o deba ser citado, se fijará con claridad y precisión
lo que se pida, se concretarán los hechos fundamentales
en los que se basa la petición y a este fin
se podrán cumplimentar una serie de impresos normalizados
que se hallan a disposición de cualquiera en el órgano judicial
correspondiente o en la sede electrónica judicial.
Bien, si en la demanda se solicita el desahucio de finca urbana
por falta de pago de las rentas o cantidades
debidas al arrendador o por expiración contratual del plazo,
entonces el demandante deberá anunciar en esta demanda
el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda
y las costas con expresión exacta
de la cantidad concreta que está dispuesto a condonar,
siempre condicionado a que se produzca un desalojo voluntario
de la finca dentro del plazo que se indica
por el arrendador que no podrá ser inferior a 15 días
desde que se notifica esa demanda.
Cuando se solicita en la demanda, sin embargo,
la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella,
aquella podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes
de la misma.
Hemos dicho antes
que siempre tiene que ser dirigida a una persona determinada,
pero en este caso.
Cuando no se conoce quiénes están en una vivienda cuya recuperación
de la posesión se va a pedir, entonces podrá en ese caso dirigirse
contra los desconocidos ocupantes sin perjuicio de la notificación
que de ella se realice a quien en concreto
se encuentre en ese inmueble al tiempo de llevar a cabo
la notificación.
Además a esta demanda, como especialidad,
y por eso destaco estas dos especialidades,
se deberá acompañar el título en el que el actor basa
o ampara su derecho a poseer.
Respecto a la acumulación de acciones,
también hay algunas especialidades en materia de juicio verbal.
No se admitirán en los juicios verbales
la acumulación objetiva de acciones,
salvo una serie de excepciones que voy a proceder a reseñar.
La primera es la acumulación de acciones
basadas en los mismos hechos siempre que proceda, en todo caso,
el juicio verbal.
Aquí sí cabe.
También cabe la acumulación de la acción de resarcimiento
de daños y perjuicios a otra acción
que sea prejudicial respecto de esta.
Y también cabe la acumulación de acciones en reclamación de rentas
o cantidades análogas, vencidas y no pagadas,
cuando se trate de juicios de desahucio de finca por falta
de pago o por expiración legal o contractual del plazo,
con independencia de la cantidad que se reclame.
También podrán acumularse las acciones ejercitadas
entre el fiador o avalista solidario previo requerimiento
del pago no satisfecho.
En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad
y en los que tengan por objeto el reconocimiento o la eficacia civil
de las resoluciones o decisiones eclesiásticas,
cualquiera de los cónyuges podrán ejercer simultáneamente
la acción de división, también de la cosa común,
respecto a los bienes que tengan en común en esa comunidad ordinaria
indivisa.
Y podrán acumularse las acciones que uno tenga contra varios sujetos
o varios contra uno,
siempre que se cumplan con los requisitos establecidos.
En materia de juicio verbal
rigen también las normas del denominado procedimiento testigo.
En el caso de las demandas
en las que se ejerciten acciones individuales relativas
a las condiciones generales de la contratación,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
procederá a dar cuenta al Tribunal.
Con carácter previo a la admisión de estas demandas,
cuando consideré que la misma incluye
pretensiones que están siendo objeto de procedimientos anteriores,
planteados por otros litigantes, pero referidos
a esas mismas condiciones generales de contratación,
y siempre y cuando no sea preciso realizar un control de transparencia
ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento
de esos contratantes, siendo además esas condiciones generales
de la contratación las mismas o con una identidad sustancial,
Entonces, tanto el letrado de la Administración de Justicia,
que se lo comunica al juez y por tanto este de oficio lo hace,
como a instancia de la parte actora o incluso de la parte demandada,
podrá iniciar lo que se denomina un procedimiento testigo,
consistente en que quedarán en suspenso todos los posteriores
o todos los que tengan menor contenido,
a la espera de que el de mayor contenido se resuelva primero
y sirva, como dice el término,
de testigo a los que entre tanto quedan en letargo.
Bien, una vez adquiere firmeza la sentencia dictada
en ese procedimiento testigo, que digamos
era la sentencia principal,
la prioritaria, la que dejó a los demás en suspenso,
entonces el tribunal dicta providencia
en la que se indicará si considera procedente
o no la continuación del procedimiento suspendido
e instado por haber sido resueltas o no
todas las cuestiones planteadas en él,
en esta sentencia del procedimiento testigo,
relacionando aquellas que, sin embargo,
no considera resueltas y dando traslado al demandado
del procedimiento suspendido para que en cinco días
pueda solicitar alguna de las siguientes posiciones.
Primera, el desistimiento de sus pretensiones.
Segunda, la continuación del procedimiento suspendido,
indicando las razones o pretensiones por las que a su juicio
deba ser resuelto.
Y, en tercer lugar, la extensión de los efectos
de esa sentencia dictada en el procedimiento testigo,
puesto que está conforme con esa sentencia
y quiere que se le aplique el contenido de esa sentencia
a su propio caso,
que en este caso se habría ahorrado nada menos
que todo un procedimiento.
La contestación a la demanda es el segundo acto de postulación
de la primera fase de alegaciones del juicio verbal.
Una vez contestada la demanda
y en su caso la reconvención o el crédito compensable
o transcurridos los plazos correspondientes,
el letrado o letrada a la Administración de Justicia,
cuando haya de celebrarse vista, citará las partes.
Para que dentro de los cinco días siguientes comparezcan.
La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo
de un mes.
En la citación se fijará el día y la hora
a la que deberá celebrarse esta vista y se informará a las partes
de la posibilidad de recurrir a una negociación
para intentar solucionar el conflicto,
incluido el recurso a la mediación a cualquier medio adecuado
de resolución de controversias.
En ese caso se indicará la vista o antes de ella su decisión
al respecto y las razones de la misma.
Pero si no se llega al acuerdo nos encontramos con la vista que es
la segunda y última fase del juicio verbal.
La comparecencia de las partes es imprescindible
y comparecidas presencialmente o por videoconferencia en los casos
en los que allí se haya acordado el tribunal declarará abierto el acto
y comprobará si subsiste el litigio entre ellas.
Si manifiestan haber llegado a un acuerdo
o se muestran dispuestas.
A llegar a ese acuerdo con carácter inmediato,
entonces podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal
que homologue ya lo acordado.
En atención al objeto del proceso, el tribunal,
antes de la práctica de la prueba, podrá plantear a las partes
de nuevo, una vez más, se plantea,
como se está viendo en muchísimas ocasiones,
la posibilidad de derivar todavía en ese momento ya casi final
del proceso el conflicto o el litigio a un medio adecuado de resolución
de controversias siempre que considere y fundamente
que es posible un acuerdo entre las partes.
Si todas las partes manifiestan su conformidad
con la derivación, se acuerda la suspensión mediante providencia
a la espera de ese acuerdo.
Si las partes no han llegado al acuerdo
ni tampoco se muestran dispuestas a concluirlo de inmediato,
entonces el tribunal ya sí da la palabra a las partes
para que realicen las aclaraciones finales,
fijen los hechos sobre los que exista contradicción.
Si no hubiera conformidad sobre los hechos,
se practiquen seguidamente las pruebas con el resultado
de las que sean admitidas.
Y bueno, en materia de pruebas, diligencias finales y presunciones,
será de aplicación a los juicios verbales
lo que ya hemos visto respecto del proceso ordinario.
En este momento queda concluida la vista.
Diez días después se dicta sentencia.
Muchas gracias.