Programa 15.
Ejecución singular.
Ejecución dineraria de cosa mueble e inmueble.
Ejecución no dineraria de hacer, de no hacer,
de entregar una cosa distinta a dinero.
Comenzamos.
La ley establece tres modalidades de realización de los bienes
embargados al objeto de procurar la satisfacción del ejecutante.
La realización directa, que no precisa conversión,
ni siquiera pena sustanciación alguna por tratarse directamente
de la entrega de dinero,
un dinero que habrá de ser entregado sin mayor dificultad al ejecutado.
La segunda y la tercera ya precisan la realización.
La realización es la conversión en dinero de ciertos bienes
para proceder al pago de una deuda.
La segunda se refiere a la realización de títulos valores
y la tercera a la de otros bienes.
La primera modalidad es la de entrega directa.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia,
responsable de la ejecución,
entregará directamente al ejecutante, por su valor nominal,
los bienes embargados,
que serán, primero, dinero efectivo, segundo, saldos de cuentas corrientes
y de otras de inmediata disposición, tercero, divisas convertibles,
previa conversión en su caso, Cuarto, cualquier otro bien
cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado
o que, aunque sea inferior al acreedor,
acepte la entrega del bien por su valor nominal.
En la ejecución de sentencias
que condenen al pago de las cantidades
debidas por incumplimiento del contrato de venta
a plazos de bienes muebles, si el ejecutante lo solicita,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
le hará entrega inmediata de ese bien o bienes muebles
vendidos o financiados a plazos por el valor que resulte
de las tablas o índices referenciales de depreciación
que se hubieran establecido en el contrato.
La segunda modalidad es la realización de acciones,
participaciones, obligaciones o valores.
Si están admitidas a negociación en mercado secundario de valores,
se regirán por las normas de ese mercado.
Si no cotizan en bolsa,
la realización se regirá por las disposiciones estatutarias
y legales sobre enajenación de las acciones o participaciones,
en especial a los derechos de adquisición preferente
y en su defecto a través de una subasta judicial.
La tercera modalidad, otros bienes o derechos.
Los bienes o derechos no comprendidos en las modalidades anteriores
se realizarán en la forma convenida entre las partes interesadas
y aprobada por letrado o letrada
la Administración de Justicia encargado de la ejecución,
con arreglo a lo previsto en la Ley de Enjuciamiento Civil.
A falta de convenio de realización, la enajenación de los bienes
embargados se llevará a cabo mediante subasta judicial,
que se estudiará en este programa.
La última modalidad de realización de bienes y derechos
es la administración para el pago,
consistente en la satisfacción progresiva y periódica
de la deuda mediante el rendimiento, rentas, frutos e intereses
de los bienes embargados.
Bien, pasamos a la primera fase de realización o traslación a dinero
de los bienes embargados.
Primero habrá que valorar esos bienes.
Para valorar los bienes, el letrado de la Administración de Justicia
encargado de la ejecución designará un perito tasador
que corresponda de entre los que preste el servicio
en la Administración de Justicia.
La actuación del perito designado e intervención de las partes
y de los acreedores posteriores en la tasación responde
a las siguientes características.
Primero, este perito entregará la valoración de los bienes
embargados simultáneamente al tribunal
y a las partes personadas en el plazo de ocho días
a contar desde la aceptación del encargo.
Inmediatamente después, la tasación de bienes y derechos
se hará por valor de mercado.
Las partes y los acreedores podrán por su parte presentar alegaciones
a esa valoración, así como informes suscritos por el perito tasador
en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes
objeto de avalúo.
El letrado de la Administración de Justicia,
a la vista de estas alegaciones formuladas
y apreciando todos los informes conforme a las normas,
a las reglas de la sana crítica,
ya determinará mediante decreto la valoración definitiva
a efectos de ejecución.
La segunda posibilidad, la segunda fase posible,
es el pacto o convenio de realización aprobado por letrado o letrada
de la Administración de Justicia.
Y es que tras la valoración de los bienes,
que resulta precisa en todo caso, la primera de las opciones
estipuladas para su realización o conversión a dinero,
y acaso la mejor, será la adopción de un pacto
o de un convenio de realización.
Si bien para ello resulta precisa la voluntad favorable,
concordante de todas las partes, lo que no siempre es fácil
de conseguir.
El ejecutante, el ejecutado
y quien acredite interés directo en la ejecución podrán convenir
el modo de realización más eficaz de los bienes hipotecados,
pignorados o embargados
frente a los que se dirige esta ejecución,
incluida la realización por persona o entidad especializada.
Si llegasen a un acuerdo entre el ejecutante
y ejecutado que no pueda causar perjuicio a terceros
cuyos derechos proteja la ley,
entonces lo aprobará el letrado de la Administración de Justicia
mediante decreto
y suspenderá la ejecución respecto del bien o bienes
objeto de acuerdo.
La tercera fase es la subasta de bienes muebles.
La subasta tiene por objeto la venta de uno o varios lotes de bienes
según lo que resulte más conveniente para el buen fin de la ejecución.
La formación de lotes corresponde al letrado
de la Administración de Justicia previa audiencia de las partes.
A este efecto, antes de anunciar la subasta,
se emplazará a las partes por cinco días
para que aleguen lo que tengan por conveniente
sobre la formación de estos lotes para la subasta.
Tras la valoración de los bienes
y una vez fijado el justiprecio de los bienes muebles embargados,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
mediante decreto acordará la convocatoria de la subasta.
El Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado permite
a los usuarios registrados suscribirse
a alertas por correo electrónico para conocer el momento de inicio
de la subasta.
La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica
en el Portal de Subastas bajo la responsabilidad
de los letrados o letradas de la Administración de Justicia.
Los requisitos de los licitadores para pujar son los siguientes.
Primero deben identificarse de forma suficiente,
indicando si actúan en nombre propio
o de terceros, total o parcialmente.
Si actúan en representación de varios,
informarán a su vez sobre el porcentaje de adjudicación
que corresponda a cada uno.
Deberán declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.
Y además deberán estar en posesión de la correspondiente acreditación
para lo cual será necesario haber consignado el 10%
del valor de los bienes o un mínimo de 1.000 euros
si el importe que resulta de la aplicación de ese porcentaje
fuese inferior.
El ejecutante podrá tomar parte en la subasta.
Aunque no existan otros licitadores,
sin necesidad de consignar cantidad alguna.
Finalizada la subasta, no podrá mejorar el precio final
obtenido por el mejor postor.
Si no hubiera habido pujas, tampoco podrá solicitar
automáticamente la adjudicación de los bienes.
El ejecutante y los acreedores posteriores
participan en la subasta con derecho a ceder el remate a un tercero,
sin necesidad de manifestación expresa.
A este efecto, se presentará escrito por el cedente y cesionario
al que se adjuntarán los documentos que permiten acreditar la identidad,
las facultades y representación de los firmantes,
si no constarán ya en el expediente.
Si no efectuara el pago dentro del plazo de 10 días,
se declarará la quiebra de la subasta
y se descontará del crédito del ejecutante
el importe equivalente al depósito exigido a los demás postores
para participar en esa subasta,
corriendo a su cargo los gastos de celebración de una nueva subasta.
Vamos ahora a ver las reglas básicas de la subasta electrónica.
La primera es que tendrá lugar en el portal dependiente
de la Agencia Estatal del Boletín
Oficial del Estado para la celebración electrónica
de subastas a cuyo sistema de gestión tendrán acceso
todas las oficinas judiciales.
Segundo, la subasta se abrirá transcurridos al menos 24 horas
desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado
cuando haya sido remitida al portal de subastas
la información necesaria para el comienzo de la misma.
Tercero, una vez abierta la subasta,
solamente se podrán realizar pujas electrónicas,
con sujeción además a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en cuanto a tipos de subasta, consignaciones y demás reglas
que sean aplicables.
Cuarto, para poder participar en la subasta electrónica,
los interesados deberán estar dados de alta como usuarios
del sistema, accediendo al mismo mediante sistemas seguros
de identificación y firma electrónica.
Quinto, el ejecutante ejecutado o tercer poseedor,
si lo hubiere, podrán, bajo su responsabilidad
y en todo caso a través de la oficina judicial
entre la que se siga el procedimiento,
enviar al portal de subastas toda la información
de la que dispongan sobre el bien objeto de licitación.
También podrá hacerlo el letrado de la Administración de Justicia
por su propia iniciativa, si lo considera oportuno.
Sexto, las pujas se enviarán telemáticamente
a través de este sistema seguro
de comunicación al portal de subastas.
En el caso de que existan posturas por el mismo importe,
se preferirá siempre la anterior en el tiempo.
Durante el periodo de celebración de la subasta,
el portal no informará de la existencia
o inexistencia de pujas ni de su cuantía.
Las pujas tendrán el carácter secreto.
Al finalizar la subasta,
el portal sólo publicará el importe del mejor precio ofrecido
o que la subasta, en su caso,
ha concluido sin postores.
Respecto del desarrollo y terminación de la subasta,
cabe afirmar lo siguiente.
Primero, la subasta admitirá posturas que tendrán,
como he dicho, el carácter de secreto durante un plazo improrrogable
de 20 días naturales desde su apertura.
En el caso de que el letrado de la Administración de Justicia
tenga conocimiento de la declaración de concurso del deudor,
suspenderá mediante decreto la ejecución
y procederá a dejar sin efecto la subasta,
aunque ésta se hubiera iniciado.
Esta circunstancia habrá de comunicarse inmediatamente
al portal de subastas.
En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo,
el portal de subastas remitirá al letrado o letrada
de la Administración de Justicia
la información certificada de la postura telemática
que hubiere resultado vencedora, con el nombre,
con los apellidos y la dirección electrónica de ese licitador.
En el caso de que el mejor licitador no completara el precio ofrecido,
a solicitud de letrado o letrada a la Administración de Justicia,
el portal de subastas le remitirá información certificada
sobre el importe de la siguiente puja por orden decreciente
y la identidad del postor que la realizó,
siempre que ésta hubiera optado por la reserva de postura
a que cumpla las condiciones legalmente exigidas
a las que después me referiré.
Terminada la subasta y recibida la información,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dejará constancia de su resultado en el expediente,
expresando el nombre del mejor postor y la postura que formuló.
Si la mejor postura cumpliese con los requisitos necesarios
para la adjudicación del bien o del lote,
dictará inmediatamente un decreto con la aprobación del remate.
Respecto a la aprobación del remate,
existen algunas posibilidades.
La primera es la aprobación del remate en favor del mejor postor
cuando su postura sea igual o superior
al 50% del valor de la subasta,
en cuyo caso se procederá a consignar el importe en 10 días.
La segunda posibilidad,
la aprobación del remate en favor del ejecutante como mejor postor
cuando su postura sea igual o superior al 50% del avalúo
y en ese caso éste, el ejecutante, procederá a consignar la diferencia,
si lo hubiere, entre la deuda y el importe asumido con su postura.
La tercera posibilidad es la presentación
de posturas inferiores al 50% que darán lugar.
Algunas variables.
Primera variable de la presentación de posturas inferior al 50%.
Presentación por el ejecutado de un tercero que mejore la postura
ofreciendo cantidad superior al 50% del valor de tasación
o que aun siendo inferior a dicho importe resulte suficiente
para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante.
Segunda variable, aprobación del remate en favor del mejor postor,
siempre que la cantidad que se haya ofrecido supera ahora el 30%
del valor de tasación o siendo inferior cubra
al menos la cantidad por la que se haya despachado la ejecución,
incluyendo la previsión de intereses y costas.
Tercera variable, aprobación del remate conforme a la resolución
del letrado de la Administración de Justicia
a la vista de las circunstancias de cada caso.
La cuarta posibilidad, me refiero ahora
no a las tres variables respecto a la posibilidad
de presentación de posturas inferiores al 50%,
sino a las posibilidades prosiguiendo con las anteriores.
La cuarta posibilidad es la mejora de postura por el propio
ejecutado.
Si por la cuantía de la puja el ejecutado pudiera ejercitar
la facultad de mejorar la postura,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia,
transcurrido el plazo indicado, realizará la preceptiva notificación
a quien hubiera resultado el mejor postor,
informándole, en su caso,
que la persona presentada por el ejecutado
ha mejorado el precio ofrecido en la subasta
y que se ordena la inmediata devolución del depósito
efectuado para participar en ella.
Quinta posibilidad.
La aprobación del remate y requerimiento de pago
al mejor postor.
Si no hubiera habido mejora
o esta finalmente no se hubiera llevado a efecto,
aprobado el remate se requerirá al mejor postor para que
en el plazo de 10 días efectúe el pago del resto del precio
que ofreció descontando el depósito.
Verificado el ingreso, se le pondrá en posesión del lote
subastado y se dictará el decreto de adjudicación.
Si no se realiza el pago, perderá su depósito,
que se aplicará a los fines de la ejecución.
En cualquier momento anterior a la aprobación del remate
o de la adjudicación al ejecutante,
podrá el ejecutado liberar sus bienes pagando íntegramente
lo que le deba al ejecutante por concepto de principal
más intereses más costas.
La sexta posibilidad es la de las subastas impostores.
Si en el acto de la subasta no hubiese ningún postor,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
procederá al alzamiento del embargo a instancia
del ejecutado.
Se puede producir la quiebra de la subasta.
La aprobación del remate tan solo resulta exitosa
cuando se cumple fiel e íntegramente su contenido,
produciéndose en otro caso una quiebra de la subasta
y ello daría lugar a la celebración de una nueva subasta.
Pero también se puede producir el pago del ejecutante.
Una vez efectuado el pago por parte del ejecutante,
por la cantidad que se hubiera despachado en la ejecución,
se pondrá en posesión de los bienes al rematante
y se reajustará felizmente el destino del remanente.
Con esto pasamos a la subasta de los bienes inmuebles.
La regulación general de la subasta de bienes muebles
será de aplicación general y subsidiaria
respecto de la de bienes inmuebles,
salvo las especialidades legalmente previstas
a las que precisamente ahora me voy a referir.
Hay cuatro fases.
Primero, la averiguación de la situación jurídica
de estos bienes.
Segundo, el anuncio de la subasta.
Tercero, la celebración.
Y por fin, el pago.
Las especialidades son las siguientes.
El letrado
de la Administración de Justicia responsable de la ejecución
librará mandamiento al registrador a cuyo cargo se encuentre el registro
de que se trate para que remita al tribunal certificación
en la que consten los siguientes extremos.
Primero, la titularidad del dominio
y demás derechos reales del bien o derecho grabado.
Segundo, los derechos de cualquier naturaleza que existan
sobre el bien registrable embargado,
en especial la relación completa de las cargas inscritas que lo graban
o, en su caso, que se haya libre de cargas.
Si de la certificación que pide el registrador resulta
que el bien embargado se encuentra inscrito
a nombre distinto de la persona que se pretende ejecutar,
es decir, a nombre distinto del potencial ejecutado,
entonces el letrado de la Administración de Justicia,
oídas las partes personadas, ordenará alzar el embargo.
Al menos.
A menos que el procedimiento se siga contra el ejecutado
en concepto de heredero de quien apareciera como dueño en el registro
o que el embargo se hubiera trabado teniendo en cuenta tal concepto.
Ello no obstante, si la inscripción del dominio
a nombre de persona distinta
del ejecutado fuese posterior a la anotación del embargo,
se mantendrá este.
Bien, la subasta se anunciará y publicará con arreglo
a lo previsto para el anuncio de subasta de bienes muebles.
El portal de subasta se comunicará a través de los sistemas
del Colegio de Registradores con el registro correspondiente
a fin de que éste confeccione y expida una información registral
electrónica referida a esa finca o fincas subastadas
que se mantendrá permanentemente actualizada hasta el término
de la subasta y será servida a través del portal de subastas.
Para tomar parte en la subasta, los postores deben previamente
consignar una cantidad equivalente al 20% del valor que se haya dado
a los bienes o un mínimo de 1.000 euros
si el importe que resulta de la aplicación de ese porcentaje
fuese inferior.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia
está facultado para elevar o reducir ese porcentaje,
el porcentaje de este depósito,
considerando las circunstancias específicas de esa subasta.
Las fases de esta subasta de inmuebles son las siguientes.
Primera posibilidad, aprobación del remate en favor del mejor postor
cuando su postura sea igual o superior
al 70% del valor de salida.
Segunda posibilidad, aprobación del remate y liquidación
en favor del ejecutante cuando éste fuera a su vez
el mejor postor y su postura fuera igual o superior
al 70% del valor de salida.
Tercera posibilidad, presentación de posturas inferiores al 70%,
lo que daría lugar a las siguientes variables.
Primera variable, presentación por el ejecutado
de tercero que mejore la postura ofreciendo una cantidad superior
a ese 70% del valor de tasación
o que aún inferior a ese importe resulte suficiente
para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante.
Segunda variable, aprobación del remate en favor del mejor postor,
siempre que la cantidad que se haya ofrecido supere ahora el 50%
del valor de tasación o no siendo inferior al 40%
del valor de la subasta,
cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado
la ejecución, incluyendo la previsión de intereses y costas.
Tercera variable, aprobación por letrado
de la Administración de Justicia al remate a la vista
de las circunstancias de cada caso concreto.
Retomando las posibilidades y puesto
que estábamos en la tercera vamos a la cuarta,
tratándose de la vivienda habitual del deudor hay una especialidad.
Aprobación del remate
de la vivienda habitual del deudor por el 70% del valor de la subasta
o por la cantidad que se le deba por otros conceptos
si fuese inferior a ese porcentaje con un mínimo del 60% del valor
de su subasta.
Quinta posibilidad, la mejora de postura
por el ejecutado.
Si por la cuantía de la puja el ejecutado pudiera ejercitar
la facultad de mejorar la postura,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
realizará la preceptiva notificación a quien hubiera resultado
ser el mejor postor.
Realizará una notificación a esta persona en su caso
para que la persona presentada por el ejecutado que ha mejorado
ese precio ofrecido en la subasta y que se le ordene
la inmediata devolución en este caso del depósito
efectuado para participar en ella al que era el mejor postor
puesto que la persona ofrecida por el ejecutadolo ha mejorado.
En cualquier caso, en cualquier momento anterior
a la aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor,
el deudor podrá liberar sus bienes pagando íntegramente
lo que se deba al ejecutante en concepto de principal,
intereses y costas.
La sexta posibilidad es la aprobación del remate
y requerimiento de pago al mejor postor.
Y la séptima y última, la subasta sin ningún postor.
En ese caso,
si en la subasta no hubiera habido ningún postor, el letrado
de la Administración de Justicia, a instancia del ejecutado,
procederá al levantamiento del embargo.
Al término, nos queda el pago y la entrega de los bienes.
El testimonio expedido por el letrado de la Administración de Justicia,
del decreto de adjudicación, comprensivo de la resolución
de aprobación del remate de la adjudicación al acreedor,
o de la transmisión por convenio de la realización
o por persona o entidad especializada en el que se exprese en su caso
que se ha consignado el precio,
así como las demás circunstancias necesarias
para la inscripción con arreglo a nuestra legislación hipotecaria,
será al fin un título suficiente para la inscripción en el registro
de la propiedad.
Y pasamos a la administración para el pago.
Es la última modalidad de la realización de bienes
y derechos.
La administración para pago consiste básicamente
en la satisfacción progresiva y periódica
de la deuda mediante el rendimiento, rentas, frutos,
intereses de los bienes embargados.
El ejecutante en cualquier momento podrá pedir del letrado
de la Administración de Justicia responsable de esa ejecución
que entregue en administración toda o parte de los bienes
embargados para aplicar sus rendimientos precisamente al pago
de ese principal intereses y costas de la ejecución.
Si el ejecutante decidiera
que la administración fuera realizada por terceras personas,
el letrado de la Administración de Justicia
fijará mediante decreto y a costa del ejecutado su retribución.
Respecto de la forma de la administración para pago,
ésta se atendrá a lo que pactaren ejecutante
y ejecutado.
En ausencia de pacto se entenderá que los bienes
han de ser administrados conforme a las costumbres
de cada país.
La administración para pago,
como mecanismo de realización de bienes embargados,
llega a su término natural o desenlace
cuando cumple perfecta e íntegramente la finalidad propuesta,
que es la plena satisfacción del ejecutante.
Si el ejecutante no logra la satisfacción de su derecho
mediante la Administración,
podrá pedir que el letrado de la Administración de Justicia
encargado de esa ejecución le ponga término
y que previa rendición de cuentas proceda
a la realización forzosa por otros medios.
La tercería de mejor derecho consiste en lo siguiente.
Quien afirma que le corresponda un derecho a que su crédito
sea satisfecho con anterioridad al del acreedor ejecutante,
podrá interponer demanda de tercería de mejor derecho a la cabra
de acompañar,
eso sí, un principio de prueba del crédito que afirma preferente.
El procedimiento adecuado es el juicio verbal con especialidades,
y las especialidades son las siguientes.
En ningún caso se permitirá segunda o tercería
de mejor derecho que se funden títulos o derechos
que poseyera el que interponga al tiempo de formular la primera.
Segunda, se dirigirá siempre frente al acreedor ejecutante.
Tercera, el ejecutado podrá intervenir
en el procedimiento de tercería con plenitud de derechos procesales
y habrá de ser demandado cuando el crédito cuya preferencia
alegue el tercerista no conste en un título ejecutivo.
Aun cuando no fuere demandado se notificará en todo caso
al ejecutado la admisión a trámite de la demanda
a fin de que pueda realizar la intervención que a su derecho
convenga.
Y la sentencia que en su día se dicte en esta tercería de mejor derecho
resolverá sobre la existencia del privilegio
y el orden de los créditos que deben ser satisfechos en la ejecución
en que aquella sentencia recaiga,
pero eso sí, sin prejuzgar otras acciones que a cada uno
pudieran corresponder, especialmente las de enriquecimiento.
Y con esto pasamos por fin a la ejecución no dineraria,
de hacer, de no hacer y de entregar una cosa distinta a dinero.
La ejecución específica o no dineraria
es aquella que se contrae a la realización de un hacer,
no hacer o entregar una cosa distinta a dinero,
por contraste a las genéricas o dinerarias que tienen por objeto
la entrega a la creador de una cantidad de dinero
para resarcirlo de la deuda.
Bien, como dice la Constitución en su artículo 118,
es obligado cumplir las sentencias
y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales,
así como prestar la colaboración requerida por éstos
en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Las sentencias, nos dice la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se ejecutarán en sus propios términos.
Ahora bien.
Si la ejecución resulta imposible,
el juez o tribunal ha de adoptar las medidas necesarias
que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria y fijar,
en todo caso, la indemnización que sea procedente en la parte
en que aquella no pueda ser objeto de cumplimiento pleno.
La ley de juiciamiento civil, por su parte,
nos explica que si el requerimiento para hacer,
no hacer o entregar cosa distinta a una cantidad de dinero
no pudiera tener inmediato cumplimiento,
entonces el letrado de la Administración de Justicia,
a instancia del ejecutante, podrá acordar medidas de garantía
que resulten adecuadas para asegurar la efectividad de la condena.
Se acordará en todo caso cuando el ejecutante
lo solicite el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente
para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones
sustitutorias y las costas de la ejecución el embargo se alzará
si el ejecutado presta caución en cuantía suficiente
fijada por letrado de la administración de justicia
al acordar el embargo comenzamos con la ejecución
no dineraria de hacer.
Puede ser de un hacer personalísimo o no personalísimo.
Las ejecuciones de hacer, como su nombre indica,
se refieren al cumplimiento forzoso, obligado, de una actividad física
de acción, una compulsión, esto es, es una acción positiva
que viene impuesta por una resolución judicial.
Si el título ejecutivo obliga a hacer alguna cosa,
el tribunal requerirá al deudor para que la haga dentro de un plazo,
que fijará según la naturaleza del hacer
y las circunstancias que concurran.
A petición del ejecutante y a su costa,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia,
podrá delegar en el profesional de la procura de aquel
la práctica de este requerimiento.
Hay varios tipos de obligaciones de hacer prácticas.
Que se traducen en la realización forzosa,
como digo, de una actividad positiva,
proactiva e impuesta por la resolución judicial.
Cabe distinguir, las obligaciones
de hacer personalísimo se refieren a aquellas que tan solo
pueden ser acometidas de manera exclusiva y excluyente
por una persona concreta y determinada
sin que sea de ningún modo posible
sustituirla o suplantarla.
Las obligaciones de hacer
no personalísimo se refieren, sin embargo,
a esas actividades o actuaciones que, sin embargo,
pueden ser realizados por cualquiera.
Dentro de las obligaciones de hacer personalísimo,
cuando el título ejecutivo se refiera a una de ellas,
el ejecutado podrá manifestar al tribunal,
dentro del plazo que se le haya concedido,
los motivos por los que se niega a hacer lo que el título dispone
y alegar lo que tenga por conveniente sobre ese carácter personalísimo
o no personalísimo de la prestación debida.
Transcurrido ese plazo
sin que el ejecutado haya realizado la prestación,
el ejecutante podrá optar entre pedir que la ejecución siga adelante
para entregar a aquel un equivalente pecuniario a esa prestación de hacer
o bien solicitar que se apremie al ejecutado con una multa
por cada mes que transcurra sin llevar a cabo esa acción
desde la finalización del plazo.
El tribunal resolverá mediante auto lo que proceda,
acceder a lo solicitado por el ejecutante
cuando estime que la prestación que sea objeto
de la condena tiene las especiales cualidades
que caracterizan este hacer personalísimo,
o bien ordenar la prosecución de la ejecución.
Si acuerda seguir adelante la ejecución para obtener
el equivalente pecuniario de la prestación debida,
en la misma resolución se impondrá al ejecutado una única multa.
Respecto del plazo,
cuando se acuerda a premiar el ejecutado con multas mensuales,
se reiterarán trimestralmente por letrado
a la Administración de Justicia responsable de la ejecución
los requerimientos
hasta que se cumpla un año desde el primero.
Si al cabo de ese año el ejecutado continúa rehusando hacer
lo que dispone el título, proseguirá la ejecución para entregar
al ejecutante un equivalente pecuniario
de la prestación o para la adopción de cualesquiera
otras medidas que resulten idóneas para la satisfacción del ejecutante
y que, a petición de éste y oído el ejecutado,
pueda llegar a acordar el tribunal.
A petición del ejecutante y a su costa,
el letrado o letrado de la Administración de.
Podrá acordar la práctica de los requerimientos
que se realizarán a través del profesional de la procura
de ese concreto caso.
Respecto de las obligaciones de hacer no personalísimo,
cuando el hacer que obligue a que obligue el título ejecutivo
sea en efecto no personalísimo,
si el ejecutado no lo lleva a cabo en el plazo señalado,
el letrado de la Administración de Justicia,
el ejecutante podrá pedir que se le faculte para encargarlo
a un tercero.
A costa del ejecutado
o bien reclamar el resarcimiento por daños y perjuicios.
Sin embargo,
cuando el título contenga una disposición expresa
para el caso del incumplimiento del deudor,
se estará dispuesto a ese título sin que el ejecutante ya pueda optar
entre la realización por tercero o resarcimiento.
Si el ejecutante opta por encargar ese hacer a un tercero,
se valorará previamente el coste de dicho hacer por un perito
designado al efecto por letrado de la Administración de Justicia.
Y si el ejecutado no deposita
la cantidad que esté a prueba mediante decreto,
susceptible de recurso de revisión sin efecto suspensivo
ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución,
o no afianza el pago,
se procederá de inmediato al embargo de bienes y a su realización forzosa
hasta obtener la suma que sea necesaria.
Respecto a la obligación de emitir una voluntad.
Debemos señalar lo siguiente.
Cuando una resolución judicial o arbitral firme
condene a emitir una declaración de voluntad,
transcurrido el plazo de 20 días sin que esa declaración de voluntad
se hubiese emitido por parte del ejecutado,
el tribunal competente por medio de auto
resolverá tener por emitida esa declaración de voluntad
si estuvieran predeterminados los elementos esenciales
del negocio.
Emitida esta declaración, el ejecutante podrá pedir
que el letrado de administración de justicia responsable
de la ejecución libre con testimonio del auto,
mandamiento, anotación, inscripción, el registro o registros
que correspondan según el contenido y objeto
de la declaración de voluntad.
En los casos en los que no estuviesen predeterminados algunos elementos
no esenciales del negocio o contrato sobre el que debe recaer
esa declaración de voluntad, el tribunal,
oídas las partes, lo determinará la propia resolución
en que tenga por emitida la declaración,
conforme a lo que sea usual en el mercado
o en el tráfico jurídico.
La obligación de publicar una sentencia en medios
de comunicación responde a la siguiente especialidad.
Cuando la sentencia ordena la publicación o difusión total
o parcial de su contenido en medios de comunicación a costa
de la parte vencida en el proceso,
podrá despacharse la ejecución para obtener la efectividad
de este pronunciamiento, requiriéndose por letrado
de la Administración de Justicia al ejecutado
para que contrate los anuncios que sean procedentes.
A petición del ejecutante y a su costa,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
podrá delegar la práctica de este requerimiento
también en un profesional de la procura.
Y vamos a la ejecución dineraria de no hacer.
Si el condenado a no hacer alguna cosa
quebrantase su sentencia,
se le requerirá a instancia del ejecutante por parte del letrado
de la Administración de Justicia responsable de la ejecución
para que deshaga lo mal hecho, si fuera posible,
indemnice por los daños y perjuicios causados o, en su caso,
se abstenga de reiterar en el futuro el quebrantamiento con apercibimiento
de incurrir incluso en el delito de desobediencia
a la autoridad judicial.
Se procederá de esta forma
cuantas veces se incumpla la condena.
Y para que deshaga lo mal hecho, se le intimará por letrado
de la Administración de Justicia con la imposición de multas
por cada mes que transcurra sin hacerlo.
A petición del ejecutante y a su costa,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
podrá acordar que estas resoluciones sean notificadas
por la persona profesional de la Procura.
Si atendida la naturaleza del no hacer,
su incumplimiento no fuera susceptible de reiteración
y tampoco fuera posible deshacerlo mal hecho,
entonces la ejecución procederá a resarcir al ejecutante
por los daños y perjuicios que se le hubiesen ocasionado.
Y vamos para terminar con la ejecución no dineraria
consistente en la entrega de cosa distinta a dinero.
La ley distingue tres modalidades, la entrega de cosa mueble
determinada, la entrega de cosa mueble
indeterminada y la entrega de bienes inmuebles.
Respecto de la entrega de cosa mueble determinada,
cuando del título ejecutivo
se desprenda el deber de entregar cosas muebles ciertas y determinadas
y el ejecutado no lleva a cabo esa entrega dentro del plazo
que se le ha concedido, el letrado de la Administración de Justicia
responsable de la ejecución pondrá al ejecutante en posesión de esa cosa
debida empleando para ello todos los apremios
que considere precisos.
Si fuera necesario proceder a la entrada en lugares cerrados,
incluso recabará la autorización del tribunal que hubiera autorizado
la ejecución, pudiéndose incluso auxiliar
de la fuerza pública si es necesario.
Cuando no pudiendo, será habida la cosa,
encontrada la cosa en ese sitio,
ordenará el tribunal mediante providencia e instancia
del ejecutado que se le haga entrega de la cosa o cosas debidas,
podrá ser sustituida por una justa compensación
pecuniaria.
La entrega de cosas muebles indeterminadas.
Cuando el título ejecutivo se refiere a la entrega de estas cosas genéricas
indeterminadas que puedan ser adquiridas en el mercado
y que pasado el plazo no se hubiese cumplido el requerimiento,
pues el ejecutante podrá instar al letrado
de la Administración de Justicia que le ponga en posesión
de las cosas debidas o que se faculte.
Para que las adquiera a costa del ejecutado, ordenando al mismo tiempo
el embargo de bienes suficientes para pagar la adquisición
de la que el ejecutante dará cuenta justificada.
Respecto de la entrega de bienes inmuebles,
debemos detenernos en lo siguiente para terminar.
Cuando el título disponga la transmisión
o entrega de un bien inmueble,
una vez dictado el auto autorizando o despachando la ejecución,
el letrado de la Administración de Justicia
responsable de la misma ordenará de inmediato
lo que proceda según el contenido de la condena y, en su caso,
dispondrá a lo necesario para adecuar el registro al título ejecutivo.
Pero caben las siguientes posibilidades
de entrega de bienes inmuebles.
Primero,
cuando el inmueble cuya posición se deba entregar fuera
la vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan.
El letrado de la Administración de Justicia
le dará un plazo de un mes para desalojarlo.
De existir motivo fundado,
ese plazo de un mes podrá prorrogarse por otro mes más.
Transcurridos estos plazos,
se procederá de inmediato al lanzamiento,
fijándose día y hora exacta de éste, tanto en la resolución inicial
como en la que acuerde la prórroga o en cualquier resolución ulterior
que acuerde el lanzamiento,
aunque se haya intentado practicar con anterioridad.
Y en segundo lugar, si el inmueble a cuya entrega obliga
el título ejecutivo estuviera ocupado por terceras personas distintas
del ejecutado y de quienes con él compartan la utilización de aquel.
Entonces, el letrado
de la Administración de Justicia responsable de la ejecución,
tan pronto como conozca la existencia de esta circunstancia,
les notificará al despacho de la ejecución
o la pendencia de esta para que en el plazo de 10 días
presenten los títulos que justifican esa situación.
El ejecutante podrá pedir al Tribunal el lanzamiento
de quienes considere ocupantes por de mero hecho
y sin título alguno suficiente.
Muchas gracias.