Programa 14.
Ejecutivo, monitorio y cambiario.
Quiero destacar desde el inicio, para despejar esta confusión,
que el ejecutivo y el cambiario carecen de cosa juzgada.
Sin embargo, el monitorio sí tiene cosa juzgada.
Comenzamos.
El juicio ejecutivo.
La acción ejecutiva deberá fundarse siempre
en un título que lleve aparejada a ejecución.
Los títulos ejecutivos están integrados en el artículo 517
de la ley y son los siguientes.
La sentencia de condena firme, los laudos ejecutivos,
o resoluciones arbitrales, los acuerdos de mediación
debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública
así como los acuerdos alcanzados por cualesquiera de las partes
en cualquier otro medio adecuado de resolución
de controversias que igualmente para ser título ejecutivo
debieron haber sido elevados a escritura pública.
Las resoluciones judiciales que aprueban
u homologan transacciones judiciales o acuerdos logrados en el proceso,
la copia de la escritura matriz que el interesado solicita
que se expida con este carácter, el testimonio expedido
por el notario del original de la póliza
debidamente conservada en su libro registro o la copia autorizada
de la misma, los títulos al portador o nominativos
legítimamente emitidos que representen obligaciones vencidas,
los cupones también vencidos de dichos títulos,
los certificados no caducados expedidos por las entidades
encargadas de los registros contables respecto de los valores representados
mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere
la ley del mercado de valores el auto que establezca la cantidad máxima
reclamable en concepto de indemnización.
Dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos penales
incoados por hechos cubiertos por seguro obligatorio
de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos
de motor y las demás resoluciones procesales y documentos
que por disposición de la ley de enjuiciamiento civil
o de cualquier otra ley lleven aparejada ejecución.
Bien, la acción ejecutiva fundada en sentencia,
ahora la exclusivamente fundada en sentencia en resolución
del tribunal o del letrado de la Administración de Justicia
que apruebe una transacción judicial
o un acuerdo alcanzado en el proceso,
también en resolución arbitral o un acuerdo de mediación, caducará,
si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva,
dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia
o de la resolución.
La acción ejecutiva
dictada en títulos que no son judiciales ni arbitrales responde,
sin embargo, al siguiente plazo.
Cuando se trata de títulos ejecutivos no judiciales ni arbitrales,
solo podrá despacharse ejecución por cantidad determinada
que exceda de 300 euros en dinero efectivo,
en moneda extranjera convertible,
siempre que la obligación de pago en la misma esté autorizada
y resulte permitida legalmente en cosa o especie computable
en dinero.
La competencia es la siguiente.
Si el título ejecutivo consiste en resoluciones judiciales,
resoluciones dictadas por los letrados
de la Administración de Justicia
a las que la ley reconoce el carácter de título ejecutivo
y las transacciones y acuerdos judicialmente homologados
o aprobados, será competente para dictar
el auto que contenga la orden general de ejecución.
Y despacho de la misma
el tribunal que conoció del asunto en primera instancia
o en el que se homologó o aprobó precisamente esa transacción
o ese acuerdo.
Cuando el título sea un laudo arbitral
o un acuerdo de mediación, será competente para denegar
o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho
el tribunal de instancia del lugar en el que se haya dictado el laudo
o se hubiere firmado el acuerdo de mediación o de cualesquiera fruto
de cualesquiera otros medios de resolución de controversias.
Para la ejecución fundada en títulos distintos
de los expresados anteriormente será competente el tribunal
de instancia del lugar que corresponda con arreglo
a lo dispuesto en las normas generales sobre la competencia.
La ejecución podrá instarse también a petición a elección del demandante
ante el tribunal de instancia del lugar de cumplimiento
de la obligación según el título o ante el de cualquier lugar
en el que se encuentren los bienes del ejecutado que puedan
ser embargados.
Si hubiere varios ejecutados,
será competente el tribunal que lo sea respecto de cualquier
ejecutado a elección del ejecutante.
Los documentos que han de acompañar a la demanda ejecutiva
son los siguientes.
Primero, el título ejecutivo.
Salvo que la ejecución se funde en sentencia,
decreto, acuerdo o transacción que ya consten los autos.
Cuando el título sea un laudo,
se acompañarán además el convenio arbitral
y los documentos acreditativos de la notificación de aquel
a las partes.
Cuando el título ejecutivo sea un acuerdo de mediación
o de cualesquiera otros medios adecuados de resolución
de controversias en vía extrajudicial,
elevado a escritura pública,
deberá acompañarse la copia de las actas
de la sesión constitutiva y la final del procedimiento.
La certificación del registro electrónico de apoderamiento judicial
o referencia al número asignado por derecho escrito,
siempre que no conste ya las actuaciones,
cuando se pide la ejecución de sentencias,
transacciones o acuerdos aprobados judicialmente.
Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones
aplicados para el cómputo en dinero o de deudas no dinerarias
cuando se trate de datos oficiales o de público conocimiento.
Y los demás documentos que exija la ley para el despacho
de la ejecución.
También podrán acompañarse a la demanda ejecutiva
cuantos documentos considere el ejecutante
que sean útiles o convenientes
para el mejor desarrollo de la ejecución
o que contengan tantos de interés para despacharla.
El procedimiento es el siguiente.
Primero, presentada la demanda ejecutiva,
el tribunal, siempre que concurran los presupuestos
y requisitos procesales, verificará que el título ejecutivo
no adolece de ninguna irregularidad formal.
No considere abusivas las cláusulas además contenidas
en los títulos extrajudiciales
que sirven de fundamento a la ejecución
o que determinen la cantidad exigible y los actos de ejecución
que se soliciten verificará también
que sean conformes con la naturaleza y contenido del título en este caso
dictará auto conteniendo la orden general de ejecución
y el despacho de la misma.
El citado auto expresará, primero, la persona o personas
a cuyo favor se despacha la ejecución y la persona o personas
contra las que se despacha la ejecución.
Si la ejecución se despacha en forma mancomunada
o solidaria.
La cantidad, en su caso,
por la que se despacha la ejecución por todos los conceptos.
Las precisiones que resulte necesario realizar respecto de las partes
o del contenido de la ejecución.
Cuando la ejecución se fundamente en un contrato celebrado
entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario,
también incorporará las cláusulas que sirvan de fundamento
a la ejecución y que determinan la cantidad exigible
insertas en los títulos ejecutivos extrajudiciales,
verificando que no son abusivas.
En su caso, las actuaciones materiales propias del proceso
de ejecución que se delegan en el profesional de la procura
de la parte ejecutante a petición de la misma
y a su costa en los términos legalmente establecidos.
Pasamos con ello al decreto de ejecución.
Dictado el auto por el juez o por la jueza,
magistrado o magistrada, letrado o letrada
a la Administración de Justicia responsable de esa concreta
ejecución, en el mismo día o al día siguiente hábil
a aquel en el que hubiera sido dictado el auto
despachando la ejecución,
habrá de dictar un decreto con el siguiente contenido.
Primero, las medidas ejecutivas concretas
que resulten procedentes, incluido, si fuera posible,
el embargo de los bienes.
Las medidas de localización
y de adecuación de los bienes del ejecutado que procedan,
el contenido del requerimiento de pago
que debe hacerse al deudor en los casos
en que la ley establezca ese requerimiento
y si éste se efectúa por funcionario del cuerpo de auxilio judicial
o por procurador de la parte ejecutante, si lo viene solicitado.
Bien, pasamos con ello los recursos contra el auto autorizando
y despachando la ejecución.
No cabe recurso alguno sin perjuicio de la oposición
que puede formular el ejecutado.
Contra el decreto dictado por el letrado o letrada
de la Administración de Justicia
cabrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo,
ante el tribunal que hubiere dictado la orden general de la ejecución.
Pasamos a la autorización y despacho de la ejecución.
El auto que autoriza y despacha la ejecución,
así como el decreto que en su caso
hubiera dictado el letrado de la Administración de Justicia,
junto con la copia de la demanda ejecutiva,
serán notificados simultáneamente al ejecutado o, en su caso,
al procurador que le represente, sin citación ni emplazamiento,
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución,
entendiéndose con él, en su caso, las actuaciones posteriores.
Y pasamos a la posible acumulación de procesos de ejecución.
Y es que, a instancia de cualquiera de las partes o de oficio,
se acordará por el letrado de la Administración de Justicia
la acumulación de procesos de ejecución pendientes frente
al mismo acreedor ejecutante y al mismo deudor
ejecutado.
Los procesos de ejecución
que se sigan frente al mismo ejecutado podrán acumularse
a instancia también de cualquiera de los ejecutantes
si el letrado de la Administración de Justicia
competente en el proceso más antiguo lo considera así más conveniente
para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes.
La sustanciación y resolución de la oposición
por defectos procesales responde a las siguientes características.
El ejecutado podrá oponerse a la ejecución
alegando los defectos siguientes.
Primero, carecer el ejecutado del carácter o representación
con el que se le demanda.
Segundo, la falta de capacidad o de representación del ejecutante
o no acreditar el carácter o representación con que se demanda.
Tercero, la nulidad del despacho de la ejecución
por no contener la sentencia o el audo arbitral pronunciados,
pronunciamientos de condena,
o por no cumplir el documento presentado,
el audo, acuerdo de mediación, acuerdo cualquiera otros MASC,
pues los requisitos legalmente exigidos para llevar aparejada
la ejecución o por infracción al despacharse la ejecución.
Si el título ejecutivo fuese un laudo arbitral
no protocolizado notorialmente, la falta de autenticidad de éste.
Por tanto, por estas cuatro causas y sólo por estas causas,
podrá oponerse a la ejecución el futuro o hipotético ejecutado.
Cuando el defecto o falta no sea subsanable
o no se subsana dentro del plazo determinado,
se dicta auto, dejando sin efecto la ejecución
despachada con imposición de costas al ejecutante.
Si el Tribunal no aprecia la existencia de efectos procesales
a los que se limita la oposición,
dictará autodesestimándola y mandando seguir la oposición
adelante y además impondrá al ejecutado las costas
causadas como consecuencia de esta ejecución.
La oposición también puede fundarse en títulos no judiciales
ni arbitrales.
Cuando se despacha la ejecución,
por estos títulos no judiciales ni arbitrales,
el ejecutado sólo podrá oponerse a ella en el tiempo
y la forma prevista indicados anteriormente si se fundan
alguna de las siguientes causas.
Primero, en el pago,
que puede acreditar documentalmente.
Segundo, la compensación del crédito líquido
que resulte del documento que tenga fuerza ejecutiva.
6.
Transacción siempre que conste en el documento público.
7.
Que el título contenga cláusulas abusivas.
Si se formula oposición por alguna de estas causas,
el letrado de la Administración de Justicia,
mediante diligencia de ordenación, suspende el curso de la ejecución.
Ni en la oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales
o de los acuerdos de mediación responde a las siguientes
características.
Si el título ejecutivo fuese una resolución procesal
o arbitral de condena o un acuerdo de mediación,
el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto
en el que se despacha la ejecución, podrá oponerse a ella.
Alegando por escrito el pago o el cumplimiento de lo acordado
en la sentencia, en el laudo o en el acuerdo,
que también habrá de acreditar como es lógico documentalmente.
También podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva
y los pactos o transacciones
que se hubiesen convenido para evitar esa ejecución,
siempre que esos pactos o transacciones consten
en el documento público.
La oposición que se formule en los casos a los que me he referido
no suspenderá el curso de la ejecución.
Cuando la ejecución se haya despachado
en virtud del auto que establece la cantidad máxima reclamable
en concepto de indemnización,
dictado en los supuestos previstos en la ley en procesos penales,
incoados por hechos cubiertos por el seguro obligatorio
de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos
a motor, entonces, una vez iletrado en la Administración de Justicia
ha tenido por formulada la oposición a la ejecución,
en la misma resolución ordenará la suspensión de ésta.
Y esta oposición podrá fundarse en cualesquiera de las causas
previstas legalmente y en las que se expresen
a continuación, que son las siguientes.
Primero, la culpa exclusiva de la víctima.
Segunda, la fuerza mayor extraña a la conducción
o al funcionamiento del vehículo.
Tercera, la concurrencia de culpas.
Estas son las tres causas tasadas de oposición
al auto que establece una cantidad máxima reclamable,
como digo, en concepto de indemnización dictado
en los supuestos previstos en la ley en procesos penales
incoados por hechos cubiertos por el seguro obligatorio
de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos
a motor.
La sustanciación de la oposición por motivos de fondo.
El ejecutante podrá impugnar la oposición basada
en motivos de fondo en el plazo de cinco días,
contados desde que se le notifica la resolución sobre aquellos motivos
o desde el traslado de la oposición.
Las partes, en sus respectivos escritos
de oposición y de impugnación de esta,
podrán solicitar la celebración de una vista.
Que el tribunal acordará mediante providencia
si la controversia sobre la oposición
no se puede resolver tan solo con los documentos aportados
y en ese caso el letrado de la Administración de Justicia
señalará día y hora para la celebración de esta vista
dentro de los días siguientes
a la conclusión al trámite de impugnación.
Si no se solicita la vista
o el tribunal no considera oportuna su celebración,
se resuelve sin más trámite la oposición.
Cuando se acuerda la vista y si no comparecen a ella
y si no comparece a ella el ejecutante,
el tribunal le tiene por desistido.
Si no comparece el ejecutante,
el tribunal resuelve sin oír la oposición
y resuelve directamente la ejecución.
Compareciendo ambas partes,
se desarrolla la vista con arreglo a lo previsto para el juicio verbal
y se dicta a continuación la resolución que proceda.
El auto-resolutorio de la oposición por motivos de fondo
es el último paso.
Hoy das las partes sobre la oposición a la ejecución
no fundada en defectos procesales y, en su caso,
celebrada a la vista, el Tribunal adopta mediante auto y a los solos
efectos ahora de la ejecución algunas de las siguientes resoluciones.
declarar procedente la ejecución, es decir,
que siga adelante por la cantidad que se hubiera despachado
cuando la oposición se desestima completamente.
En caso de que la oposición hubiere fundado en pluspetición
o ésta se desestimare parcialmente, la ejecución se declarará procedente
sólo por la cantidad que corresponda.
El auto que desestime totalmente la oposición condenará
en costas al ejecutado.
Bien, la segunda de las opciones es declarar
que no procede la ejecución.
Cuando se estima alguno de los motivos de oposición alegados
o se considera enteramente fundada la pluspetición.
Y la tercera consiste en lo siguiente,
cuando se aprecia el carácter abusivo de una o varias cláusulas,
el auto que se dicta determinará las consecuencias de ese carácter,
decretando bien la improcedencia de la ejecución,
bien despachando la misma,
sin aplicación de las consideradas cláusulas abusivas.
Una vez firme el auto, el pronunciamiento
sobre la abusividad tendrá fuerza de cosa juzgada.
Si se estima la oposición a la ejecución,
se deja esta sin efecto y se manda a alzar los embargos
y las medidas de garantía de la afectación que se hubiesen adoptado,
reintegrándose al ejecutado a la situación anterior
al despacho de la ejecución.
También se condenará al ejecutante,
en ese caso a pagar las costas de la oposición,
Contra el auto que resuelva la oposición podrá interponerse
recurso de apelación que no suspenderá el curso de la ejecución
si la resolución recurrida fuese desestimatoria de la oposición.
Y por último, la eficacia.
Como siempre, no cosa juzgada a destra.
Si después de precluidas las posibilidades de alegación
en juicio o con posterioridad.
A la producción de un título ejecutivo extrajudicial,
se produjeran hechos o actos distintos de los admitidos
por esta ley como causa de oposición a la ejecución,
pero jurídicamente relevantes respecto de los derechos de la parte
ejecutante frente al ejecutado o de los deberes
del ejecutado para con el ejecutante,
la eficacia jurídica de aquellos hechos o actos
podrá hacerse valer en el juicio ordinario posterior
que corresponda.
Pasamos al monitorio.
Casos en que procede el proceso monitorio.
Podrá acudir al proceso monitorio
quien pretenda de otro el pago de una deuda dineraria
de cualquier importe.
Líquida, determinada, vencida y exigible
cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes.
Primero, mediante documentos cualquiera que sea su forma,
clase, soporte, físico, aunque se encuentre,
aunque aparezcan firmados por el deudor con su sello,
impronta, marca, cualquier otra señal
y ahora física o electrónica.
Mediante albaranes, facturas, certificaciones,
telegramas, telefax, cualesquiera otros documentos que,
aun unilateralmente creados por el acreedor,
sean de los que habitualmente documentan los créditos
y deudas en relaciones
de la clase que aparezcan existentes entre el acreedor y el deudor.
Sin perjuicio de esto
y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos,
también se puede acudir al monitorio para el pago de deudas
en los casos siguientes, cuando junto al título
en el que consta la deuda se aporten documentos comerciales
que acrediten una relación anterior duradera.
Y segundo,
cuando la deuda se acredita mediante certificaciones
de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes
de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
La competencia corresponde al tribunal de instancia del domicilio
o residencia del deudor, si no fueren conocidos,
el del lugar en el que el deudor pudiese ser hallado
a efectos del requerimiento de pago por el tribunal.
Si se trata de la reclamación de deuda de gastos comunes
de la comunidad de propietarios de inmuebles urbanos,
también será competente el tribunal del lugar
en donde se encuentre la finca a elección del solicitante.
En todo caso, no serán de aplicación las normas
de la competencia sobre sumisión expresa o tácita.
El procedimiento es el siguiente.
El proceso monitorio comenzará por petición del acreedor
en la que se expresará la identidad del deudor,
domicilio, domicilios del acreedor y del deudor
y el lugar en el que residieren o pudieran ser hallados.
También el origen y cuantía de la deuda
y se acompañará el documento o documentos en los que se funde
el título.
La petición podrá extenderse en impreso o formulario
obtenido en papel a través de sede electrónica.
Para la presentación de la petición inicial
del monitorio no será preciso valerse de abogado y procurador.
Es uno de los escasísimos supuestos de excepción al presupuesto procesal
de la capacidad de postulación.
Bien, en segundo lugar,
si la documentación aportada con la petición se desprende
que la cantidad reclamada no es correcta,
entonces el letrado o letrada de la Administración de Justicia
habrá de dar traslado al juez o jueza,
quien en su caso mediante auto podrá plantear al peticionario
aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago
por el importe inferior al inicialmente solicitado
que se especifique.
Bien, si se considera que la deuda en la que se funda
un contrato celebrado entre un empresario o profesional
y un consumidor o usuario, el letrado o letrada
de la Administración de Justicia,
previamente a efectuar el requerimiento de pago,
dará cuenta al juez o jueza
quién, si estimare que alguna de las cláusulas
que constituye el fundamento de la petición
o en las que se hubiera determinado la cantidad exigible
pudiera ser calificada como abusiva,
entonces podrá plantear mediante auto una propuesta de requerimiento
de pago por el importe que resulte de excluir esa cantidad
reclamada considerada abusiva.
Si el deudor no atiende al requerimiento de pago
o no comparece, el letrado de la Administración de Justicia
dicta decreto dando por terminado el proceso monitorio
y lo traslado al acreedor para que se inste el despacho
de la ejecución.
Habrá cosa juzgada adintra y adestra.
Quiere esto decir que despachada la ejecución,
proseguirá esta conforme a lo dispuesto
para las sentencias judiciales,
pudiendo formularse la oposición prevista en estos casos,
pero el solicitante del proceso monitorio
y el deudor ejecutado.
No podrán pretender, ahora no podrán ya pretender ulteriormente,
que en un proceso ordinario la cantidad reclamada en el monitorio
o la devolución de la que con la ejecución se obtuviera,
volviera a ser puesta en cuestión.
Si el deudor atendiera el requerimiento de pago,
tan pronto como lo acredite,
el letrado de la Administración de Justicia
acordará el archivo de las actuaciones.
Pero el deudor puede oponerse.
Si el deudor presenta un escrito de oposición dentro del plazo,
el asunto se resuelve definitivamente en el juicio que corresponda,
teniendo la sentencia que se dicta, insisto, fuerza de cosa juzgada.
El escrito de oposición ya debe ir firmado por abogado y procurador
cuando su intervención sea necesaria por razón de la cuantía,
conforme a las reglas generales.
Cuando la cuantía de la pretensión
no exceda de la propia del juicio verbal,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio
y acordando seguir la tramitación conforme a este tipo de juicio
al verbal.
Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad,
que actualmente es 15.000 euros,
si el peticionario no interpusiera la demanda correspondiente
dentro del plazo
de un mes desde el traslado del escrito de oposición,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
dictará decreto, sobresayendo las actuaciones
y condenando en costas al acreedo.
Si presenta demanda, en ese plazo,
en el decreto poniendo fin al monitorio,
se acordará dar traslado de ella al demandado.
En todo caso, cuando se reclamen rentas o cantidades
debidas por el arrendatario de finca urbana
y éste formule oposición, el asunto se resolverá definitivamente
por los trámites del juicio verbal con independencia de su cuantía.
Y pasamos por último al juicio cambiario.
Los casos en los que procede son los siguientes.
Solo procederá al cambiario
si al encoarlo se presenta una letra de cambio, cheque o pagaré
que reúna los requisitos de la ley cambiaria del cheque.
La competencia corresponde al tribunal de instancia
del domicilio del demandado.
Si el tenedor del título demandare
a varios deudores cuya obligación surge del mismo título,
será competente el del domicilio de cualquiera de ellos,
quienes podrán comparecer en juicio mediante una representación
independiente.
Tampoco serán aquí aplicables las normas de sumisión tácita
o expresa de la competencia.
El procedimiento es el siguiente.
Se inicia por demanda.
Comienza con una demanda sucinta a la que se debe acompañar siempre
el título cambiario.
El tribunal analizará por medio de auto
la corrección formal de este título cambiario
y si lo encuentra conforme adoptará las siguientes medidas.
Primero, requerir al deudor
para que pague en el plazo de 10 días.
Segundo, ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor
por la cantidad que figura en el título ejecutivo,
más otra para los intereses de demora, gastos y costas
por si no se atendiera al requerimiento de pago.
Si el deudor cambiario atiende a este requerimiento de pago,
el letrado de la Administración de Justicia
pondrá la suma de dinero correspondiente
a disposición del ejecutante y entregará al ejecutado
la justificación del pago ejecutado,
pero las costas serán, en todo caso, de cargo del deudor.
Puede suceder el alzamiento del embargo
y es que si el deudor se persona por sí o por representante
dentro de los cinco primeros días siguientes a aquel
en el que se le requirió de pago
y niega categóricamente la autenticidad de su firma
o alega la falta absoluta de representación,
el tribunal podrá,
a la vista de las circunstancias del caso y de la documentación aportada,
alzar los embargos que se hubiesen acordado exigiendo,
si lo considera oportuno, la caución o garantía adecuada.
La oposición cambiaria, como en los restantes casos,
es tasada.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
a la que ya nos hemos referido,
en los 10 días siguientes al requerimiento de pago,
el deudor podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario.
La oposición adopta la forma de demanda y el deudor cambiario
se podrá oponer al tenedor de la letra de cambio del cheque
o del pagaré por las causas o motivos de oposición
previstos específicamente en la ley cambiaria
del cheque, que son los siguientes.
Primera, las excepciones basadas en sus relaciones personales.
Segunda,
la inexistencia o falta de validez de la propia declaración cambiaria,
incluida la falsedad de la firma.
Tercero, la falta de legitimación del tenedor
o de las formalidades necesarias,
exigibles a cualquier letra de cambio.
Cuarto, la extinción del crédito cambiario
cuyo cumplimiento se exige al demandado.
Estas cuatro causas de oposición son las únicas que se pueden alegar
en este proceso para oponerse a la ejecución cambiaria.
En el plazo de diez días, el Tribunal dictará, en todo caso,
sentencia resolviendo sobre la oposición.
Si fuese desestimada y la sentencia fuese recurrida,
entonces será provisionalmente ejecutable
conforme a la Tramitación General de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Respecto de la eficacia, no goza de cosa juzgada adestra,
pero sí adintra.
La sentencia firme dictada en el juicio cambiario
producirá efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones
que en él pudieron ser alegadas y discutidas,
pero sin embargo, permitirá, podrán plantearse las cuestiones restantes
en el juicio ordinario que corresponda.
Muchas gracias.