Programa 13.
Procesos sumarios.
Retener y recobrar, obra nueva, obra ruinosa,
recuperación de la vivienda, adquirir la posesión, desahucio,
protección registral de los derechos reales,
tutela del derecho de crédito dimanante
de los contratos de venta de bienes muebles
a plazos y de arrendamiento financiero.
Las características esenciales de los procesos sumarios,
conviene recordar, son las siguientes y es que estos procesos sumarios,
antiguamente denominados interdictos y todavía así denominados
entre algunos sectores de la práctica forense,
se caracterizan porque tienen limitadas las posibilidades
de alegación y prueba.
Su objeto se concreta en la resolución urgente
de un asunto específico,
por ejemplo, el derribo de un árbol, columna, edificio,
que puede ser peligroso por riesgo de caída sobre los transeúntes
y carecen además de fuerza de cosa juzgada material pudiendo
en consecuencia ser revertida la decisión inicialmente tomada
siempre que sea posible y materialmente se pueda
en el ulterior proceso ordinario correspondiente
donde se podrá enjuiciar ese mismo objeto
pero ya en toda su amplitud
y sin las limitadas posibilidades de alegación y prueba
a las que me he referido.
Los tipos de procesos sumarios son los siguientes.
Los hay para la protección de los derechos reales.
En defensa de la posesión se encuentran los de retener
y recobrar, recuperación de la plena posesión
de una vivienda o de parte de ella, desahucio por impago
de la renta o alquiler y, en defensa de la propiedad,
el juicio del artículo 41 de la ley hipotecaria.
Son procesos sumarios para la protección
del derecho de crédito, el juicio ejecutivo,
el cambiario y el de venta a plazos.
También hay otros sumarios, por ejemplo,
el incumplimiento por el comprador de las obligaciones
derivadas de los contratos inscritos en el registro de venta
a plazos de bienes muebles para obtener
una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución
exclusivamente sobre el bien o bienes financiados a plazos una vez
adquiridos.
Y la inmediata entrega del bien al arrendador financiero
o al vendedor o financiador.
Vamos con cada uno de ellos.
Los primeros son los de retener y recobrar, procesos sumarios
cuyo objeto litigioso se circunscribe a lo siguiente,
hay que distinguir, el objeto del proceso sumario
de retener es el restablecimiento del goce pacífico
ante la perturbación de la posesión.
El objeto del proceso sumario de recobrar
es la recuperación de la posesión ante la expoliación absoluta,
ante el despojo de la posesión.
La tutela sumaria puede ser de una cosa o de un derecho
y comporta la intención de inquietar o despojar al poseedor de hecho.
La competencia corresponde al tribunal de instancia del lugar
en el que se encuentre situada la cosa.
Cuando la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles
o sobre una sola que esté situada en diferentes circunscripciones,
entonces será el tribunal competente el de cualquiera de ellas
a elección del demandante.
Resulta perceptiva la intervención de abogado y procurador.
La legitimación activa corresponde a quien se encuentra en ese momento
con la tenencia, posesión o uso pacífico
de la cosa o del derecho.
La pasiva, al que hubiere despojado, inquietado,
perturbado a otro en ese pacífico goce de su posesión.
Respecto del plazo,
no se admitirán las demandas que pretendan retener
o recobrar la posesión si se interponen transcurrido
el plazo de un año desde el acto de la perturbación o del despojo.
Y la sentencia, como sabemos,
carece de fuerza de cosa juzgada ad intra.
Dentro del propio marco, perdón, carece de fuerza de cosa
juzgada de extra, pero sí la tiene adintra, es decir,
que las sentencias dictadas en todos los procesos sumarios,
no sólo en estos, sino en todos,
no producirán efecto de cosa juzgada fuera del marco.
Propio proceso sumario.
Es decir, en el marco del propio proceso sumario
no se podrá, lógicamente, reiterar un segundo sumario
entre las mismas partes por el mismo objeto,
pero si fuera.
Esto es, no producirán efecto de cosa juzgada las sentencias que ponga Fuin
a los juicios verbales sobre la tutela sumaria
de la posesión.
El proceso sumario de obra nueva tiene como objeto litigioso
la suspensión provisional de una obra que priva
o perturba el ejercicio de otros derechos,
por ejemplo, el de servidumbre,
hasta que se resuelva sobre el derecho del dueño de la obra
a realizarlo, lo que se ventilará ya en el juicio ordinario
correspondiente.
La legitimación activa corresponde al propietario, poseedor o titular
de ese derecho real al que perjudique la obra nueva.
La legitimación pasiva al dueño
o titular de la obra que se trata de impedir.
El procedimiento de nuevo es el verbal con especialidades
y las especialidades son las siguientes.
El Tribunal, antes incluso
de que se dé traslado para la contestación a la demanda,
dirigirá una inmediata orden de suspensión al dueño encargado
de la obra que podrá ofrecer caución para continuarla,
así como la realización de obras indispensables,
eso sí, para conservar lo ya edificado.
El Tribunal
podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial,
pericial o conjunto antes de la vista.
La segunda especialidad es que la práctica
de la fase aseguradora ha de comenzar,
es decir, una vez practicada esta fase aseguradora,
ha de comenzar la fase declarativa,
cuya finalidad consistirá precisamente en ratificar
o en levantar la suspensión provisional de la obra decretada.
En esta fase declarativa se realizarán todas las actuaciones
que corresponden a la normativa general del juicio verbal.
La sentencia tiene tres posibles contenidos.
Primero, la ratificación de la suspensión provisional,
a la espera de lo que diga el ordinario correspondiente.
Segunda, la continuación provisional gracias a la caución prestada
por el constructor.
Tercera, la revocación de la suspensión y prosecución
de la obra.
Alzamiento de la caución.
El tercer proceso sumario de este bloque, de este programa 13,
es el proceso sumario de obra ruinosa.
Se trata de un juicio verbal en el que se decidirán,
cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pretendan
que el tribunal resuelva con carácter sumario,
la demolición o derribo de una obra, edificio, árbol, columna
o cualquier otro objeto análogo que se encuentre en estado de ruina
y que además amenace causar daños precisamente
a quien demande.
Por tanto, la legitimación activa
corresponde a quien la obra alruinosa amenace causar un daño,
la pasiva al dueño o titular del bien en ruina.
El presupuesto es la amenaza que causa el daño
y la especialidad es que, a pesar de su naturaleza urgente,
cabe adoptar las medidas cautelares establecidas
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Pasamos al cuarto proceso sumario,
el de la recuperación de la plena posesión de una vivienda
o de parte de ella.
Se dilucidarán,
de nuevo a través de las normas del juicio verbal
y también cualquiera que sea su cuantía,
las pretensiones en las que se solicite la inmediata recuperación
de la posesión, de la plena posesión de una vivienda o de parte de ella,
siempre que se hayan visto privados de ella contra su consentimiento
o sin su consentimiento.
Hay una diferencia
y es que con las demandas que pretenda la recuperación
de la plena posesión de una finca rústica o urbana
cedida en precario por el dueño usufructuario
o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca
y con otras demandas de desahucio,
hay una inexistencia del título posesorio.
Y en esto se difiere del resto de procesos
destinados a recuperar la vivienda.
De manera que en este no existe, en este juicio posesorio,
no existe un título en virtud del cual se pueda pedir el desahucio.
Por eso este no es un típico proceso de desahucio,
sino un sumario de recuperación de la plena posesión de una vivienda
o de parte de ella.
La legitimación activa.
Corresponde a las siguientes personas podrán pedir
la inmediata recuperación de la plena posesión
de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privadas
de la misma sin su consentimiento la persona física
que sea propietaria o poseedora legítima
por cualquier otro título
las entidades sin ánimo de lucro con derecho
a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas
de la vivienda social la legitimación pasiva
lógicamente corresponde al ocupante.
Las especialidades son las siguientes.
Primero, la posible falta de identidad,
de identificación del demandado.
Cuando se solicite la demanda a la recuperación de la posesión
de una vivienda o parte de ella, aquella podrá dirigirse genéricamente
contra los desconocidos ocupantes de la misma,
sin perjuicio de la notificación que de ella se realice
a quien en concreto se encontrase en el inmueble
al tiempo de llevar a cabo esa notificación.
Como documento adjunto a la demanda debe acompañarse el título
de existir en el que el actor funde su derecho a poseer.
No debe confundirse este con el título inexistente
de un contrato inexistente entre el propietario poseedor
de la finca y quienes lo han ocupado.
Es decir, el documento adjunto a esta demanda
es el título en el que el actor funda su derecho a poseer.
El procedimiento es el siguiente.
Si el demandante nunca hubiere solicitado la entrega
de la posesión de la vivienda,
en el decreto de admisión a trámite de la demanda,
se requerirá a sus ocupantes para que aporten,
en un plazo muy breve de cinco días desde la notificación de aquella,
el presunto título en el que pudieran justificar su situación posesoria.
Si no aportara la justificación suficiente,
entonces el tribunal mediante auto, pues decreta,
ordena el desalojo inmediato de los ocupantes
y la entrega de la posesión de la vivienda al demandante.
Pero insisto,
siempre que el título que se hubiera acompañado a la demanda
fuese bastante para acreditar ese derecho a poseer.
En materia de recursos y ejecución, cabe afirmar lo siguiente,
contra el auto que decide sobre el incidente no cabrá recurso
alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes
que se encuentren en ese momento en la vivienda.
Pasamos a determinar cómo es la ejecución
en la Ley 12.2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda,
puesto que se ha producido, como ustedes saben,
una reforma recientemente.
Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar
sea una vivienda habitual del ejecutado o de quienes
de él dependan, el letrado de la Administración de Justicia
les dará un plazo de un mes para desalojarlo.
De existir motivo fundado, podrá incluso prorrogarse ese plazo
por otro mes más.
Transcurridos estos plazos,
se procederá de inmediato al lanzamiento,
fijándose un día y hora exacto,
tanto en la resolución inicial como en la que acuerde la prórroga
o en cualquier resolución ulterior que acuerde el lanzamiento,
aunque se haya intentado practicar con anterioridad.
Si el inmueble a cuya entrega obliga el título ejecutivo
estuviera ocupado por terceras personas distintas del ejecutado
y de quienes con él compartan la utilización de aquél, el letrado
de la Administración de Justicia responsable de la ejecución,
tan pronto como conozca su existencia,
les notificará al despacho de la ejecución
o la pendencia de ésta para que en el plazo
ahora de diez días
presenten los títulos que justifican esa situación.
El ejecutante podrá pedir al tribunal
el lanzamiento de quienes considere ocupantes de mero
hecho o sin título suficiente.
Y con esto pasamos al proceso sumario de adquirir la posesión.
El objeto son las pretensiones que pretendan
que el tribunal ponga en posesión de bienes
a quien los hubiera adquirido por herencia,
si ya no estuviera siendo poseídos en ese momento
por nadie a título de dueño o de usufructuario.
La legitimación activa,
por tanto, corresponde al heredero y la pasiva al poseedor.
La competencia corresponde al tribunal de instancia del lugar
en el que se encuentre situada la cosa litigiosa.
De aplicarse analógicamente el plazo previsto al sumario de retener
y recobrar, entonces el plazo sería de un año.
Y es que respecto de esos sumarios se nos dice que no se admitirán
las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión
si se interponen transcurrido el plazo de un año
a contar desde el acto de la perturbación o despojo.
Pero lo cierto es que en la legislación
respecto de este sumario no existe un plazo específico.
El procedimiento es el siguiente.
Interpuesta la demanda,
el letrado o letrada a la Administración de Justicia
llamará a los testigos propuestos por el demandante
y, según sus declaraciones,
el Tribunal ya dictará un auto en el que denegará u otorgará,
sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada,
llevando a cabo las actuaciones que considere conducentes a tal efecto.
Ese auto será publicado en el tablón edictal judicial único,
instado a los interesados en comparecer y reclamar
mediante la contestación a la demanda en un plazo de 40 días
si consideran tener mejor derecho que el demandante
o no.
Si nadie comparece, se confirma el demandante
en la posesión, pero en caso de que se presenten reclamantes,
previo traslado de sus escritos al demandante,
el letrado de la Administración de Justicia
les citará con todos los comparecientes a una vista.
Las especialidades a partir de aquí son las siguientes.
Primero, los documentos que deben acompañar a la demanda.
El documento en el que conste fehacientemente la sucesión
mortis causa en favor del demandante,
así como la relación de testigos que pueden declarar
sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario
cuando pretenda que el tribunal ponga al demandante en posesión
de unos bienes que afirma haber adquirido
en virtud de aquella sucesión.
Esta es la primera especialidad de la demanda.
Y la segunda ya se refiere a la cosa juzgada
y es una especialidad que afecta a todos los sumarios.
No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin
a los juicios verbales sobre la tutela sumaria
de la posesión.
Recuérdese que es una ausencia de cosa juzgada ad extra,
pero no ad intra,
es decir, que no se podrá entablar un segundo sumario
entre las mismas partes por el mismo objeto,
pero sí el ordinario correspondiente.
Pasamos al proceso de desahucio.
El objeto litigioso son las pretensiones que versan
sobre la reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades
debidas vencidas a las que igualmente con fundamento
en el impago de renta o cantidades debidas por el arrendatario
o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente,
pretendan que el dueño o su fructuario.
O cualquier otra persona con derecho a poseer esa finca rústica o urbana
dada en arrendamiento ordinario o financiero
o en aparcería, recuperen la posesión de esa finca.
La legitimación activa corresponde al dueño, usufructuario
o cualquier persona con derecho a poseer la finca rústica o urbana
dada en arrendamiento ordinario, financiero o en aparcería
y la legitimación pasiva al arrendatario.
La competencia corresponde al tribunal de instancia
del lugar donde se encuentra ubicada la finca y el procedimiento al verbal
con independencia de su cuantía.
Las especialidades son las siguientes.
Las causas de oposición están tasadas.
Cuando en el juicio verbal
se pretenda la recuperación de la finca rústica o urbana,
dada en arrendamiento por impago de renta o cantidad asimilada,
sólo se permitirá al demandado alegar y probar el pago
o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.
La segunda especialidad es la acumulación de pretensiones.
No se admitirá en los juicios verbales
la acumulación objetiva de acciones, salvo precisamente la acumulación
de acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas,
vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios
de desahucio, de finca,
por falta de pago o expiración legal contractual del plazo,
con independencia de la cantidad que se reclame.
Asimismo, también podrán acumularse las acciones ejercitadas
contra el fiador o avalista solidario previo requerimiento de pago
no satisfecho.
La tercera especialidad es el anuncio del compromiso de condonación.
Si en la demanda se solicita el desahucio de finca urbana
por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador,
Por expiración de nuevo legal o contractual del plazo,
el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso
de condonar al arrendatario en todo o en parte de la deuda
y también de las costas,
con expresión de la cantidad concreta,
pero eso sí, condicionándolo al desalojo inmediato de la finca,
Inmediato quiere decirse dentro del plazo que se fije por el arrendador,
pero en todo caso inmediato
porque no podrá ser inferior al de 15 días
desde que se le notifique la demanda.
Igualmente podrá interesarse la demanda que se tenga
por solicitada la ejecución de lanzamiento en la fecha y hora
que fije el tribunal.
El contenido de la sentencia autodecreto es una nueva especialidad
porque en los casos de reclamaciones de rentas periódicas,
cuando la acción de reclamación se acumula a la acción de desahucio
por falta de pago o por expiración legal
o contractual del plazo y el demandante
lo hubiera interesado expresamente en su escrito de demanda,
la demanda el auto o el decreto incluirán la condena
a satisfacer también las rentas debidas que se devengan
con posterioridad a la presentación de esa demanda
hasta la completa entrega de la posesión efectiva de la finca
tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras
el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda
y ya termina el proceso.
Posiblemente con la enervación del desahucio o no.
Los procesos de desahucio de finca urbana rústica
por falta de pago de rentas o cantidades
debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto
dictado al efecto por el letrado de la Administración de Justicia
si requerido aquel paga al deudor.
Paga al actor,
o pone a su disposición en el tribunal
o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento,
el importe de las cantidades reclamadas en la demanda
y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador
del desahucio.
Si el demandante se opone a la enervación
por no cumplirse los requisitos, se cita las partes a una vista,
tras la cual el tribunal dicta sentencia
por la que declara ahora sí enervada la acción y en otro caso
estimaría la demanda habiendo lugar al desahucio.
Esto no será de aplicación cuando el arrendatario
hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior.
Quiere decirse que la promesa de condonación
a cambio de la entrega inmediata se puede formular una sola vez.
Por tanto, insisto, no será de aplicación
cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio
en una ocasión anterior, excepto que el cobro
no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador
ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago
al arrendatario por cualquier medio fehaciente
con al menos 30 días de antelación a la presentación de la demanda
y el pago no se hubiera efectuado al tiempo de esa presentación.
La resolución que declara enervada la acción de desahucio
condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas,
salvo que las rentas y cantidades debidas
no se hubieran cobrado por causas imputables al arrendador.
Pasamos al procedimiento para la protección registral
de los derechos reales.
El objeto litigioso
son las pretensiones que, instadas por los titulares de derechos reales
inscritos en el registro de la propiedad,
demanden la efectividad de esos derechos reales
frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio
sin disponer de título inscrito que legitime la oposición
o la perturbación.
La competencia corresponde a los tribunales de instancia,
del lugar en el que se encuentre situado el inmueble
o de estar situado en diferentes demarcaciones
cualquiera de sus tribunales a elección del actor.
La legitimación activa corresponde a los titulares
de los derechos reales inscritos en el registro de la propiedad,
cuyos correspondientes asientos se encuentren vigentes
y sin contradicción alguna en el momento de la presentación
de la demanda.
La legitimación pasiva a los oponentes a esa inscripción.
El procedimiento es el juicio verbal con las siguientes especialidades.
Primero, no se admitirán las demandas en los casos siguientes,
cuando en ellas no se expresen las medidas que se consideren necesarias
para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere.
Y si, salvo renuncia del demandante,
que ahora consta en la demanda,
no se señala en esta la caución que ha de prestar
el demandado, en caso de comparecer y no contestar para responder
de los frutos que se hayan percibido indebidamente.
De los daños y perjuicios que se hubiesen irrogado
y de las costas del juicio, si no se acompañare a la demanda
de certificación registral del registro de la propiedad,
acreditativa de la vigencia sin contradicción alguna del acento
que legitima al demandante.
Por tanto, en todos estos casos,
si no se acredita todo lo que acabo de indicar,
no serán admitidas las demandas.
Como presupuesto de la oposición está la prestación de la caución.
Recuérdese, no se admitía la demanda si, salvo renuncia del demandante,
que hará constar expresamente en su demanda, no se señala
en esta la caución que ha de prestar el demandado en caso de comparecer
y contestar para responder de los frutos que haya percibido
indebidamente de los daños y perjuicios que hubiere rogado
y de las costas del juicio.
Como causas de oposición tasadas, en justa coherencia
con las típicas limitaciones de alegación y prueba
que caracterizan a todos los procesos sumarios,
nos encontramos las siguientes.
La oposición del demandado únicamente podrá fundarse
en alguna de las siguientes causas.
Primera, falsedad de la certificación del registro u omisión.
En ella de derechos o condiciones inscritas
que desvirtúan la acción ejercitada.
Segundo, poseer el demandado a la finca
o disfrutar el derecho discutido por contrato
u otra relación jurídica directa con el último titular
o con los titulares anteriores o en virtud de prescripción,
siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.
Tercera, que la finca o el derecho se encuentren inscritos
a favor del demandado y así lo justifique,
presentando certificación del registro de la propiedad acreditativa
precisamente de la vigencia de esta inscripción.
Cuarto, no ser la finca
inscrita la que efectivamente posea el demandado.
Estas cuatro, y sólo estas cuatro,
son las únicas causas de oposición.
La sentencia que en su día se dicte carece de efectos de cosa juzgada,
ad extra o fuera del propio proceso sumario.
Y pasamos con ello
a los procesos para la tutela del derecho de crédito dimanante
de los contratos de venta de bienes muebles a plazo y de arrendamiento
financiero.
El objeto litigioso
de los bienes muebles a plazos es el siguiente,
la controversia suscitada respecto de estos contratos
cuando versen sobre bienes muebles no consumibles e identificables.
Vamos a ver las características de estos concretos bienes
litigiosos.
Son bienes muebles, es decir,
no están anclados a raíz alguna, por tanto pueden ser trasladados,
transportados de cualquier forma, desplazados de un lugar
a otro sin alterar su estado original.
Segunda, son bienes corporales con una realidad física, material,
tangible que puede ser percibida además por los sentidos.
Tercero, son bienes no consumibles, por tanto no se agotan
ni se extinguen, tampoco se consumen en un uso,
sea el primero, segundo, tercero, sino que permanecen en el tiempo,
con o sin deterioro, como es lógico,
pero permanecen.
Y cuarto, son bienes identificables.
Los canales de transmisión de estos bienes son dos,
primero por contrato de préstamo, segundo por contrato de venta
a plazos.
El objeto litigioso de los arrendamientos financieros,
por tanto, se contrae a la controversia suscitada
respecto de un contrato en virtud del cual un arrendador
cede el uso de un concreto bien durante un determinado plazo temporal
a un arrendatario a cambio de una cantidad de dinero
previamente estipulada con una opción de compra sobre ese mismo bien
al término de la duración de ese contrato.
Este arrendamiento financiero, también conocido
como alquiler con derecho de compra, leasing financiero,
leasing operativo, arrendamiento por renting,
se identifica por tanto con un contrato de cesión de uso
o de alquiler de un concreto bien durante un tiempo
y por un precio determinados entre un arrendador
y un arrendatario.
Las pretensiones de este concreto proceso sumario
de tutela del crédito,
dimanante de alguno de los contratos estipulados,
los de arrendamiento financiero,
arrendamiento de bienes muebles o de venta a plazos con reserva
de dominio, gozan de una naturaleza mixta
porque, en primer lugar, el juez ha de declarar el incumplimiento
contractual con resolución en su caso del contrato
y, en segundo lugar, la condena a un hacer concretamente
a la inmediata entrega del bien al arrendador financiero al arrendador
o al vendedor o financiador
en el lugar que se indique en el contrato.
La legitimación del proceso por incumplimiento
del contrato de venta a plazos,
la activa corresponde al vendedor y, en su caso, al financiador.
La pasiva al comprador que hubiera incumplido
las obligaciones pactadas en el contrato.
La legitimación del proceso por incumplimiento
del contrato de arrendamiento financiero
o de arrendamiento de bienes muebles,
la activa corresponde al arrendador.
La pasiva al arrendatario cuando hubiera inobservado
los términos estipulados en esos contratos.
La competencia corresponde al tribunal de instancia del domicilio
del comprador o prestatario al que corresponde,
conforme a las normas generales de atribución de la competencia,
a elección del demandante.
El procedimiento es el verbal con especialidades
y las especialidades son las siguientes.
Primero, los requisitos adicionales a la pretensión ejercitada
en base al incumplimiento del contrato de venta de bienes muebles
a plazos.
Habrán de acompañarse a la demanda bajo sanción
de inadmisión en caso contrario a los siguientes documentos.
Primero, la acreditación del requerimiento de pago al deudor
con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien.
Segundo, la certificación de la inscripción
de los bienes en el registro de venta a plazos de bienes muebles,
si se tratase de bienes susceptibles de inscripción,
claro está.
En segundo lugar, hay una serie de requisitos adicionales
a la pretensión ejercitada en base al incumplimiento de un contrato
de arrendamiento financiero o de bienes muebles.
Habrá de acompañarse, de nuevo,
bajo sanción de inadmisión, en caso contrario,
la acreditación del requerimiento del pago al deudor
con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien.
Las únicas causas de oposición son las siguientes.
La falta de jurisdicción o competencia del tribunal,
el pago acreditado documentalmente, la inexistencia o falta de validez
de su consentimiento, incluida la falsedad de la firma,
la falsedad del documento en el que aparece formalizado el contrato.
Estas y solo estas son las causas de oposición.
Las medidas cautelares del proceso suscitado por razón de incumplimiento
de las obligaciones derivadas de los contratos
inscritos en el registro de venta a plazos de bienes muebles
son las siguientes.
Una vez admitida la demanda, el tribunal competente
ordena la exhibición de los bienes a su poseedor bajo apercibimiento
de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial
si no lo hace y ordena el inmediato embargo preventivo
que se asegurará mediante depósito.
Las medidas cautelares en el proceso sobre incumplimiento
de un contrato de arrendamiento financiero,
de arrendamiento de bienes muebles o de un contrato de venta
a plazos con reserva de dominio son las siguientes.
Una vez admitida la demanda,
el tribunal ordenará el depósito del bien cuya entrega se reclame.
No se exigirá caución al demandante para la adopción
de estas medidas cautelares
ni se admitirá oposición del demandado a las mismas.
Tampoco se admitirán solicitudes de modificación
o de sustitución de unas medidas por otras, más gravosas o menos,
a lo largo de la tramitación del procedimiento.
La vista.
En relación con la vista, el demandado,
si el demandado no asistiera a la misma sin concurrir justa causa
o asistiera, mantuviera su posición o la fundara
en una causa no comprendida entre las legalmente establecidas,
se dictará sin más trámite sentencia estimatoria
a la pretensión del actor contra la que no cabe recurso
alguno.
En esos casos, el demandado, además de ser sancionado,
será sancionado con una multa de hasta la quinta parte del valor
de la reclamación con un mínimo de 180 euros.
La facultad moderadora del juez es otra de las especialidades
de este proceso.
Los tribunales con carácter excepcional y por justas causas
apreciadas discrecionalmente, tales como desgracias familiares,
paro, accidentes laborales, largas enfermedades
o cualesquiera otros infortunios, podrán señalar nuevos plazos
o alterar los convenidos, determinando, en su caso,
el recargo en el precio de los nuevos aplazamientos de pago.
Igualmente, tendrán facultades moderadoras
de las cláusulas penales pactadas para el caso del pago
anticipado o incumplimiento por parte del comprador.
Y finalmente la ejecución.
En la ejecución de las sentencias que condenen al pago de cantidades
debidas por incumplimiento de contratos de venta
a plazos de bienes muebles, si el ejecutante lo solicita,
el letrado o letrada de la Administración de Justicia
les hará entrega inmediata del bien o bienes muebles
vendidos o financiados a plazos por el valor que resulte
de las tablas o índices referenciales de depreciación
que se hubieran establecido en el contrato.
Muchas gracias.