12.
Proceso en defensa de los intereses de consumidores y usuarios.
Este proceso se regula fundamentalmente
en el Real Decreto Legislativo 1.2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias.
El artículo 51.1
de la Constitución española establece que los poderes públicos
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios,
protegiendo, mediante procedimientos eficaces,
la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos
de los mismos.
La Ley de Enjuiciamiento Civil también se ocupa,
como es lógico, de su regulación.
Como conceptos generales, antes de entrar en el procedimiento,
debemos dejar sentados los siguientes.
Primero, son consumidores y usuarios esas personas físicas
que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial,
empresarial, oficio o profesión.
Merecen también la consideración de consumidores a estos efectos
las personas jurídicas
y las entidades sin personalidad jurídica
que actúan sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno
a una actividad comercial o empresarial.
Tienen también la consideración de personas consumidores,
pero ahora además vulnerables respecto de relaciones concretas
de consumo,
esas personas físicas que de forma individual o colectiva,
por sus especiales características, necesidades,
circunstancias personales, económicas, educativas o sociales,
se encuentran, aunque sea territorial, sectorial
o temporalmente, en un espacio, en una situación de subordinación,
de indefensión, de desprotección,
que les impide el ejercicio de sus derechos
como personas consumidoras en condiciones de igualdad.
El empresario, sin embargo,
es esa persona física o jurídica, ya sea privada o pública,
que actúa directamente o a través de otra persona
en su nombre o siguiendo sus instrucciones,
con un propósito relacionado ahora sí con su actividad comercial,
empresarial, oficio o profesión.
El objeto principal de este proceso se bifurca en cuatro pretensiones,
cuatro pretensiones nucleares o principales en defensa
de los consumidores y usuarios.
La primera es la pretensión de cesación de la conducta actual.
La acción de cesación se dirige a obtener
una sentencia de condena al demandado a cesar en su conducta.
La segunda es una pretensión de prohibición
de reiteración futura.
La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia
que condene al demandado a prohibir su reiteración futura.
La tercera es una pretensión de prohibición
de una conducta pasada,
pero de previsible reiteración futura.
Asimismo, la acción podrá ejercerse
para prohibir la realización de una conducta
cuando ésta ya haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción,
si bien existen indicios suficientes
que nos hacen temer su reiteración en el futuro.
Y la cuarta, la pretensión de prohibición de recomendación
de la utilización a estos efectos.
También se considera conducta contraria
a la norma en materia de cláusulas abusivas la recomendación
de esas cláusulas abusivas.
El objeto procesal subordinado a estas pretensiones
es el siguiente.
A la pretensión principal, que es la de cesación,
cabe adicionar otras cinco pretensiones
de las que conocerá el mismo tribunal competente
para enjuiciar de la principal.
Y son las siguientes.
Primero, las pretensiones de nulidad y anulabilidad.
Segundo, la pretensión de incumplimiento de obligaciones.
Tercero, la pretensión de resolución o rescisión contractual.
Cuarto, la pretensión de restitución de cantidades que se hubiera cobrado
en virtud de la realización de conductas, estipulaciones
o condiciones declaradas abusivas o no transparentes.
Quinta, la pretensión de indemnización de daños
y perjuicios que se hubiesen causado ante la aparición de tales prácticas
o de tales cláusulas abusivas.
La legitimación activa corresponde, lógicamente,
a los perjudicados.
Y la pasiva, además de a los perjudicados,
también a las asociaciones de consumidores y usuarios
legalmente constituidas.
Pero aquí hay que hacer una diferenciación
entre que el grupo esté.
Determinado no, en el caso de que el grupo
tenga una naturaleza colectiva porque sus integrantes,
consumidores y usuarios están perfectamente identificados
o se pueden identificar con relativa sencillez,
entonces esas entidades legitimadas son las asociaciones,
las entidades y los grupos.
Sin embargo, en el caso
de que el grupo tenga una naturaleza difusa,
¿y cuándo tiene una naturaleza difusa?
Pues precisamente
cuando sus miembros, que siempre son consumidores y usuarios,
pero sus miembros no se encuentran identificados
o al menos resulta complejo lograr localizarlos.
En ese caso, tan solo tiene legitimación activa,
pues tan solo la tendrían las asociaciones representativas.
En todo caso, también tiene legitimación activa,
además de los perjudicados y además de las asociaciones
de consumidores y usuarios legalmente constituidos
a los que me acabo de referir, el Instituto Nacional de Consumo,
los órganos y entidades correspondientes
de las comunidades autónomas,
las corporaciones locales competentes en materia de defensa
de la competencia y, por supuesto, el Ministerio Fiscal.
La legitimación pasiva corresponde, sin embargo,
al empresario, esa persona física,
jurídica, pública o privada a la que me he referido antes,
que en su actividad comercial, empresarial, en su oficio
o profesión,
lleva a cabo una conducta contraria a las normas,
a las reglas, a los valores del mercado de consumo
y es susceptible, por esta razón, de ser declarada ilícita.
Pero no solo eso, sino también de ser condenada a un cese inmediato,
a su coherente prohibición de reiteración futura
y a la recomendación
y a la prohibición de recomendación de manera conjunta caso
de haberse solicitado oportunamente además de a las declaraciones
constituciones o condenas adicionales a esas pretensiones principales.
La competencia corresponde a los tribunales de instancia,
sección de lo mercantil,
del lugar donde el demandado tenga su establecimiento,
a falta de este, donde esté su domicilio.
Si carece de domicilio en territorio español,
entonces corresponderá al tribunal de instancia,
sección de lo mercantil, del domicilio del actor.
No será válida la sumisión expresa contenida
en los contratos de adhesión o que contengan condiciones generales
impuestas por una de las partes
o que se hayan celebrado con consumidores y usuarios.
El procedimiento adecuado es ahora el verbal
con las siguientes especialidades.
La primera es el plazo.
Las pretensiones de condena a la cesación o prohibición
integradas en los procesos en defensa de consumidores y usuarios
son imprescriptibles.
Pero si las condiciones generales que se hubieran depositado
en el registro general de condiciones generales de contratación,
entonces prescribirán a los cinco años
computados a partir del día en el que se hubiere practicado
ese depósito,
siempre y cuando esas condiciones hayan sido objeto
de utilización efectiva.
Las diligencias preliminares es la segunda especialidad
y es que en el caso de grupo difuso
o indeterminado, recuérdese el de difícil localización,
habrá de activarse además un protocolo de búsqueda
y de localización para su inminente integración
de todos los posibles afectados por esa conducta dañosa,
que es la misma, al objeto de que la relación procesal
quede constituida con la mayor parte de ser posible con la práctica
totalidad de perjudicados posible.
La tercera especialidad, las medidas cautelares.
En los procedimientos en los que se ejercita
una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos
y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios,
el Tribunal podrá dispensar al solicitante de la medida cautelar
del deber generalizado en el resto del ecosistema procesal civil
de prestar caución atendidas las circunstancias de caso
así como de la entidad económica y la repercusión social
que pudiera tener entre los distintos afectados.
La cuarta especialidad es la acumulación de pretensiones
y es que a cualquier pretensión de cesación
siempre y cuando se solicite, claro está,
podrá acumularse alguna de las siguientes,
la de nulidad y anulabilidad,
la de incumplimiento de obligaciones,
la de resolución o rescisión contractual,
la de restitución de cantidades que se hubieran cobrado
en virtud de realización de conductas o estipulaciones
o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes,
la de indemnización de daños y perjuicios que se hubiesen causado
por la aplicación de esas cláusulas o prácticas abusivas
y de estas pretensiones acumuladas accesorias.
Como es lógico, por razones de competencia,
conocerá el mismo tribunal encargado de la acción principal.
La acción principal, recuérdese, era la de cesación.
En la quinta especialidad son los efectos erga omnes.
Todas las sentencias estimatorias dictadas en los procesos en defensa
de consumidores y usuarios producen efectos erga omnes
o frente a todos.
De esta regla general tan sólo cabe excepcionar las sentencias
dictadas a título individual para un concreto consumidor o usuario
por un determinado acto ilícito que no tenga más afectación
que la propia.
Pero la filosofía de los procesos en defensa de los consumidores
y usuarios no descansa precisamente en esa tutela singular,
sino en la de la colectividad.
Es decir, que lo habitual será que produzcan efectos erga omnes
o frente a todos.
La sexta especialidad es la publicación de la sentencia.
El tribunal,
si lo estima procedente y con cargo siempre al demandado,
podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia
o, cuando los efectos de la infracción
puedan mantenerse a lo largo del tiempo,
una declaración rectificadora.
La multa es la séptima especialidad.
La sentencia estimatoria de una acción de censación en defensa
de los intereses colectivos.
Y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios,
impondrá una multa que oscilará entre 600 y 70.000 euros por día
de retraso,
según la naturaleza e importancia del daño
producido y la capacidad económica del condenado a dicha multa.
Esta multa deberá ser ingresada en el Tesoro Público.
Muchas gracias.