Programa 10, procesos sobre las condiciones generales
de la contratación.
El proceso para la impugnación de las condiciones generales
de la contratación se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil
y también en la Ley 7-1998, de 13 de abril,
de las condiciones generales de la contratación,
además de en el Real Decreto Legislativo
1-2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.
Las pretensiones son de dos tipos las individuales
y hasta cinco las colectivas las individuales pueden
ser lo por nulidad contrariedad contravención a la ley
o por abuso de derecho y las cinco colectivas cesación,
retractación, devolución, indemnización y declarativa.
Se trata de un proceso especial destinado a la tutela reforzada,
la parte más débil de los contratos de adhesión,
aquella que ha de asumir una serie de condiciones generales,
por tanto, no negociadas individualmente,
a riesgo, en caso de no ser aceptadas,
de quedarse sin disfrutar ese bien o servicio al que aspiraba.
El objeto, por tanto, se reconduce a una controversia suscitada
por razón de las condiciones generales de la contratación
impuestas por un empresario a una pluralidad
de consumidores y usuarios en los contratos de adhesión
suscritos por todos ellos.
La información es un aconditio sine qua non,
quiere esto decir que no podrá entenderse que ha habido aceptación
de la incorporación de las condiciones generales
del contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente
al adherente acerca de su existencia
o no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.
Son requisitos esenciales la redacción de las cláusulas generales
que deberá ajustarse en todo caso a los criterios de transparencia,
claridad, concreción y sencillez.
Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos
en perjuicio de los consumidores serán nulas, nulas de pleno derecho.
La pretensión declarativa de nulidad tiene efectos ex
tunc desde entonces, desde el inicio,
desde la misma firma de la cláusula y comportarán
la contrariedad de la condición general
de la contratación con normas imperativas y prohibitivas
de pleno derecho de nuestro ordenamiento jurídico en perjuicio,
como es lógico, del adherente.
En segundo lugar, podrán comportar el abuso de derecho
en el establecimiento de estas cláusulas o condiciones generales
de la contratación.
Como cuestiones especiales a destacar,
la práctica de la prueba correspondiente a la demostración
de que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente
y, por tanto, no ha sido impuesta de manera forzada
o coactiva, corresponde, como es lógico, al empresario,
porque el consumidor o usuario.
Carecerá,
ante la probable inexistencia de negociación individual,
del más mínimo mecanismo probatorio para demostrar ese hecho negativo
que corresponde a dicha omisión de información, negociación
y por tanto aceptación.
Son cláusulas abusivas las siguientes.
Primero, las que vinculan el contrato a la voluntad del empresario.
Segundo, las que limitan los derechos del consumidor y usuario.
Tercero, las que determinan la falta de reciprocidad en el contrato.
Cuarto, las que impongan al consumidor y usuario garantías
desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba.
Quinto, las que resulten desproporcionadas en relación
con el perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Sexto, las que contravengan las reglas de competencia
y el derecho aplicable.
Son pretensiones colectivas las siguientes.
La pretensión de cesación, de retractación y declarativa.
La cesación se orienta a la obtención de una sentencia de condena,
de un lado a la eliminación de esas condiciones generales
que se reputan nulas y de otro a la abstención
de utilizarlas en lo sucesivo con aclaración
cuando fuese necesario de la parte del contrato que pese a la nulidad
de una o algunas de sus cláusulas ha de considerarse válida o eficaz.
A esta pretensión de cesación de la nulidad
de una o alguna de las cláusulas del contrato que,
en las restantes en las que no queden declaradas nulas,
puede considerarse eficaz,
a esta pretensión cabe adicionar la de devolución de las cantidades
que se hubieran cobrado en virtud de las condiciones
a las que afecta la sentencia y, naturalmente,
la indemnización por los daños y perjuicios
que se hubieran causado.
Por la aplicación de estas condiciones que se decretan nulas.
En segundo lugar, la pretensión de retractación.
Se orienta a la obtención de una sentencia
también de condena al demandado, sea o no predisponente
a dos concretas obligaciones.
Primera, un hacer.
En concreto, el deber de retractarse
o rectificar la recomendación que hubiese efectuado de utilizar
cláusulas generales que ahora se consideran nulas.
Y la segunda,
de uno hacer específicamente de abstenerse, precisamente,
de seguir recomendándolas en el futuro.
Por último, la pretensión declarativa
se orienta al reconocimiento de la validez,
de la viabilidad y de la publicidad mediante la inscripción registral
de una condición general de la contratación al objeto
de dotarla de la conveniente seguridad jurídica
para obtener precisamente una garantía,
la garantía de su fiabilidad, seguridad, predictibilidad
en el tráfico jurídico.
La legitimación activa difiere en función
de la pretensión que se va a interponer.
Para solicitar de manera individual la declaración judicial
de no incorporación al contrato o nulidad de cláusulas
de las condiciones generales corresponde al adherente.
Pero para implorar de forma ahora colectiva
la declaración judicial de nulidad de las cláusulas
de condiciones generales de manera conjunta
a la condena judicial de su cesación,
con los pedimentos en su caso adicionados a los que me acabo
de referir, de devolución, indemnización o de retractación,
así como declaración
del reconocimiento y condena a inscripción registral,
entonces corresponde a las entidades legalmente habilitadas
y al Ministerio Fiscal.
La legitimación pasiva de nuevo difiere en función de la pretensión
que se hubiera interpuesto.
Frente a la pretensión de cesación, la legitimación pasiva corresponde
a cualquier profesional que utilice las condiciones generales nulas.
Frente a la pretensión de retractación,
a cualquier profesional que recomiende públicamente
la utilización de determinadas condiciones generales
que se consideran nulas o manifieste de la misma manera
su voluntad de utilizarlas en el tráfico,
siempre que en alguna ocasión haya sido efectivamente utilizadas
por algún predisponente.
Y frente a la pretensión declarativa del reconocimiento
de una o varias cláusulas como condición general
de contratación que al tiempo ordene su inscripción,
la legitimación pasiva corresponde a cualquier profesional
que utilice estas condiciones generales de la contratación.
La competencia para conocer de los procesos
en los que se ejerciten pretensiones para que se declare
la no incorporación al contrato o nulidad
de las cláusulas de las condiciones generales
de la contratación corresponde al Tribunal de Instancia,
sección de lo mercantil del domicilio del demandante.
Para conocer, sin embargo,
de las pretensiones declarativa, de cesación o de retractación,
la competencia corresponde al tribunal de instancia,
sección de lo mercantil,
del lugar donde el demandado tenga su establecimiento,
a falta de este, el de su domicilio,
y si el demandado carece de domicilio en territorio español,
entonces al lugar donde se hubiese realizado la adhesión.
Hay una regla general
y es que no será válida la sumisión expresa
contenida en contratos de adhesión
o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes
o que se hayan celebrado con consumidores y usuarios.
El procedimiento adecuado para el ejercicio
de los procesos relativos a las condiciones generales
de contratación en los casos previstos en la legislación material
sobre la materia con independencia de la cuantía
es el proceso ordinario.
Ahora bien, para el ejercicio de las pretensiones de cesación
en defensa de intereses colectivos y difusos
de los consumidores y usuarios,
también con independencia de la cuantía,
será procedimiento adecuado el verbal.
Respecto del plazo,
cabe destacar que en las pretensiones declarativas.
No hay plazo, son siempre imprescriptibles,
pero las pretensiones colectivas de cesación y retractación.
Respecto de las que cabe advertir que no hay plazo,
pero respecto de ellas hay una excepción,
y es que la impugnación frente a las condiciones generales
que se hubiesen depositado en el registro general
de condiciones generales de la contratación
prescribirá los cinco años computados a partir del día en el que
se hubiese practicado el depósito,
siempre y cuando esas condiciones generales hubieran sido objeto
de utilización efectiva.
Las especialidades del procedimiento son las siguientes.
Primero, el sometimiento a un dictamen de conciliación.
Previamente a la interposición de las acciones colectivas
de cesación, de retractación o declarativa,
las partes podrán someter la cuestión ante el registrador de condiciones
generales en el plazo de 15 días sobre la adecuación a la ley
de esas cláusulas controvertidas.
Pudiendo proponer una redacción alternativa respecto de las mismas.
El dictamen del registrador no será vinculante,
pero podrán someterlo, insisto, a este dictamen de conciliación
que evitaría el proceso por carencia sobrevenida de su objeto.
Las medidas cautelares típicas de este proceso
son la anotación preventiva de la demanda tendrá una vigencia
de cuatro años a contar desde la fecha siendo prorrogable
hasta la terminación del procedimiento
en virtud de mandamiento judicial de prórroga y la suspensión cautelar
de la condición general de la contratación
concretamente impugnada.
La sentencia de nulidad
comporta la no incorporación al contrato de las cláusulas
de las condiciones generales y, por tanto, la declaración,
siempre con efectos ex tunc, desde el inicio de esas cláusulas.
Pero la sentencia de los procesos colectivos
difiere.
Y es que, en respuesta a la pretensión de cesación,
la condena se cierne de un lado sobre la eliminación
de las condiciones generales que se reputan nulas
y de otro la abstención de utilizarlas en lo sucesivo,
con aclaración, cuando fuese necesario,
de la parte del contrato que, pese a la nulidad
de una o algunas de sus partes, ha de considerarse,
sin embargo, válida y eficaz.
Esta respuesta puede encontrarse, además, complementada.
Con otros tipos de pronunciamiento respecto a las pretensiones
a las que ya me he referido.
En primer lugar, el de la condenada devolución
de las cantidades que se hubieran cobrado en virtud de condiciones
afectadas por la sentencia y, en segundo lugar,
la condena a la indemnización por los daños y perjuicios
que hubiese ocasionado la aplicación de esas condiciones generales
de la contratación.
En respuesta a la pretensión de retractación,
la condena al demandado sea o no el predisponente al cumplimiento
de dos obligaciones.
Primera, de un hacer, en concreto, el deber de retractarse
o de rectificar la recomendación que hubiese efectuado,
de utilizar las cláusulas de las condiciones generales
que ya se consideran nulas.
Y en segundo lugar, de un no hacer,
específicamente de abstenerse de seguir recomendándolas
en el futuro.
En respuesta a la pretensión declarativa
de declaración del reconocimiento de una cláusula
como condición general de la contratación
y de condena a su debida inscripción registral,
la sentencia condenará,
de un lado, la respuesta declarativa de la existencia y validez
de esa cláusula general de la contratación
y, de otro, una condena a un hacer en concreto
a ordenar su inscripción cuando resulte procedente
conforme a la regulación legal vigente.
Por lo que respecta a la publicidad, ha de recordarse
que el fallo de la sentencia dictada en el ejercicio
de una acción colectiva, una vez firme,
junto con el texto de la cláusula afectada,
podrá publicarse por decisión judicial en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil o en un periódico de los de mayor circulación
de la provincia correspondiente al Tribunal de Instancia
donde se hubiera dictado esa sentencia,
salvo que este tribunal acuerde su publicación en ambos.
Con los gastos a cargo del demandado,
que a su vez ha sido condenado,
por eso ya tenemos una sentencia para la cual se le dará un plazo
de 15 días desde la notificación de esta sentencia.
Muchas gracias.