Programa 9.
Procesos de propiedad intelectual, competencia desleal y publicidad.
Estos procesos se regulan en el Real Decreto Legislativo
1.1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual,
en la Ley 3.1991, de 10 de enero, de competencia desleal,
en la Ley 34.1988, de 12 de noviembre,
general de publicidad
y, naturalmente, en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El procedimiento adecuado para todos estos procesos
de propiedad intelectual es el juicio ordinario
cualquiera que sea su cuantía.
Por ahí se decidirán las materias que correspondan,
que se integren en las demandas en materia de competencia desleal,
defensa de la competencia, propiedad industrial,
propiedad intelectual y publicidad.
Siempre y cuando no versen
exclusivamente sobre reclamación de cantidad,
en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento
que corresponda en función de la cuantía que se reclame.
Comenzamos con el proceso de propiedad intelectual.
El autor de una obra literaria, científica o artística tiene derecho
a explotarla y a disponer de ella a su voluntad.
Por tanto, el objeto litigioso serán las creaciones originales,
literarias, artísticas o científicas expresadas
por cualquier medio soporte tangible o intangible actualmente conocido
o que se invente en el futuro.
Las pretensiones son las siguientes.
Primera, de condena al cese de la actividad ilícita
del infractor.
Segunda, de condena a la indemnización
de los daños materiales o morales causados,
incluido el daño emergente, ya se sabe,
ganancia que se haya dejado tener, lucro cesante
y gastos de investigación.
También la pretensión de publicación o difusión total o parcial
de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación
y siempre a costa del infractor.
La pretensión del cese de la actividad ilícita,
además de este cese, podrá contener las peticiones siguientes.
En primer lugar, la suspensión de la explotación
o actividad infractora.
En segundo lugar, la prohibición al infractor
de reanudar la explotación o actividad infractora.
En tercer lugar, la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos
y su destrucción.
En cuarto lugar, la retirada de circuitos comerciales,
la inutilización y, en caso necesario,
también la destrucción.
En quinto lugar, la remoción o precinto.
Y en sexto lugar, el comiso, la inutilización
y, en caso necesario, también la destrucción.
Frente a estas gravísimas pretensiones,
el demandado podrá solicitar que la destrucción o inutilización
pretendidas se realicen en la medida exactamente necesaria
para impedir la explotación ilícita.
Y, en segundo lugar, la entrega de los ejemplares inmaterial
a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización
por daños y perjuicios.
La legitimación activa,
que es susceptible de ser transmitida tanto inter vivos
como mortis causa, corresponde, como es lógico,
al autor de la obra literaria, científica o artística susceptible
de enjuiciamiento.
Se presumirá autor, salvo prueba en contrario,
a quien aparezca como tal en la obra mediante su nombre,
firma o signo que lo identifique.
En segundo lugar, corresponde también la legitimación activa
a las entidades legalmente constituidas en territorio español
y que se dediquen, en nombre propio o ajeno,
a la gestión de derechos de explotación
u otros de carácter patrimonial por cuenta
y en interés de varios autores
u otros titulares de derechos de propiedad intelectual.
Y la legitimación pasiva corresponde,
como es natural, al infractor, perturbador o defraudador del derecho
de la propiedad intelectual.
La competencia para conocer de las acciones relativas
a la competencia desleal, propiedad industrial,
propiedad intelectual y publicidad corresponde
a los tribunales de instancia, sección de lo mercantil.
La pretensión frente al acuerdo del registrador en el que se deniega
o suspende la práctica de los asientos correspondientes,
en ese caso el tribunal competente es el de instancia sección
de lo mercantil del lugar del domicilio
de la persona jurídica demandada,
esto es, donde se ubique el registro de la propiedad intelectual,
precisamente, ante el que se deniega
o suspende la práctica de los asientos correspondientes.
Respecto a las pretensiones del proceso de propiedad
intelectual restantes correspondientes a la condena al cese
de la actividad ilícita del infractor,
a la condena a la indemnización.
De los daños materiales y morales causados,
la publicación o difusión total o parcial de la resolución judicial
o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor,
en esos casos se podrá interponer la demanda a elección del demandante
ante el Tribunal de Instancia, Sección de lo Mercantil,
del lugar en el que la infracción se ha cometido
o existan indicios de su comisión o en el que se encuentren
los ejemplares ilícitos.
El procedimiento es el ordinario, con independencia de su cuantía,
ya se ha dicho, siempre y cuando no versen,
recuérdese, sobre cantidades económicas,
sobre reclamaciones de cantidad.
En ese caso,
se tramitará por el procedimiento que corresponda, ordinario o verbal,
en función de la cuantía.
El plazo.
Es el siguiente para las pretensiones de condena
al cese de la actividad ilícita del infractor a la publicación
o difusión total o parcial de la resolución judicial o arbitral
en medios de comunicación a costa del infractor se podrán interponer
en cualquier momento en el que se produzcan estos acontecimientos
pero para la pretensión
de condenar la indemnización de daños materiales o morales causados.
En el plazo de cinco años desde que ese
legitimado puede interponer esta acción.
Las medidas cautelares específicas en este proceso
o las más adecuadas son las siguientes anotación preventiva
de la demanda cuando se refiere a bienes o derechos
susceptibles de inscripción en registros públicos.
Otras anotaciones registrales en casos
de que la publicidad registral sea útil para el buen fin
de la posterior ejecución.
La orden judicial de cesar provisionalmente
en una actividad la de abstenerse temporalmente
de llevarla a cabo la prohibición temporal de interrumpir
o cesar en la realización de una prestación
que viniera llevándose a cabo también la intervención
y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad
que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación
se pretenda en la demanda así como consignación o depósito
de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración.
Por la propiedad intelectual quebrada y el depósito temporal de ejemplares
de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción
de las normas sobre la propiedad intelectual o industrial,
así como el depósito del material empleado para su producción.
¿Cuáles son las especialidades?
Los documentos que se han de acompañar a la demanda
para la acreditación de la legitimación
cuando sea la entidad de gestión quien la interponga.
A su vez, la copia de los estatutos
y la certificación acreditativa de su autorización administrativa.
Respecto de la prueba
y la sentencia, las especialidades son las siguientes.
En caso de daño moral, procede la indemnización,
aunque no resulte probada la existencia de perjuicio económico
alguno.
Y la sentencia dictada en el proceso de propiedad intelectual
goza siempre, como es lógico,
de plenos efectos de cosa juzgada, pudiendo ser recurrida
conforme a la regulación generalmente establecida
para los recursos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil.
Pasamos al proceso de competencia desleal.
Dentro del amplio concepto de competencia desleal
pueden destacarse, entre otras, las siguientes conductas desleales.
Primero, los actos de engaño.
Se considera desleal por engaño
cualquier conducta que contenga información falsa
o información que, aun siendo veraz por su contenido y prestación,
induzca o pueda inducir a error a los destinatarios,
siendo susceptible de alterar su comportamiento económico.
Los actos de confusión.
Se considera desleal todo comportamiento
que resulte idóneo para crear confusión
en la actividad.
Prestaciones y establecimientos ajenos.
Las omisiones engañosas.
Se considera desleal la omisión u ocultación de información necesaria
para que el destinatario adopte
o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico
con el debido conocimiento de causa.
Es también desleal si la información que se ofrece
es poco clara, ininteligible, es ambigua,
no se ofrece en el momento adecuado o no se da a conocer
con el propósito comercial de esa práctica
cuando no resulta evidente por el contexto.
Las prácticas agresivas se considera desleal todo comportamiento que,
teniendo en cuenta sus características y circunstancias,
sea susceptible de mermar de manera significativa mediante acoso,
coacción, incluido el uso de la fuerza o influencia indebida,
la libertad de elección o conducta
del destinatario en relación al bien o servicio,
y que por consiguiente afecte o pueda afectar
a su comportamiento económico.
Y por último, los actos de denigración.
Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones
sobre la actividad, prestaciones,
establecimientos o relaciones mercantiles de un tercero
que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado,
a no ser que sean exactas, verdaderas,
que sean pertinentes.
Todos estos actos de engaño, confusión, omisiones engañosas,
prácticas agresivas y actos de denigración
se consideran actos de competencia desleal,
conductas en definitiva desleales.
La pretensión declarativa de deslealtad
se contrae por tanto a solicitar la declaración con efectos ex nunc,
es decir, desde que se realizó el acto,
del reconocimiento expreso de la mala fe,
de la negligencia o en su caso de la ausencia
de una mínima honestidad profesional o empresarial,
en la realización de una concreta actuación por parte
de una determinada persona física o jurídica
que participa en el mercado mediante un pronunciamiento
declarativo de esa deslealtad.
Las pretensiones de condena pueden ser algunas de las siguientes.
Condena a uno a hacer una conducta desleal.
Cese en la conducta desleal actual o presente.
La condena a no hacer, pero referida a un tiempo futuro,
a un tiempo que está por venir.
Prohibición futura
respecto de una conducta que ya se está produciendo
y que es previsible que persista, siendo complementaria
con la anterior.
La condena a un no hacer, pero autónoma
respecto de las anteriores.
Solicitud de prohibición
de una conducta que todavía no se ha puesto en práctica,
pero que la persona, hipotética y potencialmente
afectada, prevé fundada y razonablemente que pueda llegar
a realizarse.
Otras pretensiones de condena
son la remoción de los efectos producidos por la conducta desleal,
la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas,
el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados
por la competencia desleal si ha intervenido dolo o culpa
de la gente,
el enriquecimiento injusto que sólo procederá si la conducta desleal
lesiona una posición jurídica amparada en un derecho de exclusiva
u otra de análogo contenido económico.
La legitimación activa difiere en función
de cuál sea la pretensión.
En las pretensiones de la deslealtad,
de cesión o prohibición de remoción de rectificación y de resartimiento,
corresponde la legitimación activa a cualquier persona física o jurídica
que participe en el mercado cuyos intereses económicos
resulten directamente perjudicados o amenazados
por la conducta desleal.
También a las asociaciones, corporaciones,
profesionales o representativas de intereses económicos
cuando resulten afectados los intereses de sus miembros
y al Ministerio Fiscal.
Sin embargo, en la pretensión de enriquecimiento injusto,
como es lógico, la legitimación activa tan solo
corresponde al titular de la posición jurídica lesionada,
a ese que ha de ser indemnizado.
La legitimación pasiva común para todas
ellas corresponde a cualquier persona que haya realizado
u ordenado la conducta desleal.
O que haya colaborado, cooperado a su realización,
con la sola excepción de la pretensión
de enriquecimiento injusto que, como es lógico,
de nuevo, tan solo podrá dirigirse contra el beneficiario
del enriquecimiento.
La competencia corresponde al tribunal de instancia,
sección de lo mercantil,
del lugar en que el demandado tenga su establecimiento.
De no existir este establecimiento físico,
el tribunal de instancia, sección de lo mercantil,
del lugar del domicilio o residencia del demandado.
En defecto de lo anterior, esto es.
Cuando el demandado no tuviera domicilio ni residencia
conocidos en territorio español, entonces ya a elección del demandante
alguno de los dos fueros opcionales siguientes,
bien al tribunal de instancia, sección de lo mercantil,
del lugar donde se ha realizado la competencia desleal
o bien del lugar donde se produzcan todos sus efectos
o la mayor parte de sus efectos.
El procedimiento adecuado, con independencia de su cuantía,
siempre que no verse exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad,
es el ordinario.
En ese caso, en el caso
de que se refiera exclusivamente a reclamaciones de cantidad,
será el que corresponda por razón de la cuantía.
El plazo.
Difiere.
Hay un término de un año para interponer esta demanda
desde el momento en el que pudo ejercitarse
y el legitimado tuvo cabal conocimiento
de la persona que realizó ese acto de competencia desleal.
Pero este término de un año lo será de tres años
para interponer idéntica demanda de competencia desleal
desde el momento de finalización de la conducta.
¿Cuáles son las especialidades?
Las siguientes.
Primero, las diligencias para la comprobación.
Y es que quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal
podrá solicitar del tribunal la práctica de diligencias
para la comprobación de esos hechos cuyo conocimiento
resulte objetivamente imprescindible para preparar el juicio.
En segundo lugar, la prueba.
En los procesos sobre competencia desleal,
así como en los procesos de publicidad ilícita,
rige una regla especial de la carga de la prueba.
Corresponderá al demandado la carga de la prueba relativa
a la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones
realizadas y de los datos materiales
que la publicidad exprese respectivamente.
Las medidas cautelares oportunas son las siguientes.
Primero, la orden de cesar provisionalmente en una actividad,
la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta,
la prohibición temporal de interrumpir o cesar
en la realización de una prestación que viniese llevándose a cabo.
En segundo lugar, la intervención y depósito
de los ingresos obtenidos mediante la actividad
que se considera ilícita o cuya prohibición o cesación
se pretenda en la demanda.
La sentencia tendrá plenos efectos de cosa juzgada
y serán impugnables con arreglo a las normas generales
de los recursos establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil
al respecto.
El tribunal,
si lo considera procedente y siempre con cargo al demandado,
es decir, al condenado o al demandado,
si al término es condenado, podrá acordar la publicación total
o parcial de esta sentencia.
Y por último tenemos el proceso de publicidad.
El objeto es la publicidad ilícita y merece la consideración
de publicidad ilícita concretamente la siguiente.
La publicidad que atenta contra la dignidad de la persona
o vulnera valores y derechos reconocidos en la Constitución.
En segundo lugar, la publicidad dirigida
a menores que les incite a a comprar algún bien o algún servicio
explotando su inexperiencia, su credibilidad
o en la que aparezca persuadiendo de la compra a sus padres
o en su caso a sus tutores.
También la publicidad subliminal,
entendiendo por tal la que mediante técnicas de producción de estímulos,
de intensidades fronterizas con umbrales de los sentidos
o análogos, puede actuar sobre el público destinatario
sin ser consciente de que la está percibiendo.
La que infrinja lo dispuesto en la normativa
que regule la publicidad de determinados productos,
bienes, servicios, actividades y, por último, la publicidad engañosa,
la publicidad desleal, la publicidad agresiva
que tendrá el carácter de actos de competencia desleal
conforme a la ley de competencia desleal.
Dentro de la publicidad atentatoria de la dignidad de la persona,
así como con carácter general dentro de la que afecta los derechos
y valores constitucionales, cobra singular relevancia
los anuncios que presentan a la mujer de forma vejatoria
o discriminatoria, utilizando.
Particular y directamente su cuerpo o partes de su cuerpo como mero
objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar.
O bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados
que vulneran los fundamentos de nuestro ordenamiento
coadyuvando a generar la violencia a la que precisamente se refiere
la ley orgánica de medidas de protección
contra la violencia de género.
Muchas gracias.