Programa 6.
Tutela procesal civil de derechos fundamentales.
En este programa vamos a analizar el amparo civil ordinario
y el amparo civil constitucional.
Se regula en el artículo 53.2 de la Constitución española.
Todos los ciudadanos podrán recabar la tutela
de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios
por un procedimiento basado en los principios de preferencia
y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional.
La ley que lo regula es la Ley Orgánica 1.1982,
de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen en este concreto derecho fundamental.
Y rige el principio de subsidiariedad en la protección
de los derechos fundamentales.
De suerte que el ciudadano debe acudir, en primer lugar,
a su juez legal ordinario predeterminado,
es decir, a su tribunal de instancia,
sección de lo civil o sección correspondiente,
Y si la pretensión no fuese satisfecha en ese momento,
entonces es cuando habrá de reproducir su pretensión
ante los tribunales superiores del Poder Judicial
e ir agotando todas sus pretensiones
a lo largo de toda la tramitación procedimental
de los distintos tribunales que integran nuestro Poder Judicial
hasta llegar al término al amparo constitucional.
Pero lo que no podrá es acudir directamente
al amparo constitucional.
Y en esto consiste exactamente el principio de subsidiariedad.
El proceso para la tutela de los derechos fundamentales
se decide conforme a las normas comunes del proceso ordinario,
con una salvedad, y es que la demanda de rectificación
se tramita conforme a lo previsto en el juicio verbal.
Por pretensión civil de amparo debemos entender esa petición
de reconocimiento y restablecimiento de un derecho fundamental
fundada en su violación por un particular
de los derechos fundamentales de incidencia en el derecho privado.
A este proceso civil de amparo tan sólo cabe acudir
cuando se ha producido precisamente la violación
de algunos de los derechos especialmente protegidos
en la Constitución, concretamente los recogidos en el artículo 53.2.
14 a 29 y 3, 2 de nuestra norma suprema.
En el proceso, en la pretensión civil de amparo ordinario,
el causante de la vulneración a alguno
de estos derechos fundamentales es un poder público.
Puede ser ejecutivo, legislativo o judicial del Estado.
Quiere esto decir que en el proceso,
en la pretensión civil de amparo ordinaria,
en la ordinaria, no es un poder público
sino un particular
y en el amparo constitucional ya será un poder público
como veremos a continuación.
Si el Poder Judicial no satisface la pretensión de amparo,
la invocación de la lesión se realizará ya
ante el Tribunal Constitucional.
Entonces, es cuando habrá de efectuarse
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva,
puesto que será el juez ordinario, esto es, el Tribunal de Instancia,
sección correspondiente y sus sucesivos tribunales,
quienes no protegen el derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva.
Por tanto distinguimos tutela civil ordinaria a cargo de los tribunales
de instancia, tutela civil constitucional
a cargo del tribunal constitucional.
Quien vulnera el derecho fundamental en la tutela civil ordinaria
es un particular, quien vulnera el derecho fundamental en la tutela.
Civil constitucional es un poder del Estado ejecutivo y legislativo
judicial, en nuestro caso generalmente el poder judicial,
al no atender al derecho a la tutela judicial efectiva
consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución.
Bien, en el proceso civil especial de amparo son legitimados activos
los sujetos de derecho que ostentan un interés legítimo
en el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado
y también el Ministerio Fiscal con una doble legitimación.
Primero por sustitución en el caso de menores
y personas con discapacidad
cuando estén provistas de apoyos judiciales
con respecto a los cuales se produzca lógicamente una vulneración
de un derecho fundamental.
Y originaria de otro en su calidad de defensor
de las normas constitucionales tuteladoras
de los derechos fundamentales.
La legitimación pasiva, sin embargo,
corresponde al particular causante de la lesión
frente al cual se interpone la pretensión de amparo.
Recuérdese que esta es una nota del amparo civil ordinario,
porque el causante de la lesión en el amparo constitucional
lo ha de ser siempre un poder público del Estado, ejecutivo, legislativo
o, normalmente, en este tipo de amparos, judicial.
La competencia objetiva corresponde a los tribunales de instancia
y la territorial a los del domicilio del demandante.
Cuando no tuviera domicilio en territorio español,
el tribunal competente lo será el del lugar donde se hubiera producido
el hecho que vulnere el derecho fundamental
de que se trate.
El procedimiento,
ya se ha dicho, es el juicio ordinario,
con una única pero muy relevante especialidad,
y es su preferencia, la preferencia de su tramitación y su ejecución
provisional.
Y aquí pasamos al proceso civil de amparo del derecho al honor,
a la intimidad y a la propia imagen.
El objeto procesal son estos tres derechos,
el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen,
del ciudadano, el derecho y, entran en colisión
normalmente con el derecho de información,
libertad de expresión o ideológica del autor de la lesión.
El derecho al honor es irrenunciable,
es imprescriptible,
también es inalienable, además de personalísimo,
y respecto de él rige el más absoluto principio dispositivo.
Quiere esto decir, como todos sabemos,
que ne mo iudex sine actore puede llegarse
a algún acuerdo a lo largo de la tramitación del procedimiento
y, por supuesto, el juez se ve constreñido por los límites
de la congruencia civil.
Bien, la legitimación activa en este concreto proceso corresponde
a los particulares titulares de los derechos fundamentales
comprometidos, honor, intimidad e imagen.
El Ministerio Fiscal también está facultado
para el ejercicio de la acción por sustitución procesal
en interés de las personas con discapacidad
y de las personas fallecidas en los supuestos de lesión al honor,
intimidad o imagen de estas personas.
La legitimación pasiva corresponde al causante de la intromisión ilegítima
en ese derecho al honor, intimidad e imagen.
El objeto litigioso puede judicializarse en vía civil,
honor, intimidad e imagen o en vía penal
por el delito de injurias y calumnias.
Es de esos pocos procesos, de esos pocos objetos litigiosos
que pueden reconducirse por la vía u orden jurisdiccional civil,
pero también penal.
Caben, por tanto, tres escenarios.
Primero, el inicio de un proceso penal con acumulación
de la pretensión civil resarcitoria.
En ese caso, la sentencia penal que en su día se dicte,
surte efectos en ambas modalidades, penal y civil.
Además, con fuerza de cosa juzgada,
respecto del fallo o parte dispositiva
de ambas resoluciones o respuestas judiciales.
Segundo escenario, inicio de un proceso penal
con reserva de la acción civil.
El inicio del proceso penal
compromete la acción civil posterior.
Quiere esto decir que el inicio del proceso civil posterior
ha de esperar a la completa conclusión
del proceso penal por sentencia no sólo definitiva
sino también firme.
Primero el proceso penal en este escenario
y una vez ha concluido por resolución judicial.
Firme, podría comenzar ese proceso civil
que el particular o los particulares lesionados
se han reservado para un momento posterior.
Tercer escenario, inicio de un proceso civil
por hechos subsumibles en un delito privado.
En ese caso se considerará extinguida la acción penal.
Quiere esto decir que el particular ha elegido entre un proceso penal
o un proceso civil.
Una vez ha elegido el proceso.
Civil se entiende que descarta el proceso penal,
puesto que el delito de injurias y calumnias
es privado y, por tanto, tan solo perseguible
a instancia de la persona perjudicada por el delito
o afectada por el delito.
Si esta persona, nemo iudex sine accusatore,
no inicia la pretensión penal y prefiere
o prioriza la pretensión civil,
entonces esa será preferente y quedará descartada
el proceso penal.
En todo caso, concluye por sentencia motivada,
con especial consideración,
al principio de proporcionalidad entre los derechos fundamentales
afectados.
Tengamos en cuenta que los derechos fundamentales afectados
eran, de un lado, el derecho al honor,
a la intimidad y a la imagen del ciudadano
y, de otro, el derecho a una información veraz,
a la libertad de expresión y a la libertad ideológica.
Ningún derecho fundamental es absoluto.
Todos son relativos y han de compatibilizarse unos con otros,
han de ponderarse.
De ahí que la sentencia que pone término a este tipo de procesos
deba tener una especial consideración en su motivación
al principio de proporcionalidad o ponderación entre unos y otros.
El proceso civil de amparo del derecho de rectificación
es el siguiente y el objeto litigioso consiste en las pretensiones
de reconocimiento del derecho de rectificación y la condena
a publicar esa rectificación pretendida en el mismo medio
donde se publicó la noticia inexacta.
Debe observarse que en este proceso queda excluida
la pretensión de indemnización por daños y perjuicios.
Esto es, que el objeto litigioso
se circunscribe exclusivamente a la condena
a publicar la rectificación pretendida en el mismo medio
donde se publicó, insisto, la noticia considerada inexacta.
Corresponde la legitimación activa a todas las personas naturales
y jurídicas que consideren inexacta y al propio tiempo perjudicial
una determinada noticia,
pudiendo ejercitar la acción el perjudicado por sí mismo
o a través de un representante
e incluso los herederos del titular del derecho si éste falleciese.
La legitimación pasiva corresponde al medio de comunicación social causante
de esa lesión, debiendo comparecer en el proceso
su director o representante.
Bien, el procedimiento adecuado, como he dicho antes,
es el juicio verbal con especialidades,
puesto que el resto de procesos que afectan
a los derechos fundamentales se reconducía al ordinario
con la salvedad del que precisamente ahora estamos hablando,
que es el de rectificación,
que se reconducía al verbal.
Las especialidades son las siguientes.
Primero, tiene un presupuesto de procedibilidad que consiste
en un intento previo de acuerdo,
salvo que el destinatario de la rectificación sea el Estado.
En ese caso, no sería necesario este presupuesto,
sino una reclamación administrativa previa en vía Bien,
la competencia corresponde a los tribunales de instancia
del domicilio del actor o del lugar de la dirección
del medio de comunicación social, siempre a elección del demandante,
esto es, del particular lesionado en su derecho fundamental.
Tiene una tramitación acelerada este juicio verbal,
siete días para la comparecencia de las partes,
solo se admitirán las pruebas que puedan practicarse en el acto
y además en la vista el juez puede recabar de oficio
la copia de la información objeto de rectificación
y todo ello con la finalidad de que sea un proceso ultra ligero
y muy rápido.
Muchas gracias.