Programa 7.
Procesos de impugnación de acuerdos sociales
de las sociedades de capital.
La regulación se encuentra en la ley de juiciamiento civil
y en el texto refundido de la ley de sociedades de capital.
El objeto litigioso son los acuerdos sociales procedentes
de las juntas,
asambleas u órganos de administración de las sociedades de capital,
concretamente de las sociedades de responsabilidad limitada,
las sociedades anónimas y las sociedades comanditarias
por acciones.
Las características del objeto litigioso son las siguientes.
En primer lugar, se trata de acuerdos emanantes
de los órganos de deliberación y gobierno
de estas sociedades de capital a las que me acabo de referir.
En segundo lugar, se trata de acuerdos sociales válidos
y vigentes al tiempo de su impugnación.
Además, tan solo pueden reconducirse a través de este procedimiento
adecuado, el proceso de impugnación de acuerdos sociales
y no de ningún otro.
Además,
y como cuarta característica del objeto del proceso,
tres son las causas o motivos de impugnación.
Primero, contravención a la ley o al orden público.
Segundo, contravención de los estatutos
o del reglamento de la sociedad de que se trate.
Y en tercer lugar, la lesión del interés social
en beneficio de uno o varios socios o de terceros.
Bien, vamos con la primera causa de impugnación,
la impugnación de los acuerdos contrarios a la ley.
Por acuerdos contrarios a la ley imperativa
se entiende los que son contrarios a una ley prohibitiva
y no dispositiva.
Los acuerdos contrarios al orden público se integran
dentro de este amplio concepto de acuerdos contrarios a la ley,
pero los contrarios al orden público son los que atentan
contra la misma estructura y principios vertebradores
de la sociedad.
Los que restringen radicalmente
los derechos más elementales de sus miembros,
o incluso aquellos otros que colisionan frontalmente
con las bases negociales más básicas del tráfico jurídico societario,
entendiendo siempre que el orden público societario.
Es un concepto jurídico indeterminado cuya recreación
y cuya integración corresponderá a los tribunales de justicia
a lo largo del tiempo en el que se vaya generando
en relación con este punto una jurisprudencia consolidada.
Dentro de la contravención legal debemos distinguir, a su vez,
la contravención legal que afecta al contenido intrínseco del acuerdo,
a lo que se adopta en cada acuerdo,
y la contravención legal que afecta al proceso de formación
de la voluntad social de ese acuerdo,
es decir, a la convocatoria,
constitución y cuórum de las juntas o asambleas,
en definitiva, de los órganos deliberantes
y de gobierno de las sociedades de capital.
Respecto de esta última contravención legal,
la que afecta al proceso de formación de la voluntad social,
se aplicará después un test de proporcionalidad,
así denominado,
para determinar la incidencia del vicio en la conformación
de la voluntad
y, por tanto, Si el socio que acude a estos órganos deliberativos
y de gobierno debe oponerse, si tuvo ocasión para ello,
debe oponerse a la convocatoria defectuosa,
a la constitución irregular o al quórum insuficiente,
puesto que si no se opone en ese momento,
después volvería contra sus propios actos.
Una vez ha admitido la convocatoria, constitución y quórum,
volvería contra sus propios actos si después pretende atacarla.
Volveré sobre ello.
La segunda causa de impugnación es la contravención de los estatutos
o del reglamento de la Junta de la Sociedad.
Y la tercera causa de impugnación, la lesión del interés social
en beneficio de uno o varios socios o de terceros.
Se produce lesión del interés social en dos casos.
Primero, cuando se provoca un daño económico
a la sociedad.
Y segundo,
cuando se dan acumulativamente tres conceptos,
tres conceptos que vuelven a ser indeterminados y corresponderá
a los tribunales determinar.
Son los siguientes,
imposición abusiva sin responder a una necesidad razonable,
en favor de la mayoría y en detrimento injustificado
de los demás socios.
Estos son los tres conceptos acumulativos
que integran el concepto general de lesión del interés social
en beneficio de uno, varios socios o terceros
cuando no resulte palmario el daño económico a la sociedad que ese ya
habla por sí mismo y no precisa mayor determinación.
Bien, la legitimación activa corresponde a los administradores
y a los socios que representen un 1% del capital.
Si no llegan a alcanzar, si uno solo
de los socios no llega a alcanzar ese 1%,
entonces puede unirse a otro u otros socios, de suerte,
que varios juntos sí alcancen ese 1% de capital social
de una gran sociedad.
Esto sería un litis consorcio activo necesario.
Bien, además de los administradores y de los socios, socio o socios,
como digo,
que en un litigio consociativo necesario
alcancen ese 1% de representatividad
del capital social,
están a su vez legitimados los terceros con interés legítimo.
Y además hay una serie de requisitos adicionales
en ciertos casos.
En el caso
de que se ataque el proceso de formación de la voluntad social,
como se ha dicho,
estos socios deben haber se opuesto a la convocatoria,
constitución o quórum irregular, defectuosa o insuficiente.
La legitimación pasiva corresponde a las sociedades de capital
y la competencia al tribunal de instancia,
sección de lo mercantil, del lugar del domicilio social.
Si hay una discrepancia entre el domicilio social
y el domicilio registral,
se puede acudir a cualquiera de los dos.
En relación con los plazos, ha de señalarse
que los acuerdos contrarios al orden público
ni prescriben ni caducan, por su especial gravedad,
ni prescriben ni caducan.
El resto de plazos es de un año,
pero luego existen una serie de plazos especiales en función
de los órganos donde se adoptan los acuerdos
o de los impugnantes que inician este proceso.
El procedimiento es el ordinario con especialidades.
La demanda precisa que su causa de impugnación sea viable,
es decir, necesitamos determinar desde el mismo inicio
el carácter esencial o determinante del concreto motivo
de impugnación que se va a alegar ante el juez.
Las causas de inimpugnabilidad por falta de esencialidad
del motivo de impugnación pueden ser varias.
La primera, la existencia de requisitos procedimentales.
Segundo, derecho a información.
Tercero, participación de personas no legitimadas.
Cuarto, invalidez o cómputo erróneo de los votos emitidos.
¿Qué quiere esto decir?
Que si la causa o motivo de impugnación
se encuentra conformada por uno de estos cuatro motivos
y aplicado un test de proporcionalidad,
se determina que el vicio alegado no compromete
el contenido del resultado o el haber alcanzado ese acuerdo,
entonces no resultará viable o esencial la causa de impugnación.
Esto es algo así como determinar que ha sido imprescindible
el derecho de información concedido a uno o varios socios
y ha sido tan imprescindible como que, de haberse realizado,
el resultado del acuerdo habría sido otro.
O lo que es lo mismo, falla el quórum.
La parte que falta del quórum necesaria
para determinar que el quórum habría sido válido es determinante
de que se hubiese podido aprobar o dejar de aprobar un acuerdo
o constituir válidamente una junta o asamblea.
De otra manera, el test de proporcionalidad no lo resistiría
y, por tanto, el motivo no sería esencial.
Bien, las medidas cautelares son la anotación preventiva
de la demanda y la suspensión del acuerdo social.
Como siguientes especialidades
han de señalarse la acumulación de las demandas
y es que existe una preceptiva acumulación
de todas las demandas presentadas por los distintos impugnantes
frente a los mismos acuerdos durante los 40 primeros días,
los 40 días respecto de la que primero se interpuso.
A su vez, si se revoca o sustituye el acuerdo,
decae el proceso por carencia sobrevenida de su objeto.
Esta revocación puede ser espontánea,
esto es, la Junta vuelve a reunirse, la Junta o Asamblea vuelve a reunirse
y adopta otro acuerdo de forma espontánea
o bien provocada.
Esto es, el Tribunal les ofrece en un plazo de subsanación
la posibilidad de que lleven a cabo una conciliación intraprocesal.
De suerte que en ese plazo se vuelve a reunir la Junta o Asamblea
y adopta un nuevo acuerdo.
En ese caso sería una revocación o sustitución del acuerdo provocada.
La comparecencia previa y comparecencia principal
de este proceso ordinario no presenta especialidades,
pero sí la sentencia.
La sentencia despliega efectos sobre todos los socios,
con independencia de que hubiesen litigado o no.
Además, este tipo de sentencias son las que requieren
la preceptiva inscripción en el registro mercantil
para el surgimiento de todos sus efectos.
Muchas gracias.