Programa 5.
Procesos de división de patrimonios.
Concretamente, procesos de división, intervención y administración
judicial de la herencia.
Comenzamos con el primero de ellos, el proceso de división judicial
de la herencia.
Es un proceso que está integrado por un objeto procesal simple,
a pesar de su dificultad de reparto.
Inventario, avalúo, liquidación y adjudicación
de los bienes hereditarios.
Volveré luego sobre ello.
Se caracteriza por las siguientes notas configuradoras.
La primera es su carácter contencioso.
Quiere esto decir que siempre se produce en defecto de pacto
o transacción que ponga término al proceso.
Y si el proceso hubiese comenzado, se le podría poner término
en cualquier momento del mismo gracias a la adopción
de algún acuerdo en relación con lo que sea sujeto,
que es el reparto o división de la herencia.
Bien, en segundo, la segunda nota configuradora es su subsidiariedad
y es que tan sólo se acude a este proceso de división judicial
de la herencia en defecto de una voluntad individual
o colegiada.
Voluntad individual que sería la determinada por el propio testador
o colegiada, que es la división efectuada por los coherederos
de común acuerdo
o bien por el contador partidor designado por el propio testador
o por el contador partidor dativo que sería el designado
por una resolución judicial a instancia de herederos o legatarios
que representen al menos el 50%
del capital hereditario.
La tercera característica general
es la universalidad del proceso hereditario.
Y es que la individualización, tasación, liquidación, partición
y adjudicación se proyectan sobre la totalidad de un patrimonio
y no sobre bienes específicos.
Bien, la siguiente nota
es la extinción de la comunidad hereditaria.
Los coherederos pasan de tener un derecho abstracto
a la totalidad de los bienes que integran una herencia
a tener derechos concretos sobre los bienes
que finalmente les sean adjudicados.
La siguiente nota es la preceptividad y es que este es el único proceso
por el que se puede ventilar la división del caudal hereditario.
Es decir, este es el proceso ordinario correspondiente
sin que haya alternatividad respecto de otros procesos.
Su naturaleza contenciosa resulta evidente porque si los coherederos
interesados en la división judicial de la herencia llegan
a un acuerdo en relación con la partición o división
efectuada por el propio testador.
La legitimación corresponde, en primer lugar,
al cónyuge sobreviviente, a los coherederos,
que lo son a título universal, es decir,
estos coherederos en principio lo son por todo el patrimonio
hasta que luego se produzca la determinación
de qué bienes le corresponden a cada uno de ellos.
En tercer lugar, a los legatarios de parte alícuota.
Los legatarios de parte alícuota los son a título individual,
ya no los son a título general.
Y es que les corresponde una parte proporcional del total
de la herencia.
Es decir, una vez satisfecho el pasivo de la masa hereditaria,
si todavía queda un balance positivo, entonces estos coherederos
de parte alícuota tendrán derecho a solicitar esa parte.
Bien, además corresponde a los acreedores que pueden
ser de dos tipos,
acreedores de la propia herencia que tienen interés
en cobrar sus créditos con cargo al caudal relicto,
es decir, de todo el caudal en su conjunto,
o a los acreedores de los herederos que tienen un interés directo
en la partición porque su cobro se hará depender, a su vez,
de la adjudicación concreta del coheredero que es su deudor.
Bien, la solicitud adopta la forma de demanda
y debe acompañarse de la certificación o documento
en el que se acredita la condición de heredero o legatario,
es decir, el testamento o la declaración de herederos.
La competencia corresponde al tribunal del lugar
en el que el finado tuvo su último domicilio.
Y si no lo hubiera tenido en un país extranjero,
entonces el de su último domicilio en España
o donde estuvieran la mayor parte de sus bienes,
en estos dos últimos casos a elección del demandante.
Respecto del procedimiento,
ha de advertirse que ni prescribe ni caduca.
La sucesión de una persona se abre en el momento de su muerte.
Y ahí su patrimonio se transmuta en una herencia yacente.
Esta herencia yacente es el conjunto de bienes,
derechos y obligaciones de una persona
que integran su patrimonio al tiempo de fallecer.
Los momentos del procedimiento son los siguientes.
La solicitud de la división judicial de la herencia es el primer momento.
Requiere la preceptiva intervención de abogado y procurador.
Adopta la forma de demanda.
A ella debe acompañarse, como se ha dicho,
el certificado registral de defunción y el testamento o declaración
de herederos a 20 estato a través del acta de notoriedad
expedida por el notario.
La comunicación de si existen menores
o personas con discapacidad incorporadas a este proceso,
en cuyo caso debe intervenir el Ministerio Fiscal.
Y la comunicación de la posible existencia
de otros coherederos de la herencia, perdón,
de otros posibles acreedores,
que como he dicho pueden ser acreedores de la herencia
o acreedores de los coherederos.
A continuación,
tiene lugar la convocatoria de la Junta
para la designación del contador partido.
Y es que una vez supervisados los presupuestos procesales,
el letrado de la Administración de Justicia
debe convocar para una Junta a los herederos
y a los legatarios de parte alí cuota,
así como al cónyuge sobreviviente o superviviente.
De nuevo, si hay menores o personas con discapacidad,
también al Ministerio Fiscal.
La finalidad de esta Junta es la de adoptar
un acuerdo vinculante.
Para el nombramiento de un contador que practique
las operaciones divisorias del caudal,
así como el nombramiento, en su caso, de peritos o de un perito
para intervenir en el avalúo de los bienes.
Ese acuerdo es vinculante tanto
para los que asisten como para los que no asisten,
pero, claro, debe ser adoptado por mayoría absoluta,
es decir, por unanimidad,
de todos los que asisten a la convocatoria de la Junta
para la designación de este contador partidor.
El contador partidor conviene recordar
que es un colaborador necesario del tribunal
y ostenta un cargo, primero, que es voluntario,
es decir, que precisa aceptación.
Segundo, que remunerado se le remunera con un capital
a descontar de la herencia.
Además es personalísimo, es decir,
que aunque se pueden encomendar a terceros
especializados determinadas operaciones particionales,
pero en realidad él es el que tiene la responsabilidad
de llevar a cabo las actuaciones a las que luego me voy a referir.
Y luego, es un cargo temporal.
El plazo está judicialmente establecido,
el juez puede fijar un plazo superior al legal,
el legal es de dos meses,
pero si esa herencia tiene una especial complejidad,
bien por el volumen del caudal hereditario
o por el número de herederos,
entonces puede fijarse un plazo superior.
La práctica de las operaciones divisorias que se encomiendan
a este contador partidor incorpora las siguientes cuatro fases.
Primero, el inventario.
El inventario es la determinación de la totalidad de los bienes,
obligaciones, cargas, derechos concretados,
individualizados, que integran toda la comunidad hereditaria.
En segundo lugar está el avalúo.
Es la labor de valoración, de tasación,
de cuantificación económica
de los bienes que integran ese capital hereditario.
En tercer lugar, la liquidación.
La liquidación es una operación matemática
para descontar las deudas del capital hereditario
y confirmar que queda.
Y por último está la división, que es la formación ya de lotes
particionales, individuales, atendiendo a razones cuantitativas
para satisfacer económicamente a los herederos,
pero también cualitativas, porque en algunos casos
los bienes que se van a adjudicar tienen
un extraordinario valor sentimental o emocional.
Si las partes se llegan a poner de acuerdo
en la formación del inventario, avalúo, liquidación y división,
no hay ningún problema, como he dicho,
pero si no se ponen de acuerdo en la conformación de este inventario,
entonces se deriva a una vista y se resuelve por parte
del juez mediante sentencia.
Bien, el letrado de la Administración de Justicia
debe dar traslado de estas operaciones divisorias
a las partes para que formulen oposición
si lo consideran oportuno.
Si no formulan esa oposición, entonces en un plazo determinado
se pueden aceptar las operaciones que se han realizado
y el acta decreto aprobando esas operaciones esenciales.
Y mandando protocolizarlas,
con lo cual sería un acto de jurisdicción voluntaria
que concluye enseguida.
Pero si formulan oposición,
entonces el letrado de la Administración de Justicia
tiene que convocar al contador partidor
y a las partes a una nueva comparecencia
que se celebrará en el plazo de los diez días
siguientes.
Las causas de oposición pueden ser procesales o materiales.
Son procesales las que afectan a defectos de la convocatoria,
constitución o quórum de la junta que se ha celebrado
o bien defectos procesales.
Y las causas materiales de oposición, lógicamente,
son las que afectan al inventario, tasación, liquidación o partición.
Sería una causa de oposición material
que afecta al inventario la omisión de bienes
o los indebidamente incluidos.
También.
En la tasación sería una causa de oposición la valoración por exceso
o por defecto de esos bienes.
En relación con la liquidación sería una causa de oposición
el incorrecto cálculo del activo o del pasivo.
Y en relación con la partición sería una causa de oposición
la adjudicación irrespetuosa con la voluntad o bien del testador
o bien con la debida igualdad que debe presidir la realización
de los diferentes lotes.
En la comparecencia, si se alcanza conformidad,
el tribunal en el mismo acto oídas las partes,
admite las pruebas pertinentes y útiles,
prosigue la sustanciación y se resuelve con arreglo
al juicio verbal.
La sentencia que recae no tiene cosa juzgada, por tanto,
los interesados pueden hacer valer sus derechos ya específicos
y concretos adjudicados en el proceso ordinario correspondiente.
Con esto se entregan los bienes ya adjudicados,
luego que sean protocolizados,
el letrado de la Administración de Justicia
dará a los partícipes que lo pidan testimonio de su haber
y adjudicación respectiva.
Con esto pasamos a la intervención judicial
de la herencia.
El objeto litigioso ya es la adopción de medidas
destinadas a evitar el deterioro y en su caso
la destrucción, ocultación, sustracción o desaparición
de este caudal hereditario.
Por tanto, son notas características la urgencia,
la celeridad, la inmediatez,
la provisionalidad y la temporalidad de esta intervención.
La competencia corresponde, al igual que ha sucedido
en la división judicial de la herencia,
al tribunal en el que el finado tuvo su último domicilio,
si lo hubiera tenido en un país extranjero,
al de su último domicilio en España
o bien donde estuviera la mayor parte de sus bienes
en estos dos últimos casos de la elección del demandante.
El procedimiento puede realizarse
o bien a través de una intervención de oficio,
cuando no hay testamento o en ausencia de personas con derecho
a suceder, o bien a instancia de parte.
A instancia de parte correspondería al cónyuge heredero legatario
o a creedores
que, recuerde, pueden ser de la herencia o de los coherederos.
Las fases de la intervención son sencillas.
Primero, se realiza la formación del inventario.
Para ello, hay una convocatoria por parte del letrado
de la Administración de Justicia en la que se deriva al juicio verbal
si no se ponen de acuerdo.
En segundo lugar,
el aseguramiento del caudal hereditario.
Para ello se llevan a cabo una serie de medidas a las que me voy a referir
a continuación.
Pero primero debo hacer alusión a que la intervención primera
puede ser de oficio o puede ser a instancia de parte.
La intervención de oficio se realiza cuando no hay un testamento
o no existen personas o en ausencia de personas con derecho
a suceder.
En ese caso, el juez debe adoptar de oficio las medidas indispensables
para el enterramiento de la persona y para la seguridad de sus bienes,
libros, papeles, correspondencia y efectos.
El letrado de la Administración de Justicia
adoptará mediante diligencia
las medidas que estime oportunas conducentes a averiguar los datos
de esa persona.
La certificación de la defunción,
el certificado de registro general de actos de última voluntad
y si en efecto el fallecido o el finado ha fallecido sin testar
y sin parientes llamados a sucederle,
entonces el tribunal mediante auto procederá a ocupar sus libros,
papeles, correspondencia, a inventariar y depositar sus bienes
y después a declarar judicialmente
como heredero a bien testato al propio Estado.
En el caso de intervención a instancia de parte,
pues los legitimados son los de siempre, el cónyuge
o cualquier pariente que se considere con derecho a suceder,
cualquier heredero o legatario de parte alicuata
y los acreedores reconocidos como tales o en el testamento
o por los coherederos
y por supuesto los que tengan un título documentado,
un derecho documentado en un título.
A partir de aquí, pasamos a las fases.
Lógicamente, este proceso también requiere
la preceptiva intervención de abogado y procurador
y pasamos a las fases de la intervención.
La primera es la formación de inventario.
La segunda, el aseguramiento del caudal hereditario.
En este aseguramiento del caudal hereditario,
los pasos a seguir son, en primer lugar,
el depósito del metálico y efectos públicos
que se depositan con arreglo a derecho.
El nombramiento de un administrador, este administrador será el viudo,
la viuda,
en su defecto un heredero legatario de parte alícuota
y en defecto de estos también puede ser lo un tercero.
Y el administrador deberá prestar caución fijada por el tribunal,
proporcionada al interés del caudal y proporcionado también
al patrimonio susceptible de ser administrado
y el riesgo del perjuicio o merma o daño
que pueda producirse en el patrimonio.
Sin embargo, quedan dispensados del deber
de prestar caución el propio cónyuge viudo o el heredero
cuando tengan bienes suficientes para responder con esos bienes
que se le entreguen de ese riesgo del que acabo de hablar.
Y aquí concluye la intervención judicial de la herencia.
La intervención ante la inexistencia y en ausencia de parientes próximos,
el juez provoca su alzamiento una vez han sido distribuidos y adjudicados,
ya sea los particulares, ya sea el Estado,
los bienes de la herencia objeto de intervención.
Y cuando la intervención se produce ante el proceso de división judicial
de la herencia, se puede alzar o mantener.
Durante el tiempo que dura la división judicial
de la herencia hasta que se hace la entrega a cada heredero
de los bienes adjudicados.
Y pasamos a la tercera y última fase,
que es la administración judicial de la herencia.
El objeto de esta administración judicial de la herencia
es explotar, mejorar, revalorizar, rentabilizar e incrementar,
si se puede, el valor de la masa patrimonial.
El procedimiento comienza con el nombramiento del administrador
y su caución.
Las funciones del administrador son la administración,
la representación, y es que el administrador
representará la herencia en todos los procesos
que se promuevan y que estuvieran ya comenzados
al tiempo de fallecer la persona,
así como de aquellos otros que se lleguen a iniciar una vez
se haga la declaración de herederos.
La rendición periódica y final de cuentas
también le corresponde y la, en su caso,
El administrador tiene que rendir cuentas justificadas
en los plazos que el tribunal le señale, que serán proporcionadas
en importancia y condiciones del caudal sin que en ningún caso
pueda exceder de un año.
Cuando el administrador cese en su cargo,
además debe hacer una rendición final de cuentas.
La administración, como decía,
tiene una finalidad asegurativa, pero también satisfactiva
de los derechos.
Asegurativa porque está vinculada a la futura ejecutividad del fallo.
Tiene que asegurarse de que el fallo en su día se podrá ejecutar,
es decir, que los bienes estaban bien administrados.
Y satisfactiva vinculada
a la satisfacción de derechos e intereses de las partes,
impidiendo que devenga inútil el pronunciamiento o ejecución
de lo resuelto.
Para ello debe conservar los bienes de la herencia y el destino
de las cantidades que se recaudan durante ese tiempo.
Tiene prohibido enajenar los bienes inventariados,
con algunas excepciones.
Y es que, con carácter general,
el administrador no puede enajenar ni grabar bienes.
Ahora bien.
Se deben exceptuar de esta regla general aquellos
que puedan deteriorarse,
los que sean de difícil o costosa conservación,
los frutos para cuya enajenación se presenten en circunstancias
que se estimen ventajosas y los demás cuya enajenación
se presenten en circunstancias que se estimen ventajosas.
Sea absolutamente imprescindible para el pago de determinadas deudas
o para cubrir atenciones de la propia administración
de la herencia.
El cargo de administrador, lógicamente,
es retribuido y, por último,
existen una serie de administraciones subalternas consistentes
en que, si el finado, al tiempo de fallecer,
tuviese ya una administración para el cuidado de sus bienes,
esta se conservará.
Y además se conservará con la misma retribución y facultades
con la que el finado la hubiese dejado.
Ahora bien, estas administraciones subalternas
quedan bajo la jefatura del nuevo administrador judicial,
siendo por tanto dependientes de esta y debiendo obedecer los dictados
de esta Administración Judicial de la Herencia.
Y con esto concluimos este largo y en realidad complejo
proceso de división de patrimonios
integrado por la propia División Judicial de la Herencia
y también por la intervención y administración judiciales
todas de la herencia.
Muchas gracias por su atención.