Programa 3.
Procesos matrimoniales y de menores.
Los procesos matrimoniales son estos procesos
que resuelven en vía judicial las crisis matrimoniales,
suspensión o desolución del vínculo conyugal,
así como todos y cada uno de los extremos personales
y patrimoniales asociados a esta pretensión principal.
La regulación se encuentra en la propia Constitución española
y es que el hombre y la mujer tienen derecho
a contraer con plena igualdad jurídica matrimonio.
La ley regula las formas de matrimonio,
la edad, capacidad para contraerlo,
los derechos y deberes de los cónyuges,
las causas de separación y disolución y sus efectos.
El artículo 44 del Código Civil también establece
que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos
cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
Por tanto, los textos normativos que regulan el matrimonio
y su disolución son la Constitución Española,
la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Civil.
Bien, el punto de conexión de todas estas pretensiones
es el siguiente,
y es que las pretensiones tanto de nulidad
como de separación y de divorcio,
todas ellas se hayan dirigidas a la supresión
del vínculo matrimonial.
Pero existen diferencias entre estas tres pretensiones.
La primera, por razón de los efectos temporales
de la sentencia.
La sentencia adimanante de la pretensión de nulidad
tiene naturaleza declarativa y produce efectos ex-tunc,
es decir, desde que se celebró el matrimonio,
desde que se celebró esa apariencia, ficción o hipótesis de matrimonio
que en realidad nunca existió,
queda anulada, es una nulidad radical con efectos ex-tunc.
Sin embargo, las sentencias dimanantes
de las pretensiones de separación o divorcio
ostentan naturaleza constitutiva y operan con eficacia ex nun,
es decir, desde ahora, desde el momento en el que el juez
o el letrado de la Administración de Justicia,
según cual sea el competente, dictan la sentencia o decreto,
respectivamente, de separación o divorcio,
siendo oponible de buena fe a partir de su inscripción
registral.
Bien, por relación a los efectos materiales de la sentencia,
también hay una diferencia entre las pretensiones de nulidad,
separación y divorcio.
Y es que las pretensiones de nulidad y divorcio
se hallan dirigidas a la disolución del vínculo,
completa disolución del vínculo.
Sin embargo, las de separación son provisionales,
es decir, se dirigen tan solo a la suspensión de la vida en común
de los casados, así como al cese de la posibilidad
de vincular bienes al otro cónyuge en el ejercicio
de la potestad doméstica.
Pero no disuelven definitivamente el vínculo.
Por tanto,
los separados legalmente no podrán volver a casarse.
Sin embargo,
aquellos que han disuelto el vínculo a través de una nulidad
o divorcio matrimonial, esos sí podrán volver a casarse.
En la tercera nota de distintiva entre unos y otros,
la disponibilidad de la pretensión.
Es que las pretensiones de separación y divorcio
conllevan la automática resolución judicial favorable,
porque ya no hay causas de nulidad y separación.
Por tanto, la voluntad unilateral, libre
y explícitamente manifestada de al menos uno de los cónyuges
de no permanecer unido al otro a través de la institución
matrimonial por pérdida, por ejemplo,
del afecto marital es suficiente
para que el juez o la jueza deba declarar
o constituir esa situación jurídica sin más.
Sin embargo,
la pretensión de nulidad es objeto de una decisión judicial favorable
o adversa en función de la práctica de la prueba
porque la nulidad sí tiene unas causas que deben ser cumplidas
y probadas.
En cuarto lugar,
la cuarta nota diferencial es la naturaleza de la pretensión,
y es que los procesos de separación y divorcio
pueden ser contenciosos o consensuales.
Y en este último caso,
es decir, cuando son consensuales o amistosos,
se pueden derivar a la jurisdicción voluntaria
cuando los cónyuges no tengan menores o personas con discapacidad
a su cargo.
En ese caso, la competencia se transfiere a los notarios
y a los letrados de la Administración de Justicia
a través de expedientes de jurisdicción voluntaria,
como se verá.
Sin embargo, los procesos de nulidad
son siempre contenciosos o conflictivos
y de ellos debe conocer, por tanto, siempre la autoridad judicial.
Como decíamos, las causas de nulidad deben ser alegadas y probadas.
Por tanto, este es un proceso siempre contencioso,
siempre debe resolverlo el juez y las causas de nulidad
son las contempladas en el artículo 73 del Código Civil,
concretamente las siguientes.
El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial,
el matrimonio celebrado entre personas a las que se refieren
los artículos 46 y 47 del Código Civil, que son los menores
de edad no emancipados, los parientes en línea recta matrimonial,
los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción,
los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado,
los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa
del cónyuge o persona con la que hubieren estado unidos
por análoga relación de afectividad a la conyugal,
Y en este último caso,
salvo dispensa judicial conforme al artículo 48.
Bueno, y continuando con las causas de nulidad.
También es causa de nulidad el matrimonio que se contraiga
sin la intervención del juez, alcalde o funcionario
ante quien deba celebrarse o sin la presencia de testigos.
También es causa de nulidad el celebrado por error
en la identidad.
De la persona del otro contrayente o en esas cualidades personales
que se consideran esenciales por su entidad, que son determinantes
para la prestación del consentimiento.
Y, por último, es causa de nulidad matrimonial
el haberlo contraído por coacción o miedo grave.
Bien, los principios informadores de los procesos de separación
y divorcio son los siguientes.
En primer lugar, ne procedat iudex ex officio,
o lo que es igual, ne mo iudex sine actor,
es decir, no se puede iniciar un proceso de separación o divorcio
si alguien no le da comienzo
y ese alguien debe ser uno de los cónyuges.
Por tanto, no cabe iniciar de oficio un proceso de separación o divorcio.
En segundo lugar,
disponibilidad absoluta del objeto del proceso,
que se traduce de un lado en la obligación del juez
de enjuiciar el caso conforme a lo alegado
y probado por las partes,
recuérdese, iudex iudicare debet, secundum alegata et probata partium,
y de otro, en la posibilidad de realizar
a cargo de estas cualesquiera actos de disposición,
Es decir, renuncia, desistimiento, transacción,
carencia sobrevenida del objeto, derivación o mediación.
Es decir,
todos estos actos de disposición espontánea o instantánea del proceso
corresponden a las partes y pueden realizarse.
Porque las partes
disponen absolutamente del objeto del proceso de separación y divorcio,
del objeto principal,
se entiende, que es la propia separación o divorcio.
Y, por último, la congruencia o forzosa vinculación del juez
a los pedimentos de las partes.
Quiere esto decir que, salvo la derivación
de aspectos patrimoniales más espinosos del reparto,
siempre que sea posible, se favorece la formación de acuerdos,
incluso con mecanismos procesales alternativos al propio juicio,
como son las técnicas de mediación intrafamiliar.
Bien, sin embargo, los principios informadores
de los procesos de nulidad son todo lo contrario.
Iniciación de oficio en ciertos casos a cargo del Ministerio Fiscal,
intervención a lo largo de toda su tramitación en todo caso
del Ministerio Fiscal,
indisponibilidad absoluta del objeto
del proceso que se traduce en el otorgamiento al juez
de amplios poderes de introducción y valoración de la prueba,
así como de la imposibilidad de realizar.
Actos de disposición de la pretensión,
porque puede suceder,
y de hecho sucede en las distintas causas de nulidad,
que está comprometido un interés superior que transcienda
el de las propias partes implicadas en este proceso.
Y, por supuesto, ausencia de vinculación del juez
a los pedimentos de las partes.
Por tanto, el juez podrá determinar cualquier causa de las de nulidad
no alegadas por las partes o dejar de considerar
las que han sido sometidas a su consideración.
Bien, la competencia en estos procesos corresponde
al Tribunal de Instancias, Sección de Familia,
Infancia y Capacidad del lugar de domicilio conyugal.
En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales
será competente a elección del demandante el Tribunal de Instancias
del último domicilio del matrimonio
o el de residencia del demandado.
Los que no tuvieran domicilio ni residencia fijos
podrán ser demandados en el lugar donde se hallen
o en el de su última residencia a elección del demandante.
Y si tampoco pudiera determinarse así la competencia,
entonces ya correspondería al domicilio del actor.
Hay que tener en consideración en este caso, como en los demás,
que cuando puede haber una posible víctima de violencia
de género, entonces se deriva la competencia,
porque la jurisdicción penal siempre es preferente
al tribunal de instancia sección de violencia sobre la mujer.
En el proceso de separación y divorcio de mutuo acuerdo
será competente el tribunal de instancia
del último domicilio común
o del domicilio de cualquiera de los solicitantes.
Y en los procesos que versen exclusivamente sobre la guardia
y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados
por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores
será competente el tribunal de instancia del último lugar,
del último domicilio común de los progenitores.
En el caso
de residir los progenitores en distintos partidos judiciales,
el tribunal de instancia del domicilio del demandado,
del domicilio del demandante o el de residencia del menor.
Para conocer de las medidas provisionales previas
a la demanda, será competente el tribunal de instancia
del domicilio del solicitante.
Y pasamos al proceso consensual de separación y divorcio.
Los cónyuges sin hijos menores o mayores
con una causa de discapacidad
por la cual hayan sido provistos de apoyos judiciales,
es decir, respecto a los que se hayan establecido medidas judiciales
de apoyo, podrán acordar su separación
o divorcio de mutuo acuerdo transcurridos tres meses
desde la formulación de un convenio regulador
y podrán hacerlo ante el letrado de la Administración de Justicia
o mediante escritura pública ante notario.
En esta solicitud, insisto,
deben ser cónyuges que acuden de mutuo acuerdo
y que además no tienen hijos menores ni mayores con discapacidad
a su cargo provistos de apoyos judiciales.
En estos casos deben en la solicitud manifestar su voluntad inequívoca
de separarse o divorciarse
y determinar las medidas que van a regular los efectos derivados
de esa suspensión o disolución del vínculo.
La suspensión o disolución del matrimonio mediante un contrato
privado de separación o divorcio autorizado por notario
o, en su caso, por decreto dictado por el Trado de la Administración de
Justicia con la debida asistencia letrada,
surtirá efecto desde la presentación común y conjunta
de ese consentimiento en escritura pública
o desde la firmeza de este último, siempre que no perjudique a terceros
de buena fe y eso se garantiza a través de la debida inscripción
al registro civil.
Las fases más relevantes de este proceso consensual
o expediente de separación o divorcio amistoso
es la presentación de una petición.
No deviene perceptiva que adopte la forma de demanda,
pero está bien que se adecue un poco al rigor técnico de una demanda,
una pretensión formulada de separación o divorcio
de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento
del otro, pudiendo acudir ambos con la misma defensa,
abogado y representación procurador
o con una defensa y representación separada a su elección.
A ella deben acompañarse los documentos decisivos
de certificación de la inscripción matrimonial,
inscripción en su caso del nacimiento de los hijos en el registro civil,
documento o documentos
en los que el cónyuge o cónyuges funden su derecho,
incluyendo el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación,
si lo hubiere, y proposición que acredite
los extremos que no puedan probarse documentalmente.
Una vez admitida esa solicitud,
el letrado de la Administración de Justicia
cita a los cónyuges dentro de los tres siguientes días
para que ratifiquen también por separado
y si esta pretensión no es ratificada por alguno de ellos,
entonces el propio letrado de la Administración de Justicia
acuerda el archivo de las actuaciones
y, por qué no, debe continuar el proceso amistoso
y debe ya promoverse un proceso de separación
o divorcio contencioso.
El Tribunal, entonces, en el caso de que se ratifiquen,
dicta sentencia de separación o divorcio.
Si esta sentencia no se aprueba en todo o en parte
el convenio regulador propuesto, se concede a las partes
un plazo de diez días para proponer un nuevo convenio,
limitando en su caso los puntos que no hayan sido aportados
por el Tribunal y la sentencia al auto que apruebe en su totalidad
la propuesta del convenio sólo podrá
ser recurrido en interés de los hijos menores
o en aras de la salvaguarda de esa voluntad,
deseos y preferencias de las personas con discapacidad
que sean hijos o personas a cargo de los progenitores
siempre por el Ministerio Fiscal.
Si la comparecencia fuera del letrado de la Administración de Justicia
porque no existían hijos menores no emancipados ni hijos
con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores,
inmediatamente después de aquella ratificación.
De los cónyuges y en su presencia,
se entiende en presencia del letrado de la Administración de Justicia,
dicta decreto declarando la separación o divorcio
y se pronunciará sobre el convenio regulador,
que ya no será susceptible de recurso,
puesto que en este caso, como vemos,
era una separación o divorcio amistosas, sin menores o personas
con discapacidad a cargo de los progenitores.
Y pasamos al proceso contencioso.
La legitimación difiere en función
de si se trata de un proceso de separación y divorcio
en cuyo caso tan solo corresponde a los cónyuges o de nulidad,
porque en el caso de la nulidad, por esas evidentes o evidenciables
razones de interés público inherentes a su objeto,
correspondería tanto a los cónyuges
como al Ministerio Fiscal o incluso a cualquier tercero con interés
legítimo.
Con una salvedad.
Si la causa de nulidad fuese la falta de edad,
mientras el contrayente sea menor,
solo podrá ejercitar la acción de nulidad
cualquiera de sus padres, tutores o guardadores.
O el Ministerio Fiscal, al llegar a la mayoría de edad,
entonces ya tan solo podrá ejercitar esta acción el propio contrayente.
Es decir,
aquel menor de edad que ahora ya es mayor de edad.
Si la causa de nulidad fuera el error,
la coacción o el miedo grave,
solo podrá ejercitar la acción de nulidad
el cónyuge que hubiese sufrido este vicio precisamente.
El procedimiento se regula por las normas del juicio verbal
con las siguientes especialidades.
A la demanda se debe acompañar la certificación
de la inscripción del matrimonio, en su caso
la inscripción del nacimiento de los hijos en el registro civil,
así como los documentos en los que el cónyuge o cónyuges
funden su derecho.
La reconvención se puede proponer en la contestación a la demanda,
naturalmente, y el actor dispone de 10 días, además,
para contestarla, pero la reconvención solo
se admite en los casos que afectan al propio tronco central de esta
pretensión, es decir,
que podrá afectar cuando se funden algunas de las causas que puedan dar
lugar a la nulidad del matrimonio, podrá haber reconvención.
O cuando el cónyuge demandado de separación o nulidad
pretenda el divorcio,
o cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación,
o cuando el cónyuge demandado pretenda
la adopción de medidas definitivas
que no hubieran sido solicitadas en la demanda
y sobre las que el tribunal deba pronunciarse,
no deba pronunciarse de oficio.
En esos casos cabe reconvención, en los demás no.
A la vista de este juicio que se deriva por el verbal,
como hemos dicho, deberán concurrir las partes por sí mismas,
en presencia de sus respectivos abogados,
con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa
justificada podrá determinar que se consideren por admitidos
los hechos alegados por la parte que comparezca
para fundamentar sus peticiones respecto a las medidas definitivas
de carácter personal.
Las pruebas que no se puedan practicar en el acto de la vista,
se platicarán dentro del plazo que el tribunal señale
y, en todo caso, por el principio de concentración
de las actuaciones procesales, no debe exceder de 30 días.
Las medidas provisionales y definitivas
sometidas a conocimiento judicial, tanto previo como coetáneo
a la demanda, se contraen a las siguientes características.
Primero, la determinación e interés de los hijos de cuál sea el cónyuge
con el que deben quedar sujetos a la patria potestad
y la forma en la que el cónyuge que no ejerza la guardia
y custodia podrá cumplir con el deber de velar por estos, el tiempo,
modo y lugar en el que se podrá comunicar con ellos,
tenerlos en su compañía las decisiones oportunas
respecto de los abuelos e instituciones idóneas para tutela
o riesgo incluso de sustracción internacional.
En segundo lugar, la determinación de cuál
de los cónyuges debe continuar con el uso de la vivienda habitual,
de los bienes, objetos de ajuar, previo inventario,
la fijación de la contribución a la carga de cada cónyuge,
a la carga del matrimonio, se entiende,
el señalamiento de bienes gananciales o comunes,
previo inventario que se hayan de entregar a cada cónyuge
y la determinación del régimen de administración y disposición
de los bienes privativos.
Las medidas provisionales previas a la demanda podrán ser solicitadas
por el cónyuge que pretenda la anulidad, separación o divorcio
sin la preceptiva intervención de abogado ni procurador
ante el tribunal de su propio domicilio
y se ventilarán de forma aceleradísima,
de forma que a estas medidas provisionales en la práctica forense
se les denomina.
Los cónyuges podrán solicitar en sus respectivos escritos
de alegaciones, es decir,
el actor en su demanda, demandado en su contestación,
también las medidas provisionales que consideren oportunas en el marco
de cada concreto proceso, nulidad, separación o divorcio,
siempre que no se hubiesen adoptado ya con anterioridad,
es decir, siempre que no hubiesen sido las provisionales.
Además, hay medidas coetáneas
a la admisión de la demanda que quedan con efecto
cuando sean ya sustituidas por las que el juez
determine en la sentencia que pone fin al procedimiento.
Las definitivas son las adoptadas, por tanto,
en la propia sentencia de suspensión o disolución
del vínculo y los cónyuges pueden someter al tribunal,
en la vista, si no lo hubieran hecho antes,
los acuerdos a los que hubiesen llegado,
porque siempre es preferible que se llegue a la adopción de acuerdos,
incluso en relación con los hijos, la vivienda familiar,
las cargas del matrimonio, la atribución,
conveniencia y necesidades de los animales de compañía,
la disolución del régimen económico, la cautela y garantías respectivas,
siempre es mejor que se llegue a acuerdos en el seno familiar,
puesto que son relaciones duraderas que repercutirán en el tiempo,
a que haya una sensación de vencedores y vencidos
a cargo de un tribunal que dé la razón a uno en contra del otro.
Los pronunciamientos judiciales sobre las medidas se ejecutarán
conforme a lo dispuesto en la ley de juiciamiento civil
y existirán una serie de multas coercitivas para aquel cónyuge
o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones del pago
de la cantidad que le corresponden.
En el caso de ese incumplimiento de las obligaciones pecuniarias
de carácter personal, además no procede
la sustitución automática por un equivalente pecuniario.
Podrán, si así lo juzga conveniente el juez,
mantenerse multas coercitivas mensuales todo el tiempo
que sea necesario.
El incumplimiento reiterado
de las obligaciones del régimen de visitas,
tanto por parte del progenitor guardador
como del no guardador, podrá lugar a una modificación
por el Tribunal del Régimen de Guarda y Visita,
siempre y cuando se acorde con la evaluación
del interés superior del menor realizada previamente.
Y bueno,
finalmente las demandas de solicitud de eficacia civil
de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos
sobre anulidad del matrimonio canónico
o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato
y no consumado, el tribunal dará audiencia al otro cónyuge
en un plazo de diez días, también al Ministerio Fiscal y resolverá
por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia
en el orden civil de esa resolución eclesiástica.
Y con esto pasamos a los procesos por fin de menores.
Los procesos de menores,
todos ellos, están regulados en nuestra Constitución,
es decir, están reconocidos y además en un buen número de normas
nacionales e internacionales.
Me voy a referir exclusivamente a la Constitución,
que en su artículo 39
establece que los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia y en su artículo 39.4
establece que los niños gozarán de la protección prevista
en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
En nuestra justicia civil de familia
y dentro de un escenario de actuación procesal
sin perjuicio de otros heterogéneos procesos de jurisdicción contenciosa
e incluso de expedientes de jurisdicción voluntaria
donde se ven comprometidos de forma directa o refleja derechos
o intereses de menores pero destacan ahora.
Los siguientes procesos que vamos a analizar en este programa.
El de ingreso de menores con problemas de conducta en centros
de protección específicos.
El de entrada en domicilio y restantes lugares
para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores.
Los de medidas de restitución o retorno en supuestos
de sustracción internacional.
La oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores.
Y, por último, el procedimiento para determinar la necesidad
de asentimiento en la adopción.
Vamos por partes.
El ingreso de menores con problemas de conducta
en centros de protección específicos está regulado
en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
gracias a la reforma orquestada por la Ley 8 de modificación
del sistema de protección de infancia y la adolescencia.
Su objeto litigioso es el siguiente.
Ingreso de menores con problemas de conducta en centros
de protección específicos.
Para ello se precisa la autorización inicial.
O sobrevenida ratificación de este singular ingreso
de menores que tienen problemas de conductas disociales o disruptivas
en centros especializados, es decir,
a cargo de especialistas en la pedagogía de este tipo
de casos singulares.
La finalidad es tuitiva,
pero es tuitiva de forma bidireccional.
De un lado se protege a la familia, al entorno más próximo
ante el comportamiento inadaptado, amenazado, amenazante,
a veces incluso agresivo del menor y de otro se protege al propio
menor frente a la dificultad que entraña para sus cuidadores
hacer frente en un adecuado y ponderoso ejercicio de guardia
y custodia a esa violencia filioparental o social.
La finalidad, por tanto,
del ingreso no es terapéutica, sanitaria o asistencial,
porque el menor no precisa, en un buen número de casos,
atención médica ni psiquiátrica siquiera,
tampoco es sancionadora.
Ese menor, a pesar de la conducta transgresora,
no ha cometido ningún delito y, por tanto,
no se le debe infligir un castigo punitivo.
La finalidad del ingreso es educativa, es pedagógica,
es instructiva.
Se trata de proporcionar al menor un nuevo entorno educativo,
personal y social,
donde pueda restablecer, tras la exitosa superación
de una serie de programas especializados en su correcto
desarrollo personal, emocional y social,
las sólidas bases de una futura estructura familiar
y social armónica.
La solicitud es a cargo del Ministerio Fiscal
o de la entidad pública que atesora la guarda
y custodia del concreto menor con problemas de conducta
ante el juez competente, que es el Tribunal del centro de ingreso,
de ese centro específico.
La autorización judicial
debe ser previa en el tiempo a su materialización,
que, por cierto, en un destacado número de ocasiones
es de ver que precisa una especie de compulsión,
porque el menor rechazará ser ingresado,
ser privado de libertad.
Ahora bien, se prevé una excepción.
A esta obligatoria autorización judicial previa,
es que por razones de urgencia sea necesaria la inmediata adopción
de la medida, entonces la entidad pública
o el Ministerio Fiscal deben comunicarlo urgentemente
al Tribunal de Instancia Competente dentro de las 24 horas siguientes
a los efectos de que proceda
la preceptiva ratificación de esa medida
que deberá en todo caso efectuarse dentro de las 72 primeras horas
desde que el ingreso llegue a conocimiento del Tribunal
y en caso de que no se produzca esa ratificación,
lógicamente debe dejarse sin efecto ese ingreso.
Las pruebas preceptivas son al menos tres,
el examen y audiencia del menor,
la audiencia de las personas de su entorno más próximo,
con informe del Ministerio Fiscal y el dictamen
de un facultativo.
Los informes periódicos deben ser emitidos cada tres meses,
a no ser que el juez, atendido a la naturaleza
de la conducta que motiva el ingreso,
señale un plazo inferior.
Transcurrido el plazo y recibidos los informes
de la entidad pública y del director, el tribunal,
previa práctica de las actuaciones que estima imprescindibles
y oído siempre el menor el Ministerio Fiscal,
acuerda lo procedente sobre la continuación
o no continuación del ingreso.
Los menores no deben permanecer ingresados en el centro más tiempo
del estrictamente necesario para atender
a esas necesidades específicas de tutela.
Y el CS
será acordado por el órgano judicial competente de oficio
o a propuesta de la propia entidad pública o del Ministerio Fiscal.
Esa propuesta estará fundada en un informe psicológico,
social y educativo
y el menor, lógicamente, debe ser informado de todo en todo momento.
Pasamos a la entrada en domicilio y restantes lugares
para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores,
regulada en la Ley de Ejecuciamiento Civil
tras su creación por Ley Orgánica 8.2015 de modificación
del sistema de protección de infancia y adolescencia,
La finalidad es la protección de los menores ante una situación
de actual o inminente amenaza, peligro o desamparo.
El procedimiento es el siguiente.
La entidad pública debe solicitar al tribunal con competencia
en el lugar donde radique su domicilio,
autorización para la entrada en domicilio o restantes edificios
o lugares cerrados, se entiende.
Cuyo acceso requiera el consentimiento
precisamente del titular o del ocupante,
cuando sea necesario para la ejecución forzosa de medidas
adoptadas por ella precisamente para la protección
del menor.
Cuando se trata de la ejecución
de un acto confirmado por una resolución judicial,
la solicitud se dirigirá al órgano que la hubiera dictado.
La solicitud se inicia por escrito, en el que hay que constar como mínimo
los siguientes extremos.
Resolución administrativa
o expediente que da lugar a esa solicitud.
Domicilio o lugar al que se pretende acceder,
siempre cerrados, identificación de su titular u ocupante
y el requerimiento de ese consentimiento,
la justificación de que se ha intentado recabar
el consentimiento sin resultado favorable o positivo
y la necesidad de la entrada precisamente para la ejecución
de la resolución de la entidad pública.
Sin perjuicio de ello, cuando la entidad pública
solicita o lo pida de forma razonada
y acredite que concurren razones de urgencia,
bien porque la demora en la ejecución de la resolución
puede provocar un riesgo inminente para la seguridad del menor
o porque exista afectación real e inmediata
de sus derechos fundamentales,
entonces el juez puede acordarla mediante auto de forma inmediata
y en todo caso en el plazo máximo de las 24 horas siguientes
a la recepción de la solicitud previa o informe del Ministerio Fiscal.
La entrada en domicilio se dará practicada en todo caso por letrado
de la Administración de Justicia dentro de los límites establecidos
y puede auxiliarse en la fuerza pública
si es necesario,
siendo acompañado siempre por la entidad pública solicitante.
Finalizada la diligencia,
se decreta el archivo del procedimiento.
Pasamos a las medidas de restitución o retorno de menores en supuestos
de sustracción internacional.
Se regulan en la Ley 15.2015 de Jurisdicción Voluntaria.
Es un proceso especial, es decir, más que se regulan,
digamos que, Este proceso se erige tras la aprobación de esta ley
en uno especial, contencioso, con autonomía propia.
Procedía de la jurisdicción voluntaria,
pero ahora es un proceso contencioso.
Y el objeto de este proceso es la pretensión de retorno
y restitución.
Luego veremos las diferencias de un menor de 16 años.
Trasladado por parte de un progenitor,
o excepcionalmente de un tercero, de manera ilícita,
es decir, sin consentimiento del progenitor custodio,
desde el estado de su residencia habitual
a un tercer estado.
Aunque la restitución y retorno parecen conceptos idénticos,
en realidad no lo son.
El retorno lo es al lugar donde el menor ha sido sustraído,
generalmente su lugar de residencia,
aunque pudiera suceder que estuviese en ese momento
en otro lugar.
Y la restitución lo es a la persona que ha reclamado
a ese menor.
Esto es, la materialización de la entrega
a la persona con independencia de que se encuentre en el estado
donde el menor ha sido sustraída o en un tercer estado.
La competencia corresponde al Tribunal de Instancia de Familia,
Infancia y Capacidad de la capital de la provincia,
también de Ceuta o Melilla,
con competencia en materia de derecho de familia,
en cuya circunscripción se halle el menor que haya
sido objeto del traslado o retención ilícitos
o, en su defecto, el que corresponda por normas públicas de reparto.
El tribunal debe examinar de oficio su propia competencia,
como es lógico.
La legitimación corresponde tanto a la persona, institución u organismo
que tiene atribuida la guardia y custodia o régimen
de estancia o visita en relación con comunicación del menor,
como a la autoridad central española
encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas
por el correspondiente convenio.
Incluso también, en representación de esta,
a la persona que designe esa autoridad.
Las partes deben actuar, como es lógico,
porque es un proceso complejo,
con una materia muy afectada por normas de orden público
internacional, con abogado y procurador,
incluso con el abogado del Estado español.
El procedimiento tiene carácter urgente y preferente.
Debe realizarse en ambas instancias, si las llega a haber,
en el inexcusable plazo total de seis semanas,
desde la fecha de presentación de la solicitud,
instando la restitución del menor,
salvo que existiesen circunstancias excepcionalísimas
que lo hagan imposible, pero sin que en ningún caso
pueda ordenarse la suspensión de actuaciones civiles
por la posible existencia de una prejudicialidad penal
en esta materia.
El juez puede acordar a lo largo del todo el proceso de oficio
o a petición de quien promueva el procedimiento del Ministerio Fiscal
las medidas cautelares oportunas
y de aseguramiento del menor que estime pertinentes.
La prueba habrá de centrarse en la demostración de alguna
de las causas legalmente estipuladas y son causas de oposición
la falta de efectivo ejercicio del derecho a la custodia por parte
del progenitor no sustractor, la ausencia de autorización previa
o consentimiento posterior al traslado, El grave riesgo
de que la restitución del menor los ponga en peligro grave,
físico o psíquico, la oposición del menor a su propia restitución
cuando haya alcanzado una edad y un grado de madurez que le permita
que se tengan en cuenta sus opiniones,
la restitución o entrega no fuese permitida por los principios
fundamentales del Estado requerido o, por último,
la adaptación o integración ya del menor en ese nuevo Estado
porque ha transcurrido un año desde el emplazamiento.
La resolución de este proceso de restitución o retorno transfronterizo
se realiza mediante sentencia susceptible de apelación.
Bien, pues pasamos a la oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores.
Se regula la Ley Orgánica 8.2021 de protección.
Integral de la infancia y adolescencia
frente a la violencia.
Tiene carácter urgente y preferente
y debe realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha
en la que se ha iniciado.
El procedimiento es sencillo.
La entidad pública de la Administración central,
es decir, estatal o autonómica,
tiene competencia para adoptar determinadas
resoluciones administrativas en materia de protección social,
como todos sabemos, entre otras, guarda, tutela,
acogimiento, adopción e ingreso en centros específicos
de menores ante circunstancias concretas de riesgo,
de abandono o de desamparo.
Estas resoluciones administrativas
pueden ser objetadas en este proceso de oposición
a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
La competencia corresponde al Tribunal de Instancia, Familia,
Infancia y Capacidad del Domicilio de la Entidad Pública.
O en su defecto a los correspondientes
a la exclusión y extinción
de la adopción respectivamente al domicilio del adoptante.
Bien, el plazo, ya lo hemos dicho,
es de dos meses desde su notificación.
La legitimación corresponde.
A siempre que tengan interés legítimo y directo para tal resolución,
a los propios menores afectados por la resolución,
a los progenitores, a los tutores,
a los acogedores, a los guardadores,
al Ministerio Fiscal y a aquellas personas que expresamente
la ley les reconozca esa legitimación.
El procedimiento, de nuevo, simple.
La entidad administrativa podrá ser requerida para aportar al tribunal,
antes de la vista, las actualizaciones que hayan
de producirse en el expediente del menor.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia
reclamará a la entidad administrativa
un testimonio completo de ese expediente
que deberá ser aportado en el plazo de diez días.
La entidad administrativa
puede ser requerida para aportar al tribunal antes de la vista
las actualizaciones que se hayan producido en el expediente del menor
y una vez recibido el testimonio o copia auténtica del expediente,
el letrado o letrada en el plazo de cinco días,
emplaza al actor por otros diez para que presente la demanda
al tribunal, dicta sentencia dentro de los diez siguientes
a la terminación del juicio.
Y acabamos con el proceso
para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción.
El objeto de este proceso es el siguiente,
es que el proceso para determinar la necesidad de asentimiento
en la adopción constituye un proceso especial de naturaleza contenciosa,
pero enmarcado, ubicado en el seno de un expediente,
ahora de jurisdicción voluntaria,
destinado a la adopción de menores desamparados.
En particular, es un proceso civil especial para determinar
la necesidad de asentimiento en la adopción que presenta
la curiosa particularidad de encontrarse.
Por fuerza y pese a su radical confrontación inicial,
inserto en el marco de un expediente jurisdicción voluntaria.
Por tanto, tan solo puede iniciarse
cuando, en plena dispendencia de la Constitución Judicial de la Adopción
en sede voluntaria,
se suscita de pronto una oposición frontal por parte
de los padres biológicos del menor a quienes no se les hubiese dado
en su momento en ese expediente voluntario
la oportunidad de incorporarse para mostrar su disentimiento
respecto de la adopción sin causa justificada.
Y es que los padres naturales o biológicos del menor
que va a ser dado en adopción a través de un expediente
de jurisdicción voluntaria habrán de prestar
en ese expediente de adopción su asentimiento a dicha adopción.
Si en ese momento no se encuentran privados
por resolución judicial previa de la patria potestad
o no se encuentran incursos en una causa de privación
de la patria potestad.
El procedimiento es el siguiente.
Los progenitores que pretendan que se reconozca esa necesidad
de asentimiento para la adopción podrán comparecer
ante el tribunal que esté conociendo del expediente de adopción
y manifestarlo.
El letrado de la Administración de Justicia,
con suspensión del expediente,
otorga un plazo de 15 días para la presentación de la demanda
y para cuyo conocimiento será competente el mismo tribunal.
Una vez presentada la demanda, en esos 15 días,
el letrado dicta un decreto declarando contencioso
el expediente de adopción y acuerda la tramitación
de la demanda presentada en el mismo procedimiento
pero como pieza separada.
Una vez firme
la resolución que se dicta en la pieza separada
sobre la necesidad de asentimiento de los progenitores del adoptando,
el letrado de la Administración de Justicia
acuerda la citación ante el juez de las personas que deben prestar.
Ese asentimiento para la adopción,
así como ser oídos y que todavía no lo han hecho,
debiendo resolver a continuación ya sobre la adopción.
El auto que pone fin al procedimiento es susceptible
de apelación que tendrá efectos suspensivos
y el testimonio de la resolución firme
en la que se acuerde la adopción se remite al registro civil
para su inscripción.
Y con esto concluimos este programa de procesos matrimoniales
y de menores.
Muchas gracias por su atención.