Me presento en primer lugar, soy Sonia Calaza López
y voy a abordar aproximadamente en 15 píldoras los elementos esenciales
de nuestra serie procesal civil especial con ciencia abierta.
Comenzamos con el programa primero, en el que explicaré
todo nuestro sistema procedimental civil.
Digamos en sus herramientas más esenciales
la jurisdicción voluntaria la jurisdicción contenciosa
y es que nuestro proceso civil nuestra jurisdicción civil
integra en su ámbito de actuación tanto a la jurisdicción contenciosa
regulada la ley de enjuiciamiento civil 1 barra 2000
como la jurisdicción voluntaria regulada en su ley 15
barra 2015 también de enjuicio de jurisdicción voluntaria.
La jurisdicción contenciosa está integrada
por todos esos procesos del ordenamiento civil
denominados ordinarios, especiales y sumarios
a los que se le atribuirán las siguientes características
de las que me referiré a continuación.
Además, la justicia civil está integrada también
por la jurisdicción voluntaria con todos sus expedientes.
Por tanto,
Tenemos jurisdicción contenciosa por un lado,
jurisdicción voluntaria por el otro y ambas
integran nuestro ecosistema de justicia civil.
La jurisdicción contenciosa se integra
por los procesos ordinarios, los propiamente ordinarios
que ya hemos estudiado en nuestro derecho judicial.
Procesal, civil, general
y por los procesos especiales y sumarios
que estudiaremos en este momento la jurisdicción voluntaria
se integra por las controversias civiles y mercantiles
también por las situaciones jurídicas precisadas de intervención judicial
que analizaremos a continuación.
Pero volvamos a la jurisdicción contenciosa
y, como decía, está integrada por los procesos ordinarios,
por el propiamente ordinario y por el verbal.
De estos procesos nos hemos ocupado ya
en nuestra parte de procesal civil general,
si bien, tan solo recordar que es prioritario
a la hora de seleccionar uno de estos dos procesos,
la materia.
La materia es prioritaria y en su defecto la cuantía.
Por tanto, hay dos artículos
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 249 y 250 que se ocupan
de ir determinando cuáles son las materias que reenvían
esos conflictos jurídicos a un proceso
o a otro.
Por tanto, el proceso ordinario será susceptible de ser utilizado
como herramienta procedimental ante los jueces y magistrados
para solventar los conflictos de, prioritariamente,
determinadas materias con independencia de la cuantía.
Si dentro de ese listado de materias
no se encuentra precisamente nuestro conflicto jurídico,
entonces habrá de apelarse a la cuantía
y por más de 15.000 euros se acudirá a un proceso ordinario
menos de 15.000 euros a un juicio verbal.
Bien, pero de estos procesos, como digo, ya nos hemos ocupado,
por tanto, ahora nos vamos a ocupar de los procesos especiales.
Dentro de los especiales tenemos los especiales puros
y los especiales por remisión a los ordinarios.
Los puros son esos que tienen una regulación propia
e independiente, son tan absolutamente singulares
que no se reconducen a ningún otro proceso.
Sin embargo,
los especiales que se reconducen a los ordinarios son
ese tipo de procesos que tienen determinadas singularidades
por razón de los sujetos que están comprometidos en la concreta
controversia, por razón del propio objeto litigioso,
por razón del interés público que subyace en el derecho,
interés o bien jurídico solicitado o por muchas otras razones que ahora
veremos.
Pero por todas estas razones.
Son procesos especiales,
si bien no toda su tramitación es pura y genuinamente especial,
sino que en determinados tramos de su procedimiento
se reconducen a los ordinarios.
Y por último tenemos los sumarios.
Los sumarios se caracterizan por su urgente y perentoria necesidad
de dar una respuesta inmediata a determinados
conflictos que no pueden esperar, porque si llegan a esperar,
el objeto litigioso se pierde para siempre.
Las características generales de la construcción
de esta arquitectura procedimental son las siguientes.
En primer lugar, la construcción o selección legislativa
de los procesos y expedientes que integran
nuestro ecosistema procesal civil es una opción legislativa
de cada tiempo y de cada lugar.
Quiere esto decir que los procesos expedientes
a través de los cuales solventamos los heterogéneos conflictos
que se plantean en la sociedad no es algo que está predeterminado
en la Constitución, por ejemplo, una legislación específica,
sino que el legislador,
en función de las necesidades del momento y de la sensibilidad social,
y jurídica de cada tiempo, irá confeccionando
unos procedimientos u otros e irá reforzando unos u otros,
como digo, en función de muy distintos parámetros.
Además, el procedimiento adecuado de cada proceso
es un presupuesto procesal.
Es un presupuesto procesal subsanable,
bien es cierto.
Quiere esto decir
que si comenzamos un proceso por un procedimiento inadecuado,
fácilmente el juez se percatará de ello
y de oficio nos alertará de que ese procedimiento
es el inadecuado y debemos encauzarlo por el que ya sea el adecuado
o bien el demandado, en su contestación a la demanda,
interpondrá como una excepción procesal
el procedimiento inadecuado, alertándonos de nuevo
de que el procedimiento por el que estamos intentando cursar
una determinada controversia no es el adecuado.
Bien, esto es subsanable,
pero si en el plazo de subsanación el demandante no llega a subsanar
este presupuesto, entonces decae en su pretensión,
se entiende que desiste de su pretensión.
En todo caso, el juez se lo hará saber
y tendrá un plazo para subsanarlo.
Si la acción o pretensión
que está interponiendo tiene un plazo de caducidad o de prescripción,
lógicamente, si no aprovecha ese plazo de subsanación,
perderá para siempre el objeto de ese proceso.
Si no lo tiene, entonces podrá en el futuro interponer de nuevo
esa demanda una vez haya reparado ese presupuesto consistente
en que encauzaba su demanda por un procedimiento inadecuado.
Y, por último, como características generales,
tenemos que la jurisdicción civil es supletoria respecto
del resto de órdenes jurisdiccionales
y, por tanto, tiene una vis atractiva respecto
del resto de procedimientos de los órdenes jurisdiccionales.
Por tanto, nuestra jurisdicción civil
será aplicada tanto en su proceso general,
tanto en la regulación general
que se ha analizado en el proceso civil general,
como ahora para todos esos procesos, tanto de la jurisdicción voluntaria
en su propio orden jurisdiccional civil,
como del resto de órdenes jurisdiccionales,
es decir, penal, contencioso administrativo,
laboral e incluso militar, en los que no aparezca perfectamente
regulada una fase del procedimiento o algún extremo,
herramienta procedimental digna de ser utilizada y que, como digo,
no tiene respuesta en su propio código, por tanto,
se acudirá a nuestra ley de juiciamiento civil.
Bueno, podemos preguntarnos por qué si tenemos dos procesos ordinarios,
uno propiamente ordinario, muy garantista, relativamente largo,
con muchas fases procesales y relativamente complejo también,
y otro verbal, pues más ligero, más liviano, más rápido,
más oral.
¿Por qué además tenemos toda esta selva procedimental?
¿Por qué hay tantos, tantos procesos especiales
como para que vayamos a dedicar nada menos que una serie entera,
procesal, civil, especial, a todos estos procesos especiales?
Porque en algunas ocasiones
la complejidad de la pretensión lo reclama.
Es decir, hay pretensiones que son especialmente complejas.
En otras pretensiones
subyace un interés público o general digno de especial atención
que precisa incluso la intervención del Ministerio Fiscal, por ejemplo,
porque están comprometidos bienes, derechos o intereses
de menores o de personas con discapacidad.
Otras ocasiones porque es necesario el refuerzo
de la protección dispensada a la sociedad ante determinadas
irregularidades que son, si se me permite especialmente,
broncas y no tenemos por qué tolerarlas.
En otras ocasiones por la urgencia de la respuesta.
Si no se da de manera inmediata una respuesta, Entonces,
los ciudadanos, los justiciables, la perderíamos para siempre.
Y, en otras ocasiones, porque la confección procedimental
está prioritariamente preordenada a la ejecución.
Es decir, son procesos que comienzan y ya, salvo que.
El ejecutado
o el patéticamente futuro ejecutado, potencial ejecutado,
tenga una causa de oposición muy solvente,
pues ya comienza y prácticamente se ejecuta
la pretensión que se interpone.
Bueno, pues todas estas son razones que aconsejan que existan
procesos especiales y sumarios.
A todos estos procesos especiales se les ha denominado.
Debido a lo caótico que supone tener tantísimos procedimientos especiales
en lugar de utilizar nuestros procesos ordinarios
con ciertas especialidades para cada uno,
pero al término no tener tantísimos procesos especiales,
se le ha llegado a denominar como selva procedimental.
Y es verdad que se ha intentado en alguna reforma legislativa
ir amputando todos estos procesos especiales que al término
provocan una distorsión en la Administración de Justicia
porque supone que debe haber un procedimiento adecuado más,
que tiene que ser latinado.
Que si no deba subsanarse,
que si no se subsana no prosigue la pretensión.
Por tanto, en el fondo, la existencia de tantísimos procedimientos
especiales perturba un poco la marcha de nuestros procesos,
pero en todo caso vamos a estudiar los.
Las clases de procesos que hay son tres,
ordinarios, especiales y sumarios.
Los ordinarios, como he dicho,
son el propiamente ordinario y el verbal.
Se seleccionan por razón de la materia
y en su defecto de la cuantía.
Sus características son las siguientes.
Tienen una amplia cognición, amplísima cognición,
quiere esto decir que prácticamente todas las materias
se podrán reconducir por un ordinario o un verbal.
Su cognición, además,
esto significa que tiene una amplia cognición objetiva,
pero además tiene una cognición plena.
Quiere esto decir que el juez o magistrado
que conoce estos procesos los conocerá en su totalidad,
en su globalidad.
El actor y demandado no se van a reservar
pretensiones o contrapretensiones para procesos futuros,
sino que en estos procesos se conocerá de la globalidad
o totalidad del objeto procesal planteado.
Y por último,
tienen plenos efectos de cosa juzgada las sentencias dimanantes
de los procesos que ponen término a este tipo de procedimientos.
Los procesos especiales, nosotros los hemos,
digamos que puede haber muy distintas formas de clasificación
de estos procesos.
Cada autor podría clasificarlos como considera oportuno.
En función de su naturaleza,
por ejemplo, dispositivo o indisponible,
se clasificarían de una forma.
En función de su naturaleza de cognición, de ejecución,
se catalogarían de otra.
Nosotros hemos establecido una clasificación en tres bloques.
La primera son los especiales con regulación propia independiente,
es decir, esos que no se reconducen ni al ordinario ni al verbal,
que son íntegramente especiales, completamente especiales.
Y en ese primer bloque integramos los procesos indisponibles
regulados en los artículos 748 a 781 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que son.
Precisamente los indisponibles.
Son el proceso de provisión judicial de apoyos a personas
con discapacidad, procesos de filiación,
paternidad, maternidad, procesos matrimoniales de menores,
guarda y custodia, alimentos y todos los conflictos
suscitados en relación con la adopción.
Es decir, todos los procesos en los que están comprometidos
bienes, derechos o intereses de personas con discapacidad
o de menores de edad.
En segundo lugar, y dentro de estos procesos especiales
con regulación propia e independiente,
encontramos el proceso judicial de división de patrimonios hereditarios
o de liquidación del régimen económico matrimonial.
Este proceso se incorpora aquí porque es muy complejo
y su complejidad viene no tanto del objeto litigioso,
que también.
Cuanto del significativo número de personas
que pueden llegar a integrar las pretensiones de aspiración
al reparto de una comunidad hereditaria,
como veremos.
Por tanto, este es un proceso con regulación
totalmente independiente respecto al resto.
Y, en tercer lugar, el proceso monitoreo
y el juicio cambiario.
Bien, las características de los procesos indisponibles
de los que he hablado en primer lugar,
de los que afectan a personas con discapacidad
y menores fundamentalmente,
son la obligatoria actuación del Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal siempre, siempre interviene en este tipo de procesos.
En unas ocasiones puede intervenir incluso interponiendo la acción
y en otros sencillamente limitándose a supervisar la legalidad
de todas las actuaciones procesales y de todo el procedimiento.
Pero su intervención es obligada siempre.
En segundo lugar,
la segunda característica esencial de estos procesos indisponibles
es la imposibilidad de llevar a cabo cualquier ejercicio de disposición
de la pretensión.
Nosotros ya hemos estudiado que las partes en algunas ocasiones
dentro del denominado derecho civil dispositivo,
que en este caso como vemos es indisponible,
es todo lo contrario, El actor podía renunciar o desistir,
el demandado podía allanarse, los dos podían transigir,
podían derivar la cuestión a un mecanismo
ahora denominado adecuado de resolución de controversias
como puede ser una mediación.
Incluso a otro alternativo como puede ser un arbitraje.
Bien, pues en estos casos de procesos civiles indisponibles,
donde los bienes, derechos e intereses
que va a resolver el juez afectan a menores
o a personas con discapacidad, es totalmente imposible
llevar a cabo cualquier acto de disposición de la pretensión.
Por tanto, las partes no podrán negociar,
transigir, renunciar, allanarse, desistir, ¿por qué?
Los bienes, derechos e intereses
que afectan a estas personas, a su vida,
a su salud, a sus decisiones patrimoniales,
no son susceptibles de negociación.
En tercer lugar, la adopción de medidas cautelares
y la práctica de la prueba puede acordarse de oficio,
a diferencia del resto de ecosistema procesal civil.
¿Por qué razón?
Porque el juez está orientado por la búsqueda de una verdad
que sea la verdad trascendental de estas personas.
Por tanto, no estará constreñido por los límites
que se le puedan poner por unas normas
o por las partes.
Y de manera conjunta a esto está la cuarta característica esencial,
y es que el juez tampoco queda constreñido
por los estrechos márgenes de la congruencia supra,
infra o extrapetita.
Quiere ello decir que los jueces de los procesos civiles
indisponibles, lejos de ser convidados de piedra,
como se les ha denominado en alguna ocasión de forma peyorativa
en respecto de los procesos civiles dispositivos,
aquí no.
Aquí los jueces y magistrados, juezas y magistradas,
actúan en muchas ocasiones
como auténticos directores del proceso.
Actúan de oficio solicitando medidas cautelares,
pidiendo, peticionando la práctica de la prueba de oficio
y, por supuesto,
dando una respuesta que no tiene por qué estar vinculada
o estrechamente incorporada en los márgenes
de lo que se le ha pedido.
Por tanto, pueden responder con una conclusión
en su sentencia bien distinta a aquella que se le ha solicitado.
Voy a poner un ejemplo.
Si en un proceso de provisión de apoyos a medidas con discapacidad
el juez considera oportuno que debe favorecer a la persona
con una guarda de hecho, que es mucho más liviana que una curatela,
así lo hará, aunque en el proceso
la pretensión se hubiese dirigido hacia una curatela.
Y lo mismo al revés,
si se le ha solicitado una guarda de hecho,
o una curatela meramente asistencial y, sin embargo, el juez o jueza
considera oportuno a la vista de las pruebas,
que además ha solicitado de oficio
que debe conceder algo mucho más grueso
de aquello que se le ha solicitado, una curatela representativa,
pues también así lo hará porque no está estrechamente
constreñido por los márgenes de la congruencia.
Bien, el segundo grupo de procesos especiales
con regulación propia independiente, como he dicho,
es el proceso judicial de división de patrimonios
hereditarios o liquidación del régimen económico matrimonial.
Es un proceso especial caracterizado por una tramitación muy compleja
en la que suelen intervenir un significativo número de personas
y en la que se deducen, además, derechos e intereses
muy relevantes para ellos, todos ellos patrimoniales,
aunque de alguna manera la atribución digamos patrimonial de algún bien
pues también tiene algún componente sentimental
qué duda cabe y el tercer grupo de procesos especiales
con regulación propia independiente son el proceso monitoreo
y el juicio cambiario
pero nos remitimos a los temas correspondientes
a las unidades correspondientes
para explicarlos el segundo bloque son los procesos especiales
con regulación por remisión al ordinario.
Bien, y en relación con estos, bueno, pues cabe destacar
que estas son las siguientes.
Me voy a ocupar de cada uno de estos procesos
en las distintas píldoras, vitaminas o programas
que voy a ir exponiendo.
Pero muy sucintamente concentrados ahora,
digamos que son las demandas que afectan
a los derechos honoríficos de las personas,
Las demandas que pretenden la tutela del derecho al honor,
a la intimidad y a la imagen.
Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales
de nuestras sociedades de capital.
Las demandas en que se ejercitan materias relacionadas
con la competencia desleal, defensa de la competencia,
propiedad industrial, propiedad intelectual,
publicidad.
Además,
las demandas en las que se ejercitan acciones relativas
a condiciones generales de la contratación,
las que versan sobre arrendamientos urbanos o rústicos
de bienes inmuebles,
también las de retracto de cualquier tipo
y cuando se ejercitan acciones por parte de la Junta de Propietarios
en las comunidades de propietarios, digamos, dentro de la ley
de propiedad horizontal.
En el tercer bloque estudiaremos los ordinarios con regulación
por remisión al juicio verbal.
Es decir,
más que ordinarios son los procesos especiales con regulación
por remisión al juicio verbal.
Y estos son los siguientes,
las que versan sobre reclamación de cantidades por impago de rentas,
cantidades debidas y las que igualmente con fundamento
en el impago de la renta o cantidades debidas.
Por el arrendatario o por la expiración del plazo fijado
o legalmente por el dueño en el caso de fincas rústicas
u urbanas las que solicitan alimentos debidos las que suponen el ejercicio
de la acción de rectificación respecto de hechos inexactos
y perjudiciales las que suponen la acción de cesación.
En defensa de los intereses colectivos y difusos
de consumidores y usuarios,
las que ejercitan acciones individuales relativas
a condiciones generales de contratación,
las de las juntas de propietarios en casos de propiedad horizontal,
pero siempre que versen exclusivamente
sobre reclamación de cantidad y las de acción de división
de la cosa común.
Los procesos sumarios, respecto de los cuales,
de cuyas características generales me ocuparé a continuación,
pero muy suficientemente concretados son los siguientes.
Los que pretenden la recuperación de la plena posesión
de una finca rústica urbana.
Cedida en precario por el dueño usufructuario
o cualquier persona con derecho a poseerla,
las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes
a quien los hubiese adquirido por herencia,
las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa
o por derecho de quien haya sido despojado o perturbado en su.
Pacífico disfrute, las que pretendan que el tribunal
resuelva la suspensión de una obra nueva,
las que pretendan la demolición, derribo de un árbol, de un edificio,
de una columna o de cualquier objeto análogo que amenace causar ruina
o daños a las personas que colindan por esa zona,
las que respecto de derechos reales inscritos en el registro
de la propiedad demanden la efectividad de esos derechos,
las que pretendan que el tribunal resuelva sobre el incumplimiento
por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos
inscritos en el registro de venta a plazos de bienes muebles
y, por último, esas en las que se produce el incumplimiento
de un contrato de arrendamiento financiero
de arrendamiento de bienes muebles o un contrato de venta
a plazos con reserva de dominio, siempre y cuando en esta ocasión
estén inscritos en el registro de venta a plazos de bienes muebles.
Los procesos sumarios, por último,
son esos procesos canalizados a través del juicio verbal
que pretenden la tutela provisional y sumaria
de un conflicto intersubjetivo que precisa una respuesta urgente,
una respuesta inmediata.
La urgencia en la resolución impone
que este procedimiento deba ser fulminante,
es decir, muy rápido.
Y en consecuencia que las posibilidades de alegación
y prueba ya no puedan ser tan amplias como las de los procesos ordinarios,
sino más bien restrictivas y constreñidas a ese exclusivo,
concretísimo objeto litigioso planteado,
lo que dará lugar a que sufra la fuerza de cosa juzgada,
porque los procesos sumarios carecen,
como se verá, de fuerza de cosa juzgada.
Bien, los procesos ordinarios son, por tanto, por canalizar,
por hacer una configuración general de todos ellos,
esos por los que se puede canalizar cualquier pretensión, cualquiera.
Cualquiera que no se encuentre,
claro, específicamente comprendida entre la de los procesos especiales.
Por tanto, los procesos ordinarios se caracterizan en su construcción
por su universalidad, por su generalidad
y por su visa atractiva.
Ello significa que cualquier conflicto que no se deba encauzar
para su resolución judicial ante un cauce determinado,
entonces deba ventilarse por el ordinario correspondiente.
Pero esta universalidad o generalidad
no se predica sólo de la tramitación general,
sino en muchas ocasiones de algunas fases procedimentales.
Por tanto, un buen número de procesos especiales
reconducen su tramitación en algún periodo procedimental
a los ordinarios.
Por los siguientes atributos, amplitud objetiva,
cognición plena,
posibilidades de alegación, prueba e impugnación plenas
y totalidad de efectos de la cosa juzgada.
Los procesos especiales son, sin embargo, aquellos que presentan,
por razón de su objeto, de los sujetos involucrados
o del interés público inherente a su resolución,
alguna especialidad digna de especial consideración.
Aquellos que, en definitiva,
no pueden sustanciarse en su totalidad
por unos trámites generales, universales e impersonales,
sino por otros que son singulares y propios,
que conforme a sus especiales características tienen unos atributos
determinados.
Por tanto, constituyen los atributos o configuración esencial
de estos procesos especiales los siguientes.
Tienen una cognición relativamente amplia,
porque en ellos se conoce de la totalidad del objeto litigioso
sometido a juicio tienen por supuesto plenos efectos de cosa
juzgada a veces afectados por un componente temporal
lo veremos puesto que los procesos que afectan
a las personas lógicamente deben estar circunscritos al tiempo
en el que se dictan si cambian las circunstancias
de la persona digamos afectada por esos procesos
si cambian radicalmente sus circunstancias vitales
entonces también deben cambiar las resoluciones judiciales
que le han dado respuesta
y por último tienen plenas garantías procesales
como no podría ser de otra manera.
Por último, los procesos sumarios,
a los que antiguamente se les denominaba interdictos
y todavía en la práctica forense se les denomina así,
se caracterizan porque tienen limitadas sus posibilidades
de alegación y prueba.
Y es que la respuesta tan urgente, tan inmediata,
sacrifica otras opciones,
sacrifica el que las posibilidades de alegación y prueba sean plenas.
Por tanto, el objeto se circunscribe exclusivamente
a las materias que antes he denunciado
y no puede ampliarse a otras.
Además de estas posibilidades limitadas de alegación y prueba,
sujeto se concreta la resolución muy urgente
de un asunto muy específico, por ejemplo, el derribo de un árbol,
de una columna, de un edificio muy peligroso
por el riesgo de la caída y que provoque un daño irreparable
a los transeúntes.
Además, carecen de fuerza de cosa juzgada,
por tanto, pueden en el futuro ser revertidos,
siempre que siempre que naturalmente se pueda revertir,
puesto que si se ha tratado del derribo de una columna,
árbol o edificio, ya no se puede revertir,
pero en el caso del resto de procesos sumarios
pueden derivarse una vez se han resuelto con toda la urgencia
y peremptoria necesidad de dar una respuesta inmediata,
se pueden reenviar a un proceso ordinario correspondiente
porque, como digo, los procesos sumarios
carecen de fuerza de cosa juzgada.
Aquí acabamos la primera parte de este programa que se refería
a la jurisdicción contenciosa.
Recapitulando, la jurisdicción contenciosa
está integrada por los procesos ordinarios,
que son el propiamente ordinario y el verbal
de los que nos hemos ocupado en la parte general
de nuestro derecho procesal civil, y por los procesos especiales
y sumarios que corresponden a esta parte general.
De derecho procesal civil especial
y que se analizarán en los siguientes programas.
Pero también la jurisdicción civil incluye la voluntaria
porque la jurisdicción civil se integra por la contenciosa
regulada en la ley de negociamiento civil
y por la voluntaria regulada en la ley 15-2015.
Voluntaria por contraste a la contenciosa puede definirse
como esa potestad de enjuiciamiento encomendada exclusivamente
a los jueces y tribunales por el artículo 117.3
de la constitución que todos recordarán que decía
lo siguiente el ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde
a nuestros jueces y tribunales y en los supuestos de escasa entidad
de baja intensidad.
O así como aquellos otros en los que se ejercita meramente
una función de homologación, de supervisión, de vigilancia,
de control, en fin,
o de constitución de situaciones jurídicas o condena
a determinadas obligaciones también jurídicas de nuevo
encomendadas a los jueces y tribunales.
Y ocasionalmente a los letrados y letradas
de la Administración de Justicia,
pues también con base en el artículo 117.4
de la Constitución que nos habla del ejercicio de funciones
atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho
y también se atribuyen a la jurisdicción voluntaria.
Por tanto, la jurisdicción voluntaria
se ocupa tanto en todos sus expedientes,
puesto que dentro de la jurisdicción voluntaria el trayecto procedimental
se denomina procedimiento, al igual que la contenciosa,
pero no hablamos de procesos sino de expedientes.
En todos sus expedientes algunos se orientan a dirimir
controversias de escasa entidad o de baja intensidad
y otros a homologar o a supervisar o a constituir situaciones jurídicas
precisadas de intervención judicial,
pero en las que en realidad no hay un conflicto latente
entre las partes.
En todo caso, todos estos expedientes de jurisdicción voluntaria,
algunos se refieren a materias de derecho dispositivo,
al igual que la contenciosa,
y en otros a materias de derecho indisponible,
en las que están afectados menores de edad o personas con discapacidad.
De estos últimos conocerán siempre nuestros jueces y juezas magistrados
y magistradas.
La clasificación de los expedientes de jurisdicción voluntaria
es la siguiente.
En primer lugar están los expedientes judiciales,
atribuidos a los jueces
y eventualmente a los letrados de la Administración de Justicia.
Por contraste, nos encontramos los expedientes extrajudiciales,
que son los encomendados según la materia sobre la que versen
y por razón de su especialización a los notarios o registradores.
Además, tenemos expedientes conflictivos que siempre se atribuyen
a los jueces.
Son esos respecto a los que decíamos que tenían una escasa entidad
o baja intensidad, pero que son conflictivos
en los que se ha planteado una oposición entre las partes.
Por contraste a los expedientes armoniosos.
Los armoniosos se confieren según cuál sea la materia
sobre la que versen bien a los jueces o bien a otros profesionales
a los que se le han atribuido una adecuada racionalización,
redistribución y sistematización de situaciones civiles precisadas
de intervención profesional.
Así, en el marco de la jurisdicción voluntaria,
algunos expedientes armoniosos se han derivado
algunos los han mantenido los jueces y magistrados,
otros se han derivado a letrados de la Administración de Justicia
y algunos otros a notarios y registradores.
Además, se pueden distinguir entre expedientes
de jurisdicción voluntaria dispositivos o indisponibles.
Los dispositivos versan sobre derechos,
intereses o situaciones jurídicas.
Privadas, perfectamente disponibles, dominables, aprehensibles
por los propios justiciables.
Se trata del derecho civil dispositivo.
Y, por contraste,
están los expedientes voluntarios indisponibles de los que tan solo
conocerán, como he dicho antes, jueces, juezas,
magisterios, magistradas, y se caracterizan precisamente por
todo lo contrario.
Por la imposibilidad de negociación, transacción, aprehensión,
disposición de la pretensión.
Estos últimos se refieren esencialmente a los derechos
o intereses,
situaciones jurídicas también precisadas
de intervención judicial de personas especialmente vulnerables
como son nuestros menores o personas con discapacidad.
Los expedientes de jurisdicción voluntaria,
en función de la materia sobre la que versen,
se refieren a muchas disciplinas de conocimiento o materias.
Por tanto, podemos distinguir
entre los expedientes que afectan a las personas,
los que afectan a la familia, los de derecho sucesorio,
los que afectan al derecho de obligaciones,
los relativos a los derechos reales, a las subastas voluntarias,
al derecho mercantil y a la conciliación.
Pero el objeto y ámbito de aplicación siempre será el siguiente.
Los expedientes de jurisdicción voluntaria
están perfectamente definidos en la Ley de Jurisdicción Voluntaria
y son esos que requieren la intervención
de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos
e intereses en materia de derecho civil y mercantil
sin que exista una controversia que deba suscitarse
en un proceso contencioso.
Por tanto, aunque.
Hace nada he dicho que hay expedientes desjudicializados
y derivados a otros profesionales
cuando ya no referimos concretamente a nuestra ley
de jurisdicción voluntaria integrada en el ecosistema procesal civil
nos vamos a referir ahora a expedientes
y vamos a estudiar tan sólo los expedientes de los que resuelven
nuestros jueces y magistrados eventualmente nuestros letrados
de la administración de justicia respecto de materias de derecho civil
y mercantil.
La competencia para conocer y resolver
de estos expedientes corresponde a los tribunales de instancia
en sus diferentes secciones.
Esta atribución de la competencia se debe complementar de un lado
con la concesión a la sección de familia, infancia y capacidad
de los expedientes que afectan a esos conflictos de tutela,
de intereses o constitución de nuevas situaciones jurídicas
que afectan precisamente a cuestiones de familia
y a cuestiones de persona.
Pero también se deben encomendar
o debemos traer a colación las nuevas secciones de violencia
sobre la mujer y de violencia contra la infancia
y la adolescencia de los expedientes cuando afectan a estas personas,
pero se presume,
pese a que nos encontramos en el ámbito todavía civil,
se presume o se sospecha que puede haber una situación de malos tratos.
En ese caso, la jurisdicción penal es prioritaria o preferente
y se derivarían a las secciones de violencia sobre la mujer
o de violencia contra la infancia y la adolescencia
de los tribunales de instancia.
Estas secciones de violencia tienen competencia
para conocer de los conflictos suscitados en el ámbito familiar.
Cuando se detecta la posible existencia
de cualquier tipo de maltrato físico o psicológico
y esto contribuye a agilizar nuestra justicia de familia civil
pero también evita la proliferación de sentencias
o resoluciones contradictorias entre la sección civil.
De los tribunales de instancia y la sección penal
o de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia
y adolescencia del mismo tribunal de instancia.
Por tanto, es mejor que se unifique
y se derivarían todos estos expedientes
a las secciones que acabo de mencionar.
Por supuesto, la sección de lo mercantil es la competente
para conocer de todos los expedientes mercantiles.
Bien,
la legitimación en los expedientes de jurisdicción voluntaria
corresponde a quienes sean titulares de derechos e intereses legítimos
o cuya legitimación le venga conferida legalmente sobre materias
que constituyan su objeto,
sin perjuicio de que en determinados supuestos, por supuesto,
interviene el Ministerio Fiscal.
¿Y cuándo interviene el Ministerio Fiscal?
Bueno, pues en los expedientes legítimos.
Que afectan al estado civil,
a la condición de la persona en la que está comprometido
el interés de un menor o de una persona con discapacidad
provista de apoyo judicial y también en aquellos otros en los que la ley
expresamente lo declare en atención en alguna circunstancia especial.
Respecto a la postulación, cabe decir que tanto los solicitantes
como los interesados deben actuar siempre defendidos por letrado
y representados por procurador en los supuestos en los que la ley
expresamente lo prevea.
No obstante, aunque cuando no sea preceptiva la intervención letrada,
si las partes desean acudir asistidas por estos profesionales,
es decir, asistidas por el abogado, representadas por el procurador,
aunque no sea preceptivo, naturalmente podrán hacerlo.
Respecto de la prueba,
cabe determinar que puede realizarse tanto a instancia de parte
como de oficio en las materias que afectan a derecho
no dispositivo en este último caso.
Por tanto, el juez o letrado de la Administración de Justicia,
según cuál sea el competente para conocer del expediente en concreto,
decide sobre la admisión de los medios de prueba
que se le propongan, pero también puede ordenar de oficio
en los casos en los que existe un interés público
o o casos que afectan a menores o personas con discapacidad
provistas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica,
pues también puede de oficio, como digo,
para clarificar algún elemento relevante o determinante
de la cuestión
o cuando expresamente lo prevea la ley,
también puede de oficio determinar determinados mecanismos probatorios,
pedir, solicitar determinados mecanismos probatorios
a las partes.
Cuando se produce la tramitación simultánea o posterior
de expedientes y procesos,
tenemos un conflicto porque no puede encontrarse
en el tiempo abierto una especie de litigio de expendencia impropia.
No podemos tener en el tiempo abierto
ni dos expedientes de jurisdicción voluntaria,
sería una litigio de expendencia
dentro de la propia jurisdicción voluntaria.
Ni dentro y fuera de la jurisdicción voluntaria, es decir,
no puede haber abierto un expediente de jurisdicción voluntaria
y al propio tiempo otro de jurisdicción contenciosa
con un objeto idéntico y unas partes iguales.
Por tanto, cuando se produce
la dispedencia entre expedientes de jurisdicción voluntaria,
es decir, cuando se tramitan simultáneamente
dos o más expedientes con idéntico objeto,
proseguirá el que primero se hubiese iniciado
y, por tanto, se acordará el archivo de los posteriores,
prior in tempore, potior in iure.
Sin embargo,
cuando la litispendencia es voluntaria contenciosa,
es decir,
cuando al mismo tiempo se encuentran abiertos expedientes de jurisdicción
voluntaria con procesos de jurisdicción contenciosa,
son prevalentes los de la jurisdicción contenciosa.
Quiere esto decir que no se podrá iniciar o continuar
con la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria
que verse sobre un objeto que ya está siendo sustanciado
por un proceso judicial
porque una vez acreditada la presentación de la demanda,
el expediente debe archivarse y remitirse todas las actuaciones
realizadas al tribunal que está conociendo
el proceso jurisdiccional para que lo incorpore en los autos.
Respecto de los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicción
voluntaria debemos decir que son a cargo del solicitante
salvo que la ley disponga otra cosa y es que la clásica teoría
del vencimiento asentada desde tiempo inmemorial
en nuestro sistema procesal no puede ser trasladada de forma automática
ahora a la jurisdicción voluntaria porque en la jurisdicción
voluntaria.
Muchas veces la posición de vencedores y vencidos desaparece
y, por el contrario, se trata de que dos partes
quedan comprometidas a través de la solicitud
o un expediente de jurisdicción voluntaria en la tutela o salvaguarda
de un derecho, bien o interés común.
Por tanto, los gastos ocasionados serán a cargo del solicitante
y no a cargo de,
conforme aquella teoría del vencimiento,
de quien gane o pierda el proceso.
Sin embargo, los gastos ocasionados por peritos
y testigos esos sí corresponderán a quien los proponga.
En los expedientes de jurisdicción voluntaria
se realizarán ajustes y adaptaciones a las personas con discapacidad
para que puedan interactuar en condiciones de igualdad
dentro del proceso judicial.
Y esto exactamente igual
en los expedientes de jurisdicción voluntaria,
en el artículo 7bis se regula, de la ley de enjuiciamiento civil,
también respecto de la contenciosa y en el mismo 7bis
en la ley de jurisdicción voluntaria.
Y es que las personas con discapacidad
merecen un trato especial y reforzado dentro de los procesos.
Esas adaptaciones y ajustes deben adaptarse
a petición de las propias partes o del Ministerio Fiscal,
también de oficio por el propio Tribunal,
siempre y cuando cualesquiera de ellos se percaten
de que efectivamente necesitan un apoyo, un refuerzo,
para interactuar dentro del entorno procesal
en condiciones de igualdad.
Las personas con discapacidad tienen lógicamente derecho a entender
y a ser comprendidas en esa comunicación bidireccional
que supone el entrar en relación con el juez, con la jueza,
ministerio fiscal y el resto de coadjuvantes
de la administración de justicia,
además de, por supuesto, con la contraparte.
Y, por tanto, para que puedan entender
y ser entendidos, merecen que, en su caso,
las comunicaciones se realicen con un lenguaje claro,
sencillo y accesible,
de manera que tengan en cuenta sus características personales,
sus necesidades, incluso con técnicas de lectura fácil,
si fuese necesario.
Incluso la comunicación también se hará
a través de una persona que preste apoyo a la persona con discapacidad
para el ejercicio de su capacidad jurídica.
También se facilitará a la persona la asistencia o apoyo necesarios
para que se pueda hacer entender lo que debe incluir necesariamente
un lenguaje de signos legalmente reconocido,
medios de apoyo a la comunicación oral
e incluso un lenguaje especial para personas sordas
con discapacidad auditiva.
O sordociegas.
Se permitirá también la participación de un facilitador judicial
que es un profesional especializado en el proceso
y que conoce perfectamente las técnicas procedimentales
para que explique a la persona con discapacidad cuál es el entorno
y cómo se debe, digamos, mover dentro de este entorno procesal
y, por último, también se debe permitir el acompañamiento
de una persona de su elección, de su confianza,
distinta al facilitador, para que le ofrezca una seguridad,
una garantía de que se encuentra, digamos, cómoda en ese primer
contacto con las autoridades y funcionarios del Estado.
La ley de enjuiciamiento civil, y ya lo he dicho antes,
tiene un carácter supletorio sobre todo el ordenamiento procesal,
tanto en el marco de la jurisdicción voluntaria,
si alguna fase procedimental no estuviera regulada,
se reconduce a la ley de enjuiciamiento civil
y también respecto del resto de órdenes jurisdiccionales.
Por tanto, todos los expedientes civiles
de la jurisdicción voluntaria.
Y los procesos penales,
contencios administrativos, laborales e incluso militares,
cuando no tengan regulada alguna fase procedimental
o algún proceso en concreto,
se reconducen a la ley de enjuiciamiento civil.
Los expedientes de jurisdicción voluntaria
se pueden iniciar de oficio, y esta es la legitimación,
a instancia del Ministerio Fiscal o por solicitud
formulada por persona legitimada.
En ese expediente
se consignarán los datos y circunstancias de identificación
del solicitante con indicación del domicilio a efectos de notificaciones
y debe expresarse con claridad, precisión y la debida separación.
De los hechos y de los fundamentos de derecho, todo lo que se pida,
todo lo que integre la propia pretensión.
También deben acompañarse siempre los documentos,
dictámenes que el solicitante
considere que son de interés para el expediente
y todas las copias, cuantos sean los interesados.
En la solicitud deben consignarse todos los datos y circunstancias
de las personas que además pueden estar interesadas en el expediente,
no solo frente a las que se dirige,
sino también de las interesadas con el domicilio o domicilios
para que puedan ser citadas y puedan ser claramente identificadas.
Naturalmente se pueden acumular expedientes.
El juez o letrado de la Administración de Justicia,
según quien sea el competente para conocer del expediente,
puede acordar de oficio o a instancia del interesado
del Ministerio Fiscal la acumulación de expedientes
cuando la resolución de uno pueda afectar a la del otro,
es decir, cuando pueda existir una prejudicialidad positiva
o cuando exista tal conexión entre ellos
que de resolverse en distintos expedientes
puedan dar lugar a resoluciones contradictorias.
Sin embargo, no se puede acumular expedientes
cuando los sujetos que hayan interpuesto
o que hayan solicitado estos expedientes sean distintos,
porque aquí se produciría una ruptura de ese trípode estructural
de la itispendencia que consiste en mismo objeto, mismos sujetos,
misma causa de pedido.
La apreciación de oficio de la competencia y de otros defectos
u omisiones procesales se determinará de la siguiente manera.
Una vez presentada la solicitud de iniciación del expediente,
el letrado de la Administración de Justicia
examina de oficio si se cumplen las normas
en materia de competencia objetiva o territorial y también,
si no existe competencia objetiva para conocer,
puede acordar el archivo del expediente previa audiencia
del Ministerio Fiscal y del solicitante
en los expedientes que no sean de su competencia.
En otro caso, debe dar cuenta al juez,
quien acordará lo que proceda tras haber oído también
al Ministerio Fiscal y al solicitante.
Y en la resolución en la que se aprecia la falta de competencia,
debe indicarse cuál es el exacto órgano judicial,
cuál es el tribunal de instancia y qué sección la correspondiente
para conocer de ese concreto expediente.
El letrado de la Administración de Justicia
resuelve la solicitud y, si entiende que no resulta admisible,
dicta un decreto archivando el expediente o da cuenta al juez
cuando éste sea el competente para que acuerde en su caso
lo que procede.
La inadmisión del expediente se realiza por letrado
de la Administración de Justicia mediante el decreto
o bien, si corresponde al juez, mediante automotivado en este último
caso.
Bien,
admitida la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia
cita a las partes a una comparecencia a la que deben acudir
cuando concurran las circunstancias siguientes.
Cuando, conforme a la ley, deban ser oídos en el expediente
interesados distintos al propio solicitante,
cuando deban practicarse pruebas ante el juez
o ante el letrado de la Administración de Justicia
o cuando el juez o letrado de la Administración de Justicia
consideren necesaria la celebración de esta comparecencia
para la mejor resolución del expediente.
Esta comparecencia tiene una serie de especialidades distintas
a la vista del juicio verbal a la que se reconduce.
Las especialidades son las siguientes.
Si el solicitante no asiste a la comparecencia,
entonces el letrado de la Administración de Justicia
o el juez, dependiendo de quién sea competente,
acuerda el archivo del expediente y lo tiene por desistido.
Si no asiste a alguno de los demás citados, se celebra igualmente
el acto y continúa el expediente sin más trámites, sin más citaciones
también y sin más notificaciones.
La segunda especialidad consiste en que el juez o letrado,
según quién sea el competente, oye al solicitante,
a los demás citados y a las personas que la ley disponga
y pueda acordar tanto de oficio como instancia del solicitante
o del Ministerio Fiscal la audiencia de aquellos cuyos derechos
o intereses puedan verse afectados por la resolución del expediente.
La tercera especialidad es que se resuelven en este momento,
se plantean cuestiones procesales incluidas las relativas
a la competencia que pueden impedir
la válida prosecución del procedimiento y el juez o letrado,
de nuevo según quien sea el competente,
oídas las personas que comparecen, lo resuelven oralmente
en el propio acto.
La cuarta especialidad se refiere a que cuando el expediente afecta
a menores o personas con discapacidad provistas de apoyos judiciales
para interactuar en condiciones de igualdad
en el tráfico jurídico respecto de su capacidad jurídica,
se practican también el mismo acto y si no fuera posible
en los 10 días siguientes todas las diligencias relativas
a los intereses de estas personas
e interviene también el Ministerio Fiscal.
La quinta especialidad es que en la celebración
de la comparecencia, una vez practicadas las pruebas,
se permite formular alegaciones orales.
Y la sexta y última especialidad es que el desarrollo
de toda esta comparecencia quedará registrado en un soporte apto
para la grabación y reproducción del sonido y la imagen de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Juzgamiento Civil.
Y estamos llegando al final, a la decisión del expediente.
El expediente se resuelve por medio de auto o decreto,
según a quién corresponda.
Si corresponde al juez será un auto,
si corresponde al letrado de la Administración de Justicia
será un decreto, en el plazo de cinco días
después de la comparecencia.
Y si no se hubiese celebrado la comparecencia,
desde la última diligencia practicada.
La cosa juzgada de las resoluciones que ponen término
a los expedientes de jurisdicción voluntaria es distinta en función
de si se produce dentro o fuera de la propia jurisdicción.
Si se produce dentro de la propia jurisdicción voluntaria,
no podrá iniciarse otro expediente sobre objeto idéntico
entre las mismas partes,
salvo que cambien radicalmente las circunstancias que dieron lugar
a aquel expediente.
Pero si se inicia un proceso de la jurisdicción contenciosa,
entonces sí tendrá su curso, porque la jurisdicción voluntaria,
los expedientes de jurisdicción voluntaria,
concluyen por resoluciones que no tienen fuerza de cosa
juzgada respecto del contencioso posterior,
pero sí tienen una fuerza de cosa juzgada interna dentro del marco
de la propia jurisdicción voluntaria.
Y por último, los recursos.
Contra las resoluciones interlocutorias dictadas
en los propios expedientes de jurisdicción voluntaria,
cabe recurso de reposición en los mismos términos que establece
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las resoluciones definitivas dictadas por los jueces son susceptibles
de ser recurridas en apelación.
Si la decisión proviene del letrado de la Administración de Justicia,
eso sí, debe interponerse el recurso de revisión ante el juez competente
en los mismos términos en los que está establecida
para la ley de enjuiciamiento civil.
Y con esto prácticamente concluimos diciendo
que si el expediente se abandona, es decir,
si pese al impulso de oficio realizado por letrado
de la Administración de Justicia en el plazo de tres meses
contados desde la última notificación practicada, no hay ninguna actividad
entonces le corresponderá a este letrado
declarar la caducidad del expediente y contra este decreto de caducidad
sólo cabe recurso de revisión la ejecución de la resolución firme
que pone fin a estos procesos
se regula por la ley de negociamiento civil y lógicamente
si alguno de estos expedientes.
Da lugar a un hecho o acto inscribible en el registro civil,
debe expedirse testimonio de esa resolución
que corresponda a los efectos de su inscripción o anotación.
Si la resolución es inscribible en el registro de la propiedad,
mercantil o cualquier otro registro público,
también debe expedirse a instancia de parte.
Mandamiento a los efectos de su debida constancia registral.
Y con esto concluimos este primer programa de presentación
de nuestro sistema procedimental civil, jurisdicción civil contenciosa
y jurisdicción civil voluntaria.
Muchas gracias.