Veo que no ha decaído el interés, que eso es importante.
Como saben ustedes, estamos siguiendo la jornada,
no solamente en directo, sino también en streaming
y en el aula que tenemos con 40 personas.
Es decir,
que creo que ni que decir tiene que seguimos teniendo interés.
Bueno, hace dos años nos juntamos también aquí para hablar de lo que.
¿Qué pasaba con esto de la transformación y resiliencia?
Que en aquel momento, vamos, parecía algo que nos iba a salvar
de todos los problemas del mundo mundial.
Y de repente ahora nos encontramos que la guerra de Ucrania
está ahí, resulta que Trump se le ha cambiado el color del pelo.
Y empezamos a ver cosas raras.
Entonces, claro, decíamos, bueno, pues vamos a hacer.
Me gusta esto de retos y problemáticas
de los mescanisoms de transformación y residencia.
Pero para todos los MMR, yo creo que es mucho mejor.
Tengo una mesa que he de deciros que es un auténtico lujo.
Y con eso quiero decirlo.
Además, tengo aquí a mi compañero Javier Font,
que creo que es lo mejor que en este momento.
Pero es que, claro, que tiene a Raquel Frías,
no voy a decir nada.
Era la abogada del Estado en aquel momento.
Con lo cual.
Claro, pero como todos, ha emigrado.
Pero me tengo dos despachos de altos vuelos.
Me tengo a Cases la Cambra y me tengo a Garrigues.
Y además, lo siento, no voy a decir Ineptum.
Tenemos a Ineptum.
Ineptum es informática del corte inglés.
Era.
Pero me entendéis.
Creo que para todos los que nos hemos dedicado a este mundo.
Bueno, pues con ello.
Hemos tenido, como veis, creo que se ha apreciado,
la ventaja de los dos elementos básicos en la contratación pública.
El precio y la calidad.
Pero bueno, para pagar ese precio
y esa calidad, hace falta recursos.
Y sin dinero, acordaros lo que decía Napoleón.
Tres cosas necesito para la guerra, la borrar también.
Dinero, dinero y dinero.
Pues eso vamos a hablar de dinero.
Yo lo siento.
Voy a disparar con bala.
Porque sé que sobre esta materia no se quiere hablar.
En este momento estamos acabando.
Y es difícil.
Y voy a poner en compromiso a los miembros de esta mesa.
Pero es que si no, no tiene gracia.
Porque aquí para darnos besos y abrazos ya nos tomamos las copas.
Entonces voy a empezar por Javier.
Javier Font, que indudablemente es la parte.
Antes hemos hablado de control,
creo que Pilar nos ha hecho un elogio del control,
que hay que decirlo así.
Vamos a ver, alguien me decía, y no voy a dar el nombre
porque ya Juan Lázaro le conoce también,
decía que si el control no existiera, había que inventarlo.
Es que es verdad, es que si vosotros cualquier organización la borráis,
Es que es así.
Y que nos guste, voy a hacer, lo siento,
pero voy a hacer una glosa de la intervención.
Al fin y al cabo pasó, me toca.
Esta vez íbamos a venderlo.
Lo siento, la abogacía del Estado también lo tiene.
Allá por el año 1498 se crea la ordenanza de palacio,
que creo muy importante,
se llamaba de monasterio por el paular.
Donde se crea la labor de control de los ejércitos españoles,
que era el único que se controlaba en aquel momento.
Y ya se vio esa necesidad.
Desde luego, como veis el control,
nos perdemos en la noche de los tiempos y en la gestión.
Algún día hablaré también de Alonso de Quintanilla,
no te preocupes Germán.
Pero esta vez me toca Javier.
Y Javier, lógicamente, en este momento,
pues se están planteando varios.
Problemas con los MRR, sobre todo usuarios y beneficiarios
del sistema de evaluación y cumplimiento de ejecución
de estos fondos.
Y sobre todo, pues el problema que tienen
es que se está acabando y ven que no cumplen.
Y claro, el problema que tenemos es que la norma de reintegro
ha aparecido por ahí.
Ha aparecido por ahí, yo creo que un poco tarde,
porque posiblemente tenía que haber estado la primera
y haber advertido a todo el mundo.
Y se hablaba de un 5, un 20, un 50 y un 100%,
que ahora vamos a hablar de ello.
Y como también de los elementos usados,
pues para cuantificar esos niveles de incumplimiento,
es decir, seguimiento de hitos, objetivos, informe de progreso,
auditoría, evaluaciones de sistema de control interno,
etc. Como veis, esto se sale un poco de los contratos,
pero es una parte que los que están usando,
por eso este año no hemos tenido dos mesas,
hemos tenido tres.
Y claro, yo sé que la mejor persona, el técnico que sabe esto realmente es
Javier.
Javier, te ha tocado.
Bueno, muchas gracias, Justo.
Buenos días a todos,
tanto los que estáis aquí como los que estáis ahí en el aula
o online, en el streaming.
Buenos días a todos.
Lo primero, como siempre,
dar las gracias a los organizadores y en este caso
es que tengo que dar las gracias a compañeros interventores,
con lo cual es que es muy fácil.
Es decir, justo y a Gerardo,
porque es que siempre tienen la buena o mala idea,
después me diréis, de invitarme a hablar de estos temas.
Entonces, claro, para hablar de esto, yo siempre tengo
que empezar diciendo una cosa, que es que no se vende mucho.
Y es que todos hemos ido a hablar del mecanismo de recuperación
y hemos hablado de las características,
pero hay una cosa que nunca se dice.
Y es que el mecanismo de recuperación,
a diferencia del resto de fondos europeos,
es que lo que otorgan los Estados miembros
es un amplísimo margen de autonomía.
Muy diferente respecto del resto de fondos europeos,
lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
¿La cosa buena cuál es?
Deja a cada uno de los Estados miembros que articulen
o que estructuren sus planes de inversiones
como ellos decidan.
Con lo cual, los planes de recuperación
de los Estados miembros se parecen como un huevo en una castaña.
Es decir, todos son distintos.
¿Por qué?
Porque cada uno tiene necesidades distintas
y esa es la parte buena.
¿Cuál es la parte, no voy a decir que menos buena,
pero una parte que también hay que tener en cuenta?
Que si las reglas no te las pone la Comisión Europea,
te las tienes que poner tú.
Tú eres el que tienes que establecer los procedimientos
de cómo va a ser la gestión y el control de ese mecanismo.
No va a haber un reglamento comunitario que te diga
o unas orientaciones de la Comisión que te diga cómo hacerlo.
Somos la propia Administración
la que tenemos que decidir cómo lo vamos a hacer
y eso es gran parte o una parte del problema del desconocimiento,
porque al principio.
No teníamos una norma a la que acudir,
éramos la propia Administración la que teníamos que crear
nuestras propias normas.
Claro, y para explicar el sistema de control,
de seguimiento del MRR, yo siempre digo que el MRR,
a diferencia de lo que ocurre con otros fondos,
hay que verlo desde dos puntos de vista.
El primer punto de vista es el punto de vista meramente interno.
Es decir, todas las operaciones, todas las inversiones,
contratos, subvenciones, convenios, cualquier instrumento jurídico
que va a ser financiado con el plan de recuperación,
es una operación de gasto público.
Es una operación que ejecuta la Administración.
Y, en primer lugar, independientemente de que vaya
a estar regulado por un fondo europeo,
es una operación de gasto público nacional,
con lo cual estará sujeta a la normativa nacional,
ya sea la ley de contratos, la ley de subvenciones,
la ley de expropiaciones, la normativa que sea.
Pero lo primero que tenemos que atender
es la normativa nacional.
Es decir, lo que yo siempre digo,
porque esto esté financiado por el plan de recuperación,
no quiere decir que no tenga que cumplir la ley de contratos.
Claro que la tengo que cumplir, lo primero.
Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta.
Es decir, en nuestra propia normativa nacional
tenemos todas las normas para gestionar estas necesidades.
Con las especificidades que hemos tenido
que crear para ajustarnos al mecanismo de protección.
Es muy claro.
El Real Decreto Ley 36.020 establece una serie de especificidades
para los tratos que van a ser financiados.
Con el mecanismo,
con los fondos de millenium en general,
y por lo tanto hay unas leyes que se aplican a estos contratos
y no se aplican a ellos.
Pero básicamente la aplicación de la ley de contratos
es la misma para todos.
Ese es el primer punto de vista.
El segundo punto de vista es, vale, esta operación que yo tengo,
una operación nacional,
va a ser financiada por un fondo europeo,
en este caso por el mecanismo de recuperación.
Y lo que tengo que tener en cuenta es que además.
De todas las normas racionales
tengo que tener en cuenta que tengo que cumplir con, llamémoslo así,
todos los principios del mecanismo de recuperación.
Yo lo llamo los principios generales.
Hay algunos que están muy claros y los primeros es lo que yo llamo
los cuatro jinetes de la focalidad.
Que no son la muerte, la guerra, el hambre y la peste.
No.
En este caso no son esos.
Pero son parecidos.
Son fraude, corrupción, conflicto de intereses
y doble financiación.
Esos son los principios que hay que tener en cuenta.
Después hay otros, y otros que son también importantes.
Y hay uno que es como el quinto jinete que, pobrecito,
se le hace menos caso, pero que es muy importante,
que es el principio de no causar daños significativos.
Que, aunque parezca que no se menciona tanto
en los reglamentos, tiene una gran importancia después,
a la hora de ejecutar los contratos que van a ser financiados
con el mecanismo.
Por lo tanto, tú también tienes que cumplir con esos principios.
Pero, como os decía antes, las normas
para cumplir esos principios no están en un reglamento comunitario.
Hay que crear una norma nacional para cumplir esos principios
y hemos tenido que ir creando normas para el cumplimiento
de esos principios.
Básicamente, la orden 1030 de 2021 y la orden 55
de 2023 en el ámbito específico del conflicto de intereses.
Pero cuando tenemos que ver cómo gestiono un contrato
que va a ser financiado con el plan de recuperación,
lo que hay que tener en cuenta es que el 90%
de las normas que voy a aplicar son normas nacionales.
El contenido que puede haber de reglamentos comunitarios
es muy escaso.
Dentro de este cumplimiento de principios del mecanismo,
siempre divido en dos partes.
Por un lado, Lo que todo el mundo conoce.
Y es que este es un mecanismo basado en la ejecución de hitos
y objetivos.
Con lo cual, cuando yo reviso un contrato,
tengo que ver que se ha gestionado bien,
pero además que cumple al hito y al objetivo que está asociado,
que hace su aportación.
Pero, por otro lado, también tengo que comprobar el cumplimiento
del resto de los principios.
Es decir, los principios que os estaba diciendo.
Y para eso la Comisión Europea siempre ha ido estableciendo
orientaciones a ese respecto.
Hay orientaciones que te dicen
qué pasa cuando se incumple un hito del objetivo,
qué corrección financiera te hace y, por otro lado.
El reglamento del mecanismo de recuperación
de resiliencia te dice que la comisión está facultada
para hacer una corrección financiera siempre que no se hayan corregido
los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses
y doble financiación, es decir,
si los cuatro jinetes siguen galopando y no los hemos parado,
o cuando hay un incumplimiento grave del acuerdo de financiación.
Y aquí es un elemento importante que también tengo que tener en cuenta
y que a veces la gente se olvida.
Y es que sí, es verdad.
Y siempre lo digo,
probablemente las palabras que más se repiten en el reglamento
del mecanismo de recuperación y resiliencia
son fraude, corrupción, conflicto de intereses
y doble financiación.
Ahora bien, también aparece el principio
de buena gestión financiera.
Es decir, ese principio,
aunque no sea el que más publicitamos,
el reglamento dice que el Estado miembro
también se tiene que cumplir.
Es decir, que cuando se gestionan las actuaciones que van
a ser financiadas por el mecanismo deben ser legales y regulares.
Con lo cual, cuando hay que articular el sistema de gestión y control,
hay que articularlo teniendo en cuenta todo.
Y, por lo tanto, a la hora del sistema de control,
la IGAE se hizo por compartimentos.
Por un lado,
para cumplir con el principio de buena gestión financiera,
pues tengo mis auditorías que yo cojo instrumentos concretos
y las reviso.
Para cumplir con el principio de cumplimiento de hitos y objetivos,
pues cada vez que se presenta una solicitud de pago,
yo reviso.
Y la gente de mi división,
que los hitos y objetivos que van asociados a la solicitud de pago
se han cumplido.
Y para el cumplimiento
o la revisión del cumplimiento del resto de principios del MRR,
pues hacemos auditorías de sistemas y vamos por todos los organismos
públicos comprobando que sus sistemas de gestión tienen previsto la.
Esos principios en su gestión.
Y yo creo que para abrir boca yo creo que ya está bien.
Pues yo creo que sí y suficiente.
Con lo cual, no.
Ay, perdón, perdón, perdón.
Digo que volvemos a las fuentes y voy a hablar con Raquel,
que creo que me puede decir algo.
Han pasado unos años,
con lo cual creo que ya tenemos un cierto grado de experiencia
acumulado durante estos años.
Para ti, ¿cómo ha ido este periodo?
Te pido tu opinión.
Lógicamente, sabemos la dificultad, sabemos cómo hemos ido.
Lo hemos hecho bien,
porque todo el mundo nos habla que Italia,
que Francia, como bien has dicho,
y ahí creo que has dejado una cosa muy importante, es decir,
cada país teníamos nuestras normas y nuestros criterios.
Luego, indudablemente, aunque sean manzanas con las peras,
no se pueden comparar.
Y esto es una cosa importante.
Bueno, pues esto sí, tenemos naranjas,
pues cuéntame cómo van las naranjas de la China,
amigo.
Buenos días o buenas tardes a todos.
Gracias.
Buenos días, que no hemos comido.
Han pasado las doce.
Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros.
Muy agradecida por la invitación.
Bueno, yo creo que es importante que diga que yo sí que efectivamente
estuve en la Secretaría General de Fondos Europeos
cuando se crea en la Abogacía del Estado.
Que ahora mismo ya no me encuentro y, por tanto, efectivamente,
puedo dar una visión de cómo lo veo ahora y, sobre todo,
me ha gustado mucho la intervención que has hecho, Javier,
porque, efectivamente, yo me incorporé a la vocación
del Estado de la Secretaría General de Fondos,
que, efectivamente, es la que tenía la responsabilidad,
es la responsable frente a la comisión
en la ejecución del plan, en los distintos proyectos,
reformas, inversiones.
Y de ir efectivamente contribuyendo al cumplimiento
de los dos objetivos.
Y estaba la intervención,
efectivamente, que era la autoridad supervisora
y que por tanto la teníamos, eso íbamos en paralelo,
pero nosotros yo creo que íbamos un poco por delante.
Muchas gracias porque tú has dicho que nos dieron
muchísima libertad, ¿no?
Así que cada uno teníamos que, cada Estado éramos libres
de configurar el sistema que consideráramos más conveniente
para poder ir ejecutando las reformas y proyectos
que iban a ser, por supuesto, financiados con esos fondos
europeos.
Y, sin embargo, yo desde dentro, allí,
en la abogacía del Estado y con la Secretaría General de Fondos Europeos
, no teníamos esa sensación, ¿vale?
Porque.
El reglamento, el de 12 de febrero de 2021,
habla de gestión directa,
que esa es la gran particularidad de estos fondos.
Y si bien había libertad para configurarlo,
no lo había tanto luego en la manera
en cómo se tenía que ir ejecutando cada uno de los proyectos,
reformas e inversiones.
Y realmente con esas ataduras hubo que desarrollar la normativa
a la que tú has mencionado, ¿no?
, que eran las dos reales decretos,
sí, las dos reales decretos, el 1030 y el 1031 de 29 de septiembre,
que fueron realmente una lucha constante
con las autoridades europeas para configurar un sistema
que se adaptara a nuestras particularidades,
pero dentro de ese corsé que de verdad sí que nos tenían puesto.
Yo hablando con Mercedes Caballero,
la secretaria general de Fondos Europeos,
antes de venir aquí Y que estuvo el año pasado,
estuvo en la anterior edición aquí.
Efectivamente, recordábamos aquellos momentos, efectivamente,
y esa lucha.
Y me decía, tú tienes que además trasladar que, bueno,
y lo comparto, que además en esa elaboración de esa normativa
había una especie como de normativa, pues eso,
lo que se llama efectivamente el lawfare,
o sea, prácticamente una normativa que no estaba escrita,
pero que sin embargo nos la imponían.
Y como decía ella, había el PowerPoint
como fuente del derecho.
Y eso.
Lo hizo muy complicado porque eran reuniones constantes
en las que realmente nos iban apretando cada vez más a la hora
de configurar.
Yo sobre todo recuerdo
la orden que tú has mencionado del análisis de conflicto de interés
al que se refiere.
O es la manera en la que se decidió articular
el artículo 22 del reglamento de 12 de febrero de 2021,
que es la única norma que realmente existe escrita.
En relación con el mecanismo y el conflicto de interés
fue realmente una lucha constante porque yo siempre lo decía, ¿no?
O sea, y esto enlazando con lo que tú dices,
o sea, el mecanismo y los fondos provenientes
del mecanismo lo teníamos que ejecutar
conforme a los instrumentos que teníamos en nuestra legislación
y eran contratos y subvenciones.
Y esas eran las.
Bueno, luego también estaban los convenios, es cierto,
pero esa era la única manera que teníamos que hacerlo
y teníamos que incorporar ahí el conflicto de interés.
Yo aparte.
Siempre se partía de una premisa y era la desconfianza hacia España
porque decían que nosotros íbamos a ser perceptores
de una gran cantidad de dinero, de fondos.
Y eso es cierto, somos el segundo país,
yo creo, mayor perceptor.
Y, por tanto, era una especie de lucha
porque consideraban efectivamente que el conflicto de interés
era como la pata, vamos, para mí más importante.
Yo, como soy funcionaria,
pues claro, nosotros siempre teníamos el mecanismo de la abstención
y la recusación, que en el fondo es el conflicto de interés.
Y es que tú te separas de aquellos asuntos
en los que puede existir una causa que vice
una decisión objetiva.
Que realmente la decisión no sea la mejor relación calidad-precio
o que no sea la que hubiera correspondido.
Y claro, el conflicto de interés fue algo complicadísimo
con el análisis de la titularidad real, que era una especie
como de prueba diabólica.
Tú ya declaras que no tiene relación,
que no hay ningún tipo de causa
y te dice que había que probar que era cierto o no.
Con esto tengo que decir que sí que tuvimos libertad
para montarlo,
o sea, el plan que aprueba el Consejo de Ministros
en abril de 2021, o en marzo
creo que fue, De 2021, pero luego esa gestión directa
por parte de la comisión hizo muy complicado su establecimiento.
Quizás son los problemas
con los que ahora os estáis encontrando, ¿no?
Porque, claro, vosotros lo analizáis dentro,
pero luego está, cuando se hacen las solicitudes de desembolso,
el análisis que ellos hacen.
Aprovecho y casi.
Fantástico, fantástico.
Una pregunta que te iba a hacer a ti,
pero se la voy a pasar a Javier.
Fantástico, que es el más indicado.
Entonces, ¿cómo debe de interpretarse la utilización de los superávit
que tengamos en los MRR?
¿Qué hacemos con ello?
Realmente, si yo he cumplido objetivos y los hitos,
y los hitos que me sobran dinero.
Claro esto bueno justo me lo pregunta porque sabe
que yo no tengo ningún problema en meter métodos los charcos
o sea que estoy yo voy porque eso justamente lo he hecho
entonces no tengo ningún problema en dar mi opinión
a ver cuál es el problema el problema es que el mecanismo de recuperación
y residencia es un instrumento de financiación muy peculiar es.
Y explico por qué.
Claro, decía Raquel, es un instrumento de gestión directa
de la comisión.
Sí, señores, pero estamos hablando de 163.000 millones de euros,
por lo cual es imposible que la comisión por sí misma controle esto.
Con lo cual, sí, de aquella manera es un instrumento de gestión directa.
Es también un instrumento de financiación
no vinculada a los costes.
Sí, es lo que dice el reglamento,
pero estamos hablando todo el rato de los costes.
Con lo cual, ¿qué instrumento tan raro tenemos?
Que estamos hablando constantemente de los costes
cuando se supone que no deberíamos hablar de ellos.
Claro, se supone que la teoría de la financiación no vinculada
a los costes es, en el fondo, cuando yo lo explico, para mí,
en teoría, la realidad es distinta,
pero en teoría el plan de recuperación es un macrocontrato
que la Comisión Europea ha firmado con la ministra de Hacienda.
En el fondo, en teoría, es eso.
En teoría, el plan es, yo, Comisión Europea,
os doy a vosotros, Reino de España, 163.000 millones de euros
para que gastéis en todas estas actividades
y con un precio base de licitación ya determinado,
con un precio de adjudicación ya determinado,
porque ya lo hemos determinado previamente,
porque el reglamento.
Y en esto, por suerte o por desgracia,
a mí me tocó colaborar al principio del plan.
Ya se ha estimado cuál es el valor del plan.
Ya sabemos cuál es el precio razonable
al cual se tienen que ejecutar todas estas actuaciones.
Con lo cual, en principio, una vez determinado
si esto es un macrocontrato, principio de riesgo y ventura,
como decía Pilar.
Pilar, por cierto, me voy a apuntar a tu club de fans.
Me ha encantado.
Sabes que tiene varios elegades.
Las jornadas de contratos, te voy a decir que medio quintal
o medio millar de interventoras, todas son fan tuyas.
Y también de Carmen García Cerdá.
Yo no sé qué las hacéis cuando vais por allí
a las jornadas de contratos,
que todo el mundo se apunta a vosotros.
Pero, como decía A mí no, y a Javier tampoco.
Esto a mí me pasa menos.
Entonces, como decía,
una vez que yo he determinado el precio,
me debería centrar en la realización.
¿Cuál es el problema?
El problema del mecanismo son dos cosas.
En primer lugar, que es que no hay que olvidar.
Que el mecanismo es un instrumento de emergencia.
Hay que recordar por qué salió.
Salió por la pandemia del COVID y se creó
y se desarrolló todo muy rápido porque había que actuar rápido.
Claro, ¿cuál es el problema?
El segundo problema es que el mecanismo
es un instrumento completamente nuevo.
Es un experimento a lo grande que ha hecho
la Comisión Europea de crear un instrumento
de financiación que hasta ahora no utilizábamos,
que era la financiación no vinculada a los costes.
Que había pruebas, pero eran muy pequeñas.
Claro, si tú quieres hacer una cosa nueva
y lo haces muy deprisa.
Pues te van a salir grietas por todas partes.
Se va a descoser el traje.
Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí?
Y aquí ya la pregunta.
Claro, el problema es, yo he hecho una estimación de coste.
Yo he calculado cuánto me iba a costar un contrato.
¿Qué pasa si me ha costado menos?
Claro, aquí lo primero es decir, bueno, como yo he estimado el coste,
si soy eficiente y lo hago por menos, en teoría,
Riesgo y ventura.
Me debería poder quedar con ese dinero.
Claro, ¿cuál es la otra parte?
Claro, los malpensados, llámese Tribunal de Cuentas Europeo,
¿qué te dirán?
Te dirán, no, es que puede haber otra causa.
No es que tú seas eficiente,
es que a lo mejor la estimación del coste no lo hiciste bien.
Claro, ese es el problema.
El problema,
y esto el Tribunal de Cuentas Europeo ya lo ha dicho,
lo que va a hacer es una vez.
Que termine el mecanismo de recuperación,
pues probablemente en el 2027 los tendremos por aquí
para valorar si efectivamente nos hemos gastado
los 163.000 millones de euros en las actuaciones
que nosotros habíamos dicho.
Entonces, claro, como esto todavía no está decidido,
claro, mi recomendación para que todo el mundo me pregunta es,
vale.
Si te sobra dinero porque tú has sido deficiente,
¿te lo puedes quedar?
Primera respuesta,
pues depende de lo que diga el instrumento jurídico
por el cual te han cedido el dinero.
Porque puede ser que en el convenio que tú hayas firmado
o en el acuerdo de conferencia sectorial,
el ministerio te diga que si te sobra dinero
se lo devuelvas.
Esa es la primera pregunta.
Esto, Javier, es muy importante porque, por ejemplo, en defensa,
y hablo por Ana Cebrián, grupo de evaluación de costes,
precio máximo con incentivos.
Y es más, en defensa se está tratando de incentivar mayor eficiencia,
se le dice al contratista.
Al contratista.
Oye, si tú eres eficiente.
La mitad para ti, la mitad para mí,
o ponemos los porcentajes, etc. Entonces, claro,
lo que acabas de decir es muy importante.
Esa norma, esa norma, Ana,
y recuerdo a Paco Arias, en su día, por eso digo,
es ahí donde está la madre del cordero.
Claro, que en el caso de que no diga nada, bueno,
puedes sobreentender que te puedes quedar con ese dinero.
Ahora bien, ¿puedes utilizarlo para cualquier cosa?
No.
Va a ser que no.
¿Por qué?
En primer lugar, porque ese dinero que te han dado
está destinado a una finalidad.
El Real Decreto Ley 36 de 2020 dice que el crédito.
Tiene una finalidad concreta,
que no lo puedes utilizar para cualquier cosa.
Con lo cual, te lo puedes quedar en principio,
y ya veremos qué al final dice la Comisión Europea,
el Tribunal de Contas Europeo, te lo puedes quedar,
pero tiene que ser para las mismas actuaciones
que venías realizando, porque el crédito
legalmente está destinado para esas actuaciones.
No sé si.
Suficiente, suficiente.
Como le he metido una pregunta, además, no quiero decir nada.
María José Morales, lógicamente, como siempre,
ahora voy a pasar a esta banda.
¿Cuáles crees que son las principales consecuencias
o contrapartidas que ha supuesto para las empresas?
Ahora vamos a hablar de empresas,
más que administración, que participa en estas licitaciones públicas
de los contratos que se reciben con cargo a la financiación
de los MRR.
Lo que acabo de soltar.
Muchas gracias.
Solo ante unas breves palabras para mostrar mi agradecimiento,
por supuesto, al Instituto Gutiérrez Mellado
y a Asmide por invitarme a participar en esta jornada
tan interesante que venimos celebrando durante toda esta mañana
y, por supuesto, a los asistentes a este acto,
tanto de manera presencial, gracias, como a través de la plataforma
online, porque desde luego demuestran con su concurrencia
la oportunidad y pertinencia de celebrar este tipo de foros.
Pasando a dar respuesta a tu pregunta, justo,
me gustaría citar una serie de datos que creo que son muy significativos,
supongo, para fijar el contexto de lo que ha supuesto
este mecanismo europeo de recuperación y resiliencia.
Para ello, tomo como referencia la información
publicada por el visor de contratación de la Eurascon,
que analiza un poco la situación desde el año 2020 a 2024,
porque yo creo que merece la pena reflexionar sobre esos datos.
En primer lugar, sobre el importe del volumen de licitación.
Si tenemos en cuenta la cifra que refleja el año 2020-2020,
hemos pasado de unos 62.000 millones de euros
a 113.600 millones de euros en el año 2024.
Estamos hablando de duplicar en términos absolutos
el importe de licitación.
Si comparamos también
o si nos fijamos en el importe adjudicado,
podemos ver que en el año 2020
estábamos hablando de unos 44.000 millones de euros
y hemos pasado en el año 2024 a 75.000 millones.
Es verdad que en términos de rebaja económica
respecto a este periodo se ha mantenido más o menos estable,
con algunos picos, pero prácticamente en torno a un 11,2%
de rebaja media.
Pero el tercer dato, que es el que yo me gustaría determinar un poco más,
hace referencia al nivel de respuesta de las empresas,
del nivel de participación en las licitaciones
durante este proceso.
Y el dato llama la atención, si me permiten.
En primer lugar, en el año 2020
estábamos hablando de una participación en términos
de media de cuatro empresas para pasar el año 2023 a 2,97
y cerrar el año 2024 con 2,9 empresas por proceso de licitación.
Y mi pregunta,
de la que quiero hacerle partícipes a todos ustedes, es ¿por qué?
¿Por qué las empresas,
frente a un volumen tan significativo,
a unas cifras llamativas de dinero público
puesto a disposición en los procesos de licitación,
no acuden en masa como uno esperaría?
La verdad es que no tengo la respuesta,
supongo que es verdad, una respuesta única.
Ahora después la tendremos.
Vamos a intentarlo entre todos a ver si conseguimos saber por qué.
Es cierto que hay una serie de circunstancias coyunturales
durante este periodo de tiempo.
Se han abordado a lo largo de estas mesas previas.
Sin duda, también la guerra de Ucrania,
los problemas de la subida del precio de la electricidad, etcétera,
han contribuido con carácter general
en los procesos de licitación pública.
Pero yo me atrevería a buscar algunos motivos específicos
vinculados a esos procesos de licitación financiados con cargo
al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.
En primer lugar, tres me gustaría compartir con ustedes.
El primero de ellos hace referencia a una reducción
en los plazos para la presentación de las ofertas o proposiciones.
En segundo lugar, cierta reducción de garantías,
si me permiten, por parte de los contratistas,
inseguridad jurídica en la interpretación
de algunos de los preceptos que rigen la gestión de estos fondos.
Y, en tercer lugar, y yo creo que es un punto importante,
es la traslación de un importante número
de obligaciones al contratista,
adicionales a las que constituyen las prestaciones típicas
de los contratos objeto de licitación.
Vamos a ir analizando cada uno de ellos de forma un poco sintética.
En relación con la reducción de los plazos para la preparación
de las proposiciones, apuntaba hace un momento Javier
que, evidentemente, la norma que se aprueba en España,
el Real Decreto 36.2020,
para la modernización de las Administraciones públicas
y la gestión del plan de recuperación, viene,
entre otros objetivos, con un objetivo de simplificación,
de agilización de los procedimientos administrativos, entre otros,
tanto subvenciones como contratación pública.
Pero se hace.
Se hace como bien apuntaba Raquel, porque España,
igual que el resto de Estados miembros,
tiene como una importante condición para poder optar a los fondos
el hecho de tener que absorber cantidades ingentes de dinero
en un plazo muy breve de tiempo.
Recordemos que en aquel momento,
cuando se aprueba ese Real Decreto Ley,
España le habían asignado más de 70.000 millones de euros
en transferencias no reembolsables que debían de ser absorbidos,
por tanto, con compromisos jurídicos.
En un periodo del 2021 a 2023.
Estamos hablando de unas cantidades enormes de dinero
donde la propia Administración teme cómo va a ser capaz
de materializarlo, cómo va a ser la tramitación.
Y por eso, como digo, el objetivo es agilizar y simplificar.
Entre otras vías,
lo que propone o permite a los órganos de contratación
es la aplicación de los procedimientos de tramitación
de urgencia, aquellos procesos de licitación
que se financian con cargo a estos fondos.
Es verdad que, más allá de una declaración
en la exposición de motivos que parecía que esa tramitación
de urgencia iba a ser generalizada, urbe et orbe,
cosa que no era compatible con el derecho comunitario,
Finalmente, exigía una motivación caso por caso
en cada uno de los procedimientos para justificar en qué medida
la tramitación ordinaria no era capaz de cumplir los fines
para los que se pretendía satisfacer el contrato.
Pero, como digo, esa tramitación de urgencia,
cuando estaba justificada,
llevaba aparejada una reducción sustancial del plazo
para preparar las proposiciones y ofertas.
De tal manera que incluso podría reducirse a la mitad por exceso
los procedimientos abiertos, restringidos y negociados.
E incluso se fijaban plazos máximos en los casos
de los procedimientos simplificados, ordinarios y abreviados,
que estábamos hablando de, como máximo, quince días naturales,
ocho días naturales para presentar proposiciones u ofertas.
Insisto, plazos máximos.
Primer hándicap, plazos breves
para preparar las ofertas, insisto, no teniendo en cuenta la complejidad
del contrato sin la necesidad de su ejecución
y de comprometerlo cuanto antes.
El segundo elemento que me gustaría hacerme referencia aludía
precisamente a cierta falta de garantías o una reducción
en cuanto a las garantías.
Quiero hacer el acento,
poner el acento principalmente en el tema del recurso especial
en materia de contratación.
Es verdad que el artículo 58 del Real Decreto 36-2020,
buscando esta agilidad, esa rapidez en los procedimientos,
lo que viene a hacer es cambiar, alterar este plazo,
que como saben ustedes,
con carácter general está fijado en 15 días hábiles,
según establece el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público,
y lo reduce a 10 días naturales.
10 días naturales para interponer recursos especiales
en materia de contratación para todos aquellos procesos
de licitación financiados con cargo al MER y que se tramitaban
exclusivamente por licitación electrónica.
Pero a esta reducción importante, significativa,
desde mi punto de vista,
que dificulta el derecho de defensa de los contratistas,
se añadió además una inseguridad jurídica
vinculada al dispar criterio interpretativo
mantenido por los órganos responsables de su aplicación.
Estoy pensando, como bien anticipan ustedes,
pues el criterio que mantuvo inicialmente, vamos,
que mantiene, la Junta Consultiva de Contratación del Estado,
en donde defendía que ese plazo de diez días naturales era aplicable
a los recursos especiales que se interpusieran
contra cualquier acto susceptible de recurso,
posición que, sin embargo, no compartió el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, ya en un acuerdo
de su Pleno de enero del 2022,
donde, haciendo una interpretación más pro-contratista,
vino a entender que ese plazo reducido solamente debía aplicarse
para la interposición de recursos especiales frente al acto
de adjudicación, que es el que tiene la suspensión automática.
Pero, claro, evidentemente estas son dos opiniones,
pero además se fueron multiplicando porque cada uno
de los tribunales administrativos de recursos contractuales
de los territorios fueron alineándose a una u otra postura
dependiendo del criterio técnico que consideraban mejor.
De tal manera que tenemos, por citar algunos,
El Tribunal de Aragón y el Tribunal de Madrid
se acercaron al Tribunal Central Administrativo,
al Central de Recursos Contractuales,
mientras que, por ejemplo,
el Tribunal catalán mantuvo la posición de la Junta Consultiva
y el de Castilla y León,
que durante un tiempo apoyó uno y a partir del 2003
apoyó el otro.
Evidentemente, la falta de seguridad jurídica tampoco es un acicate
para las empresas a la hora de decidir si presentarse o no
a este tipo de concursos.
Insisto, estamos hablando de un elemento esencial
como es el derecho de defensa a través del recurso especial.
Y, en tercer lugar, y no me quisiera alargar mucho más,
pero sí que hacer este tercer punto
cuando hablábamos de la traslación de un número significativo
de obligaciones.
Para los contratistas que participaran en ese tipo
de procesos.
¿Por qué?
Porque, como bien saben, para poder también en aras,
por un lado de la agilidad y por otro lado del cumplimiento
de los principios transversales
que apuntaba antes Javier del reglamento del MER,
se aprobaron proyectos tipo tanto de cláusulas administrativas
como de prescripciones técnicas con una serie
de contenidos obligatorios que debían de recogerse
en todos los pliegos que rija la contratación financiada con cargo
a estos fondos.
Esos pliegos imponían,
como digo, un catálogo de obligaciones adicionales
que debían de asumir los contratistas.
Me estoy refiriendo, en primer lugar,
a la participación activa que debe tener el contratista en cumplir
o en hacer posible que se cumplan los hitos y objetivos
que comentaba hace un momento Javier.
Hemos dicho que son los elementos de medición cualitativa
y cuantitativa que ha exigido la comisión y mediante la cual se va
a medir el cumplimiento de las reformas o inversiones
que cada uno de los Estados ha fijado en sus propios planes
de recuperación.
Conforme a los cuales se va a medir el cumplimiento de ese resultado,
esa peculiaridad que tiene el reglamento del MER.
Pero ahí, como digo,
es el contratista el que tiene que estar en disposición
de desarrollar instrumentos internos para facilitar información,
para permitir que el órgano gestor pueda hacer una total trazabilidad
de que en ningún momento el contrato al que responde ese objetivo,
ese hito,
Lo cumpla y lo cumpla en tiempo y, por lo tanto, cualquier falta
de información incompleta
o que no permita llegar a esa satisfacción
va a estar asociada a penalidades económicas
previstas en los pliegos e incluso, en casos extremos,
puede conducir a la resolución contractual.
Este mismo nivel de rigidez o de traslación obligacional
asistimos al tema de la contribución al etiquetado verde y digital,
que, como saben, también son otros dos conceptos
que introduce la regulación del reglamento MER
y que también se imponen al contratista en el pliego.
De tal manera que es el peso en el que el contrato
tiene que contribuir a uno de estos dos objetivos.
Por lo tanto, tiene que estar en disposición
de facilitar el cumplimiento o de medir que se cumple
y, si no, penalidades.
Económicas específicas previstas en el pliego.
En tercer lugar,
también otro de los elementos, justo lo apuntaba Javier,
el contratista debe hacer todo lo posible
o tiene que garantizar que la ejecución del contrato
no cause un daño significativo al medioambiente,
el famoso principio bajo sus siglas TNSH,
en seis ámbitos medioambientales específicos
regulados por el Reglamento de Taxonomía
del año 2020,
En cuestiones tales como el uso de los recursos hídricos,
la economía circular, evitar el cambio climático.
Es decir, una serie de materias previamente determinadas
para lo que hay que seguir una compleja guía
elaborada por la comisión,
además de una serie de cuestionarios de autoevaluación.
Insisto, ello, si no se hace adecuadamente,
tiene aparejado nuevas penalidades económicas o incluso, además,
se prevén causas de modificación del contrato a la que tiene
que someterse el contratista si es que hay nuevas instrucciones
o cambios de normativa o de la propia autoridad competente
en esos ámbitos.
Otro punto importante
-no quiero alargarme más,
justo que a lo mejor estoy extendiéndome demasiado
-es sobre el tema de la adhesión también que se impone al contratista
de los planes antifraude.
Hablaba hace un momento, Javier, de la importancia que se traslada
a los Estados miembros sobre.
La lucha contra el fraude, la corrupción
y el conflicto de interés.
Eso significó a la postre que todos los órganos licitadores
tenían que aprobar sus propios planes antifraude,
pero esos planes antifraude tienen que ser adheridos y asumidos
por los contratistas.
Eso implica no solamente conocerlos, y además esa adhesión
es un requisito previo a la formalización del contrato,
que de no hacerlo les excluye la licitación
y además le compromete a ejecutarlo durante toda la vida del contrato.
De tal manera que esto implica conocerlo, como digo,
y puede llegar a tener que modificar las normas internas
de compliance que tenga la propia empresa
para estar en disposición de poder garantizar su cumplimiento.
Y con esto suma y sigue el catálogo de obligaciones.
El tema del DACI, el tema también de la normativa de ayudas de Estado,
que me parecería que si no hay posibilidad
volveríamos sobre ello, porque este es un ámbito de, claro,
responsabilidad de la propia Administración y, sin embargo,
también se traslada al contratista.
Por lo tanto, más cargas al mismo precio.
Muchísimas gracias María José
porque creo que has dado y nos vamos a centrar casi
en la pregunta que le voy a hacer a Josep Aracil.
Lógicamente todo este problema
que tiene el lado de la empresa se creó un grupo de trabajo
sobre estos fondos en el área de la digitalización
con lo cual vamos a concretar mucho más.
Resulta que tenéis unos datos, un estudio en el que el 61%.
Decía que ni consideraba, ni entiende,
ni llega a las empresas.
Por lo que las pequeñas y medianas empresas
pasaban.
Y el 70% decían que esos fondos
no consiguieron el objetivo de transformación digital.
Y como consecuencia,
el 32% de los estados decía pasamos de los fondos europeos.
No queremos saber nada de los MRR.
Si los MRR estaban destinados,
según nos habéis contado, ¿dónde está banda derecha?
A estimular el tejido empresarial, ¿por qué le interesó a la empresa?
Porque tú tienes datos.
Muchas gracias, Justo,
por invitarme a participar en esta mesa y buenos días
a todos y a la organización también por darnos este espacio.
Vamos a ver, desde el punto de vista
de la situación en la que nace el MRR,
creo que ya se ha comentado cuál fue la causa
y fue una causa de emergencia la que motivó el MRR
y, por lo tanto, a partir de ahí,
todos tuvimos que poner de nuestro lado,
la Administración Pública muchísimo y las empresas también,
pero teníamos mucho grado de incertidumbre.
Y no les voy a hablar del informe Draghi
ni de la brújula de la competitividad,
pero sí que quería comentar dos cosas.
Y es que hace unas semanas vimos cómo Donald Trump hacía
una rueda de prensa donde anunciaba que iba a hacer un proyecto
de 500.000 millones de euros sobre inteligencia artificial
y cloud.
Y apareció en la rueda de prensa con OpenAI,
con Oracle y con OpenBank.
Y no pasaba nada.
Teníamos un anuncio de China que anunciaba DeepSeek
y removía a todo el mundo con este anuncio
y tampoco pasaba nada.
Y cuando oigo todo esto que estamos hablando aquí a nivel de regulación,
que es totalmente necesario, no digo que no se tenga que hacer
porque todos tenemos compliance y yo el primero,
tenemos que hacerlo, pero también tenemos que buscar la manera
de que estas cosas puedan pasar.
Y voy a centrar un poco el tiro en lo que estamos hablando,
porque pienso que el MRR es necesario y es una buena experiencia,
y voy a explicar un poco por qué es así.
El tejido empresarial, según el INE,
en España tenemos exactamente 5.066 empresas grandes,
Tenemos 1.400.000 empresas pequeñitas, microempresas,
de menos de nueve trabajadores.
Y en lo que es el ámbito de la mediana y pequeña empresa,
pues tenemos unas 154.000 empresas en este momento.
Y un dato que también a mí me sorprendió el otro día
cuando estábamos ahí en la COE debatiendo sobre estos temas,
en startups.
No sé si tienen el número de startups que hay en España,
pues se lo voy a decir.
Según la ley de emprendedores, de empresas emprendedoras,
hay 4.000 startups en España.
A mí me pareció poco, muy poco.
Yo pensaba que había muchas más.
Muchas más.
Todos creíamos que había muchas más.
Pero la ley dice que una empresa emprendedora
tiene que cumplir una serie de normativas
y que la cumplan solo 4.000.
Y este es el contexto en el que nos movemos
a nivel empresarial en España.
Y voy a tirar de datos de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, de la AIREF,
porque creo que son los más actualizados
de todos los que he encontrado.
Enhorabuena, enhorabuena.
Porque he encontrado datos de MRR de diciembre del 24 y de enero del 24
en la AIREF.
O sea que se han concedido 42.500 millones de euros.
Y a través de la SEPI, de lo que es el ámbito,
se ha subyacido y licitado 17.500 millones de euros.
Es el tramo que más ha ejecutado, más ha movilizado los fondos.
Si miramos en qué nos hemos gastado los fondos,
de un informe que salió ayer, creo, de la Fundación Cotec,
si miramos el dato de cuánto se han destinado a uno de los objetivos
de los fondos, que era una cosa muy importante.
A investigación, desarrollo, innovación y digitalización
se ha dedicado el 36,7%,
cercano al 40%.
O sea que ahí yo creo que podemos felicitarnos,
podéis felicitaros, desde las administraciones públicas,
desde que se ha conseguido.
Estamos muy cerca de conseguir el objetivo que pretendíamos.
Eso ha derivado 15.800 millones a un cambio estructural.
Que hasta ahora no se había producido nunca,
porque todos teníamos programas.
O sea, hacíamos las subvenciones, las contrataciones,
todo mediante programas, no mediante hitos y objetivos.
Y este modelo era un reto para todos, para las empresas,
para la administración.
Pero esto ha tenido.
Impacto.
España, en este momento,
es uno de los países que publica más en investigación del mundo.
Estamos en el puesto número 11 en investigación.
Pero, en cambio, en innovación, que es
llevar todo lo que hacemos al mercado,
a que las empresas puedan vender productos que les van a diferenciar
con respecto a sus competidores de otros países,
bajamos al número 28,
que en el fondo es lo que dice el informe Draghi.
En Europa se investiga,
pero no se innova.
Y ahí tenemos un gap de innovación, sobre todo en el ámbito digital,
que es donde nos está ganando China y Estados Unidos
de forma fehaciente, que tenemos que cubrir.
Pero si miramos el sector digital,
lo comentábamos antes, no nos podemos quejar.
El sector digital, desde la aparición de los fondos,
ha crecido un 30%.
El crecimiento ha sido muy importante.
Hemos incorporado 232.000 profesionales al sector digital.
Ahí nos faltan muchas mujeres,
aprovecho el micrófono para decirlo, vocaciones STEM,
y también nos faltan muchos profesionales,
porque no conseguimos dar a la demanda.
Y quería añadir dos elementos que creo que son cruciales.
El primero es, de todos estos fondos que se han movilizado,
¿cuáles son los organismos o los programas
o los vehículos que más han movilizado los fondos?
Y aparece el kit digital.
Decíamos que habían.
1.400.000 microempresas en España.
Con el kit digital se ha llegado a movilizar a 385.000 empresas
que han recibido el kit digital.
Significa más o menos que entre un cuarto,
una de cada cuatro,
una de cada tres empresas han optado y han mostrado interés
y han tenido esa subvención por parte del kit digital,
lo cual es interesante.
Otro dato que también creo que es importante
es que el Gobierno ha creado el sello de empresa emprendedora.
A sus 4.000 empresas emprendedoras se les ha creado un sello
de empresa emprendedora para que puedan acceder más
rápidamente a todas las subvenciones,
especialmente a los fondos europeos.
Solamente se han o se ha conseguido llegar a 1.400 empresas
que tienen el sello de empresa emprendedora en España.
Bueno, esto quiere decir que.
Según la clasificación del Ministerio, una de cada tres empresas
están movilizándose para llegar a ese escenario.
Y el otro vehículo que también ha tenido mucho éxito
ha sido, bueno, ha tenido mucho éxito ahí,
hay de claros, muy claros y oscuros,
pero es un vehículo muy importante, es el PERTE.
El PERTE nace como una evolución
de los IPCI europeos, que son los proyectos de interés común
para el desarrollo de la economía europea,
y que en España, pues, Lo reconvertimos, lo rebautizamos
como PERTE y creamos toda una serie de 12 proyectos estratégicos
que aglutinan 41.100 millones de euros
para desarrollar esos programas.
Estos programas hay de todo ahí.
Y pongo programas que han ido muy bien,
como puede ser el vehículo eléctrico y conectado,
el aeroespacial o la salud de vanguardia,
o el programa del hidrógeno.
Tenemos el Valle del Hidrógeno en Huelva y Cádiz,
que es espectacular.
Estamos produciendo energía de hidrógeno a la mitad de precio
en el norte de Europa
y la estamos enviando por barco a Rotterdam,
lo cual es un éxito absoluto de país.
Y tenemos otros pertes como el del chip,
que está al 3% de ejecución.
Y si no hay chips, no hay coches,
no hay electrodomésticos y no hay soberanía industrial
para poder seguir trabajando en el resto de los sectores.
Hemos creado dos fábricas, una en Málaga, IMEC,
un spin-off de una.
Del principal productor de diseñador de chips de Bélgica
y otra en Barcelona, InnovaFab, y vamos a ver si somos capaces
entre todos de traccionar esto.
Tengo una lista de mejoras que le pondría a los pertes,
pero no lo voy a hacer, creo que para mi primera intención,
pero sí que me gustaría decir justo una cosa que creo que es relevante,
y es todos estos fondos que se han movilizado, hay.
Cinco organismos,
cinco agencias que han movilizado de forma importante estos fondos.
Adif, 7.000 millones.
Red.
es, digital, 2.300 millones.
IDAE, 2.200 millones.
Hidrógeno, etcétera, etcétera.
La agencia de investigación, 1.200 millones.
El CEDETI, 1.100 millones.
Y digo esto porque creo que es importante.
Creo que el secreto, una parte de los secretos,
es el uso de las agencias públicas para movilizar los fondos.
Y aquí que estamos en un contexto también en el ámbito de la defensa,
ahora que ya hablaremos después del futuro,
si me dejáis, Estados Unidos tiene una agencia muy importante,
el DARPA.
No sé si tendremos que dar una vuelta a nivel europeo.
Y a nivel español también se están creando mecanismos
en esa línea porque se ha demostrado
que la vía de las agencias para poder movilizar todo esto es fundamental.
Y lo dejo aquí.
Muchísimas gracias, Josep.
Creo que andamos de tiempo muy escaso.
Lo que quiere decir que os pido brevedad,
Javier la potencialidad de la ampliación de los plazos de los MRR,
es decir hay posibilidad de ampliación más allá del 2025,
se ha previsto que se puede ejecutar.
En 2026 contratos pendientes de finalización
y que hayan sido adjudicados en 2025,
y si el contrato estuviese en ejecución
y, consiguientemente,
no se hubiera cumplido el 100% delito
o objetivo, ¿se valoraría considerar y abonar el cumplimiento parcial?
Es decir, ¿Se valoraría desagregar por paquetes de trabajo,
tareas, acciones, etcétera,
y hacer una valoración del cumplimiento del hito
y del objetivo?
Un poco largo.
Pero lo que quiero decir sencillamente,
¿qué pasa con lo que no está acabado?
Pues a ver, de forma casi telegráfica.
A ver, lo primero, ¿se puede extender el mecanismo?
A ver,
la respuesta corta telegráfica es posible,
pero no es probable.
Y me explico.
El reglamento dice que, lo único que dice,
el único plazo que dice el reglamento
es que el último pago del mecanismo de recuperación lo tiene
que hacer la comisión antes del 31 de diciembre de 2026.
Eso es lo que dice el reglamento.
Eso significa que, teniendo en cuenta que la comisión
va a tener que revisar la última solicitud de pago
y normalmente tarda unos dos meses,
que siendo la última probable será un poquito más,
pues que se calcula que la última solicitud de pago
se tendrá que presentar entre septiembre y octubre de 2026,
no más tarde.
Lo que significa que para que la solicitud de pago
se pueda presentar en esa fecha,
todas las actuaciones tienen que estar terminadas.
Alrededor del verano, julio de 2026, más o menos.
Claro, eso es lo que dice el reglamento.
¿Se puede cambiar?
Sí, claro que se puede cambiar.
¿Cuál es el problema?
Que para cambiarlo hay que cambiar el reglamento.
Y eso supone que se tiene que poner de acuerdo el Parlamento Europeo,
el Consejo y la Comisión Europea.
Lo cual, en estos tiempos, me parece complicado,
porque creo que las instituciones comunitarias tienen otras prioridades
en este momento.
Con lo cual, veo poco probable que eso vaya a ocurrir.
Con lo cual, tenemos que trabajar con la idea
de que esto termina en 2026.
Eso por un lado.
En cuanto a qué pasa si no termino a tiempo.
Bueno, pues vuelvo a lo que decía al principio.
A ver, estamos en un contrato público.
Y el contrato público se regulará por lo que dice su normativa
de contratación, por lo que digan sus pliegos,
por lo que digan el contrato.
Entonces, se le pagará en función de lo que digan en esos pliegos.
Por lo tanto, si se paga por obra ejecutada,
se pagará por obra ejecutada.
Una cosa, y aquí quiero hacer dos precisiones.
En primer lugar,
que si yo soy el órgano de contratación
y voy a licitar un contrato que sé que voy a incumplir,
Pues lo primero es que me tengo que plantear si voy a hacerlo
o no voy a hacerlo, si voy a seguir para adelante o no,
si sé que voy a incumplir.
Hay veces, y soy perfectamente consciente,
que hay otras consideraciones más importantes que esa.
Pero esto lo tengo que considerar.
Y lo segundo.
Es que también hay que tener en cuenta que,
como os decía antes, se pagará lo que diga en el pliego,
que probablemente será por ejecución.
Ahora bien, el pliego también puede decir
que si tu incumplimiento del contrato da lugar
a un incumplimiento del objetivo,
pues tendrás una penalización por ese aspecto.
Con lo cual, eso también hay
que tenerlo en cuenta.
Muy claro.
La puntualización.
Así que no me queda más remedio que adaptarme con el tiempo a Raquel
y te voy a hacer una pregunta muy clara.
Tú tienes experiencia, ¿cómo funcionó esto?
¿Cómo arrancó todo el asunto COVID?
¿Cómo arrancó todo?
¿Podemos aplicar estas experiencias a la guerra que no viene?
Es decir, a los fondos de defensa,
esos famosos que se oyen por ahí, ¿nos puede servir todo esto?
Bueno, la verdad es que la pregunta enlaza con lo que quería realmente
contar a la vista de todo lo que hemos hablado aquí.
Y es que yo pienso que aquí lo que nos ha pasado
es que, como el dicho dice, las prisas son malas consejeras.
Entonces, yo creo que nosotros hemos sido víctimas de esto,
porque lo que decía María Ángeles, digo María José,
perdona, ha habido muchísimas contradicciones.
¿Qué pasa?
Que hay un Real Decreto del año 2020.
En el que nosotros nos ponemos las pilas para hacer todo rápido,
porque las únicas modificaciones que había es
que los contratos rápidos, plazos rápidos,
todo rápido, igual en suspensiones,
incluso con informes que ya dejaban de ser preceptivos,
el nuestro no, pero de la abogacía al Estado, pero todo era rápido.
Y eso es lo que nosotros escribimos en el Real Decreto
de diciembre de 2020.
¿Qué pasa?
Que luego, cuando yo estoy en la Secretaría General de Fondos Europeos
, es imposible,
porque todo son obligaciones, a las que no resistíamos, de verdad,
y siento ser reiterativa con uñas y dientes,
pero que se plasman en esos dos reales decretos que yo
cuando me acuerdo que se publicaron me parecían diabólicos,
sobre todo para trasladarlos a las empresas.
Aparte, otra cosa que antes me he olvidado decirles,
que nosotros tenemos una estructura territorial muy compleja
en la que tenemos tres administraciones territoriales.
Y entonces,
cuando tú dices María José y te digo María, sí, María José,
no sé por qué veo Morales y me sale María José,
no sé por qué, perdón.
Entonces, ha habido muchas obligaciones
que se han trasladado a las empresas,
o sea, el análisis de conflicto de interés,
esas obligaciones en lucha contra el fraude y la corrupción,
o sea, que se han trasladado a las empresas,
pero que seamos conscientes
que también las han tenido que asumir las administraciones.
Y ha sido una lucha, porque, claro, las comunidades autónomas,
efectivamente, en intermedio, pero las entidades locales,
es una locura, o sea, una locura,
porque no eran capaces de asumir esa cantidad,
o sea, el análisis.
De conflicto de interés lanzando datos.
O sea, que bueno, que yo entiendo ahora
las obligaciones que se trasladan al sector privado,
pero desde luego la Administración no estaba O sea,
era consciente de la complejidad,
pero también asumiendo cargas que realmente en muchas ocasiones
no se podían asumir.
Luego, además, aquí entra en juego otra cosa muy importante
que siempre se tuvo muy en cuenta la Secretaría General de Fondos Europeos
, que es el informe de gestión
que había que firmar para hacer cada solicitud de desembolso,
en el que tenía que haber alguien que respondiera
del cumplimiento de todos y cada uno de los hitos y objetivos
y del cumplimiento de los requerimientos del artículo 20
y que había alguien que tenía que firmar
y, por tanto, tenía que haber un decalaje
de responsabilidades que eran las obligaciones que iba asumiendo.
Por tanto, Ha sido muy complejo.
Yo creo que se está O sea, que bueno que las solicitudes de desembolso
se han ido haciendo, ha ido llegando el dinero.
Y mi consejo para momentos futuros es más calma y más ser conscientes
de qué es lo que se viene encima, ¿no?
O sea, que hay veces
que no tanto es importante la cantidad,
sino la calidad, ¿no?
Yo creo que ese es uno de los aspectos básicos.
Es decir, tenemos que ir despacito y saber lo que vamos a hacer.
No porque nos den un montón de dinero.
Estamos contentos.
Totalmente.
Te voy rápidamente y ya fuera de plazo
porque tenemos que clausurar.
Pero no quiero dejarte, María José.
A ver, a mí me preocupa ahora bastante
ese artículo 1 de la ley de contratos,
el apoyo a las pymes, a las que se dice que se les apoya,
pero muchas veces yo creo que les hundimos más en la miseria,
con lo cual es difícil.
¿Qué podemos hacer?
Bueno, mi reflexión era más bien una visión crítica.
Es una visión crítica sobre si estas.
Es decir, en mi anterior intervención describía un poco de forma rápida
cuál era el catálogo de obligaciones que se trasladaba a las empresas.
Pues claro, con más motivo,
para las pymes han tenido una verdadera barrera.
Es decir, que yo creo que los objetivos que desde siempre.
Esa que declaraba las directivas del 2014 de no olvidar a las pymes.
Pues yo creo que se han demostrado, no aquí,
pero llevamos durante los últimos diez años,
y así lo dice el Tribunal de Cuentas.
En su informe último de la.
Y realmente la oportunidad de los fondos MER,
yo creo que ha sido una oportunidad perdida para ellos.
Quizás no tenían la capacidad para poder subirse a este impulso,
a esta ola tan demandante.
Y por lo tanto, yo creo que queda mucho por hacer
y hay que reflexionar si realmente se quieren conseguir,
como pide el Tribunal de Cuentas y las directivas.
Pensamos en las pymes, son importantes,
pero hay que hacer.
Establecer mecanismos o procedimientos
que ellas puedan asumir, aunque sea a través de la subcontratación,
que parece que es la única a la que quedan abocadas.
Así no.
Muchas gracias.
Y ya, Josep, te dejo rematar el balón que te faltaba ya,
el futuro, qué hacemos, y pongo fin para poder
clausurar este acto.
Ya tenemos con nosotros.
Al Teniente General Pedro García Cifo,
Director General de Enseñanza Militar .
Yo antes le decía en plan jocoso para entendernos,
es el jefe de todas las academias militares,
que creo que es importante tenerlo en cuenta.
Y por cierto.
Ya te digo que algunas veces nos han pedido poder
nos conectar para esos cursos y yo digo,
pues por mi parte no había ningún inconveniente,
pero me lo transmitía Juan Lázaro.
Lo lógico es que sea a través de la Dirección General de Enseñanza
y que es importante.
Bueno, Josep.
Nada, en un minuto.
Esto continúa y ya estamos pensando en MFF,
para el nuevo plan estratégico europeo 27
en adelante.
El modelo que se está poniendo encima de la mesa en Europa
es el modelo de los MRR, el poder trabajar con planes de país
y poder trabajar con objetivos en vez de programas.
Los horizontes van por ahí.
Estamos hablando de la convergencia horizonte con los EDFs
y la tecnología dual
como vertebrador de de toda una parte de esos fondos.
O sea, es apasionante lo que nos viene por delante
y yo creo que lo que tenemos que hacer es ser optimistas
y que esto de alguna manera lo tenemos que acelerar.
A mí lo de ir con calma, bueno, con una justa calma.
Cuando tú tienes una pandemia, la calma a veces no es posible.
Muchas gracias, Josep.
Y como decía aquella niña, pollito, pollito, la que nos ha liado.
Bueno, muchísimas gracias.