Buenos días.
Ya les han dado la bienvenida al Instituto Universitario Gutiérrez
Mediado, pero yo se la vuelvo a dar.
Y yo no voy a hablar porque estoy muy cerca.
Yo voy a hablar muy poco porque realmente yo creo
que lo que les ha convocado para hacer el esfuerzo en su agenda
es escuchar a los ponentes.
Entonces, quería señalarles que les voy a presentar rápidamente,
independientemente de lo que tengan ahí, yo les voy a dar un input
de lo que tienen ahí, del nombre, el frío, dato, objetivo.
Aquí tenemos una mesa, desde el punto de vista del instituto
y del máster, que estamos muy preocupados por,
como les digo siempre, por el dato y no por el relato.
Tienen una mesa que yo creo que es.
Tremenda, tremenda.
Tenemos aquí en primer lugar a Pilar Jiménez Ríos.
Es letrada del Tribunal de Cuentas,
está destinada en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Es una mujer con una gran vocación de servicio público
y es una mujer con una cualidad verdaderamente escasa.
Y es el sentido como.
Tenemos aquí, en segundo lugar, el grupo AENA.
Tenemos a Elena Gil.
Y es tremendo lo de Elena Gil, grupo,
porque es un no poder adjudicador.
¿Por qué les digo eso?
Porque Elena,
con un volumen de contrato superior a 2.000 contratos al año,
con un volumen de gasto de 2.500 millones de euros,
con una estructura en el grupo AENA,
Sociedad Mercantil Estatal Medio Propio, también la parte de AENA
en su división de expansión internacional, ADI, en la parte
de la concesión de servicios del Aeropuerto Internacional de Murcia,
nunca un no poder adjudicador.
En esta sede o en otra sede
en la que yo participo, ha tenido la gentileza
y la disponibilidad de venir a una mesa redonda.
Porque ya saben ustedes que el Poder Adjudicador contrata,
como no es organismo de derecho público,
según la directiva comunitaria,
contrata a tener los artículos 321 y 322 de la ley,
respetando los principios del artículo 1 de la ley,
pero establece sus instrucciones internas y sus procedimientos
de contratación.
Fíjense el activo que tenemos con Elena.
En tercer lugar tenemos Empresa a Empresa.
Tenemos a Lamberto, que es del grupo de la empresa CLECE,
con una extensa experiencia en el mundo de la abogacía de empresa
y creo que desde 2009 es jefe de la asesoría jurídica de Empresa
a Empresa,
porque aquí vamos a tratar de un tema.
Y yo creo que es capital y luego tenemos
ya que este coche es tremendo entonces tenemos servicio
en el malo del ejército del aire en la llegan
y ahora está de jefe.
Ocupa la jefatura del grupo de evaluación de costes
del Ministerio de Defensa.
Entonces, desde mi punto de vista, igual no comparte mi opinión,
creo que es un grupo verdaderamente excepcional.
Para mí es excepcional.
Y aquí el tema que nos ocupa, como ya saben ustedes,
es el tema del precio del contrato.
El precio del contrato.
Cuando das clase en el máster,
los alumnos te dicen que el precio del contrato es subjetivo.
Entonces, claro, eso te crea una cierta alarma.
Entonces, vamos a tocar tres temas.
Precio de mercado, que es a lo que se refiere la ley.
Vamos a tocar el tema desglose, valor estimado presupuesto,
base de licitación y precios unitarios.
Y vamos a tocar el tercer tema, que es el equilibrio económico
financiero del contrato.
El 14 de febrero de este año, el Grupo Sumar
ha presentado una proposición de ley para aplicar y romper,
o tratar de superar, voy a decirlo, el tema de la revisión de precios,
aplicando a una revisión de precios a los costes salariales
cuando supongan al menos el 30% en coste intensivo
de mano de obra del valor estimado del contrato.
Entonces, bueno, tenemos aquí varias cuestiones
y yo simplemente voy a decir dos palabras.
Ha entrado, curiosamente, en vigor, saben que ha aparecido
con bastante debate público, la ley de servicios de alimentación,
que se llama Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario.
Esta ley ha entrado en vigor el 2 de abril hace nada.
Pero esas cosas que tiene el legislador,
que a mí me recuerda mucho lo que decían los más mayores,
es decir, ahora yo, dice, ¿qué cositas tiene mi novio?
¿O qué cositas tiene mi hijo?
Entonces, claro, ¿qué cositas tiene el legislador?
Porque, claro, aprueba, entra en vigor la ley
y dice que entra en vigor desde 1 de enero.
Y que la condición especial de ejecución
de meter una cláusula de prevención y pérdida de desperdicio alimentario
para los contratistas entra en vigor el 1 de enero.
Y tiene que estar en los pliegos.
Bueno, da lugar a estas cositas que tiene mi legislador.
Vamos a desarrollar la mesa en torno a tres preguntas,
que ya las he adelantado.
Os iba a pedir, por favor,
que os ajustéis a cinco minutos, cuatro o cinco minutos,
para dar vuestra opinión, de manera que en cada pregunta
consumamos aproximadamente veinte minutos.
Y yo creo que es fundamental
que dejemos diez minutos para que vosotros,
los que estéis aquí presenciales o online,
hagáis las preguntas que creáis oportuno sobre esta materia,
porque insisto que hay mucho sobre lo que debatir.
La primera pregunta, como ya he adelantado,
es ¿qué desafíos crees que existen en el correcto dimensionamiento
del valor estimado de los contratos.
En términos de precio de mercado,
ya sabéis que el valor estimado es el que articula la metodología
de la ley y lo que hace que, en definitiva,
un determinado tipo de contrato, público o privado,
supere o no supere el umbral y vaya a una publicidad mayor
o menor exigente con una serie de consideraciones.
Entonces, la primera pregunta es, Pilar,
¿qué desafíos crees que existen a la hora de fijar el valor
estimado del contrato, que es un concepto estratégico,
metodológico de la propia ley?
, En términos de precio de mercado, que es a lo que la ley
se refiere cuando habla de valor estimado, presupuesto,
basicización y, lógicamente, cuando efecto de estos dos conceptos
se fija el precio del contrato.
Tienes la palabra.
Vamos, ¿qué quieres que ponga el cascabel al gato?
Bien.
Bueno, buenos días a todos.
Por supuesto, tengo que empezar dando las gracias al Instituto y a Esmide
por su amable invitación a estar aquí hoy con ustedes.
La verdad es que cuando me invitaron a las jornadas, yo le dije a Justo,
Justo, que te has equivocado, que yo aquí no pinto nada.
¿Qué hago aquí?
¿Qué hace aquí una persona letrada
del Tribunal de Cuentas que está destinada a una fiscalía?
No van a querer escuchar lo que tengo que decir.
Bueno, tanto Álvaro como Justo me dijeron que sí, que sí,
que tienes que estar, que tienes sentido común,
como bien ha dicho él antes.
Bueno, no lo sé si lo tengo o no, pero bueno,
voy a intentar que mi aportación sea enriquecedora.
Creo que soy un poco el punto discordante,
porque yo no gestiono expedientes, no gestiono contratos,
sino que lo miro desde fuera, desde la fiscalización
y desde una fiscalía.
Claro, dándole vueltas a si yo encajaba
o no encajaba a estar hoy aquí, cuando ya vi el título de la mesa,
incidencias en la ejecución del contrato por patologías
del precio del mercado,
es cuando entendí lo que me estaban diciendo tanto
Justo como Alba.
¿Por qué digo esto?
Porque durante mis años de profesión
he estado 20 años fiscalizando contratos.
Y cuando fiscalizas de España y a nivel internacional,
cuando fiscalizas contratos hay expedientes que están correctos,
pero hay expedientes que no están bien,
vamos a ser políticamente correctas.
Pero cuando estoy en la fiscalía
lo que viene son todo expedientes con patologías.
Entonces, creo que por ahí,
por eso quisieron que estuviera hoy aquí.
Pero, dicho esto,
quiero hacer dos premisas antes de contestar a tu pregunta.
Y es que yo no represento aquí hoy
ni al Tribunal de Cuentas ni a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Yo estoy aquí nada más
que en calidad de persona con sentido común.
De profesora de UNED y de profesora del máster.
Y la segunda premisa que quería hacer es que, a lo mejor
por deformación profesional, incurra en algún comentario
quizá un poco duro,
pero que quiero que lo comprendan.
Mi segunda premisa es que hay que defender
o hay que proteger al órgano de contratación
que hace una labor encomiable.
Que tiene una labor muy complicada.
Hay que proteger a los contratistas porque están en un momento muy, muy.
Bueno, ahora no, ya llevan bastante tiempo
en un momento muy complicado.
Pero no hay que olvidar, y esto tengo que decirlo,
no hay que olvidar que los contratos se pagan con fondos públicos.
Y esta idea últimamente no se escucha
o por lo menos yo no la escucho con demasiada frecuencia
o con la frecuencia que yo creo que se debe de expresar.
Los fondos públicos son limitados.
Los fondos públicos no llueven del cielo,
como me decía el otro día una alumna.
No, si total hay dinero.
Bueno, hay dinero sí,
pero los fondos públicos son limitados.
Y, por lo tanto, estos fondos públicos no es que lo diga yo,
es que lo dice nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto,
nuestra Constitución española.
Hay que gestionarlos bajo una serie de principios.
Eficiencia, eficacia, economía, legalidad.
Y esto es lo primero que yo quería decir antes de entrar a contestar
la pregunta.
Y voy a intentar.
He preparado esta mesa redonda y no quiero enrollarme ni quitar
tiempo a los demás ponentes, que son los que realmente entienden.
Cómo se tienen que calcular los precios, el valor estimado,
el presupuesto base de licitación y el precio de los contratos,
mucho mejor que yo,
porque son los que, repito, están gestionando.
Pero sí que yo quería comenzar con estas dos ideas
o estas dos premisas que creo que son importantes.
Entrando un poco a contestar la pregunta,
yo creo que hay dos tipos de desafíos para el órgano de contratación
a la hora de establecer el valor
estimado del contrato adecuado al precio de mercado,
que es lo que nos exige la normativa.
Dos tipos de desafíos.
Por un lado, desafíos externos al órgano de contratación
y, por otro lado, desafíos internos.
Desafíos externos
porque no dependen del órgano de contratación
y, desde luego, yo creo que aquí no voy a descubrir la pólvora,
pero está claro que la volatilidad del mercado
al que llevamos haciendo frente desde hace varios años
y más ahora, con relación a subida de precios de materias,
subida de salarios mínimos interprofesionales,
la guerra de Ucrania y ahora los aranceles de Trump.
Creo que no ayudan,
creo que eso es un desafío para el órgano de contratación
y también para las empresas a la hora de determinar los valores estimados,
los presupuestos y los precios y adecuarlos al precio del mercado.
Segundo desafío externo es una normativa.
La ley de contratos y el resto de normas
que pululan alrededor de la contratación pública.
En mi modesta opinión, tienen mucho que mejorar.
Y esto es causa de, y todos lo sabemos,
creo que se ha dicho un poco en la mesa anterior,
que es una ley que es fruto de un consenso,
entre comillas, en mi modesta opinión,
de un mal consenso.
Es una normativa que cada dos por tres nos va cambiando
y eso crea una inseguridad jurídica al órgano de contratación,
por lo menos a mí, por lo que me llega, brutal.
Voy muy rápido porque no quiero comerme el tiempo,
pero.
Tercer desafío es la doctrina y la jurisprudencia
que hay ahora mismo en este país de tropecientos.
Perdón la expresión.
Tribunales de recursos contractuales, órganos consultivos,
órganos estos nuevos que se han creado ahora por ahí,
tribunales de cuentas del Estado, autonómicos.
Ahí hay un vejunje.
Doctrina.
Ahí hay un vejunje de jurisprudencia,
doctrina y criterios.
Cambiantes que creo que no ayudan en absoluto al órgano de contratación
ni a las empresas, porque no se trata de una evolución jurisprudencial
o una evolución de criterios,
sino que un tribunal dice una cosa, el otro dice otra,
este dice una cosa, el otro dice otra y el órgano de contratación
se arrima al que más le interesa.
El tribunal de contratación.
La necesidad que tienen los órganos de contratación,
y esto creo que es una idea polémica,
pero creo que debo decirlo, de contar con unos órganos de control,
tanto internos como externos, que desarrollen su función
que tienen encomendada de una manera independiente,
de una manera objetiva
y una manera que sirva ya no solo para, perdonen la expresión,
tocar las narices al órgano de contratación,
sino de ayudar
y de apoyar y mejorar la gestión del órgano de contratación.
Estos son desafíos externos.
Desafíos internos.
¿Me dices si me paso el tiempo?
Soy encantado.
¿Desafíos internos?
Pues yo creo que el órgano de contratación,
y no es de ahora, yo llevo 30 años en el Tribunal de Cuentas
y esto lo he visto desde el minuto uno que empecé a trabajar allí,
creo que los expedientes de contratación
son un instrumento necesario.
Está por ahí una doctrina peligrosa a la que más tarde,
si podemos, me referiré, diciendo que eso es pura burocracia
y que fuera el expediente administrativo.
Bueno, el expediente administrativo tiene su razón de ser
y es que va a formar la voluntad del órgano de contratación
y va al final ser el cauce por el que se van a canalizar
esos fondos públicos que al final van a dar lugar a un contrato
que va a suplir o va a dar cumplimiento a un interés general
y un servicio al ciudadano.
Por lo tanto, creo que uno de los desafíos internos
que tiene el órgano de contratación
es montar bien el expediente de contratación.
Y esto.
Creo que ahí tenemos mucho que mejorar,
todos los órganos de contratación de este país,
tanto pequeñitos como el Ministerio de Defensa.
Con carácter general, hay órganos que lo hacen muy bien,
hay órganos que lo hacen muy mal.
Mi experiencia es que falta justificar.
Elementos esenciales del contrato.
Hay muchísimos expedientes donde falta justificar
el objeto del contrato.
Es decir, ¿por qué se celebra ese contrato?
¿Es necesario?
¿El objeto está realmente justificado
o se ha dejado ahí la invención de lo que me diga la empresa,
las empresas?
Hay que justificar el procedimiento de adjudicación que se utiliza
y hay que justificar porque se lo adjudica una empresa
y no a otra.
Y, por supuesto, hay que justificar,
como he calculado yo, el valor estimado del contrato,
el presupuesto base y el precio.
Porque, si no, el problema de esto es,
cuando el órgano de contratación no quiere hacer bien.
El expediente está montado bien, está completo.
Cuando el órgano de contratación no lo quiere hacer bien,
la mayoría de las veces es porque el expediente está incompleto,
porque no interesa dejar rastro.
Y esto es importante por muchos motivos,
pero uno de ellos es porque como el tema se judicialice,
y el expediente esté incompleto, el órgano de contratación,
sinceramente, tiene un problema.
Porque para nosotros va a haber indicios sólidos
de unas presuntas responsabilidades.
Y lo voy a dejar aquí porque quiero ser suave
en mi primera intervención.
Y, por último, creo que el órgano de contratación
tiene un segundo desafío.
Y pido un poco disculpas o perdón,
porque yo no estoy en el órgano de contratación,
pero estoy desde fuera viéndolo, como digo.
Creo que hay que ser activo a la hora de determinar
el presupuesto base de licitación de un contrato.
¿Qué quiero decir activo?
El órgano de contratación no se puede tumbar
en la silla del despacho y decir que vengan las empresas
a decirme qué precio pongo en el contrato.
Eso no puede ser.
Las empresas no pueden determinar lo que valen los objetos de los.
De los contratos públicos.
El órgano de contratación tiene que ser activo.
¿Qué me refiero a activo?
Tiene que indagar, tiene que investigar.
En el siglo que estamos y en el año que estamos,
tiene hasta la inteligencia artificial para que le ayude.
Que yo no digo que ese sea el único instrumento,
pero tiene hasta ese mecanismo, que es darle
a un botón en el ordenador.
Ni se tiene que molestar en moverse,
pero tiene que haber una actividad por parte del órgano de contratación
para determinar correctamente el valor estimado del contrato.
Y yo termino diciendo una cosa,
y es que las sentencias del Tribunal de Cuentas y las sentencias
del Tribunal Supremo dicen que al gestor de fondos públicos,
que es el gestor de los contratos, se le exige una diligencia mayor
que la del buen padre de familia.
Y yo me atrevo a puntillar un pelín.
Se le exige esa diligencia
y se le exige la diligencia también del ama de casa responsable.
Esto sé que va a ser conflictivo por el tema de las feminidades
y demás, pero yo lo digo.
¿Y por qué?
Porque nosotros cuando vamos a comprar, por ejemplo,
un ordenador portátil al corto inglés
o al mediamar, ¿qué decimos?
Dime el más caro.
Bueno, generalmente no se suele decir eso.
Generalmente lo que decimos es calidad-precio.
Ni me voy a comprar el más malo ni me voy a comprar el más bueno,
porque, hombre, si tengo mucho dinero me lo compro el más bueno,
evidentemente, pero esto no es la mayoría
de la gente lo que dice es "deme uno que la calidad
y el precio vayan acorde".
Pues esta tontería que acabo de decir,
así con este ejemplo tan burdo, es lo que realmente debe inspirar,
creo, al órgano de contratación cuando celebra un contrato.
Se ha hablado de la calidad de los contratos en la mesa anterior,
totalmente de acuerdo con los ponentes anteriores,
pero no podemos olvidar.
Y creo que el legislador lo ha olvidado
y creo que la doctrina lo ha olvidado,
que el precio también es importante y que la calidad sin acompañamiento
del precio, en mi modesta opinión, es un error.
Porque, como vuelvo a repetir,
los fondos públicos son limitados y los fondos públicos
se tienen que gestionar de acuerdo con una serie
de principios.
Que de momento siguen en el ordenamiento jurídico,
no los han quitado, pero de momento siguen ahí.
Y los órganos de contratación están sujetos al principio de legalidad.
Y las empresas también.
Perdón si me he extendido un poquito.
Paso la palabra a Elena.
Recuerdo, Grupo AENA.
Absolutamente valiente.
Muchísimas gracias.
Lo primero de todo, agradecer tanto a Álvaro
como a Justo la oportunidad de poder venir hoy,
contaros una experiencia un poco diferente
al resto de ponentes de un nivel que abruma.
Y sobre todo contaros, yo como órgano de contratación en mi casa,
a qué desafío nos enfrentamos en los próximos años,
teniendo en cuenta un poco el entorno tan volátil que tenemos.
Básicamente coincido al 100%.
Nos movemos en un entorno
en el que antes jamás nos habíamos movido.
Llevamos tres años en que los cambios son casi vertiginosos.
Ha hecho que se produzca multitud de consultas a órganos
o bien a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Incluso informes del Tribunal de Cuentas,
numerosas resoluciones del TAR, ante las dudas
y el cambio que está habiendo en los pliegos
para intentar adaptarnos a este entorno totalmente volátil,
que vivimos en un entorno buka total.
Para mí, los grandes desafíos son tres.
La fijación del valor estimado,
la duración del contrato, que yo creo que en un momento
en el que estamos tan sumamente volátil,
tenemos armas en nuestras manos.
Para configurar muy bien la duración de los contratos
y otra que es la programación y la planificación,
que yo creo que este es el mal de casi todos.
Y aquí, ojo, yo he sido hasta hace nada poder adjudicador,
hemos cambiado, somos poder adjudicador,
entonces me he puesto muchos gorros.
Y entiendo, bueno, pues muchos de los problemas que hemos tenido.
Básicamente, con respecto a,
antes de empezar, cuando me invitaron a esta mesa
yo decía, ¿qué nos preocupan las Administraciones?
Y nos preocupa, según una encuesta,
el 47% de las encuestadas en las Administraciones,
en una encuesta que hizo el INAP,
básicamente era, tenemos problemas a la hora
de fijar el valor estimado del contrato.
No sabemos fijar los presupuestos base de licitación.
Estamos haciendo por detrás consultas a todos los operadores económicos
porque, y aquí yo soy muy crítica
y permitirme, las consultas preliminares
no han funcionado como deberían de funcionar.
O sea, yo creo que esto ha sido el gran fiasco de nuestra ley.
Lo hemos complicado todo tanto que finalmente, bueno, pues se sacan solo
cuando son productos de tecnología o de nicho.
Donde estamos totalmente ciegos o totalmente opacos
o queremos crear un bien a medida.
Pero ese instrumento que se preveía que iba a ser de máxima utilidad
para acercarnos de manera ordenada y cumpliendo
con los máximos principios de la contratación pública
no ha funcionado.
Y esto no lo digo yo, es una realidad.
Al final te metes en la plataforma de contratación
del Estado y cuántas se publican.
O sea, hay grandes procedimientos olvidados porque yo creo
que han tenido una dificultad práctica bastante potente.
Además de las consultas preliminares, ¿qué hemos hecho
otros órganos?
Bueno, pues buceas,
porque normalmente los contratos son de trato sucesivo.
Es decir, los contratos,
y sobre todo son contratos intensivos en personas a los que se les aplica
el artículo 130, con el problemón,
y Lamberto no sufre que supone las subrogaciones
de personal en esos contratos.
Entonces, yo lo compartía con él antes en el café.
De verdad, esto es el gran reto que nos espera
con la modificación de convenios colectivos que ha habido
en los últimos tres años.
Esos contratos anteriores hay que medirlos.
Y esto es la buena práctica cuando se hace la programación
y la planificación de la contratación.
Antes de sacar toda la batería de contratos
al año siguiente planificados junto con tu presupuesto.
Es decir, justificar tu existencia de crédito presupuestario a pinitio
y decidir, oye, este es mi plan, mi programa de contratación a año
visto y así he medido yo el anterior contrato que va a suceder
a este y que me ha dado input para generar este valor estimado
y este presupuesto base de licitación.
Como no hacemos bien planificación y programación,
pues tenemos de estas tempestades estos lodos.
Por otro lado, tenemos el balbuceo.
Hay herramientas.
Y como bien dice Pilar, las técnicas 4.0 en eProcurement,
en contratación, van súper avanzadas.
Ya se aplica inteligencia artificial
para hacer el scoring a través de los precios
de la plataforma de contratación en contratos con similar CPV,
que antes esto era todo manual, tenías que ir bajándote
y exportando bases de datos donde los ficheros, por cierto,
no son editables de la misma forma tal y como prevé la ley,
porque no hemos conseguido cumplir todos los órganos de contratación
con la editabilidad de los ficheros que se suben tanto a la plataforma
como a la rendición que hacemos tanto trimestral
como anual al Tribunal de Cuentas.
Y, por otro lado, hay otro problema enorme,
como os decía,
que creo que nos tenemos que enfrentar más allá del valor
estimado del contrato, que son las duraciones.
Yo creo que la duración del contrato,
de cara a que el operador económico
que vaya a licitar con las Administraciones tenga esa voluntad
o le hagamos un poco la vida más fácil
ante este entorno de inseguridad que tenemos,
Tenemos mecanismos de que pueden ir hasta cinco años.
Si son sistemas dinámicos de adquisición, no acuerdo,
Marco, nos lo varía la ley en las técnicas de racionalización
de la contratación.
Tenemos incluso una previsión normativa en el 29.4,
cuando necesitamos amortizar.
Extender la vida del contrato
para dar esa capacidad al operador económico
a que lo pueda amortizar.
Pero hay que pensar el caso concreto.
¿Qué va a pasar?
Pues si efectivamente estamos en un periodo donde hay
una inestabilidad socioeconómica importante
y además, en muchos casos, legislativa o laboral,
porque lo estamos viendo,
pues a lo mejor no tenemos que fijar duraciones
en los presupuestos base de licitación obligatorias
para el contratista de más de dos años,
tres años vista, cuatro años vista,
porque al final estoy de acuerdo en que hay que ser lo más pulcro
posible con el dinero público,
pero también necesitamos una calidad del servicio que se merma,
y esto es inevitable, Cuando de repente tú has licitado
un contrato de limpieza hace tres años,
le quedan dos años de vida a ese contrato de limpieza
y la empresa adjudicataria
tiene que absorber un 7% de incremento de costes
en ese contrato de limpieza.
Entonces, desde los órganos de contratación
esas armas de la duración las tenemos.
Otra arma de la duración, el 29.4.
¿Cuántos de vosotros no os han venido las unidades proponentes
levantando la mano?
No llego, no llego, no llego.
Aplica, por favor, el 29.4,
porque he licitado con tres meses de anterioridad,
pero es el estocazo final a la empresa que nos está prestando
el servicio.
Porque si ya iba mal y le obligo a seguir
en las mismas condiciones jurídico-contractuales
que tenía con la prórroga inicial durante nueve meses adicionales,
Y esto es algo, ojo, que siempre tienes
que justificar muy bien el interés general
y de servicio público que lleve detrás,
pero que es el estocazo final para estos operadores económicos
que trabajan con nosotros.
En cuanto a la planificación y a la programación,
yo creo que aquí hay que trabajar mucho,
porque lo que hay que hacer muy bien para medir valores
estimados de contrato es conocer muy bien
cómo han funcionado los contratos anteriores.
Y los contratos anteriores, yo en mi casa,
el 80% de mis contratos son de trato sucesivo,
no me puedo quedar sin ellos.
Y me cuesta digerir cuando alguna unidad proponente
viene, no llego, no llego, ¿cómo que no llegas?
Un aeropuerto no puede vivir sin seguridad, sin limpieza,
sin un servicio de PMR.
Me cuesta de verdad en algunos momentos entenderlos,
porque esto no debe de pasar.
Y además, cuando les cuesta sacar un contrato, digo,
pero es tan fácil como habéis hecho el análisis
de por qué hemos cerrado el contrato anterior en estas cifras.
Hemos visto qué problemas hemos tenido,
dónde ha habido la reclamación, dónde ha habido la merma,
dónde está el cumplimiento o incumplimientos de ANS
y por qué.
Y esta es una gran baza que tenemos todas las administraciones,
poder adjudicador,
no adjudicador, administración pública,
de hacer un buen seguimiento de la planificación
de los contratos.
Y me atrevo además aquí a decir que este scoring
que hacemos de mercado, muchas veces tenemos esos datos internos,
nos vienen dados y no los estamos utilizando bien
porque no tenemos herramientas muchas veces de data analytics
en las administraciones.
Y esto está al orden del día y de la mano de cualquiera,
es barato, o sea, esto lo podemos hacer.
Entonces, en la medida que podamos automatizar
y ayudar a nuestros compañeros a fijar ese precio de licitación,
porque la realidad es que es el órgano de contratación
el que tiene esa obligación,
pero nos viene además de esas unidades proponentes,
con lo cual.
Tenemos que tener confianza en esos terceros.
Lo asumes como órgano de contratación,
pero tú en tu órgano de contratación
necesitas prestarle el máximo apoyo a esa unidad proponente tuya
para que determine bien ese presupuesto básico.
Con lo cual, hay que invertir mucho más tiempo ahora mismo
en técnicas 4.0 de contratación que nos ayuden
a analizar estas patologías que, como bien dice Pilar,
pues son.
Acuciables.
Y nos pasa a todos.
O sea que aquí no vamos a tirar ninguna piedra en contra.
Es lo que os he dicho.
Empresa, empresa, Klesen.
Buenos días a todos.
Álvaro, muchas gracias y a la organización
por la amable invitación.
Como decía Pilar, yo hablo de empresa, sí,
pero no en el nombre de todas las empresas.
Y además nosotros, Klesen, somos una empresa de servicios,
fundamentalmente, Y vamos a hablar desde esa óptica,
además de servicios de mano de obra intensiva y de trato sucesivo,
como se decía aquí ahora.
Sé que los contratos de suministro, obras,
pues tienen otra problemática.
Yo me referiré a esta.
Voy a hacer un poco de hilo conductor con la mesa anterior,
porque efectivamente esto no es de calidad por un lado,
precio por otro.
Esto es la relación calidad-precio.
Además, como estamos ahora en un momento
en el que se están revisando las directivas actuales,
las del 2014, para posteriormente pasar
a la elaboración de las nuevas, de quinta generación,
pues es un buen momento de hacer balance.
Y desde el punto de vista que vemos nosotros
es que ese objetivo que se tenía en las directivas
y en la Agenda 2020.
De primar la calidad porque los asiáticos
nos iban a dar sopas con ondas y teníamos que distinguirnos
por la calidad más, la estamos esperando.
Es decir, la mayoría de los contratos hoy en día se deciden a precio.
Y si me apuran, puro subasteo.
Hay un abuso de criterios automáticos,
la calidad es francamente mejorable
y al final los licitadores competimos fundamentalmente por precios.
Con lo cual yo diría que en términos de consecución de objetivos
de las directivas anteriores no se ha conseguido.
De hecho, nosotros hace escasas semanas
hemos hecho una serie de comentarios y van en esta línea.
Contestando ya tu pregunta, Álvaro, sobre desafíos,
un comentario general.
Es una obligación legal.
Y es más, ¿es la piedra angular
un incorrecto dimensionamiento del valor estimado?
Tiene un efecto arrastre terrible
que genera disfunciones en todo el sistema.
De manera que o se hace bien en esta fase de preparación
o ya afecta a todas las fases subsiguientes.
Tanto si se quedan los concursos desiertos,
si la revisión de precios,
más o menos concurrencia, modificaciones, etc.
Voy a hacer dos consideraciones.
La primera es.
Que hay que hacer lo que marca la ley.
Y en este caso,
además, yo creo que no hay un defecto de redacción legal.
Hay muchos, pero aquí yo me conformaría
con que el 101 de la ley se cumpla.
Porque está muy desarrollado.
Entonces, ¿qué tienes que hacer en primer lugar?
Conocer bien tus servicios y necesidades.
Y nosotros hemos visto que hay también
un ámbito de mejora muy amplio.
Yo estoy hablando,
aquí estamos en la sede del Ministerio de Defensa,
pero desde el punto de vista de todas las Administraciones,
y sobre todo en servicios, que es de la que entendemos nosotros,
pues fundamentalmente son comunidades autónomas y entidades locales.
Pero en muchos casos vemos que hay un déficit
en que las necesidades del propio servicio cuya titularidad
recae en la Administración no son debidamente conocidos,
y eso es indelegable.
A partir de ahí es
cuando podrás hacer un análisis detallado del mercado,
acudir a operadores o intentar buscar ese precio de mercado.
Desde luego no vale hacerlo para el minuto uno del contrato
y dejar ahí los deberes.
Hay que hacerlo previendo cuáles son de forma realista
las necesidades futuras de la duración inicial
y de las prórrogas
y las modificaciones que puedas introducir.
Y teniendo presente la evolución de los costes
durante toda la vida del contrato.
Voy a dar dos ejemplos propios de nuestra actividad.
Nos hemos encontrado en el caso de seguridad,
que probablemente se ha conocido para muchos.
El convenio colectivo
venía de unos años en los que los IPC eran muy bajos.
Entonces, la subida de salarial venía alincada a la subida del IPC.
Nos encontramos con que salimos de la pandemia,
y os acordaréis, no hace tanto tiempo que ha pasado,
que los costes de energía se disparan, la guerra de Ucrania,
etcétera, etcétera.
Los IPCs hemos tenido de 5 y pico, 6 y pico por ciento,
con ese traslado a los costes salariales de seguridad.
Pues eso, en plena vorágine, no digo antes,
en plena vorágine nos encontrábamos.
Con pliegos de licitación en el que el primer año
quizá estaba más o menos bien calculado,
pero para segundo año y sucesivos un 2%.
Nosotros decíamos,
hombre, vamos a darle este pliego a Cristian Lagarde
porque es una buena noticia.
La inflación se va a arreglar el año que viene,
no te preocupes.
Eso es hacer una estimación
como la que tiene el contratista a la hora de hacer su oferta.
Tiene que calcular y estimar de acuerdo con el contexto.
Y disponemos de las mismas herramientas,
no somos magos.
Tiramos de los informes nacionales, internacionales, que se publican
y demás.
Incluso del ejemplo que pongo,
yo recuerdo que hasta normalmente el más optimista
suele ser el de gobierno, jamás hablaba de un 2%,
para estos años que esté hablando de 22%,
23%, 24%.
Otro ejemplo.
Nos encontramos con un convenio colectivo de aplicación
que para los costes salariales es la fundamental.
Y ese convenio colectivo dura un año cuando el contrato se alarga.
Tiene dos, dos más dos, etcétera.
Bueno, pues el órgano de contratación piensa que una vez
vencido el convenio se va a quedar igual.
Es decir,
los trabajadores no tienen derecho a que le suban el sueldo.
Es decir, está cortando lo que es la negociación del convenio colectivo
de relevancia constitucional a los agentes sociales.
Claro, cuando ves estos problemas
y luego además lo ligas con que hay que introducir cláusulas sociales,
hombre, pensemos primero en que esos trabajadores de seguridad
o ese que les ha vencido el convenio tienen derecho
a que se les pueda subir el sueldo.
Con lo cual ese sería un comentario y es más un mantra,
una mala noticia.
Vemos con demasiada frecuencia que el órgano de contratación,
con todas las dificultades que tiene,
inseguridades porque no dejan de ser estimaciones,
respira tranquilo cuando dice hay concurrencia.
El número es bueno.
Si se presentan es porque el número es bueno.
Pues no es así.
Porque el número son matemáticas.
Es más, además de respirar tranquilo,
dice bueno.
Todo lo que pueda ocurrir ahora es reventura.
Puedes dormir tranquilos.
Ya puede subir el SMI un 60% en siete años,
ya puede haberlo que haya, que esto es reventura.
Lo tenía que haber causado.
Y un matiz muy breve sobre el ámbito temporal.
Yo cuando mi querido
Miguel Pardo decía, hágase bien la fase de preparación
aunque lleve más tiempo, quita vida.
Por Dios, más tiempo no.
Cuando realmente el almirante decía,
lean ustedes deprisa todo lo que podemos.
Pero pedimos una cosa.
El valor estimado, dice el 117 de la ley,
se ha de calcular en el momento del envío del anuncio a licitación.
¿Vale?
¿Qué ocurre?
A ver,
para que se envíe el anuncio, primero tienes que aprobar un pliego
en el que has de haber incluido un cálculo.
Es más,
desde que se publica el anuncio hasta que se publican los pliegos,
te ocurre más tiempo.
A la velocidad que decías, Elena, que van las cosas,
en muchos casos ese valor estimado ya se ha quedado desfasado.
Es más, voy a seguir con los plazos subsiguientes,
que afecta más a los contratistas.
El 157.3, 20 días para la apertura.
¿Se cumple ese plazo?
¿20 días para la apertura?
Al licitador
se le requiere que presente al licitador en primera posición,
cuya oferta arroje mejor relación calidad-precio.
Se le requieren diez días para la presentación
de la documentación.
Ha dado adjudicarse el contrato cinco días después
desde la recepción de la documentación,
dice el 152.3.
Vale.
Y ahora nos vamos al plazo máximo de adjudicación,
que dice el 158.2, dos meses desde la apertura,
cuando hay pluralidad de criterios, que es la mayoría
de los casos que hablo, ¿verdad?
Sigue contando el reloj, ¿vale?
Y, por último, plazo máximo de formalización del contrato.
Cinco días más los quince que tienes que dejar si es susceptible
de recurso especial.
Total, que nos vamos que,
además de que el valor estimado al momento de publicación
de los pliegos se pueda haber quedado desfasado,
el de la oferta también.
Tú presentas una oferta, pasan cosas,
cada vez más de prisa y se te queda viejo el pliego.
Y aún no has empezado.
Entonces, Decía antes, ¿se cumplen esos plazos?
A ver, para el licitador, más le vale,
porque se está jugando el 3% de penalidad
más la posible prohibición de contratarlo.
Más le vale cumplir.
Para la Administración, ¿qué pasa?
Lo es cual.
No tiene muchos incentivos.
Bueno, en la formalización, si causa daños y demás,
sí que podría tener derecho a una indemnización.
Pero bueno,
a lo que voy es que.
Es fundamental que desde que se calcula el valor estimado
no pase mucho tiempo porque se queda viejo enseguida.
Es más, y es revelador del momento en el que estamos,
el que busquemos ventanas de salida.
La única ventana de salida que tiene el licitador
para retirar su oferta sin riesgos es que se deje pasar más de dos meses,
como decía antes, desde la apertura a la adjudicación.
Pero ¿qué pasa si desde la presentación de la oferta
a la apertura transcurre más tiempo?
No pasa nada.
Y el licitador tiene su oferta
y está sudando porque no se lo adjudiquen.
Con lo cual, hay un desequilibrio patente entre los efectos negativos
que puede tener para la Administración
una dilación de los plazos en comparación a los que pueda tener
los licitados.
Muy bien.
Tema de cálculo, yo lo sintetizo,
tema de plazos que no se cumple la ley.
Ahora tenemos aquí a Ana,
que nos va a hablar de la suerte que tenemos en defensa,
porque tenemos una ausencia de concurrencia de mercado,
a la hora de determinar ya desde hace muchos años
el grupo de evaluación de costes
en cuanto al adimensionamiento del precio de mercado en un entorno,
y que nos va a contar su experiencia.
Pues con permiso, mis generales,
muchas gracias por contar con mi colaboración
o por lo menos para darle un poco el punto de vista práctico,
que es lo que nosotros estamos focalizados.
Cuando yo leo el título y me lo manda el general,
me lo manda mi querido amigo Justo
y me dice patologías del precio del mercado, digo, un momento,
ahora mismo estamos nosotros en el grupo de evaluación de costes
o la función que desarrollamos dentro del Ministerio de Defensa,
dependemos directamente del Sistema General de Contratación,
asimismo del Director General de Asuntos Económicos, que es
la Autoridad Nacional de Precios en el ámbito,
Nosotros no podemos hablar de precios de mercado
en el sentido estricto o teórico que conocemos todos de allá
hace muchos años cuando un señor que se llamaba
Adam Smith hablaba del precio de mercado y cómo se determina.
Pues muy bien, en un mercado perfecto donde hay muchísima concurrencia,
oferta-demanda, punto donde se juntan las dos curvas de oferta y demanda
y se determina el precio de mercado.
Pero después de escuchar
a todos los ponentes en las que, de cierta manera,
están reflejando diferentes problemas o desafíos ante la determinación
del precio en un mercado donde hay relativa concurrencia,
le voy a dar una vuelta de tuerca más.
Los productos de defensa, que son
bienes específicamente militares de carácter dual,
pero son tan específicos en la que se desenvuelve
en un mercado en el que no hay concurrencia.
Entonces, no podemos hablar de precio de mercado.
Y no podemos acudir a hacer las investigaciones de precio
para poder sacar,
en base a los diferentes posibles licitadores
que se presenten, porque son productos similares
a los que igual se puede hacer una investigación
y determinar un precio de mercado con elaborar los pliegos,
el presupuesto base de licitación o el valor estimado del contrato,
sino que, digamos, de alguna manera hay que construir ese precio.
Entonces, desde la óptica del Ministerio de Defensa.
Partimos de la base, de dónde viene toda esta función
y todo el ejercicio y el trabajo que venimos desarrollando.
Hay un real decreto de desconcentración en la que tanto
el ministro de Defensa, en este caso la ministra,
como la Secretaría de Estado se reservan unas competencias
y una de ellas es acordar con las empresas
que licitan el precio a determinadas tarifas que van a presentar.
¿Para qué?
Para luego construir las ofertas.
Esa responsabilidad,
esa desconcentrada, la delega en la Autoridad Nacional de Precios,
que, como le he comentado,
es el director general de Asuntos Económicos.
Quien va a realizar, quien tiene la potestad,
y así está establecido y así está mandado
en la estructura básica del Ministerio de Defensa,
que tiene la función del análisis de costes y precios
en el Ministerio de Defensa.
Ahora, lo uno con el escenario de la ley de contratos.
La ley de contratos no habla de precio de mercado,
ha de precio adecuado al mercado.
Yo no sé si ya está dejando con esa definición la puerta abierta
de que no hay mercado.
Entonces, un precio adecuado al mercado es tratar de construirlo
conforme si hubiese mercado en competencia.
Y también habla, en esos artículos 102 del precio,
pero nos vamos un poquito más adelante, en el 100,
o en el 101,
cuando hablaba de estimado presupuesto a solicitación,
en el que ya empieza a introducir la palabra coste.
Entonces, claro, ahí nos enfrentamos,
poco unido a la función que tenemos, es construir ese precio,
porque un precio, la descomposición elemental,
es más unos costes más un beneficio,
igual a un precio, que es al final el que se vuelca
y el con el que se va a adjudicar.
Entonces, eso, unido la determinación,
la construcción de ese precio para un bien tan específico
que se aplica en el mercado de defensa,
en un mercado que encima no hay concurrencia,
pues, ¿cuáles son las técnicas objetivas para subjetivar
el precio subjetivo que decía el general,
que le decía un alumno suyo, que al final era un precio subjetivo?
Sí y no, porque hay que construirlo.
Y la única certeza para construirlo está basada en unos costes.
Más un margen de beneficio razonable
para preservar el equilibrio del contrato y poder adjudicarlo.
Y al final,
pues las dos partes, administración y licitadores,
pues que obtengan.
Buscamos esa eficiencia, que no eficacia,
porque ya jugamos con la palabra costes y ya no vamos.
Entonces.
Pues, ¿cómo podemos hacerlo?
Porque el reto primero,
yo como grupo de evaluación de costes,
yo puedo ir a analizar una estructura de costes que me ha presentado
el futuro contratista, porque al final lo vamos a reducir,
no hay concurrencia, con lo cual siempre,
o sea, yo me voy a focalizar, es un vis-a-vis
y sé perfectamente cuál es la estructura de costes
de otra empresa también, porque previamente.
Según la prerrogativa que tenía la ministra de acordar
con las empresas la estructura de los precios
y demás, yo ya conozco la estructura de cuestes de la empresa,
porque ya he hecho unas auditorías de tarifas
previamente en la que, por supuesto, igual que hay una norma clara,
al final no deja de ser un análisis y es contabilidad puramente analítica
de la empresa, no estoy hablando de contabilidad financiera,
además analítica.
¿Quién conoce mejor
y quién se dimensiona y estructura la propia empresa?
Entonces, el desafío viene para el órgano de contratación
cuando tiene que construir ese precio.
Si hay un licitador, pues es relativamente fácil
porque la estructura de costes se conoce.
Entonces, pues los costes directos, los costes indirectos,
que luego sí, además, desde el punto de vista
de la empresa, no todos los costes que son directos
en un momento son indirectos.
La foto de fijar esa base de partida, que son los costes,
es relativamente fácil o no fácil,
pero puede generar menos dolor de cabeza
que tener que construir.
Un presupuesto a solicitación en la que la persona que está aquí
logra una contratación con todos sus equipos técnicos
y demás, tienen que elaborar en un documento
cuáles son los costes directos, indirectos y tal para ese contrato
cuando se van a presentar un montón de licitadores
que cada uno tiene su propia estructura de costes.
Entonces, no deja de ser una posible estimación que después,
con la presentación de la oferta y al final depurándose en el mercado,
tenemos una foto final.
Del posible licitador en el que la estructura de costes,
ya directamente me voy adelantando,
esa foto final poco o nada se va a parecer con la previsión inicial.
Pero bueno, no deja de ser una previsión.
Todo eso se va depurando.
Cuando al final se practican los análisis de costes y precios
y al final se obtiene el resultado del precio
adecuado al mercado y cierto,
como dice la ley de contratos.
Sobre la pregunta que.
Desde el punto de vista práctico, que vuelvo a repetir,
no hay mercado.
Entonces, ¿cómo podemos los desafíos que podemos encontrar
desde la o sea, podemos encontrar.
Digo Podemos, me pongo de lado la Administración
porque, en teoría, uno se debe a su público.
Quiero decir, yo dependo orgánicamente de él,
de generar funcionalmente,
pero en realidad la función del grupo de evaluación de costes
es independiente.
Quiero decir, se supone que con la función de análisis
de esos costes se satisfacen dos necesidades,
la tranquilidad.
De que el precio que se va a adjudicar
es el que es y, desde el punto de vista de la empresa,
también le genera ese input de aval
de que esos precios que se han analizado,
la utilidad, por ejemplo, luego no solamente es para satisfacer
o para poder celebrarse ese contrato,
sino que, a lo mejor, con esos precios
que se han analizado previamente, se pueden utilizar a posteriori,
quiero decir, los fondos CDF.
Los fondos de defensa final también, al certificar de alguna manera
esa estructura de costes que le hace la Autoridad Nacional de Precios,
a la empresa le da una garantía para que pueda acceder
y en lugar de, pues, a lo mejor tener que certificar
o las normas de la Comisión Europea del 25% de los costes indirectos,
pues, habiendo analizado previamente toda esa estructura de costes,
igual no es un 25%, lo vamos a un 50%.
Entonces, una manera de respaldar y validar esa estructura de costes.
No, acabo.
Entonces, es que si me pongo a hablar no acabo.
Con lo cual, esa es lo que le quería dar,
el punto de vista desde un mercado tan específico
como es el ministerio y la función que realizamos, que es
analizar los postes.
Pues quería pedir un esfuerzo porque yo sé que la primera pregunta
es que es tan sugestiva.
Entonces, voy a pedir un esfuerzo.
Vamos a aglutinar las dos preguntas que tenemos.
Porque tenemos luego.
En tu intervención, que vamos a aglutinarla
y vamos a dar cinco minutos para dar tiempo
para que pregunten.
Recuerda, bueno, tú lo recuerdas, el tema de la concesión de servicios
como figura alternativa al equilibrio,
al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato.
Igual tenemos que ir a esa figura.
Entonces, ahora la pregunta, Pilar, es.
Hemos hablado de la dificultad del valor estimado,
el precio de mercado,
la obligación legal de desglosar y los precios unitarios,
relacionándola con el equilibrio económico-financiero del contrato.
Hemos ya analizado los diferentes puntos de vista,
entonces ahora la pregunta que os lanzo a todos es, ¿desglose?
Convenientemente realizado.
¿Precios unitarios exoneran de desglose?
Y, ¿problemática?
De las cinco figuras que aparecen en la ley,
ninguna sirve para mantener el equilibrio financiero
del contrato.
Le doy la palabra.
A ver, y para contestar a todo esto hay
que ser breve.
Con sentido común.
Y con sentido común.
Complicado.
A ver, pues voy a resumir con cuatro o cinco ideas fuerza
que llaman ahora, ¿no?
Yo creo que el órgano de contratación a veces
está muy solo, muy solo porque le falta el apoyo de,
creo que se decía en la mesa anterior,
de una asesoría jurídica a veces más potente
o más, decir la palabra responsable o diligente
me da un poco de miedo, vale, gracias, implicada,
un órgano de control.
Más implicado,
que no siempre es fácil, órgano de control interno y externo,
los dos.
Una normativa más comprensiva y luego el órgano de contratación,
seamos sinceros, tiene una presión brutal,
tiene una presión presupuestaria, tiene una presión por parte
de las empresas, entendido en el buen sentido,
y tiene una presión política en algunas ocasiones.
Y esto creo que es un poco poner blanco sobre negro, ¿no?
La segunda idea que quería decir es que muchas veces la dificultad
en la determinación de los precios de los contratos o de los desgloses,
desde lo que yo veo y lo que a mí me llega a mi mesa,
es una falta de justificación de los precios.
Es decir, esto que acaba de comentar la subdirectora
es que es una realidad.
Hay expedientes donde no se desglosan los costes.
No hay un desglose.
Es que o no existe o está mal hecho.
¿Y esto por qué?
Hay que preguntarse por qué.
Yo tengo varias razones.
Una es porque no se sabe.
Es difícil, no es fácil.
Hay veces que no es, y ella misma lo ha explicado,
hay veces que no es fácil.
Otras veces la gente no tiene la capacidad de hacerlo.
O sea, no saben hacerlo.
Hay órganos de contratación que no saben hacerlo.
Otras veces porque, perdonen la expresión,
pasan.
Falta de motivación.
Total,
aquí el órgano de contratación ha hecho esta chapuza
y ha colado, pues yo también hago la misma
chapuza.
A desglose de precios, al alza o como Dios me da a entender.
Y otras veces por negligencias, bueno, son negligencias realmente,
y otras veces damos un salto cualitativo.
Y otras veces eso es puro dolo.
Cuando estamos en tema de dolo, y esto existe,
o sea, yo creo que igual voy a asustar un poco aquí al público,
pero esto es lo que yo veo, que no es lo normal.
Lo normal es que el órgano de contratación haga las cosas
bien y desglose bien los costes y establezca bien los precios
de los contratos, pero otras muchas veces no es así.
Y otras veces, cuando hay intención de no determinar bien los precios,
vamos a un tema de código penal, de delitos.
Y esto es mi día a día,
por eso un poco quiero ponerlo encima de la mesa.
Bien, ¿qué delitos podemos incurrir en esto?
O sea, ¿qué delitos pueden estar relacionados
cuando no determinamos bien los precios?
Cuando lo estamos haciendo con dolor,
no porque no sepamos o porque no podamos,
sino cuando hay un dolor.
Y ahí tenemos,
desde una prevaricación, por ejemplo,
aprobar un valor estimado de un contrato alejado a los precios
de mercado para beneficiar a una empresa concreta,
o un fraccionamiento fraudulento para no sacar a licitación
cuando hay que sacarlo, eso es una prevaricación,
que no lo digo yo, lo dice el Supremo.
O podemos incurrir en una malversación.
Antes de ayer me llevo una consulta por correo electrónico,
que encima no tenía obligación de contestar,
donde me decía un órgano de contratación,
tengo una empresa que no quiere continuar con el contrato
si no le hago un modificado, porque no puede asumir los costes.
Le hago el modificado, ¿verdad?
No hay ningún problema.
Tú dices, pero.
Y no era un órgano de contratación pequeño,
no era un ayuntamiento enano, no, no.
Dices,
pero ¿cómo me está diciendo esto la responsable de contratos?
Es que esto es una malversación como una catedral
o una revisión de precios encubierta a través de un modificado.
Puede incurrirse en fraude de contratación también,
cuando manipulamos los precios para beneficiar a una empresa.
Y un poco por resumir, y cuidado
con las falsedades documentales a la hora de determinar los precios,
porque a verlas haylas, y no hay pocas,
hay por lo menos las que a mí me llegan,
y eso es un delito también.
Bueno, no me voy a poner más seria, pero ahora bajamos un poco
el y no me quiero extender.
Cuando no se determina bien el precio de los contratos
y no incurrimos en un delito, ¿qué ocurre?
Ocurre que muchas veces necesitamos hacer prórrogas forzosas
del 29.4 al que le tengo una manía tremenda.
Porque lo que viene a hacer es evitar un procedimiento
A ver, muchas veces es, como he explicado anteriormente,
pues porque, oye, conviene a las dos partes
o le conviene al órgano de contratación,
aunque asfixie a la empresa, pero bueno,
está motivado, está justificado por el interés público,
pero otras veces es para no sacar el contrato a licitación
y por pura vaguería del órgano de contratación
o pura falta de tiempo porque no ha leído demasiado rápido
lo que tiene que leer.
Pero cuidado con las prórrogas forzosas
porque están.
Porque, en mi opinión, son irregulares.
Algunas, no todas.
¿Qué pasa si no se desglosa bien los precios del contrato,
si no se determinan bien los precios de los contratos?
Modificados, injustificados, pero vamos,
o sea, a montones.
Y eso lo vemos a diario.
Y fraccionamientos fraudulentos a montones.
Está la plataforma de contratación que ya no sé cómo no le dice,
está usted, le falta espacio,
como me dice mi gmail, le falta espacio, libre espacio.
Pues la plataforma de contratación
debería liberar espacio de la cantidad de contratos menores
que hay ahí con fraccionamientos fraudulentos.
Y esto muchas veces obedece a la falta de determinación.
Y por último, lo que.
Ay, tengo dos ideas.
¿Me da tiempo?
Esta es mi última intervención.
Creo que el principio de riesgo.
Vale.
Principio de riesgo y ventura,
creo que hay que dejar claro aquí que es la regla general.
Nos guste o no nos guste.
La normativa establece que la regla general
es el principio de riesgo y ventura.
Que hay excepciones que, como ha dicho antes Álvaro,
no nos ayudan a conseguir un equilibrio del contrato.
Eso es de cajón, evidentemente.
Que se pueden utilizar esas excepciones,
sí.
Pero, ojo, no al revés.
Es que hay mucha doctrina por ahí diciendo.
Dándole la vuelta a la tortilla,
que parece que el principio de riesgo y ventura
es la excepción.
Y no.
De momento, a día de hoy,
con la legislación que tenemos ahora mismo,
la regla general es el principio de riesgo de ventura.
Esto no significa,
en mi modesta opinión de Pilar Jiménez Ríos, repito,
ni de la Fiscalía ni del Tribunal de Cuentas,
que las subidas salariales y las subidas de materias primas
que tienen que afrontar los contratistas deban de tener
un apoyo o una asunción por parte de los órganos de contratación,
de los fondos públicos.
Creo que no, sobre todo cuando están muy justificadas
y cuando, como dice el Supremo y el Consejo de Estado,
suponen una alteración excesivamente onerosa
y excesivamente grave.
Aquí estamos con conceptos jurídicos indeterminados muy peligrosos,
pero creo que hay que ser flexibles en esta interpretación
del riesgo de aventura.
Y, por último, prometo que es lo último y, además,
sin la esta.
Quiero dar las gracias a los organizadores,
esto no es peloteo, los que me conocen saben
que yo no soy pelota y por eso estoy donde estoy,
por estas jornadas.
Porque hay ahora mismo en España una doctrina muy peligrosa
sobre contratación pública, y lo digo sin pelos en la lengua,
donde se están defendiendo una serie de ideas contrarias a las que
se están defendiendo aquí esta mañana.
Donde se está defendiendo, como he dicho antes,
que el precio del contrato no es importante,
donde se está defendiendo que los órganos de control
tenemos que ser, como dicen, proactivos y no reactivos.
Ya me dirá, o sea,
¿cómo hago yo eso?
Si tengo que fiscalizar o tengo que auditar algo,
pues no sé cómo voy.
Sí, puedo ayudar,
pero tengo que decirle lo que está mal.
De paños calientes, no.
Si no, que también los artículos de la Constitución
que imponen la obligación de que los fondos públicos
tienen que estar controlados.
Y esta doctrina, que además está tomando bastante fuerza,
lo que viene a decir es procedimientos administrativos
fuera, porque son pura burocracia,
y aquí lo que tiene que reinar es la innovación,
la gobernanza, la contratación estratégica,
etcétera, etcétera.
Y por último, esta es mi última aportación.
Antes de ayer estuve leyendo un informe donde a la contratación,
a los fraccionamientos fraudulentos de contratos menores,
a contratos a dedo, modificados, injustificados, etcétera, etcétera,
todas las irregularidades, corruptelas,
corrupciones relacionadas con la contratación pública.
Esto es un informe oficial, no diré el pecador,
el que lo quiera saber que me lo pregunte.
Lo llaman contrataciones no normalizadas.
Esto es lo último que me faltaba por escuchar.
¿Cómo que contrataciones no normalizadas?
Un fraccionamiento fraudulento no es una contratación no normalizada,
es una contratación ilegal.
Y al que no quiera llamar las cosas por su nombre,
pues que no la llamen.
Pero de momento, con el ordenamiento vigente,
con el ordenamiento jurídico vigente, eso no son contrataciones
no normalizadas.
Eso es un eufemismo.
Son contrataciones ilegales.
Nada más, me callo ya.
Gracias.
Elena, paso la palabra a él.
Bueno.
Yo creo que aquí voy a ser breve, voy a contaros un poco
los ocho mecanismos que nosotros hemos analizado
cuando se nos han dado problemas que nos han venido sobrevenidos a la hora
de analizar el precio de contrato en los periodos de duración
que se habían fijado y dónde nos ha bocado esta solución
y dónde vemos un poco de luz, si es que vemos algo de luz,
que es escasa, ¿eh?
La realidad es, después de haber definido el contrato, que ya tenemos
en el valor estimado que tenemos que definir costes directos,
costes indirectos, gastos generales,
beneficio industrial,
además de terminar luego en las ofertas
si ese beneficio industrial puede ser cero o no,
porque hay determinados licitadores que por ganar la oferta
hacen una oferta que puede estar categorizada,
depende cómo oferta, normalmente baja,
y.
Su beneficio industrial es cero.
Yo le comentaba el otro día a Álvaro
que yo trabajé en INECO siendo medio propio
y para nosotros las referencias eran más que necesarias,
porque las referencias eran lo que nos acreditaba
posteriormente a tener referencias en aeronáutica,
referencias en carreteras.
Y siempre se ha medido muy bien hasta dónde llega
o hasta dónde no llega.
Y si ese beneficio industrial puede ser cero
o las empresas no trabajan solo por referencia.
Entonces, hemos analizado modificaciones
no previstas del artículo 205,
que desde luego por la sentencia del Tribunal Supremo,
que ya además data de 2018,
no cabe una modificación no prevista porque está encubriendo una revisión
de precios en el fondo y los mecanismos de revisión de precios
se ajustan a ley de desindexación.
Y a su reglamento posterior, el factum principis,
que al final opera en contratos de concesión del artículo 290,
pero no es extrapolable a cualquier otro de los contratos
en ellos no previsto, porque son normativas de resultado.
Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Es decir,
en algún caso podríamos estar incurriendo en responsabilidad.
Bueno, pues tiene que haber una conducta detrás muy dolosa,
muy negligente a la hora de fijar el precio del contrato
para que esto se produzca.
Y desde luego que no es la solución ni la causa que haya
problemas de desviaciones.
La REBUS sí que está en tibus,
que aquí son riesgos patológicos muy sobrevenidos y desmesurados,
que para un cambio en lo que son las condiciones de precio
del contrato, sinceramente me cuesta verlo,
más allá de que esta situación sí se ha usado en determinadas
operaciones comerciales,
sobre todo en la parte de la pandemia,
que sí que fue algo desmesurado y sobrevenido.
Nosotros lo usamos en los cierres comerciales de los aeropuertos.
La revisión de precios y aquí me voy a ley de desindexación
y os dejo aquí un poco de aperitivo a lo que os voy a contar
como colofón final.
A ver,
la ley de desindexación que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza
y que su desarrollo normativo yo creo que es poco conocido
y lo comentaba además con algunos de los ponentes.
Que tiene una posibilidad o una ventanita
de un procedimiento arreglado y regulado para establecer
una revisión de precios en contratos de servicio superiores a cinco años,
y que es verdad que tiene que darse unos determinados requisitos,
pero ahí están.
Importante un dictamen del Consejo de Estado
de 28 de febrero de 2019, cuando salió,
la normativa.
Bueno, este dictamen del Consejo de Estado establecía
que la legislación en revisión de precios es básica, es estatal.
¿Por qué?
Porque luego, al hilo de la pandemia,
han surgido ya determinadas comunidades autónomas
que han regulado más allá de lo establecido
en la legislación básica de ley de desindexación,
que básicamente se aplicaba en los reales decretos
del 2022 en revisión de precios a obras,
a suministros en ámbito de defensa, de armamento,
y estas comunidades autónomas lo aplicaron a servicios.
Entonces, ahí yo creo que levantó la mano diciendo,
ojo, ¿dónde os estáis metiendo?
, que esto puede pecar de que sea inconstitucional.
Desistimiento del contrato por una onorosidad sobrevenida
como causa de resolución.
Como sabéis, están tasadas
y esto no cabe.
Resolución de mutuo acuerdo por imposibilidad de cumplimiento
de la prestación.
El Tribunal de Cuentas ha sido bastante claro en la.
Bueno, y ahí tenemos a Pilar,
en el informe 1178, de 27 de octubre del 16,
donde decía que no puede concurrir una imposibilidad de cumplimiento
de la prestación.
Cuando ya se ha fijado ese contrato, ha habido una oferta
y, en teoría, se ha analizado siempre y cuando
estén todos los parámetros de la contratación resueltos.
Por tanto, Después de ocho, dándole la vuelta
a ocho preceptos que nos podrían abrir algo de ventana,
yo comentaba que la ley de desindexación,
que es el gran dolor de cabeza, pero también es la gran desconocida,
establecía en su desarrollo reglamentario,
en el Real Decreto 55-2017, aquellos contra,
para que quepa esa revisión periódica de precios,
no solo en obras, sino también en la parte
de suministros y armamento,
pero el gran desconocido es la parte de servicios superiores
a cinco años.
¿Por qué es el gran desconocido?
Yo creo, bueno, porque es bastante difícil
configurar un contrato a cinco años de servicio
justificando que haya mucha parte de tecnología a amortizar
o mucha parte de activo fijo a amortizar
para que se pueda dar el supuesto del 29.4.
Pero si esto sucediese, y me refiero, por ejemplo,
y ahí Lamberto lo conoce bien, al tema de seguridad,
si uniéramos suministro de seguridad con la parte de personas,
que hasta ahora esto no lo hemos hecho,
porque los arcos de seguridad, los filtros de seguridad,
cada vez es maquinaria más compleja,
además homologada por la Unión Europea,
que viene también de normativas americanas,
de safety and security en los aeropuertos.
Esto lo que nos permitiría es, oiga usted órgano de contratación,
lo que básicamente nos dice
es si usted quiere meter en el pliego,
porque tiene que estar dentro del pliego
definido la revisión periódica,
al definirla necesitas un informe valorativo de costes.
Ese informe valorativo de costes lo vas a hacer con la propuesta
de estructura de costes que te den al menos cinco operadores económicos
y ya lo regula y ya no te estás acercando al mercado
de manera, entre comillas, encubierta.
Porque en el fondo te está habilitando la propia legislación
acercarte a los cinco operadores económicos a que te abran sus libros
o estructura de costes a lo que nos quieran abrir.
También es cierto,
o sea, que eso luego todos somos conscientes de al final
esto juegan muchas cartas encima de la mesa.
Y luego les damos además, lo publicamos,
el informe se hace, bueno, se hace un informe
por el propio órgano de contratación atendiendo a la variabilidad
de esa estructura de costes que nos dan las empresas,
se hace nuestro y les damos 20 días para que cualquiera en el mercado
pueda levantar la mano y pueda decir hoy esto se ajusta,
no se ajusta, aquí hay una tendencia
que se está marcando más hacia un operador económico
que otro.
Es decir, les damos
y garantizamos mediante principios de publicidad y concurrencia acceso
a esa estructura de costes.
Si supera los cinco millones,
pues la mala noticia, el comité de precios.
En el fondo, el comité de precios,
cuando a alguien nos hemos acercado, es verdad que está compuesto,
está regulado, está la estructura determinada,
pero no sé si muchas empresas han tocado a la puerta.
O sea, yo creo que hay que llamar
y ver qué hay detrás de la realidad de esto,
porque está poco entrenado.
Yo creo que esto es uno de estos órganos que ha aparecido al borde
de esta ley de contratos y no sé el entrenamiento que hay detrás.
Yo nunca he tocado la puerta.
Un día de esto lo mismo me atrevo.
Pero creo que esto es al final el mecanismo real
para singularizar cómo deben de ser los procedimientos de acercamiento
al mercado regulados y garantizando esos principios de publicidad,
de eficiencia y de concurrencia.
Porque, como bien decían, y aquí ya me despido con esta parte,
para que el presupuesto esté realmente ajustado tiene
que haber una desigregación suficiente de costes directos
e indirectos.
Que seamos capaces de verificar posteriormente
y controlar mediante nuestros organismos,
auditores y verificadores.
Es decir, que nuestro tribunal de cuentas sea capaz de determinar
si este contrato está bien porque han llegado al resultado final
a través de este desglose.
Como veis, es un ejercicio de forambulismo.
Entonces, lo que hemos comentado aquí de la ley y todas las ocurrencias
que se vienen produciendo no tienen ninguna estrategia global.
Entonces, tienes que ir buscando la novena posibilidad,
que me imagino que tú la habrás buscado
con mucho interés y con cierta perplejidad,
y te doy la palabra.
Antes de nada,
nos encanta que sea la Administración o los poderes adjudicadores
o no adjudicadores los que hablen del tema de la desindexación.
Porque llevamos años
y parece que por fin se nos ha hecho un poquito de caso.
No me voy a referir ahora a esto.
Y dado el tiempo que tenemos,
voy a poner tres ejemplos que hablen sobre el tema que nos has puesto.
Desglose.
Cuanto más desglose,
mayor transparencia y mejor posibilidad de gestión.
Dos ejemplos.
Uno.
Otra vez, somos empresa de maniobra intensiva.
Costes laborales, el principal de los nuestros.
Si hubiera un adecuado desglose de costes,
aflorarían un montón de conceptos que hoy en día
no se están teniendo en cuenta.
Y me voy a referir a uno, el absentismo.
Por más que las empresas intentamos
que se cuantifique el impacto del absentismo,
tenemos muchísimas resistencias por parte de la Administración.
Y no por casualidad, porque saben que desde el momento
en el que se incluya les incrementa el coste.
Luego esto ya no es de si saben o no saben.
No quieren porque saben que les va a subir el precio.
Se escudan en que ciertamente el 130 de la ley dice
que no es uno de los datos o información o documentos
que han de facilitarse entre contratista saliente
al órgano de contratación.
Pero de las resoluciones que.
Lo hemos peleado.
De las resoluciones que hay, ninguno niega que eso sea un coste
o componente directo en este tema.
¿Vale?
Hay que darle visibilidad, independencia.
Hoy en día, y no me voy a extender,
pero en nuestras actividades supera e incluso duplica la media.
El último dato que le ayuda del 7 y pico
por ciento y demás y además cuando se habla de absentismo
es un tema muy sensible no nos confundamos
no estamos hablando del fraudulento estamos hablando
de la ausencia del puesto de trabajo eso tiene un coste
y hay que meter hay que evaluar no podemos cerrar los ojos
además hoy en día el absentismo en muchos casos
lo que hace es una protección de derechos por cuidados por.
Enfermedades o lo que sea.
Entonces, si hemos decidido
que con los impuestos paguemos eso, tanto empresas como administración,
que tiene su parte, metámoslo en la cuenta.
Otro ejemplo.
Este es bastante reciente.
Nosotros nos dedicamos a servicios de cuidados.
Uno de ellos característicos es el de ayuda a domicilio.
En septiembre del año pasado salió un real decreto.
Esto ha pasado un poquito desapercibido.
No la parte del hogar familiar,
de empleados del hogar, eso ha tenido más repercusión en medios,
pero es que había ahí una disposición final.
Que modificaba
o añadía una disposición adicional decimotercera al reglamento
de prevención de servicios que obligaba,
además de la evaluación que tiene que hacer de los potenciales usuarios
por parte de la Administración, sus domicilios,
en aras de proteger la seguridad de salud y el puesto de trabajo
de esos empleados que van a prestar servicios a casa de los clientes.
Bueno, pues eso,
cuya exigibilidad está un poco en entredicho y, de hecho,
varias patronales han recurrido a la norma
y ahora mismo está pendiente del Supremo.
En los actuales pliegos de condiciones que hemos sacado,
ni una sola mención.
Ni una sola mención.
Aquí estamos hablando de que hay que hacer una evaluación con visita
cada uno de los domicilios.
Estamos hablando de más de seiscientos
y pico mil domicilios en España.
Es una evaluación.
Más luego,
si por las circunstancias del domicilio puede haber algún tema.
Sea perjudicial o pone en riesgo la salud del trabajador,
habría que actuar.
Con algo así tan genérico
como con el permiso del titular de la vivienda,
que todos nos hemos quedado, ¿cómo?
Y esto cómo se atraviesa.
Pero a lo que vamos es la mención genérica
de cumplirá los temas de seguridad y punto,
ni un solo desglose,
como si ese nuevo coste que introdujo la ley no existiera.
Y un último ejemplo a la hora de mecanismos más que de equilibrio,
desequilibrio, el que se podría hacer mayor uso.
Has mencionado antes, Elena, las modificaciones imprevistas.
¿Por qué no hacemos uso de las previstas?
Ejemplo concreto.
Llevamos ya bastante tiempo hablando del proyecto,
de la intención, compromiso por parte del Gobierno.
En reducir la jornada laboral.
Para nosotros ese tema tiene un impacto terrible.
Y solamente unos poquitos ejemplos
hemos encontrado que han incluido en el propio pliego
como una modificación prevista que en el caso
de que se apruebe esa ley,
pues se podrá tener un reflejo en el precio.
Este mecanismo lo tenemos todos.
Hablas de la regla general del.
Río Ventura, nadie la niega.
Lo que sí que decimos es que hagamos los deberes todos.
Entonces, si eso está conocido, incluyámoslo.
Es más, nos hemos tomado la molestia de ver los pliegos,
y esto es de antes de ayer,
en el perfil del contratante del Ministerio de Trabajo.
¿Qué pliegos está sacando el Ministerio de Trabajo?
En el caso de lo que está introduciendo esto, No,
ni una sola mención.
Se cumplirá con la legislación vigente
en materia de jornada laboral.
Hombre, si tú que estás promoviendo esto no lo quieres incluir,
a sabiendas de que no quieres pagar la fiesta.
¿Vale?
También hemos hecho otro ejercicio, porque sabemos la dicotomía
o la lucha que hay entre ministerios.
El Ministerio de Hacienda, a ver si incluyen algo de esto.
¿Se imaginan ustedes
que sí que lo hubieran incluido?
No estaría mal el tema tampoco.
Entonces, en algo, y no estamos hablando
ni de inteligencia artificial ni de herramientas predictivas,
nada del otro mundo.
Algo tan sencillo como esto parece que está en la agenda del Gobierno
y puede salir probablemente en este año.
Pues incluyase ya.
¿Un remarque final?
Una frasecita nada más.
Desde el punto de vista, lógicamente,
de los contratistas, yo creo que entre Tribunal de Cuentas,
Abogacía del Estado, Junta Consultiva y demás,
no me negarán ustedes que tienen un sesgo proadministración.
Un poquito.
Y es más que la ley está llena de potestades,
facultades, prerrogativas para la administración.
Pues bien, en algunas de las patologías que hemos hablado
y cuando se hace un uso arbitrario o abuso,
yo creo que es momento ya de sustituirlo por ejemplaridad,
transparencia y rendición de cuentas,
porque estamos todos en el mismo barco.
Muy bien.
Estupendo.
Me ha por hablado.
No, bueno, yo te haría simplemente una matización,
menos Pilar.
Pilar es muy brava.
Ana, tienes la palabra.
Te voy a pedir un imposible.
Estamos ya fuera de.
Yo soy rápida.
Todo lo que puedas abreviar.
Y yo quiero darles la palabra, si la quieren utilizar bien
y si no, pues damos la cosa.
Bueno, pues después de escuchar todas las ponencias
de las personas que estamos aquí en la mesa,
he echado en falta, al final,
un apartado en uno de los puntos del artículo del precio
en la que se prevé una excepcionalidad, que es
cuando hay problemas para la determinación del precio
en el momento de la adjudicación,
pues tenemos una carta en la manga al órgano de contratación
y, por supuesto, a la empresa,
que son los que están negociando.
Y es adjudicar con precios provisionales.
Entonces, esa figura no es muy conocida
y tampoco, por lo menos en el Ministerio de Defensa sí que lo es,
porque de hecho eso nos da a nosotros bastante trabajo,
bastante carga de trabajo.
Y claro, se adjudica en este momento
con una incertidumbre asociada a ese precio del contrato,
que lo que se hace es, sobre todo en contratos.
Siempre me veo en mi mercado, en mi negocio.
Contratos plurianuales hacia adelante,
en la que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar,
asociando un montón de incertidumbre,
que no se pueden determinar los precios en cada una anualidad
porque no sabemos lo que va a pasar.
En la que nos vamos a los pliegos y no hemos sido del todo.
Perdón, una expresión muy fina a la hora de redactar las cláusulas,
por ejemplo, relativas a las revisiones de precios,
cuando sí podrían imperar a lo largo de estas anualidades.
En la que, bueno, si nos vamos al Real Decreto de Desconcentración,
hay un montón de fórmulas con un montón de índices,
que tenemos que elegir la del sistema de armas en concreto,
en la que también luego un poco más, en esa propia ley
de desinteresación,
hay un apartado en la que se refiere al coste de la mano de obra,
porque en esas fórmulas no está previsto.
Con lo cual, deja abierto que ese coste de la mano de obra
se revisará en función
o tomando como referencia la subida de los funcionarios públicos.
Entonces, tenemos que ser cuidadosos a la hora
de redactar todas las cláusulas en los pliegos que tengan
que ver con el tema absolutamente de precios,
porque luego puede perjudicar al tema de equilibrio de contrato.
Tenemos que tener previsto también la figura que nos da la oportunidad
a la ley de contratos, que es adjudicar a precios provisionales.
Pero adjudicar precios provisionales no quiere decir
que si tengo un problema hoy le pego una patada al balón,
como siempre digo yo, y traslado el problema al momento
en que finaliza la ejecución del contrato,
porque ahí tengo que determinar el precio.
¿Y cómo se hace?
Pues atendiendo, otra vez volvemos a la palabra,
a costes incurridos durante la ejecución.
Con lo cual, así que tenemos que entrar otra vez
dentro de la estructura de costes de la empresa.
Tenemos que, con diferentes técnicas de auditoría y de análisis,
verificar que todos esos costes, que no solamente son horas
que afectan a los contratos de servicios,
por un lado, sino que hay otras partidas,
otras prestaciones, materiales y demás.
Entonces, tenemos que ver.
¿Cómo podemos?
O sea, tenemos que ver dentro del sistema de la empresa
cuál ha sido realmente el coste incluido que es lo que te dice
la ley de contratos.
Pero luego le añade un poco más.
Ojo, señores, pero tenemos que tener la perspectiva
y la visión de que el precio del contrato es precio máximo.
Con lo cual.
Transcurridos X años, nos plantamos con que se han reproducido
una serie de anualidades, se ha ido facturando,
se ha ido presionando y al final tenemos que hacer el match
entre el coste incurrido que se ha producido a lo largo
con el beneficio que se pactó en su momento
y ver esa liquidación del contrato.
Entonces, lo que quería añadir es eso, que no se olviden que hay
una excepcionalidad que sí que puede contrarrestar un poco
esas patologías o esa incertidumbre a la hora del momento
de determinar el precio en el.
En el momento de la gestión.
Muy bien, estamos fuera de tiempo.
¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta?
O damos por finalizada la mesa,
porque ya os habéis dado cuenta de que no hay relato,
o sea, es dato, y los problemas son
de máxima implicación en la estructura y metodología
de la calidad.
¿No podemos ir a calidad?
Como dice la Danberto,
si hay una modificación.
Si resulta que esa modificación y los propios impulsores
de esa modificación lo recogen en sus pliegos,
hay otra serie de extremos que están todos bajo el 198
y hay una ausencia.
Bueno, lo del comité de precios, yo, Gerardo,
te pediría que a Esmide, que es como un órgano del antiguo régimen.
Hicierais el favor,
más allá de la concesión de servicios de un ayuntamiento importante
con un informe que no es vinculante para modificar,
que se tomara conciencia, como dice Elena,
de que el cuello de botella del reglamento de la ley de desindexación
está en ellos y, por tanto,
no podemos vivir anclados en el siglo XIX,
en el antiguo régimen, ¿me entendéis?
, Os doy las gracias a todos los ponentes
porque, como a mí muy humilde saber, creo que es una mesa excepcional
y gracias por venir.