Muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación.
Muchas gracias por venir al seminario.
Y también dar las gracias a la UNED y a la Facultad de Derecho
por la posibilidad de.
Son los pequeños.
Vale.
Dar las gracias a la Facultad de Derecho de la UNED
por la posibilidad de realizar este seminario permanente
sobre la cuota de financiación de los Business Improvement District.
El concepto que he empleado para esta presentación
es el de zona de desarrollo urbano.
Si bien la terminología que se ha empleado puede ser muy variada,
dependiendo de la legislación, de las diferentes propuestas.
A lo mejor una traducción más literal del término anglosajón
podría ser distrito de mejora empresarial.
Sin embargo, el concepto que voy a emplear para esta presentación
es zona de desarrollo urbano.
Como ya ha comentado el profesor Herrera Molina,
Los Business in Proof District han sido ya analizados
de una manera muy adecuada por parte de la doctrina española,
especialmente por la profesora Esteve Pardo,
el profesor también Quintana Ferrer y por Albert Navarro García,
entre los dos autores.
Y el objetivo
no es tanto analizar la figura del Business in Proof District,
sino analizar específicamente la cuota de financiación,
la cual la doctrina española,
sobre todo, ha analizado diferentes propuestas
de cómo vehicular esa cuota de financiación
a través de los tributos,
a través de recargos sobre imputatividades económicas,
sobre el IBI,
incluso se plantea una bonificación sobre el IBI.
Y también se ha planteado desde el punto de vista de tasas
y contribuciones especiales.
En el primer apartado lo que trato de analizar
es, para aquellas personas que no conozcan esta figura,
que si bien no se trata de una figura novedosa,
sino que ya tiene una cierta base histórica,
como veremos, originó a partir de 1969,
Pretende ser una breve introducción a esa figura para aquellas personas
que no conozcan.
Y en el segundo apartado
quiero hacer una breve alusión a la Ordenanza de Dinamización de
Actividades Comerciales en Dominio Público del Ayuntamiento de Madrid,
donde la figura que se empleó fue la contribución especial.
Y el tercer apartado será, por así decir,
el más donde me detendré más específicamente,
puesto que la legislación autonómica es la que ha regulado este modelo,
si bien no utiliza el término BID, de Business Improvement District,
sin embargo, conforme los elementos esenciales
que presenta esta figura en el ámbito internacional,
dicha legislación efectivamente hace referencia a los Business in
Plum District.
Y finalmente terminaré con un apartado de conclusiones.
Bien, como he dicho, no se trata de una figura nueva,
es decir,
es una figura que ya surge en Canadá en 1969 y se tiene posteriormente,
se encuentra presente en diferentes partes
como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Sudáfrica.
Y a modo ilustrativo de esta figura,
Y si recordamos la plaza de Times Square de Nueva York,
ahí toda esa zona está constituida como un BID.
O, por ejemplo, el famoso London Bridge en Londres,
también toda esa zona está configurada como un BID.
Y plazas de las calles más importantes de Londres,
la calle de los Millonarios, de Kennington,
pues también todo ello se configura como se ha constituido un BID
en dicha zona.
No se trata tampoco
de una figura que esté ajena al ámbito de nuestro ordenamiento,
puesto que, como me detendré posteriormente,
en la Comunidad Valenciana reguló esta figura
a partir de 2018 y hay ya diversas configuraciones
que se han hecho sobre el BID en la Comunidad Valenciana,
a las que posteriormente me referiré.
Se trata básicamente de una colaboración público-privada.
Normalmente son los propios sujetos,
los propios empresarios de una determinada zona,
de un municipio o de un área industrial,
donde deciden autoimponerse una cuota, una prestación,
con el objetivo de financiar unas determinadas obras
y servicios dentro de dicha zona.
Las finalidades que buscan, ya no las podemos imaginar, que es
esa promoción y desarrollo económico dentro de un municipio,
también promocionar el ámbito de un modelo de ciudad compacta
y lo que he podido de las investigaciones
que he realizado en el ámbito internacional,
se puede ver,
como en todos ellos, realizan actuaciones medioambientales,
la mayoría tienen un plan de actuaciones
relacionadas con el medioambiente.
Podemos destacar en el ámbito de la transición energética,
Muchos tienen establecidos diferentes proyectos
con el objetivo de implantar placas fotovoltaicas,
sobre todo también en el tema de economía circular,
en el tema de gestión de residuos, reciclaje.
También en el tema de movilidad sostenible, por ejemplo, en Alicante
se ha aplicado este modelo en la zona de La Zatalaya,
ciudad empresarial,
y lo que hacen es que todos aquellos trabajadores
que van a trabajar en esa área industrial.
Existe un sistema de carpooling, como BlaBlaCar,
donde pueden ponerse en contacto entre ellos
para viajar desde todas las partes de la provincia
hasta ese polígono industrial.
O, por ejemplo, también la creación de zonas verdes.
Es decir, al fin y al cabo, su finalidad puede ser muy amplia,
abarcando desde instalación de placas fotovoltaicas, por ejemplo,
también en el BID del Expreses en Girona,
también se plantó la posibilidad
de establecer sistemas de captación de agua y reutilización de agua,
lo que también potencia ese bien ambiental.
Los elementos esenciales, que son los que,
a pesar de que la legislación autonómica no hace referencia,
aunque en el preámbulo de dos de ellas,
a las que me referiré después,
sí que hace alusión al término Business Improvement District,
Considero que estos son los elementos esenciales que deben estar presentes
para poder hablar de esta figura.
Es el propio BID,
que al fin y al cabo sería la zona delimitada,
aprobada por la corporación local,
que puede ser en un ámbito municipal , también en zonas industriales.
Al frente de dicha figura,
de dicha área, estaría una entidad gestora,
a la que posteriormente luego me referiré analizando
su naturaleza.
Luego, como he comentado, esta entidad gestora
es la que se va a encargar de realizar
las diferentes actuaciones, obras, servicios,
que pueden ser, básicamente, pueden ser desde ese establecer
sistemas de captación y reutilización de agua o placas fotovoltaicas,
hasta, como hemos visto en el ejemplo
del Expresys, que se planteaban cámaras de seguridad, señalización,
o también, como en otras actuaciones de entretenimiento.
Todo ello se recoge en el plan de actuación, Luego,
otro elemento sería el convenio entre la entidad gestora
y el ayuntamiento.
Como he dicho, se trata de una figura que,
aunque donde la entidad local tiene un papel muy importante
desde la constitución de esa entidad,
luego también la legislación de Cataluña,
a este respecto también le atribuye ciertas potestades a la entidad local
como promotor de la constitución de un BID.
Y en ese convenio.
En el ámbito anglosajón, los arrangement,
tienen mucha importancia, sobre todo en el mundo,
en el ámbito del Reino Unido, donde en este convenio,
donde se establece,
se va a establecer la cuantificación de las diferentes cuotas.
En nuestro ordenamiento, en el ámbito autonómico,
en este convenio se establece, por ejemplo,
quiénes van a recaudar las diferentes cuotas
de la prestación no tributaria.
Y el elemento fundamental, que es en el que me detente,
es en la cuota obligatoria de financiación.
Como he dicho, se trata de que esta entidad gestora
pueda disponer de esa financiación continua y estable,
que muchas veces es de lo que pueden adolecer
las asociaciones empresariales,
que muchas veces se financian mediante esas subvenciones
y, al fin y al cabo, no les permiten tener una estructura financiera
lo suficientemente estable.
También esta cuota obligatoria, el carácter obligatorio coactivo,
pretende también remediar uno de los problemas que afectaban
y es la existencia de los polizones o freeriders que,
como he dicho, esta entidad gestora
va a prestar unos servicios que el plan de actuación
puede ser de muy diversa cuantía y con el objetivo
de que todos los que estén situados y se vayan a beneficiar
de esas actuaciones contribuyan de una manera proporcional en función
de determinados criterios.
Por ello se establece esa cuota obligatoria de financiación.
Aunque, como he dicho,
desde el punto de vista de la doctrina,
ha planteado diversas propuestas para regular esa cuota
de financiación del BID con el objetivo
de que sea obligatoria y que se la satisfagan
todas las personas situadas dentro de dicha área.
Me voy a centrar, voy a hacer alusión a esta,
puesto que, al fin y al cabo,
estamos en Madrid y fue aprobada por el consistorio municipal
de aquí, del municipio de Madrid.
El objetivo, como pretendía esta ordenanza,
y pueden ver,
era facilitar e incentivar la colaboración público-privada,
constituir a Madrid como un centro de actividad económica turística.
Y el término que empleó ahí es zona de iniciativa emprendedora.
Sin embargo, al fin y al cabo.
Como se puede ver en su parte introductoria,
lo que pretende y está haciendo alusión a los BID
es importar en una buena práctica que denomina,
en el ámbito internacional,
importarla al ordenamiento municipal de Madrid.
¿Cómo pretendían establecer dicho BID,
este modelo?
A través de la contribución especial y de las asociaciones administrativas
de contribuyentes.
La Asociación Administrativa
de Contribuyentes se encuentra regulada, los artículos 37 y 37
del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
y requiere para su constitución la mayoría absoluta de afectados,
que representen dos terceras partes de las cuotas
que deben satisfacerse.
Si bien, aunque puede presentar
ciertas semejanzas con esta entidad gestora,
si bien hay que recordar que la.
Aquellos titulares que se constituyan en asociación administrativa
lo que hacen es promover,
plantean una solicitud a la entidad local,
pero a quien corresponde tomar la decisión
de que se hagan esas obras y servicios corresponde
a la entidad local.
Nicolás Sánchez García dice que se trata más bien de un cauce
de comunicación y negociación con la administración local.
Es por ello que yo considero
que esta medida no se adecua por esa parte,
por la Asociación de Medicina y Salud de Contribuyentes,
aunque guarda semejanza con la entidad gestora del BID.
Sin embargo,
no se adecua concretamente porque la entidad gestora
tiene que, basándonos en el ámbito internacional,
tiene que disponer de esa competencia, esa autonomía,
puesto que lo que busca es la colaboración privada
o pública con el objetivo de atender a las necesidades
de los empresarios que están situados en esa zona.
Y, por otra parte,
la contribución especial considero que tampoco se adecua
a todas las actuaciones que realiza la entidad gestora,
puesto que no se trata de un tributo adecuado para realizar obras
de mejora, entretenimiento, sustitución de elementos,
ni tampoco para financiar gastos de mantenimiento
o de conservación de diferentes servicios.
Es por ello que.
Quizá también por esto que acabo de decir,
no se trata de una fórmula que ha tenido éxito hasta donde conozco,
hasta donde he podido leer y de la literatura científica
que he leído, no se ha llegado a implantar
esta figura, esta zona de iniciativa emprendedora.
Si bien, bueno, si hay algún participante
que tenga conocimiento más exhaustivo por estar en el consistorio,
por ello pues.
Sería también interesante,
posteriormente en el turno de preguntas,
comentarlo.
Sin embargo, como he dicho,
su éxito ha sido más bien escaso o nulo.
Y ya pasando a la tercera parte, que es, por así decir,
la donde me tendré más.
Concretamente, el modelo del BID ha sido desarrollado,
sobre todo, en la comunidad valenciana
en el año 2018, en Cataluña en el año 2021
y en las Islas Baleares en el año 2023.
La potestad en que se han fundamentado
ha sido básicamente un título competencial material.
Normalmente ha sido ordenación del territorio, vivienda y fomento
de actividad económica e industria dentro de su ámbito autonómico.
Y también con base en esa potestad, en ese título competencial material,
y en base también a su potestad legislativa,
han establecido una prestación patrimonial pública
no tributaria con el objetivo de financiar a esta entidad gestora.
Si bien hay que decir que la Comunidad de Cataluña
y las Baleares sí que la denomina como prestación patrimonial pública
no tributaria,
la Comunidad Valenciana no la denomina como tal.
Ni siquiera a lo largo de la legislación
hace alusión a la figura del Business Include District,
cuestión que sí que la expresa en su preámbulo
la Comunidad de Cataluña y las Baleares.
Si bien he considerado que.
Puesto que, efectivamente, están los elementos suidenciales
a los que he hecho alusión antes en el BID
y, puesto que se trata de una contribución que es obligatoria,
que deben satisfacer todos los miembros que se encuentran
en dicha área y a la cual tienen que adscribirse obligatoriamente
a la entidad gestora, efectivamente, pues tiene ese carácter coactivo
y se le puede denominar prestación patrimonial pública no tributaria,
a pesar de que el legislador autonómico valenciano la denomina
como contribución obligatoria.
Como he dicho, se trata de la figura del BID
y, sobre todo, en el ámbito de investigación,
las entidades locales disponen de un papel bastante importante.
Yo aquí he querido señalar las que se refieren
a la prestación patrimonial pública no tributaria,
puesto que, efectivamente, las entidades locales
tienen otras competencias a lo largo de toda la Constitución,
puesto que todo ello se inicia con una solicitud por parte
de unos promotores, normalmente 25-50% de los.
Titulares de una actividad económica situados en dicha zona,
según la legislación de cada comunidad autónoma,
y es la entidad local la que va controlando
todo el procedimiento de construcción.
Sin embargo, en relación con la prestación patrimonial pública
no tributaria, Son las entidades locales
las que tienen la potestad de establecerla
y se encomienda la ordenanza municipal
en el ámbito de Cataluña e Islas Baleares,
puesto que ello no se recoge así en la legislación de Valencia,
donde únicamente la entidad local será la que apruebe la constitución
de ese BID.
Luego, también, en cuanto a la gestión y recaudación
de la cuota, la entidad local dispone de competencias,
si bien la legislación, por ejemplo, la legislación de las comunidades
y las baleares establece que será exclusivamente la entidad local
la que pueda recaudar esta cuota de financiación.
En Cataluña se regula de manera diversa
porque es en el convenio entre la entidad gestora
y el ayuntamiento quien debe decidirse si es el ayuntamiento
o la entidad gestora quien recauda y en la Comunidad Valenciana
se encomienda directamente y exclusivamente
a la entidad gestora.
Si bien el hecho de que sus ingresos
deban posteriormente cederse a la entidad gestora
del BID es lo que nos permite considerarlo que no se trata
de un ingreso que pertenezca a una entidad pública,
puesto que aunque lo recaude el ayuntamiento debe cederlo.
Por tanto, su titularidad
y su disposición correspondería a la entidad gestora del BID.
También, en cuanto a la recaudación, la entidad local
asume diferentes competencias en materia de vía de apremio.
Se trata de una cuestión que, posteriormente,
analizaré más detenidamente.
Sin embargo,
básicamente decir que la legislación de Cataluña e Islas Baleares
establece que puede utilizarse la vía de apremio
en caso de impagos.
Luego también se pueden establecer diferentes deducciones
y bonificaciones
y también en materia de revisión y sistemas impugnatorios,
también las entidades locales desempeñan un determinado papel.
Bien, en cuanto a la configuración de esta prestación patrimonial
pública no tributaria, su presupuesto,
de hecho, sería ser beneficiario de determinadas obras y servicios
y el estar incluida en dicha área delimitada.
La naturaleza que considero que tiene es naturaleza retributiva,
puesto que, a lo largo también del propio texto,
se la denomina como contraprestación.
Y, además, como posteriormente veremos
en un ejemplo, en cuanto a su cuantificación,
se manifiesta ese carácter retributivo por los servicios y obras
que se llevan a cabo.
En cuanto al elemento subjetivo,
los usuarios obligados, como venimos diciendo,
son aquellos titulares que ejercen una actividad económica
dentro del área delimitada.
Si bien diferentes legislaciones establecen incluso mecanismos
de repercusión en caso de arrendamiento o derecho de posesión,
ellos son los que van a venir obligados,
por estar situados en dicha área,
a pagar la prestación patrimonial pública
no tributaria.
En cuanto a la entidad gestora, se trata de una entidad
que la legislación de la Comunidad Valenciana
la denomina como entidad de naturaleza pública
de carácter administrativo.
Incluso los diferentes sujetos o miembros que están en el BID
tienen obligación de adherirse a ella.
La adhesión es obligatoria.
Mientras que la entidad gestora,
tal y como regulada en la Comunidad de Valencia, perdón,
en la Comunidad de Islas Baleares y de Cataluña,
tiene la naturaleza de asociación privada,
si bien hay que destacar que, de facto,
todos los miembros van a estar obligados a financiarla.
Y, además, hay que destacar que, respecto a esta entidad gestora,
se les atribuye diversa responsabilidad
en materia de servicios públicos.
Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana
se expresa que sea la entidad local la que delegue ciertas competencias
en materia de gestión de servicios públicos
y en la Comunidad de Cataluña incluso se establece que la entidad gestora
tenga diversas responsabilidades en materia de elementos comunes
de tutelaría pública, en materia de tema de residuos,
mantenimiento y reposición de las vías, etcétera.
Ellos dan una configuración sui juris, por así decir,
de esta entidad gestora.
Bien, en cuanto a la cuestión ante la prestación
de la patrimonial pública no tributaria,
se trata de una cuestión que han corrido, por así decir,
permítanme la expresión, ríos de tinta.
Si bien, en mi opinión,
se trata de una figura que más bien se trata de una cualidad.
En mi opinión, de una prestación
que básicamente lo que obliga es que sea de carácter coactivo
sin mediar el concurso de voluntad de los diferentes sujetos
obligados a satisfacerla y que persiga el fin
del interés general.
Y en cuanto a su naturaleza no tributaria, en mi opinión,
considero que se trata de una potestad
que corresponde al legislador establecer su régimen jurídico,
establecer conforme a ese principio de reserva de ley,
Su supuesto derecho en su aspecto objetivo,
subjetivo, espacial y temporal.
También en cuanto a su cuantificación,
aunque aquí se permite cierta colaboración
entre el reglamento y la ley.
Y en cuanto a su régimen jurídico, en mi opinión,
aunque efectivamente se trata de un tema
que dista de ser pacífico, considero que es al propio legislador
el que debe regular, establecer su régimen jurídico.
Lo que quiere decir que es el legislador
quien debe someter, o bien total o parcialmente,
a las normas de derecho público o derecho privado,
las prestaciones patrimoniales públicas
no tributarias.
En mi opinión, como he dicho.
En cuanto a la cuantificación de la prestación no tributaria,
básicamente podemos ver un ejemplo donde,
en función del presupuesto,
creo que ahí no se ve el presupuesto,
Pero básicamente se trataría de un BID de 150 locales
donde se quiere satisfacer un importe de 150.000 euros.
Ahí no aparece.
Pero básicamente se establece que la cuantificación
y la cuota que van a satisfacer cada uno de los diferentes locales
es en función del presupuesto y en función de la superficie
construida catastral en este caso.
Bien, en cuanto también a regulación de bonificaciones,
la legislación de la Comunidad de Cataluña
no establece ninguna bonificación.
Por lo tanto, entiendo que la entidad local
tampoco puede establecer ninguna bonificación al respecto.
Si bien, por ejemplo, la Comunidad de las Islas Baleares
sí que establece diferentes bonificaciones
al respecto.
Por ejemplo, en función de si el sujeto, el miembro del BID,
lleva a cabo una actividad de interés general
o, por ejemplo, una funcionalidad benéfica,
la entidad local puede establecer una bonificación de hasta el 80%.
O en caso de inmuebles desocupados
o incluso para favorecer el emprendimiento,
esta prestación patrimonial pública no tributaria,
la entidad local puede establecer una bonificación
de hasta el 50% o 25% por concepto de apoyo
al emprendimiento.
Más controversia, en mi opinión,
genera el hecho de las bonificaciones de esta prestación patrimonial
pública no tributaria en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
donde, según su legislación, es la entidad gestora
la que puede establecer, en función de diferentes supuestos,
uno de ellos es otras circunstancias especiales,
concepto jurídicamente determinado,
y permite establecer diversas bonificaciones
que pueden ser.
Establece totales o parciales.
Si es total, prácticamente es una exención,
al fin y al cabo, de esa prestación patrimonial pública
tributaria que, en principio, correspondería a la entidad gestora
del BID, establecerla según la legislación,
lo cual considero que no es conforme al principio de reserva de ley.
En cuanto al procedimiento de recaudación,
en caso de impagos, como ya he dicho,
la Comunidad de Cataluña e Islas Baleares sí que establece
la posibilidad de recurrir a la viada de premio al respeto.
En el caso de la Comunidad Valenciana,
la propia legislación no establece nada al respecto.
Sin embargo, en uno de los convenios en los que me he hecho alusión
antes, entre la entidad gestora y el ayuntamiento,
encomienda esa posibilidad a la entidad, al ayuntamiento,
en caso de impago.
Bien, en cuanto a la revisión
y sistema de recursos respecto a la cuota del BID,
si bien, como hemos dicho,
se trata de un ingreso que no es de la entidad local,
sino que es de la entidad gestora,
si bien se establece que sea el ayuntamiento quien resuelva
diversas controversias en relación con la prestación patrimonial pública
no tributaria.
Incluso en la comunidad de las Islas Baleares,
hace una remisión expresa a la Ley Municipal de Identidades Locales
, en donde se establece que se podrá recurrir al recurso de reposición
y, posteriormente, a la vía Como he dicho,
se trata de una cuestión del régimen jurídico
que corresponde realizarlo al propio legislador
que haga uso de esta prestación patrimonial pública o tributaria.
Y, finalmente, en cuanto a la afectación
de la reclamación, la entidad local
dispone de cierto margen de control y cierta discrecionalidad
en el sentido de que puede, en tanto en cuanto,
como he dicho, ese elemento esencial que era el plan
de actuación donde se recogían las diferentes obras y servicios,
Es al ayuntamiento a quien le corresponde
la aprobación de todos esos documentos,
entre ellos el plan de actuación.
Entonces, en cierta manera,
tiene esa capacidad de controlar a qué se recauda la financiación
obtenida por la prestación de patrimonio público
no tributaria.
Y, obviamente, la afectación es íntegramente a la satisfacción
de.
De las actividades que realiza el BID,
si bien en caso de la comunidad de Islas Baleares y Cataluña
se establece que la entidad local podrá reservarse parte
de dicha cuota.
Y ya finalmente, a modo de conclusiones,
los BID considero que constituyen un instrumento
muy adecuado para promocionar y potenciar una actividad económica,
incluso para realizar actividades medioambientales,
Y permite esa coordinación entre la entidad local
y la comunidad autónoma.
Como he dicho, no se trata de una figura ajena
ni una figura extraña, puesto que ya tiene bastante recorrido,
tiene bastante historia.
Y analizando, por ejemplo, los diferentes modelos
que se han empleado en la comunidad valenciana,
pues es una medida muy interesante para, sobre todo,
promocionar diferentes áreas industriales.
Como he dicho, la ordenanza municipal de Madrid,
hasta donde tengo conocimiento, no ha tenido un escaso éxito,
principalmente porque tanto la asociación administrativa
de contribuyentes como la contribución especial
no se adecúan adecuadamente a estas características
que presenta el BID y la cuota de financiación.
Como he dicho, el BID ha sido, al fin y al cabo,
desarrollado por las comunidades a nivel autonómico.
Con base en esas competencias materiales sobre territorio,
urbanismo y fomento de actividad económica
dentro de su ámbito autonómico y haciendo uso
de la prestación patrimonial pública no tributaria.
En cuanto a la entidad gestora,
como ya he dicho, presenta una naturaleza particular,
puesto que la normativa de Islas Baleares
y Cataluña la define como asociación privada,
sin embargo, puede asumir diferentes responsabilidades públicas
y a la cual corresponde.
De facto, en mi opinión, es de adscripción obligatoria,
en tanto en cuanto todos los miembros que estén situados ahí tienen
que financiarla,
aunque efectivamente no se adhieran propiamente a la entidad,
de facto efectivamente se comportan como un asociado más.
Y en el ámbito de la comunidad valenciana,
efectivamente ya dice que es una entidad pública,
una entidad administrativa,
incluso si le asignan diferentes responsabilidades
en materia de servicios públicos.
Y, finalmente, la fórmula que se ha utilizado
es la de prestación patrimonial pública,
la cual, como he dicho, en mi opinión,
corresponde al legislador establecer su régimen jurídico,
pudiendo configurarla como ingreso de derecho privado
o ingreso de derecho público.
Y ya con ello doy por terminado.
Terminada la exposición y quedó a su disposición
para cualquier cuestión, duda o comentario
que quieran realizar al respecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Roque, porque ahora tengo más dudas
que antes.
Yo tengo bastantes dudas, pero vamos a dejar,
por si acaso tenemos la suerte de que haya alguien del Consistorio
que pueda contar su perspectiva,
que.
Que puedan levantar la mano o preguntar a los asistentes,
tanto aquí presencialmente como en el chat.
Ya se ha superado este momento.
Tenemos personas muy cualificadas en el público,
incluyendo tanto profesoras y profesores universitarios
como representantes de ayuntamientos,
así que si os animáis.
Me callo por romper el.
Yo tengo una pregunta.
Yo soy de los seguimientos.
Entonces, de las tres leyes que han regulado en la vida de premio,
dices que hay una no regulada.
Exactamente.
Pero que se ha acordado que sí por vía convencional.
Exactamente.
Yo cuando salieron las prestaciones tributarias y hubo un debate enorme
sobre si se podía o no recaudar por vida de premio,
Mi conclusión fue que no lo tenía claro.
Y claro, en este caso, ¿crees que se puede hacer
sin ningún tipo de base legal?
¿O hay una base legal, aunque no sea específica,
para este tipo de prestaciones?
¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión al respecto es que, efectivamente,
en el caso de la Comunidad Valenciana,
no tiene ninguna base legal para poder recurrir
a esa vía de apremio.
Si bien es verdad que en el ámbito de la Comunidad de Cataluña
y las Baleares, en mi opinión,
yo considero que, en tanto en cuanto como he dicho,
él es el legislador el que puede regular su régimen jurídico,
no ve ningún impedimento a nivel constitucional.
Ni a nivel legal que impida hacer uso al legislador de dotar
a esa prestación patrimonial pública no tributaria,
que al fin y al cabo es una prestación patrimonial pública
que sigue fines de interés general, regular ese sometimiento
en cuanto a su aplicación al derecho público
y a emplear la vía de premio al respecto.
Si bien considero que efectivamente no se puede realizar.
Con base en el artículo 10 de la Ley General Presupuestaria
o el artículo 2.2 del texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
puesto que considero que, como ahí mismo se recoge,
el artículo 10 de la Ley General Presupuestaria,
en relación con el artículo 5,
establece que son aquellos ingresos de derecho público
que correspondan a la Administración General del Estado
o a sus organismos autónomos.
Considero que, en caso de.
Es decir, debería ser el propio legislador
de la prestación quien establezca la posibilidad de acudir
a la vía de premium.
En caso de no establecerlo, en mi opinión,
considero que no se puede realizar con base en dichos artículos,
porque solo podrían ser para aquellos ingresos
que fueran de derecho público
y que, además, corresponderá a su recaudación a la entidad local
o a la Administración General del Estado
o a sus organismos autónomos.
Sin embargo,
soy consciente de que se trata de un tema no exento de debate
y una cuestión bastante controvertida,
pero esa es mi opinión al respecto.
Tengo una pregunta relacionada con la del profesor Rafael Sanz.
Hay una sentencia reciente
del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2025 que tú conoces,
y que parece decir que cualquier deuda de derecho
público puede no solo recaudarse en vía de premios,
sino que puede utilizarse el procedimiento de derivación
de responsabilidad, bueno, todo el régimen jurídico,
recargos.
Sin embargo, digamos, la sentencia es contundente,
pero lo que no está del todo claro es a qué tipo de prestaciones
se refiere.
¿Cuál es tu opinión sobre esta sentencia?
Creo que la sentencia, al fin y al cabo,
también no especifica la prestación a la que se refiere,
lo cual complica o dificulta poder dar una conclusión,
una afirmación muy concluyente.
Creo que también hace uno de los elementos
a los que hace referencia es al recurso cameral,
parece que lo recordar.
Y, efectivamente, en este recurso que se atribuía
a las cámaras.
A diferentes cámaras de comercio, sí que en su propia ley reguladora
se establecía la posibilidad de acudir a la vía de apremio.
Lo cual,
si es ese ingreso y fundamentándonos en su propia ley reguladora,
que al fin y al cabo es lo que vengo diciendo,
de que es el legislador quien debe establecer ese sometimiento
a norma de derecho público, En mi opinión,
si es a ese ingreso y con base en esa normativa,
sí que estaría conforme con ello.
Además, bueno, varios factores también, en comparación con ello,
hacen alusión a la.
Hay parte de la doctrina que considera
que, efectivamente, respecto al recurso cameral,
era posible acudir a la debida de premio,
puesto que, si no recuerdo mal, se derogó a partir de 2010.
Y en cuanto a, por ejemplo, en contraposición
con las cuotas que se pagan a los colegios profesionales
de adquisición obligatoria, pues ahí su propia legislación no atribuye
esa posibilidad de acudir a la vía de premio.
Entonces, en mi opinión, considero que es al propio legislador
al que le corresponde.
Entonces, si es a ese recurso,
sí que estaría conforme con ello.
Muchas gracias.
Voy a leerte una pregunta que tienes de Toño Ibera,
en el chat.
Felicitas por la.
La apariencia la puedes ver tú también en tu pantalla
y nos pregunta si podrías dar datos de la experiencia práctica
de estos primeros BIDs, importe, número de contribuyentes
y cuál ha sido la acogida por parte de los contribuyentes
y las propias entidades locales.
Aquí, por ejemplo, en el ámbito de la comunidad
de las Baleares y Cataluña,
que como he dicho, se regulan, debe establecer
la prestación patrimonial pública no tributaria la entidad local
mediante la ordenanza municipal, hasta donde tengo conocimiento,
en el año 2024 se aprobó un BID en el municipio de Les Preses,
también con un importe bastante, con un presupuesto bastante escaso,
donde, como he dicho, pues, Claro, también era una primera experiencia,
una primera toma de contacto.
Sin embargo, en el ámbito de la comunidad valenciana,
haciendo uso de este modelo, creo que había cerca de 60 entidades
gestoras funcionando.
No han analizado todas, ¿no?
He analizado, por ejemplo, esta de la que he hecho alusión,
de la ciudad empresarial, de las atalayas de Alicante,
donde su funcionamiento, la verdad,
está siendo bastante.
Eficiente y están llevando a cabo bastantes actuaciones donde,
por ejemplo, he hecho alusión a tienen un proyecto muy interesante
en cuanto a las instalaciones de placa fotovoltaica
con el objetivo de dotar de una mayor eficiencia energética
a los empresarios situados en dicha área industrial por ejemplo,
también están llevando otro proyecto de economía que se llama
Atalaya Circular, si no recuerdo mal donde lo que pretenden hacer.
Es crear una base de datos con el que los productos de desechos
de unas industrias puedan servir para otros empresarios
que puedan reutilizarlos, ¿no?
Es decir, con el objetivo de dotar de esa circularidad.
O, por ejemplo, también, como he dicho,
esta plataforma de carpooling o instalación de sitios para recargar
los vehículos eléctricos.
Entonces, ahí sí que, efectivamente, su presupuesto
es bastante también más elevado.
Y en principio,
pues con base en eso sí que está teniendo
bastante autocuidado.
De hecho, aunque puede ser una medida bastante novedosa,
por ejemplo, en el ámbito de la comunidad valenciana
iba funcionando la ley de 2018 y hay un registro,
porque ahí no me he querido detener
porque son unas tomadas procedimentales,
pero hay un registro de la comunidad valenciana
donde tienen que inscribirse, Y ahí se pueden ver, por provincias,
dónde están constituidas y creo que, si no recuerdo mal,
hay hasta 60 entidades gestoras que funcionan empleando este modelo.
Entonces, creo que es una medida que sí que es bastante interesante.
Pues a ver qué pregunto yo.
Habías estado afirmando que la configuración de la cuantificación
podría vulnerar el principio de reserva de ley.
¿Y esto puede solventar?
Vale.
Es decir, en mi opinión, bueno, efectivamente
la cuantificación podría vulnerar ese principio de reserva de ley,
puesto que, si bien, como he dicho,
la cuota se va a fijar en función del presupuesto
y de la superficie catastral,
En mi opinión, una entidad gestora
podría decidir subir ese plan de actuación
incrementando las cuantías.
Entonces, es algo que no se fija, no se establece en la ordenanza,
sino que, por ejemplo, en el Biddle Express
la cuota está establecida en el plan de actuación,
que es el documento que elabora esa entidad gestora
y los promotores a la hora de constituirlo.
Considero que, teniendo en cuenta que se trata
de una prestación patrimonial pública,
que no se trata de un precio privado,
de una cuota de una asociación privada,
Podría vulnerar el principio de reserva de ley,
es decir, analizando el ámbito internacional,
específicamente en el ámbito de Alemania,
el estado federal de Bremen, el Land de Bremen,
tiene hecha una regulación que efectivamente
tiene en cuenta el costo del presupuesto total,
lo cual es fundamental porque al fin
y al cabo no hay que olvidar que la prestación es para financiar
estas obras y servicios y allí en el estado de Bremen.
Se establece en función del coste, en función de la superficie
construida y de ahí se determina un porcentaje que se aplica
sobre el valor del inmueble.
Y este porcentaje sí que se establece que no podrá ser superior al 10%.
Entonces, lo cual sí que en cierta manera limita
de que va a ser máximo un 10% del valor de tu inmueble.
Lo cual, en mi opinión, sí que garantiza más ese principio
de reserva de ley.
Pues te sigo preguntando,
como si nadie se anima, yo te sigo preguntando.
Veo que hace referencias continuas a que es cierta inseguridad jurídica,
que falta regular, matizar, y puede que este sea uno de los motivos
por los cuales no ha tenido tanto éxito esta fórmula.
Quiere decir que finalmente uno cuando va a abordar
un proyecto de financiación.
Lo que necesita es cierta seguridad
y saber cómo van a responder expresarialmente, sobre todo, a 15,
20 años de esta fecha.
Entonces, ¿tú qué opinión tienes?
Es decir, se trata de una figura que,
la verdad, genera, como he dicho, bastante controversia
porque, como hemos dicho, no se sabe si puede acudir a la vida de premio,
hasta qué punto participa.
La ley o no al respecto.
Sin embargo, yo considero que se trata
de una figura que puede hacer uso perfectamente de ella.
Y claro, yo con base en mi opinión
o mi consideración respecto a esta prestación,
considero que efectivamente de su propia regulación sí
que se pueden extraer esas notas, ese régimen jurídico.
Si bien, efectivamente, comparto esa inseguridad
que provoca esta prestación y que requerirá seguramente de.
Un mayor estudio por parte de la doctrina
y, sobre todo, yo creo, por parte del Tribunal Supremo
o Tribunal Constitucional,
pues, sobre todo, haciendo especial referencia
al tipo de prestación a la que se refiere, ¿no?
Porque esta, por ejemplo, de 2025,
perdona, se entiende muy interesante,
pero cuando uno la ley, claro,
hace referencia a ingreso de derecho público y.
Introduce sanciones que por espectáculos públicos,
el recurso también aparece por ahí y todo lo engloba y le aplica.
Entonces, creo que efectivamente,
sobre todo por parte del Tribunal Supremo y Constitucional,
pues sí que se requería una mayor clarificación sobre esta,
sobre las diferentes figuras, ¿no?
Lo cual, bueno, es un objetivo.
Hay un comentario, bueno, te felicitan.
Y bueno,
que se despiden ya, porque no sé hasta qué hora disponemos.
Bueno, tenemos hasta las dos, pero no hace falta agotar.
Es un crédito presupuestario, pero no es necesario agotarlo.
Yo tengo otra pregunta, Ana, en relación también
con el planteamiento general de tu tesis.
Porque, como sabemos, el Tribunal Constitucional
ha señalado que la competencia exclusiva
para regular las haciendas locales es del Estado,
aunque el Estado puede autorizar a la comunidad autónoma
a establecer medidas tributarias locales,
como se ha hecho con los recargos o impuestos autonómicos.
Pero al margen del ámbito estrictamente tributario,
nos encontramos con varias figuras que se califican
como prestaciones patrimoniales no tributarias y.
Da la impresión que se acepta pacíficamente que en este ámbito
sí que tienen competencias las comunidades autónomas,
lo cual a lo mejor quizá sea positivo porque la legislación estatal
no trata con especial cariño a las haciendas locales
ni es especialmente activa.
Pues quizá está bien que las comunidades autónomas
por esta vía lo desarrollen.
Tú te refieres a otras prestaciones patrimoniales
no tributarias, como la.
Prestación compensatoria, en fin,
tenemos varias.
¿Crees que esto es así?
O sea, realmente,
si estamos ante prestaciones patrimoniales públicas
no tributarias,
¿ya no estamos ante la competencia exclusiva del Estado?
Y suponiendo que esa afirmación sea correcta, ¿existe el riesgo
de que se disfracen como prestaciones patrimoniales
no tributarias algunas que se asemejen más a los tributos
o no?
¿Qué te parece?
Claro, es complicado, pero yo, en mi opinión,
considero que el problema es cuando estamos ante una prestación
patrimonial pública no tributaria y cuando no.
Ha hecho alusión a la prestación compensatoria
o por aprovechamiento solo rústico no urbanizable,
donde, claro, decir donde, en mi opinión,
yo he defendido que se trata también de un tributo, sin embargo,
parte de la mayoría de la jurisprudencia autonómica
de los TSJs,
han dicho que es una prestación patrimonial pública
no tributaria.
Entonces, efectivamente, existe esa inseguridad,
sobre todo de cuándo una prestación
podrá calificarse o no como tributo.
Y, claro, efectivamente, puede ser una vía
donde las comunidades autónomas podrían valerse con el objetivo
de evitar esa competencia exclusiva y excluyente de la hacienda general.
Entonces, Considero, en mi opinión,
claro, efectivamente, sobre la prestación
para las patrimoniales públicas o tributarias,
considero que sí que, efectivamente, las comunidades autónomas
son competentes.
Sin embargo, hay que tener en cuenta cuál va a ser su configuración,
puesto que si, al fin y al cabo,
se acaba configurando como un ingreso de una entidad local
y que, efectivamente, se asemeja,
puede calificarse como impuesto total de contribución especial,
a pesar de la denominación, a pesar de su nombre en juris,
pues, efectivamente, estaría.
Esa comunidad autónoma invadiendo la competencia exclusiva
que le corresponde al legislador estatal.
Muchas gracias.
Y en el caso de las cuotas del BID, ahí sí que deduzco de tu exposición
que es completamente claro que sí son prestaciones patrimoniales
de carácter público
y, por tanto, no hay ningún problema competencial, ¿no?
Exactamente.
En mi opinión, yo considero que en tanto
en cuanto no encaja dentro de esa definición
que hace el artículo 2 de la Ley General Tributaria
de un ingreso público que corresponde a la entidad local.
Y que podría encajar en impuestos a la contribución especial,
pues, efectivamente, su naturaleza sería
de prestación patrimonial pública no tributaria,
que, como he dicho, es una entidad gestora,
la cual tiene una naturaleza que también
la doctrina administrativista está dividida,
porque hay algunas personas que, sobre todo.
Yo considero, en mi opinión,
que se trata de una administración corporativa,
pero, bueno, eso es otra cuestión.
Pero lo que sí que es cierto es que no se trata
de una administración pública, de una entidad local,
ni tampoco se trata de una entidad privada,
Sin embargo, efectivamente no encajaría dentro de ese artículo
de la Ley General Tributaria
y por esta parte considero que no sería un tributo.
Voy a pedir que atiendas a Hugo López,
que te dé una recomendación.
Te recomienda o te sugiere que,
desde una perspectiva presupuestaria,
que introduzcas también en tu investigación
el análisis relativo a la inclusión o no en los estados
de previsión de ingresos de las aportaciones obligatorias
derivadas de los BIDs.
Quizás se refiere, Hugo, pero se tiene que desconectar,
pero no sé si se.
Me parece que se refiere a los presupuestos
de la entidad local, ¿no?
¿Y qué te parece?
¿Se incluyen?
¿No se incluyen?
La verdad es que no he entrado en analizar el presupuesto
donde se ha establecido.
Sin embargo, de la propia regulación se entiende que, claro,
en el presupuesto al que acabo de aparecer,
los ingresos de una entidad gestora, no sé si estoy todo adecuado.
Sin embargo, efectivamente, se trata de una cuestión que quizá,
pues, atendiendo a su sugerencia, debería analizar, ¿no?
Sin embargo, se trata de un ingreso,
como he dicho, de una entidad que no se trata
ni de un organismo público,
ni de una sociedad de capital público,
ni de una entidad local.
Entonces, claro, aparecer estas aportaciones
y los ingresos de una entidad que no presenta estas características,
no sé si sería conforme a la legislación presupuestaria.
Supongo, intuyo que no se incluirá
en los estados de ingresos de la entidad local,
pero eso estaría bien.
Yo entiendo que tampoco.
Contratarlo.
Muy buena la sugerencia, Hugo.
Muchas gracias.
Muy bien.
Yo tenía otra pregunta, pero no sé si me acordaré.
Ah, sí.
En relación con lo que preguntaba Hugo antes, Creo que has mencionado
que en la normativa de alguna de las comunidades autónomas se prevé
que la comunidad autónoma, al recaudar,
aunque lo transfiera a la entidad gestora, retenga parte del importe.
No sé si es simplemente para cubrir los gastos de gestión.
Entonces, si retiene una parte del importe,
¿esto sí sería un ingreso de la entidad local?
Sí, concretamente son la Comunidad de Cataluña
y Islas Baleares las que pueden.
La Comunidad de Islas Baleares sí que efectivamente lo establece,
que el ayuntamiento retendrá una parte de esa recaudación
y en el caso también de.
De la Comunidad de Cataluña,
dice que puede ser, si no recuerdo mal, hasta el 5%
de las cantidades recaudadas se las podrá detener
por los gastos que presta en cuanto a la recaudación.
Si no recuerdo mal, Quintana Ferrer me parece que hace
alusión a ese importe que retiene el Ayuntamiento.
Uno de sus artículos, una nota pie de página,
hace alusión que se puede tratar de una tasa.
Entonces, claro, si efectivamente tiene dicha naturaleza,
pues efectivamente deberá aparecer en su estado, en sus presupuestos.
Evidentemente, se trata
de un servicio que está prestando la entidad local,
por lo tanto, sí que se trataría de un ingreso de dicha entidad.
¿Tienen alguna pregunta más?
Ya estáis.
De momento estoy bien.
Pues termino yo con una pregunta de momento.
La pregunta es acerca de si puede considerarse la gestora del BID
una entidad corporativa.
¿Qué diferencia puede tener con el convencional?
Sí, bueno, aunque sea un poco más administrativo, ¿no?
Pero sí que es verdad que los colegios profesionales
sí que efectivamente se han entendido como administración corporativa.
Y respecto a sus cuotas, si no recuerdo mal,
creo que de octubre, junio de 2024 hay
una sentencia del Tribunal Supremo
donde viene a decir que no son prestaciones patrimoniales públicas
no tributarias las cuotas que se satisfacen.
Es decir,
hace alusión a colegios profesionales de adquisición obligatoria,
Si bien es verdad que parte de la doctrina yo considero
que también, en cuanto a carácter coactivo,
sí que podrían calificarse como prestación patrimonial pública
no tributaria.
Y en cuanto a su semejanza
con la entidad gestora del BID, efectivamente,
en el ámbito de la comunidad de Islas Baleares y Cataluña,
Se la denomina asociación privada,
para que, efectivamente, la administración corporativa,
la autoridad administrativa, considera que puede presentar.
Hay una tesis privatista que considera que es privada,
una tesis pública, incluso de naturaleza mixta.
Entonces, creo que es un tema que no se siente de debate
y en el que quizá dar una afirmación muy concluyente
no.
No podría darla.
Sin embargo,
sí que considero que la entidad gestora
se aproxima mucho a esta figura,
puesto que, al fin y al cabo,
es de adquirir, aunque en la Comunidad de Cataluña
y la Varela no la configura como de adhesión obligatoria,
de facto está siendo de adquisición obligatoria,
por el hecho de que, por estar situado en dicha zona,
aunque incluso habiendo votado en contra de su constitución,
se viene obligado a satisfacerla.
Sí que la Comunidad Valenciana
dice que es la adhesión a dicha entidad será obligatoria.
Sin embargo, pues de facto yo creo
que la legislación autonómica que la ha regulado
es de adquisición obligatoria.
Y además el hecho
de que pueda atribuirse diversas funciones públicas
en materia de gestión de servicios públicos, Porque, de hecho,
la comunidad de Cataluña dice que la entidad gestora,
en colaboración con el ayuntamiento, asumirá responsabilidades
en ciertos elementos de titularidad pública.
Entonces, estas configuraciones considero que se asemejan
a esa administración corporativa.
Tengo alguna pregunta más.
Una relacionada también con el objeto general de tu tesis,
¿Cómo podría mejorarse la normativa que tenemos ahora,
la normativa autonómica,
para reforzar la finalidad ambiental de estas cuotas o de estas zonas?
Es decir, yo creo que la naturaleza ambiental
de esta figura del BID, de la propia naturaleza
de este modelo de colaboración público-privada,
creo que efectivamente su potencial ambiental es evidente.
Donde la mayoría de las planes de actuación
incluyen medidas medioambientales de transición energética,
sistema de gestión de residuos, reutilización de agua.
Y luego también movilidad sostenible.
De hecho, no lo he dicho,
pero, por ejemplo, en Londres también se aplica en estos BID
que haya centros logísticos unificados donde dicha zona,
en dicha área, los diferentes transportistas
van allí hacia el centro logístico y desde allí ya se distribuye
a los diferentes empresarios del BID.
Entonces, considerado que contribuye a esa movilidad sostenible.
Y en lo que es en el ámbito de las entidades locales,
considero que una manera de reforzar ese carácter medioambiental
podría ser a través de, como he dicho,
las entidades locales aprueban el documento del plan de actuación.
Entonces, una manera indirecta de controlar
ese aspecto medioambiental podría ser con base en dicho control
que pueden ejercer, por ejemplo, estableciendo que deban destinar
parte a ciertas actuaciones medioambientales, ¿no?
, siempre y cuando, pues, se respete esa autonomía
y esa privada.
Al fin y al cabo,
se trata de promocionar una actividad económica
dentro de una zona delimitada.
Y en cuanto a la prestación patrimonial pública o tributaria,
considero que una manera de realizarlo
es con las diversas bonificaciones que se pueden establecer.
De hecho, la única que tiene establecida la posibilidad
de reducir dicha prestación es la Comunidad Valenciana.
Y la Comunidad de Islas Baleares,
donde, por ejemplo,
esa reducción o bonificación de hasta el 80% de la cuota,
dice que es para actividades que persigan una finalidad benéfica
o interés general.
Considero que quizá el interés general podría ser adecuado
para financiar ciertas actuaciones medioambientales, por ejemplo,
en función de que dispongan de certificado
de eficiencia energética.
O, por ejemplo, aprovechando en la Comunidad Valenciana,
Aprovechando esa posibilidad de aplicar reducciones,
uno de los supuestos que establece es otras circunstancias especiales
que justifiquen dicha reducción.
Por lo tanto, considero que podría ser adecuado.
Hay un mensaje de Luisa.
Sí, hay un mensaje de Luisa que primero felicita a la UNED
y a Roque.
Y a la Universidad de Lleida por extensión.
Por implicación.
Misa comenta lo siguiente,
dice, muchos de los aspectos más controvertidos de estas figuras
provienen de intentar adaptar a nuestro ordenamiento
aspectos del modelo internacional BIR que no existen en nuestro derecho.
Intenta forzar las posturas de algunas instituciones por ello.
Por eso, en Valencia las configuran como corporaciones de derecho público
de adquisición, de adquisición obligatoria.
Sí, de hecho, en el preámbulo de dicha ley,
Muchas gracias.
Y, bueno, aplicado también en el preámbulo
de dicha ley de Valencia, hace alusión,
recoge una sentencia y una subvención porque, claro,
en relación con esas asociaciones de adquisición obligatoria,
pues se planteó en el tribunal la posibilidad de que pudiera
estar vulnerándose ese derecho a asociación, ¿no?
, a libre asociación.
Entonces,
De hecho, para intentar justificar esta adquisición obligatoria
y esa configuración que realiza la legislación valenciana,
el propio programa de ley se remite a esa sentencia donde establece
que no vulnera ese derecho a la libre asociación.
Es decir, no es efectivamente como tal ese derecho
a asociarse libremente, sin embargo,
pues, se basa para justificar esa adquisición obligatoria
en la sentencia.
No es el propio preámbulo el que hace alusión
a esa jurisprudencia.
Tengo una más.
Entonces, queda claro que es una figura muy interesante
y desde un punto de vista de política legislativa, ¿crees que debería,
que otras comunidades autónomas
deberían inspirarse en los modelos existentes?
Que es una figura que podría trasladarse.
A otras comunidades autónomas y, si se hiciera así,
de los, bueno, no sé si decir dos o tres modelos,
porque dos son más parecidos,
de las tres legislaciones autonómicas, ¿cuál crees que sería
la ideal para que se inspiraran en ella otras comunidades autónomas?
Pues, la verdad, no me quedaría concretamente
con un modelo concreto de la legislación,
puesto que, sin embargo, sí que es verdad.
Quizá la posibilidad de que los ayuntamientos
puedan colaborar mediante la ordenanza municipal,
como se regula en Cataluña y Las Baleares,
me parece más adecuada.
Y de esta manera poder también ese principio
de reserva de ley en materia de bonificaciones,
que como he dicho, esas reducciones de la cuota que establece
la Comunidad Valenciana,
que se la encomienda directamente a la entidad gestora,
considero que eso vulnera el principio de reserva de ley.
Sin embargo, la comunidad de Lavaleres
sí que establece que sea el ayuntamiento,
y en esa ordenanza municipal,
la que pueda establecer esas bonificaciones que pueden tener
esa eficacia medioambiental.
Entonces, considero que sí que, efectivamente,
debería ser quizá un modelo más bien mixto.
Ciertas circunstancias son más adecuadas de una legislación
o de otra.
Y en ese modelo mixto, ¿sí sería más adecuado calificar
la entidad gestora.
Como una entidad corporativa que como una entidad
privada sin ánimo de lucro?
En mi opinión, sí.
Bueno, al fin y al cabo, claro,
aunque lo configure como una asociación privada,
como hace la legislación de Cataluña y las Baleares,
el hecho de que se le atribuya esas posibilidades,
responsabilidades públicas, atribución
de ciertas responsabilidades en materia de metodología pública,
pues quizá más adecuado sería que,
como hace la legislación de Valencia,
pues sí que se le atribuya ese carácter de naturaleza pública,
de carácter administrativo.
También considero que podría ayudar a clarificar un poco también
esa entidad gestora.
A ver si hemos llegado ya al final de las preguntas,
si no hay más preguntas.
Pedro, ¿estás seguro?
Un día más,
pero no vamos a agotarlo aquí en la comida.
Bueno, pues a ver con mucho a los que estáis conectados
y a los que estáis aquí en sala.
Y a Roque, la clarísima exposición y yo como directora de la tesis,
la verdad que estoy fascinada porque me parece complejo
y muy valioso.
Hay dificultades para.
Para nadar en estas aguas tan turbulentas a veces
y tan profundas.
La capacidad de roque, de concentración,
de trabajo es admirable y quiero seguir aprendiendo con él, ¿no?
Porque es lo que estoy haciendo.
Así que te lo agradezco mucho y os agradezco mucho
que hayáis estado con nosotros.
Muchísimas gracias por esas palabras, ¿no?
Y también por la oportunidad de estar aquí a mi lado, ¿no?
Y también a Pedro, por toda la ayuda inestimable.
Y también gracias a los participantes por sus sugerencias,
por sus preguntas.
Y también muchas gracias a la UNED y a la Facultad de Derecho.
Y esperemos que poco a poco se vaya clarificando también
el asunto de las prestaciones patrimoniales y tributarias.
Yo creo que para el desarrollo futuro de la tesis,
no solo en esta.
Pues me parece especialmente interesante
la observación de Luisa Esteve en el sentido
de cuando trasladamos esto que se llama ahora
los trasplantes jurídicos.
¿Trasladamos instituciones extranjeras?
Bueno, pues hay algunas cuestiones que se pueden trasladar
y quizá otras no y no conviene forzar las costuras jurídicas.
Pues esta idea de Luisa me parece muy interesante
y seguramente le podemos sacar partido
a lo largo de tu investigación.
Sí, estoy de acuerdo.
Enhorabuena a la codirectora, gracias al público,
a la Universidad de Lleida
y a ti especialmente, Roque, por todo tu trabajo.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues nada, un aplauso.