Poema, tema 2.
Sujetos, jurisdicción y competencia civil.
El órgano judicial que conoce de un proceso nunca se elige al azar
ni se negocia con eso,
pues si no existieran normas que regularan el tema,
la independencia del juez constituiría un problema.
Juntos, pero no revueltos,
es cuando los ingredientes cueces en distintas ollas
y sirves en una fuente.
Traigo este similar tema porque les voy a explicar
que aunque son cosas distintas, juntas se deben tratar.
Se llama jurisdicción la potestad del Estado que ejercen en exclusiva
los jueces y magistrados en su labor de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Es el poder judicial el órgano apoderado.
La jurisdicción se extiende a personas y materias
en territorio español, sea en el mar o en la tierra.
Es única e indivisible
y en su control no hay resquicios, pues la revisan las partes
y si no, se hace de oficio.
Es un poder soberano, no en vano emana del pueblo,
administrar la justicia con los límites concretos
que impone la competencia y normas de procedimiento
conforme a la jerarquía de las fuentes del derecho.
Civil, penal, contencioso, administrativo y social
son órdenes o divisiones que sirven a organizar las cuestiones litigiosas
y así poder aplicar a cada una de estas su derecho procesal.
La competencia vincula, de modo particular,
a un conflicto planteado a un preciso tribunal,
según la función, objeto o el sector territorial
y las normas de reparto en la oficina judicial.
Si iniciado ya un proceso, observa un legitimado que el tribunal elegido
no ha sido el adecuado, mediante declinatoria en los diez
primeros días puede suspender los autos
para que a otro lo dirija.
Se da traslado a las partes, luego opina el fiscal.
El juez revisa los hechos
y si observa que está mal, dicta un auto resolviendo,
señalando el competente y sobresee el asunto
o se lo remite urgente.
En los procesos civiles existe una jerarquía.
El más alto es el supremo.
Superiores de justicia, las audiencias provinciales,
los tribunales de instancia, jueces y juezas de paz
también tienen su importancia.
En resumen, los jueces y tribunales,
dice la Constitución, aplicando la justicia,
gozan de jurisdicción.
Por ende, la competencia toma en consideración
los criterios de reparto de las causas en cuestión.