Continuamos de nuevo.
Tenemos ahora el placer
de escuchar la conferencia del profesor Antoni Millán y Massana.
Antoni Millán y Massana
han sido catedrático de Derecho Administrativo,
porque está jubilado ahora, ahora es catedrático honorario,
de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y nos conocemos personalmente desde hace décadas.
Siempre nos han ligado otros temas.
Derecho lingüístico y otros temas.
Y él personalmente en sus últimos años
ya se había dedicado un poco a.
A la atención a las personas sin hogar,
a nivel voluntario, a nivel personal,
pero en los últimos años decidió que podía tomar
la iniciativa académica también sobre esta temática,
ya que él es jurista, pues desarrollar,
plasmar sobre papel, sobre un proyecto de ley,
pues algunas de las inquietudes que había ido desarrollando
con un grupo de personas, con un grupo de trabajo,
y ha abanderado una iniciativa legislativa popular.
Que se presentó en el Parlamento de Cataluña
en la legislatura anterior, en el año 2020,
que murió con la finalización de la legislatura
y que ha vuelto a presentarse.
Es básicamente de lo que va a hablar, de esa iniciativa popular
que está muy trabajada, que tiene unos 150 artículos y múltiples
disposiciones adicionales, Y también os quería mostrar
un pequeño libro que he publicado hace un par de años, que es catalán,
que es Sinogarismo, Sensei Yarisme,
que un poco recoge la experiencia de ese grupo de trabajo.
Un libro breve, con pequeños testimonios,
son 21 pequeños textos, donde está haciendo un poco también
el diagnóstico que también estamos haciendo aquí,
que es muy interesante.
Un texto que ayuda también a entender.
Lo que hay detrás de esa iniciativa legislativa popular.
Y ahora, sin más, le cedo la palabra al profesor Antonio Emiliano.
Bien, muchas gracias.
Ante todo agradecer a la Universidad Nacional de Educación
a Distancia y al profesor
Xavier Arzóz por haberme invitado en este seminario
sobre nuevas perspectivas en relación al sinogarismo.
Bien, yo les voy a comentar, como me lo adelantaba,
una experiencia,
una iniciativa que inicié en Cataluña en el 2018,
y era pensar que teníamos que abordar el tema del sinogarismo
con mayor ambición y que probablemente la mejor manera
de hacerlo era establecer un texto legal,
un texto articulado, en el que se recogiera una serie
de derechos a favor de estas personas para transformar su situación
y que salieran de este sinhogarismo.
Entonces, por esto el título es una ley
para el sinhogarismo sin techo y sin vivienda.
En este momento es una proposición de ley que se está tramitando,
todavía no está aprobada, todavía no es una ley.
Va dirigida a no todos los sinhogarismos,
y ahora lo explicaré,
sino a los sin techo y las personas sin vivienda.
Y lo que tratamos con ellos es además cubrir un vacío,
si nos dimos cuenta que había un vacío legal,
sobre todo para estas personas.
Ya sin más preámbulos, pues solo explicar brevemente,
aunque es una cosa conocida, y es que el sinhogarismo
es un fenómeno que tiene muchas conceptualizaciones.
La que de alguna manera cuenta con un mayor apoyo
es la tipología realizada por FEANSA,
una federación que agrupa las entidades que trabajan
con las personas sin hogar y que clasifica
en cuatro grandes grupos el sinhogarismo.
Las personas sin techo, Las personas sin vivienda,
las que están en una vivienda insegura
y luego la cuarta categoría sería las que están en una vivienda
inadecuada.
Pues bien, nosotros en la proposición de ley solo
tratamos las dos primeras categorías de sin hogarismo,
las de vivienda insegura y vivienda inadecuada.
La vivienda insegura sería en situaciones
como, por ejemplo, las ejecuciones hipotecarias,
que son sujetas a ejecuciones hipotecarias,
a desahucios por impago de rentas de alquiler
o que están ocupando una vivienda
pero sin título y que tienen el riesgo
o ya están en camino de tener que abandonar de manera forzosa
esta vivienda que están ocupando.
La vivienda inadecuada supone supuestos de infravivienda,
de viviendas sobreocupadas,
supuestos que se trata de estructuras desmontables
que quienes los ocupan ellos mismos han autoconstruido,
personas que viven en caravanas, en campamentos, etcétera.
Estos dos tipos de sinhogarismo, el 3 y el 4, nosotros no los tratamos
porque, en primer lugar, es una cuestión que,
aunque hay aspectos sociales importantes a considerar,
sobre todo son problemas de vivienda.
Además, ha habido legislación que, de alguna manera,
no con mucho éxito, ha tratado de ocuparse.
Y el legislador ya tiene en cuenta este tipo de sinhogarismo.
Pero nosotros constatamos que, en cambio, el otro sinhogarismo,
las personas sin techo y las personas sin vivienda,
están prácticamente abandonadas.
Solo pueden disfrutar los derechos generales
de cualquier ciudadano, pero no hay medidas legales
pensadas específicas para este tipo de sinhogarismo.
Y es a él que nosotros nos hemos querido referir y tratar
con las medidas de esta propuesta de ley que enseguida explicaré.
Esta clasificación del sinhogarismo.
Tiene luego unas subcategorías y, en concreto,
las dos categorías conceptuales que trata la proposición,
los sin techo y sin vivienda,
luego se desarrollan en siete categorías.
De todas ellas, se ocupa la proposición,
excepto de la quinta,
que verán que se opone supuestos de los elementos temporales
reservados a los inmigrantes, a los demandantes de asilo.
Para los demandantes de asilo,
para los demandantes de protección internacional,
no se ocupa la proposición, los excluye,
porque ya hay una normativa propia a partir de directiva europea
y legislación estatal
sobre las personas que solicitan este tipo de demanda de protección.
Y hasta regular las condiciones materiales que les facilita,
en este caso, el estado de acogida,
en los cuales está el alojamiento.
Con lo cual, se cumple o no se cumple,
en este caso ya tiene su legislación específica
y, por lo tanto, quedan excluidos del tratamiento que se hace
en la proposición.
Para que tengan una idea del volumen de personas que serían afectadas
por ese texto legal, en Cataluña,
a partir de una fuente que es el marco de acción para el abordaje
del sinogarismo 2022-2025, habría en total,
si sumamos los sin techo y los sin vivienda,
se trata de 11.200 personas.
Antes se comentaba que el sostenibilismo era abordable,
que eran unas cifras que afortunadamente
todavía no son exageradas, pero aquí también pensamos en Cataluña
que abordar la situación de esta cifra de personas
afectadas es algo que es posible y que se puede hacer siempre y cuando
se tenga interés para ello.
En realidad, estas cifras se corresponden al 2016.
Hay dificultades de tener cifras, porque se hacen recuentos,
se hacen encuestas, pero de todas maneras es difícil.
No hay una metodología clara establecida
y las entidades que han trabajado, han colaborado en esta iniciativa,
calculan que estamos no en 11.200,
sino que la cifra estaría alrededor de 18.000 personas.
Pero sigue siendo una cifra que consideramos
que es totalmente abordable.
En Cataluña se ha dictado numerosa legislación,
como también en otras zonas autónomas,
en materia de vivienda.
Aquí solo pongo algunos ejemplos, las más significativas.
Pero, me refería antes, estas leyes han tratado el tema de la vivienda
y, en relación al sinogarismo, lo único que ha afectado
al sinogarismo es lo que antes comentaba,
los supuestos de sinogarismo de viviendas inseguras
o inadecuadas.
Son medidas providentes de viviendas,
son medidas para que tratan, por ejemplo,
de evitar algunos de los efectos de las ejecuciones hipotecarias
o de los desahucios por motivo de impago de rentas.
Pero no se ocupa en parada del sinogarismo al cual trata de cubrir
la proposición que hemos elaborado.
No me voy a entretener,
porque el tiempo ha sido un poco más limitado.
Además, esta legislación, ya es conocido,
ha sido objeto de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.
Entonces, hay aspectos que han quedado vigentes,
otros que han sido anulados,
sobre todo por cuestiones de orden competencial,
o, por ejemplo, en algún caso, como el decreto ley,
que cubría materias que no eran propias del decreto ley
y cuando el Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad.
En todo caso, no resuelven para nada
lo que es el sinogarismo al cual trata de poner remedio
la proposición a la cual estoy refiriendo
y que explicaré su contenido.
Hay normas que citan el sinogarismo,
que hablan del sinogarismo.
En Cataluña aquí las que hacen alguna referencia son
las cuatro que en la parte superior.
Pero las referencias son vagas, son genéricas.
No se trata de medidas sustantivas que articulen realmente derechos
o iniciativas muy concretas para este colectivo.
Y en relación con la ley estatal, mucho más reciente,
del 2023, se refiere en dos preceptos a este sinogarismo.
Hace una definición, la definición del sinogarismo,
del artículo 3,
y la ley estatal, Es lógico, porque trata de cubrir un flanco amplio.
Hace la definición
cubriendo las cuatro categorías de sinhogarismo.
Si la van leyendo con atención, ahora no voy a tenerme,
pero cubre las cuatro superiores de sinhogarismo.
Los dos que cubrirán la proposición de ley que estamos tramitando,
pero también cubre los otros dos superiores de sinhogarismo.
La ley estatal es una ley amplia,
es una ley que de alguna manera hace, entre comillas,
pero como de bases para que luego desarrollen
en sus compañías las zonas autónomas y tiene su lógica
que tenga una concepción en este sentido generosa
de lo que es el sinogarismo.
Tampoco tiene medidas concretas y efectivas
destinadas a superar ese organismo,
sino que lo que hace es decir que hay que hacer programas,
que hay que hacer programación, que hay que promover medidas,
pero no toma medidas.
También tiene su lógica,
porque ya se comentó en las intervenciones anteriores,
que en buena medida esto corresponde a las competencias autónomas.
Por tanto, es lógico que la legislación estatal
no entre en estos detalles.
En todo caso, vengo a subrayar que, tanto en la ley estatal
como en las leyes dictadas en Cataluña,
hay disposiciones generales, afirmaciones genéricas,
pero no hay medidas concretas.
Y, por tanto, este sinhogarismo de sin techo
y sin vivienda siempre queda al margen,
siempre queda abandonado.
Entonces, ¿por qué la proposición de ley?
¿Por qué hemos tenido esta iniciativa?
Pero para cubrir este vacío legal, ¿cuál le hacía referencia?
No hay medidas específicas para este sin hogarismo sin techo
y sin vivienda.
Y en cambio sí que vimos que había un tratamiento homogéneo
de estos dos sin hogarismos
y un tratamiento homogéneo distinto que corresponde a los otros dos tipos
de sin hogarismo al que me refería con anterioridad.
Nosotros lo que primero hicimos es barajar.
A las leyes sectoriales,
a ver si con modificaciones a las leyes sectoriales
bastaba para tratar de regular y hacer frente al sinogarismo.
Nos dimos cuenta que no, que hay una serie
de medidas que no tenían cupo en las leyes sectoriales,
que tenían que dictarse ex novo y que requerían un texto legal propio
y específico.
Y lo que intentamos elaborar era un tratamiento
por lo integral y específico de estos dos tipos,
de estas dos categorías de sinogarismo.
Y era preciso hacer una ley,
pero una ley que no es una ley de vivienda.
En Cataluña ya había desde el 2007 una ley,
e incluso anterior también había otra ley del derecho a la vivienda.
Pero se trataba de modificar la legislación de vivienda,
sino de hacer una ley que tratara este fenómeno.
Que tiene problemas de vivienda,
ya se comentó antes que realmente el problema de fondo
es que falta vivienda para esas personas,
pero también aquí hay muchas medidas a tomar de carácter social,
de carácter sanitario, de carácter sociolaboral,
etcétera.
Y todo esto se tenía que regular en un texto propio,
que es el que tratamos de elaborar en esta proposición de ley.
No es una ley de vivienda, no es una legislación de vivienda,
pero es una ley que lleva hacia la vivienda,
que queremos que lleve a estas personas
y conecta la legislación,
como luego veremos a partir del artículo 70
de la ley de vivienda, de derecho a la vivienda catalana,
conecta con la legislación de vivienda.
Otros motivos del porqué de la prohibición.
El carácter limitado que hemos visto con las estrategias
e incluso diría con los planes.
Aquí antes se ha hablado con los planes.
Los planes,
las estrategias son instrumentos absolutamente necesarios,
pero.
Consideramos que son insuficientes, es decir,
son necesarios para implementar las políticas,
pero que había que crear un marco legal previo,
que es lo que hemos pretendido, un texto articulado.
Yo cuando fui a creer el equipo técnico
y fui a ver a las entidades sociales para, de alguna manera,
proponerles esta iniciativa, les dije yo,
aquí lo que propongo es un texto articulado,
quizá por vicio de esta formación jurídica,
Para mí lo que sirven son los textos articulados.
Artículo 1, artículo 2, artículo 3, que se reconozcan unos derechos
y tratar luego que se aplique.
Pero hay veces de leyes que luego no se aplican,
pero al menos tener el texto legal.
Pues esto es un poco lo que se depende de la proposición.
Tener un texto articular,
un marco en el que luego ya se harán las estrategias, los planes,
los modelos que antes se comentaba, que es muy importante
esas políticas públicas
y comprobar lo que sirve y lo que no sirve,
lo que es eficiente y lo que no es.
Antes había que construir un modelo, que es lo que pretendemos
con esta proposición.
Cuando inicié esta iniciativa,
era el 2018, todavía en el ámbito europeo
había habido unas resoluciones sobre el sinogarismo,
pero ha sido a partir, sobre todo, del año 2000,
de unas resoluciones del Parlamento,
con la Plataforma Europea para Comunicar el Sinogarismo,
que desde Europa se han puesto unos objetivos,
unos horizontes, ¿no?
Y justamente, antes lo comentó la directora general
de Diversidad Familiar y Servicios Sociales,
uno de los horizontes es que el 2030 haber intentado,
si no haber acabado con él, al menos haber menguado
mucho este sin hogarismo de calle y este sin hogarismo sin vivienda.
Pues viene a coincidir con el propósito
de esta proposición de ley,
que nosotros habíamos estimado que, una vez entrara en vigor,
en un plazo de dos años prácticamente se pasara a vivienda
y en el plazo de cinco años prácticamente ya estuviera vivienda.
Es que prácticamente debería coincidir con estos objetivos.
Era un momento que creamos propicio porque ya llevaba más años
con muchas entidades sociales que trabajaban sobre el sinogarismo.
El sinogarismo ya empezaba a ser una manifestación,
un problema social, que era objeto de debate, de comentario,
de artículos en la prensa, de reportajes,
y por tanto ya había una cierta concienciación
sobre la materia.
Y luego, por supuesto, porque hay un sufrimiento social.
Enorme en las personas que viven en la calle
y cuánto era urgente tomar alguna medida
para hacer frente a ello.
Con esto nació la iniciativa, una iniciativa para la cual,
antes se hablaba también de la importancia que interviene
el mundo académico, pues aquí es lo que se hizo,
una especie de alianza entre el mundo académico
y el mundo de las entidades sociales.
El Mundo Académico creó un pequeño equipo
y en lo que se refiere a las líneas sociales,
primero se incorporaron tres entidades, Santegidio,
San Juan de Dios Servicios Sociales y Arrels Fundación,
y luego se sumaron Caritas y otra entidad que es ASIS,
Centro de Acogida.
Con estas entidades y con este pequeño equipo
iniciamos la redacción del texto legal
y comenzamos.
Más adelante,
cuando tuvimos terminado, que esto era a principios del 2021,
había nueva legislatura en el Parlamento catalán,
fuimos a encontrar a los diversos grupos parlamentarios
y a proponerles que asumieran esta proposición.
Discutimos si teníamos que hacer una iniciativa de legislativa popular
o si lo que hacíamos era una proposición de ley,
no un proyecto que sería una iniciativa del Gobierno.
Y al final decidimos por la proposición de ley.
Dos razones nos impulsan ello.
Por un lado, empezamos en época COVID
y recoger firmas para iniciativa de legislatura popular era difícil
y complicado.
En segundo lugar, yo creo que las mismas entidades
tampoco estaban seguras de conseguir el número de cifras suficientes.
Su trabajo les desborda y, por tanto,
ocuparse para la recogida de firmas tenía una opción inconveniente.
Y decidimos optar por la proposición de ley.
Pero, además, también con la intención
de que fueran los propios políticos, los propios grupos, por lo menos,
que asumieran la responsabilidad de ser ellos los que lo tramitaban.
Que no les venía de fuera,
sino que el texto les venía de fuera,
pero ellos lo asumían y lo tramitaban.
Fuimos a.
Esto fue un trabajo relativamente largo,
de entrevistas y de convencer, pero conseguimos que sí,
que en la legislación anterior, siete de los ocho grupos parlamentarios
lo firmaran y lo presentaran otra vez en el registro.
Esto entró en enero del 2022.
La tramitación fue lenta, especialmente el trámite de audiencia
a entidades, expertos y organizaciones,
que eso les ocupó casi 14 meses.
Con lo cual, se llegó ya en marzo del 2024,
del año pasado, ya estamos en fase,
se habían empezado las enmiendas al articulado,
cuando ya era la última fase,
y lo que correspondía era discutir las enmiendas y, con esto,
que el informe de la ponencia pasara a la comisión
y luego la comisión al pleno.
Habíamos calculado que probablemente en el otoño del año pasado
se habría aprobado el texto legal.
No sabemos qué tipo de enmiendas irán prósperas y cuáles no.
Tenemos un poco la impresión, ya habíamos hablado con ellos,
pero resultó que hubo disolución del Parlamento en el mismo marzo.
Tuvimos la suerte de que al menos se publicaran las enmiendas,
con lo cual también tenemos conocimiento y queda constancia
de lo que se había trabajado hasta la fecha.
Bueno, esto nos obligó a replantear y a volver a retomar el tema.
Porque al no ser una iniciativa civil popular,
resulta que decayó todo el texto.
O sea, había que empezar de nuevo la tramitación.
No quedaba en el momento
en que se había desuelto el Parlamento.
La legislatura de 2025 debió empezar en junio,
me parece, aproximadamente, pero ha sido en febrero que ha vuelto
a entrar el texto en el Parlamento.
Ahora ya está, ya se ha iniciado el trámite.
Se publicó la proposición el 10 de marzo,
o sea, muy recientemente.
Ya estamos pendientes de que el Pleno debata.
Si se tramita o no,
si hay alguna votación favorable, lo será porque en principio han sido
seis de los otros parlamentarios que han presentado el texto
y, por tanto, se supone que seis grupos van a votar
que se vaya a tramitar.
Por tanto, en principio,
se reinicia la tramitación.
Entonces, los sujetos beneficiarios de la proposición de ley,
antes lo comentaba, eran los supuestos
de la clasificación netos del 1 al 7,
y por tanto la ley lo define aproximadamente en personas
que viven en la intemperie o personas que estarían en la intemperie
si no fuera que una administración pública
o una entidad les pone un techo, un medio,
un espacio en el cubierto donde puedan pernoctar.
Antes me refería a que la ley estatal
recoge una concepción amplia del sinogarismo,
pero sí que es verdad que las últimas iniciativas estatales,
que antes he hablado esta mañana, la Estrategia Nacional para Echeverría
del Sinogarismo, o esta misma resolución anterior
a la aprobación,
pero que en realidad lleva la intención
de desarrollar la estrategia,
la resolución que es un acuerdo marco entre Estado y comunidades autónomas
y entidades locales, En principio, sobre todo,
ponen énfasis justamente en el sinogarismo sin techo
y sin hogar.
Es decir,
que aquí hay una cierta convergencia entre esta iniciativa estatal
y la otra iniciativa de esta proposición de ley.
¿Y cuáles son los objetivos?
Un poco me he referido y creo que es fácil de adivinar.
Por un lado, acabar de forma inmediata
con la situación de dormir en temperie.
Por tanto, poner fin a la situación de las categorías operativas
1 y 2 de ETOS.
Luego, mitigar transitoriamente,
mientras esas personas todavía siguen en la calle,
mitigar su situación de penuria y de fragilidad.
Son situaciones que sufren, que están en situación muy penosa,
y pues hay que tomar una serie de medidas
para favorecerles, al menos en este sentido que están,
que sean menos duros y que sean más transitables.
Y se potencia el acceso a los servicios públicos
ya existentes,
pero que su situación de vida les hace muy difícil el acceso
y se crean de nuevos específicos para sus necesidades.
Y luego se promueve que este espacio social digno
que se crea para garantizar que haya un techo,
que haya un espacio donde se pueda pernoctar,
que tendrá, lo explicaré, diversas modalidades,
luego que en un plazo superior se, sobre todo,
se trate de alojamientos que permitan la autonomía personal.
El ideal serían las viviendas de inserción,
pero si no, al menos se trata de residencias
o residuos estacionales,
no de otros supuestos que, de manera más de emergencia,
sí que consideramos en el inicio, para que no estén en la calle,
pero que luego habrá que ir eliminando,
como sería, como comenté, albergues, pensiones o incluso hoteles.
Estos serían los objetivos.
Y en relación con los servicios ya existentes,
comentaba que se trata de promover su ejercicio.
No hace falta explicar que tienen dificultades.
Para nosotros a veces se nos hace difícil acceder
a la administración con las citas previas,
con el sistema digital.
Imagínense las personas que están en la calle que no tienen recursos.
Pues bien, aquí las medidas es recordar.
Y mirar de poner acceso a servicios sociales,
asistencia sanitaria,
que les legue y que puedan acceder a las prestaciones de renta
garantizada de ciudadanía, al ingreso mínimo vital,
programas y servicios de ocupación en Cataluña,
derecho de sufragio, también tienen derecho a poder votar
porque no pueden ejercer.
Algunos de estos derechos
o muchos de estos derechos precisan estar empadronados.
Muchas de esas personas no están empadronadas.
Algunas porque tienen dificultades, como comentábamos ya,
por cómo tramitarlo y otras por la situación irregular
y que resulta que hay municipios que,
aunque estén obligados a empadronar a esas personas,
no lo hacen, les rechazan ese emprendimiento.
En la proposición
dedicamos un artículo al tema del empadronamiento,
lo que pasa es que es una materia estatal,
es una materia regulada en las bases del régimen local,
luego desarrollada en algunos reglamentos,
y nosotros lo que hacemos es recoger lo que dice la normativa estatal,
que es esta obligación,
recordar que es una obligación, Luego,
recordar que el hecho de no tener una vivienda no impide y siguen
estando los ayuntamientos obligados a empadronar
a través de lo que en una instrucción se regula, instrucción estatal,
que es el domicilio ficticio.
Y en ese domicilio ficticio, en principio, esa instrucción estatal
dice que puede consistir en que se utilice como domicilio
para las notificaciones de estas personas
los mismos establecimientos de los servicios sociales
o los establecimientos del municipio.
Y luego deja una cierta ambigüedad si puede haber también otros espacios
donde pueden servir de domicilio.
Acogiéndose a esta ambigüedad,
nosotros aquí sí que hacemos una ampliación,
creemos que eso no es básico y que, por lo tanto,
no es inconstitucional.
En todo caso, lo ampliamos también en que las entidades sociales
que están acreditadas en sus domicilios
pueden servir de domicilio para el empoderamiento
también de personas a las cuales ellas atienden
y puedan demostrar que están atendiendo
a esas personas.
Esa, digamos, sería la pequeña novedad,
que es esta concreción que en la instrucción estatal
no está concretada.
Bien, ya en relación con los servicios de nueva creación,
la figura, digamos, principal sería el espacio arcedial digno.
Principal porque es la figura con la que tratamos de dar un techo,
un espacio a todas las personas que en estos momentos viven en la calle.
Sabemos que de forma inicial no disponemos de viviendas
para poder acoger a esas personas
y, por tanto, tenemos que tomar otros recursos.
Y, por tanto,
hay diversas modalidades de espacio residencial digno,
que van desde una pensión, un hotel, un albergue,
un establecimiento residencial, un alojamiento dotacional,
una vivienda de inserción.
Pero, como decía antes, siempre con la orientación
de que hay que tender hacia el alojamiento dotacional
y hacia la vivienda de inserción.
Y no se trata de ir pasando por cada uno de esos estadios.
Si no, a lo mejor tendrás que acogerte a uno de estos estadios
porque no hay otros recursos,
pero luego tendrás que poder pasar al estadio final, que es poder acceder
a una vivienda.
No se trata de ir mejorando la situación dentro de la penosidad
de estos recursos.
Los cuatro primeros recursos,
la propiedad los incorpora la cartera de servicios sociales.
Y esto tiene diversas ventajas,
primero porque es un instrumento existente,
no tenemos que crear de nuevo un instrumento para este servicio,
pero además porque lo articulamos como prestación garantizada.
Esto significa, si es una prestación garantizada,
que hay un derecho subjetivo a reclamar esta prestación.
Con lo cual, si la Administración no presta, no da prestación,
a quien lo necesita, ese espacio es el digno,
entonces esa persona se impugna y va a los tribunales,
el tribunal puede obligar a la Administración a cubrir,
tiene que buscar una solución para esas personas.
Se trata, por ejemplo, de un verdadero derecho,
a través de créditos ampliables
u otras fórmulas económicas.
El espacio tiene que ser digno.
Si es pensión, si es hotel, albergue,
se definen los mínimos requisitos que tienen que reunir los espacios
para que sean realmente considerados como dignos.
Servicio básico no especializado, consideramos.
Eso se puede discutir,
y eso sí que hemos dicho a los grupos parlamentarios,
que lo decían ellos, que servicio básico,
un peso económico se ralada más hacia los municipios, que están,
digamos, ahogados económicamente.
Si es un servicio especializado, el coste económico
lo tiene que cubrir más la comunidad autónoma.
Pensamos que ellos tienen que decirse ello.
Pero sí que lo hemos visto como prestación social básica
a efectos de la legislación de extranjería.
¿Por qué?
Porque de esta manera se pueden utilizar esos servicios
las personas extranjeras que están en situación irregular.
Cada vez nos encontramos con más personas
que vienen a la calle, que son personas extranjeras,
y además también cada vez más con personas irregulares.
Aquí no entramos si esas personas tienen que seguir estando
en el territorio español o no.
Aquí lo que se trata es que si están en el territorio español,
tienen que dárseles un trato digno,
a lo que es su presencia humana.
Y, por tanto, aunque sean personas irregulares,
tienen que tener derecho a tener este techo que haga
que no estén en la calle.
Y, por tanto, lo hemos catalogado como prestación social básica
a efectos de extranjería.
Establecemos un periodo transitorio de dos años,
a partir del cual, en principios de la entrada en vigor del texto,
tendría que haber ya un espacio real digno
para todas las personas que quieran acogerse a este tipo de servicio.
Lo que es la modalidad de vivienda e inserción,
esta no la ponemos en la cadena de servicios sociales,
sino que como materia de vivienda que es,
se queda en la normativa de vivienda
y se regula a través de la normativa de vivienda.
Y es donde, en principio, queremos que desemboquen
los demás supuestos de especialización digno en medida
que vayan evolucionando y se va incrementando
el parque público de viviendas y además viviendas de inserción.
Otro tipo de servicio que establece
y que garantiza la proposición son los centros de baja exigencia,
centros para situaciones de emergencia,
pensados en situaciones de emergencia,
también están en la cartera de servicios sociales
y.
Sobre todo que se aprenden de situaciones de calle inmediatas,
que hay que dar una respuesta efectiva e inmediata.
Personas con graves adicciones
que no pueden estar en un espacio racial digno,
pues al menos pueden pernoctar,
que es un solo principio para pernoctar,
pueden acogerse al menos a estar en la calle,
en ese tipo de centros que nos llamamos de baja exigencia.
Otros derechos y servicios
que establecemos transitoriamente para mejorar su situación de vida,
pues se garantiza el servicio de consigna, de lavandería,
acceso a alimentación.
Un título de transporte gratuito
son personas que van con sus pocas pertenencias,
pues tienen que ir a ducharse a una entidad,
van a comer a un comedor municipal que está en otra punta de la ciudad,
van haciendo recorridos de manera penosa,
tienen un título de transporte que les permita favorecer ese tipo
de recorridos.
Tomamos algunas medidas sobre el uso del espacio público.
Y, por ejemplo, en la proposición se dice
que no se puede impedir dormir en la calle
mientras no se garanticen
esos servicios del espacio regional digno.
Si la visión no garantiza, ¿cómo vas a impedir
a alguien que no tiene ningún sitio donde ubicarse?
Y salvo que impidan el sitio en que están el tránsito libre
a las personas o comportar riesgos.
Entonces se les puede trasladar.
Pero no impedir y perseguir el hecho de que se duerma en la calle.
Y lo mismo cuando utilizan la calle para otro tipo de actividades que es
que no tienen otro sitio donde realizarlas.
Incluso las necesidades fisiológicas.
Yo cuando he estado con gente que está en la calle,
es que tienen ansiedad de ir donde van.
Son las doce de la noche, están los bares cerrados
y donde van.
Bueno, pues fueron a un rincón de un parking ahí
y tal, ¿no?
Claro, si esto a lo mejor se le puede multar,
no tiene sentido multar a estas personas que no tienen el espacio,
el sitio donde poder arreazar este tipo de necesidad.
Y luego, otra realidad que nos encontramos
es la dificultad de despedir a esas personas
cuando fallecen.
Evidentemente se les entierra,
ni que sea no por cuestión de humanidad,
sino pues de salubridad, pero.
No hay posibilidad de tener un velatorio, una capilla,
una sala donde despedirles.
Pero aquí se les garantiza un mínimo para poder hacer,
como hay que dar continuidad hasta su final,
también poder hacer una despedida adecuada.
Para todo ello, se establecen unos instrumentos.
Antes decía que los planes eran insuficientes,
pero son necesarios.
También hay que establecer unos planes
para llevar a cabo todo este tipo de medidas
a las que me he estado ahora refiriendo.
Con esos planes se pretende obligar a municipios que ahora no actúan,
que actúen.
En el área metropolitana de Barcelona,
es un ayuntamiento que realmente hace políticas de mucha intensidad
en su organismo.
Destina 47 millones y 50 millones al año de euros.
En cambio, la comunidad autónoma ahora destina unos 22 millones
tan solo.
Pero, en general, los municipios de la metropolitana,
muchos dicen que no tienen personas sin hogar y a veces lo que hacen
es que, claro, aparecen que Barcelona es potente en este servicio, además,
hasta hace fecha reciente, da facilidades al empadronamiento,
con lo cual la gente, las personas sin hogar,
confluían en la ciudad de Barcelona.
Aquí lo que pretendemos es congestionar,
obligar a los diversos municipios que cumplan con sus obligaciones.
Los equipos de calle los institucionalizamos.
Con la intención de que faciliten lo que antes decía.
Estas personas tienen dificultades de acceso a los servicios,
pero entonces esos equipos lo que van a hacer es acompañamiento
a esas personas.
A parte que servirán para obtener datos, para las encuestas, etcétera,
para tener unos datos más fiables sobre el número de personas,
los recuentos y contrasecuestas.
Establecer la obligación de hacer esos recuentos
no establece el plazo de periodicidad,
Esto ya es una norma reglamentaria que lo va a establecer,
pero sí que decimos que tienen que tener un tratamiento homogéneo
a la forma de tratar los datos,
porque ahora es habitual que los datos de distintos municipios
que pueden hacer, es decir, compararlos,
porque las metodologías que han utilizado
eran distintas, importante, era complicado sacar conclusiones,
ponerlas en relación.
Bueno, antes comentaba este fenómeno,
también hay un artículo dedicado a la persecución de esta práctica
en algunos municipios de enviar, desplazar personas sin hogar
de su domicilio a otros domicilios.
Aquí la medida que hemos tomado es una sanción,
yo diría, de tipo más bien moral.
Se abre un expediente
y cuando esto se firme en vía administrativa
se publica en el diario oficial que este municipio
está incumpliendo este tipo de obligación.
Bueno, la obligación es que.
El gobierno del servicio, en cambio, lo traslada.
Y luego hay que dar, entonces,
inmediatamente noticia de ello al defensor del pueblo catalán,
que es el síndic de Greusias,
para que se ponga remedio a este abuso de este municipio.
Obligación de prestar asistencia sanitaria en la calle,
porque a veces esto se está documentando
a una persona que no se le ha.
Ha dado servicio médico en la calle
y que ha fallecido.
Por tanto, recordamos que hay artículos
en la ley de sanidad que obliga a hacer este tratamiento.
La excusa es que no podían expresar cuál era su voluntad,
porque estaban en un coma muy profundo,
pero entonces hay que hacer un tratamiento hasta que recobre
y entonces puede decidir si quiere seguir teniendo tratamiento
o no tenerlo.
A raíz de los problemas climáticos, cuando hace mucho frío, mucho calor,
esas personas se tienen que ubicarlas en sitios que no sea la calle
porque esta situación les afecta.
Afecta gravemente a su salud, pues se toman una serie de medidas
y luego también con la experiencia de la COVID se establece un artículo
que trata de regular las crisis sanitarias extraordinarias
o otras medidas de extranjeros de urgente necesidad.
Por ejemplo, en Tarragona, que hubo una explosión de petroquímica,
la gente tenía que cerrar ventanas porque resulta que había
unos productos que eran tóxicos, esas fueron a la calle,
pues también hay que actuar para que no estén en la calle
y puedan y respiren esta toxicidad, ¿no?
La idea de la proposición es que toda esta actividad
se haga desde la colaboración público-privada, Y también que haya
colaboración de las corporaciones de derecho público,
que tienen, de alguna manera, a hacer actividades sus profesionales
que tienen incidencia en el ambigüedos sionalismo.
No solo los colegios de la abogacía,
sino también, por ejemplo, el colegio de médicos,
o el mismo colegio de arquitectos,
que en el tema de vivienda tiene sus opiniones
y su actividad, etcétera.
Entonces, como instrumentos para hacer efectiva la.
La eficacia de la proposición, recordamos,
porque se ha regulado la legislación de procedimiento,
recordamos que existe la representación de las personas
en los trámites delante de las administraciones públicas,
y recordamos que esto lo pueden hacer las entidades.
Y luego atribuimos a las entidades, al reglamento de reglamentos,
la legitimación para la defensa de los derechos
e intereses legítimos colectivos de las personas sin hogar,
cosa que puede hacer la legislación para los diversos supuestos.
Y nos parece muy interesante,
esas personas son víctimas a veces de actividades
que nosotros calificamos como infracción administrativa,
pero sean víctimas y ellos pueden denunciar,
pero normalmente el denunciante no es parte
en el procedimiento administrativo.
Y aquí se les confiere que pueden ser parte
cuando ellos denuncian.
Con lo cual, de alguna manera, ellos y las entidades que les dan apoyo
y con las cuales están en relación.
Con lo cual, intentamos garantizar que la Administración
tenga que dar seguimiento al procedimiento que se iniciaría
a través de esta denuncia puesta por la persona sin hogar.
Bueno, hay un cuadro de infracciones sobre vulneración
de los derechos de las personas sin hogar,
con las propias sanciones.
Un cuadro de infracciones que puedan condenar a las entidades
legalmente reconocidas que incumplan sus obligaciones
establecidas en la aprobación de ley.
Hay un control, o supuestos de control,
que establecemos en relación con el Sindic de Greuges.
El Consejo de Audiovisual de Cataluña,
a través de especies, por ejemplo, de difusión de imágenes, etc.,
A veces son remisiones a la propia legislación específica,
pero es un recordatorio.
O, por ejemplo, la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
A esas personas también hay que protegerles
sus datos personales.
Por ejemplo, los recuentos o, por ejemplo,
cuando se hacen las encuestas, ¿no?
Decía que esto conectaba también con la vivienda.
El artículo 70
de la Ley de Vivienda Catalana dice, en el apartado 2,
que en el marco de los programas social, estatal,
las administraciones competentes deben adoptar acciones específicas
de dotación de viviendas sin excepción para los sin hogar,
que tienen que adoptar para los sin hogar.
Pero esto era un poco de vida al fin y al sol, o sea,
es una información que era lo más, digamos, específico,
pero muy genérico.
Entonces, en la profesión lo que llamábamos
es de que la administración.
Cumpla este precepto del artículo 70,
y esto está en el artículo 12 de la proposición de ley,
cuando se dice que tienen que incrementar el parque
de viviendas, de viviendas de inserción,
o sea, hay que pagar cumplimiento a este artículo 70.
Pues decía que no es una normativa esta proposición de vivienda,
pero es una normativa que quiere llevar a las personas sin hogar
hacia la vivienda.
Y aquí también hay un mandato
para modificar la ley del derecho a la vivienda catalana,
también para que se tomen medidas más efectivas
y más eficientes para crear,
para incrementar este tipo de viviendas.
Yo un poco para terminar, y ahí termino,
quiero destacar dos datos.
Uno, que la esperanza de vida de estas personas
se reduce entre un 15 y un 30%.
Entre un 15 y un 30%.
Esos son datos del Colegio de Médicos de Barcelona.
Y que el 45% de estas personas, de miembros de este colectivo,
han sufrido una agresión física o algún tipo de violencia psíquica.
Yo pienso que cualquier colectivo en esta sociedad
que se le disminuyera su esperanza de vida entre un 15 y un 30%,
Hace años se habían tomado medidas efectivas,
medidas efectivas.
En cambio, no se han tomado en el ámbito del sin hogarismo
más crítico, que es este del sin pecho y el de sin hogar.
Al que trata esta proposición de ley de darles una esperanza
y una salida.
Por esto hemos tenido esta iniciativa.
Yo creo que es una iniciativa que estamos esperanzados
en que se apruebe esta proposición de ley,
porque realmente es absolutamente necesario,
por esos datos queridos y otros que podríamos aquí añadir,
dar una solución ambiciosa, definitiva, Este es el problema.
Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, Antoni, por tu maravillosa presentación.
Sé que has tenido que sintetizar bastante
porque tenías un trabajo formidable.
No sé si alguien quiere formular una pregunta.
Tenemos una pregunta de Jorge García Andrade,
que es el encarcelativo de este administrativo
aquí en la UNED.
Buenos días.
Quería preguntarle.
Perdón, un poquito más.
Sí, es que soy muy sordo.
Sí, perdón.
Felicitaba por la intervención.
Y la pregunta que quería formular es, en la proposición,
proposición, sí digo, en la iniciativa, pero proposición,
se plantea reconocer a las personas en esta situación
un derecho subjetivo, para garantizarlo.
Y entiendo que es un derecho subjetivo público, 3D,
y por lo que ha dicho después, frente a las entidades locales,
frente a los ayuntamientos,
porque en la Ley de Vivienda de Cataluña que cita
se hace referencia genérica a la Generalitat,
a las entidades locales,
pero a la hora de hacerlo efectivo es necesario
saber quién.
¿Quién es el sujeto titular del derecho
y quién, relativamente, es el sujeto obligado?
El primero que son los limitamientos en esta proposición.
Sí, se trata de derecho público subjetivo,
efectivamente.
Y entonces, ¿en cuál es la Administración que deberá prestar
el servicio?
Aquí estaríamos en la disyuntiva si se trata de un servicio básico
o especializado.
En nuestra cartera de servicios sociales
se distinguen estos dos tipos de servicio.
Nosotros lo habíamos puesto como servicio básico.
Luego nos entraron muchas dudas.
En la tramitación y en las enmiendas que hemos podido leer,
y además hemos estado siempre en conversaciones con los propios
grupos parlamentarios, les planteamos los mismos estas dudas,
porque, claro, los ayuntamientos tienen dificultades económicas
ya conocidas.
Son muy exiguos sus medios económicos.
Y tal como está,
serían los municipios que han tenido la responsabilidad
de dar cumplimiento.
Ahora, es probable que a lo mejor
se pase a ser un servicio especializado,
lo cual sería la comunidad autónoma
que sería la responsable última a quien el tribunal
obligaría a prestar el servicio.
Y a lo mejor se puede mantener como está.
También es verdad que hay hoy un artículo en el que se dice
que como que habrá un contrato de programa, etcétera,
entonces aquí sí que se hace que la comunidad autónoma,
si es municipal el servicio,
tendría que cubrir entre un 40 y un 60%.
En fin, todos esos temas nosotros los hemos, digamos, tratado
de una forma bastante genérica por diversos motivos.
Tampoco somos especialistas en temas económicos
y además estos temas yo creo que son temas ya muy vinculados
a las políticas públicas y al día a día de las administraciones
y van a ser ellos que yo creo que tienen que decidir exactamente
cómo lo van a articular.
Tiene el componente económico que acaba de señalar,
pero uno de los objetivos que se ha marcado.
Es que no se produzca una concentración
en determinados municipios, antes ponía el ejemplo de Barcelona,
sino que haya un reparto en el territorio.
Y entiendo que la única forma
de lograrlo es convertirlos en derechos objetivos básicos,
o sea, que sean reclamables ante los ayuntamientos,
porque si es en la comunidad autónoma es mucho más difícil
lograr esta distribución en el territorio.
Sí, sí, aunque yo creo que si siendo los demás.
Si es de la comunidad autónoma,
dependerá un poco luego cómo se articule,
porque hemos hablado de que al principio se van a 50.000 habitantes
sin que no esté de obligaciones, ¿no?
Entonces, esto, una vez se vaya creando territorialmente,
yo creo que la comunidad autónoma también tendría competencias,
y a través también de las comarcas,
de darle un flujo de distribución de alguna manera.
No creo que necesariamente
porque sea básico o especializado en este caso,
tenga que influir necesariamente en el reparto,
digamos así, económico de.
Creo, ¿eh?
Pero no sé.
En todo caso, me parece interesante lo que apuntaba de que,
siendo uno o siendo otro, el tema de la obligación luego de prestarlo
y donde el tribunal va a decir la admisión quien está obligada
es, será una o será otra.
Eso sí que es fundamental.
Sí, sí.
¿Alguna pregunta más?
Sí.
Enhorabuena por la exposición y por el trabajo.
La duda que a mí me entra es si he entendido bien los números,
que a lo mejor no los he entendido bien.
Entiendo que esa primera etapa que define la ley
de ofrecer un alojamiento residencial digno a las personas
está dirigida a 2.500 y pico personas que hay en la zona.
Y no he entendido muy bien la argumentación
de por qué no se va directamente a ofrecer.
Una solución residencial en una vivienda comunitaria
en un entorno normalizado.
Porque he entendido, o me ha parecido escuchable,
que claro, no disponemos de esas viviendas,
pero tampoco disponemos de los otros dispositivos.
O si disponemos de 2.500 puertas vacías en alojamientos colectivos
que ofrecerán tal tornazo.
Yo entiendo que con toda seguridad, ¿no?
Y me da la sensación de que al final, bueno,
podríamos pensar cuántos.
¿Qué a los ucranianos hemos alojado en viviendas en nuestra comunidad
después de la crisis primera de la guerra de Ucrania?
Y ver si podría ser trasladable a una realidad como esta,
que efectivamente coincido con usted,
en que es gravísima y a la que hay que poner soluciones.
Es decir, no sé si es una cuestión de presupuesto,
si es una cuestión porque me da la sensación
de que efectivamente hay una cadencia de plazas gravísima,
Y, hombre, ya que tenemos que decir que, porque en cuanto a seguridad,
habrá que hacer una dotación extraordinaria de platas,
pues quizá podríamos haber dado un salto
y haber ido directamente a la posibilidad
de que esas platas fueran en viviendas comunitarias
en tratados normalizados.
Sí.
Bueno, aquí yo creo que ha habido un poco de tema de cautela
por nuestra parte.
Que si apuntábamos
a que todo fuera vivienda y no damos espacio a otros recursos,
a lo mejor esto ya entraba en el fracaso,
porque también hay unas dificultades que a veces
nos dicen, bueno, pero ¿esto
qué coste va a tener para tramitarlo o no tramitarlo?
O sea, para decir, bueno, lo vamos a marear un tiempo
y al final nos acaba probando la proposición.
Entonces, yo creo que esto lo hemos decidido en parte para.
No provocar un coste de entrada excesivo
y porque cuando esto se inició,
en aquel momento todavía teníamos recursos a través de albergues,
a través de plazas de hotel se podían utilizar también,
de pensiones.
Ahora es más difícil porque, como que ha continuado el flujo de personas
expulsadas a través de las instituciones hipotecarias,
etc., las pensiones también están prácticamente
la mayoría están cubiertas ya.
Y, por tanto, es verdad que ahora se plantea un poco
qué recursos contamos.
Nos hemos dejado abiertas esas posibilidades,
que no quiere decir que todos tengan que empezar a través de un albergue.
No, no.
Es que si hay vivienda, vivienda.
La estrategia ha sido dejarlo abierto.
También es verdad que ahora nosotros el texto que se está tramitando
es prácticamente el mismo que se presentó en 2022.
En esos momentos, a raíz de nuestras propias reflexiones,
y a raíz también de las enmiendas que se hicieron publicadas,
pensamos que el texto es mejorable y que cabe perfeccionarlo
y hubiéramos incorporado alguna de estas enmiendas.
Pero no lo hicimos por dos razones.
Una, porque coges unas enmiendas de unos y no de otros
y yo creo que ese es un debate político
que mejor que hagan los grupos parlamentarios.
Hay que entrar en un juego delicado.
Y luego,
porque se estuvieron 14 meses en la tramitación anterior,
con el trámite de las audiencias a expertos,
a entidades y organizaciones.
Entonces, no queremos que ahora, si el texto es muy renovado,
utilicen este trámite para alargar excesivamente la tramitación
y la posible aprobación de la opción de ley.
Nosotros estamos confiados, tenemos la impresión que se entretuvieron,
pero aunque a veces esto sirve para textos
que no se quiere aprobar, nosotros pensamos que no,
que en este supuesto no era el motivo.
Pero en todo caso, como que estamos.
A estos últimos años en situaciones políticas muy inestables,
pensamos en cuanto antes se tramite, mejor asegurar la aprobación.
Entonces sí que hay cuestiones mejorables.
Posiblemente esto, sabiendo que ahora hay más dificultades
de cubrir también autosupuestos,
habría que buscar una articulación más adecuada,
pero en fin.
Está en trámite, habrá enmiendas,
se puede mejorar.
Nosotros seguimos en contacto con los grupos parlamentarios.
También vamos a sugerir otras mejoras,
de las cuales pensar algunas de estas reconsideraciones
que ustedes apuntaban ahora aquí.
Por ejemplo, también nos dimos cuenta que había un fallo
en la aprobación que presentamos la primera vez,
y es que establecíamos los sujetos beneficiarios de la aprobación,
pero no había un artículo que dijera qué requisitos
eran los que permitían decir que esta persona
era una persona que estaba en la calle,
o que era una persona sin vivienda, de ingresos,
de estar empadronado, sí que sí estar empadronado,
pero otro tipo de.
Que, por ejemplo, son personas que ya son titulares de obra de vivienda,
pero están en la calle.
Bueno, pues entonces, de requisitos.
Y esto sí que lo hemos incorporado.
Los únicos cambios modificados que hemos hecho
es.
Algún error que comprobamos que habíalo corregimos
y algún vacío legal que había que cubrirlo hemos cubierto.
Esas son las únicas modificaciones que hemos introducido.
Lo demás que puede perfeccionar ya lo harán en su momento
los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
Muy bien.
Sin más preguntas, podemos hacer una pequeña pausa.
Tenemos el café.
Podemos estar en diez minutos de vuelta a la jornada.
Pues será maravilloso porque no demoraremos más.
Muchas gracias.
Gracias.