Estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva videoclase
de la Asignatura de Derecho Internacional Público.
Soy el profesor doctor Javier Porras Belarra,
profesor de la asignatura en el dicho departamento de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
En el tema de hoy trataremos la inmunidad del Estado
en el derecho internacional.
Bien, por lo tanto, vamos a tratar de abordar de manera exhaustiva
el concepto de inmunidad estatal,
el cual es un pilar fundamental del derecho internacional público
que regula las relaciones entre Estados soberanos.
Veremos de manera muy sustinta cómo ha sido la evolución,
por lo tanto, respecto a la inmunidad estatal,
hablaremos también de cómo se lleva a cabo
o cuáles son las repercusiones de la inmunidad estatal
en el caso específico de España
y finalmente hablaremos también de cuál es la problemática o retos
a futuros que presenta este tema en la actualidad.
Bien, respecto a la inmunidad del Estado,
y sirva a modo de introducción, que la inmunidad del Estado
constituyó un principio fundamental del derecho internacional
porque se abalaguarda las entidades estatales
de ser sometidas a jurisdicciones de tribunales extranjeros
y, por lo tanto, se establecen mecanismos de protección recíproco
entre sujetos soberanos de derecho internacional.
Nos movemos en una tipología dual,
es decir, esta inmunidad se articula en dos modalidades
diferenciadas pero que a su vez son complementarias.
Por un lado la inmunidad de jurisdicción,
de la cual hablaremos,
que impide el enjuiciamiento de un Estado ante tribunales foráneos
y por otro lado la inmunidad de ejecución,
también trataremos a continuación, en la cual veremos
cómo se protege a los bienes estatales contra medidas coercitivas
que sean dictadas por autoridades extranjeras.
Y evidentemente la inmunidad del Estado tiene un fundamento jurídico.
El principio de igualdad soberana entre Estados
constituye una piedra angular de la inmunidad estatal.
Y lo que se hace es reflejar esa máxima jurídica,
como ustedes conocen, del par estatal,
Impare non abet imperium, entre iguales no hay imperio,
que establece, por lo tanto, límites al ejercicio extraterritorial
del poder jurisdiccional.
Bien, hablábamos por lo tanto del principio de igualdad soberana
y si hablamos de igualdad soberana tenemos que acudir en este caso
a qué es lo que nos dice las Naciones Unidas
al respecto.
En el artículo 2.1 de la Carta de Naciones Unidas
se consagra de manera explícita este principio
y se establece, leo textualmente, la organización está basada,
es decir, las Naciones Unidas,
en el principio de la igualdad soberana
de todos sus miembros.
Por lo tanto, se crea un marco jurídico
que sustenta la doctrina de inmunidad estatal en el orden internacional
contemporáneo.
Además, como le hemos dicho, tenemos que ir
a la interpretación jurisprudencial española.
En este caso, evidentemente, es en nuestro Tribunal Constitucional
el que ha reconocido en su diversa jurisprudencia
que la inmunidad estatal constituye una limitación legítima
a la soberanía nacional.
Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo
es, de alguna manera, evidenciar esa naturaleza recíproca
de este principio y por lo tanto también una función
o una cierta función equilibradora en las relaciones interestatales
y también tenemos que mencionar la aplicación universal
en la práctica internacional lo que ha venido estableciendo
es que este principio se aplica tanto a un estado formalmente reconocido
como aquellos que aún sin reconocimiento oficial
actúan como entidades soberanas de facto en el escenario mundial.
Esto también es objeto de debate y de estudio
porque no está libre de una discusión en el plano internacional.
Pero muy brevemente, ¿cuál ha sido la evolución histórica
de la inmunidad?
Porque evidentemente no es la misma situación
que nos vamos a encontrar en el siglo XIX,
cuando ya se están construyendo los estados modernos
tal y como los conocemos en la actualidad,
a una cierta transformación
que se ha producido durante finales del siglo XIX,
primera mitad del siglo XX,
o cómo ha sido la transición hacia la inmunidad restringida
que se ha dado fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX
y la que nos encontramos y lo que llevamos del siglo XXI.
En cuanto a los inicios del concepto de inmunidad,
hacerle referencia, como no puede ser de otra manera,
al caso norteamericano Shoner Exchange
versus McFadden de 1812,
donde el Tribunal Supremo australudiense,
en este caso con el famoso juez Marshall,
dictaminó que los estados soberanos gozaban de inmunidad completa
ante tribunales extranjeros sin ningún tipo de excepción,
sentando así, por lo tanto, un precedente de alcance global.
Esto, como os he dicho, va a ir mutando durante el siglo XIX
y la primera mitad del siglo XX.
Se va a dar una creciente participación
de los estados en actividades comerciales, económicas,
principalmente durante la Revolución Industrial,
pero también posteriormente.
Y esto lo que va a llevar es una alteración significativa
a la naturaleza de su actuación internacional.
Y en la actualidad
lo que nos vamos a encontrar es con nuevas realidades
y por lo tanto va a emerger gradualmente la doctrina de inmunidad
restringida que lo que va a hacer es distinguir entre actos de imperio,
es decir, actos públicos, y actos de gestión
o que conocemos también como actos comerciales.
Por lo tanto, y esto es fundamental, ¿qué entendemos por Estado
para la inmunidad?
Entendemos el Estado y sus órganos gubernamentales.
Sabemos que la Convención de Naciones Unidas
sobre las Inmunidades Judicionales de los Estados y de sus Bienes de 2005.
Trata de establecer una definición amplia
que incluye al Estado central y todos sus órganos de gobierno
y, por lo tanto, reconoce así la inmunidad tanto del Estado
como sujeto de derecho internacional
independientemente de su organización interna.
Nos encuentra también con subdivisiones políticas
con autoridad central.
En este caso
se va a reconocer la inmunidad para entidades territoriales
de carácter subestatal que ejercen funciones soberanas
y también nos vamos a encontrar con instituciones estatales
y representantes, es decir,
que la protección se puede extender a organismos e instituciones
que actúan como agentes del Estado,
así como a representantes individuales que también ejercen
funciones soberanas en nombre de ese Estado
y que además le han sido, por lo tanto,
otorgadas por él mismo.
En cuanto a la inmunidad de jurisdicción,
tenemos que tener en cuenta que en primer lugar
se da una protección frente al enjuiciamiento, es decir,
la inmunidad de jurisdicción constituye en cierta manera
un escudo procesal que lo que hace es impedir
que un Estado sea demandado ante tribunales extranjeros.
Para ello se ha llevado a cabo una evolución restrictiva.
Como bien hemos dicho, si bien al principio, en el siglo XIX,
se concebía una prohibición absoluta,
la evolución del derecho internacional ha conducido
a una interpretación restrictiva
y, por lo tanto, se va a distinguir entre diferentes tipos
de actuaciones estatales.
Y para ello también tenemos que llevar a cabo,
tener en cuenta, una distinción crítica de actos.
¿Esto qué quiere decir?
Pues que es fundamental la diferenciación entre actos,
como hemos dicho, de jure imperi, ejercicios de autoridad soberana,
entre actos de que se conocen como de jure gestión,
es decir, actividades comerciales o privadas.
¿Qué excepciones vamos a encontrar a la inmunidad de jurisdicción?
Bueno, pues no vamos a encontrar, por lo tanto,
excepción con las transacciones de carácter comercial,
es decir, cuando un Estado actúa como agente comercial
o una entidad privada en el mercado y, por lo tanto, realiza operaciones
de naturaleza mercantil, financieras o contractuales,
es decir, de naturaleza económica,
pues va a perder su protección inmunitaria
y queda sometido, por lo tanto, a la jurisdicción local aplicándose
el mismo régimen jurídico que a otros operadores económicos.
También vamos a encontrarnos con la excepción
de los contratos de carácter laboral,
es decir, las relaciones laborales que sean establecidas para desempeñar
funciones en territorios extranjeros,
pues pueden quedar excluidas, por lo tanto, de la inmunidad
cuando no implican, y esto es importante,
cuando no implican el ejercicio de funciones soberanas.
Y también la responsabilidad por daños,
quizá ha sido la última en desarrollarse,
pero las demandas por lesiones a personas o daños de bienes
causados por actos ilícitos,
que sean atribuibles a un Estado extranjero en territorio
del foro constituyen otra excepción significativa.
También, bueno, pues simplemente,
y esto lo pueden desarrollar ustedes,
hay casos relevantes de inmunidad de jurisdicción,
en este caso se van a encontrar con algunos casos relevantes
en materia de litigios comerciales internacionales.
También les animo a que ustedes puedan ahondar
en controversias laborales de carácter diplomático.
Y por último, como hemos dicho también,
en cuanto a contratos transnacionales de trabajo.
Respecto a la inmunidad de ejecución,
comentarles que existe una protección superior,
es decir, un mayor nivel de protección
que la inmunidad de jurisdicción.
Que además en la inmunidad de ejecución
también nos encontramos con,
es importante tener en cuenta la solidaridad material,
es decir, afecta directamente a bienes estatales concretos,
y por último, la inmunidad de ejecución
requiere autorización expresa del estado afectado.
Por lo tanto, el fundamento de la inmunidad de ejecución.
Va a residir en la consideración de que la ejecución forzosa
sobre bienes estatales representa, en cierta manera,
una interferencia directa y material de la soberanía estatal.
Esto, claro, se considera que potencialmente es más grave
que el mero enjuiciamiento.
Como consecuencia, incluso en el caso donde se ha admitido.
La jurisdicción sobre un Estado extranjero,
la ejecución de la eventual sentencia condenatoria
queda sometida siempre a requisitos adicionales
y, además, requisitos más estrictos.
Nos vamos a encontrar con algunas excepciones
a la inmunidad de ejecución.
Nos vamos a encontrar con excepciones en bienes comerciales,
donde se da la posibilidad de embargo con limitaciones
basado en el uso no gubernamental.
También en lo referente a cuentas diplomáticas,
aquí no se da posibilidad de embargo y tenemos que acudir además
a lo que se establece en el Convenio de Viena de 1961,
También respecto a los bienes militares que afectan,
y cuyo fundamento jurídico es, como no puede ser de otra manera,
la seguridad nacional, el patrimonio cultural,
porque además nos vamos a encontrar también
con intereses culturales protegidos
o que merecen una especial protección.
Y, por supuesto, bienes de función soberana
en el ejercicio de la autoridad pública
del Estado o de la Administración en sentido amplio.
Bien, en este caso.
La jurisprudencia internacional lo que ha establecido
es criterios bastante rigurosos para determinar
cuándo un bien estatal
puede considerarse desafectado de funciones públicas
y, por lo tanto, susceptible de ejecución.
Apuntarles que, generalmente, se requiere que el bien
esté específicamente destinado a actividades comerciales
y que exista una conexión entre dicho bien
y las reclamaciones que origina la ejecución.
¿Cómo se da la inmunidad de los Estados
en el derecho internacional
y concretamente en la legislación española?
Hacíamos mención a la Convención de las Naciones Unidas
sobre las Inmunidades
Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes 2005.
Esta convención resultó un hito.
En los esfuerzos por codificar y, por lo tanto,
unificar normas internacionales sobre inmunidad estatal.
Ahora bien, si bien supuso un hito y es sumamente importante,
esta convención no ha entrado en vigor debido principalmente
a que no ha alcanzado el número necesario de ratificaciones.
Ante esta situación,
lo que no podemos es más que analizar que se reflejan diversas tensiones
entre la protección de la soberanía estatal
y la garantía del acceso a la justicia
en el ámbito internacional.
En el caso de España
tenemos que hacer referencia a la Ley Orgánica 16-2015,
el cual es nuestro marco jurídico.
En este marco jurídico español
lo que se establece es un marco completo
sobre cuáles son los privilegios e inmunidades aplicables
en territorio español.
Y por lo tanto lo que hemos procedido es a codificar principios
derivados tanto del derecho constitucionario
como del derecho convencional para ofrecer
una mayor seguridad jurídica en nuestro territorio.
La norma española además toma como referencia principal
la Convención Constitucional, de 2005,
incorporando distintos principios fundamentales sobre la distinción
de actos o entre actos imperio y actos de gestión,
tal como hemos mencionado en esta videoclase,
y además esta ley orgánica de 2015 supuso una innovación procesal,
porque en nuestra búsqueda por garantizar esa tutela judicial
efectiva, que además es un derecho que está reconocido también
dentro de nuestros principios, la ley española
lo que hace es eliminar ciertos requisitos
de carácter procesal presentes en la Convención
y por lo tanto facilita la ejecución de sentencias contra Estados
extranjeros en determinadas circunstancias.
Y esto hay que señalarlo, en determinadas circunstancias.
Sí hay ciertas diferencias entre la normativa internacional
y la normativa española.
Tampoco pretendo entrar en detalles,
pero sí que por lo menos señalar que se dan unos criterios
de flexibilidad.
Es decir, España ha adoptado una legislación interna
con una posición mucho más flexible o algo más flexible
que las que se contemplan en la Convención de 2005.
Y especialmente en lo que se hace referencia a las excepciones
a la inmunidad.
También se da una eliminación de requisitos de nexo,
es decir, una de las innovaciones quizás más importantes
o que merecen nuestra atención de la legislación española
es esa eliminación del requisito de nexo o vínculo territorial
con la entidad demandada para permitir
la ejecución de sentencias.
Y, por último, tenemos un fundamento constitucional,
es decir, nuestra ley nacional encuentra nuestra justificación
o su justificación en el artículo 24 de la Constitución Española.
Claro, en el artículo 24, como ustedes ya saben,
se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva,
a lo cual también hemos hecho mención.
Bueno, también muy brevemente simplemente decirles que al igual
que ha habido una evolución a nivel internacional,
también ha habido una evolución además reciente
en cuanto a la práctica española sobre inmunidad.
Podemos poner como punto de partida en el contexto actual,
el año 1986, en el cual España lo que hace es, formalmente,
adoptar ese modelo de inmunidad restringida, abandonando, por tanto,
la concepción absoluta.
También recuerden que veníamos de un régimen cerrado
frente a la apertura internacional que lleva España
a partir del año 75 y, muy especialmente,
a partir de nuestro ingreso en las entonces comunidades europeas.
Entre 1992 y el año 2000, es decir, hasta principios del siglo XXI,
se da un desarrollo jurisprudencial y es fundamental el papel
de nuestro Tribunal Constitucional y de nuestro Tribunal Supremo
desarrollando una solidaridad doctrina sobre los límites
de la inmunidad estatal
y, como hemos dicho, en 2015 con la consolidación
de la normativa que actualmente estamos ejecutando
con esa Ley Orgánica 16-2015.
Simplemente por dejarles encima de la mesa también,
para que ustedes puedan leerlo con tranquilidad,
algunas de las referencias jurisprudenciales más relevantes
dentro del panorama nacional.
Tenemos la sentencia 107-1992 del Tribunal Constitucional.
En el cual aquí se establece ese principio fundamental al declarar
que la inmunidad de ejecución
no puede constituir un obstáculo absoluto
para tutela judicial efectiva.
También vamos a encontrar con casos laborales en embajadas
y además, especialmente importante,
creo que son los casos de derechos humanos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Que líneas con esas tendencias internacionales,
por los tribunales españoles, ha mostrado
una creciente sensibilidad hacia todas aquellas demandas
basadas en violaciones graves de derechos humanos,
considerando posibles excepciones a la inmunidad en estos supuestos.
Para ello también nos encontramos con la situación de la protección
de bienes estatales.
Nos encontramos con qué ocurre con el patrimonio diplomático,
es decir, con las cuentas bancarias
y bienes destinados a funcionamiento de emisiones diplomáticas,
las cuales requieren también un especial estudio.
Los bienes de carácter militar,
es decir, equipamiento, propiedades de uso militar
o de defensa nacional en general.
Todo lo referente al patrimonio cultural,
archivos, documentos históricos y bienes
de cualquier valor cultural.
Y por último, qué es lo que ocurre también
o cómo lo aplicamos a transportes oficiales,
buques y aeronaves del Estado destinados a servicios públicos.
Y al transporte, por lo tanto,
también de nuestros representantes nacionales e internacionales.
Evidentemente hay una repercusión en el derecho internacional
y por lo tanto se lleva a cabo un debate de carácter doctrinal,
es decir, la comunidad jurídica internacional
constantemente mantiene un intenso debate sobre los límites
que se pueden considerar apropiados para la inmunidad estatal,
especialmente en lo que está relacionado con las violaciones
graves internacionales.
Derechos humanos y también otro tipo de normas imperativas
del derecho internacional.
Para ello, bueno, pues existe una tendencia creciente
hacia adopción de criterios más restrictivos
en materia de inmunidad.
Esto lo hemos encontrado también, no solamente en España,
sino también en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá.
Y, bueno, pues para ello también tenemos que ver
qué es lo que dicen a cabo,
al este respecto, los tribunales internacionales
y, por último, como hemos dicho,
especial interés en todo lo concerniente a derechos humanos.
Bien, y para ir finalizando, ¿cuáles son las perspectivas futuras
de la inmunidad estatal?
Bueno, pues hemos mencionado de manera constante
una limitación por derechos humanos,
se está intensificando la presión internacional
para restringir la inmunidad en casos que involucren,
desde luego, violaciones graves de los derechos humanos,
torturas, genocidios, crímenes de lesa humanidad.
Vamos a ver también cómo se desarrolla esto
en los próximos años y además también con la entrada
de nuevos actores globales en el panorama internacional
y en las organizaciones internacionales,
cual va a ser su papel también,
principalmente dentro de Naciones Unidas.
Vamos a encontrarnos también con reformas convencionales.
Bueno, Podemos prever ciertas iniciativas
para modificar esta convención de 2005 para ver
si en algún momento somos capaces de la comunidad internacional
de que entre en vigor.
Para ello posiblemente hay
que flexibilizar algunos de los aspectos que se recogieron
en la convención
y también vamos a ver hacia qué camino vamos
en lo referente a la armonización internacional.
Es cierto
que se perfila una tendencia hacia una mayor armonización
de las normas sobre inmunidad a nivel internacional,
pero de nuevo
vamos a ver cuál va a ser el papel de nuevos actores globales
en la escena internacional.
Y como conclusiones, ¿qué balance podemos hacer entre soberanía y.
Y justicia, si me permiten
ustedes abordar también este término.
Bueno, por supuesto, la cúspide o como.
El elemento fundamental
está la garantía de la tutela judicial efectiva,
es decir, el acceso a la justicia.
Los derechos fundamentales es una tendencia,
como hemos mencionado,
se lleva a cabo una protección de valores esenciales
de manera progresiva en todos los actores internacionales
o por parte de todos los actores internacionales.
Es necesaria una cooperación internacional,
esto se va a materializar en relaciones diplomáticas estables.
Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera,
todo sustentado en el respeto a la independencia de los Estados,
es decir, respeto a la soberanía estatal.
España, como ya hemos dicho, ha desarrollado un marco normativo.
Sofisticado a partir de esos estándares internacionales
ha sabido adaptarse además a las peculiaridades
también de nuestro ordenamiento constitucional también al contexto
por supuesto de la unión europea y por lo tanto esa ley orgánica
16 2015 pues no deja de ser en cierta manera
un ejemplo de cómo los principios internacionales pueden
ser implementados a nivel nacional.
Y a su vez garantizar
que se puedan preservar tanto los compromisos internacionales
como los valores constitucionales propios de cada uno de los Estados.
Confío en haber puesto encima de la mesa
las principales cuestiones sobre la inmunidad de los estados.
No obstante, como no puede ser de otra manera,
les animamos a ahondar en este tema consultando el manual de referencia
de la asignatura.
También pueden asistir o pueden acudir a Biografía Ampliada,
facilitada en el.
En la guía docente de la asignatura
y por supuesto no dejen de consultar a sus respectivos tutores
en los centros asociados y por supuesto al foro nacional
que atenderemos con sumo gusto los profesores del departamento.
Muchas gracias y solo me queda desearles mucho ánimo
en el estudio de la materia.